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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2017-00233-01

Fecha
6 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2017-00233-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 29 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Óscar Eduardo Sáenz Leyva, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Caquetá. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2017-00233-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

6 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 18001-23-33-000-2017-00233-01 (2218-2020)
Demandante: Óscar Eduardo Sáenz Leyva
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia porque el
demandante no demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la
sentencia de primera instancia del 29 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio
181010-002123 del 27 de abril de 2017, expedido por la entidad accionada, por
medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral
desde el 25 de enero de 2010 hasta el 14 de diciembre de 2016 y el pago de las
prestaciones consecuentes, lapso durante el cual se desempeñó como instructor
en el Área de Sistemas.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) declarar la existencia del
vínculo de trabajo; ii) pagar a su favor las prestaciones sociales causadas,
tomando como base los honorarios pactados; iii) devolver los porcentajes que
asumió por concepto de aportes a salud y pensión, los cuales debía cubrir la
entidad demandada como empleadora, más los respectivos intereses moratorios;
y iv) indexar las sumas que se reconozcan.

3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado vulneró
normas superiores1, teniendo en cuenta que desarrolló actividades misionales
del SENA bajo subordinación, toda vez que cumplió horarios, asistió a reuniones,
atendió directrices y realizó sus tareas en los lugares que le señaló la contratante.

Contestación de la demanda

1 Artículos 1, 2, 6, 13, 25, 53, 122, 123 y 125 de la Constitución Política; 32 (numeral 3) de la Ley 80 de

1993; 2 del Decreto 2400 de 1968; 2 (literal e) del Decreto 1426 de 1968; y los Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1042 de 1978.

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Radicación: 18001-23-33-000-2017-00233-01 (2218-2020)
Demandante: Óscar Eduardo Sáenz Leyva

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que
entre ella y el demandante solo existió un vínculo contractual, motivo por el cual
no se generaron obligaciones prestacionales.

5. Adujo que la contratación es necesaria para poder prestar el servicio
público a su cargo, ya que el personal de planta es insuficiente para atender a
todos los beneficiarios.

6. Indicó que los contratos no fueron continuos, puesto que su vigencia fue
temporal y se celebraron por el tiempo indispensable para ejecutar el objeto
convenido.

7. Afirmó que el demandante fue contratado en razón a su experiencia,
capacitación y formación profesional, y gozó de autonomía e independencia
técnica y científica, en tanto el SENA no usó ningún poder disciplinario sobre él
ni le impuso prohibiciones ni interfirió en la manera en que ejecutó las labores.

8. Precisó que el SENA supervisó el cumplimiento de las obligaciones a
través de los mecanismos legales y le proveyó al actor las herramientas
pedagógicas básicas como los contenidos mínimos de los módulos de
aprendizaje, los cuales debían desarrollarse según la programación de los cursos
de formación.

9. Explicó que los contratistas por prestación de servicios no se pueden
equiparar a los empleados públicos ni a los trabajadores oficiales, ya que la
vinculación es diferente.

10. Planteó que la entidad contratante puede imponer condiciones mínimas
de ejecución y tomar medidas tendientes a lograr el cumplimiento oportuno del
objeto convenido, sin que ello implique subordinación, de conformidad con el
numeral 2 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

11. En ese contexto, propuso las excepciones de inexistencia del vínculo o
relación laboral legal y reglamentaria, cobro de lo no debido, prescripción,
incongruencia entre las pretensiones y las normas que se consideran violadas y
la genérica; y solicitó condenar en costas al accionante.

Sentencia apelada

12. Mediante la sentencia del 29 de mayo de 2020, el Tribunal negó las
pretensiones de la demanda porque el actor solo demostró la prestación personal
del servicio y la remuneración, mas no la continuada subordinación, puesto que
no probó el cumplimiento de horarios ni el seguimiento de órdenes, como
tampoco la permanencia del servicio, toda vez que la contratación se hizo por un
número de horas determinado.

13. Consideró que la sola condición de instructor no supone la subordinación,
pues, de hecho, suscribió contratos de manera concomitante, situación propia de
los contratistas que gozan de autonomía.

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Demandante: Óscar Eduardo Sáenz Leyva

14. Aclaró que la rendición de informes mensuales, el diligenciamiento de
planillas de control de clases y la planeación académica no constituyen
subordinación laboral por sí mismas, debido a que hacen parte de la relación de
coordinación propia de los contratos de prestación de servicios.

