Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00670-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00670-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2016-00670-02
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
21 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-2021)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
Demandado: ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira
Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta, solución de continuidad,
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, quienes actúan
por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el 26 de febrero de 2021,
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (CPACA), el señor Luis Guillermo Henao Diez, mediante
apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 0330/2016 del 5 de mayo de
2016, expedida por el gerente de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira,
por medio de la cual se negó el reconocimiento de los derechos prestacionales y de
seguridad social reclamados, así como la existencia de una relación laboral.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
i) declarar que entre aquel y la referida entidad existió una relación laboral producto
de la subordinación a que fue sujeto en la ejecución de los contratos de prestación
de servicios suscritos entre el 1° de mayo de 1981 y el 6 de noviembre de 2014; ii)
reconocer y pagar la indemnización por la falta de pago oportuno de los salarios y
prestaciones sociales, la indemnización por falta de reconocimiento y pago de
cesantías o por no haberlas consignado oportunamente a un fondo, así como los
intereses a las cesantías, la diferencia con el salario devengado por un empleado
de planta con las mismas funciones ejecutadas, primas de servicios y de navidad,
vacaciones, prima de vacaciones; iii) reajustar a la AFP en la que se encontraba
afiliado los valores de salud y pensión con base en el monto del salario que percibía;
iv) actualizar las sumas que resulten; y v) condenar en costas a la entidad.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) Entre el 1° de mayo de 1981 y el 6 de noviembre de 2014, el señor Luis
Guillermo Henao Diez prestó sus servicios personales y remunerados a la ESE
Hospital Universitario San Jorge de Pereira, como cirujano pediatra, en ejecución
de supuestos contratos de prestación de servicios; sin embargo, estuvo bajo la
continuada dependencia y subordinación de las autoridades de la entidad por más
de 30 años.
ii) Durante el período de vinculación, le hicieron dos nombramientos, y para los
últimos años, por orden de la ESE, suscribió contratos con cooperativas de trabajo
al igual que los demás especialistas que prestaban servicios allí.
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
iii) Para la prestación del servicio el ente hospitalario establecía los turnos y los
horarios de trabajo, además de proveer los instrumentos para laborar y las
instalaciones; le imponía órdenes tanto verbales como escritas; igualmente, tenía
que asistir a las reuniones de carácter obligatorio y para ausentarse de sus
actividades debía solicitar permiso.
iv) El 26 de abril de 2016, solicitó el reconocimiento de los derechos deprecados;
sin embargo, la entidad demandada mediante la Resolución 0330/2016 del 5 de
mayo de 2016, dio respuesta negativa a su petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 5, 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 2,
22, 37, 38 literal f), 41 parágrafo 2 y 46 de la Ley 909 de 2004; 105, 106, 118, 126,
148 y siguientes del Decreto 1572 de 1998; 6 y siguientes del Decreto 2504 de 1998;
17 y 30 de la Ley 10 de 1990; 99 de la Ley 50 de 1990; 2 de la Ley 244 de 1995; 13
de la Ley 344 de 1996; 45 del Decreto 1045 de 1978; y 42 del Decreto 1042 de
1978. Asimismo, invocó como violados los Decretos 1582 de 1998, 1335 de 1990 y
785 de 2005.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:
i) El acto demandado vulneró los derechos laborales del actor, consagrados
constitucional y legalmente, tales como la primacía de la realidad sobre las
formalidades, la irrenunciabilidad de beneficios mínimos, la estabilidad y
permanencia en el empleo, entre otros.
ii) Aunado a ello, adolece de falsa motivación, en cuanto a la determinación de los
extremos temporales de la relación, la composición del salario y las prestaciones
sociales del actor; pues pretende desconocer la realidad que encubrieron los
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Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
contratos de prestación de servicios y la vinculación mediante cooperativas, ya que,
de acuerdo a la realidad de los hechos, la figura contractual no debió aplicarse en
el presente caso, dado que no se observaron los presupuestos que exige la ley que
regula la materia. En otras palabras, se desconocieron absolutamente los principios
constitucionales en materia laboral y se afectaron sus condiciones laborales, dada
la simulación para ocultar una relación legal y reglamentaria que es real y evidente
y se dio por más de 30 años.
iii) De igual modo, resulta innegable la desviación de poder por razón de la
extralimitación de funciones por parte del gerente de la ESE Hospital Universitario
San Jorge de Pereira en la expedición del acto administrativo demandado, en
cuanto existen principios de rango constitucional y legal que son inquebrantables.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira se opuso a las
pretensiones de la demanda1 y expuso las siguientes razones de defensa:
i) Las actividades desempeñadas por el demandante como médico especialista
no corresponden a las que puedan ejecutarse por un trabajador oficial vinculado a
través de contrato individual de trabajo, dado que la naturaleza jurídica de estas lo
impide.
ii) Durante la vinculación con la entidad el actor tuvo la calidad de empleado
público a través de nombramientos realizados mediante actos legales y
reglamentarios, así como por prestación de servicios, pero no es cierto que el
vínculo duró 30 años, toda vez que sus relaciones se presentaron de manera
discontinua o interrumpida. Aunado a ello, la entidad contrató los servicios de varias
cooperativas para la prestación de los servicios asistenciales que se requerían, pero
no le consta que el demandante estuviera adscrito a esas empresas, toda vez que
1 Expediente digital, índice 2 de la plataforma Samai, archivo
6_ED_ACTUACIONE_01EXPEDIENTE(.ZIP).
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
el compromiso era enviar el personal para desarrollar las actividades que se
requería; dichas cooperativas se encargaban igualmente de cancelar las
obligaciones laborales a que tenían derecho sus trabajadores y son quienes se
encargan de programar sus turnos.
iii) Dentro de la región se presenta ausencia de médicos con especialidades en
cirugía pediátrica, motivo por el cual se vinculó al actor a través de contratos de
prestación de servicios profesionales regidos por el Decreto 734 de 2012, cuyas
características establecidas por la jurisprudencia y la doctrina consisten en que la
prestación de servicios versa sobre la ejecución de labores debido a la experiencia,
capacitación y formación profesional en determinada materia. En ese orden, el
contratista siempre contó con autonomía e independencia desde el punto de vista
técnico y científico, de suerte que el subgerente asistencial de la entidad únicamente
se encargó de coordinar las actividades tanto de los empleados de la entidad, como
de los contratistas, pues ninguno de ellos puede actuar de manera aislada dentro
de la institución.
Propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de infracción de
disposiciones legales, cobro de lo no debido, imposibilidad de condenar a la ESE
Hospital Universitario San Jorge de Pereira y buena fe.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia escrita proferida el 26
de febrero de 2021,2 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
sustento en las siguientes consideraciones:
i) El demandante prestó servicios a la ESE en forma interrumpida, como empleado
público entre el 13 de mayo de 1976 y el 26 de julio de 2000, y a través de varios
contratos u órdenes de servicios entre el 1° de abril de 1995 y el 6 de noviembre de
2 Ibidem, con ponencia de la magistrada Dufay Carvajal Castañeda.
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
2014, con algunas interrupciones. Igualmente, quedó acreditado que también tuvo
vinculaciones legales y reglamentarias y contractuales con otras entidades.
ii) Adicionalmente, obra prueba de contratos de prestación de servicios suscritos
entre la ESE y la Cooperativa de Trabajo Asociado de Profesionales de la Salud,
Medicoop, con el objeto de poner a disposición de la entidad los especialistas
requeridos para cubrir los servicios asistenciales a cargo de ésta, en uno de los
cuales se mencionó al demandante como asociado en la especialidad de cirujano
pediatra, con un número de 8 horas, y se fijó como plazo de ejecución del contrato
el comprendido entre la legalización hasta el 31 de diciembre de 2006, ampliado por
otrosí por 60 días más a partir del 1° de enero de 2007.
iii) En relación con ese período de vinculación a través de tercero, comprendido
entre los años 2006 al 2009, la parte actora no acreditó la subordinación, sin que
pueda considerarse que esta emerge de la existencia de los contratos celebrados
entre el ente y la cooperativa, en cuanto no se allegó al plenario elemento de juicio
que diera certeza y precisión sobre la prestación efectiva de la función prometida en
misión durante este lapso, ni de la sujeción del accionante a las directrices fijadas
por parte del hospital que desvirtuaran su autonomía como socio de la cooperativa.
Menos aun cuando el testimonio rendido por la señora Encarnación Mosquera
Palacio, no da cuenta sobre las funciones que en este período concreto (cumplía el
demandante. Por lo antedicho, se denegarán las pretensiones formuladas en
relación con al vínculo con la Cooperativa Medicoop.
iv) Conforme la relación probatoria se observa como períodos de vinculación a
través de diversos contratos u órdenes de servicios, los siguientes: del 1° de abril
de 1995 al 30 de abril de 1998; del 1° de enero al 31 de marzo de 1999; del 1° de
enero al 28 de febrero de 2001; del 1° al 30 de enero de 2002; del 1° de abril al 30
de junio de 2002; del 1° al 18 de octubre de 2004; del 4 de noviembre al 23 de
diciembre de 2004; del 1° de septiembre al 31 de diciembre de 2011; del 8 de enero
de 2013 al 6 de enero de 2014; y del 7 de enero 6 de noviembre de 2014. Se deja
constancia de que las pruebas no dan cuenta de relación alguna durante el lapso
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
comprendido entre finales del año 2004 y el mes de agosto de 2011, luego, no es
dado aceptar tiempos de prestación de servicios diferentes a los acreditados, y por
los cuales no se allegan los documentos donde conste el acuerdo de voluntades
entre las partes.
v) Ahora, el elemento de prestación personal del servicio encuentra soporte en las
pruebas documentales obrantes en el plenario (contratos, antecedentes
administrativos y certificaciones), que permiten concluir que el señor Henao Diez
prestó sus servicios en forma interrumpida como médico especialista —cirujano
pediátrico— entre el 1° de abril de 1995 y el 6 de noviembre de 2014. Igualmente,
el testimonio de la señora Encarnación Mosquera Palacio, da cuenta de que al
demandante le correspondía desarrollar actividades de médico especialista en
cirugía pediátrica. También, de las referidas pruebas documentales se observa
pactado el valor de una remuneración.
vi) En relación con el aspecto de la subordinación, como sustento de tal elemento,
se encuentra el testimonio de la referida declarante, quien afirmó que para la
realización de sus actividades como cirujano pediatra del Hospital el demandante
debía cumplir semanalmente un horario fijado por el coordinador médico, quien era
su jefe y además debía cumplir unas disponibilidades asistenciales; que su labor
era permanente y que para ausentarse del servicio debía solicitar permiso ante el
coordinador médico, funcionario que le impartía las órdenes e instrucciones. Así
pues, de la naturaleza y características de las funciones realizadas se deduce la
falta de libertad para llevar a cabo las tareas de médico especialista, las cuales
fueron desarrolladas de forma permanente y por demás prolongada en el tiempo
(más de 30 años), aunque en forma interrumpida. En ese orden, devienen
procedentes las peticiones de la demanda.
vii) De acuerdo con el contexto de la vinculación se presentaron algunas
interrupciones significativas, por lo que resulta apropiado advertir que la relación
contractual se dividió en 10 períodos. Se evidencia, en varios de los referidos
períodos, lapsos que desvirtúan la continuidad de la labor, con incidencia en el inicio
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
del término de prescripción. Así, al culminar cada extremo de los relacionados, y
teniendo en cuenta las interrupciones, la parte actora tenía tres años para elevar la
petición de reconocimiento laboral ante la administración. La reclamación
administrativa fue formulada el 26 de abril de 2016, en ese sentido operó en forma
parcial el fenómeno prescriptivo frente a las relaciones laborales ocurridas en los
ocho primeros períodos, esto es, entre el 1° de abril de 1995 y el 31 de diciembre
de 2011.
viii) Dando aplicación a la directriz constitucional de que los aportes al sistema de
seguridad inciden en el derecho pensional del actor, el cual es imprescriptible, la
entidad demandada deberá tomar todos los períodos en los que aquel fungió como
contratista para calcular el ingreso base de cotización pensional, mes a mes,
teniendo en cuenta todos los honorarios pactados, y si existe diferencia entre los
aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, deberá cotizar
al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes, pero
solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador.
ix) Referente al pago de la sanción moratoria, no habrá lugar a su reconocimiento
atendiendo que el derecho a las cesantías surgió de la ejecutoria de la sentencia,
ya que la relación entre las partes era de tipo contractual y no laboral.
x) Sobre la pretensión de indemnización por mora en el pago de las prestaciones,
dicha sanción no resulta aplicable al caso bajo examen, toda vez que regula
relaciones propias del derecho laboral individual, esto es, de trabajadores
particulares. Además, es con ocasión de la sentencia que surgen tales derechos
laborales y que se radica a cargo del verdadero empleador la obligación de pago de
tales emolumentos.
xi) En suma, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción respecto
de los períodos comprendidos entre el 1° de abril de 1995 y el 31 de diciembre de
2011, y la nulidad del acto demandado; ordenó a la ESE a) reconocer y pagar las
prestaciones sociales de orden legal, tomando como base los honorarios
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
contractuales de los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación
laboral, es decir, del 8 de enero de 2013 al 6 de enero de 2014 y del 7 de enero de
2014 al 6 de noviembre de 2014; b) pagar las diferencias que surjan por virtud de
los derechos prestacionales que se reconocen, y que impliquen variación del
ingreso base para cotización de los aportes a la seguridad social en pensión,
teniendo en cuenta todo el período de ejecución contractual, c) cotizar al fondo de
pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje
que le correspondería como empleador en todos los contratos de prestación de
servicios celebrados, d) computar para efectos pensionales el tiempo laborado bajo
la modalidad de prestación de servicios; y negó las demás pretensiones de la
demanda.
