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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2018-00324-01

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2018-00324-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Huila por medio de la cual se declaró probadas las excepciones de «inexistencia del vínculo o relación laboral y cobro de lo no debido» y negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2018-00324-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

24 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00324-01 (4899-2024)
Demandante: Gustavo Rojas Vásquez
Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Tema: Relación laboral encubierta – instructor del SENA.

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones.

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia dictada el 2 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Huila,
mediante la cual declaró probadas las excepciones de «inexistencia del vínculo
o relación laboral y cobro de lo no debido» y negó las pretensiones de la
demanda.

II. ANTECEDENTES

Demanda

2. El señor Gustavo Rojas Vásquez presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declare
la nulidad del Oficio n.º 2-2018-000738 del 21 de mayo de 2018, mediante el cual
la entidad demandada negó el reconocimiento de la existencia de una relación
laboral entre el 29 de septiembre de 2006 y el 30 de octubre de 2016, así como
el pago de las acreencias laborales y prestacionales derivadas de dicha
vinculación, período en el que se desempeñó como instructor.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) el reconocimiento y
pago de los emolumentos laborales dejados de percibir, incluidos salarios,
prestaciones sociales, cesantías e intereses sobre estas, sanción moratoria,
vacaciones, auxilio de transporte, primas de vacaciones, navidad, alimentación;
y las devoluciones de los aportes a seguridad social y subsidio familiar; (ii)
indemnización por mora en el pago de las cesantías definitivas durante el tiempo
que estuvo vinculado; iii) que se realicen los aportes al Sistema de Seguridad
Social en salud y pensiones por el tiempo de su vinculación; iv) que el lapso de
los contratos sea tenido en cuenta para acceder a la pensión; v) que se reintegren
las sumas que desembolsó por concepto de retención en la fuente con ocasión
de los contratos de prestación de servicios; vi) que se indexen las sumas objeto
de condena y vii) que se cumpla con la sentencia en los términos de los artículos
192 y 195 del CPACA.

4. En la demanda afirmó que suscribió diversos contratos de prestación de
servicios con el SENA durante el lapso comprendido entre el 2006 y el 2016, en
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00324-01 (4899-2024)
Demandante: Gustavo Rojas Vásquez

los que se desempeñó como instructor e impartió formación profesional en el
Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, tiempo durante el cual
estuvo sometido a una jornada laboral establecida por la demandada y en
condiciones idénticas a los servidores de planta, y durante el cual recibió órdenes
directas del supervisor del contrato.

5. Como concepto de la violación argumentó que el acto acusado infringió
las normas en que debía fundarse1 y que el SENA procedió de forma irregular al
encubrir una verdadera relación laboral bajo la figura de contratos de prestación
de servicios.

6. En ese sentido manifestó que los instructores desarrollan funciones
idénticas a las del personal de planta; igualmente, señaló que el Consejo de
Estado profirió sentencia de unificación CE-SUJ2 de 2016 en el que se refiere
que la «labor del docente contratista no es independiente; sino que el servicio
que presta de manera personal y subordinada al cumplimiento de los
reglamentos propios del servicio público de la educación», providencia que no es
aislada2.

Contestación de la demanda

7. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda porque
a su juicio nunca existió una relación laboral, ya que en cada uno de los contratos
de prestación de servicio se estableció de manera expresa la cláusula de
ausencia de relación laboral y se entabló conforme a lo dispuesto en el numeral
3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por lo que no tiene derecho al
reconocimiento de prestaciones sociales.

8. En ese contexto, propuso las siguientes excepciones: inexistencia del
vínculo o relación laboral; cobro de lo no debido; prescripción; buena fe; ineptitud
sustantiva de la demanda; inexistencia de objeto de la acción incoada; y la
genérica.

La sentencia de primera instancia

9. Mediante sentencia del 2 de julio de 2024,3 el Tribunal Administrativo del
Huila declaró probadas las excepciones de «inexistencia del vínculo o relación
laboral y cobro de lo no debido» y negó las pretensiones de la demanda.

