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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06111-02

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06111-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia del veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós (2.022) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que negó las pretensiones de la demanda. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-06111-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de enero de 2024

Radicación: 25000234200020170611102 (4838-2022)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 25000-23-42-000-2017-06111-02 (4838-2022)
Demandante: José Samuel González Contreras
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Tema: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios-Instructor. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós (2.022) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por
medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor José Samuel González Contreras instauró demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
contra del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con el fin de que se acceda a
las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio 2-2017-031614 del 19 de julio de 2017, por
medio del cual el SENA negó el reconocimiento de la existencia de la relación
laboral y el pago de las prestaciones sociales.

A título de restablecimiento del derecho, que se declare que entre él y el SENA
existió una relación laboral subordinada desde el 28 de diciembre de 2001 y el 30
de julio de 2014 y, como consecuencia de lo anterior, la entidad cancele las
prestaciones establecidas en la ley, en las mismas condiciones de los empleados
de planta de la entidad del mismo grado y categoría y la sanción por el no pago
oportuno de las cesantías, en los términos del artículo 2 de la Ley 244 de 1995.

Que se reconozcan los aportes a la seguridad social en salud y pensión que tuvo
que cancelar y ordene el reintegro de los valores que debió asumir el empleador por
esos conceptos. Y, que el tiempo laborado se compute para efectos pensionales,
salvo las interrupciones.
HECHOS

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Radicación: 25000234200020170611102 (4838-2022)

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que prestó sus servicios al SENA como instructor docente desde el 28 de diciembre
de 2001 y el 30 de julio de 2014, en los centros de formación Nororiente de
Cundinamarca, de Gestión y Fortalecimiento Socio Empresarial y de Servicios
Financieros, a través de múltiples órdenes y contratos de prestación de servicios.

Que durante todo el tiempo de vinculación cumplió un horario fijo y diario, recibió
órdenes e instrucciones sobre el modo, tiempo y lugar donde debía desarrollar sus
labores, estuvo subordinado a un jefe inmediato, bien el coordinador académico o
el subdirector del centro de formación y, percibió una remuneración por la labor.

Que el 1 de julio de 2014, previo proceso de selección ingresó a la carrera
administrativa como instructor, grado 12, del SENA y continúa atendiendo las
mismas funciones desempeñadas como contratista.

Que existió una verdadera relación laboral durante el período en que fue contratista
y, por eso, el 29 de junio de 2017, solicitó a la entidad reconocer la existencia del
vínculo laboral y, como consecuencia de lo anterior, el reconocimiento y pago de las
prestaciones laborales y sociales adeudadas. Reclamación que el SENA negó, a
través del Oficio 2-2017-031614 del 19 de julio de la misma anualidad.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del dieciocho (18) de abril de dos mil
dieciocho (2.018) y notificada a la entidad demandada, quien contestó manifestando
que entre las partes no se configuró una relación laboral y que la vinculación a través
de contratos de prestación de servicios profesionales obedeció a la insuficiencia de
los instructores de planta para cumplir con la oferta educativa ofertada y la
variabilidad de esa necesidad en cada periodo académico.

Que no puede ampliar la planta de personal y crear más cargos de instructores,
pues el ordenamiento jurídico exige para ello la demostración de la carga de trabajo
y, en el caso, dicha situación es variable y periódica, depende de los cursos que se
convoquen, los programas requeridos y el lapso de la formación, que puede ser por
tres meses, extenderse en ese tiempo o suspenderse. De esta manera, acude a la
contratación autorizada en el artículo 4 del Decreto 2400 de 1968.

Que no existió continuidad en la vinculación, que la vigencia de los contratos fue
temporal, por un plazo convenido a la terminación de la gestión encomendada. Que
tampoco hay subordinación, pues el simple hecho de cumplir con un horario o la
supervisión contractual no conlleva automáticamente a la configuración de ese
elemento, sino que muestran una relación de coordinación entre las partes y el
cumplimiento de las estipulaciones pactadas para la satisfacción del objetivo;
además, el establecimiento previo de contenidos, objetivos y metodologías
responde a la función del SENA relativa a la enseñanza y capacitación académica
y a los tipos y niveles de educación que ofrece.

