Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00183-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00183-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2019-00183-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
28 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 63001-23-33-000-2019-00183-01 (0876-2022)
Demandante: Ada Julieth Pabón Bolaños
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia porque la
demandante no demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada
contra la sentencia de primera instancia del 15 de abril de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, Sala de Decisión Cuarta.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del
Oficio 63-2-2019-004047 del 7 de junio de 2019, expedido por la entidad
accionada, por medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral y el pago de las prestaciones consecuentes, lapso durante el cual
se desempeñó como instructora en el Centro Agroindustrial y áreas afines.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) reconocer la existencia
del vínculo de trabajo; ii) pagar a su favor una suma equivalente a las
prestaciones sociales causadas1, más los valores correspondientes a las
retenciones efectuadas sobre el «salario» y a los aportes a salud, pensión y
riesgos profesionales que efectuó sin estar obligada; iii) reconocer los perjuicios
morales ocasionados; y iv) condenar en costas a la entidad accionada.
3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió
normas superiores2, teniendo en cuenta que cumplió la misma función que un
instructor de planta del SENA, la cual es permanente y se «soporta» en
vinculaciones legales y reglamentarias por su naturaleza.
Contestación de la demanda
4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que la
accionante se desempeñó como instructora por horas de formación, vinculada a
1 Cesantías, intereses sobre las cesantías, subsidio de alimentación, prima semestral, prima de navidad,
bonificación por servicios prestados, vacaciones, prima de vacaciones y bonificación de recreación.
2 Inciso final del artículo 2 del Decreto 2400 de 1968; literal e) del artículo 2 del Decreto 1426 de
1998; 19 de la Ley 909 de 2004; 17 de la Ley 790 de 2002; numeral 29 del artículo 48 de la Ley
734 de 2002.
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Demandante: Ada Julieth Pabón Bolaños
través de contratos de prestación de servicios celebrados por el tiempo
estrictamente necesario, los cuales no tuvieron continuidad.
5. Afirmó que los instructores tienen autonomía para prestar su servicio,
pues, de hecho, ellos mismos buscan las comunidades o entidades donde
puedan desarrollar sus actividades, previa solicitud formulada al SENA.
6. Sostuvo que no hubo continuada subordinación y dependencia, dado que
este elemento no se configura por el solo hecho de que la demandante haya
cumplido horarios y ciertas tareas orientadas por la entidad, pues es normal que
durante la ejecución de los contratos exista coordinación de actividades con el fin
de asegurar la calidad y los resultados deseados.
7. Indicó que la actora no percibió salarios, sino honorarios por las horas de
formación efectivamente impartidas en cada período; y que el deber de presentar
informes para obtener el pago de la remuneración surge de la ley, mas no de una
imposición de la entidad.
8. Señaló que era lógico que el SENA realizara la planificación tendiente a
programar los horarios y lugares de prestación del servicio con los contratistas,
pues los usuarios le solicitan el servicio a la entidad.
9. Expuso que la accionante contó con autonomía técnica y científica, ya que
el SENA solo le suministró las herramientas pedagógicas básicas representadas
en los contenidos mínimos de los módulos de aprendizaje que debían
desarrollarse.
10. Adujo que los contratistas no se pueden equiparar a los empleados
públicos ni a los trabajadores oficiales, ni se pueden derivar derechos iguales o
similares con desconocimiento de la vinculación.
11. Destacó que la contratación fue necesaria para evitar la paralización del
servicio que presta el SENA, dada la insuficiencia de personal de planta para
atender la infinidad de beneficiarios, aprendices, comunidades, municipios y
empresas.
12. En ese contexto, propuso las excepciones de inexistencia del vínculo o
relación laboral, cobro de lo no debido, prescripción, «incongruencia de las
pretensiones de la demanda y las normas que se consideran violadas» y la
genérica; y solicitó condenar en costas a la accionante.
Sentencia apelada
13. Mediante sentencia del 15 de abril de 2021, el Tribunal declaró la nulidad
del acto acusado y condenó a la entidad accionada a pagar a la demandante una
indemnización equivalente a las prestaciones sociales que dejó de percibir,
tomando como base el valor pactado en los contratos de prestación de servicios.
14. Adicionalmente, el Tribunal le ordenó al SENA pagar a favor de la
accionante los porcentajes de cotización a pensión, salud y riesgos laborales que
esta última asumió sin estar obligada a hacerlo, y consignar en el fondo de
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pensiones correspondiente los mayores valores que existan en cuanto a los
aportes que debía realizar como empleadora, obligación que también le asignó a
la accionante si hubiere diferencias en su contra por este concepto.
