Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00250-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2018-00250-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00250-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2018-00250-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00250-01 (2164-2024)
Demandante: Yorgelis Rivera Urueta
Demandado: ESE Hospital Río Grande de la Magdalena de Magangué
(Bolívar)
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia porque la
demandante no demostró la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 27 de abril de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión n.° 003.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del
Oficio del 1.° de noviembre de 2017 expedido por la entidad accionada, por medio
del cual se negó el reconocimiento de la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios desde el 1.° de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre
de 2014 y el pago de las prestaciones consecuentes, lapso durante el cual se
desempeñó como bacterióloga.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) declarar la existencia del
vínculo de trabajo durante el tiempo mencionado; ii) pagar a su favor las
diferencias salariales, los sueldos adeudados, las cesantías y los intereses sobre
las cesantías, la sanción moratoria que prevé el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006,
las vacaciones, la dotación de vestido y calzado, la bonificación especial de
recreación, los aportes a seguridad social y las primas de navidad, de recreación
y de vacaciones; iii) condenar en costas a la entidad demandada; y iv) indexar
las sumas que se concedan.
3. De manera subsidiaria, solicitó el pago de las diferencias salariales, las
prestaciones sociales y los aportes a seguridad a título de indemnización.
4. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió
normas superiores1, teniendo en cuenta que desarrolló una labor permanente y
1
Artículos 1, 2, 3, 13, 16, 53 y 93 de la Constitución Política y el Decreto Reglamentario Único del Sector de
la Función Pública.
1
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00250-01 (2164-2024)
Demandante: Yorgelis Rivera Urueta
misional en beneficio de la entidad accionada, a cambio de una remuneración y
bajo el mando e instrucción de su jefe inmediato, con lo cual se configuró una
relación de índole laboral.
Contestación de la demanda
5. La entidad accionada no contestó la demanda2.
Sentencia apelada
6. Mediante sentencia del 27 de abril de 2023, el Tribunal negó las
pretensiones porque la actora no demostró la continuada subordinación.
7. Explicó que se acreditó la prestación personal del servicio en los siguientes
períodos: 1.° de febrero al 6 de mayo de 2008; 7 al 30 de septiembre de 2009;
julio de 2010; 1.° de enero de 2011 al 31 de enero de 2012; 1.° de febrero al 31
de marzo de 2012; 9 de abril al 8 de julio de 2012; 18 de julio al 31 de diciembre
de 2012; y 8 de julio al 30 de septiembre de 2013.
8. Estimó que las certificaciones expedidas el 27 de noviembre de 2007 y el
31 de enero de 2008 por COOINTRACOL y el coordinador médico del Centro de
Salud Pastrana, respectivamente, carecen de eficacia probatoria en tanto no
indican quién fue el beneficiario de la labor. Igual consideración expuso frente al
acuerdo cooperativo de trabajo asociado celebrado el 1.° de julio de 2009 entre
la demandante y COOSERSA, pues no se precisó cuál fue la labor desarrollada
en el marco de este convenio.
9. Señaló que la remuneración está demostrada en tanto la entidad
accionada le pagó honorarios a la actora por las obligaciones que esta asumió.
10. Concluyó que la demandante no demostró la continuada subordinación,
ya que no se probó la obligación de cumplir horarios (aunque estos no indican
necesariamente una relación de dependencia), la imposición de reglamentos
internos, el ejercicio del poder disciplinario ni la formulación de órdenes que
definieran el modo, el tiempo y la cantidad de trabajo.
11. Indicó que la demandante no probó que el servicio contratado
correspondiera al cumplimiento de tareas idénticas o semejantes a las asignadas
a los funcionarios de planta.
12. Precisó que las peticiones de permiso, sin prueba de sus respuestas, no
acreditan la existencia de una relación de subordinación.
13. Aclaró que la provisión de implementos de trabajo por parte de la entidad
demandada está justificada por la naturaleza de la profesión de bacteriología y
las tareas que cumplió la actora.