Que los coordinadores académicos no son superiores jerárquicos o jefes de los
contratistas, su función está encaminada a facilitar el desarrollo de la labor de los
instructores y el proceso de formación integral de los estudiantes, de esta forma, no
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puede concluirse que existe una relación subordinada o de dependencia.

Que las interrupciones y las cláusulas de los contratos hacen presumir que su
calidad de contratista no puede ni debe alterarse, para no incurrir en la aplicación
de una ficción contra legem.

Propuso como excepción, la prescripción y, en ese sentido, solicitó analizar ese
fenómeno de manera independiente en cada contrato, porque entre varios de ellos
existió una interrupción de más de quince días. Además, la caducidad del medio de
control.

Se celebró audiencia inicial el siete (7) de noviembre de dos mil dieciocho (2.018),
en la que se declaró no probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad
demandada; luego, en atención a la decisión del once (11) de febrero de dos mil
veintiuno (2.021), a través de la cual esta corporación confirmó la decisión, el
veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno (2.021) se reanudó la diligencia, se fijó
el litigio, se agotó la etapa conciliatoria, se decretaron pruebas y se programó la
audiencia para su práctica. Surtido el periodo probatorio se dio traslado a las partes
para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del
término oportuno por el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia del veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós (2.022), negó
las pretensiones, considerando que estaban probados dos de los elementos de la
relación laboral, la prestación personal del servicio y la remuneración; más no así
que el demandante haya cumplido la intensidad horaria fijada en el Decreto 249 del
28 de enero de 2004 y, de esta manera, la falta de autonomía e independencia en
la ejecución de la labor.

Explicó que solo tendría en cuenta para el estudio del cumplimiento de la jornada
laboral por parte del demandante los tiempos contenidos en los contratos de
prestación de servicios aportados y, no así, la información de las certificaciones del
17 y 18 de enero de 2011, 9 de agosto de 2017 y 15 de junio de 2018 expedidas
por la entidad demandada, al no constituir plena prueba de los aspectos básicos de
la ejecución del contrato.

Que las órdenes de trabajo de 2001, 2002 y la 59 de 2004 no contenían información
sobre el tiempo en el que fueron ejecutadas y, en ese orden, era difícil establecer si
el actor en esas anualidades cumplió con la exigencia de cuarenta y dos horas y
media semanales definida para los instructores de planta, en el Decreto 249 del 28
de enero de 2004. Por su parte, en las órdenes 352 de 2004, 000105 y 000214 de
2005 si bien se pactó un número de horas de prestación superior a las laboradas
por el personal de la entidad, no podían definirse los extremos temporales del
servicio y, de esta forma, considerarse para entender cumplida la jornada de trabajo.

Que los contratos suscritos por las partes hasta 2012 incluían el número de horas
ejecutadas en cada uno de los periodos y evidenciaban que el demandante prestó
la labor de instrucción en una intensidad horaria inferior a la asignada a los
funcionarios de planta del SENA, razón por la cual no podía inferirse la existencia
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de la relación laboral. Finalmente, que frente a los contratos suscritos desde junio
de 2012 a 2014, en los cuales, si bien se acordó una duración en meses y días, era
aplicable el requisito de prestación de 42.5 horas semanales, no se allegó ninguna
evidencia o reporte de ejecución de ese supuesto.

Que la declaración de parte y los testimonios recaudados en el proceso, analizados
a partir de las reglas de la sana crítica, tampoco demostraban fehacientemente que
cumplió su labor de manera dependiente o subordinada, resultando a penas lógico
que las horas de formación a impartir eran acordadas por las partes, dependiendo
del calendario académico y a la oferta de aprendices dentro y fuera de las
instalaciones de la entidad.