15. Asimismo, el Tribunal ordenó indexar las sumas concedidas y dar
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA; reconocer los intereses moratorios que se generen después de la
ejecutoria del fallo; negó las demás pretensiones; y se abstuvo de condenar en
costas a la entidad demandada porque no se demostró su causación.
16. Expuso que la demandante estuvo vinculada como instructora contratista
desde el 1.° de febrero de 2009 hasta el 30 de noviembre de 2018, con breves
interrupciones derivadas de los períodos de vacaciones de los aprendices, las
cuales no desdibujan la vocación de permanencia de la prestación del servicio.
17. Señaló que la actora impartía enseñanza en los programas de formación
titulada y complementaria; registraba de manera constante información en los
aplicativos institucionales, a través de los cuales atendía requerimientos; cumplía
horarios de forma regular; reportaba semanalmente las horas ejecutadas;
acataba los lineamientos de la entidad; y presentaba informes de gestión y de
cumplimiento de actividades. A partir de estos elementos, sostuvo que se
acreditaban la prestación personal del servicio y la existencia de subordinación.
18. Trajo a colación los correos electrónicos cruzados entre la entidad
accionada y la demandante desde el 11 de septiembre de 2009, a través de los
cuales se impartían instrucciones precisas para el desempeño de las labores, se
vigilaba el cumplimiento de los deberes, se hacían citaciones a reuniones y
eventos, se solicitaba la entrega de informes, se tramitaban comisiones y
recursos para transporte, se reportaban «accidentes laborales» y se remitían
programaciones y horarios de las actividades a desarrollar, circunstancias que
demuestran que la actora estuvo bajo el manejo y dirección de la demandada.
19. Advirtió que la accionante recibía honorarios mensuales correspondientes
a las horas de enseñanza que ejecutaba, con lo cual se acredita la remuneración
como elemento del vínculo laboral.
20. Precisó que, si bien se comprobó la existencia de la relación laboral, no es
posible ordenar el reconocimiento y pago de las primas de servicio y
alimentación, la bonificación por servicios prestados, las horas extras y otros
emolumentos que no son prestaciones sociales, sino factores salariales previstos
para los empleados públicos.
21. Concluyó que no se configuró la prescripción extintiva teniendo en cuenta
que la vinculación de la demandante como instructora tuvo vocación de
permanencia hasta su finalización (30 de noviembre de 2018), de suerte que la
demanda se presentó de manera oportuna el 25 de septiembre de 2019.
Recurso de apelación
22. Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de
apelación argumentando que la subordinación es el elemento que hace la
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diferencia entre un contrato de prestación de servicios y uno de trabajo, pues solo
se presenta en este último.
23. Adujo que la ejecución de contratos de prestación de servicios no confiere
la condición de empleado público, la cual solo se adquiere cuando median los
actos de nombramiento o elección y posesión.
24. Afirmó que la demandante no demostró que estuvo sujeta a una
dependencia o subordinación ejercida por la entidad. Al respecto, señaló que el
deber de reportar «el número semanal de horas» no acredita la prestación del
servicio con vocación de regularidad en el cumplimiento de un horario, pues la
actora realizaba diversas actividades durante la ejecución contractual, las cuales
podía desarrollar en cualquier día y hora de la semana, en espacios diferentes a
las instalaciones del SENA, lo cual refleja su independencia.
25. Manifestó que la previsión de cláusulas relacionadas con la supervisión de
los contratos de prestación de servicios tampoco demuestra la subordinación, ya
que estas son necesarias para impedir que el contratista incumpla el objeto
convenido y cause detrimentos patrimoniales.
26. Indicó que la mera citación y asistencia a eventos no configura la
subordinación, teniendo en cuenta que en estos escenarios la accionante
contribuía al cumplimiento de las obligaciones contractuales y se nutría de los
conocimientos que luego impartía a los aprendices.
27. Insistió en las excepciones de inexistencia del vínculo o relación laboral,
cobro de lo no debido y prescripción.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
28. Por auto del 30 de junio de 2022 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
29. Mediante auto del 20 de febrero de 2025 se negó la incorporación de los
documentos que la entidad accionada allegó con la apelación.
30. La parte actora no se pronunció sobre la alzada y el ministerio público no
rindió concepto en esta fase procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
31. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
32. La Sala debe definir si se demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio o no, a fin de establecer si se debe confirmar, revocar o
modificar la sentencia de primera instancia.