1.4. Los recursos de apelación
1.4.1. La demandante
El señor Luis Guillermo Henao Diez, por intermedio de su apoderado, interpuso
recurso de apelación3 en contra de la sentencia previamente referenciada y solicitó
que se modifique y, en su lugar, se emita pronunciamiento respecto de los
siguientes puntos de inconformidad.
i) No se entiende porqué y de qué manera el despacho no dio por probado,
estándolo, que el demandante laboró de manera ininterrumpida, y, en su lugar, sin
prueba al respecto, determinó como período de vinculación contractual interrumpido
el comprendido entre el 1° de abril de 1995 y el 6 de noviembre de 2014, y «no
conformes con semejante vulneración se pretenda establecer que hubo
interrupciones que desdibujan este mismo reconocimiento para declarar la
prescripción de los derechos conculcados».
ii) La continuidad de la relación sostenida entre las partes fue clarificada por la
3 Ibidem, archivo 8_ED_ACTUACIONE_03RECURSOAPELACIONDT(.PDF).
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
testigo Encarnación Mosquera, quien manifestó haber trabajado con el demandante
durante todo el periodo referido en el escrito de la demanda, con ocasión a que ella
se encontraba vinculada a la ESE como enfermera con anterioridad a la vinculación
del doctor Henao Diez y hasta después de haberse ella retirado en virtud de la
obtención de su pensión de vejez, además indicó que el actor fue el único cirujano
pediátrico en el hospital durante más de 12 años continuos.
iii) Por todo lo anteriormente expuesto, la relación laboral ha debido ser
declarada desde el 1° de mayo de 1981 hasta el 6 de noviembre de 2014, sin ningún
tipo de interrupción.
1.4.2. La demandada
El apoderado de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira interpuso
recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda. Como sustento
de su petición expuso lo siguiente:4
i) La vinculación que tuvo el actor con la entidad fue a través de verdaderos
contratos de prestación de servicios profesionales, los cuales fueron ejecutados de
manera intermitente, motivo por el cual este pudo fungir entre el 19 de febrero de
1982 y el 28 de febrero de 2013 como empleado público al servicio de la Universidad
Tecnológica de Pereira y como contratista en el Hospital Universitario San Juan de
Dios, pues era autónomo para determinarse su tiempo de labor y sus funciones
profesionales.
ii) Así las cosas, el demandante no estaba sometido a un horario propuesto por
la entidad, pues le es imposible a la institución programarle un horario fijo a un
profesional que presta múltiples ocupaciones especializadas en diferentes
entidades públicas, en distintas ciudades, por lo tanto, era él quien programaba sus
4 Ibidem, archivo 7_ED_ACTUACIONE_02RECURSOAPELACIONDD(.PDF)
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
turnos y definía la forma de cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas.
Prueba de ello constituyen los propios acuerdos de voluntades de los cuales se
aprecia que no se estableció un tiempo u horario específico, pues la forma de pago
pactada no requería de dicha obligación.
iii) El único testimonio recaudado en el proceso hace mas referencia a hechos
personales de la declarante como trabajadora de la ESE, que a circunstancias
particulares del accionante, al paso de ser inespecífica, pues se limitó a indicar que
aquel recibía órdenes de los coordinadores, sin hacer hincapié a qué tipo, no tenía
claro quién elaboraba los cuadros de turnos, ni observó algún requerimiento o
supervisión de funcionarios de la entidad sobre el actor, por lo que al ser el único
medio de prueba para acreditar el elemento de la subordinación, resulta evidente
que carece de asertividad.
iv) En gracia de discusión, en caso de llegarse a confirmar el sentido de la
decisión pese a la deficiencia probatoria, se hace énfasis en que los términos para
calcular la prescripción que tuvo en cuenta el Tribunal es errado, ya que solo sería
motivo de reconocimiento las remuneraciones que se generaron bajo los contratos
073-13 y 085-2014.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
El apoderado de la parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y
el en recurso de apelación.5
1.6. El ministerio público
El agente del ministerio público emitió concepto en el que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, toda vez que, por un lado, el doctor Henao Diez
logró demostrar la existencia de una verdadera relación laboral entre este y la ESE,
5 Índices 9 y 10 de la plataforma Samai.
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
caracterizada por la subordinación, y no una simple coordinación de actividades, y
por otro lado, resulta evidente que la suscripción de contratos y órdenes de servicios
desde 1995 hasta 2014 presentó interrupciones por periodos superiores a 30 días,
por lo que el análisis realizado por el a quo se ajusta a la jurisprudencia vigente del
Consejo de Estado, al concluir que operó la prescripción.6
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
presentados, la Sala debe establecer lo siguiente:
1. Si esta probado en el expediente que entre el señor Luis Guillermo Henao
Diez y la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, existió una verdadera
relación laboral que tenga como consecuencia el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció
vinculado contractualmente, y
2. Si operó el fenómeno jurídico de la prescripción.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales
encubiertas o subyacentes es el siguiente:
6 Índice 11 de la plataforma Samai.
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los
artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y
el trabajo digno:
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.
Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar
sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales.
Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-7 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue desarrollado
por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización8, en cuya virtud «todo
7 Aprobada el 11 de abril de 1919.
8 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a
cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones
y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este
respecto».
Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al
trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna
y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o
aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo,
«(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en particular «una
remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e
igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los
Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para
efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En
consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o los convenios
laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los
trabajadores en Colombia.
Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento constitucional
para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios para vincular
personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de las entidades
estatales.
A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel
legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del
trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.
Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del
vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto
del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto
con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la
garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el
Estado.
Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.
2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios
El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de
contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está definido en
el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:
15
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008,
2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 9 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:
i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».10
iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación
o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina
9 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de
planeación nacional»,
10 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es
necesario un apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la
experticia o conocimiento especializado necesario para llevar a buen término la actividad
encomendada a la entidad.
16
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales».11
A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.
2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta
o subyacente por contratos de prestación de servicios
Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta
corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.
Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia
de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que si bajo el
ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica
relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución de las
prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun cuando se
acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre
el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en ningún caso, será
11 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es
posible que en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad,
y para perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la
Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo
inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del
artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del contratista la existencia de una
relación laboral subordinada».
17
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
posible darle la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin que
concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.12
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.
2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.
No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe estar
consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.
Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:
(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto
de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones
pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su ejecución,
develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el consiguiente
desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber fungido, en la
práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes, sino como
verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre funcionarial.