2
Así se indicó en el informe secretarial del 9 de noviembre de 2018 y en el acta de la audiencia inicial
celebrada el 11 de junio de 2019 (índice 2 de SAMAI. Páginas 87 y 94 del archivo PDF que contiene la
segunda parte del cuaderno principal).
2
consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00250-01 (2164-2024)
Demandante: Yorgelis Rivera Urueta
14. Decidió no imponer condena en costas porque la demanda no se presentó
con manifiesta carencia de fundamento legal.
Recurso de apelación
15. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación
argumentando que el Tribunal no se pronunció sobre la certificación expedida el
4 de julio de 2017 por la ESE accionada, que da cuenta de la prestación del
servicio de bacteriología entre los años 2003 y 2014, el cual corresponde al objeto
misional de la demandada.
16. Sostuvo que sí demostró que era la encargada del manejo de los
programas especiales que desarrolló inicialmente con el municipio de Magangué
y posteriormente con la entidad accionada, función que tenía vocación de
permanencia y que no se ejecutó de manera independiente, en la medida en que
se desarrolló en el laboratorio de la ESE.
17. Destacó que la función de bacterióloga debe ser ejercida por servidores
públicos, pero se contrató dada la insuficiencia de personal de planta.
18. Adujo que prestó sus servicios siguiendo las instrucciones y directrices que
le impartía la entidad accionada, hecho que está demostrado con los informes
que tenía que presentarle a la contratante y a las secretarías de salud municipal
y departamental.
19. Afirmó que su remuneración violaba el principio de «a trabajo igual salario
igual», pues aquella estaba por debajo de la escala salarial definida por la entidad
territorial.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20. Por auto del 25 de julio de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
21. Las partes procesales guardaron silencio en esta fase procesal y el
Ministerio Público no rindió concepto.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
22. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
23. La Sala debe definir si la demandante demostró la desnaturalización de
los contratos de prestación de servicios a fin de establecer si se debe revocar,
modificar o confirmar la sentencia de primera instancia.
3
consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00250-01 (2164-2024)
Demandante: Yorgelis Rivera Urueta
Análisis del problema jurídico
24. La Sala confirmará la decisión apelada porque las pruebas aportadas al
expediente no acreditan la prestación personal del servicio ni la remuneración
durante todo el tiempo relacionado en la demanda, y tampoco la continuada
subordinación.
25. De la prueba documental se extrae que la actora se desempeñó como
bacterióloga en la Secretaría de Salud Municipal de Magangué (Bolívar) y en la
entidad accionada durante los siguientes períodos:
Entidad
Fuente Contratante donde prestó Plazo o duración Objeto
los servicios
Certificación expedida el
30 de julio de 2001 por el Municipio de
Secretaría de «Bacterióloga
coordinador de Magangué - 1/2/2000 al
Salud Municipal de programas
programas especiales de Secretaría de 30/12/2000
de Magangué especiales»
la Secretaría de Salud Salud
Municipal de Magangué3
Certificación expedida el
31 de enero de 2008 por ESE del
Junio de 2005 al
el coordinador médico del Sin especificar municipio de Bacterióloga
31/1/2008
Centro de Salud Magangué
Pastrana4
Oficio del 29 de enero de
2008 y certificación del 6
de mayo de 2008,
suscritos por la jefe de ESE del
29/1/2008 al
Talento Humano de la COOSERSA municipio de Bacterióloga
6/5/2008
ESE demandada y la Magangué
representante legal de
COOSERSA,
respectivamente5
Contrato de prestación ESE del
ESE del municipio 7/9/2009 al
de servicios del 7 de municipio de Bacterióloga
de Magangué 30/9/2009
septiembre de 20096 Magangué
Certificación expedida el
ESE del
30 de julio de 2010 por el «durante el mes de
COOMEDISER municipio de Bacterióloga
jefe asistencial de la ESE Julio del 2010»
Magangué
municipal de Magangué7
Certificación expedida el
30 de agosto de 2020 por ESE del
«durante el mes de
el jefe asistencial de la COOMEDISER municipio de Bacterióloga
Agosto del 2010»
ESE municipal de Magangué
Magangué8
Certificación expedida el
30 de septiembre de ESE del «durante el mes de
2010 por el jefe COOMEDISER municipio de Septiembre de Bacterióloga
asistencial de la ESE Magangué 2010»
municipal de Magangué9
Certificación expedida el
30 de octubre de 2010 ESE del
«durante el mes de
por el jefe asistencial de COOMEDISER municipio de Bacterióloga
Octubre del 2010»
la ESE municipal de Magangué
Magangué10
3
Índice 2 de SAMAI. Página 39 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal.