10. Para llegar a esta decisión, señaló que la carga de la prueba recae en
quien afirma los supuestos fácticos en los que sustenta su pretensión, y que dicha
prueba debe ofrecer elementos suficientes para acreditar, con fundamento en las
reglas de la sana crítica, la existencia de una relación laboral.

1
Artículos 2, 5, 13, 25, 29, 53, 83,122, 123 y 125 de la Constitución Política; Decreto 2277 de
1979; artículo 32 de la Ley 80 de 1993; artículo 4 de la Ley 114 de 1994 y artículo 2 del Decreto
1426 de 1998.
2
Radicación: 05001-23-31-000-2005-06806-01 (1875-2023) sentencia del 12 de mayo de 2014,
Magistrado ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
3
Índice 48 de SAMAI del Tribunal.

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Radicación: 41001-23-33-000-2018-00324-01 (4899-2024)
Demandante: Gustavo Rojas Vásquez

11. Señaló que la parte demandante alega haber mantenido una relación
laboral con el SENA, pese a haber celebrado contratos de prestación de
servicios. En consecuencia, corresponde a quien sostiene dicha relación aportar
elementos probatorios idóneos que permitan demostrar su existencia efectiva,
evaluados conforme a las reglas de la sana crítica y a los principios de primacía
de la realidad y de distribución dinámica de la carga de la prueba. Señaló que la
parte demandante alega haber mantenido una relación laboral con el SENA, pese
a haber celebrado contratos de prestación de servicios.

12. Del análisis del conjunto probatorio se acreditó que el señor Gustavo
Rojas Vásquez celebró contratos de prestación de servicios con el Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA entre el 29 de septiembre de 2006 y el 16 de
diciembre de 2016, con el objeto de impartir formación profesional en contabilidad
y finanzas. Las funciones contratadas fueron ejecutadas de manera personal y
directa, en atención a las obligaciones derivadas del vínculo contractual.

13. Asimismo, se demostró que el demandante recibió una contraprestación
económica por las labores personales realizadas a favor de la entidad.

14. Aunque se constató que en la planta de personal del SENA existían
empleos cuyas funciones guardaban similitud con las labores desarrolladas por
el actor, según se evidencia en la Resolución 1458 del 30 de agosto de 2017, no
se acreditó la existencia del elemento de subordinación continuada. En particular,
el señor Gustavo Rojas Vásquez no demostró que la entidad le impusiera un
horario de trabajo ni que las actividades contratadas se ejecutaran en las
instalaciones del SENA Regional Neiva.

15. En consecuencia, la prueba documental aportada no permite acreditar
que las labores realizadas por el actor estuvieran sujetas a una subordinación
constante con su contratante, manifestada en la exigencia de cumplimiento de
órdenes en cualquier momento, respecto al modo, tiempo o cantidad de trabajo;
la imposición de reglamentos internos; o el ejercicio del poder disciplinario o del
ius variandi.

16. Además, la parte actora no aportó prueba adicional que demuestre la
existencia de una dependencia en el ejercicio del objeto contractual de cada uno
de los contratos suscritos, incumpliendo así con la carga probatoria que le
corresponde.

17. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas a las partes.

Recurso de apelación

18. La apoderada de la parte demandante interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia4 en el que argumentó que el Tribunal no

4
Índice 54 de SAMAI del Tribunal.

3
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Radicación: 41001-23-33-000-2018-00324-01 (4899-2024)
Demandante: Gustavo Rojas Vásquez

realizó un detenido análisis del especial tratamiento jurisprudencial5 que se le ha
otorgado a los instructores del SENA y la similitud con la labor que desempeñan
los docentes; y que la entidad demandada tiene como misión impartir formación
profesional, por lo que sus programas académicos se deben ajustar a lo
establecido en las Leyes 30 de 1992 y 749 de 2002, Decreto 2277 de 1979.

