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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00854-01

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00854-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE 36 De acuerdo con el artículo 282 del Código General del Proceso, «[s]i el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes». 37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, expediente 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014). 11 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-42-000-2019-00854-01 (3122-2022) Demandante: Ariel Arvilla Dangond PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 20 de enero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, incluida la condena en costas de primera instancia. En su lugar, SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO. Sin condena en costas de primera y segunda instancia. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00854-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00854-01 (3122-2022)
Demandante: Ariel Arvilla Dangond
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Tema: Relación laboral encubierta – instructor del SENA

Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia porque no se
demostró la continuada subordinación en la prestación del
servicio

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada
contra la sentencia de primera instancia del 20 de enero de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio
2-2018-065712 del 16 de noviembre de 2018 expedido por la entidad accionada,
por medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación
laboral desde 2008 hasta 2016 y el pago de las prestaciones consecuentes, lapso
durante el cual se desempeñó como instructor.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) declarar la existencia de
un vínculo laboral entre él y la demandada, durante el período mencionado; ii)
reconocer las prestaciones sociales causadas1 y los aportes a salud, pensión,
riesgos laborales y caja de compensación familiar; iii) reintegrar los aportes a
salud, pensión y riesgos labores que realizó, más los valores que le descontaron
por concepto de retención en la fuente; iv) pagar las prestaciones e
indemnizaciones a las que tiene derecho un empleado que preste los mismos
servicios; v) pagar la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995; vi)
realizar los ajustes de valor que correspondan; vii) dar cumplimiento a la
sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA, so pena de que se generen
intereses de mora; y viii) condenar en costas a la entidad accionada.

1
«Cesantías e intereses, primas de navidad, prima de junio, prima de servicios, vacaciones, aportes a salud,
pensión, administradora de riesgos laborales y caja de compensación familiar, así como los valores dejados
de percibir por concepto de dotación y en general todas las sumas a título de PRESTACIONES SOCIALES,
que corresponde a la contraprestación de la labor desempeñada desde el año 2008 hasta el año 2016, y en
general todas las acreencias laborales debidamente acreditadas dentro del expediente».

1
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00854-01 (3122-2022)
Demandante: Ariel Arvilla Dangond

3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió
normas superiores,2 teniendo en cuenta que se vinculó al SENA a través de
contratos en el marco de los cuales prestó un servicio de manera personal y
subordinada, a cambio de una remuneración, y desarrolló tareas propias del
objeto de dicha entidad.

Contestación de la demanda

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que el
SENA está habilitado legalmente para celebrar contratos de prestación de
servicios con personas naturales que realizan sus tareas con autonomía técnica
administrativa y financiera, sin subordinación.

5. Puso de presente que la labor de los instructores no se alcanza a cumplir
con el personal de planta y, en todo caso, hay circunstancias que le impiden al
SENA tener cargos de instructores en la planta permanente de la entidad, como
la cantidad variable de aprendices inscritos o que la preparación profesional de
los instructores de planta no corresponda a la demanda educativa.

6. Indicó que el contratista de prestación de servicios no adquiere la calidad
de empleado público, pues esto solo es posible si se cumplen las condiciones
que prevé el artículo 122 de la Constitución Política.

7. Adujo que los contratistas deben desarrollar sus actividades dentro de los
marcos y objetivos que traza la entidad contratante, lo cual no implica
subordinación, sino coordinación, la cual persigue la efectividad de la prestación
del servicio y la unificación de los programas y los horarios de estos.

8. Señaló que bajo ciertas circunstancias es posible que los contratistas
desarrollen sus tareas en las instalaciones de la entidad contratante y con los
elementos que esta provee, sin que surja una relación laboral por esa razón.

9. En ese contexto, propuso las excepciones de legalidad del acto acusado,
existencia de solución de continuidad entre los contratos celebrados, prescripción
y la genérica.

Sentencia apelada

10. Mediante sentencia del 20 de enero de 2022, el Tribunal declaró la nulidad
del acto acusado y declaró la existencia de una relación laboral entre el actor y
la entidad accionada desde el 8 de septiembre de 2008 hasta el 4 de agosto de
2016, de manera interrumpida.