4
Índice 2 de SAMAI. Página 68 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal.
5
Índice 2 de SAMAI. Páginas 86 y 90 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal.
6
Índice 2 de SAMAI. Página 107 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal.
7
Índice 2 de SAMAI. Páginas 114, 115 y 116 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno
principal.
8
Índice 2 de SAMAI. Páginas 118, 119, 120 y 121 del archivo PDF que contiene la primera parte del
cuaderno principal.
9
Índice 2 de SAMAI. Páginas 123, 124, 125, 126 y 127 del archivo PDF que contiene la primera parte del
cuaderno principal.
10
Índice 2 de SAMAI. Páginas 129, 130, 131, 132 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno
principal.
4
consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00250-01 (2164-2024)
Demandante: Yorgelis Rivera Urueta
Certificación expedida el
30 de diciembre de 2010 ESE del «durante el mes de
por el jefe asistencial de COOMEDISER municipio de Diciembre del Bacterióloga
la ESE municipal de Magangué 2010»
Magangué11
Certificación expedida el
1.° de febrero de 2012
ESE del
por la coordinadora del 1/1/2011 al
Sin especificar municipio de Bacterióloga
Centro de Salud 31/1/2012
Magangué
Pastrana de la ESE del
municipio de Magangué12
Certificación expedida el
31 de marzo de 2012 por ESE del 1/2/2012 al
ESE del municipio
el gerente encargado de municipio de 31/3/2012 Bacterióloga
de Magangué
la ESE del municipio de Magangué (6 horas)
Magangué13
Contrato de prestación ESE del
ESE del municipio 9/4/2012 al
de servicios del 9 de abril municipio de Bacterióloga
de Magangué 8/7/2012
de 201214 Magangué
Contrato de prestación ESE del
ESE del municipio 18/7/2012 al
de servicios del 18 de municipio de Bacterióloga
de Magangué 31/12/2012
julio de 201215 Magangué
Contrato de prestación ESE del
ESE del municipio 8/7/2013 al
de servicios del 8 de julio municipio de Bacterióloga
de Magangué 30/9/2013
de 201316 Magangué
26. La Sala comparte la apreciación del tribunal en torno a falta de eficacia
probatoria de la certificación del 27 de noviembre de 2007, expedida por el
representante legal de la Cooperativa Integral de Trabajo Asociado de Colombia
(COOINTRACOL), pues en ella solo se indicó que la actora era cooperada desde
junio de 2005 hasta entonces, en el cargo de bacterióloga, mas no se señaló que
esta hubiera prestado sus servicios para la entidad accionada17.
27. Igual sucede con el acuerdo «cooperativo para el trabajo asociado»
suscrito el 6 de julio de 2009 entre la demandante y la Cooperativa de Trabajo
Asociado para Servicios de Salud (COOSERSA), ya que, si bien allí se indicó que
la actora realizaría sus actividades en el Centro de Salud Pastrana, dicho
documento no podría, en principio, comprometer la responsabilidad de la entidad
accionada en tanto no fue suscrito por esta; y tampoco se observa prueba que
relacione a la mencionada cooperativa con la ESE demandada, a fin de
considerar si existió alguna intermediación durante la vigencia del convenio
cooperativo (desde el 1.° de julio de 2009 «hasta la fecha de finalización del
proceso correspondiente»)18.
