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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2018-00990-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00990-01

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00990-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 22 de julio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a la señora Linda Cristina Roa Gómez, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico. 11 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 08001-23-33-000-2018-00990-01 (4499-2021) Demandante: Linda Cristina Roa Gómez TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2018-00990-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00990-01 (4499-2021)
Demandante: Linda Cristina Roa Gómez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia y niega las
pretensiones porque la demandante no demostró la
continuada subordinación en la prestación del servicio

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada
contra la sentencia de primera instancia del 22 de julio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del
Oficio 2-2018-000368 del 9 de marzo de 2018, expedido por la entidad accionada,
por medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación
laboral desde el 11 de marzo de 2009 hasta el 11 de diciembre de 2013 y el pago
de las prestaciones consecuentes, lapso durante el cual se desempeñó como
instructora de ética, resolución de conflictos y transformación del entorno.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) pagar a su favor una
indemnización equivalente a las prestaciones sociales que devengan los
instructores vinculados al SENA tomando como base el valor del último contrato,
más la diferencia salarial que hay con el escalafón docente; ii) reconocer las
prestaciones sociales a las que tenía derecho1; iii) pagar la indemnización
moratoria que prevé la Ley 244 de 1995 y la «indemnización correspondiente al
contrato realidad»; iv) devolver los valores que le fueron descontados por
concepto de retención en la fuente y aportes a salud y pensión; v) indexar las
sumas que se concedan; vi) liquidar los intereses moratorios a que haya lugar; y
vii) condenar en costas a la parte demandada.

3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió
normas superiores2, teniendo en cuenta que se desempeñó como instructora del
SENA bajo continuada subordinación laboral y técnica, ya que desarrolló sus
actividades con los elementos locativos y de trabajo que le proveyó dicha entidad,

1
Cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicio, vacaciones y demás primas que prevé la ley.
2
Artículos 1, 2, 13, 25, 53, 93, 122, 123 y 125 de la Constitución Política; 32 (numeral 3) de la
Ley 80 de 1993; 1518 (parágrafo 3), 1519, 1523 y 1741 del Código Civil; 85 y 170 del «CCA»; y
Leyes 244 de 1995 y «715 de 20» (sic).

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Demandante: Linda Cristina Roa Gómez

dentro de una jornada específica y de acuerdo con las directrices que le impartían
los coordinadores y/o directores regionales.

Contestación de la demanda

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que la
demandante estuvo vinculada a través de contratos de prestación de servicios,
mas no mediante una relación legal y reglamentaria o contrato de trabajo.

5. Indicó que los objetos contractuales estaban relacionados con la
administración y funcionamiento del SENA y podían variar según los
requerimientos de formación de la población externa, razón por la cual había
interrupciones durante semanas y meses.

6. Adujo que no existió subordinación, sino una actividad de coordinación
entre la función del SENA y el servicio contratado, dado que la actora tenía
autonomía para ejecutar la labor convenida y solo debía demostrar el
cumplimiento de las tareas.

7. Señaló que las visitas de verificación corresponden a la supervisión de los
contratos; y que para impartir la formación se tenían que coordinar los tiempos y
espacios para que los aprendices asistieran.

8. Argumentó que se configuró la prescripción extintiva (trienal) de los
derechos pretendidos, toda vez que la ejecución del último contrato terminó el 11
de diciembre de 2013 y la reclamación administrativa se promovió el 27 de
febrero de 2018.

9. Resaltó que la demandante no estaba sujeta a ningún régimen disciplinario
o de responsabilidad de los servidores públicos ni cumplía un horario de trabajo,
ya que este último nunca se pactó, de tal manera que no está probada la
subordinación o dependencia.

10. En ese contexto, propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de
la relación laboral y de la obligación consecuente, buena fe, cobro de lo no debido
y la genérica.

11. Cuestionó la credibilidad e imparcialidad de las testigos Mariela del
Socorro Acosta Barrios y Liliana Mercedes Hernández Cortes, ya que también
presentaron demandas contra el SENA.

Sentencia apelada

12. Mediante sentencia del 22 de julio de 2021, el Tribunal declaró la nulidad
del acto acusado y le ordenó a la entidad accionada pagar los aportes a pensión
que debía efectuar como empleadora de la demandante entre el 10 de marzo de
2009 y el 11 de diciembre de 2013, de manera indexada, en caso de que existan
diferencias frente a las cotizaciones realizadas por esta última como contratista.