Por lo anterior, negó las pretensiones invocadas.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación expresando que se
desconoció el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional respecto a que la labor docente es subordinada. Que la naturaleza
de las actividades que atendió en el SENA se enmarca en la docencia, pues la
función de la instrucción se orienta a una formación integral, profesional y laboral y,
de este modo, debía entenderse que existió una relación laboral dependiente y
subordinada.

Que se acogió un criterio formalista y limitó su estudio al cumplimiento de la jornada
de trabajo en condiciones exactas a las de los funcionarios de planta, pero no
analizó los demás criterios, en especial el objeto contractual y la naturaleza de la
prestación. Que las pruebas documentales y testimoniales daban cuenta de que fue
instructor del SENA, prestó sus servicios de manera personal, cumplió un horario,
estuvo obligado a reportar la información académica en el software de gestión de la
entidad y a cambio de ello recibió una remuneración y, por tanto, que se configuró
un vínculo laboral, sin que tales situaciones hayan sido analizadas en la sentencia
apelada.

Que se restó valor probatorio a los contratos y certificaciones aportadas, a partir de
las cuales podían establecerse los extremos temporales de las órdenes de trabajo
y los plazos de ejecución. Que no podía considerarse como único indicio de la
configuración de la relación laboral encubierta el cumplimiento de un horario, porque
ese es apenas uno de los elementos definidos por la jurisprudencia contenciosa
administrativa para ello.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto del veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintidós (2.022), se admitió
el recurso de apelación interpuesto y, al no haber pruebas que decretar, no se hizo
necesario otorgar el término de traslado para alegar de conformidad con lo
establecido en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
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CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala deberá determinar si bajo la apariencia de contratos de prestación de
servicios existió un vínculo laboral entre las partes y como consecuencia de ello, si
la parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
dejadas de percibir con ocasión de esa relación.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la relación
contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad si entre el
actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de prestación de
servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la que procede a
analizarse.

La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia o
subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el elemento
de la remuneración.

Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación laboral
ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la sentencia
C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa claramente
las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, dice al
respecto:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure
se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo.

En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente
desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el
elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad
de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son
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bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias
y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como
por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en
el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada,
así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones
sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación
de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del
contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas para
resaltar).

De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al
pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.

Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:

«2.3.3.2. Subordinación continuada

102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de
trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.2

103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha
considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que
permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:
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104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado
por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo,
ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por
lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.

105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en
el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia
de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.

106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de
reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,3 la
dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de
los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de
manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así,
cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje
de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los
elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona
que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada
se enmarca en el objeto misional de la entidad.

108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades
o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de
abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la
práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el
objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación
de servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con
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un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con
la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para
ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral.

(…)

3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993.

131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, es
esencialmente temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se
suscriben con personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en
el tiempo.

132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo
necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto
al principio de planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la
elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues
es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que
justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».

133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución de
los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones imprevistas que
exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo estimado, ab initio,
como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede resultar insuficiente. En
cualquier caso, las mismas razones que en su momento justificaron la
planeación del contrato inicial y la suscripción de los contratos modificatorios
del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en los mencionados estudios
previos.

134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a
cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan,
sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral como son: una actividad personal, un salario y la subordinación. Así lo
ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado en varias oportunidades:

“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los
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servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir
esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un
contrato de prestación de servicios.

42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto
administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se
prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal
del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii)
remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda
configurar un contrato de trabajo.»1.

Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación por
parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su calidad, tales
como las prestaciones sociales.

Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

Resolución al caso concreto

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer:

Que el demandante prestó sus servicios al SENA, mediante diferentes contratos,
los cuales para mayor claridad se relacionan en el siguiente cuadro:

N.º de Duración o plazo2 Objeto Valor
orden o
contrato
1459 de Inicio labor: 31 de Prestación de servicios como docente $ 2.124.000
2001 diciembre de 2001, para dictar la asignatura de
suspensión entre el 1 y contabilidad 60 horas, al curso de
el 16 de enero de 2002. secretariado auxiliar contable del
Reanudación: 17 de municipio de Chía; contabilidad general
enero de 2002 I, 120 horas, al curso de técnico
profesional en contabilidad y finanzas
de Chía.
Total de horas: 180 horas
742 de Prestación de servicios como docente $ 3.846.800
2002 para dictar la asignatura de practica
empresarial, contabilidad II, tributaria I,
tributaria II, presupuesto I, presupuesto
II, costos I, en los municipios de Chía y
Nemocón.
Total de horas: 326.
760 de Prestación de servicios como docente $ 5.793.800
2002 para dictar las asignaturas de
legislación laboral, lógica y teoría de
conjuntos, contabilidad I, contabilidad
II, fundamentos matemáticos,

1 Sentencia del 28 de octubre 2021.Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
2 Es de anotar que las fechas aquí relacionadas fueron extraídas de los contratos de prestación de servicios y

de las actas de inicio y de liquidación allegadas al proceso, que obran en el cuaderno principal.
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Radicación: 25000234200020170611102 (4838-2022)

introducción al derecho en los
municipios de Chía, Ubaté y Nemocón.
Total de horas: 491.
1168 de 27 de diciembre de Prestación de servicios profesionales, $2.466.000
2002 2002 a 15 de abril de impartiendo horas de formación
20033 profesional integral.
ESPECIFICACIONES: 60 horas
presupuesto y 60 horas análisis
financieros en Nemocón. 60 horas de
costos en Chía.
Total de horas: 180.
59 sin año Hasta septiembre de Prestación de servicios profesionales, $ 4.856.400
2004 impartiendo horas de formación
profesional integral.
CANTIDAD. ESPECÍFICACIONES:
Impartir formación profesional integral
en contabilidad, en la zona de
influencia del centro.
Total de horas: 342
352 del 6 2.5 meses Prestación de servicios personales $ 7.220.768
de octubre impartiendo 580 horas de formación
de 2004 profesional integral, de acuerdo con el
horario de cada grupo en los bloques
modulares de contabilidad (400 en
Usaquén y 180 en Fontibón) en el
Centro de Atención a Bogotá.
672 del 27 4 meses Prestación de servicios personales, $ 4.207.764
de impartiendo 300 horas de formación
diciembre profesional integral de acuerdo con el
de 2004 horario de cada grupo, en los bloques
modulares de Cap. Gestión Contable y
Financiera
69 del 3 de 2 meses Prestación de servicios personales, $ 2.664.917
mayo de impartiendo 190 horas de formación en
2005 contabilidad y seguimiento, en la sede
de Usaquén.
105 del 5 2 meses Prestación de servicios personales, $ 9.116.822
de agosto impartiendo 650 horas de formación en
de 2005 contabilización de los recursos de
operación, inversión y financiación
(Onassis y Usaquén) y seguimiento en
el Centro de Atención de Bogotá.
214 del 4 2.5 meses Prestación de servicios personales, $ 9.301.056
de octubre impartiendo 600 horas de formación en
de 2005 paquetes contables (330 horas),
contabilidad de los recursos de
operaciones, inversión y financiación
(270 horas), en el Centro de Atención
de Bogotá.
0318 del 28 6 meses Prestación de servicios de formación $ 9.164.512
de profesional integral, impartiendo 560
diciembre (Inicio: 23 ene horas, de acuerdo con el horario de
de 2005 finalización: 3 ago de clases de cada grupo, en el aérea de
2007) Est. Operaciones de caja y servicios en
almacenes de cadena y en contabilidad
de los recursos de operaciones,
inversión y financiación.
38 del 14 5 meses Prestación de servicios de formación $ 7.172.000
de julio de profesional integral, impartiendo 440
2006 (Inicio: 18 jul horas, en el programa de contabilidad.
finalización: 26 dic
2006)