11. Adicionalmente, i) condenó al SENA a pagar al demandante las
prestaciones causadas durante el período mencionado, liquidadas con base en
los honorarios pactados, y a efectuar los aportes a pensión y salud (estos últimos
por el lapso comprendido entre el 28 de julio de 2011 y el 4 de agosto de 2016,

2
Artículos 2, 4, 11, 13, 25, 29, 42, 46, 48, 53, 58 y 128 de la Constitución Política; 10 del Código Civil; 19,
36 y concordantes del Código Sustantivo del Trabajo; la Ley 80 de 1993; y los Decretos 1042 de 1978, 1750
de 2003 y 4171 de 2014.
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Demandante: Ariel Arvilla Dangond

por prescripción quinquenal) en los porcentajes que le correspondía como
empleador, en caso de que existan diferencias frente a lo cotizado por el actor;
ii) dispuso que todo el tiempo laborado debe computarse para efectos
pensionales; iii) declaró la prescripción sobre las prestaciones sociales causadas
antes del 30 de diciembre de 2010; iv) negó las demás pretensiones; v) ordenó
dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que establecen los artículos
192 y siguientes del CPACA y pagar los intereses moratorios que se generen; y
vi) condenó en costas a la entidad accionada.

12. Expuso que el demandante laboró en el SENA como instructor en los
programas orientados por el Centro de Tecnologías para la Construcción y la
Madera, entre el 8 de septiembre de 2008 y el 4 de agosto de 2016, de manera
interrumpida; y realizó sus tareas de forma personal, a cambio de una retribución
mensual.

13. Sostuvo que las funciones de instructor que adelantó el demandante
corresponden a labores docentes en las cuales la subordinación y la dependencia
se encuentran ínsitas.

14. Determinó que durante el desarrollo de los contratos de prestación de
servicios se configuró una relación laboral entre el demandante y la entidad
accionada, toda vez que se definió un cronograma de actividades; se asignó un
horario; se impartió la formación en las instalaciones del SENA; se realizaron
labores connaturales al empleo de instructor durante un tiempo prolongado; se
tramitaron los permisos a través de la coordinación; se celebraron reuniones en
las que se dieron instrucciones, orientaciones y lineamientos; y se ejecutaron las
tareas con insumos metodológicos y pedagógicos provistos por el SENA.

15. Señaló que las prestaciones sociales que se reconocen en estos casos
deben liquidarse con el salario que devengan los empleados de planta que
realizan iguales funciones, salvo que este sea inferior a los honorarios pactados
en los contratos, caso en el cual se tomarán como base estos últimos; sin
embargo, como no se allegó prueba del salario que percibe un instructor, código
3010, grado 01-20, del SENA, las vacaciones cuyo pago se ordena a favor del
accionante deben calcularse tomando como referencia los honorarios.

16. Consideró que el accionante no tiene derecho al pago de dotación ni de
las prestaciones que brindan las cajas de compensación familiar, ya que percibió
honorarios superiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes
(artículo 1 de la Ley 70 de 1988) y no acreditó el cumplimiento de las exigencias
de que trata la Ley 21 de 1982, respectivamente.

17. Estimó que no es viable reconocer la sanción moratoria equivalente a un
día de salario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales,
pues la existencia de la relación laboral apenas se está declarando con la
sentencia.

18. Estableció que entre la terminación de la ejecución del contrato 0000126
de 2010 y el inicio de la ejecución del contrato 0000873 de 2011 hubo una
interrupción de 142 días hábiles. Por lo tanto, se configuró la prescripción
3
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00854-01 (3122-2022)
Demandante: Ariel Arvilla Dangond

extintiva respecto de las prestaciones sociales causadas antes del 30 de
diciembre de 2010, salvo los aportes a pensión, teniendo en cuenta que la
reclamación administrativa se promovió el 7 de noviembre de 2018.

