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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00562-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00562-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 20 de enero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones esbozadas en esta providencia. 13 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 17001-23-33-000-2018-00562-01 (4057-2023) Demandante: José Mauricio Herrera Castañeda SEGUNDO. CONDENAR en costas de ambas instancias al señor José Mauricio Herrera Castañeda, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00562-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00562-01 (4057-2023)
Demandante: José Mauricio Herrera Castañeda
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales

Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia en tanto no se
acreditó la desnaturalización de los contratos de prestación
de servicios

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra
la sentencia de primera instancia del 20 de enero de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, que accedió
parcialmente a las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del oficio
2-2018-000893 del 14 de marzo de 2018, expedido por la entidad accionada, por
medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral
desde el 1.° de abril de 2009 hasta el 17 de diciembre de 2016 y el pago de las
prestaciones consecuentes, lapso durante el cual se desempeñó como instructor.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) declarar la configuración
del vínculo de trabajo; ii) pagar a su favor los emolumentos causados1, en
igualdad de condiciones a los empleados de planta, más las indemnizaciones por
los daños materiales y morales generados; iii) devolver los valores
correspondientes a la retención en la fuente y las pólizas de cumplimiento; iv)
indexar las sumas que se concedan; v) dar cumplimiento a la sentencia en el
término de ley y vi) condenar en costas a la parte demandada.

3. Como concepto de violación sostuvo que el acto acusado infringió normas
superiores2 e incurrió en falsa motivación y desviación de poder, pues, aunque
formalmente estuvo vinculado mediante contratos de prestación de servicios, en
1
Prima de servicio, vacaciones, cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de vacaciones, prima de
navidad, bonificación por servicios prestados, subsidio familiar, auxilio de transporte, subsidio de
alimentación, aumentos salariales legales, horas extras, recargos nocturnos, aportes a seguridad social en
salud y pensiones y la indemnización moratoria que prevé la Ley 244 de 1995.
2
Artículos 1, 2, 11, 25 y 53 de la Constitución Política, 21 del Código Sustantivo del Trabajo y 137 y 138 de
la Ley 1437 de 2011; los Decretos 2063 de 1984, 3041 de 1966, 2400 de 1968 y 415 de 1979; y el Acuerdo
224 de 1966.

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la práctica realizó actividades misionales de manera personal, bajo continuada
subordinación y a cambio de una remuneración, circunstancias que permiten
concluir que se configuró una relación de naturaleza laboral.

Contestación de la demanda

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que el
demandante estuvo vinculado a través de contratos de prestación de servicios
cuya duración fue interrumpida y temporal, razón por la cual no se generó
ninguna relación laboral ni derecho al pago de las prestaciones sociales, las
indemnizaciones y las devoluciones que aquel reclama.

5. Destacó que entre los años 2013 y 2014 no hubo contratación; que el uso
de delantal y carné institucional era voluntario mas no tenía ninguna implicación
para el contratista; que los horarios se utilizaban para organizar el tiempo del
instructor y sus alumnos; y que los correos electrónicos eran una herramienta de
comunicación y coordinación del desarrollo de los contratos.

6. Propuso las excepciones de prescripción extintiva, inexistencia de
manifestación de desequilibrio contractual, inexistencia de la relación laboral,
«renuncia consiente a las pretensiones» (sic), interrupción contractual, cobro de
lo no debido, caducidad de la acción, compensación y la genérica.

Decisión de las excepciones

7. Por auto del 23 de octubre de 2020, el Tribunal negó la excepción de
caducidad teniendo en cuenta que el acto acusado fue notificado el 23 de marzo
de 2018; sin embargo, el término para acudir a la jurisdicción se suspendió el 13
de julio de 2018 con la solicitud de conciliación prejudicial, cuando faltaban 12
días. Luego, como la constancia de no conciliación se emitió el 28 de septiembre
de 2018, el plazo se reanudó y vencía el 10 de octubre de 2018, de suerte que la
demanda se presentó oportunamente el 1.° de octubre de 2018.

8. Adicionalmente, el a quo difirió para el fallo la decisión sobre las demás
excepciones, entre ellas la prescripción extintiva.