3 Según plazo de ejecución definido en la Orden de Prestación de Servicios Independientes que obra en el f.

40 del expediente.
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94 del 16 4 meses Prestación de servicios de formación $ 2.119.000
de agosto profesional integral, impartiendo 130
de 2006 (Inicio: 1 Sep horas en el programa de gestión
finalización: 20 dic contable y financiera, en los bloques
2006) modulares de contabilización de los
recursos de operación, inversión y
financiación.
096 del 16 7 meses Prestación de servicios de formación $ 2.282.000
de agosto profesional integral, impartiendo 140
de 2006 (Inicio: 1 sep; horas, en el programa de operaciones
suspensión: 20 dic; de caja y servicios en almacenes de
reanudación: 24 enero cadena, en los bloques modulares de
2007 almacenamiento de objetos del Centro
finalización: 28 feb de Atención de Bogotá.
2007)
211 del 28 6 meses Prestación de servicios de formación $ 10.399.400
de profesional integral, impartiendo 638
diciembre (Inicio: 12 feb horas, en el programa de análisis
de 2006 finalización: 3 ago de contable y financiero (articulación), en
2007) los bloques modulares de
establecimiento de las variaciones
presupuestales, recomendación de
ajustes a procedimientos y normas,
diagnóstico financiero del Centro de
Atención de Bogotá.
155 del 25 4 meses Impartir 500 horas de formación $ 8.557.500
abril de profesional en el programa de técnico
2007 (Inicio: 3 may profesional en gestión contable,
finalización: 30 sep de bloques modulares de evaluación de
2007) proyectos, contabilización recursos
financieros de operación, preparación
de los estados financieros, auditoría y
control interno, diagnóstico financiero.
0189 del 23 6 meses Prestación de servicios de formación $ 6.401.010
de julio de profesional integral, impartiendo 374
2007 (Inicio: 25 jul; horas, en el programa de
finalización: 8 oct de contabilización de los recursos de
2007) inversión, operación y financiación.
267 del 11 3 meses Prestación de servicios de formación $ 3.508.575
de octubre profesional integral, impartiendo 205
de 2007 (Inicio: 22 oct; horas, en el programa de TP gestión
finalización: 10 ene de contable y financiera, en el bloque
2008) modular de preparación y presentación
de los estados financieros.
334 del 6 2 meses y medio Prestación de servicios prestando 300 $ 5.134.500
de horas en el programa de técnico
septiembre (Inicio: 10 sep; profesional en gestión contable de los
de 2007 finalización: 30 dic de bloques contabilización y preparación
2007) de estados financieros.
116 del 11 9 meses Prestación de servicios impartiendo $ 16.173.000
de febrero 900 horas en el programa de técnico
de 2008 (Inicio: 12 feb; profesional en gestión contable de los
finalización: 11 ago de bloques de contabilización de los
2008) recursos financieros de operaciones de
inversión / preparación y presentación
de estados financieros.
415 del 15 4 meses Prestación de servicios impartiendo $ 8.985.000
de agosto 500 horas en el programa de técnico
de 2008 (Inicio: 15 ago; profesional de gestión contable y
finalización: 22 de dic financiera de los bloques
de 2008) contabilización de los recursos de
operación financiera / preparación y
evaluación de los estados financieros.
617 del 28 1 mes y 20 días Prestación de servicios impartiendo $ 4.258.890
de octubre 237 horas en el programa de técnico
de 2008 profesional de gestión contable y
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(Inicio:29 oct; financiera de los bloques
finalización: 22 de dic contabilización de los recursos de
de 2008) operación financiera.
005 del 21 6 meses Prestación de servicios impartiendo $ 19.040.400
de enero 984 horas, en el programa de técnico
de 2009 (Inicio: 22 ene; profesional en gestión contable y
finalización: 10 ago de financiera, tecnólogo en contabilidad y
2009) finanzas de los bloques de
contabilización de las operaciones
básicas y de inventarios, clasificación y
registro de la información.
580 del 27 5 meses Prestación de servicios impartiendo $ 6.811.200
de julio de 352 horas, en el programa de
2009 (Inicio: 28 jul; contabilidad e impuestos.
finalización: 9 de dic de
2009)