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Análisis del problema jurídico
33. La Sala revocará la decisión apelada porque las pruebas aportadas al
expediente no permiten acreditar que la actora ejecutó las tareas convenidas en
los contratos de prestación de servicios bajo continuada subordinación.
34. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
destacar que la demandante se desempeñó como instructora del Centro
Agroindustrial y áreas afines del SENA, vinculada a través de contratos de
prestación de servicios, así:
Contrato de prestación Plazo o
Objeto
de servicios duración
11 meses
013 del 9 de enero de contados Instructora en el Área Agroindustrial, en las modalidades
20093 desde el de formación titulada, virtual y complementaria
16/1/2009
11 meses
Impartir formación profesional integral en los procesos de
contados
087 del 27 de enero de enseñanza-aprendizaje-evaluación, en el Área de
desde el
2010 y modificación4 Pecuaria, en las modalidades de formación titulada, virtual
1/2/2010
o complementaria
(1760 horas)
Prestar servicios profesionales para desarrollar el
componente técnico y empresarial para el montaje de 24
351 del 11 de febrero de 14/2/2011 al
unidades productivas, relacionadas al (sic) Área Pecuaria,
2011 y modificación5 2/7/2011
en el marco del programa Jóvenes Rurales
Emprendedores
Prestar servicios profesionales para desarrollar el
componente técnico y empresarial para el montaje y
665 del 13 de julio de 2011 13/7/2011 al
seguimiento de 34 unidades productivas, relacionadas al
y modificación6 16/12/2011
(sic) Área Pecuaria, en el marco del programa Jóvenes
Rurales Emprendedores
Instructora en el Área Pecuaria y/o afines, para el montaje
273 del 7 de febrero de 9/2/2012 al
de 18 unidades productivas asignadas en el marco del
2012 y modificación7 30/6/2012
Programa Jóvenes Rurales Emprendedores
Desarrollar la formación y el proyecto productivo para el
1002 del 18 de julio de 19/7/2012 al montaje de las unidades productivas en el Área Pecuaria
20128 14/12/2012 y/o afines asignadas en el marco del Programa Jóvenes
Rurales Emprendedores
Desarrollar la formación y el proyecto productivo para el
0358 del 28 de enero de 1/2/2013 al montaje de cinco (5) unidades productivas en el Área
20139 30/11/2013 agropecuaria y/o afines, en el marco de la ejecución de los
proyectos del Programa Jóvenes Rurales Emprendedores
Instructora técnica para crear y fortalecer unidades
362 del 17 de enero de productivas rurales sostenibles en el Área Agropecuaria
1/2/2014 al
2014, otrosí aclaratorio y y/o afines, mediante acciones de formación y de
30/11/2014
adición10 fortalecimiento en el marco del Programa Jóvenes Rurales
Emprendedores
0376 del 23 de enero de 2/2/2015 al Orientar actividades pedagógicas en los procesos de
2015 y otrosíes 1 y 211 12/12/2015 formación profesional integral titulada y complementaria en
3 Contrato de prestación de servicios 013 del 9 de enero de 2009 y acta de inicio del 16 de enero de 2009
(índice 2 de SAMAI, cuaderno 2, antecedentes).
4 Contrato de prestación de servicios 087 del 27 de enero de 2010, modificación y acta de inicio del 1.° de
febrero de 2010 (índice 2 de SAMAI, cuaderno 2, antecedentes).
5 Contrato de prestación de servicios 351 del 11 de febrero de 2011 y modificación; acta de inicio del 14 de
febrero de 2011 y acta de terminación del 5 de julio de 2011 (índice 2 de SAMAI, cuaderno 2, antecedentes).
6 Contrato de prestación de servicios 665 del 13 de julio de 2011, modificación y acta de terminación y
liquidación del 22 de diciembre de 2011 (índice 2 de SAMAI, cuaderno 2, antecedentes).
7 Contrato de prestación de servicios 273 del 7 de febrero de 2012, modificación y acta de inicio del 9 de
febrero de 2012 (índice 2 de SAMAI, cuaderno 2, antecedentes).
8 Contrato de prestación de servicios 1002 del 18 de julio de 2012, acta de inicio del 19 de julio de 2012 y
certificación del 10 de enero de 2013 (índice 2 de SAMAI, cuaderno 1 (anexos de la demanda) y cuaderno
2 (antecedentes).
9 Contrato de prestación de servicios 358 del 28 de enero de 2013, acta de inicio del 31 de enero de 2013 y
acta de liquidación del 20 de diciembre de 2013 (índice 2 de SAMAI, cuaderno 2, antecedentes).