Sentencia apelada

9. El Tribunal declaró la nulidad del acto enjuiciado y la existencia de un
«contrato realidad» entre la entidad accionada y el demandante durante los
tiempos en que este último se desempeñó como instructor contratista3.

10. Asimismo, i) declaró probada parcialmente la excepción de prescripción
extintiva respecto de los derechos laborales y prestaciones sociales generadas
antes del 25 de febrero de 2015, salvo los aportes a pensión; ii) ordenó a la

3
«entre el 2 de abril de 2009 y el 16 de diciembre de 2009, el 26 de enero de 2010 y el 25 de octubre de
2010, el 26 de noviembre de 2010 y el 17 de diciembre de 2010, el 3 de febrero de 2011 y el 2 de julio de
2011, el 11 de julio de 2011 y el 16 de diciembre de 2011, el 19 de enero de 2012 y el 18 de junio de 2012,
el 16 de julio de 2012 y el 22 de noviembre de 2012, el 25 de febrero de 2015 y el 26 de diciembre de 2015,
y el 24 de febrero de 2016 y el 17 de diciembre de 2016».
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entidad accionada pagar al actor las mismas prestaciones sociales que devenga
un empleado de planta de igual o similar categoría, causadas desde el 25 de
febrero hasta el 26 de diciembre de 2015 y del 24 de febrero al 17 de diciembre
de 2016, liquidadas con base en los honorarios pactados en cada contrato; iii)
declaró que el tiempo de servicio se debe contabilizar para efectos pensionales;
iv) ordenó al SENA cotizar al respectivo fondo los aportes a pensión en el
porcentaje que le correspondía como empleador durante todo el tiempo
reconocido, liquidados con base en los honorarios de los contratos, en caso de
que existan diferencias frente a las cotizaciones efectuadas por el accionante,
quien deberá asumir las cotizaciones que no hubiere efectuado; v) ordenó
indexar la condena y dar cumplimiento a la sentencia dentro del término de ley;
vi) condenó en costas de primera instancia al SENA y vi) negó las demás
pretensiones.

11. Afirmó que el actor prestó un servicio personal como instructor en el SENA,
de acuerdo con los contratos, los informes de interventoría y los testimonios.

12. Consideró que la continuada subordinación estaba demostrada en tanto la
labor de los instructores no es temporal o transitoria, sino que corresponde a una
función permanente de la entidad accionada; el actor usaba un carné institucional
y un delantal con el logo del SENA y cumplía un horario impuesto por dicha
entidad, la cual le señalaba el lugar donde debía realizar las actividades y le
suministraba elementos de trabajo; el demandante estaba sujeto a supervisión,
presentaba informes de ejecución contractual, asistía a reuniones y atendía las
instrucciones que le impartía el supervisor; la prestación del servicio fue exclusiva
para el SENA y los instructores no gozan de autonomía e independencia, puesto
que la naturaleza propia de la actividad impide que aquellos determinen las
condiciones bajo las cuales cumplen sus tareas.

13. En cuanto a la remuneración, determinó que la entidad contratante le pagó
al accionante los honorarios convenidos, los cuales aparecen registrados y
autorizados en los informes de interventoría aportados al proceso.

14. Concluyó que la prescripción extintiva operó respecto de los emolumentos
causados antes del 25 de febrero de 2015, salvo los aportes a pensión,
comoquiera que el contrato de prestación de servicios 248 de 2012 terminó el 22
de noviembre de 2012, por lo que el actor tenía hasta el 23 de noviembre de 2015
para presentar la petición, pero lo hizo el 20 de febrero de 2018.

15. Precisó que la devolución de los aportes que realizó el contratista con
destino al sistema de seguridad social en salud no es procedente, pues estos se
recaudaron como recursos parafiscales.

16. Sostuvo que la retención en la fuente se practica tanto a contratistas como
a empleados y que la declaratoria de existencia de la relación laboral no le otorga
al actor ningún trato tributario especial, de modo que este aspecto debió
plantearse ante la «administración tributaria».