214 del 25 10 meses Prestación de servicios de carácter $ 24.874.500
de enero temporal para impartir 1.236 horas en
de 2010 (Inicio: 26 ene; el programa de finanzas, contabilidad e
finalización: 22 dic de impuestos.
2010)
127 del 9 5 meses Prestación de servicios de carácter $ 12.874.800
de febrero temporal para impartir 600 horas en el
de 2011 (Inicio: 9 feb; programa de finanzas, contabilidad e
finalización: 17 jun de impuestos, en los módulos en finanzas,
2011) contabilidad e impuestos.
638 del 11 5 meses y 10 días Prestación de servicios de carácter $ 14.333.944
de julio de temporal para impartir 668 horas en el
2011 (Inicio: 11 de jul; programa de contabilidad, finanzas e
finalización: 16 dic de impuestos, en el tecnólogo en
2011) contabilidad y finanzas.
094 del 19 5 meses y 10 días, sin Prestar los servicios profesionales de $ 13.794.000
de enero exceder el 4 de julio de carácter temporal, para impartir 660
de 2012 2012 horas en el tecnólogo en contabilidad y
finanzas, para desarrollar formación en
(Inicio: 25 de ene; contabilidad, finanzas e impuestos.
finalización: 10 de jul de
2012)
1121 del 9 5 meses y 15 días Prestar los servicios profesionales de $ 16.456.000
de julio de carácter temporal, para desarrollar las
2012 (Inicio: 12 jul; competencias de definir los objetivos
finalización: 7 dic 2012) financieros de acuerdo con las políticas
organizacionales, establecer las
desviaciones de la programación frente
a la ejecución del plan financiero y
determinar los recursos financieros de
acuerdo con el plan de acción de la
organización.
1245 del 22 10 meses y 15 días, sin Prestar los servicios profesionales de $ 32.358.480
de enero exceder el 16 de carácter temporal para impartir
de 2013 diciembre de 2013. formación en el programa de
contabilidad y finanzas.
(Inicio: 23 de ene de
2013; Suspensión: 23
jun – 30jul;
Reanudación: 2 de jul;
Finalización:6 dic de
2013)
1356 del 17 7 meses y 15 días Prestar los servicios personales de $ 23.806.500
de enero carácter temporal para impartir
de 2014 (Inicio: 20 enero de formación asociada a las competencias
2014) en los programas de tecnólogos en
contabilidad y finanzas y/o gestión
financiera y de tesorería y/o tributaria.

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De dichos contratos se puede evidenciar el acuerdo de voluntades tendiente a
obtener la prestación de un servicio a cambio de una remuneración y, que, los
contratos se suscribieron por el señor José Samuel González Contreras y la entidad
demandada entre el 31 de diciembre de 2001 y el 20 de enero de 2014.

La Subsección encuentra, en primer lugar, que le asiste razón al demandante en
cuanto al desacuerdo expuesto en el recurso de apelación, relativo a que el
cumplimiento de una jornada laboral no es el único indicativo que debe considerarse
para analizar la existencia de la relación laboral, porque, en los contratos de
prestación de servicios, el establecimiento de un horario puede surgir como
parámetro natural y lógico de la coordinación necesaria para llevar a buen término
el objeto pactado. Además, el cumplimiento de aquel, por sí mismo, no es suficiente
para demostrar una dependencia o subordinación, esto es, que debe ir acompañada
de otros elementos probatorios que permitan acreditar la configuración de tal
situación.

En el presente asunto, se tiene que existió una prestación personal del servicio,
pues el SENA contrató al demandante con el propósito de que aquel desarrollara
formación en varias áreas, en su mayoría contables y financieras, de acuerdo con
su formación profesional y, como contraprestación de la labor se pactó el pago de
unos valores específicos.

Así, es claro que el señor González Contreras atendió la labor de manera personal
y que se pactó una remuneración; sin embargo, no ocurre lo mismo con el elemento
de la subordinación, pues las pruebas aportadas son insuficientes para verificar
dicha circunstancia, como pasará a explicarse.