13. Declaró que el tiempo de servicio se debe computar para efectos
pensionales; denegó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y
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demás emolumentos solicitados en la demanda, respecto de los cuales se
configuró la prescripción extintiva; y decidió no imponer condena en costas
porque no observó que estas se hubieran causado.

14. Determinó que la accionante prestó un servicio de manera personal a favor
de la entidad demandada, pues se desempeñó como instructora vinculada a
través de varios contratos cuya ejecución no tuvo interrupciones considerables,
labor por la cual recibió una remuneración.

15. Afirmó que la función de los instructores del SENA equivale a la de los
docentes, aunque en programas de educación no formal.

16. Consideró que la continuada subordinación hacia la accionante está
acreditada con el cumplimiento de tareas y horarios de trabajo propios del SENA,
más la ejecución de funciones iguales a las de los instructores de planta y la
entrega de reportes a un superior.

17. Destacó que la demandante no cumplió sus funciones de manera
transitoria o esporádica, sino prolongada en el tiempo, conforme a los turnos
asignados por los coordinadores académicos y los planes docentes definidos por
la entidad.

18. Frente a los testimonios que fueron tachados por la entidad accionada,
indicó que la información relatada encuentra respaldo en los documentos
aportados al proceso, los cuales dan cuenta de que el SENA convocaba a la
demandante a reuniones obligatorias y le requería el cumplimiento de las metas
propuestas.

19. En cuanto a la prescripción extintiva, expuso que el último vínculo
contractual entre la actora y el SENA finalizó el 11 de diciembre de 2013, por lo
que la reclamación administrativa se promovió de manera extemporánea el 27 de
febrero de 2018; sin embargo, los aportes pensionales son imprescriptibles.

Recurso de apelación

20. Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de
apelación argumentando que la demandante no fue vinculada como docente,
sino como instructora contratista, condiciones que no se pueden asimilar porque
la primera está regulada por el Ministerio de Educación y en ella está implícita la
subordinación, mientras que en la segunda se tiene independencia y no hay
sujeción jerárquica al Ministerio del Trabajo al cual está adscrito el SENA.

21. Sostuvo que la relación contractual con la demandante no fue continua,
pues hubo interrupciones de semanas y meses; y que el cumplimiento de horarios
y de ciertas actividades orientadas por el SENA no suponen automáticamente la
continuada subordinación, teniendo en cuenta que debe existir coordinación en
la ejecución de los contratos y la entidad tiene que asegurar la calidad y los
resultados deseados.

22. Planteó que el desempeño de funciones parecidas a las de los empleados
de planta no significa que estas se desarrollen de forma dependiente y
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subordinada; sin embargo, no hay prueba de que las tareas del personal
contratista sean iguales a las de aquellos.

23. Señaló que la información brindada por las testigos Liliana Hernández
Cortés, Yaneth Cabrera Olivera y Mariela del Socorro Acosta no demuestra que
se haya desbordado la relación de coordinación entre las partes contratantes, ya
que la actora tenía autonomía para fijar las condiciones en que prestaba el
servicio.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

24. Por auto del 10 de marzo de 2022 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

25. La parte actora no se pronunció sobre la alzada y el Ministerio Público no
rindió concepto en esta fase procesal.

26. Mediante auto del 27 de octubre de 2022 se decretaron pruebas para
mejor proveer, relacionadas con los estudios previos de los contratos de
prestación de servicios, requerimiento que fue atendido por la entidad accionada
y de la respuesta se corrió traslado a los sujetos procesales, quienes guardaron
silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

27. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

28. La Sala debe definir si se demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio o no, a fin de establecer si se debe confirmar, revocar o
modificar la sentencia de primera instancia.

Análisis del problema jurídico

29. La Sala revocará la decisión apelada porque las pruebas que obran en el
expediente no permiten acreditar la continuada subordinación durante la
ejecución de los objetos contractuales.

30. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
destacar que la demandante se desempeñó como instructora de ética, resolución
de conflictos y transformación del entorno en los programas de poblaciones
desplazadas, especiales y vulnerables en el SENA, vinculada a través de
contratos de prestación de servicios, así:

Contrato de prestación de servicios Plazo o duración Objeto

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Demandante: Linda Cristina Roa Gómez

11/3/2009 al Instructora en el Módulo de Población
0-0303 del 9 de marzo de 20093
30/12/20094 Desplazada
Instructora en el Área de Servicios
0416 del 25 de enero de 2010 y 26/1/2010 al
Administrativos para el Programa de
modificación5 25/7/20106
Población Vulnerable
Instructora en el Área de
2/2/2011 al Comercialización para capacitación en el
0270 del 2 de febrero de 20117
30/6/20118 Programa de Población Especial del
Centro de Comercio y Servicios
Instructora en el Área de Ética y
0959 del 19 de julio de 2011, adición y 21/7/2011 al Transformación del Entorno, para el
prórroga9 20/12/201110 Programa de Poblaciones Vulnerables
del Centro de Comercio y Servicios
Instructora en el Área de Ética y
7/3/2012 al Transformación del Entorno al Programa
0444 del 6 de marzo de 201211
30/6/201212 de Desplazados del Centro de Comercio
y Servicios
Instructora en el Área de Ética y
Transformación del Entorno, Manejo y
19/7/2012 al
1130 del 19 de julio de 201213 Solución de Conflictos, Proyecto de Vida
15/12/2012
al Programa de Desplazados del Centro
de Comercio y Servicios
Instructora en el Área de Ética y
Transformación del Entorno, Manejo y
0970 del 14 de febrero de 2013, adición, 15/2/2013 al Solución de Conflictos, Proyecto de Vida
prórroga y modificación14 11/12/201315 para los grupos del Programa de
Población en Situación de
Desplazamiento

31. En primera instancia se recibieron los testimonios de las señoras Liliana
Mercedes Hernández Cortés, Yaneth Cabrera Olivera y Mariela del Socorro
Acosta Barros, de los cuales se destaca lo siguiente:

i) La señora Liliana Mercedes Hernández Cortés relató que fungió como
coordinadora del programa de poblaciones vulnerables de la Regional
Atlántico del SENA desde 2009 hasta 2017, condición en virtud de la cual
lideró y organizó las actividades misionales de dicho programa y tuvo
contacto directo con la actora desde 2009 hasta 2011, a quien le dirigía
directrices para que desarrollara sus tareas; que la demandante impartía
formación sobre ética, resolución de conflictos y transformación del
entorno y cumplía las orientaciones que se le daban a través de correos y

3
Contrato de prestación de servicios 0-0303 del 9 de marzo de 2009 y acta de liquidación del 14 de octubre
de 2009 (índice 1 de SAMAI, expediente digital, anexos de la demanda y su contestación).
4
Acta de inicio del 11 de marzo de 2009 y certificación 0270-2020 del 30 de noviembre de 2020, expedida
por la subdirectora del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Atlántico del SENA (índice 1 de
SAMAI, expediente digital)
5
Contrato de prestación de servicios 0416 de 2010 y acta de modificación del 30 de julio de 2010 (índice 1
de SAMAI, expediente digital, anexos de la demanda y su contestación).
6
Certificación 0270-2020 del 30 de noviembre de 2020, expedida por la subdirectora del Centro de Comercio
y Servicios de la Regional Atlántico del SENA (índice 1 de SAMAI, expediente digital).
7
Contrato de prestación de servicios 0270 de 2011 (índice 1 de SAMAI, expediente digital, anexos de la
demanda y su contestación).
8
Certificación 0270-2020 del 30 de noviembre de 2020, expedida por la subdirectora del Centro de Comercio
y Servicios de la Regional Atlántico del SENA (índice 1 de SAMAI, expediente digital).
9
Contrato de prestación de servicios 0959 del 19 de julio de 2011 y adición del 22 de noviembre de 2011
(índice 1 de SAMAI, expediente digital, anexos de la demanda y su contestación).
10
Certificación 0270-2020 del 30 de noviembre de 2020, expedida por la subdirectora del Centro de
Comercio y Servicios de la Regional Atlántico del SENA (índice 1 de SAMAI, expediente digital).
11
Contrato de prestación de servicios 0444 de 2012 (índice 1 de SAMAI, expediente digital, anexos de la
demanda y su contestación).
12
Certificación 0270-2020 del 30 de noviembre de 2020, expedida por la subdirectora del Centro de
Comercio y Servicios de la Regional Atlántico del SENA (índice 1 de SAMAI, expediente digital).
13
Contrato de prestación de servicios 1130 del 19 de julio de 2012 (índice 1 de SAMAI, expediente digital,
anexos de la demanda y su contestación).
14
Contrato de prestación de servicios 0970 del 14 de febrero de 2013 y acta de adición, prorroga y
modificación (índice 1 de SAMAI, expediente digital, anexos de la demanda y su contestación).
15
Acta de terminación y liquidación del 9 de diciembre de 2013 y certificación 0270-2020 del 30 de noviembre
de 2020, expedida por la subdirectora del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Atlántico del SENA
(índice 1 de SAMAI, expediente digital).
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en reuniones; que la entidad accionada le entregaba a la actora los grupos
de personas a formar, las instrucciones y guías y los horarios que debía
cumplir; y que la demandante tenía que evaluar a los aprendices, reportar
las competencias que estos adquirían, registrar las calificaciones, rendir
informes y presentar actas.