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17. Negó las pretensiones i) de reconocimiento y pago de perjuicios morales
porque no se acreditó la afectación; ii) de reconocimiento y pago de perjuicios
materiales (lucro cesante) puesto que «la sentencia declarativa del contrato
realidad es constitutiva» y el accionante pudo haber realizado las respectivas
cotizaciones para obtener la protección del cesante a la que se refiere la Ley
1636 de 2013; iii) de pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990,
ya que el derecho al pago de las cesantías solo surge con el fallo; y iv) de
devolución del valor de las pólizas de cumplimiento, dado que estas se generaron
por el vínculo contractual, mas no por la relación laboral.

18. Condenó en costas a la entidad accionada, de conformidad con el criterio
objetivo valorativo, toda vez que estaban acreditadas las expensas y las agencias
en derecho, así: el actor remitió la demanda y el auto admisorio a la parte
demandada, al Ministerio Público y a la ANDJE a través del servicio postal
autorizado, y estuvo representado por un apoderado judicial, quien se pronunció
sobre las excepciones, asistió a las audiencias y presentó alegatos de
conclusión.

Recursos de apelación

19. Ambas partes interpusieron recursos de apelación, los cuales sustentaron
en los siguientes términos:

20. La entidad accionada argumentó que no se demostró la continuada
subordinación, teniendo en cuenta que los testigos no conocieron la situación
contractual específica del demandante sino que narraron situaciones generales
relacionadas con el funcionamiento del SENA.

21. Adujo que no se podía ordenar el pago de las mismas prestaciones
sociales que devengan los servidores de planta, ya que no se puede asimilar a
un contratista con un empleado público.

22. Insistió en que la contratación fue transitoria y tuvo objetos diferentes, pues
el actor se desempeñó como gestor de fortalecimiento e instructor durante los
años 2015 y 2016, respectivamente.

23. Refutó la condena en costas de primera instancia sobre la base de que su
actuación guardó relación y respeto por la defensa de la legalidad de los
contratos, y las pretensiones prosperaron parcialmente, comoquiera que se
declaró probada la excepción de prescripción extintiva de igual manera.

24. El demandante señaló que la entidad accionada violó la prohibición de
desarrollar labores misionales a través de contratos de prestación de servicios,
razón por la cual se le debe condenar a pagar todos los «créditos laborales».

25. Afirmó que en este caso se configuró la subordinación continuada debido
a que no gozó de autonomía, toda vez que realizó las mismas tareas que los
empleados de planta; recibió requerimientos a través de correos electrónicos;

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utilizó un delantal y un carné institucional; y le reconocieron gastos de
desplazamiento.

26. Sostuvo que la declaratoria de la prescripción extintiva vulnera el derecho
a la igualdad, ya que se desconoce el criterio de continuidad y permanencia en
la prestación del servicio. Por lo tanto, solicitó acceder a todas las pretensiones,
partiendo de la base de que la relación laboral culminó el 16 de diciembre de
2015, momento desde el cual se debe contabilizar el término prescriptivo.

27. Indicó que la prescripción extintiva de que tratan los artículos 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 y el Convenio 95 de la
Organización Internacional del Trabajo no se debe aplicar de forma retroactiva,
sino a partir de la ejecutoria de la sentencia, pues en esta se declara la naturaleza
laboral del vínculo y desde entonces se hacen exigibles los derechos.

28. Planteó que las interrupciones contractuales correspondieron al
«quehacer rutinario» de la entidad, la cual suspendía actividades los fines de
semana, por receso escolar o por período de vacaciones.

29. Solicitó i) inaplicar por inconstitucionales los Decretos 3135 de 1968 y
1848 de 1969, a fin de hacer efectivos los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución
Política; y ii) tomar el valor de los contratos para calcular el valor de las horas de
trabajo y ordenar el pago de las horas extras.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

30. Por auto del 16 de noviembre de 2023 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia.

31. Las partes procesales no se pronunciaron sobre los recursos de apelación
y el Ministerio Público no presentó concepto.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

32. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.

Problema jurídico

33. Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a revocar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas. Para ello, deberá establecerse
si se acreditó, con el grado de suficiencia exigido, la existencia de subordinación
o dependencia continuada del demandante respecto del SENA, de manera que
resulte procedente declarar la desnaturalización de los contratos de prestación
de servicios.

