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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01169-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01169-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 18 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a la señora Nancy Yolanda Osorio Castañeda, a favor del Instituto de Salud de Bucaramanga - ESE ISABU. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2017-01169-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 68001-23-33-000-2017-01169-01 (4373-2023)
Demandante: Nancy Yolanda Osorio Castañeda
Demandados: Instituto de Salud de Bucaramanga - ESE ISABU

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades –
médica general.

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia porque no se
acreditó el elemento de la continuada subordinación.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 18 de abril de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Nancy Yolanda Osorio Castañeda interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el
objeto de que se declare la nulidad del acto administrativo 3056 del 27 de abril
de 2017, expedido por la entidad accionada, por medio del cual se negó el
reconocimiento de la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios suscritos entre el 6 de diciembre de 2002 y el 31 de marzo de 2017 y el
pago de las prestaciones consecuentes, lapso durante el cual se desempeñó
como médica general.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) declarar que durante el
periodo mencionado se configuró una verdadera relación de trabajo entre ella y
la demandada; (ii) pagar la diferencia salarial entre lo devengado como
contratista y lo pagado a un médico general de planta, así como los emolumentos
salariales1 y las prestaciones sociales2 dejadas de percibir; (iii) reembolsar las
sumas que correspondan por concepto de aportes al Sistema de Seguridad
Social; (iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y
195 del CPACA; y (v) condenar a la entidad demandada.

1
Bonificación, primas de servicios, de vacaciones y de navidad.
2
Cesantías e intereses sobre estas, vacaciones, primas y vacaciones.

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Radicación: 68001-23-33-000-2017-01169-01 (4373-2023)
Demandante: Nancy Yolanda Osorio Castañeda

3. Como concepto de la violación argumentó que el acto acusado desconoció
normas superiores3, en particular, el principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, pues entre 2002 y 2017 suscribió múltiples contratos de
prestación de servicios, de forma directa y a través de empresas intermediarias
y cooperativas de trabajo asociado, para desempeñar funciones como médica
general en las instalaciones de la ESE ISABU, en condiciones idénticas a las del
personal de planta.

4. Sostuvo que la prestación del servicio fue personal, remunerada y
desarrollada bajo una continuada subordinación y dependencia, manifestada en
el cumplimiento del horario laboral, presentación de informes y en la sujeción a
órdenes e instrucciones impartidas por sus superiores.

Contestación de la demanda

5. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda
argumentando que la relación que surgió entre las partes no fue de naturaleza
laboral, sino la prevista en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que
autoriza la contratación de personas naturales para desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento ante la insuficiencia de
personal de planta.

6. Explicó que la actora prestó sus servicios como médica general de manera
transitoria, autónoma e independiente, sin subordinación frente a la ESE ISABU
ni durante los periodos en que estuvo vinculada a través de empresas
intermediarias. Añadió que no existió continuidad en la prestación del servicio,
toda vez que cada contrato estableció de forma expresa su carácter temporal y
la duración convenida.

7. Igualmente, sostuvo que en el evento en que se concedieran las
pretensiones de la demanda, se compensaran las sumas que pagaron las
cooperativas Jahsalud IPS, Servimédica y la empresa Soluciones Humanas
Consultores SAS a la demandante entre 2010 y 2016, toda vez que, fueron
dineros que aquellas recibieron de la ESE ISABU por la ejecución de los contratos
de prestación de servicios.

8. En ese contexto, propuso las excepciones de inexistencia de los
elementos de la relación laboral; prescripción; compensación; y la genérica.

9. La Equidad Seguros Generales y la Compañía Aseguradora Confianza SA
fueron llamadas en garantía y presentaron contestación de la demanda. Ambas
señalaron que las pólizas de cumplimiento que expidieron amparaban
exclusivamente las obligaciones laborales a cargo de Effective People SAS y
Jahsalud IPS, respectivamente, por lo que no existía cobertura frente a los
periodos y reclamaciones formuladas por la actora.