Agregó que los instructores no eran autónomos para escoger los grupos a
formar ni para escribir los lineamientos o tecnicismos; que laboró con la
actora hasta 2013 o 2014 y esta última no trabajaba en otros lugares
mientras se desempeñó como instructora; que había tres (3) formas de
corroborar el cumplimiento de los contratos, a saber: con llamadas a los
aprendices, con los formatos de evaluación y asistencia y con visitas a los
lugares en que se impartía la formación; y que ella (la testigo) presentó
demanda en contra del SENA por razones similares a las de la accionante.

También precisó que la actora no recibió llamados de atención porque esta
cumplía sus tareas cabalmente y de manera idónea; que no fue
supervisora de los contratos de prestación de servicios que suscribió la
accionante; que la mayoría de los instructores del grupo de poblaciones
vulnerables eran contratistas y solo había uno (1) o dos (2) de planta, y
que estos últimos solían ser designados para formaciones técnicas largas
y no iban a lugares retirados a cumplir sus deberes, como sí lo hacían los
contratistas.

ii) La señora Yaneth Cabrera Olivera informó que laboró como instructora de
cocina y manipulación de alimentos en el SENA desde 2008 hasta 2015 y
tiene un proceso judicial en curso contra dicha entidad por motivos
similares a los de la actora, a quien conoce porque fueron compañeras en
el programa de poblaciones vulnerables desde 2009; que la demandante
impartía formación en ética del entorno y resolución de conflictos a ciertos
grupos y luego ella (la testigo) recibía a esos mismos aprendices para
enseñarles sobre cocina; y que ambas coincidían en las reuniones de
Coordinación (en las que debían presentar informes), en la apertura de
cursos, en los cierres de jornadas (a las cuales llevaban la relación de
asistencia de los aprendices e informaban cómo les había ido a estos
últimos) y en las capacitaciones.

Adicionó que la coordinadora del programa les impartía las directrices
sobre lo que iban a hacer y en qué lugares debían brindar la formación;
que el cumplimiento de los contratos se constataba a través de visitas del
coordinador o de su delegado; que la Coordinación les proveía las aulas,
los estándares de formación y los grupos de aprendices; que el SENA les
impartía cursos de ética y formación a los instructores, quienes debían
tomarlos para continuar desarrollando sus tareas; que los instructores no
podían ir el día y a la hora que quisieran, pues cumplían un horario que
era asignado por la Coordinación, que en el caso particular de ella (la
testigo) era «de 8 a 12 y de 2 a 6».