19. A lo anterior agregó que no se realizó una adecuada valoración probatoria,
dado que la providencia solo se limitó a revisar la literalidad de los objetos
contractuales, sin hacer un análisis detallado de las funciones que debía cumplir
el demandante al ejecutar el contrato, lo que habría llevado a concluir que estas
estaban sujetas a la subordinación y dependencia del SENA. Igualmente, que los
contratos estipulaban la obligación de asistir a reuniones de inducción y una
cláusula de supervisión del contrato.

20. Asimismo, la parte actora afirmó que al demandante le fueron
encomendadas funciones propias del personal de planta, caracterizadas por su
vocación de permanencia, en tanto estaban orientadas al cumplimiento del objeto
misional del SENA y resultaban esenciales para su operatividad. En ese contexto,
destacó que dichas actividades se ejecutaron de manera continuada durante más
de siete años, entre 2006 y 2016, lo que demuestra que no correspondían a
labores ocasionales, sino a tareas permanentes, funcional y operativamente
equiparables a las desempeñadas por los instructores vinculados a la planta de
la entidad.

21. Por último, señaló que los lapsos entre la suscripción de cada contrato no
exceden los límites razonables por lo que la prescripción solo se debe contabilizar
a partir de la finalización de la relación contractual.

Intervención en segunda instancia

22. La parte demandante y la entidad demandada no emitieron
pronunciamiento alguno6.

23. El agente del Ministerio Público rindió concepto 7 indicando que se debe
confirmar la sentencia de primera instancia, toda vez que no se encuentra
acreditado ni existe certeza sobre la materialización del elemento esencial de la
subordinación para declarar la existencia de la relación laboral.

III. CONSIDERACIONES

5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 22 de marzo de 2012,
número único de radicación 05001 23 31 000 2003 03063 01; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 12 de mayo de 2014,
número único de radicación 05001 23 31 000 2005 06806 01; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación jurisprudencial CE-SUJ2
No. 5 de 2016; fallo de tutela del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, Fallo de Tutela del 22 de octubre de 2020, Radicación número: 11001-03-15-
000-2020-03786-00(AC); Consejo de Estado en sentencia de Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 16 de marzo de 2023, Rad: 25000-23-42-000-2019-01338-01 (2536-2022).
6
Índice 8 SAMAI del Consejo de Estado.
7
Índice 10 SAMAI del Consejo de Estado.

4
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Gustavo Rojas Vásquez

Problema jurídico

24. De conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de apelación8
es preciso establecer si la providencia incurrió en los yerros endilgados, de modo
que se debe establecer si las pruebas documentales aportadas son suficientes
para demostrar la existencia de una relación laboral entre las partes.

El caso en concreto

25. Teniendo en cuenta que la inconformidad de la parte apelante se
circunscribe en cuestionar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal, a
continuación, la Sala estudiará si los documentos aportados demuestran la
existencia de una relación laboral.

26. De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, en los contratos
de prestación de servicios está ínsito el principio de coordinación que implica un
control de las tareas que desarrolla el contratista a fin de lograr la ejecución
eficiente y eficaz del contrato9.

27. Por su parte, la subordinación puede manifestarse de diferentes
maneras, según el servicio de que se trate, e implica el cumplimiento de órdenes,
en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y la
posibilidad de imponerle reglamentos al trabajado10.

28. En este caso no se cuestiona que el accionante prestó un servicio de
manera personal y a cambio de una remuneración (honorarios) en el marco de
múltiples contratos de prestación de servicios, elementos que están
suficientemente acreditados con las pruebas recaudadas. Por consiguiente, el
debate se centra en establecer si el actor desarrolló sus labores bajo una
continuada subordinación o no.

29. De las pruebas aportadas por el demandante, únicamente constan los
contratos de prestación de servicios, la Resolución 1458 de 2017 11 «mediante el
cual se actualiza el Manual Especifico de Funciones y de Competencias
Laborales para los empleos de planta de personal del Servicio Nacional de
Aprendizaje-SENA», y los comprobantes de pago correspondientes 12.