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34. De ser afirmativa la respuesta, se analizará si el Tribunal acertó al declarar
probada parcialmente la prescripción de las prestaciones causadas con
anterioridad al 25 de febrero de 2015, o si, como lo sostuvo la parte demandante,
el término prescriptivo debía contabilizarse únicamente a partir de la terminación
definitiva del vínculo, o incluso desde la ejecutoria de la sentencia que reconozca
el derecho.

35. Finalmente, y solo en caso de resultar procedente, se examinará el
alcance del restablecimiento del derecho.

Análisis del problema jurídico

36. La Sala revocará el fallo de primera instancia en tanto el demandante no
cumplió con la carga de demostrar la continuada subordinación, de suerte que
no se acreditó la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios.
En consecuencia, resulta innecesario analizar lo atinente a la prescripción
extintiva y al alcance del restablecimiento del derecho.

37. De acuerdo con la prueba documental4, el actor celebró los siguientes
contratos de prestación de servicios con la entidad accionada:

Contrato de prestación de servicios Duración Objeto
Instructor de formación
80 del 30 de marzo de 2009 y complementaria en el área
modificación n.° 1 del 14 de octubre de 2/4/2009 al 16/12/2009 agrícola, dentro del
2009 programa de atención a la
población desplazada
Instructor de formación
profesional en el programa
de atención a la población
36 del 22 de enero de 2010 26/1/2010 al 25/10/2010
desplazada en el Centro
Pecuario y
Agroempresarial
Instructor de formación
profesional en el Centro
273 del 19 de noviembre de 2010 26/11/2010 al 17/12/2010
Pecuario y
Agroempresarial
Instructor de formación
profesional en los
programas de atención a la
23 del 1.° de febrero de 2011 3/2/2011 al 2/7/2011 población en situación de
desplazamiento del Centro
Pecuario y
Agroempresarial
Instructor de formación
profesional en el área de
agricultura, en el Centro
Pecuario y
198 del 8 de julio de 2011 11/7/2011 al 16/12/2011
Agroempresarial, dentro
del programa de atención
ala población en situación
de desplazamiento
Instructor de formación
profesional en el área
agrícola, en el Centro
029 del 16 de enero de 2012 19/1/2012 al 18/6/2012
Pecuario y
Agroempresarial, dentro
del programa de atención a

4
Contratos de prestación de servicios, actas de inicio y liquidación, actas de interventoría o supervisión y
certificaciones expedidas por la entidad accionada, documentos aportados con la demanda y su
contestación.
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Demandante: José Mauricio Herrera Castañeda

la población en situación de
desplazamiento
Instructor de formación
profesional en el área
agrícola, en el Centro
Pecuario y
248 del 3 de julio de 2012 16/7/2012 al 22/11/2012
Agroempresarial, dentro
del programa de atención a
la población en situación de
desplazamiento
«Gestor de fortalecimiento
rural de unidades
productivas del programa
jóvenes rurales
emprendedores del SENA
para asesorar, acompañar
y fortalecer su desarrollo
empresarial, promover la
645 del 24 de febrero de 2015 25/2/2015 al 26/12/2015 formalización; para
consolidar estos
emprendimientos como
unidades productivas y
empresas rurales
sostenibles de acuerdo a
las disposiciones del
procedimiento de calidad
del programa»
Instructor de formación
profesional en el área
agrícola, en el Centro
618 del 22 de febrero de 2016 y
Pecuario y
modificación n.° 1 del 24 de febrero de 24/2/2016 al 17/12/2016
Agroempresarial, dentro
2016
del programa de atención a
la población en situación de
desplazamiento