Indicó que a ella (la testigo) no le hicieron llamados de atención, pero a
otras personas sí, principalmente cuando la población se quejaba; que
recibían capacitaciones casi mensualmente sobre el manejo del aplicativo
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Sofía Plus, ética y pedagogía, las cuales eran obligatorias, so pena de que
no los contrataran nuevamente; que la entidad accionada les entregaba
los formatos para impartir las formaciones, los cuales tenían que seguir o
de lo contrario les llamaban la atención; que la actora formaba a
poblaciones difíciles como «reinsertados de la guerrilla y muchachos
pandilleros», por lo que debía acudir a los lugares en las noches «de 6 a
9» y acompañada por la Policía; y que el horario de «ellos» era cambiante
según el tipo de población a instruir, de modo que no era como un «horario
de oficina» como sí lo tenían los instructores de planta, que era «de 8 a 12
del día y de 2 a 6 o 5:30 p. m.».

iii) La señora Mariela del Socorro Acosta Barros informó que laboró en el
SENA como instructora de ética, resolución de conflictos y proyecto de
vida con poblaciones desplazadas y vulnerables desde el 13 de marzo de
2007 hasta el 30 de diciembre de 2014 y presentó una demanda contra
esa entidad reclamando sus derechos; que la actora fue instructora en
igual área, cumplía horarios y estaba en constante capacitación por parte
del SENA; que Liliana Hernández era la líder de ambas, pero quien las
dirigía era Mónica Vargas; que le ayudó a la demandante a iniciar sus
clases en 2009, cuando se conocieron, y desde entonces trabajaron
mucho tiempo juntas con poblaciones desplazadas y vulnerables.

Señaló que a través de la líder les decían dónde tenían que impartir la
formación, qué horarios debían cumplir y a qué se estaban
comprometiendo; que asistían a capacitaciones obligatorias sobre
pedagogía, emprendimiento y salud ocupacional para poder continuar
como instructoras; que tenían una supervisora que verificaba el
cumplimiento de sus tareas mediante llamadas, visitas a los lugares donde
estaban brindando la formación o a través del aplicativo Sofía Plus, en el
cual hacían seguimiento a la inscripción, matriculación y aprobación de los
aprendices.

Frente a la pregunta acerca de cómo preparaban las clases que impartían,
la testigo aclaró que tenían una guía de trabajo que le presentaban a su
líder al inicio de cada programa y esta la aprobaba si estaba acorde con lo
que debían impartir, y que ella (la testigo) «se reunía con todos los
instructores de ética y elabora[ban] la guía y esa guía la supervisaba la
persona que estaba al frente y después de eso todos los instructores del
SENA lleva[ban] la misma guía, hací[an] la misma metodología y la
supervisaba la persona que estaba al frente de la población desplazada o
vulnerable».

Precisó que no recuerda que a la demandante le hubieran realizado
llamados de atención; que esta última debía presentar informes a Mónica
Vargas con quien coordinaba sus actividades, aunque esta no era la
supervisora, pues realmente lo eran los coordinadores y el director del
SENA.

Ante el cuestionamiento sobre las órdenes que recibía la actora, la testigo
refirió que Mónica Vargas le decía «bueno, Linda, tú vas a estar, digamos,
en Soledad o vas a estar, digamos, en cualquier parte, o sea, le daba los
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cursos, le entregaba el paquete, muchas veces con la población
desplazada es más difícil trabajar que con la población vulnerable,
entonces ella le decía tienes que irte a la ‘UAO’16 de Barranquilla o a la
‘UAO’ de Soledad a conseguir los cursos y [a] nosotros allá directamente
nos daban un permiso en la ‘UAO’ y nosotros nos dirigíamos [a] los propios
desplazados y nosotros mismos armábamos las bolsas para los
cursos…luego ella decía ¿consiguieron los cursos Mariela y Linda? Sí,
bueno, ahora ustedes tienen que inscribir a esos estudiantes para ver si
no están cruzados en Sofía Plus, para ver si ellos están bien, si están
libres, que no están haciendo otro curso, que puedan matricularse».

Indicó que la accionante estuvo sin trabajar entre julio de 2010 y finales de
enero de 2011, y luego ingresó nuevamente al SENA en febrero o marzo
de 2011.

32. En ese contexto, la Sala advierte que quien solicite la declaración de una
relación laboral encubierta debe demostrar la desnaturalización de los contratos
de prestación de servicios en razón a la ejecución de las tareas bajo continuada
subordinación; sin embargo, del análisis integral de las pruebas recaudadas se
concluye que la accionante no acreditó dicho aspecto por las siguientes razones:

33. La entidad accionada no cuestionó la sentencia de primera instancia en
tanto encontró probada la prestación personal del servicio y la remuneración,
razón por la cual la Sala no se pronunciará al respecto, teniendo en cuenta los
límites que prevén los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso en
torno a la competencia de la autoridad judicial de segunda instancia. En todo
caso, tales elementos están suficientemente acreditados con las pruebas
documentales y testimoniales recaudadas.