Decisión de las excepciones previas

3
Artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 48, 53, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 211 y 305 de la Constitución Política; 23
y 24 Código Sustantivo de Trabajo; 99 de la Ley 50 de 1990; 32 de la Ley 80 de 1993; 22 y 23 de la Ley 100
de 1993.

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Radicación: 68001-23-33-000-2017-01169-01 (4373-2023)
Demandante: Nancy Yolanda Osorio Castañeda

10. En auto del 28 de junio de 2022, el Tribunal declaró no probada la
excepción de falta de jurisdicción propuesta por la Equidad Seguros Generales.

Sentencia apelada

11. Mediante sentencia del 18 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de
Santander declaró la nulidad del acto acusado y la existencia de una relación
laboral encubierta entre la actora y el Instituto de Salud de Bucaramanga - ESE
ISABU, durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2002 y el 31
de marzo de 2017.

12. Como fundamentos de la decisión, determinó que la señora Osorio
Castañeda prestó sus servicios como médica general de manera personal, a
cambio de una remuneración mensual y bajo una continuada subordinación.

13. Este último elemento se constató a partir del carácter permanente y
misional de las funciones desempeñadas, la ausencia de autonomía «en la toma
de decisiones y en la forma como debía realizar su trabajo», el cumplimiento
obligatorio del horario laboral y de las capacitaciones, así como la ejecución de
las actividades en las instalaciones de la entidad o externas y con los elementos
suministrados por esta.

14. El a quo comparó las obligaciones contractuales de la actora con las
funciones del cargo de médico general de planta y concluyó que existían
similitudes sustanciales entre ambas, lo cual evidenciaba que sus actividades se
desarrollaban en igualdad de condiciones.

15. Como consecuencia de lo anterior, condenó a la ESE ISABU a pagar a
favor de la actora las prestaciones sociales que devenga un médico general de
planta, para lo cual se debe tomar como base los honorarios percibidos. No
obstante, precisó que, respecto del periodo en que estuvo vinculada mediante la
cooperativa Servimédica, solo habría lugar a prestaciones sociales distintas de
aquellas que ya le fueron canceladas en ese lapso.

16. También ordenó a la entidad efectuar el pago de los aportes faltantes al
fondo de pensiones en el porcentaje que le corresponde como empleadora,
únicamente respecto de los periodos contratados directamente, y dispuso que la
actora acreditara las cotizaciones realizadas al sistema de pensiones durante la
relación laboral o, en su defecto, asumiera el pago de la parte correspondiente a
la trabajadora.

17. Por otra parte, declaró no probada (i) la tacha de sospecha formulada
contra la testigo Claudia Patricia Acevedo Rincón, al verificar que su testimonio,
valorado en conjunto con el acervo probatorio, no evidenciaba parcialidad, y (ii)
la excepción de prescripción, porque no se demostró la solución de continuidad
en la prestación del servicio.

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Demandante: Nancy Yolanda Osorio Castañeda

18. Finalmente, negó el reconocimiento de diferencias salariales frente al
personal de planta, la devolución de aportes en salud y la repetición solicitada
contra los llamados en garantía, y se abstuvo de imponer condena en costas.

Recurso de apelación

19. El apoderado de la accionada interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia argumentando que se incurrió en una indebida
valoración probatoria, pues la actora no demostró con suficiencia los elementos
que configuran una relación laboral, en especial la continuada subordinación.

20. En sustento de su inconformidad, expuso que en el expediente no obra
prueba que evidencie limitación alguna a la autonomía o independencia de la
demandante, ni la existencia de órdenes impartidas sobre la forma de ejecutar
sus actividades, llamados de atención, memorandos, procesos disciplinarios, ni
asignación unilateral de horarios. A su juicio, las actuaciones verificadas
corresponden exclusivamente a la coordinación y supervisión contractual prevista
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y no permiten derivar un ejercicio de
subordinación.