30. Estos documentos, por sí solos, no permiten concluir la existencia de
subordinación continua, dado que los contratistas son colaboradores del Estado

8
Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 9 de septiembre de 2021, expediente 20001 23 39 000 2016 00062 01 (2794-2019).
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de
Unificación suj-025-ce-s2-2021 del 9 de septiembre de 2021, expediente 05001-23-33-000-2013-
01143-01 (1317-2016).
11
Folio 228.
12
Folio 25 al 227.

5
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que coadyuvan con las entidades en el cumplimiento de sus fines, lo cual implica
obligaciones de naturaleza distinta a una relación laboral.

31. Al respecto, es necesario señalar que, contrario a lo alegado por la parte
demandante, no resulta suficiente con aportar la copia de los contratos, porque
si bien en estos se encuentran las obligaciones asumidas por las partes, no es
posible constatar en la forma en la que estas se cumplen, lo cual resulta
fundamental para demostrar la existencia de la relación laboral.

32. Cabe recordar que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad sin condicionamientos del numeral 3 del artículo
32 de la Ley 80 de 1993, norma que consagra la tipología del contrato de
prestación de servicios.

33. Según dicho precepto, la administración puede celebrar este tipo de
contrato cuando las actividades no puedan ser ejecutadas por el personal de
planta.

34. En consecuencia, la distinción entre contratista y servidor público radica
en la forma como se cumplen las funciones encomendadas y no propiamente en
las obligaciones que les sean asignadas.

35. Ahora bien, la Sala no se considera que las actividades de los
instructores y de los docentes oficiales sean asimilables porque los objetivos del
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y de las instituciones educativas oficiales
no son coincidentes, así como tampoco lo es la forma en la que ejercen sus
funciones, lo que se evidencia mediante la existencia de una normativa distinta
para cada uno: mientras que los maestros oficiales se rigen por las disposiciones
de la Ley 115 de 1994, los instructores del SENA están atados al contenido de la
Ley 119 de 1994.

36. En ese orden de ideas, se recuerda que esta Corporación ha señalado
que quien alega la existencia de una relación laboral encubierta a través de
contratos de prestación de servicios debe demostrarlo al tenor de lo establecido
en el artículo 167 del Código General del Proceso.

37. Por lo tanto, se reitera que no es suficiente con aportar los contratos de
prestación de servicios ni el manual de funciones, para que de forma automática
se declare la existencia de una relación laboral encubierta.

38. Así, dado que en el caso concreto no se aportaron pruebas que
demuestren la existencia de una relación laboral, se confirmará la sentencia
apelada, que negó las pretensiones.

Condena en costas

39. El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,

6
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cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil». Con base en esa regla legal, esta Subsección venía
sosteniendo que, para imponer la condena en costas en vigencia del CPACA, era
necesario realizar una valoración objetiva donde el juez, una vez comprobaba su
causación, y sin atender a factores subjetivos como la buena fe o la temeridad
de las partes, podía ordenarlas.

40. No obstante, dicha postura debe adecuarse a lo dispuesto por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, que adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA. En
este, se introdujo que la condena en costas procede cuando se establezca que
la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal, lo que
implica que sea forzoso examinar si los fundamentos vertidos en la actuación
procesal correspondiente se encuentran huérfanos de sustento legal plausible.
Tal situación acontece, por ejemplo, cuando las normas en que se fundamente
la tesis del caso no sean aplicables o se desconozcan reglas jurídicas pacíficas
producto de los precedentes fijados por esta Corporación.

41. En el presente caso, el demandante promovió el recurso de apelación con
fundamento en un respaldo legal serio y razonable, por lo que esta Sala se
abstendrá de imponer condena en costas de segunda instancia en su contra.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de julio de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Huila por medio de la cual se declaró probadas las
excepciones de «inexistencia del vínculo o relación laboral y cobro de lo no
debido» y negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes
y devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado conductor del proceso
en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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