2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el
elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones
de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
12 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-
23-31-000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo,
obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No
obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma
distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.13
A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:
i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento
de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena
estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en
cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por
consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello,
si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio
de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada
en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,14 la dirección y control efectivo de las actividades
del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la
existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar
el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier
medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal
de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado
08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
14 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá,
Leyer,1996, págs. 54 y 55.
19
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
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semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como persona natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;15 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las condiciones
para su ejecución, el contratista no podía delegar el ejercicio de sus actividades en
terceras personas.16
2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo
o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,
por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.
2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021
2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe
ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este
debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
15 Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del
contrato de trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
16 Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B; de 1 de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
20
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
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jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».17
En ese orden, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse
para garantizar su cumplimiento.
Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual no
es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –y en
consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.18
2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un período de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera,
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de
acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.
21
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de
una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad
entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha
en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días
hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción
de las mismas necesidades.
Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual.
En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno
extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la
cual no procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que
de aquellos hubiesen podido generarse.
Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo siguiente:
(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas
de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato
realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.
[...]
(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual. (Negrillas fuera del texto)
En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no
se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3
años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.19
2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en
salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la
luz de dichos parámetros.
2.3. Hechos probados20
De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
2.3.1. En torno a la relación que invoca el demandante
i) De conformidad con la copia de las órdenes de prestación de servicios, el señor
19 En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el
término de la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos
establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una
relación laboral cuya duración deba ser examinada.
20 Todas las pruebas que a continuación se relacionan se encuentran en el expediente digital, índice
2 de la plataforma Samai, archivo 6_ED_ACTUACIONE_01EXPEDIENTE(.ZIP), Rad. 2016-00670-
00 LUIS GUILLERMO HENAO DIEZ vs HOSPITAL SAN JORGE Cuad. 1.pdf y Rad. 2016-00670-
00 LUIS GUILLERMO HENAO DIEZ vs HOSPITAL SAN JORGE Cuad. 1-1.pdf
23
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
Luis Guillermo Henao Diez tuvo las siguientes vinculaciones para prestar servicios
en la referida ESE:
Órdenes de prestación de servicios
# núm.. Fecha inicio Fecha Duración Objeto
terminación
1 0231- 01/04/1995 30/04/1995 1 mes El contratista en calidad de médico
95 especialista se obliga a prestar los
servicios médicos quirúrgicos y
2 0241- 01/05/1995 31/10/1995 6 meses
95 asistenciales en la especialidad de
cirugía pediátrica, también deberá
3 Prorroga 12/08/1996 31/12/1996 4 meses realizar la agenda de trabajo de
y 19 días acuerdo a las necesidades del
servicio
4 0029- 01/01/1997 31/12/1997 1 año El contratista se compromete a
97 prestar sus servicios como médico
(4) especialista – cirujano pediatra
prorrogas
0015- realizando procedimientos
5 02/01/1998 30/04/1998 4 meses
98 quirúrgicos y turnos de urgencias
previo acuerdo con el jefe de área
6 C-021- Turnos: enero 27, 28, 29, 30 y 31 de
99 1999
Hacer turnos como médico
7 C-029- Turnos: febrero 25 ,26, 27 y 28 de 7
99
especialista en el servicio de
am a 7 am de 1999 urgencias adultos
8 C-049- Turnos: marzo 22, 23, 24, 25, 26, 27,
99 28 y 29 de 7 pm a 7 am de 1999
9 C-066- Turnos: enero 22, 23, 24, 25, 26, 27,
01 28, 29, 30 y 31 y febrero 6, 7, 13, 14 Hacer turnos como médico
20, 21, 24, 25, 27 y 28 de 2001 especialista. (Cirujano Pediatra)
C-1119- para lo cual deberá realizar; 1
10 Turnos: enero del 8 al 14 y del 29 al
02 Ronda en la mañana de 7 a 10 am
30 de 2002
y en la noche de 7 a 10 pm, 2 asistir
11 C-1337- Turnos: abril del 5 al 12 (inclusive) de al llamado que le haga la ESE para
02 la valoración de pacientes, entre los
2002
15 minutos posteriores a este. 3
12 C-1490-
02 realizar los procedimientos
Turnos: mayo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 22 quirúrgicos que se deriven de las
y 28 de 2002, en los servicios de valoraciones realizadas a los
urgencias pediatría, pediatría salas, pacientes
quirófanos, servicio especial
13 C-1572- Turnos: junio: 1, 2, 3, 4, 5,13,18 y 20 Hacer turnos de disponibilidad
02
de 2002 como médico especialista.
C-3358-
(Cirujano Pediatra) en los servicios
14 Del 1° al 4 y del 14 al 18 de octubre de urgencias, pediatría, salas
04
de 2004 hospitalización, quirófanos, servicio
especial, consulta externa y recién
15 C-3368- Del 4 al 8 y del 11 al 15 de noviembre
04 nacidos, para lo cual deberá
de 2004 realizar; 1 Ronda en la mañana de
E1 1° y del 20 al 23 de diciembre de 7 a 10 am y en la noche de 7 a 10
2004 pm, 2 asistir al llamado que le haga
la ESE para la valoración de
pacientes, entre los 15 minutos
24
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
posteriores a este. 3 realizar los
procedimientos quirúrgicos que se
deriven de las valoraciones
realizadas a los pacientes
16 C-237- 01/09/2011 31/12/2011 4 meses
2011 Prestación de servicios
profesionales de cirugía pediátrica
17 C-073- 08/01/2013 06/01/2014 9 meses
2013 para ser desarrolladas al interior de
y 23 días la institución.
18 C-085- 07/01/2014 06/11/2014 10 meses
2014
ii) A su vez el demandante estuvo nombrado en el referido ente hospitalario,
como a continuación se muestra:
Vinculaciones legales y reglamentarias
# Resolución Fecha Fecha retiro Cargo
posesión
1 030-76 13/05/1976 15/08/1976 Cirujano pediatra
2 0505-81 01/03/1981 31/03/1981
Encargo para desempeñar las
3 0667-81 01/04/1981 30/04/1981 funciones de cirujano pediatra
4 0681-81 01/05/1981 16/10/1985 cirujano pediátrico
5 2454-98 01/08/1998 30/11/1998 médico especialista —cirujano
pediátrico— de 4 horas
6 1550-B- 12/04/1999 26/07/2000 Provisional en el empleo de médico
99 especialista
iii) El 1° de octubre de 2006, entre la ESE Hospital Universitario San Jorge de
Pereira y la Cooperativa de Trabajo Asociado de Profesionales de la Salud-
Medicoop, se celebró el contrato de servicios 824-2006, cuyo objeto consistió en
que el contratista se comprometía, mediante sus asociados, a prestar servicios,
entre otras, en la especialidad de cirugía pediátrica al interior de la ESE. En dicho
acuerdo de voluntades aparece el demandante como asociado, con un número de
8 horas. El plazo de ejecución se pactó desde la legalización del contrato hasta el
31 de diciembre de 2006. Asimismo, reposa en el dosier Otrosí del 1° de enero de
2007, mediante el cual fue prorrogado por sesenta días más.