15. Decidió condenar en costas de primera instancia al actor a favor de la
entidad demandada.

Recurso de apelación

16. Inconforme con la decisión, el accionante interpuso recurso de apelación
aduciendo que la continuada subordinación está demostrada con el desarrollo de
actividades propias de la función misional del SENA, de tal manera que no es
necesario «suministrar» el horario de trabajo, el manual de funciones,
memorandos o llamados de atención ni permisos del «empleador».

17. Expuso que el horario es un indicio de la subordinación, mas no una
prueba plena de ella; y que sus tareas fueron iguales a las de los instructores de
planta durante más de seis (6) años de vinculación contractual.

18. Indicó que no tuvo autonomía ni libertad para escoger el tiempo ni el lugar
en los que cumplía los objetos de los contratos.

19. Trajo a colación algunas sentencias proferidas por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en las cuales se reconoció la existencia de relaciones
laborales encubiertas entre instructores del SENA y dicha entidad, cuyo
«precedente» solicitó aplicar.

20. Resaltó que la labor docente es la misma que realizan los instructores del
SENA, la cual no puede ser independiente o autónoma.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

21. Por autos del 8 de abril y 21 de octubre de 2021 se admitió el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y se corrió traslado
para alegar de conclusión, respectivamente.

22. En sus alegatos, el actor trajo a colación la sentencia de unificación del 9
de septiembre de 2021 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado2;
manifestó que en el año 2021 fue nombrado como instructor de planta y cumple
las mismas actividades que cuando fue contratista, para lo cual allegó el acto de
nombramiento y el respectivo manual de funciones; e insistió en que sus tareas
correspondían a la función misional del SENA y que la contratación de
instructores obedece a que no existe personal de planta suficiente.

23. Por su parte, la entidad accionada reiteró los argumentos que expuso en
la contestación de la demanda y en los alegatos de primera instancia; y manifestó
que la presunción de subordinación de los docentes oficiales no cobija a los
instructores del SENA; que la prolongación contractual no demuestra la

2 Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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Demandante: Óscar Eduardo Sáenz Leyva

existencia de una relación laboral; y que no está obligada a pagar las
prestaciones sociales ni los aportes a seguridad social reclamados.

24. El ministerio público rindió concepto solicitando confirmar la sentencia
apelada porque no se demostró que la entidad accionada haya ejercido la
dirección y control efectivo de las actividades ejecutadas.

25. Mediante auto del 24 de noviembre de 2022 se decretaron pruebas para
mejor proveer, relacionadas con los estudios previos de los contratos de
prestación de servicios, requerimiento que fue atendido por la entidad
demandada y de la respuesta se corrió traslado a los sujetos procesales, quienes
guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

26. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

27. La Sala debe definir si se demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio o no, a fin de establecer si se debe confirmar, revocar o
modificar la sentencia de primera instancia.

Análisis del problema jurídico

28. La Sala confirmará la decisión apelada porque las pruebas que obran en
el expediente no permiten acreditar la continuada subordinación durante la
ejecución de los objetos contractuales.

29. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
destacar que el demandante se desempeñó como instructor del SENA en el Área
de Sistemas, vinculado a través de contratos de prestación de servicios, así:

Contrato de prestación de
Plazo o duración Objeto
servicios
031 del 25 de enero de 2010 3 8/2/2010 al 9/9/2010 Instructor en instalaciones de redes
Instructor en mantenimiento de
0259 del 9 de agosto de 2010 4 10/8/2010 al 8/12/2010
equipos de cómputo
Instructor en el Área de
Telecomunicaciones e Informática
para apoyar el desarrollo de
0067 del 25 de febrero de 2011 5 1/3/2011 al 30/6/2011
actividades de formación, formulación
de proyectos y diseño de actividades
de aprendizaje

3 Contrato de prestación de servicios 031 del 25 de enero de 2010 (índice 3 de SAMAI, anexos de la
demanda).
4 Contrato de prestación de servicios 0259 del 9 de agosto de 2010 y actas de inicio y liquidación (índice 3

de SAMAI, anexos de la demanda).
5 Contrato de prestación de servicios 0067 del 25 de febrero de 2011 y actas de inicio y liquidación (índice

3 de SAMAI, anexos de la demanda).
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Radicación: 18001-23-33-000-2017-00233-01 (2218-2020)
Demandante: Óscar Eduardo Sáenz Leyva