21. Agregó que los testimonios recaudados no describen circunstancias
precisas de tiempo, modo y lugar que permitan inferir subordinación, pues se
refieren de forma genérica al funcionamiento del servicio y no acreditan hechos
concretos relacionados con la actora. Insistió en que el cumplimiento de un
horario obedece a la necesaria coordinación entre contratante y contratista para
ejecutar el objeto pactado, lo cual no desnaturaliza el vínculo contractual.

22. Finalmente, reprochó que el Tribunal omitió reconocer la existencia de
interrupciones en la prestación del servicio y, de manera particular, el periodo en
el que la actora estuvo vinculada laboralmente con las empresas Servimédica,
Jahsalud IPS y Soluciones Humanas Consultores SAS entre el 1.º de noviembre
de 2010 y el 31 de julio de 2016.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

23. Mediante auto del 16 de noviembre de 2023, se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la demanda4.

24. En el escrito presentado frente al recurso de apelación, la actora solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia5. Afirmó que en el proceso quedó
demostrado que durante aproximadamente 14 años desempeñó sus funciones
como médica general bajo una continuada subordinación y dependencia de la
ESE ISABU, pues era la entidad la que asignaba los turnos y los pacientes,
suministraba los instrumentos de trabajo y autorizaba los permisos.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

4
Índice 4 del aplicativo Samai.
5
Índice 10 del aplicativo Samai.

4
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-01169-01 (4373-2023)
Demandante: Nancy Yolanda Osorio Castañeda

25. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.

Problema jurídico

26. A partir de los argumentos expuestos en los recursos de apelación,
corresponde a la Sala determinar si la accionante acreditó la existencia de una
continuada subordinación durante la ejecución de los contratos de prestación de
servicios suscritos con la ESE ISABU. En caso de que dicho elemento se
encuentre demostrado, será necesario establecer si operó la prescripción
alegada por la entidad demandada.

Análisis del problema jurídico

27. La Sala revocará la decisión apelada porque las pruebas que obran en el
expediente no demuestran la continuada subordinación durante la ejecución de
los objetos contractuales.

28. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, se estima necesario destacar
que la señora Nancy Yolanda Osorio Castañeda suscribió los siguientes
contratos de prestación de servicio con el Instituto de Salud de Bucaramanga -
ESE ISABU:

Contratos de prestación de Duración Objeto
servicios
00696 06/12/02 al 31/12/02 Desarrollar actividades
00697 06/01/03 al 31/01/03 relacionadas con la
administración y
funcionamiento de la ESE -
ISABU, y atendiendo a que la
labor que se encargará al
contratista no podrá
realizarse con el personal de
planta, por lo tanto, prestará
el servicio de médico general
de promoción y prevención (8
horas).

Sin núm.8 01/02/03 al 28/02/03
01299 01/03/03 al 30/04/03
Sin núm.10 01/05/03 al 31/05/03
018911 01/06/03 al 30/06/03
018912 01/07/03 al 31/07/03
018913 01/08/03 al 30/08/03
018914 01/09/03 al 30/09/03

6
Folio 6, índice 69 del aplicativo Samai del Tribunal. Anexos de la demanda.
7
Folio 7, ibidem.
8
Folio 8, ibidem.
9
Folio 9, ibidem.
10
Folio 10, ibidem.
11
Folio 11, ibidem.
12
Folio 12, ibidem.
13
Folio 13, ibidem.
14
Folio 14, ibidem.