19. Indicó que no es procedente la devolución de los valores descontados por
concepto de retención en la fuente y del ICA, ya que estos se pagan como
anticipo del impuesto de renta; como tampoco es viable el reintegro de los aportes
a riesgos laborales que efectuó el demandante, dada su naturaleza parafiscal.

20. Decidió que no es posible ordenar la devolución de los aportes a salud que
realizó el actor como contratista, pero sí es viable que el SENA le consigne a la
entidad prestadora de salud la diferencia que existiere entre lo pagado por el
actor y lo que el demandado debió destinar por ese concepto, teniendo presente
que se configuró la prescripción quinquenal de los aportes a salud causados
antes del 30 de diciembre de 2010, conforme al artículo 817 del Estatuto
Tributario.

Recurso de apelación

21. Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de
apelación argumentando que el actor no demostró que hubiera prestado sus
servicios bajo continuada subordinación, aspecto que se debe analizar teniendo
en cuenta las interrupciones de más de treinta (30) días que hubo en la ejecución
de los contratos.

22. Adujo que las vinculaciones contractuales se dieron por el tiempo
indispensable y sus objetos fueron diferentes; y que los testigos debían ser
precisos en cuanto al modo y la cantidad de trabajo que se le habrían exigido al
demandante.

23. Afirmó que el actor tenía autonomía para desarrollar sus tareas, en tanto
podía retirarse de las instalaciones sin pedir autorización y ausentarse u obtener
un reemplazo en caso de inasistencia; y que los horarios no eran impuestos por
el SENA, sino consensuados con aquel desde la etapa precontractual, en la cual
se fijaba una franja horaria.

24. Señaló que el accionante no demostró que tuviera un jefe inmediato ni que
recibiera órdenes por parte del SENA sobre el modo, el tiempo y el lugar en que
realizaba sus actividades.

25. Sostuvo que el cumplimiento de un horario, la recepción de instrucciones
provenientes de los coordinadores y la presentación de informes no constituyen
subordinación, sino coordinación en la ejecución de los contratos de prestación
de servicios.

26. Indicó que los conocimientos especializados de los contratistas se
determinan de acuerdo con su perfil frente a actividad a desarrollar; y que la
vinculación por contrato está justificada por la demanda de estudiantes para cada
programa ofrecido.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00854-01 (3122-2022)
Demandante: Ariel Arvilla Dangond

27. Planteó que la similitud entre las actividades desarrolladas por los
contratistas y los empleados de planta se debe a que el SENA tiene la función de
intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos a
través de la formación que permita su incorporación en las actividades
productivas. En todo caso, indicó que no se demostró que existía personal de
planta que desempeñara las mismas funciones que el accionante.

28. Respecto de la prescripción, puso de presente que el demandante
promovió la reclamación administrativa el 7 de noviembre de 2018 y que se
presentaron interrupciones de más de 30 días hábiles en la prestación del
servicio.

29. Destacó que con las pruebas que obran en el expediente no se puede
establecer la fecha exacta de terminación de los contratos, sino el número de
horas contratadas.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

30. Por auto del 13 de abril de 2023 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.

31. En sus alegatos, la entidad accionada reiteró los argumentos que expuso
en el recurso de apelación.

32. El demandante guardó silencio en esta fase procesal.

33. El ministerio público solicitó confirmar la sentencia apelada porque, a su
juicio, se demostró la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación y la remuneración.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

34. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

35. La Sala debe determinar si el actor demostró la continuada subordinación
en la prestación del servicio. En caso afirmativo, se deberá establecer si la
decisión que adoptó el Tribunal en torno a la prescripción se ajustó a derecho o
no.

