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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00410-01

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00410-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 11 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia al señor Ramiro David Álvarez González, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2021-00410-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00410-01 (6677-2024)
Demandante: Ramiro David Álvarez González
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia y niega las
pretensiones porque el demandante no demostró la
continuada subordinación en la prestación del servicio

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada
contra la sentencia de primera instancia del 11 de julio de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del oficio
08-2-2020-000859 de 17 de febrero de 2020, mediante el cual el SENA negó el
reconocimiento de la relación laboral encubierta en su calidad de instructor en el
área de formación del programa de articulación con la media del Centro para el
Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) pagar a su favor las
prestaciones sociales causadas1, los aportes a seguridad social y la
indemnización moratoria generada desde que finalizó el vínculo laboral; ii) que
se reintegren las sumas de dinero que por retención en la fuente el SENA
descontó al demandante; iii) que se condene a la entidad demandada al pago de
todas las acreencias laborales probadas en el proceso; y iv) se condene en
costas y agencias en derecho a la entidad.

3. Como hechos relevantes, indicó que laboró desde marzo de 2016 hasta el
31 de diciembre de 2019 en el SENA Regional Atlántico, en el cargo de instructor
en el área de formación del programa de articulación con la media del centro para
el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial.

1
Cesantías, intereses sobre las cesantías, primas de servicios, prima de navidad, vacaciones no
remuneradas, prima de vacaciones, auxilio de transporte, y vestuario.

1
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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00410-01 (6677-2024)
Demandante: Ramiro David Álvarez González

4. Como concepto de violación argumentó que los actos acusados
infringieron normas superiores2 e incurrieron en falsa motivación, teniendo en
cuenta que prestó un servicio personal para el SENA, de manera subordinada y
a cambio de una remuneración, con lo cual se configuró una verdadera relación
de trabajo.

Contestación de la demanda

5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones afirmando que la
vinculación del actor se dio mediante contratos de prestación de servicios y no a
través de una relación laboral, en tanto no existió subordinación.

6. Sostuvo que el plazo de ejecución de cada contrato fue pactado
únicamente por el tiempo estrictamente necesario para la ejecución de las
labores contratadas, y que entre cada uno de ellos existieron extensos periodos
sin vínculo contractual alguno con la entidad.

7. En ese contexto, propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de
la relación laboral, buena fe, cobro de lo debido y la genérica.

Sentencia apelada

8. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
mediante la sentencia proferida el 11 de julio de 2024, en la que declaró la
existencia de una relación laboral entre el señor Ramiro David Álvarez González
y la entidad demandada, comprendida entre el 1 de marzo de 2016 y el 8 de
diciembre de 2019.

9. En la providencia precisó que el demandante impartía formación
académica en áreas agropecuarias y agroindustriales, actividad que desarrollaba
bajo la orientación del Coordinador de Formación Profesional del Centro para el
Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial, sin contar con autonomía para ejecutar
las obligaciones contractuales de manera independiente.

10. Señaló que las partes celebraron contratos de prestación de servicios de
forma sucesiva que fueron prorrogados frecuentemente, circunstancia que
evidencia la permanencia de la vinculación y desvirtúa su carácter esporádico.

11. Agregó que los testimonios de Juan Manuel de la Hoz Sarmiento y Carlos
Enrique Charris Romero, quienes laboraron en el SENA durante el mismo
periodo, acreditan que el señor Álvarez González cumplía horarios, prestaba sus
servicios bajo la dirección de un coordinador, carecía de autonomía en la toma
de decisiones y desarrollaba funciones propias de un instructor, como la
formación de aprendices en áreas agroindustriales. Tales elementos, a su juicio,
son demostrativos de la existencia de subordinación y dependencia.