5
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-01169-01 (4373-2023)
Demandante: Nancy Yolanda Osorio Castañeda

018915 01/10/03 al 30/10/03
018916 01/11/03 al 30/11/03
Sin núm.17 01/12/03 al 30/12/03
Sin núm.18 01/01/04 al 30/01/04
Sin núm.19 01/02/04 al 28/02/04
Sin núm.20 01/03/04 al 30/03/04
62521 01/04/04 al 30/04/04
78822 01/05/04 al 30/05/04
94423 01/06/04 al 30/06/04
110924 01/07/04 al 30/07/04
128325 01/08/04 al 30/08/04
145826 01/09/04 al 30/09/04
163327 01/10/04 al 30/10/04
181728 01/11/04 al 30/11/04
195429 01/12/04 al 30/12/04
010130 01/01/05 al 30/01/05 Desarrollar actividades
023531 01/02/05 al 28/02/05 relacionadas con la
Sin núm.32 01/03/05 al 30/03/05 administración y
056333 01/04/05 al 30/04/05 funcionamiento de la ESE -
073234 01/05/05 al 31/05/05 ISABU, y atendiendo a que la
089035 01/06/05 al 30/06/05 labor que se encargará al
contratista no podrá
realizarse con el personal de
planta, por lo tanto, prestará
el servicio de médico general
de promoción y prevención
(192 horas).
110636 01/07/05 al 31/08/05 Prestación de servicio como
135437 01/09/05 al 31/10/05 apoyo al servicio médico, y
171738 01/11/05 al 30/11/05 demás funciones asignadas
Sin núm.39 01/12/05 al 15/12/05 por la gerencia de la ESE
228240 16/12/05 al 30/12/05 ISABU.
016541 01/01/06 al 30/06/06
044842 04/07/06 al 31/08/06 Apoyar la prestación de
074343 01/09/06 al 30/11/06 servicio Médico de urgencias
de la ESE ISABU, colocando
toda su idoneidad,
conocimiento y cumplimiento
en los procedimientos y las

15
Folio 15, ibidem.
16
Folio 16, ibidem.
17
Folio 17, ibidem.
18
Folio 18, ibidem.
19
Folio 19, ibidem.
20
Folio 20, ibidem.
21
Folio 21, ibidem.
22
Folio 22, ibidem.
23
Folio 23, ibidem.
24
Folio 24, ibidem.
25
Folio 25, ibidem.
26
Folio 26, ibidem.
27
Folio 27, ibidem.
28
Folio 28, ibidem.
29
Folio 29, ibidem.
30
Folio 30, ibidem.
31
Folio 31, ibidem.
32
Folio 32, ibidem.
33
Folio 33, ibidem.
34
Folio 34, ibidem.
35
Folio 35, ibidem.
36
Folio 36, ibidem.
37
Folio 37, ibidem.
38
Folio 38, ibidem.
39
Folio 39, ibidem.
40
Folio 40, ibidem.
41
Folio 41, ibidem.
42
Folio 44, ibidem.
43
Folio 45, ibidem.

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demás obligaciones
asignadas.
015844 02/01/07 al 31/08/07 Apoyar la prestación de
servicio médico de urgencias
y consulta externa de la ESE
ISABU; realizar las
actividades de promoción y
prevención establecidas en la
matriz de programación
anexa al presente contrato y
que forma parte integral del
mismo; realizar actividades
extramurales, tales como el
acompañamiento a brigadas
de salud y las demás
obligaciones asignadas.
550 y adición45 01/10/07 al 31/10/07 Apoyar la prestación de
31/10/07 al 31/12/07 servicio médico de urgencias
012646 01/01/08 al 31/01/08 y consulta externa en los
0441 y adición47 01/02/08 al 31/03/08 diferentes centros de salud y
31/03/08 al 30/04/08 unidades operativas de la
095248 01/05/08 al 30/06/08 ESE ISABU.
122949 01/07/08 al 31/10/08
193550 01/11/08 al 30/11/08
218251 01/12/08 al 31/12/08
001752 02/01/09 al 28/02/09
0491 y adición53 02/03/09 al 30/04/09
30/04/09 al 31/05/09
101054 01/06/09 al 31/07/09
146655 01/08/09 al 30/11/09
241756 01/12/09 al 31/12/09
034857 01/01/10 al 28/01/10
0896 y adición58 29/01/10 al 30/06/10
01/07/10 al 31/07/10
141059 01/08/10 al 30/09/10
200460 01/10/10 al 31/10/10
82761 04/08/16 a 31/08/16 Prestación de servicios
1009 y adiciones62 01/09/16 a 31/12/16 profesionales como médico
8763 02/01/17 a 31/03/17 general de la ESE ISABU.