38. En primera instancia se recibió el testimonio de los señores Gustavo
Adolfo Gallego Quintero, Álvaro Ernesto Díaz Buitrago y Juan Camilo Montoya,
de los cuales se extrae lo siguiente:

i) El señor Gustavo Adolfo Gallego Quintero manifestó que es servidor de
planta de la entidad accionada, en la cual se desempeña como instructor
de gestión de mercados en la Regional Risaralda, aunque con anterioridad
estuvo vinculado como contratista hasta finales de 2016. Señaló que el
demandante prestó sus servicios al SENA entre 2009 y 2012 en el
programa de atención a población desplazada; luego permaneció
desvinculado durante dos o tres años y retomó actividades en 2015 hasta
2016. Indicó que el actor desarrollaba labores en el Centro Pecuario y
Agroempresarial de La Dorada (Caldas), donde gestionaba grupos de
formación, impartía capacitación en procesos agronómicos, reportaba las
horas al supervisor del contrato, registraba evaluaciones en la plataforma
Sofía Plus y asistía a reuniones. Asimismo, afirmó que promovió una
demanda contra la entidad por hechos similares, dentro de la cual el
accionante actúa como testigo.

Añadió que el señor Herrera Castañeda realizaba las actividades de
formación en los lugares concertados con las comunidades y no en
espacios asignados por el SENA. Precisó que los instructores contratados
debían reportar ocho (8) horas diarias, generalmente distribuidas entre las
8:00 a. m. y las 12:00 m., y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., aunque en ocasiones
se cumplían jornadas continuas según las necesidades de la comunidad.
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Indicó que la remuneración era mensual, previa presentación de informes.
Explicó que los responsables del programa verificaban el cumplimiento de
las actividades; no obstante, aclaró que no le consta si el demandante
estaba sujeto a ese seguimiento ni la forma en que se ejercía, dado que
pertenecía a un programa distinto. Señaló, además, que este debía
informar previamente cualquier ausencia y no podía delegar sus funciones
en terceros; igualmente, consideró que la intensidad de las labores
dificultaba el desarrollo de otras ocupaciones. Finalmente, mencionó que
el incumplimiento podía generar llamados de atención o afectar los pagos,
aunque no le consta que ello hubiera ocurrido en el caso concreto.

ii) El señor Álvaro Ernesto Díaz Buitrago indicó que fue compañero del
actor entre 2010 y 2012. Señaló que este inició su vinculación con el SENA
en 2009, posteriormente laboró en la Alcaldía de Samaná entre 2013 y
2014; luego retomó actividades en la entidad durante 2015 y 2016. Precisó
que se desempeñó como instructor en el programa de atención a víctimas
entre 2009 y 2012, así como en 2016, y como gestor en el programa SENA
Emprende Rural en 2015, diferenciándose ambos esquemas por la
población beneficiaria de la formación. Explicó que quienes prestaban
servicios como instructores debían cumplir jornadas de ocho (8) horas
diarias, generalmente entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., o de 9:00 a. m.
a 5:00 p. m.; no obstante, en algunos casos la capacitación se desarrollaba
en horario nocturno, según las condiciones de los grupos. Añadió que
debían atender convocatorias a reuniones obligatorias y que él mismo
promovió una demanda contra la entidad por circunstancias similares.

Manifestó que el actor desarrollaba sus actividades en el área de influencia
de La Dorada, en municipios como Puerto Boyacá, Manzanares,
Pensilvania, Marquetalia y Marulanda. Indicó que quienes estaban
vinculados mediante contrato debían gestionar los grupos de aprendices y
definir los lugares de formación, a diferencia del personal de planta, al que
la entidad le asignaba tales aspectos. Señaló que la Coordinación
Académica o los líderes de programa verificaban el cumplimiento de las
actividades y que, para efectos del pago, se exigía la presentación
mensual de informes. Afirmó que, en caso de inasistencia, se advertía
sobre la posibilidad de no renovar la vinculación en el período siguiente.
También expresó que no era posible delegar funciones en terceros ni
suspender las actividades sin autorización previa, aunque aclaró que no
sabe si el demandante solicitó permisos en alguna ocasión. Finalmente,
consideró que la intensidad de las labores impedía el desarrollo simultáneo
de otras ocupaciones.

iii) El señor Juan Camilo Montoya manifestó que se desempeñó como
instructor contratado por el SENA entre 2010 y 2016, así como en 2019,
en el programa Jóvenes Rurales Emprendedores, posteriormente
denominado SENA Emprende Rural. Indicó que promovió una demanda
contra la entidad por circunstancias similares. Señaló que el demandante
actuó como instructor en el área de agronomía dentro del programa
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dirigido a población víctima de desplazamiento y que, en 2015, participó
en el programa Jóvenes Rurales Emprendedores. Explicó que quienes
desarrollaban estas actividades debían gestionar los grupos de formación
y que su labor se organizaba conforme a una programación que implicaba
el cumplimiento de ciento sesenta (160) horas mensuales. Añadió que, si
bien existía flexibilidad para impartir la capacitación en jornada diurna o
vespertina, según las condiciones de los grupos, debía cumplirse una
intensidad diaria equivalente a ocho (8) horas.