En efecto, se evidencia que, a partir de las órdenes y contratos de prestación de
servicios, únicos documentos allegados al proceso, no es posible extraer con un
mínimo grado de certeza que se le exigiera al demandante que ejecutara el objeto
contractual con unas condiciones de tiempo y modo impuestas por la entidad y, en
tal sentido, no se demostró que el SENA hubiera ejercido una imposición decisiva
sobre la manera en la que debía desarrollar sus actividades, más allá de las
instrucciones que se le impartieron en los contratos.

Además, dentro de las obligaciones definidas en los contratos estaban
comprendidas la presentación de informes mensuales y soportes de ejecución de
actividades, el reporte y utilización de aplicativos de gestión del centro de formación,
entre otras, las cuales estuvieron encaminadas a satisfacer la intencionalidad
contractual, sin que se demuestren componentes adicionales o diferentes a los
necesarios para la ejecución efectiva de la labor.

Igualmente, en cuanto a las actividades a cargo del demandante, tampoco existe
evidencia que demuestre que la contratante influyó de manera decisiva en la
ejecución de estas. A partir de los documentos contractuales allegados, se tiene
que el actor fue contratado por el SENA, en diferentes años, con el fin de prestar
sus servicios como instructor en áreas relacionadas con la contabilidad, finanzas,
gestión financiera, tributación e inventarios, en diversos cursos cortos o programas
dirigidos a una población específica en el Distrito Capital y en varios municipios de
Cundinamarca, con el objeto de atender sus programas misionales de formación.

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Sin embargo, no se probó que al contratista se le haya impuesto la forma en que
debía dictar cada programa o que el contenido o ejes temáticos de los diferentes
cursos de formación haya obedecido exclusivamente a las directrices de la entidad.
Adicionalmente, la diferencia en los objetos contractuales antes descritos desdibuja
la permanencia en una sola actividad por parte del demandante y, de esta forma,
uno de los indicios del encubrimiento de una relación laboral.

Tampoco obran en el expediente documentos u otro material probatorio que dé
cuenta que el demandante tuviese que adecuarse de manera irrestricta al horario
que impartiera la entidad, por el contrario, las probanzas dan cuenta de que la
contratación se definió por un número determinado de horas de formación o
instrucción, según el módulo o curso a impartir, sin establecer, por regla general,
plazos máximos para ello.

De otra parte, se considera, que el interrogatorio absuelto por el señor José Samuel
González Contreras y los testimonios rendidos por Clara Inés Quevedo García y
Héctor Gonzalo Romero Rey, tampoco dan cuenta de la existencia de una relación
subordinada.

En ese sentido, el demandante afirmó que estuvo vinculado como instructor del
SENA, en los centros de formación de Chía y Bogotá y, en el desarrollo de esa
actividad, debía cumplir con un horario asignado por la entidad, que, unas veces era
de lunes a viernes y, otras, los fines de semana, en la jornada de la mañana o de la
tarde o en ambas. Que debía desplazarse a ciertos municipios y, durante el tiempo
en que desempeñó su labor, conoció a instructores vinculados a la planta de
personal de la entidad y otros contratistas que desempeñaban las mismas
funciones.

Que el contenido que debía enseñar era determinado por la contratante y solo era
autónomo en la metodología empleada para esa formación. Que los contratos de
prestación de servicios suscritos fueron sucesivos y que, si bien existieron algunas
interrupciones, estas coincidían con la finalización del año.

Por su lado, la primera testigo indicó que laboraba en la entidad como instructora y,
compartió con el señor José Samuel González Contreras en la sede de Kennedy y
en la de la 65, pero no recordaba los años. Que su vinculación inicialmente fue a
través de contratos de prestación de servicios y, posteriormente, ingresó a la carrera
administrativa del SENA, pero no había sentido ningún cambio, porque debía
ejecutar las mismas funciones.