28. Sin embargo, la Sala estima que la certificación del 31 de enero de 2008,
emitida por el coordinador médico del Centro de Salud Pastrana sí da cuenta de
que la accionante prestó sus servicios como bacterióloga en la ESE demandada
desde junio de 2005 hasta el 31 de enero de 2008. Lo anterior, debido a que otros
documentos indican que el Centro de Salud Pastrana era uno de los
11
Índice 2 de SAMAI. Páginas 133, 134, 135, 136 y 137 del archivo PDF que contiene la primera parte del
cuaderno principal.
12
Índice 2 de SAMAI. Página 150 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal.
13
Índice 2 de SAMAI. Página 156 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal.
14
Índice 2 de SAMAI. Página 159 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal.
15
Índice 2 de SAMAI. Página 165 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal.
16
Índice 2 de SAMAI. Página 185 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal.
17
Índice 2 de SAMAI. Página 85 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal.
18
Índice 2 de SAMAI. Página 104 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal.
5
consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00250-01 (2164-2024)
Demandante: Yorgelis Rivera Urueta
establecimientos que conformaban la ESE19, en los términos del acto de creación
de esta última20.
29. En el expediente también obran oficios a través de los cuales el jefe de
Talento Humano de la ESE accionada le informó a la demandante que los
contratos de prestación de servicios suscritos entre ambas partes terminaban el
30 de junio21 y el 30 de diciembre de 201322; más las cuentas de cobro que le
dirigió la demandante a la entidad por los siguientes períodos: 1.° al 31 de marzo
de 201323; 1.° al 30 de octubre de 2013,24 1.° al 31 de enero de 201425; 1.° al 28
de febrero de 201426; no obstante, la actora no aportó contratos ni certificaciones
que respaldaran la prestación personal del servicio durante las fechas aludidas,
de modo que estos documentos no son suficientes para acreditar dicho elemento
en esos lapsos.
30. En punto de la respuesta del 4 de julio de 201727, la Sala no comparte la
apreciación expuesta en el recurso de apelación, ya que en ese documento no
se certificó que la demandante hubiera laborado en la entidad accionada desde
2003 hasta 2014, de manera ininterrumpida. En dicha respuesta solo se indicó
que el manejo de los programas especiales que adelantaba la ESE desde 2003
hasta 2014 se venían desarrollando en el Centro de Salud Pastrana, y que la
actora había sido contratada para esos fines a través de contratos de prestación
de servicios.
31. Obsérvese que en la comunicación no se precisa que la demandante
hubiera laborado continuamente desde 2003 hasta 2014, sino que los programas
especiales se habían llevado a cabo en tales lapsos en el Centro de Salud
Pastrana, y que en el marco de esos programas se había vinculado a la
accionante, sin especificar en qué fechas esta última prestó sus servicios.
32. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala encuentra que la demandante solo
demostró la prestación personal del servicio como bacterióloga a favor de la ESE
19
Por ejemplo, a través de Oficio del 29 de enero de 2008, la jefe de Talento Humano de la ESE de municipio
de Magangué le informó al coordinador del Centro de Salud Pastrana, quien expidió la certificación del 31
de enero de 2008, que la demandante laboraría en dicho centro como bacterióloga (índice 2 de SAMAI,
página 86 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal).
20
En el artículo 1 del Acuerdo 011 del 11 de noviembre de 2002, expedido por el Concejo Municipal de
Magangué se indicó lo siguiente: «Créase la Empresa Social del Estado del Municipio de Magangué, la cual
estará conformada, a partir de la vigencia del presente Acuerdo, por los Centros y Puestos de Salud que
conforman la red pública del primer nivel del municipio de Magangué, organizados como Unidad
Administrativa Local, entendida como una categoría especial de entidad pública descentralizada del orden
municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la
Dirección local de Salud y sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 194, 195 y 197
de la Ley 100 de 1993». Índice 2 de SAMAI, página 55 del archivo PDF que contiene la segunda parte del
cuaderno principal.