Precisó que el seguimiento de las actividades estaba a cargo del
subdirector, el coordinador académico, el coordinador de programas
especiales y el líder del programa, quienes verificaban el cumplimiento
mediante contacto con los aprendices y visitas a los lugares de formación.
Indicó que la remuneración era mensual, previa presentación de informes
de ejecución. Señaló que el incumplimiento de la programación podía
ocasionar retrasos en los pagos y que las inasistencias debían ser
compensadas; en caso de reiteración, podían dar lugar a llamados de
atención o a la terminación del vínculo. Agregó que no era posible delegar
las funciones en terceros y que no le consta si el actor desarrolló otras
actividades laborales de forma simultánea, aunque, en su criterio, la
intensidad de las labores lo dificultaba.

39. La entidad accionada tachó los tres (3) testimonios practicados debido a
que los señores Gustavo Adolfo Gallego Quintero, Álvaro Ernesto Díaz Buitrago
y Juan Camilo Montoya promovieron procesos judiciales contra la entidad
accionada por causas similares a las del actor.

40. Al respecto, es pertinente recordar que para establecer la credibilidad del
testimonio es necesario que el relato presente claridad en las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, que las respuestas sean precisas y completas y que el
testigo justifique la forma en que conoció los hechos. Solo bajo estas condiciones
el juzgador puede valorar si lo declarado resulta verosímil, si se ajusta al sentido
común y si es coherente con el resto del material probatorio. La ley no impide
tener en cuenta la declaración de un testigo sospechoso, pero exige que sea
apreciada con mayor rigor y que su contenido sea contrastado con los demás
medios de prueba incorporados al expediente.

41. En consecuencia, los testimonios debían ser apreciados teniendo en
cuenta la tacha de sospecha formulada por la entidad accionada, sin que ello
implique su exclusión del acervo probatorio, sino que su valoración se debe
realizar conforme a las reglas de la sana crítica.

42. Ahora bien, en la sentencia apelada se encontró acreditado que el
demandante prestó un servicio personal a favor de la entidad accionada, en
condición de instructor, actividad por la cual recibió una remuneración.

43. Aunque estos elementos no fueron objeto de reproche en los recursos de
apelación, resulta necesario indicar que el accionante no solo cumplió tareas de
instructor en el programa de personas víctimas de desplazamiento, sino que
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también fungió como gestor de fortalecimiento desde el 25 de febrero hasta el 26
de diciembre de 2015, tiempo durante el cual realizó actividades de asesoría y
acompañamiento tendientes al desarrollo empresarial en el programa de Jóvenes
Rurales Emprendedores del SENA. Así pues, se trató de actividades diferentes,
en programas distintos.

44. En cuanto a la subordinación continuada, esta denota el «poder jurídico
permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del
trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición
de reglamentos, en lo relativo a la manera como este debe realizar las funciones
y cumplir con las obligaciones que le son propias […] se destaca dentro del
elemento de subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona
la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador
ejerce sobre este […]»5.

45. De acuerdo con una interpretación armónica de los artículos 3, 4
(numerales 1 y 4), 5 (numeral 2) y 14 de la Ley 80 de 1993, entre los contratistas
y las entidades públicas debe existir una relación de entendimiento y
coordinación que apunte a la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual,
lo cual implica para los primeros el deber de acatar algunas directrices que les
impartan las contratantes durante el desarrollo del contrato6 y colaborar para que
lo convenido se cumpla de la mejor manera; para las segundas, el deber de
ejercer la dirección general, el control y la vigilancia de la ejecución, lo que les
permite exigir al contratista la correcta realización del objeto pactado y adelantar
las revisiones periódicas de los servicios prestados para verificar que estos se
desarrollen en condiciones de calidad.