34. Así las cosas, la Sala se limitará a analizar si la parte actora demostró la
continuada subordinación durante los períodos en que se desempeñó como
instructora de la entidad accionada o no, pues a ese aspecto queda circunscrito
el debate propuesto en la apelación.

35. Una vez precisado lo anterior, resulta pertinente recordar que la
continuada subordinación denota el «poder jurídico permanente de que es titular
el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la
expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo
relativo a la manera como este debe realizar las funciones y cumplir con las
obligaciones que le son propias […] se destaca dentro del elemento de
subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la actividad
laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre
este […]»17.

36. Ahora bien, en este caso no es posible deducir la inserción de la actora en
el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad demandada, pues en el
expediente no se encuentra prueba alguna de que esta última hubiera realizado
acciones que permitan de manera categórica concluir que se presentó el

16
Al parecer, la testigo hacía referencia a la Unidad de Atención y Orientación a Víctimas.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
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Demandante: Linda Cristina Roa Gómez

elemento de la continuada subordinación como llamados de atención, imposición
de reglamentos y de regímenes disciplinarios o correctivos, emisión de órdenes
que determinaran el modo en que se tenían que adelantar las labores, etc18.

37. Sobre el particular, las tres (3) testigos precisaron que la entidad
accionada no le hizo llamados de atención a la demandante o que por lo menos
no recuerdan que esta haya recibido alguno, de tal manera que la referencia
general a que los instructores contratistas podían estar sujetos a llamados de
atención no se presentó en el caso particular de la actora.

38. Adicionalmente, aunque la señora Liliana Mercedes Hernández Cortés
indicó que le impartía directrices a la demandante, dada su condición de
coordinadora del programa de poblaciones vulnerables de la Regional Atlántico
del SENA desde 2009 hasta 2017, no estableció en qué consistieron, más allá
del cumplimiento del horario y de los cronogramas, por lo que la generalidad de
su relato impide establecer si esas instrucciones comprometían la autonomía de
la demandante en tanto determinaban el modo en que esta desarrollaba sus
actividades.

39. En igual sentido, la señora Mariela del Socorro Acosta Barros mencionó
qué órdenes recibía la accionante de parte de su coordinadora y señaló que esta
le indicaba a qué grupo de aprendices debía impartir la instrucción y en qué
lugares y momentos tenía que hacerlo, instrucciones que no desdibujaban la
autonomía que tenía la demandante como contratista, sino que se trataba de una
coordinación entre esta y la entidad contratante a fin de lograr el cumplimiento de
los objetos de los contratos de prestación de servicios.

40. En este punto vale la pena resaltar que, según el relato de la señora Acosta
Barros, los instructores de ética, como lo fue la demandante, elaboraban una guía
que les permitía construir la metodología con la cual impartían la formación a su
cargo, la cual era aprobada por «la persona que estaba al frente», lo cual permite
considerar que, si bien el SENA determinaba los lineamientos generales y los
temas que se debían enseñar a los aprendices, los instructores podían definir el
método con el cual llevaban el conocimiento a sus estudiantes, lo cual refleja la
autonomía de la cual gozaba la demandante en cuanto al modo en que cumplía
sus tareas.

41. Asimismo, la Sala considera que la presentación de informes periódicos
de ejecución de actividades, el registro de información en el aplicativo Sofía Plus,
la observancia de unos horarios y la asistencia a reuniones solo pueden
entenderse como manifestación del principio de coordinación19, mas no de
subordinación, pues se trataba de un entendimiento entre ambas partes para
organizar el desarrollo de los quehaceres y la entrega del producto convenido.