Instructor en el Área de Sistemas para
apoyar el desarrollo de las actividades
000237 del 18 de julio de 2011 6 18/7/2011 al 16/12/2011 de formación, formulación de
proyectos y diseño de actividades de
aprendizaje
Instructor en el Área de Sistemas para
apoyar el desarrollo de las actividades
0040 del 24 de enero de 20127 24/1/2012 al 29/6/2012 de formación, formulación de
proyectos y diseño de actividades de
aprendizaje
Instructor en el Área de Sistemas para
apoyar el desarrollo de las actividades
0222 del 13 de julio 2012 y
13/7/2012 al 14/12/2012 de formación, formulación de
modificación8
proyectos y diseño de actividades de
aprendizaje
0075 del 30 de enero de 2013 9 1/2/2013 al 1/12/2013 10 Instructor en el Área de Sistemas
0103 del 20 de enero de 2014 y
22/1/2014 al 10/12/2014 Instructor en el Área de Sistemas
modificación11
0148 del 27 de enero de 2015 12 2/2/2015 al 11/12/2015 Instructor en el Área de Sistemas
00042 del 20 de enero de
21/1/2016 al 14/12/2016 Instructor en el Área de Sistemas
201613

30. En ese contexto, quien solicite la declaración de una relación laboral
encubierta debe demostrar la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios en razón a la ejecución de las tareas bajo continuada subordinación; sin
embargo, del análisis integral de las pruebas recaudadas la Sala concluye que el
accionante no acreditó dicho aspecto por las siguientes razones:

31. De entrada, resulta pertinente recordar que la continuada subordinación
denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir
la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias
[…] se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]»14.

32. Ahora bien, en este caso no es posible deducir la inserción del actor en el
círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad demandada, pues en el
expediente no se encuentra prueba alguna de que esta última hubiera realizado
acciones indiciarias de subordinación como llamados de atención, imposición de
reglamentos y de regímenes disciplinarios o correctivos, emisión de órdenes que
determinaran el modo en que se tenían que adelantar las labores, etc15.

6 Contrato de prestación de servicios 000237 del 18 de julio de 2011 y actas de inicio y liquidación (índice 3

de SAMAI, anexos de la demanda).
7 Contrato de prestación de servicios 0040 del 24 de enero de 2012 y actas de inicio y liquidación (índice 3

de SAMAI, anexos de la demanda).
8 Contrato de prestación de servicios 0222 del 13 de julio de 2012 y acta de modificación (índice 3 de SAMAI,

anexos de la demanda).
9 Contrato de prestación de servicios 0075 del 30 de enero de 2013 (índice 3 de SAMAI, anexos de la

demanda).
10 Las fechas exactas fueron tomadas de la contestación de la demanda.
11 Contrato de prestación de servicios 0103 del 20 de enero de 2014 y actas de inicio, modificación y

liquidación (índice 3 de SAMAI, anexos de la demanda).
12 Contrato de prestación de servicios 0148 del 27 de enero de 2015 y actas de inicio y liquidación (índice 3

de SAMAI, anexos de la demanda).
13 Contrato de prestación de servicios 00042 del 20 de enero de 2016 y actas de inicio y liquidación (índice

3 de SAMAI, anexos de la demanda).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación

SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, expediente 05001-23-33-000-2013-001143-01 (1317-
2016).
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Demandante: Óscar Eduardo Sáenz Leyva

33. En virtud de los contratos de prestación de servicios el actor se
comprometió, entre otras cosas, a participar en la inducción de los aprendices,
entregar reportes a los supervisores y registrar información en el aplicativo Sofía
Plus; sin embargo, ninguna de estas circunstancias acredita la continuada
subordinación en la prestación del servicio, pues a partir de ellas no se demostró
que se hubiera desdibujado la autonomía que tenía el accionante para cumplir
sus tareas como instructor.

34. Asimismo, el desarrollo de actividades en los lugares y horarios que le
indicara la entidad accionada son circunstancias que por sí solas no significan
que el SENA dirigía la forma o el modo en que el actor cumplía sus tareas, de
suerte que estos aspectos tampoco demuestran la continuada subordinación.

35. Al respecto, esta corporación ha precisado que la prestación del servicio
en la sede de la entidad no implica necesariamente una subordinación
continuada, pues el contexto puede exigir la realización de las tareas en ciertas
condiciones, sin que pueda hablarse de un control o direccionamiento de la
entidad contratante sobre la actividad del contratista, a tal punto de que este vea
comprometida su autonomía16.