Análisis del problema jurídico

36. De acuerdo con las pruebas documentales aportadas al proceso, el
demandante se desempeñó como instructor del SENA, vinculado a través de
contratos de prestación de servicios, así:
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00854-01 (3122-2022)
Demandante: Ariel Arvilla Dangond

Contrato u orden de servicios Plazo o duración Objeto
8/9/2008 al
30/11/20084
Instructor en los bloques modulares de
000574 del 8 de septiembre de 20083
atención de empresas
(500 horas
contratadas)
2/2/2009 al
30/8/20096
Instructor en los módulos de atención
000159 del 2 de febrero de 20095
empresas-empresarismo
(720 horas
contratadas)
5/11/2009 al
30/12/20098
Instructor en los módulos de atención
000734 del 5 de noviembre de 20097
a empresas
(140 horas
contratadas)
26/1/2010 al
30/12/201010 Instructor en el curso de comunicación
000126 del 26 de enero de 20109 – ética, en los módulos de atención a
(1290 empresas
contratadas)
28/7/2011 al Instructor en formulación de proyectos
16/12/201112 en los bloques de proyectar el
000873 del 28 de julio de 201111 mercado de acuerdo con el tipo de
(660 horas producto o servicio y características
contratadas) de los consumidores o usuarios
30/1/2012 al
4/7/201214
Instructor en los módulos de
00322 del 30 de enero de 201213
emprendimiento – cooperativismo
(660 horas
contratadas)
6/7/2012 al Instructor en los módulos de
000705 del 6 de julio de 201215
11/11/201216 emprendimiento – cooperativismo

3
Contrato de prestación de servicios 000574 del 8 de septiembre de 2008 y adición suscrita el 27 de
noviembre de 2008 (índice 8 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
4
Certificación expedida el 6 de diciembre de 2019 por el subdirector del Centro de Tecnologías para la
Construcción y la Madera (índice 8 de SAMAI, anexos de la contestación de la demanda).
5
Contrato de prestación de servicios 000159 del 2 de febrero de 2009 y adición suscrita el 25 de junio de
2009 (índice 8 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
6
Aunque en la certificación expedida el 6 de diciembre de 2019 por el subdirector del Centro de Tecnologías
para la Construcción y la Madera se indicó que la ejecución habría terminado el 30 de julio de 2009, lo cierto
es que al proceso se allegó el acta de terminación del contrato, suscrita el 30 de agosto de 2009 (índice 8
de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
7
Contrato de prestación de servicios 000734 del 5 de noviembre de 2009 (índice 8 de SAMAI, anexos de la
demanda y su contestación).
8
Certificación expedida el 6 de diciembre de 2019 por el subdirector del Centro de Tecnologías para la
Construcción y la Madera y acta de terminación del contrato suscrita el 30 de diciembre de 2009 (índice 8
de SAMAI, anexos de la contestación de la demanda).
9
Contrato de prestación de servicios 000126 del 26 de enero de 2010 y adición suscrita el 22 de octubre de
2010 (índice 8 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
10
Aunque en la certificación expedida el 6 de diciembre de 2019 por el subdirector del Centro de Tecnologías
para la Construcción y la Madera se indicó que la ejecución habría terminado el 25 de septiembre de 2010,
lo cierto es que en la adición suscrita el 22 de octubre de 2010 se indicó que «la adición es hasta el 30 de
diciembre de 2010» (índice 8 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
11
Contrato de prestación de servicios 000873 del 28 de julio de 2011 y adición suscrita el 25 de octubre de
2011 (índice 8 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
12
Aunque en la certificación expedida el 6 de diciembre de 2019 por el subdirector del Centro de Tecnologías
para la Construcción y la Madera se indicó que la ejecución habría terminado el 30 de diciembre de 2011,
lo cierto es que al proceso se allegó el acta de terminación del contrato, suscrita el 16 de diciembre de 2011
(índice 8 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
13
Contrato de prestación de servicios 00322 del 30 de enero de 2012 (índice 8 de SAMAI, anexos de la
demanda y su contestación).
14
Aunque en la certificación expedida el 6 de diciembre de 2019 por el subdirector del Centro de Tecnologías
para la Construcción y la Madera se indicó que la ejecución habría terminado el 5 de julio de 2012, lo cierto
es que en el contrato de prestación de servicios 0000322 del 30 de enero de 2012 se indicó que el plazo de
ejecución no podía exceder el 4 de julio de 2012. Adicionalmente, al proceso se allegó el acta de terminación
del contrato, suscrita el 4 de julio de 2012 (índice 8 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
15
Contrato de prestación de servicios 000705 del 6 de julio de 2012 (índice 8 de SAMAI, anexos de la
demanda y su contestación).
16
Aunque en la certificación expedida el 6 de diciembre de 2019 por el subdirector del Centro de Tecnologías
para la Construcción y la Madera se indicó que la ejecución habría terminado el 4 de noviembre de 2012, lo
cierto es que al proceso se allegó el acta de terminación del contrato, suscrita el 11 de noviembre de 2012
(índice 8 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
6
consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00854-01 (3122-2022)
Demandante: Ariel Arvilla Dangond