46. Mención especial merecen los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
conforme a los cuales las entidades contratantes están obligadas a vigilar
permanentemente la ejecución correcta del objeto convenido a través de
supervisores o interventores, quienes tienen a su cargo la labor de hacer
«seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional» a cargo del contratista,
misión en razón de la cual están facultados para solicitar informes, aclaraciones
y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.

47. Desde esa perspectiva, quien solicite la declaración de la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios en el marco del
principio de primacía de la realidad sobre las formas debe demostrar la ejecución
de las tareas bajo continuada subordinación; sin embargo, del análisis integral de
las pruebas recaudadas, la Sala concluye que el accionante no acreditó dicho
aspecto por las siguientes razones:

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
6
Numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993: «2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que
sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las
órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad
y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran
presentarse».
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48. La Sala ha considerado que la convocatoria a reuniones y capacitaciones7,
la presentación de informes de ejecución de actividades y el diligenciamiento de
información en el aplicativo Sofía Plus no generan inexorablemente una
continuada subordinación en la prestación del servicio, pues tales circunstancias
deben interpretarse como materialización del principio de coordinación, el cual
garantiza que entre las partes contratantes exista un entendimiento encaminado
a lograr el cumplimiento del objeto convenido.

49. En esa misma línea, la ejecución de actividades en las instalaciones de la
entidad contratante, dentro de los horarios acordados entre las partes, no permite
afirmar por sí sola la existencia de subordinación continuada. La naturaleza de
determinadas labores exige un grado de coordinación espacial y temporal que
resulta lógico y razonable, como ocurre con las funciones desempeñadas por la
accionante. En efecto, el desarrollo de procesos formativos requiere la presencia
simultánea de instructores y aprendices en franjas horarias previamente definidas
y en un lugar habilitado para el desarrollo adecuado de la enseñanza.

50. En todo caso, no existe certeza acerca de que el SENA le haya impuesto
al demandante un horario de ejecución de actividades, pues los testimonios
permiten entender que dicha entidad solo exigía completar 8 horas diarias de
formación, pero los tiempos en que ellas se cumplían dependían de la
disponibilidad de los grupos de aprendices, de suerte que el horario era
concertado entre estos últimos y el instructor.

51. Igual sucedía con las instalaciones donde se realizaban las tareas, pues
estas no eran provistas por la entidad accionada, sino que los instructores las
conseguían con la ayuda de la comunidad destinataria de la formación o las
alcaldías municipales correspondientes, de acuerdo con los testimonios
recaudados.

52. En el caso concreto, ni la prueba documental ni la testimonial da cuenta
de que la entidad accionada le haya impartido instrucciones al demandante
tendientes a determinar el modo, el tiempo y la cantidad del trabajo que debía
cumplir, debido a las cuales este último hubiera perdido su autonomía en la
realización de las tareas.

53. Aunque los testigos hicieron referencia a la necesidad de pedir permisos
para ausentarse o suspender la prestación del servicio, lo cierto es que todos
ellos precisaron que no les constaba que el actor hubiera presentado alguna
solicitud en ese sentido, de suerte que se trataba de suposiciones o afirmaciones
generales que no correspondían a la situación particular del demandante.

54. Asimismo, el hecho de que este no pudiera delegar el cumplimiento de sus
tareas o designar su reemplazo en casos de ausencia tampoco denota
subordinación. Al respecto, basta con recordar que los contratos estatales, como
el de prestación de servicios, son intuito personae, es decir, que las calidades y

7
Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 223 de octubre de 2025, expediente 08001-23-33-000-2018-00990-01 (4499-
2021).
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cualidades personales del contratista son esenciales para la celebración del
acuerdo, de tal manera que el cambio de la persona que ocupa dicha posición no
puede estar sujeto al criterio unilateral de esta, sino al convenio de las partes.