12. En cuanto a la excepción de prescripción, estableció que la solicitud de
reconocimiento de la relación laboral fue radicada el 6 de febrero de 2020 y que

2
Artículos 1,2,3,6,13,25,53,122,123,125 de la Constitución Política; Decretos 1335 de 1968;1848
de 1969;1042 de 1978; Ley 80 de 1993; Ley 115 de 1994; Ley 1197 de 1994; Decretos 1424 de
1998; 1426 de 1998; y CPACA.
2
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Demandante: Ramiro David Álvarez González

el último contrato de prestación de servicios finalizó el 8 de diciembre de 2019,
por lo cual no se configuró dicho fenómeno.

13. En relación con la devolución de los aportes al sistema de seguridad social,
el Tribunal precisó que, conforme a lo señalado por el Consejo de Estado3, el
reconocimiento de aportes pensionales exige verificar, mes a mes, la diferencia
entre los valores que debieron ser cotizados y los efectivamente aportados. En
esa medida, la entidad solo debe asumir el porcentaje a su cargo como
empleador durante los periodos en que se ejecutaron los contratos.

14. En relación con la sanción moratoria derivada del pago tardío de las
cesantías, concluyó que no era procedente su imposición, dado que el derecho
a dicha prestación solo surge a partir de la declaratoria judicial de existencia de
la relación laboral, mediante sentencia de naturaleza constitutiva.

15. Finalmente, el Tribunal se abstuvo de imponer condena en costas.

Recurso de apelación

16. Inconforme con la decisión de primera instancia, la entidad demandada
interpuso recurso de apelación, argumentando que no se configuró una relación
laboral entre las partes, en la medida en que no se acreditó el elemento de
subordinación.

17. Adicionalmente sostuvo que el Tribunal omitió considerar las
interrupciones existentes entre los contratos 0498 de 2016, 0874 de 2017 y 1060
de 2018, cuyas pausas contractuales superan los cuarenta (40) días hábiles.

18. Por otra parte, alegó que los testimonios rendidos en el proceso carecen
de la contundencia necesaria para sustentar una condena contra el SENA, y que
además no se valoró adecuadamente la prueba que desvirtúa la existencia de
una relación laboral subordinada; e inclusive no se tuvo en cuenta que el señor
Juan Manuel de la Hoz adelanta un proceso similar en contra de la entidad, por
lo que se debe considerar como un testigo sospechoso.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

19. Mediante auto del 19 de febrero de 2025, se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida en
primera instancia.

20. El demandante presentó alegatos de conclusión en sede de segunda
instancia, en los que sostuvo que se encuentra acreditada la existencia de una
relación laboral entre las partes; que la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 9 de septiembre de 2021 flexibilizó el término de 30 días para
demandar el reconocimiento del vínculo laboral; y que existió subordinación por
parte del SENA, toda vez que las funciones desempeñadas por el actor consistían
en impartir formación académica.

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 20
de mayo de 2021, radicación: 17001-23-33-000-2015-00153-01(5767-18).
3
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Demandante: Ramiro David Álvarez González

21. El Ministerio Público rindió concepto en el cual solicitó revocar la sentencia
de primera instancia, por cuanto las pruebas documentales y testimoniales
allegadas al proceso no permiten tener por acreditada la existencia de la relación
laboral alegada por el actor.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

23. La Sala debe definir si se demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio o no, a fin de establecer si se debe confirmar, revocar o
modificar la sentencia de primera instancia.

Análisis del problema jurídico

24. La Sala revocará la decisión apelada porque las pruebas que obran en el
expediente no permiten acreditar la continuada subordinación durante la
ejecución de los objetos contractuales.

25. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
destacar que el demandante se desempeñó como instructor en el área de
formación del programa de articulación del centro de desarrollo Agroecológico y
Agroindustrial del SENA, vinculado a través de contratos de prestación de
servicios, así:

Contrato u orden de
Plazo o duración Objeto
servicios
Contratar servicios temporales de 1 persona natural
para realizar acciones de formación en las
1 de marzo al 30 de especialidades de preservación de recursos naturales,
0498 de 20164
noviembre de 2016 para la ejecución de la formación del programa de
articulación con la media del Centro para el Desarrollo
Agroecológico y Agroindustrial.
Contratar servicios temporales de 1 persona natural
para realizar acciones de formación en las
1 de febrero al 30
especialidades de preservación de recursos naturales,
0874 de 20175 de noviembre de
para la ejecución de la formación del programa de
2017
articulación con la media del Centro para el Desarrollo
Agroecológico y Agroindustrial.
Contratar servicios temporales de 1 persona natural
para realizar acciones de formación en las
26 de enero a 4 de especialidades de preservación de recursos naturales,
1060 de 20186
diciembre de 2018 para la ejecución de la formación del programa de
articulación con la media del Centro para el Desarrollo
Agroecológico y Agroindustrial.
Contratar servicios temporales de 1 persona natural
11 de febrero a 8 de
1127 de 20197 para realizar acciones de formación en las
diciembre de 2019
especialidades de preservación de recursos naturales,

4
Índice 2. Folio 11 a 15. Archivo 001Demanda
5
Índice 2. Folio 16 a 20. Ibidem
6
Índice 2. Folio 21 a 26. Ibidem
7
Índice 2. Folio 27 a 33. Ibidem
4
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Demandante: Ramiro David Álvarez González

para la ejecución de la formación del programa de
articulación con la media del Centro para el Desarrollo
Agroecológico y Agroindustrial.

26. En primera instancia se recibieron los testimonios de los señores Juan
Manuel de la Hoz Sarmiento y Carlos Enrique Charris Romero, declaraciones de
las cuales se destaca lo siguiente:

i) El señor Juan Manuel de la Hoz Sarmiento declaró que conoce al actor
desde el año 2016, época en la que ambos se desempeñaban como
instructores del SENA en el área agrícola, vinculados mediante contratos
de prestación de servicios. Señaló que desarrollaban sus actividades en
los colegios del municipio, en el marco de un programa implementado por
el SENA en instituciones educativas oficiales.

Indicó que el horario de trabajo era asignado directamente por el SENA,
de lunes a viernes, asistía en ocasiones el mismo día a dos instituciones
educativas y que las instrucciones eran impartidas por el coordinador del
programa, funcionario vinculado a la planta de personal de la entidad.
Añadió que las ausencias debían ser reportadas y que, en caso de
incumplimientos, se realizaban llamados de atención verbales.

Manifestó, además, que los instructores de planta ejecutaban las mismas
funciones que el personal contratado por prestación de servicios.
Finalmente, afirmó que los elementos de trabajo eran suministrados por el
SENA y que los contratistas debían asistir a las reuniones convocadas por
la entidad.

ii) El señor Carlos Enrique Charris Romero declaró que fue compañero del
actor en el SENA durante un período de tres años. Precisó que el
demandante se desempeñaba como instructor y que impartía formación
especializada en los colegios, en el marco de un programa desarrollado
por la entidad.

Agregó que el horario del demandante variaba según la actividad
desarrollada, e incluso dictaba clases los sábados para cumplir con las
horas estipuladas en el contrato, las cuales quedaban registradas en la
plataforma Sofiaplus.

Asimismo, indicó que el SENA proporcionaba un proyecto formativo que
servía de base para la elaboración de las guías de trabajo, dado que la
entidad realizaba auditorías para verificar su cumplimiento.

Finalmente, señaló que la asistencia a las reuniones era verificada
mediante planillas de control y que los instructores debían cumplir
rigurosamente con el horario establecido.

27. En ese contexto, la Sala advierte que quien solicite la declaración de una
relación laboral encubierta debe demostrar la desnaturalización de los contratos
de prestación de servicios en razón a la ejecución de las tareas bajo continuada
subordinación; sin embargo, del análisis integral de las pruebas recaudadas se
concluye que el accionante no acreditó dicho aspecto por las siguientes razones:
5
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Demandante: Ramiro David Álvarez González

28. De entrada, resulta pertinente recordar que la continuada subordinación
denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir
la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias
[…] se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]»8.