10 Contrato de prestación de servicios 362 del 17 de enero de 2014, otrosí aclaratorio, adición y acta de inicio
del 1.° de febrero de 2014 (índice 2 de SAMAI, cuaderno 2, antecedentes).
11 Contrato de prestación de servicios 0376 del 23 de enero de 2015, otrosíes 1 y 2 y acta de liquidación del
22 de diciembre de 2015 (índice 2 de SAMAI, cuaderno 2, antecedentes).
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Radicación: 63001-23-33-000-2019-00183-01 (0876-2022)
Demandante: Ada Julieth Pabón Bolaños
el Área Agropecuaria y/o afines, en la modalidad
presencial y/o virtual según las necesidades del servicio lo
requieran
Orientar actividades pedagógicas en los procesos de
00575 del 29 de enero de 1/2/2016 al
formación profesional integral titulada y complementaria en
201612 30/11/2016
el Área de Agropecuaria y/o afines
Instructor técnico y apoyo a la gestión del emprendimiento
rural, para consolidar las unidades productivas resultado
de las acciones de formación asignadas, fortalecer las
unidades productivas rurales asignadas de acuerdo a la
0571 del 1.° de febrero de 2/2/2017 al
promesa de servicio del programa SER, ejecutar acciones
2017 y otrosí 113 30/11/2017
de formación para la empleabilidad en ocupaciones rurales
en el Área Pecuaria y demás áreas de su competencia en
el marco de los lineamientos del Programa Sena
Emprende Rural SER
Instructora técnica y apoyo en la gestión del
emprendimiento y/o la empleabilidad rural en el marco de
0637 del 23 de enero de 1/2/2018 al
los lineamientos del programa SENA Emprende Rural
201814 20/11/2018
SER, ejecutando acciones en el Área de Pecuaria y demás
áreas de su competencia
35. En este punto vale la pena señalar que en la audiencia inicial celebrada el
25 de septiembre de 2020 se negó la práctica de los testimonios solicitados por
ambas partes, decisión que no fue objeto de recursos15.
36. En esas condiciones, la prueba documental (contratos, correos
electrónicos e informes de actividades) dan cuenta de que la actora se
desempeñó como instructora del SENA y recibió una retribución por esa labor,
de tal manera que se acreditó la prestación personal del servicio y la
remuneración.
37. En este punto vale la pena explicar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 3, 4 (numerales 1 y 4), 5 (numeral 2) y 14 de la Ley 80
de 1993, entre los contratistas y las entidades públicas debe existir una relación
de entendimiento y coordinación que apunte a la ejecución idónea y oportuna del
objeto contractual, lo cual implica para los primeros el deber de acatar algunas
directrices que les impartan las contratantes durante el desarrollo del contrato16
y colaborar para que lo convenido se cumpla de la mejor manera; para las
segundas, el deber de ejercer la dirección general, el control y la vigilancia de la
ejecución, lo que les permite exigir al contratista la correcta realización del objeto
12 Contrato de prestación de servicios 00575 del 29 de enero de 2016 y acta de inicio del 1.° de febrero de
2016 (índice 2 de SAMAI, cuaderno 2, antecedentes).
13 Contrato de prestación de servicios 0571 del 1.° de febrero de 2017, otrosí 1 y acta de inicio del 2 de
febrero de 2017 (índice 2 de SAMAI, cuaderno 2, antecedentes).
14 Contrato de prestación de servicios 0637 del 23 de enero de 2018 y acta de inicio del 1.° de febrero de
2018 (índice 2 de SAMAI, cuaderno 2, antecedentes).
15 Del acta de la audiencia inicial se extrae lo siguiente:
«SEGUNDO: PARTE DEMANDANTE. 2.1. NEGAR por innecesaria la solicitud de recepción testimonial a
unos instructores del SENA para que declaren sobre lo que les conste de los hechos de la demanda, en
tanto al discutirse en el proceso la existencia de una verdadera relación y vínculo laboral, resultan suficientes
las documentales aportadas por la parte actora. Adicionalmente la solicitud, adolece (sic) de la exigencia
contenida en el Artículo 212 del Código General del Proceso, en lo referente a la indicación del domicilio,
residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos.