21
Índice 2 de SAMAI. Página 183 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal.
22
Índice 2 de SAMAI. Página 197 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal.
23
Índice 2 de SAMAI. Página 182 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal.
24
Índice 2 de SAMAI. Página 195 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal.
25
Índice 2 de SAMAI. Página 202 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal.
26
Índice 2 de SAMAI. Página 201 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal.
27
Índice 2 de SAMAI. Página 45 del archivo PDF que contiene la primera parte del cuaderno principal. Del
documento mencionado se extrae lo siguiente:
«1.- Respecto a su solicitud me permito informarle que el manejo de programas especiales que desarrolla
la ESE RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, desde el año 2003 hasta el
2014 se venía llevando a cabo en el Centro de Salud de Pastrana y la Bacterióloga contratada para ello fue
la Doctora YORGELIS RIVERA, la cual prestaba sus servicios a través de contratos de prestación de
servicios profesionales, debido a que la ESE, no contaba con los profesionales de Bacteriología en su planta
de personal.
2.- Desde el año 2015, el manejo de programas especial que desarrolla la ESE, se empezó a llevar en el
Centro de Salud de San Pablo, por personal de planta».
6
consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00250-01 (2164-2024)
Demandante: Yorgelis Rivera Urueta
accionada durante los períodos expuestos en la tabla anterior, con la precisión
de que el tiempo comprendido entre el 1.° de febrero y el 30 de diciembre de
2000 no hace parte de las pretensiones de la demanda, de suerte que no está
incluido en el análisis de esta providencia.
33. En conclusión, no todos los tiempos relacionados en la demanda están
acreditados en el proceso, a pesar de que era carga de la actora sustentar los
hechos que afirmó, de acuerdo con el artículo 167 del Código General del
Proceso.
34. En cuanto a la remuneración durante los períodos en los que sí se probó
la prestación personal del servicio, no todos los documentos aportados dan
cuenta de la contraprestación que habría recibido la actora por el desarrollo de
sus tareas como bacterióloga; sin embargo, el Tribunal infirió que la actividad
referida es remunerada, deducción que no se controvertirá en la medida en que
no fue objeto de apelación.
35. Frente a la continuada subordinación, de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 3, 4 (numerales 1 y 4), 5 (numeral 2) y 14 de la Ley 80
de 1993, entre los contratistas y las entidades públicas debe existir una relación
de entendimiento y coordinación que apunte a la ejecución idónea y oportuna del
objeto contractual, lo cual implica para los primeros el deber de acatar algunas
directrices que les impartan las contratantes durante el desarrollo del contrato28
y colaborar para que lo convenido se cumpla de la mejor manera; para las
segundas, el deber de ejercer la dirección general, el control y la vigilancia de la
ejecución, lo que les permite exigir al contratista la correcta realización del objeto
pactado y adelantar las revisiones periódicas de los servicios prestados para
verificar que estos se desarrollen en condiciones de calidad.
36. Mención especial merecen los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
conforme a los cuales las entidades contratantes están obligadas a vigilar
permanentemente la ejecución correcta del objeto convenido a través de
supervisores o interventores, quienes tienen a su cargo la labor de hacer
«seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional» a cargo del contratista,
misión en razón de la cual están facultados para solicitar informes, aclaraciones
y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.
37. Desde esa perspectiva, quien solicite la declaración de la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios en el marco del
principio de primacía de la realidad sobre las formas debe demostrar la ejecución
de las tareas bajo continuada subordinación; sin embargo, del análisis integral de
las pruebas recaudadas, la Sala concluye que la accionante no acreditó dicho
aspecto por las siguientes razones:
38. La continuada subordinación denota el «poder jurídico permanente de que
es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de
28
Numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993: «2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que
sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las
órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad
y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran
presentarse».