25
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
2.3.2. En relación con la reclamación en sede administrativa
i) El 26 de abril de 2016, el demandante, a través de su apoderado, en ejercicio
del derecho de petición solicitó a la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira
reconocer la existencia de la relación laboral dependiente entre aquel y la entidad
entre el 1° de mayo de 1981 y el 6 de noviembre de 2014; y como consecuencia de
ello pagara las prestaciones y prerrogativas salariales y laborales a las que tiene
derecho.
ii) El 5 de mayo de 2016, mediante la Resolución 0336/2016, el gerente de la ESE
negó la solicitud presentada por carecer de fundamento legal. Contra la anterior
decisión, indicó expresamente la entidad, no procede recurso alguno.
2.3.3. Otros medios probatorios
2.3.3.1. Testimoniales
El 20 de noviembre de 2020, rindió testimonio la señora Encarnación Mosquera
Palacio. Concretamente señaló lo siguiente:21
Se trata de una reclamación que está haciendo el señor que le mencioné que se llama
Luis Guillermo Henao Diez frente a la ESE Hospital Universitario San Jorge de
Pereira, para la reclamación de unos emolumentos o unas prestaciones de orden
laboral; a usted se le ha llamado a esta audiencia para que se sirva relatar, describir,
si usted, en primer lugar, si lo conoce a él, porqué lo conoce, cuánto tiempo hace y si
sabe de alguna relación que él haya tenido con la entidad que le mencioné. Contestó:
doctora yo si lo conozco porque laboré con él en el San Jorge, yo me acuerdo de que
él entró en mayo del 81, que nunca se me olvida porque en esa fecha nació mi hijo y
yo hice muchos turnos con él en el San Jorge. Preguntado: sírvase decir en qué
actividades se ocupaba el señor Luis Guillermo Díez, qué actividades realizaba según
lo que usted dice en el Hospital San Jorge. Contestó: Como cirujano pediatra.
Preguntado: a usted le consta que él realizaba qué tipo de actividades como cirujano,
qué tipo de actividades o tareas realizaba en el hospital. Contestó: él era cirujano en
ese entonces el cirujano pediatra y también pasaba rondas en los pisos de pediatría.
Preguntado: usted mientras tanto fungía en el hospital en qué cargo, qué labor.
21Grabación audiencia de pruebas que se consultó el 18 de julio de 2024 con el numero del
expediente en el portal de la Rama Judicial Portal Public Videos: appointment videos | Sistema
audiencias virtuales (ramajudicial.gov.co).
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
Contestó: yo, auxiliar de enfermería. Preguntado: en la actividad o en la labor de
auxiliar de enfermería tuvo ocasión de acompañar al señor Luis Guillermo Henao Diez
en algún procedimiento o en alguna atención de pacientes. Contestó: Dra muchas
veces me tocaba pasar ronda con él en pediatría, cuando yo trabajaba en pediatría
pasé muchas veces ronda con él un domingo, un sábado, me tocaba ronda con él, no
solo a mí cualquiera auxiliar que estuviera, pero a mí me tocó muchas veces. Preguntado: en qué horarios o si en las actividades que desarrollaba el señor el
cumplía un horario o a qué horas o en que lapsos se hacía presente para cumplir con
la actividad que usted mencionó. Contestó: él tenía horarios de 24 horas u horarios
de disponibilidad. Preguntado: explique. Contestó: por ejemplo, si le tocaba 24 (no
se entiende) y cuando llamaban o iban por él. Preguntado: tomando como ejemplo
un periodo de una semana, en una semana cuántos días o cuántas horas podría llegar
a ir el señor Luis Guillermo a las instalaciones del Hospital San Jorge a cumplir la
actividad como médico. Contestó: Dra en una semana podía ir la semana completa,
porque si no había más pediatras sino él y había niños operables tenía que pasar
ronda, tenía que evaluarlo y entonces podría ir la semana completa, cuando no estaba
en disponibilidad. Preguntado: se enteró usted quien fijaba esos horarios o esa
disponibilidad. Contestó: los horarios de ellos, la Dra que fuera la jefe de ellos, la
coordinadora de médicos; a ellos siempre les asignaba la coordinadora de los
médicos. Preguntado: quién era. Contestó: no Doctora la verdad que no, para yo
decirle el nombre quién era no, ellos tenían sus consultas muy aparte uno sabía que
era la coordinadora de los médicos la que les asigna los turnos, saber quién era, los
nombres, no. Preguntado: se enteró usted si para el cumplimiento de las actividades
o de las tareas que se le encomendaban al señor Luis Guillermo, él recibía
instrucciones u órdenes de alguna autoridad del hospital o de otra autoridad y en caso
afirmativo de quién. Contestó: él recibía las órdenes de los jefes de ellos, ellos
decían: ¡ay! me llamaron que tengo que hacer un turno, me llamó mi jefe, entonces
eran los coordinadores. Preguntado: coordinadores de. Contestó: médicos. Preguntado: y los coordinadores médicos trabajaban para cual entidad. Contestó: San Jorge. Preguntado: usted tiene conocimiento si esas personas que trabajaban,
que usted dice que trabajan para el San Jorge eran de planta o no, esas personas
que usted dice que le daban las órdenes o que eran los jefes del señor Luis Guillermo. Contestó: como en ese tiempo había coordinadores de planta como coordinadores
de contrato, pues uno ahí sí muy duro porque yo no sé si era de planta o era de
contrato, pero ellos tenían sus coordinadores. Preguntado: se enteró usted si en el
tiempo en que usted conoció trabajando o realizando actividades como las que usted
menciona como médico el señor Luis Guillermo también realizaba ese mismo tipo de
actividades en otros hospitales o centros asistenciales. Contestó: Dra no porque yo
simplemente lo conocí en el San Jorge y no sé qué actividades haría por fuera, no
puedo decir una mentira, porque no, por fuera no sé en el San Jorge si era el cirujano
pediatra. Preguntado: se enteró usted si el médico Luis Guillermo Henao recibió
alguna contraprestación o remuneración por la actividad que realizaba para el hospital
y en caso afirmativo quién le pagaba. Contestó: o sea allá nos pagaban, a los de
planta, nos pagaba el San Jorge en la entidad que tuviéramos la cuenta, al principio
nos pagaban por, por nómina, por nómina ahí en el San Jorge, después ya nos
pasaron a los bancos, ahí no sé más. Preguntado: y al señor Luis Guillermo Henao
quién le pagaba o si él recibía una remuneración quién se la hacía, o él de quién
dependía, de qué entidad o si lo hacía directo con el Hospital San Jorge o con alguna
cooperativa.