29. También obran en el expediente certificaciones tributarias, bancarias y
laborales, estas últimas, expedidas por las cooperativas Jahsalud IPS y
Servimédica, así como por la sociedad Soluciones Humanas Consultores SAS,
de las cuales se desprende lo siguiente:

(i) Entre el 1.º de noviembre de 2010 y el 31 de enero de 2012 la actora
se vinculó mediante convenio cooperativo de trabajo asociado con

44
Folio 46, ibidem.
45
Folios 47 a 49, ibidem.
46
Folios 50 a 51, ibidem.
47
Folios 52 a 54, ibidem.
48
Folios 56 a 57, ibidem.
49
Folios 59 a 60, ibidem.
50
Folios 62 a 63, ibidem.
51
Folios 64 a 65, ibidem.
52
Folios 67 a 68, ibidem.
53
Folios 69 a 71, ibidem.
54
Folios 71 a 72, ibidem.
55
Folios 74 a 75, ibidem.
56
Folios 76 a 77, ibidem.
57
Folios 78 a 79, ibidem.
58
Folios 80 a 82, ibidem.
59
Folios 83 a 84, ibidem.
60
Folios 85 a 86, ibidem.
61
Folios 190 a 192, ibidem.
62
Folios 193 a 196, ibidem.
63
Folios 197 a 199, ibidem.

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Servimédica, en virtud del cual se comprometió a prestar sus servicios
profesionales como médica general en la ESE ISABU64.

(ii) Entre el 1.º de febrero de 2012 y el 30 de abril de 2016 celebró diversos
contratos individuales de trabajo con Jahsalud IPS, en desarrollo de los
cuales prestó servicios de salud tercerizados en la entidad
demandada65.

(iii) Entre el 1.º de mayo de 2016 y el 31 de julio de 2016 se vinculó con la
sociedad Effective People SAS, para la prestación de servicios
temporales de colaboración en la ejecución de los procesos
asistenciales y de apoyo en salud requeridos por la ESE ISABU66.

30. Adicionalmente, se practicó el interrogatorio de parte de la señora Osorio
Castañeda, quien indicó que entre 2002 y 2017 celebró diversos contratos de
prestación de servicios con la ESE ISABU y, durante los años 2010 a 2016, con
empresas intermediarias. Precisó que durante ese periodo desarrolló labores en
los centros de salud designados por la entidad.

31. Señaló que cumplía una jornada de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., de lunes a
viernes, bajo la supervisión del jefe de zona, pues este funcionario impartía las
directrices de trabajo, autorizaba los permisos, convocaba a las capacitaciones
institucionales y recibía informes diarios y mensuales de actividades. Mencionó,
además, que nunca fue objeto de memorandos, llamados de atención ni procesos
disciplinarios durante su vinculación.

32. Por otra parte, se recibieron las declaraciones de Claudia Patricia Acevedo
Rincón y Ligia Mantilla Ramírez, quienes laboraron en la ESE ISABU como
odontóloga y enfermera, respectivamente, en el periodo en que la actora se
desempeñó como médica general. Ambas coincidieron en que la prestación del
servicio por parte de la señora Osorio Castañeda era personal, en jornadas de
7:00 a. m. a 3:00 p. m, y desarrollada en los centros de salud de la entidad con
implementos suministrados por esta.

33. La testigo Acevedo Rincón relató que conoció a la actora en el año 2007,
cuando se vinculó mediante contrato de prestación de servicios a la ESE ISABU
y fue asignada al centro de salud IPC. Indicó que los coordinadores ejercían un
control permanente sobre el cumplimiento de las actividades, razón por la cual
los contratistas debían presentar un informe mensual con la relación de tareas
efectuadas.