TERCERO: PARTE DEMANDADA SENA. 31 NEGAR por innecesaria e impertinente la solicitud de
recepción testimonial de quien expresa fungió como Coordinador Académico del Centro Agroindustrial para
que declare sobre la relación contractual de prestación de servicios regulada en la Ley 80 de 1993; así como
la mención a un posible dictamen pericial, en consideración a que el análisis sobre la normativa aplicable y
la declaratoria o no de la existencia de la relación es precisamente el objeto de este proceso judicial, lo cual
será dirimido junto al acervo probatorio documental aportado por las partes al informativo».
16 Numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993: «2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que
sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las
órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad
y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran
presentarse».
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pactado y adelantar las revisiones periódicas de los servicios prestados para
verificar que estos se desarrollen en condiciones de calidad.
38. Mención especial merecen los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
conforme a los cuales las entidades contratantes están obligadas a vigilar
permanentemente la ejecución correcta del objeto convenido a través de
supervisores o interventores, quienes tienen a su cargo la labor de hacer
«seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional» a cargo del contratista,
misión en razón de la cual están facultados para solicitar informes, aclaraciones
y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.
39. Dicho eso, quien solicite la declaración de la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios en el marco del principio de primacía de la
realidad sobre las formas debe demostrar la ejecución de las tareas bajo
continuada subordinación; sin embargo, del análisis integral de las pruebas
recaudadas, la Sala concluye que la accionante no acreditó dicho aspecto por las
siguientes razones:
40. Resulta pertinente recordar que la continuada subordinación denota el
«poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad
laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la
imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como este debe realizar las
funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias […] se destaca dentro
del elemento de subordinación, no solamente el poder de dirección, que
condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el
empleador ejerce sobre este […]»17.
41. La Sala ha considerado en varias oportunidades que la convocatoria a
reuniones y capacitaciones18, la presentación de informes de ejecución de
actividades y el diligenciamiento de información en el aplicativo Sofía Plus no
generan inexorablemente una continuada subordinación en la prestación del
servicio, pues tales circunstancias deben interpretarse como materialización del
principio de coordinación, el cual garantiza que entre las partes contratantes
exista un entendimiento encaminado a lograr el cumplimiento del objeto
convenido.
42. En esa misma línea, la ejecución de actividades en las instalaciones de la
entidad contratante, dentro de los horarios acordados entre las partes, no permite
afirmar por sí sola la existencia de subordinación continuada. La naturaleza de
determinadas labores exige un grado de coordinación espacial y temporal que
resulta lógico y razonable, como ocurre con las funciones desempeñadas por la
accionante. En efecto, el desarrollo de procesos formativos requiere la presencia
simultánea de instructores y aprendices en franjas horarias previamente definidas
y en un lugar habilitado para el desarrollo adecuado de la enseñanza.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
18 Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 223 de octubre de 2025, expediente 08001-23-33-000-2018-00990-
01 (4499-2021).
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Demandante: Ada Julieth Pabón Bolaños
43. En el caso concreto, la prueba documental recaudada resulta insuficiente
para considerar que durante la ejecución de los contratos de prestación de
servicios la demandante estuvo sujeta a instrucciones que determinaran el modo
en que cumplía sus tareas, carga que le correspondía asumir de acuerdo con el
artículo 167 del Código General del Proceso.
44. Si bien se aportaron varios correos electrónicos a través de los cuales la
entidad accionada convocaba a la accionante a reuniones obligatorias y le
solicitaba explicaciones cuando no asistía a ellas, tales circunstancias no
generan el convencimiento suficiente de que la demandante hubiera perdido la
autonomía con que contaba para desarrollar las tareas convenidas, ya que no es
claro en qué medida estas situaciones condicionaban la forma en que impartía la
formación a los aprendices.
45. En conclusión, como la parte actora no logró demostrar el elemento de la
continuada subordinación, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negará las pretensiones de la demanda.
46. Por último, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre los demás
argumentos planteados en el recurso de apelación, de conformidad con el inciso
tercero del artículo 282 del Código General del Proceso.
La condena en costas de primera y segunda instancia
47. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
48. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
49. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
50. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se revocará la sentencia
apelada, incluida la decisión que allí se adoptó sobre las costas de primera
instancia, se impondrán costas a la parte demandante por ambas instancias, por
cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso de apelación interpuesto
por la entidad accionada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
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Radicación: 63001-23-33-000-2019-00183-01 (0876-2022)
Demandante: Ada Julieth Pabón Bolaños
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Quindío.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 15 de abril de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, Sala de Decisión Cuarta. En su lugar,
NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a la señora
Ada Julieth Pabón Bolaños, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje. Para
tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Quindío.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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