Contestó: con el Hospital […] Preguntado: usted por favor infórmele al
Despacho si sabe si el doctor atendía en el Hospital San Jorge consultas externas. Contestó: si Sra. Preguntado: y usted sabe cómo le distribuían a él las tareas que
usted ha mencionado. Contestó: en consulta externa le tocaba valorar los pacientes
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
postquirúrgicos, con un lapso de 15 minutos cada paciente, y en la sala pasaba ronda
por la mañana, siempre de 7 a 10 que no se me olvida. Preguntado: los horarios de
cirugía estaban programados o también atendía urgencias. Contestó: atendía
urgencias y cirugías programadas y también las urgencias que llegaban. Preguntado:
dígale por favor al Despacho si él era el único cirujano pediatra o existían otros
cirujanos pediatras dentro del Hospital San Jorge para los tiempos que usted refiere
el doctor Luis Guillermo Henao trabajó para el Hospital San Jorge. Contestó: al
principio el doctor Guillermo Henao trabajaba solo porque no había más cirujanos en
el San Jorge, cirujano pediatra; al tiempo llegó el Dr. Martínez que es otro cirujano
pediatra y últimamente que ya llegó la doctora Beatriz Álzate, pero Dr Henao trabajó
mucho tiempo solo como cirujano pediatra. Preguntado: usted en respuesta anterior
habla de la disponibilidad que el doctor Luis Guillermo Henao tenía para la labor que
desempeñaba para el hospital y menciona que inclusive iban por él, usted sabe quién
iba por él a buscarlo para trasladarlo al hospital. Contestó: (no se entiende) cuando
iba a localizar, la ambulancia que estuviera de turno. Preguntado: por favor dígale al
Despacho si el doctor Luis Guillermo Henao él se podía ausentar del lugar de trabajo
o decir que no estaba en disponibilidad sin pedir permiso, él se podía ir simplemente
o tenía que solicitar permiso para ausentarse. Contestó: como todo empleado se
solicita un permiso para uno ausentarse y más sin embargo pues que yo sepa que él
se haya ausentado sin permiso no y que a la hora que se necesitaba ahí estaba. […]
Preguntado: durante el tiempo que conoció al doctor Henao había otros especialistas
en otras áreas cumpliendo labores similares a las desempeñadas por el doctor Henao. Contestó: si él era el único cirujano pediatra. Preguntado: pero la pregunta es si
había otras especialidades en la planta o las otras especialidades también eran por
contrato. Contestó: doctor, que pena tener que decir, es que uno allá no sabe cuáles
son todos los médicos que estén por contrato y cuáles son los posesionados, si había
muchos médicos unos por contrato y otros posesionados. Preguntado: Doña
Encarnación por favor quiere usted decirle al tribunal usted como se enteró que la
vinculación del doctor Henao era por contrato. Contestó: porque él había dicho que
estaba por contrato. Preguntado: él doctor Henao le contó a usted. Contestó: no,
habían dicho que él estaba por contrato, pero él no me lo dijo. Preguntado: quien le
había dicho. Contestó: alguien decía que él estaba por contrato, pero él no me lo dijo,
yo no sé si estaba por contrato o estaba posesionado doctor, pero alguien decía que
el doctor estaba por contrato, no me consta porque él no me lo dijo a mí. Preguntado:
a usted le consta que el doctor Henao haya recibido órdenes, regaños, llamados de
atención, felicitaciones, o cosas de ese estilo de algún coordinador del hospital. Contestó. No me consta porque cuando los médicos se reúnen ellos se reúnen solos,
nosotros los auxiliares nunca entramos a sus reuniones, entonces a mí no me consta
si lo regañaron si le llamaron la atención, si lo felicitaron, eso no me puede constar; lo
único que yo sí sé que era muy buen cirujano pediatra. Preguntado: por favor me
aclara si había otros especialistas o mejor otros cirujanos pediatras contratados por
el Hospital San Jorge antes de los dos que usted mencionó, mejor dicho, cuando el
doctor Henao trabajaba como cirujano y usted compartió ese tiempo con él,
eventualmente al hospital llegaba a prestar servicios en pediatría, en cirugía pediátrica
algún otro profesional. Contestó: no señor, solamente el doctor Henao. Preguntado:
conoce usted los procesos administrativos de vinculación del personal en el Hospital
San Jorge. De los especialistas conoce. Preguntado: de todo el mundo no, uno no
está en la planta administrativa entonces uno no conoce las cosas de ellos.
Preguntado: aporte su conocimiento al Tribunal sobre las reuniones, las actividades
que normalmente desempeñaba el doctor Henao durante el tiempo que compartió sus
tareas, usted quiere por favor contarle al Tribunal las cosas que a usted le consten
sobre reuniones, sobre cumplimiento de directrices, órdenes, seguimientos, tareas,
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Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
memorandos, cosas de ese estilo, que las directivas del Hospital le hayan dirigido al
doctor Henao. Contestó: Doctor imposible yo decir algo así, porque nunca supe de
sus reuniones, de llamadas de atenciones, yo lo único que supe del doctor Henao que
trabajaba como cirujano pediatra, que cumplía sus horarios, pero que yo sepa las
reuniones eso nunca nosotros nos damos cuenta porque eso lo llama al que van a
hacer la reunión, a los médicos, a nosotras nunca nos llaman a las auxiliares.
Preguntado: quiere por favor indicarle al Tribunal como era la forma en que le
pagaban los honorarios al doctor Henao, si el tiempo que estaba en disponibilidad le
pagaban por evento, o le pagaban solamente por estar disponible, o le pagaban por
cada consulta, explíquenos por favor si usted tiene conocimiento y le consta cómo era
la manera que le pagaban al Doctor Henao. Contestó: no señor, no sé cómo le
pagaban si por consultas o, no, no sé, el recibía un sueldo, pero no sé eso sería
mentira que yo dijera que le pagaban de tal forma, no.
2.3.3.3. Documentales
Además, obran en el expediente copia de las siguientes pruebas documentales:
• Contrato de prestación de servicios 045-2008 celebrado el 18 de febrero de
2008 entre la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y la Cooperativa de
Trabajo Asociado de Profesionales de la Salud-Medicoop, con sus prórrogas y otrosí
respectivos.
• Contrato de prestación de servicios 061-09 suscrito el 1° de marzo de 2009
entre la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y la Cooperativa de Trabajo
Asociado de Profesionales de la Salud-Medicoop, con su modificación, adición y
prórroga respectivos.
• Certificación del 19 de diciembre de 2012 de la profesional universitaria de
Recursos Humanos de la demandada, según la cual el señor Henao Diez laboró al
servicio de dicha institución prestando servicios transitorios, desde el 2 de febrero
de 1981 hasta el 20 de junio de 2002, en el cargo de cirujano pediátrico «tipo de
vinculación empleado público».
• Planilla de citas del 26 de octubre de 2013, a cargo del médico Luis Guillermo
Henao Diez en la especialidad de cirugía pediátrica en la ESE.