34. Al ser interrogada sobre las órdenes impartidas por la entidad, explicó que,
en su caso, recibía instrucciones sobre el número de pacientes a atender y el
tiempo asignado para cada consulta; sin embargo, respecto de la actora, solo le
constaba que tenía a su cargo los programas de promoción y prevención, sin
conocer instrucciones específicas.

35. Añadió que la entidad demandada no exigía exclusividad en la prestación
del servicio, circunstancia que le permitió trabajar simultáneamente en

64
Folios 87 a 92, ibidem.
65
Folios 93 a 183, ibidem.
66
Folio 184, ibidem.

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Colsanitas. No obstante, la actora no desempeñó actividades externas debido a
que cumplía una jornada de 8 horas.

36. Por su parte, la señora Mantilla Ramírez expuso que tuvo una vinculación
legal y reglamentaria con la ESE ISABU, y que, por esa razón, le constaba que
tanto los contratistas como los empleados de planta debían asistir a reuniones y
capacitaciones obligatorias orientadas a impartir los lineamientos de las políticas
de salud pública.

37. Agregó que los permisos se tramitaban ante la jefe de zona, aunque no
recordaba una solicitud puntual elevada por la demandante. Asimismo, manifestó
no tener conocimiento de llamados de atención ni de procesos disciplinarios
adelantados en contra de esta.

38. De otro lado, Sandra Milena Amaya Toro, profesional especializada del
área de planeación, explicó que, aunque existían médicos generales de planta
que desempeñaban funciones similares a las de la actora, se presentaban
diferencias relevantes, pues solo los contratistas cumplían actividades
extramurales y los permisos del personal de planta debían solicitarse
necesariamente por escrito.

39. Aclaró además que la respuesta institucional frente a eventuales
incumplimientos difería según la naturaleza del vínculo, pues al personal de
planta se le adelantaba un proceso disciplinario ante la oficina de control interno,
mientras que frente a los contratistas procedía la suspensión del contrato.

40. Teniendo en cuenta los antecedentes, se advierte que quien pretenda la
declaratoria de desnaturalización de los contratos de prestación de servicios, con
fundamento en el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades y
con el propósito de obtener el restablecimiento de su derecho, debe acreditar que
la ejecución de las tareas se desarrolló bajo una subordinación continuada. No
obstante, del análisis integral de las pruebas recaudadas, la Sala concluye que
la accionante no demostró dicho elemento, por las razones que se exponen a
continuación:

41. De entrada, resulta pertinente recordar que la continuada subordinación
denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir
la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias
[…] se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]»67.

42. En el caso concreto, ninguna de las pruebas que obran en el expediente
dan cuenta de órdenes que determinaran el modo específico de cumplir sus
funciones, ni de la imposición de reglamentos internos durante los periodos en
que la actora desarrolló actividades como médico general. Tampoco existen

67
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).

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documentos que evidencien instrucciones individualizadas, llamados de atención
o controles propios de la subordinación.

43. Sobre este aspecto, resulta relevante que ni las testigos ni la actora
mencionaron situaciones concretas en las que la jefe de zona hubiera impartido
instrucciones sobre la forma de ejecutar las labores. Sus referencias se limitaron
a señalar que era la funcionaria ante quien se informaban los permisos, se
entregaban los informes y quien verificaba el cumplimiento del objeto pactado,
actuaciones que corresponden al ejercicio de supervisión contractual.

44. Se advierte, además, que frente a eventuales correctivos, la testigo Amaya
Toro precisó que la respuesta institucional variaba según la forma de vinculación,
pues al personal de planta se le adelantaba un proceso disciplinario, mientras
que respecto de los contratistas procedía la suspensión del contrato. Los demás
declarantes, al ser interrogados sobre el particular, afirmaron no tener
conocimiento de memorandos, anotaciones ni procesos disciplinarios
adelantados en contra de la actora, circunstancia que ella misma corroboró en su
interrogatorio.