7
consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00250-01 (2164-2024)
Demandante: Yorgelis Rivera Urueta
la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo
relativo a la manera como este debe realizar las funciones y cumplir con las
obligaciones que le son propias […] se destaca dentro del elemento de
subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la actividad
laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre
este […]»29.
39. Así las cosas, la observancia de horarios de trabajo no demuestra
necesariamente la continuada subordinación, pues ello puede resultar necesario
para la ejecución adecuada del objeto contractual en el marco del principio de
coordinación. En todo caso, lo cierto es que la actora no demostró que la entidad
accionada le haya impuesto determinadas jornadas para desarrollar sus tareas
como bacterióloga.
40. Adicionalmente, la demandante no aportó ninguna prueba que diera
cuenta de que estaba sujeta a instrucciones, órdenes o directrices que
determinaran el modo en que ejecutaba sus actividades.
41. Por otro lado, esta Subsección ha precisado que la convocatoria a
reuniones y capacitaciones30 y la presentación de informes de ejecución de
actividades no generan inexorablemente una continuada subordinación en la
prestación del servicio, pues tales circunstancias deben interpretarse como
materialización del principio de coordinación, el cual garantiza que entre las
partes contratantes haya un entendimiento encaminado a lograr el cumplimiento
del objeto convenido.
42. En esa misma línea, la ejecución de actividades en las instalaciones de la
entidad contratante, con los materiales o elementos que esta provee, no son
hechos que denoten por sí solos una subordinación continuada. La naturaleza de
determinadas labores exige un grado de coordinación espacial que resulta lógica
y razonable dadas las funciones desempeñadas por la accionante. En efecto, el
desarrollo de tareas de bacteriología requería de equipos y lugares que
cumplieran ciertas condiciones sanitarias para garantizar la prestación del
servicio de manera adecuada, circunstancia que no reñía con la autonomía de la
contratista, sino que debía interpretarse en el contexto del contrato estatal
celebrado, el cual suponía una coordinación entre las partes.
43. Por último, con la demanda se aportó una Circular del 7 de noviembre de
2014, a través de la cual el Sindicato Gremial PMEYAS les recordó a quienes
prestaban sus servicios en la ESE accionada cuál era el horario de trabajo y les
advirtió que podían ser sancionados si lo incumplían, de acuerdo con «el
reglamento y los estatutos del sindicato».
44. Sobre el particular, basta con señalar que la actora no acreditó que hubiera
prestado un servicio personal para la entidad demandada en el momento en que
se expidió dicha circular. Además, el requerimiento que se hizo en ese
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
30
Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 223 de octubre de 2025, expediente 08001-23-33-000-2018-00990-
01 (4499-2021).
8
consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00250-01 (2164-2024)
Demandante: Yorgelis Rivera Urueta
documento provino de una organización diferente a la ESE accionada y, en todo
caso, no se demostró que hubiera estado dirigido a la demandante, razones por
las cuales no es posible tomarlo como una prueba de subordinación continuada
de cara a la prosperidad de las pretensiones.
45. En conclusión, como la parte actora no acreditó la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios bajo el principio de primacía de la realidad
sobre las formas, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
La condena en costas de segunda instancia
46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
49. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se confirmará la sentencia
apelada, se impondrán costas a la parte demandante en segunda instancia, por
cuanto se niegan totalmente a las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 27 de abril de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión n.° 003, que negó las
pretensiones de la demanda.
9
consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00250-01 (2164-2024)
Demandante: Yorgelis Rivera Urueta
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la señora Yorgelis
Rivera Urueta, a favor de la ESE Hospital Río Grande de la Magdalena de
Magangué (Bolívar). Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JMMC
10
consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.