13/11/2012 al Instructor en los módulos de
001114 del 13 de noviembre de 201217
15/12/201218 emprendimiento – cooperativismo
25/1/2013 al Instructor en el módulo de
002054 del 24 de enero de 201319
16/12/201320 emprendimiento – cooperativismo
Instructor en el área de Gestión de la
22/1/2014 al Propiedad Horizontal que orienta el
001808 del 18 de enero de 201421
12/12/201422 Centro de Tecnologías para la
Construcción y la Madera
Instructor en el área de Gestión de la
26/1/2015 al Propiedad Horizontal que orienta el
001423 del 23 de enero de 201523
19/12/201524 Centro de Tecnologías para la
Construcción y la Madera
Instructor en las áreas que orienta el
11/2/2016 al
002413 del 30 de enero de 201625 Centro de Tecnologías para la
4/8/201626
Construcción y la Madera

37. Adicionalmente, entre las pruebas documentales está la respuesta que
brindó el SENA al requerimiento probatorio ordenado en la audiencia inicial, en
la cual se indicó que en la documentación del accionante no se encontraron
memorandos dirigidos a él, solicitudes de permisos y respuestas a estas ni
planillas de control de ingreso y salida27.

38. Por otro lado, se recibió el testimonio del señor Richard Stuart Malagón
Castañeda28, quien manifestó que el actor laboró como instructor en la Unidad
de Emprendimiento del Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera
del SENA; que el demandante impartía formación según la carga académica que
le asignaban y prestaba asesoría en los planes de negocio que ideaban los
aprendices; que el accionante cumplía sus tareas de lunes a viernes, en horario
que podía ir de 7:00 a. m., a 9:00 p. m., o de 6:00 p. m., a 10:00 p. m; que la

17
Contrato de prestación de servicios 001114 del 13 de noviembre de 2012 (índice 8 de SAMAI, anexos de
la demanda y su contestación).
18
Aunque en la certificación expedida el 6 de diciembre de 2019 por el subdirector del Centro de Tecnologías
para la Construcción y la Madera se indicó que la ejecución habría terminado el 17 de diciembre de 2012,
lo cierto es que en el contrato de prestación de servicios 001114 del 13 de noviembre de 2012 se indicó que
el plazo de ejecución no podía exceder el 15 de diciembre de 2012 (índice 8 de SAMAI, anexos de la
demanda y su contestación).
19
Contrato de prestación de servicios 002054 del 24 de enero de 2013 y adición suscrita el 2 de septiembre
de 2013 (índice 8 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
20
Aunque en la certificación expedida el 6 de diciembre de 2019 por el subdirector del Centro de Tecnologías
para la Construcción y la Madera se indicó que la ejecución habría terminado el 15 de diciembre de 2013,
lo cierto es que al proceso se allegó el acta de terminación del contrato, suscrita el 16 de diciembre de 2013
(índice 8 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
21
Contrato de prestación de servicios 001808 del 18 de enero de 2014 y adición suscrita el 18 de julio de
2014 (índice 8 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
22
Aunque en la certificación expedida el 6 de diciembre de 2019 por el subdirector del Centro de Tecnologías
para la Construcción y la Madera se indicó que la ejecución habría iniciado y terminado el 18 de enero y el
15 de diciembre de 2014, respectivamente, lo cierto es que al proceso se allegó el acta de terminación del
contrato, suscrita el 12 de diciembre de 2014, en la cual se señaló que la ejecución inició el 22 de enero de
2014 (índice 8 de SAMAI, anexos de la demanda y su contestación).
23
Contrato de prestación de servicios 001423 del 23 de enero de 2015 (índice 8 de SAMAI, anexos de la
demanda y su contestación).
24
Aunque en la certificación expedida el 6 de diciembre de 2019 por el subdirector del Centro de Tecnologías
para la Construcción y la Madera se indicó que la ejecución habría iniciado el 23 de enero de 2015, lo cierto
es que al proceso se allegó el acta de terminación del contrato, suscrita el 19 de diciembre de 2015, en la
cual se señaló que la ejecución inició el 26 de enero de 2015 (índice 8 de SAMAI, anexos de la demanda y
su contestación).
25
Contrato de prestación de servicios 002413 del 30 de enero de 2016 (índice 8 de SAMAI, anexos de la
demanda y su contestación).
26
Aunque en la certificación expedida el 6 de diciembre de 2019 por el subdirector del Centro de Tecnologías
para la Construcción y la Madera se indicó que la ejecución del contrato habría iniciado y terminado el 30
de enero de 2016 y el 24 de julio de 2016, lo cierto es que al proceso se allegó el acta de terminación del
contrato, suscrita el 30 de agosto de 2016, en la cual se señaló que la ejecución del contrato inició el 11 de
febrero de 2016 y culminó el 4 de agosto de 2016 (índice 8 de SAMAI, anexos de la demanda y su
contestación).
27
Índice 8 de SAMAI.
28
El testigo manifestó que se vinculó como instructor del SENA en enero de 2010 y compartió con el
demandante desde entonces.
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Demandante: Ariel Arvilla Dangond