Que los contratistas recibían unos lineamientos y horarios de obligatorio
cumplimiento y, al inicio de cada año, la entidad impartía unas instrucciones
generales e iguales que las de los empleados de carrera; además, les facilitaba
algunas herramientas, tales como los equipos de cómputo, pero debían comprar las
batas y los marcadores empleados en la instrucción. Que recibían órdenes del
supervisor del contrato o el coordinador académico y presentaban un informe y una
cuenta de cobro para el pago de los honorarios.

Que los contratos eran continuos, algunos pactados por horas de instrucción y otros
por periodos fijo o tiempo determinado, presentándose interrupciones en diciembre.

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El señor Héctor Gonzalo Romero Rey afirmó que conoció al demandante en el 2012
en el Centro de Servicios Financieros y, que, al igual que aquel, inicialmente, prestó
sus servicios como contratista y, posteriormente, se vinculó a la carrera
administrativa a través un concurso.

Que como contratistas tenían un horario programado a través de unas fichas, en la
mañana, tarde o noche de lunes a viernes o los fines de semana; que eran
indagados sobre la disponibilidad de tiempo en unas planillas y, generalmente, la
asignación de la jornada de formación atendía esos espacios. Que desempeñaban
las mismas funciones que los empleados de planta, su labor se ceñía al objeto
contractual y debían presentar informes mensuales para el pago de los honorarios.

En suma, los testigos manifestaron, de manera general, que el demandante fue
contratista del SENA; pero, no precisaron los extremos temporales de tal vinculación
ni las áreas de formación en que se desempeñó. Igualmente, aunque ambos
declarantes hicieron referencia al cumplimiento de horario por parte de los
instructores contratistas de la entidad, no puntualizaron si el señor José Samuel
González Contreras estaba obligado a desarrollar sus labores en una jornada
determinada por el SENA ni cuál era el horario específico, en caso de que tuviera
uno. Igual, no se refirieron, en particular, a las condiciones en las que
presuntamente se presentó una relación de carácter laboral, ni mucho menos cuáles
eran las actividades u órdenes que se le imponían al demandante que
desnaturalizaban el contrato de prestación de servicios.

Por último, en lo que atañe al ejercicio de la actividad como docente y la
configuración del elemento de la subordinación derivada de ese supuesto, para esta
Sala no puede equiparse la actividad ejecutada por el demandante, descrita en los
objetos contractuales de los contratos de prestación de servicios suscritos con el
SENA, a la desarrollada por los educadores contratados en instituciones educativas
oficiales, quienes sí están regidos en su función por distintos estamentos que
imponen las condiciones de tiempo, modo y lugar en la prestación del servicio, como
lo ha expresado esa corporación en otras oportunidades 4, dada la actividad principal
y específica desarrollada por aquellos.

Así, debe precisarse que la demandada ofrece programas de formación en sus
líneas técnicas y tecnológicas específicas y, también desarrolla otro tipo de
formación, la cual se adecua a las necesidades sobrevivientes de los grupos
sociales de interés, cuya atención gestiona conforme los requerimientos de la
comunidad, como es el caso de los cursos o capacitaciones temporales o
esporádicos. Luego, conforme lo ha expresado esta Subsección en otras
oportunidades5, la vinculación de instructores, por ser indispensable para la
ejecución de su objeto principal, puede darse a través de una relación legal y
reglamentaria o, mediante contrato de prestación de servicios, pues ello ha sido
permitido y reglamentado por el Estatuto General de Contratación y los manuales
de funciones y circulares expedidos por el SENA.

4 Sobre el tema, la sentencia proferida el 20 de enero de 2022 por la Sección Segunda Subsección A del

Consejo de Estado, rad 2014- 00331
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 11 de marzo de 2021, expediente 2016-

00214, y del 7 de julio de 2022, expediente 2018-00033.
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En atención a lo expuesto, la Sala considera que en el proceso no está demostrada
la subordinación alegada en el recurso de apelación que aquí se estudia, por lo que
se confirmará la decisión recurrida, por las razones expuestas antes.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley
1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del recurso
de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal que dé
lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte demandante en su escrito
expuso argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia del veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós
(2.022) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, que negó las pretensiones de la demanda.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
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Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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