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Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
• Certificación suscrita por la gerente administrativa y de talento humano de la
Nueva EPS, según la cual el demandante no ha laborado para dicha entidad.
• Copia de la hoja de vida del demandante.
• Relación de turnos ejecutados en jornada quirúrgica y de consulta externa
por parte del demandante durante los meses de enero a diciembre de 2013 y 2014;
sin embargo, no se indica en dicho documento la entidad en la que presuntamente
prestó esos servicios.
• Constancia del 12 de noviembre de 2014, proferida por la profesional
universitaria de Recursos Humanos de la ESE, sobre la vinculación del actor, que
contiene la relación de las vinculaciones a través de nombramientos, contratos y
órdenes de servicios, y señala los períodos de dichas vinculaciones.
• Certificación del 30 de septiembre de 2015 suscrita por la profesional
universitaria de Recursos Humanos de la ESE Hospital Universitario San Jorge de
Pereira, sobre la vinculación del actor con dicha entidad, en la que se relacionan
las vinculaciones a través de nombramientos, por contratos y órdenes de servicios
y se señalaron los períodos de dichas vinculaciones.
• Constancia del 6 de octubre de 2015 expedida por la contratista interventora de
la referida ESE sobre la suscripción y ejecución de los contratos de prestación de
servicios profesionales de cirugía pediátrica, 237/2011, 073/2013 y 085/2014, con
indicación de fecha de inicio, terminación, valor y plazo de los contratos.
• Constancia 16462 del 12 de septiembre de 2019, expedida por el jefe de
gestión de talento humano de la Universidad Tecnológica de Pereira en la que
certificó que el señor Henao Diez estuvo vinculado a partir del 19 de febrero de 1982
y hasta el 28 de febrero de 2013, en el cargo de docente titular de tiempo adscrito
al departamento de Ciencias Clínicas de la facultad de Ciencias de la Salud.
Además, que mediante la Resolución de Rectoría 0489 de 2013, se le concedió
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
pensión de jubilación a partir del 1° de marzo de 2013, y que desde el mes mayo de
2016, Colpensiones asumió el pago de la prestación.
• Certificación del 13 de septiembre de 2019, suscrita por el jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de la ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío San
Juan de Dios, en la que consta la vinculación contractual a través de diferentes
contratos de prestación de servicios celebrados con el demandante como médico
especialista en cirugía pediátrica, durante los años 2013 a 2016. Se adjuntó copia
de los comprobantes de egreso por concepto de los pagos efectuados.
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Contra la sentencia del 26 de febrero de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, se
formularon los recursos de apelación objeto de análisis para controvertir, por un
lado, la decisión de declarar una relación laboral encubierta o subyacente entre el
demandante y la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira pese a que en el
expediente no está probado en debida forma el elemento de la subordinación, y por
otro lado, para cuestionar el fenómeno de la prescripción.
Así las cosas, para resolver la alzada se debe solucionar el siguiente interrogante.
2.4.1. ¿Está probado en el expediente que entre el señor Luis Guillermo Henao
Diez y la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, existió una relación
laboral encubierta o subyacente que permita el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció
vinculado contractualmente?
Es pertinente hacer énfasis en que en estos asuntos en los que se pretende
demostrar una relación laboral encubierta o subyacente, quien demanda debe
acreditar que no prestó un servicio de colaboración o coordinación en el marco de
las actividades contratadas y que, por el contrario, desarrolló funciones
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
permanentes o inherentes al objeto social de la entidad y que en el adelanto de la
ejecución contractual se configuraron los elementos relativos a i) la prestación
personal del servicio; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador
respecto del empleador; y, iii) la remuneración como retribución.
De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente, se tiene que
el demandante estuvo vinculado de manera intermitente con la entidad demandada;
sin embargo, en el proceso no se logró demostrar que la relación que los unió reúne
los elementos propios del contrato de trabajo, tal como se precisa a continuación.
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
El demandante acredita la prestación personal del servicio, a través de los
contratos de prestación de servicios que se celebraron y que se detallaron en el
acápite de hechos probados de esta providencia.
El objeto de cada vinculación, en términos generales, fue prestar servicios o turnos
como médico especialista —cirujano pediátrico— en la institución demandada.
2.4.1.2. Remuneración
En este caso, las órdenes de prestación de servicios constituyen prueba de que se
pactó una contraprestación por los servicios prestados por el demandante.
2.4.1.3. Subordinación continuada
i) El lugar de trabajo. Del contenido de los contratos se extrae que el
demandante tuvo que prestar sus servicios personales al interior de la ESE Hospital
Universitario San Jorge de Pereira, particularmente en los servicios de urgencias,
pediatría, salas de hospitalización, quirófanos, y consulta externa.
ii) El horario de labores. Para acreditar este indicio en el plenario reposa copia
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Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
de unos cuadros de turnos de los años 2013 y 2014 en el que se mencionó al doctor
Luis Guillermo Henao; sin embargo, no se específica en dicho documento el nombre
de la institución en la que presuntamente prestó servicios. De suerte que no pueda
afirmarse que esos horarios fueron impuestos al actor por la ESE demandada para
desarrollar actividades en esa entidad, máxime cuando en el expediente reposa
prueba de que aquel durante los años 2013 a 2016 estuvo vinculado
contractualmente a través de diferentes contratos de prestación de servicios con la
ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, con
domicilio en la ciudad de Armenia.
Por su parte la señora Encarnación Mosquera Palacio, quien trabajó como auxiliar
de enfermería en el ente hospitalario demandado desde 1981, en su declaración
indicó que también sirvió en el área de urgencias y teniendo en cuenta ello le consta
que el accionante cumplía los horarios establecidos atendiendo al sistema de turnos
de 24 horas o disponibilidad.
Con todo, para la Sala, en este caso, el hecho de que presuntamente el demandante
hubiera desarrollado sus labores atendiendo el cumplimiento de unos turnos no
acredita, per se, el elemento de la subordinación, en la medida en que dicha
circunstancia puede hacer parte de la necesaria coordinación que ha de existir entre
los extremos de un vínculo contractual, en cuanto a la manera en que deben
prestarse los servicios. 22
La anterior situación ha sido convalidada por la jurisprudencia de esta Corporación
que ha señalado que entre contratante y contratista puede existir una «relación de
coordinación en sus actividades, de manera que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo
cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados,
22 En la Sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 se indicó que «(...) ciertas actividades de la
Administración (...) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas (...)».
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Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
pero ello no significa necesariamente la configuración de un elemento de
subordinación».23
Aunado a ello, en este asunto se aprecia que la determinación de que el contratista
tuviera que fungir como médico especialista en cirugía pediátrica en los turnos de
disponibilidad, provenía directamente de las obligaciones contractuales, pues este
fue vinculado muchas veces para cubrir solamente unos turnos específicos, tal
como se deduce de la tabla obrante en el acápite de hechos probados de esta
providencia, sin que ello resulte prueba suficiente para encontrar configurado el
elemento de subordinación.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Las pruebas
que se recaudaron con el propósito de acreditar este indicio fueron los contratos de
prestación de servicios y el testimonio de la señora Encarnación Mosquera Palacio.