vinculación del actor iniciaba en enero y terminaba en diciembre; que el
subdirector misional y el coordinador académico eran los jefes del demandante y
le daban órdenes a través de correos y verbalmente.

39. También expuso que el accionante debía informar al coordinador
académico cuando no podía asistir a clases; que el SENA proveyó elementos
como computadores, tableros y un carné, pero nunca entregó dotación; que
aproximadamente el 20% del personal del área era de planta; que el actor
presentaba reportes académicos y de notas a través del aplicativo Sofía Plus, y
para obtener el pago de los honorarios tenía que rendir un informe por escrito
ante el coordinador; que algunos contratos eran por tiempos o por horas, pero en
este segundo caso comprendían todo el año, pues se prorrogaban cuando las
horas se acababan sin haber terminado la anualidad; y que el actor no tenía un
lugar exclusivo para él dentro de las instalaciones del SENA.

40. De igual manera, se practicó el testimonio de la señora María Patricia
Hernández Ferro29, quien indicó que al demandante le entregaban una
programación mensual o trimestral en la que le señalaban las sedes y los
horarios, y estos últimos podían ser en la mañana, en la tarde o en la noche; que
siempre tuvieron un coordinador; que hacían trabajos en equipo, participaban en
mesas de trabajo y tomaban cursos de actualización en sistemas y metodología
pedagógica; y que no le constaba si el actor había trabajado en otras instituciones
simultáneamente.

41. Asimismo, señaló que este debía informar a la auxiliar del coordinador
académico si se iba a ausentar, y esta misma persona vigilaba el cumplimiento
de los horarios; que diligenciaban una planilla de ingreso y salida de las
instalaciones del SENA; que cuando no acumulaban el número de horas
suficientes para pasar la cuenta de cobro, gestionaban la inscripción de
aprendices en cursos complementarios para completarlas; que no sabía si había
instructores de planta que cumplieran las mismas funciones que el demandante
quien asumía el pago de su seguridad social y debía presentar un formato de
cumplimiento de tareas para obtener el pago de sus honorarios; y que el
accionante no tenía un lugar exclusivo para él dentro de las instalaciones del
SENA.