36. La Sala debe resaltar que en el presente asunto no se practicaron
testimonios, razón por la cual no se tiene conocimiento del entorno en el cual se
ejecutaron los contratos de prestación de servicios en la práctica, lo cual refleja
el incumplimiento de la carga probatoria que recaía en la parte demandante, de
conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso.

37. Por otro lado, resulta necesario precisar que las actividades de los
instructores y de los docentes oficiales no son asimilables porque los objetivos
del SENA y de las instituciones educativas estatales no son coincidentes, así
como tampoco lo es la forma en la que se ejercen las funciones, lo que se
evidencia en la existencia de una normativa distinta para ellos: mientras que los
maestros oficiales se rigen por las disposiciones de la Ley 115 de 1994, los
instructores del SENA están sujetos a la Ley 119 de 199417.

38. El demandante argumentó que la sola realización de actividades
misionales del SENA acreditaba la continuada subordinación durante la
prestación del servicio; sin embargo, el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 habilita la celebración de contratos de prestación de servicios «para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad» respectiva, cuando estas no puedan realizarse con personal de planta
o requieran conocimientos especializados, de tal manera que la concepción
normativa de esta modalidad de contratación da por sentado que las tareas
pactadas pueden estar ligadas al objeto misional de la entidad contratante.

16 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de
noviembre de 2003, expediente 17001-23-31-000-1999-00039-01; y Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 17 de marzo de 2022, expediente 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-2019).
17 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A, i) sentencia del 21 de agosto de 2025, expediente 17001-23-33-000-2018-00634-01 (3839-2022); ii)
sentencia del 8 de agosto de 2025, expediente 25000-23-42-000-2019-00854-01 (3122-2022); iii) sentencia
del 24 de julio de 2025, expediente 41001-23-33-000-2018-00324-01 (4899-2024); iv) 29 de mayo de 2025,
expediente 17001-23-33-000-2018-00590-01 (4110-2023); y v) sentencia del 25 de enero de 2024,
expediente 25000-23-42-000-2017-06111-02 (4838-2022).
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39. Así pues, la afirmación que hizo la parte actora en el recurso de apelación
no es correcta, dado que la continuada subordinación realmente se presenta
cuando la entidad contratante controla el modo en que el contratista desarrolla
sus actividades, a tal punto de que este último pierde su autonomía para definir
la forma en que cumple el objeto contractual; y como indicios de tal elemento se
pueden presentar los que la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló en
la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 202118.

40. Por otro lado, el demandante trajo a colación ciertas sentencias en las que
esta corporación ha declarado la configuración de vínculos laborales entre
instructores contratistas del SENA y dicha entidad; no obstante, en este tipo de
asuntos (relaciones laborales encubiertas) la decisión está sujeta a los hechos
efectivamente probados y a la forma particular en que se ejecutan los contratos
de prestación de servicios, lo cual puede variar en unos y otros casos, de suerte
que la existencia de providencias en tal sentido no implica que todos los casos
deban resolverse de la misma manera, pues la solución dependerá de las
especificidades de cada controversia, en particular de las pruebas practicadas en
cada proceso.

41. Así pues, el esfuerzo probatorio relevante de cara a demostrar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios y la consecuente
existencia de una relación laboral tiene que apuntar a exponer hechos que
reflejen una continuada subordinación en la ejecución de las tareas; sin embargo,
como la parte demandante no acreditó la ocurrencia de tales supuestos, se
confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones.

42. Por último, en los alegatos de conclusión de segunda instancia y después
de esa intervención, el actor aportó ciertos documentos (acto de nombramiento
en período de prueba, manual de funciones y sentencias), pero estos no pueden
ser valorados como pruebas en tanto no fueron solicitados ni incorporados al
proceso con esa condición.

La condena en costas de primera y segunda instancia

43. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

44. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación

SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-
2016).
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Demandante: Óscar Eduardo Sáenz Leyva

derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

45. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

46. Así las cosas, teniendo en cuenta que se confirmará la sentencia apelada,
se impondrán costas a la parte demandante en segunda instancia, por cuanto se
niegan totalmente a las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo del Caquetá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 29 de mayo de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, a través de la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Óscar
Eduardo Sáenz Leyva, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje. Para tal
efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Caquetá.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA : la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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