42. Además, si bien la entidad accionada pudo haber facilitado las aulas o
lugares en los que se impartía la formación, lo cierto es que las tareas ejecutadas
justificaban dicha coordinación para alcanzar el fin pretendido, es decir, la

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación
SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, expediente 05001-23-33-000-2013-001143-01 (1317-
2016).
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 9 de septiembre de 2021, expediente 20001 23 39 000 2016 00062 01 (2794-2019).
9
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enseñanza óptima. Esta corporación ha valorado tal circunstancia en distintas
oportunidades20 y ha precisado que la prestación del servicio en la sede de la
entidad, con los implementos que esta provee, no implican necesariamente una
continuada subordinación, pues el contexto puede exigir la realización de las
tareas en ciertas condiciones, sin que pueda hablarse de un control o
direccionamiento de la entidad contratante sobre la actividad del contratista, a tal
punto de que este vea comprometida su autonomía.

43. De igual manera, aunque las testigos indicaron que el SENA le asignaba
los grupos de aprendices a la actora, la declaración de la señora Mariela del
Socorro Acosta Barros permite entrever que ello no era así, o que por lo menos
no lo era todas las veces, puesto que los instructores a veces asistían a algunos
lugares riesgosos a «reclutar» aprendices para luego empezar el programa. En
todo caso, en uno u otro evento, la asignación de grupos de aprendices tampoco
demuestra la continuada subordinación en la prestación del servicio, ya que este
hecho no indica que la demandante fue despojada de su autonomía en el
cumplimiento de sus actividades; por el contrario, según el testimonio de la
señora Acosta Barros, la actora era autónoma para definir la metodología con la
cual impartía la formación a sus estudiantes, en tanto los instructores en conjunto
elaboraban una guía para esos efectos, como se expuso.

44. La Sala considera que las capacitaciones que pudo haber recibido la
demandante sobre ética, emprendimiento, pedagogía y manejo del aplicativo
Sofía Plus tampoco acreditan la continuada subordinación durante la prestación
del servicio. Esta situación debe entenderse como una forma en que la entidad
contratante aseguraba que la enseñanza que se impartía a los aprendices
cumpliera con ciertos estándares de calidad, lo cual tampoco determinaba el
modo en que la accionante realizaba la formación.

45. Por último, el Tribunal señaló que la labor de los instructores del SENA es
equiparable a la que desarrollan los docentes oficiales, la cual se ejecuta en
condiciones de subordinación; sin embargo, de forma reciente esta Subsección
ha precisado que las actividades de los instructores y de los docentes oficiales
no son asimilables porque los objetivos del SENA y de las instituciones
educativas estatales no son coincidentes, así como tampoco lo es la forma en la
que se ejercen las funciones, lo que se evidencia en la existencia de una
normativa distinta para ellos: mientras que los maestros oficiales se rigen por las
disposiciones de la Ley 115 de 1994, los instructores del SENA están sujetos a
la Ley 119 de 199421.

46. Así pues, el esfuerzo probatorio relevante de cara a demostrar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios y la consecuente
existencia de una relación laboral tiene que apuntar a exponer hechos que
reflejen una continuada subordinación en la ejecución de las tareas; sin embargo,

20
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de
noviembre de 2003, expediente 17001-23-31-000-1999-00039-01; y Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 17 de marzo de 2022, expediente 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-2019).
21
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, i) sentencia del 21 de agosto de 2025, expediente 17001-23-33-000-2018-00634-01 (3839-2022); ii)
sentencia del 8 de agosto de 2025, expediente 25000-23-42-000-2019-00854-01 (3122-2022); iii) sentencia
del 24 de julio de 2025, expediente 41001-23-33-000-2018-00324-01 (4899-2024); iv) 29 de mayo de 2025,
expediente 17001-23-33-000-2018-00590-01 (4110-2023); y v) sentencia del 25 de enero de 2024,
expediente 25000-23-42-000-2017-06111-02 (4838-2022).
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como la parte demandante no acreditó la ocurrencia de tales supuestos, se
revocará la sentencia de primera instancia y se negarán las pretensiones.

La condena en costas de primera y segunda instancia

47. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

48. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

49. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

50. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se revocará la sentencia
apelada, incluida la decisión que allí se adoptó sobre las costas de primera
instancia, se impondrán costas a la parte demandante en ambas instancias, por
cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso de apelación interpuesto
por la entidad accionada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 22 de julio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C. En su lugar, NEGAR las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a la señora
Linda Cristina Roa Gómez, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje. Para tal
efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico.

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TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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