42. A su turno, el demandante absolvió un interrogatorio e indicó que laboró
como instructor contratista del SENA en el Centro de Tecnologías para la
Construcción y la Madera, y cumplió funciones de formación técnica y tecnológica
en las áreas de emprendimiento, gestión de la propiedad horizontal y formulación
de proyectos; que sus tareas estaban definidas en los contratos, pero a veces
dictaba clases de formación complementaria; que impartía dos (2) cursos todos
los días y su horario iba de 8:00 a. m., a 12:00 m., aunque también en horas de
la noche, de 6:00 p. m., a 10:00 p. m., o de 8:00 a. m., a 5:00 p. m.; que las clases
adicionales (complementarias) eran para cumplir el número de horas señaladas
en los contratos; y que no prestó sus servicios en otras instituciones mientras
laboró para el SENA.

29
La testigo manifestó que se desempeñó como instructora contratista del SENA durante siete (7) años y
que conocía al demandante desde hacía seis (6) años aproximadamente.
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Demandante: Ariel Arvilla Dangond

43. Sumado a lo anterior, precisó que podía retirarse de las instalaciones de
la entidad accionada apenas terminaba sus clases, aunque a veces lo
convocaban a reuniones; que las interrupciones contractuales nunca fueron
superiores a dos (2) meses y, en todo caso, en estos lapsos no tuvo vinculaciones
con el SENA; que cuando terminaban los contratos le daban una certificación y
le indicaban que esperara hasta firmar uno nuevo; que en las instalaciones del
SENA no había oficinas independientes para cada instructor; que el coordinador
académico no le dio instrucciones por fuera de lo contratado; que para ausentarse
de sus funciones tenía que pedir permiso por escrito, pero generalmente se lo
concedían de manera verbal; y que debía presentar informes de ejecución de los
contratos.

44. En ese contexto, quien solicite la declaración de una relación laboral
encubierta debe demostrar la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios en razón a la ejecución de las tareas bajo continuada subordinación; sin
embargo, del análisis integral de las pruebas recaudadas la Sala concluye que el
accionante no acreditó dicho aspecto por las siguientes razones:

45. De entrada, resulta pertinente recordar que la continuada subordinación
denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir
la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias
[…] se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]»30.

46. Ahora bien, en este caso no es posible deducir la inserción del actor en el
círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad demandada, pues en el
expediente no se encuentra prueba alguna de que esta última hubiera realizado
acciones indiciarias de subordinación como llamados de atención, imposición de
reglamentos, emisión de órdenes que determinaran el modo en que se tenían
que adelantar las labores, etc31.

47. Sobre el particular, a pesar de que el señor Richard Stuart Malagón
Castañeda hizo referencia a que el demandante recibía órdenes por parte del
subdirector misional y el coordinador académico, no especificó en qué consistían
ellas, con qué frecuencia se daban, en qué contextos se impartían y, en general,
en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar ello ocurría. Además, el testigo
indicó que estas órdenes se dirigían al actor por correo, pero este último no aportó
ninguna prueba documental que respaldara dicha afirmación o diera cuenta de
esa situación.

48. En el escenario descrito, la presentación de informes periódicos de
ejecución de actividades, el registro de información en el aplicativo Sofía Plus, el
cumplimiento de unos horarios y la asistencia a reuniones de planeación de las

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación
SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, expediente 05001-23-33-000-2013-001143-01 (1317-
2016).
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tareas solo pueden entenderse como manifestación del principio de
coordinación32, mas no de subordinación, pues se trataba de un entendimiento
entre ambas partes para organizar el desarrollo de las actividades y la entrega
del producto convenido, en las condiciones requeridas.

49. Además, aunque la entidad accionada haya facilitado sus instalaciones y
algunos elementos (computadores, tableros, carné, etc.) para la ejecución del
objeto contractual, lo cierto es que las tareas ejecutadas justificaban dicha
coordinación para alcanzar el fin pretendido, es decir, la enseñanza en
condiciones óptimas.

50. Al respecto, esta corporación ha valorado tal circunstancia en distintas
oportunidades33 y ha precisado que la prestación del servicio en la sede de la
entidad, con los implementos que esta provee, no implican necesariamente una
continuada subordinación, pues el contexto puede exigir la realización de las
tareas en ciertas condiciones, sin que pueda hablarse de un control o
direccionamiento de la entidad contratante sobre la actividad del contratista, a tal
punto de que este vea comprometida su autonomía.