45. La Sala aclara que, si bien las testigos hicieron referencia a la existencia
de una jefe de zona durante la ejecución de los contratos, ello no resulta
suficiente para desvirtuar la naturaleza contractual del vínculo, ya que ninguna
hizo referencia a instrucciones específicas impartidas por dicha funcionaria, ni a
situaciones en las que se hubiera limitado la autonomía o independencia de la
demandante en el desarrollo de sus funciones.

46. De otro lado, las testigos Acevedo Rincón y Mantilla Ramírez afirmaron
que el turno asignado a la actora era de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., dato que la propia
demandante corroboró en su interrogatorio. Sin embargo, la sujeción a ese
horario únicamente refleja el principio de coordinación propio de los contratos de
prestación de servicios68, y no subordinación, pues se trataba de un
entendimiento entre ambas partes para organizar el desarrollo de las actividades
convenidas.

47. Ahora bien, se observa que la existencia de reuniones y capacitaciones
obligatorias orientadas a impartir los lineamientos de las políticas de salud pública
tampoco permiten concluir que se hayan desnaturalizado los contratos de
prestación de servicios. Ello obedece a que, conforme al artículo 3 de la Ley 80
de 1993, los contratistas colaboran con la administración en el cumplimiento de
sus fines, motivo por el cual la entidad está facultada para impartir orientaciones
encaminadas a asegurar la adecuada satisfacción de las necesidades públicas y
para ejercer la supervisión del objeto contractual.

48. Similar conclusión merece el hecho de que exista en la planta de personal
de la ESE ISABU un médico general con funciones similares a las asignadas a
la actora, toda vez que el citado artículo autoriza la celebración de contratos de
prestación de servicios «para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad», lo cual supone desde la

68
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 9 de septiembre de 2021, expediente 20001 23 39 000 2016 00062 01 (2794-2019).

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concepción normativa, que los contratistas pueden ejecutar labores similares e
incluso ligadas al objeto misional de la entidad contratante.

49. Asimismo, se precisa que el desarrollo de las actividades en los centros
de salud de la ESE ISABU y con los instrumentos suministrados por la entidad
obedece a la necesidad de garantizar la prestación del servicio público de salud
en condiciones de seguridad, oportunidad y calidad, especialmente tratándose
de la atención en medicina general y de los programas de promoción y
prevención, que requieren infraestructura hospitalaria y equipos especializados.

50. Esta corporación ha valorado esta circunstancia en distintas
oportunidades69 y ha precisado que la prestación del servicio en la sede de la
entidad, con los implementos que esta provee, no implican necesariamente una
continuada subordinación, pues el contexto puede demandar la realización de las
tareas en ciertas condiciones, sin que pueda hablarse de un control o
direccionamiento de la entidad contratante sobre la actividad del contratista, a tal
punto de que este vea comprometida su autonomía.

51. En ese orden, la carga probatoria orientada a demostrar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios y el consecuente
derecho al reconocimiento de los emolumentos dejados de percibir exige
acreditar hechos que reflejen una continuada subordinación en la ejecución de
las tareas. Sin embargo, como la parte demandante no demostró la ocurrencia
de tales supuestos, se revocará la sentencia de primera instancia y se negarán
las pretensiones.

52. Finalmente, al no acreditarse la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios, no se emitirá pronunciamiento sobre los demás
problemas jurídicos planteados, los cuales dependían de la previa demostración
de la continuada subordinación.

Condena en costas

53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en

69
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de
noviembre de 2003, expediente 17001-23-31-000-1999-00039-01; y Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 17 de marzo de 2022, expediente 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-2019).

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ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

55. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

56. Así las cosas, y teniendo en cuenta que se revocará la sentencia apelada,
se impondrán costas a la parte demandante en ambas instancias, por cuanto se
accede totalmente a las peticiones del recurso de apelación interpuesto por la
entidad accionada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 18 de abril de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar, NEGAR las pretensiones de
la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a la señora
Nancy Yolanda Osorio Castañeda, a favor del Instituto de Salud de Bucaramanga
• ESE ISABU. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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