29. Ahora bien, en este caso no es posible deducir la inserción del actor en el
círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad demandada, pues en el
expediente no se encuentra prueba alguna de que esta última hubiera realizado
acciones que permitan de manera categórica concluir que se presentó el
elemento de la continuada subordinación como llamados de atención, imposición
de reglamentos y de regímenes disciplinarios o correctivos, emisión de órdenes
que determinaran el modo en que se tenían que adelantar las labores, etc9.

30. Sobre el particular, a pesar de que los señores Juan Manuel de la Hoz
Sarmiento y Carlos Enrique Charris Romero señalaron que el coordinador del
contrato le impartía órdenes al demandante, precisaron que se trataba de la
asignación de cursos, horario y coordinación con los colegios adscritos al
programa, aspectos que no implicaban la continuada subordinación, ya que no
desdibujaban la autonomía con que el accionante podía cumplir las actividades
de instrucción.

31. En igual sentido, la presentación de informes periódicos de ejecución de
actividades, la observancia de unos horarios, el seguimiento del diseño curricular
y la asistencia a reuniones de planeación de las tareas solo pueden entenderse
como manifestación del principio de coordinación10, y no necesariamente de
subordinación, pues se trataba de un entendimiento entre ambas partes para
organizar el desarrollo de los quehaceres y la entrega del producto convenido,
en las condiciones requeridas.

32. Si bien uno de los testigos manifestó que el demandante cumplía las
mismas funciones que los instructores de planta, esta circunstancia no es
suficiente para demostrar la continuada subordinación. Para la Sala, dicha
situación no es extraordinaria debido a que el servicio de formación a cargo del
SENA debe prestarse en condiciones de calidad para todos los aprendices, lo
cual supone similitudes en cuanto a los conocimientos que se enseñan en una
misma área.

33. Por otra parte, el Tribunal señaló que la contratación por prestación de
servicios de los instructores del SENA resulta irregular debido a que esa labor
corresponde al objeto misional de dicha entidad; no obstante, esta corporación

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de
Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, expediente 05001-23-33-000-2013-
001143-01 (1317-2016).
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 9 de septiembre de 2021, expediente 20001 23 39 000 2016 00062 01 (2794-2019).
6
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ha precisado que la vinculación puede darse de manera legal y reglamentaria o
mediante contrato de prestación de servicios, dentro del marco propio de cada
forma11.

34. Así pues, el esfuerzo probatorio relevante de cara a demostrar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios y la consecuente
existencia de una relación laboral tiene que apuntar a exponer hechos que
reflejen una continuada subordinación en la ejecución de las tareas; sin embargo,
como la parte demandante no acreditó la ocurrencia de tales supuestos, se
revocará la sentencia de primera instancia y se negarán las pretensiones.

35. Por último, en la medida en que no se demostró la existencia de una
relación laboral encubierta entre las partes procesales, resulta inane
pronunciarse sobre los argumentos ligados al término de solución de continuidad
y el fenómeno prescriptivo, los cuales fueron planteados en los recursos de
apelación.

La condena en costas de primera y segunda instancia

36. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

37. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

38. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

39. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se revocará la sentencia
apelada, incluida la decisión que allí se adoptó sobre las costas de primera
instancia, se impondrán costas a la parte demandante en ambas instancias, por
cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso de apelación interpuesto
por la entidad accionada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 25 de enero de 2024, expediente 25000-23-42-000-2017-06111-02 (4838-2022).
7
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Demandante: Ramiro David Álvarez González

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 11 de julio de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A. En su lugar, NEGAR las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia al señor
Ramiro David Álvarez González, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo del Atlántico.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.186 del CPACA.

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