51. Por otra parte, el Tribunal destacó que el demandante cumplía las mismas
funciones que los instructores de planta; sin embargo, esta circunstancia no es
suficiente para demostrar la continuada subordinación en la prestación del
servicio. Para la Sala, dicha situación no es extraordinaria debido a que el servicio
de formación a cargo del SENA debe prestarse en condiciones de calidad para
todos los aprendices, lo cual supone similitudes en cuanto a los conocimientos
que se enseñan en una misma área; y la vinculación de los instructores puede
darse de manera legal y reglamentaria o mediante contrato de prestación de
servicios, dentro del marco propio de cada forma, según lo ha precisado esta
corporación recientemente34.

52. De igual manera, la Sala no comparte la apreciación del tribunal en el
sentido de que los instructores del SENA gozan de una presunción de
subordinación en razón a sus funciones. Al respecto, de forma reciente esta
Subsección ha precisado que las actividades de los instructores y de los docentes
oficiales no son asimilables porque los objetivos del SENA y de las instituciones
educativas estatales no son coincidentes, así como tampoco lo es la forma en la
que se ejercen las funciones, lo que se evidencia en la existencia de una
normativa distinta para ellos: mientras que los maestros oficiales se rigen por las
disposiciones de la Ley 115 de 1994, los instructores del SENA están sujetos a
la Ley 119 de 199435.

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 9 de septiembre de 2021, expediente 20001 23 39 000 2016 00062 01 (2794-2019).
33
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de
noviembre de 2003, expediente 17001-23-31-000-1999-00039-01; y Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 17 de marzo de 2022, expediente 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-2019).
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 25 de enero de 2024, expediente 25000-23-42-000-2017-06111-02 (4838-2022).
35
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, i) sentencia del 24 de julio de 2025, expediente 41001-23-33-000-2018-00324-01 (4899-2024); ii) 29 de
mayo de 2025, expediente 17001-23-33-000-2018-00590-01 (4110-2023); y iii) sentencia del 25 de enero
de 2024, expediente 25000-23-42-000-2017-06111-02 (4838-2022).
10
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53. Así pues, el esfuerzo probatorio relevante de cara a demostrar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios y la consecuente
existencia de una relación laboral tiene que apuntar a exponer hechos que
reflejen una continuada subordinación en la ejecución de las tareas; sin embargo,
como la parte demandante no acreditó la ocurrencia de tales supuestos, se
revocará la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones,
incluida la condena en costas.

54. Finalmente, como no se demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio, esto es suficiente para revocar la decisión apelada
incluida la condena en costas.

55. Así las cosas, resulta inane pronunciarse sobre el reparo que planteó la
entidad accionada en torno a la prescripción36.

Condena en costas

56. El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil». Con base en esa regla legal, esta Subsección venía
sosteniendo que, para imponer la condena en costas en vigencia del CPACA, era
necesario realizar una valoración objetiva37 donde el juez, una vez comprobaba
su causación, y sin atender a factores subjetivos como la buena fe o la temeridad
de las partes, podía ordenarlas.

57. No obstante, dicha postura debe adecuarse a lo dispuesto por artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 que adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA, en el
que se introdujo la condena en costas procede cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal, lo que implica
que sea forzoso examinar si los fundamentos vertidos en la actuación procesal
correspondiente se encuentran huérfanos de sustento legal plausible, lo que
acontece, por ejemplo, cuando las normas en que se fundamente la tesis del caso
no sean aplicables o se desconozcan reglas jurídicas pacíficas producto de los
precedentes fijados por esta corporación.

58. En el presente caso, el demandante planteó sus pretensiones con
fundamento en un respaldo legal serio y razonable, por lo que esta Sala se
abstendrá de imponer condena en costas de segunda instancia en su contra.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

36
De acuerdo con el artículo 282 del Código General del Proceso, «[s]i el juez encuentra probada una
excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar
las restantes».
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, expediente
13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
11
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PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 20 de enero de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
incluida la condena en costas de primera instancia. En su lugar,

SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO. Sin condena en costas de primera y segunda instancia.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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