55. Por otro lado, vale la pena resaltar que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993
permite la celebración de contratos de prestación de servicios con el objeto de
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
las entidades públicas, razón por la cual no resulta extraño o irregular que el
demandante haya realizado tareas relacionadas con el objeto misional del SENA,
motivo por el cual esa situación no comporta una prueba suficiente de la
subordinación continuada.

56. En ese sentido, la Sala no comparte la tesis según la cual la actividad de
los instructores del SENA lleva implícita la subordinación. Sobre el particular,
resulta necesario precisar que dichas labores no son asimilables a las de los
docentes oficiales, ya que los objetivos del SENA y de las instituciones educativas
estatales no son coincidentes, así como tampoco lo es la forma en la que se
ejercen las funciones, lo que se evidencia en la existencia de una normativa
distinta para ellos: mientras que los maestros oficiales se rigen por las
disposiciones de la Ley 115 de 1994, los instructores del SENA están sujetos a
la Ley 119 de 19948.

57. En este punto vale la pena resaltar que el accionante se desempeñó como
asesor en proyectos productivos, agropecuarios y socio-empresariales en
FUNDECOS desde 2008 hasta el 30 de junio de 2012; como docente de medio
tiempo en el Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas, nombrado en
provisionalidad, desde el 1.° de octubre hasta el 17 de diciembre de 2010; como
profesor catedrático en esta última institución desde abril hasta junio de 2011; y
como ingeniero agrónomo en el municipio de Samaná (Caldas) entre el 15 de
septiembre y el 30 de diciembre de 2012, es decir, durante algunos de los lapsos
en que prestó sus servicios como instructor en el SENA, hecho que es indicativo
de cierto margen de autonomía9 organizar su agenda a fin de ejecutar tareas en
unos y otros lugares durante los períodos referidos.

58. En conclusión, la prueba documental y testimonial no da cuenta de que
durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios la entidad
accionada hubiera incurrido en comportamientos que desdibujaran la autonomía
del contratista en cuanto al modo, el tiempo y la cantidad de trabajo que este
realizaba, razón por la cual se revocará la sentencia de primera instancia, incluida
la condena en costas, y se negarán las pretensiones de la demanda.

8
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, i) sentencia del 21 de agosto de 2025, expediente 17001-23-33-000-2018-00634-01 (3839-2022); ii)
sentencia del 8 de agosto de 2025, expediente 25000-23-42-000-2019-00854-01 (3122-2022); iii) sentencia
del 24 de julio de 2025, expediente 41001-23-33-000-2018-00324-01 (4899-2024); iv) 29 de mayo de 2025,
expediente 17001-23-33-000-2018-00590-01 (4110-2023); y v) sentencia del 25 de enero de 2024,
expediente 25000-23-42-000-2017-06111-02 (4838-2022).
9
Ver el siguiente caso similar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 21 de agosto de 2024, expediente 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-
2021). En dicha oportunidad se indicó lo siguiente: […] se aprecia que los contratos de prestación de
servicios profesionales ejecutados no encubrieron una relación laboral, en tanto el actor gozaba de tal
autonomía para determinarse su tiempo de labor y sus funciones profesionales que pudo fungir entre el 19
de febrero de 1982 y el 28 de febrero de 2013 como empleado público al servicio de la Universidad
Tecnológica de Pereira y como contratita en el Hospital Universitario San Juan de Dios de Armenia».
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59. Finalmente, en tanto no se acreditó la desnaturalización de los contratos
de prestación de servicios, resulta innecesario pronunciarse sobre los
argumentos que planteó el demandante en torno a la prescripción extintiva y el
alcance del restablecimiento, pues esto último está sujeto a la comprobación de
lo primero, lo cual no ocurrió.

La condena en costas de primera y segunda instancia

60. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

61. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

62. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

63. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se revocará el fallo apelado,
se impondrán costas a la parte demandante en ambas instancias, por cuanto se
revoca la sentencia de primera instancia. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho
sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 20 de enero de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión. En su lugar, NEGAR
las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones esbozadas en
esta providencia.

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SEGUNDO. CONDENAR en costas de ambas instancias al señor José Mauricio
Herrera Castañeda, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje. Para tal efecto,
las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Caldas.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JMMC
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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