En primer lugar, al revisar el contenido de cada contrato se tiene que el objeto que
debía desarrollar el demandante era prestar servicios profesionales como médico
especialista en cirugía pediátrica, actividad que requería de sus conocimientos, sin
que de ello se pueda concluir que el ejercicio de su labor no se dio de manera
independiente o que estuvo sometido al cumplimiento de órdenes, máxime cuando
la medicina se caracteriza por ser una profesión de carácter liberal.
En este punto encuentra relevancia el argumento expuesto en el recurso de
apelación de la entidad encartada, pues se aprecia que los contratos de prestación
de servicios profesionales ejecutados no encubrieron una relación laboral, en tanto
el actor gozaba de tal autonomía para determinarse su tiempo de labor y sus
funciones profesionales que pudo fungir entre el 19 de febrero de 1982 y el 28 de
febrero de 2013 como empleado público al servicio de la Universidad Tecnológica
de Pereira y como contratista en el Hospital Universitario San Juan de Dios de
Armenia.
23 Véase la sentencia del 31 de mayo de 2016, expediente, 3867-14, consejera Ponente: Sandra
Lisset Ibarra Vélez
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
En segundo lugar, el testimonio de la deponente da cuenta de que conoció el trabajo
del actor, pero, pese a ello, desconoció la relación contractual que sostuvieron las
partes. Dicho de otro modo, sobre las características de esa relación solo pudo
señalar que el señor Henao Diez atendía los pacientes del servicio de urgencias y
en procedimientos quirúrgicos, y que cumplía sus horarios.
Aunque al comienzo de la declaración cuando fue interrogada por la magistrada
ponente manifestó que para llevar a cabo las actividades pactadas como cirujano
pediatra el demandante debía cumplir semanalmente un horario fijado por el
coordinador médico, quien era su jefe y además debía someterse a unos turnos o
disponibilidades asistenciales; que su labor era permanente y que para ausentarse
del servicio debía solicitar permiso ante el coordinador médico, funcionario que le
impartía las órdenes e instrucciones; posteriormente, fue enfática al señalar que no
le constaba directamente ni que aquel fuera contratista, ni presenció ninguna orden
impuesta, ni conoció cómo se ejercía el poder subordinante respecto de este.
Así las cosas, la declarante no fue coincidente, al paso que no se refirió en particular
a las condiciones de modo en las que presuntamente se presentó una relación de
carácter laboral, ni mucho menos indicó cuáles eran las actividades u órdenes que
se le imponían al señor Henao Diez que desnaturalizaban el objeto contractual o
que le impedían atender a los pacientes de manera autónoma e independiente, tal
como lo dicta su profesión, pues refirió que «No me consta porque cuando los
médicos se reúnen ellos se reúnen solos, nosotros los auxiliares nunca entramos a
sus reuniones, entonces a mí no me consta si lo regañaron si le llamaron la atención,
si lo felicitaron, eso no me puede constar; lo único que yo sí sé que era muy buen
cirujano pediatra», cuando dio respuesta a la pregunta: ¿a usted le consta que el
doctor Henao haya recibido órdenes, regaños, llamados de atención, felicitaciones,
o cosas de ese estilo de algún coordinador del hospital?
Asimismo, agregó que nunca supo «de sus reuniones, de llamadas de atenciones,
yo lo único que supe del doctor Henao que trabajaba como cirujano pediatra, que
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Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
cumplía sus horarios, pero que yo sepa las reuniones eso nunca nosotros nos
damos cuenta porque eso lo llama al que van a hacer la reunión, a los médicos, a
nosotras nunca nos llaman a las auxiliares».
En ese orden, del estudio de las pruebas aportadas al dosier, bajo criterios de sana
crítica, no se extrae con un mínimo grado de certeza que se le exigiera al
demandante que ejecutara el objeto contractual con unas condiciones de modo
impuestas por la entidad y, en tal sentido, no se demostró su inserción en el círculo
rector u organizativo de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, pues
más allá de las obligaciones contractuales convenidas, no se acreditó con
suficiencia que la demandada hubiera ejercido una influencia decisiva sobre la
forma en que llevó a cabo el cumplimiento de sus deberes.
De suerte que la Sala no encuentre en el expediente otros medios de prueba con la
suficiente entidad que permitan aseverar que el señor Luis Guillermo Henao Diez
recibía órdenes e instrucciones sobre la forma en que debía prestar sus servicios o
ejecutar el contrato.
En efecto, hechos como estos han determinado el criterio hermenéutico de esta
Subsección para diferenciar el vínculo laboral del contractual, precisándose que no
toda relación de servicios implica per se la existencia del elemento de la
subordinación, ya que entre contratante y contratista puede existir una relación de
coordinación de actividades.
La Sección Segunda del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de
pronunciarse en controversias similares y ha concluido que entre contratante y
contratista puede existir una relación de coordinación en sus actividades, de
manera que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo
eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horario,
o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que
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Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
reportar informes sobre sus resultados, pero ello no significa necesariamente la
configuración de un elemento de subordinación.24
En suma, en este caso no se logró demostrar con grado de certeza la presunta
subordinación a la que estuvo sometida el demandante, tal como se afirmó en el
recurso de apelación interpuesto por la ESE demandada.
Por consiguiente, el acervo probatorio arrimado al proceso solo consigue demostrar
la prestación personal del servicio del demandante y la remuneración como
contratista, más no es posible establecer con total certeza si existió subordinación,
por consiguiente, la Sala revocará la decisión de primera instancia.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,37 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
24 Véase entre otras, la sentencia del 31 de mayo de 2016, expediente 05001233300020130081301
(3867-14), M. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
Así, debe entenderse que, con la anterior modificación, el juez está llamado a
analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación jurídica
de sus intervenciones para determinar si procede o no imponer costas a cargo de
alguna de ellas.
En el presente caso, en concordancia con el numeral 4 del artículo 365 del CGP,
pese a que se revocará la decisión apelada, se observa que los fundamentos
planteados tanto en la demanda como en el trámite de primera instancia no
presentan carencia de fundamentación legal. Contrario a ello, la parte actora
propuso argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses y fue luego
del debate jurídico y probatorio que se determinó, en segunda instancia, la no
procedencia del derecho, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en
costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben
despacharse desfavorablemente, toda vez que la parte demandante no logró
demostrar el elemento de la subordinación continuada, propio de las relaciones
laborales encubiertas o subyacentes. En ese orden, se revocará la decisión de
primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00670-02 (2799-21)
Demandante: Luis Guillermo Henao Diez
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 26 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda interpuesta por el señor Luis Guillermo Henao Diez, conforme lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone, Negar las
pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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