Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00812-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00812-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2020-00812-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
28 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00812-01 (7935-2023)
Demandante: Euclides de la Cruz Pérez
Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formas –
instructor del SENA.
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia porque no se
acreditó el elemento de la continuada subordinación.
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra
la sentencia de primera instancia del 14 de abril de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El señor Euclides de la Cruz Pérez interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que
se declare la nulidad del acto administrativo 08-2-2020-006486 del 30 de
septiembre de 2020, expedido por la entidad accionada, por medio del cual se
negó el reconocimiento de la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios suscritos entre el 3 de octubre de 2003 y el 16 de diciembre de 2022 y
el pago de las prestaciones consecuentes, lapso durante el cual se desempeñó
como instructor.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) declarar que durante el
periodo mencionado «y los que se generen con posterioridad» se configuró una
verdadera relación de trabajo entre él y la demandada; (ii) ordenar al SENA que
lo vincule al cargo respectivo; (iii) pagar los emolumentos laborales dejados de
percibir, incluidos salarios, prestaciones sociales1, contribuciones parafiscales,
así como la indemnización por el no pago oportuno de las cesantías; (iv) declarar
que el tiempo de servicio debe tenerse en cuenta para efectos pensionales, de
salud y riesgos profesionales; (v) reintegrar los montos descontados por
retención en la fuente e impuestos; (vi) pagar los perjuicios materiales y morales
causados, de manera indexada; (vii) dar cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y (viii) condenar en costas a la
parte demandada.
1 Cesantías e intereses sobre estas, vacaciones, primas, bonificaciones y demás prestaciones a las que
tenía derecho como funcionario del SENA, señaladas en las convenciones colectivas.
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Demandante: Euclides de la Cruz Pérez
3. Como concepto de la violación argumentó que el acto acusado desconoció
las normas en que debía fundarse2, teniendo en cuenta que entre 2003 y 2022
celebró múltiples contratos de prestación de servicios con la entidad demandada,
los cuales desarrolló bajo una continuada subordinación y dependencia,
evidenciada en el cumplimiento del horario laboral, presentación de informes y
en la sujeción a órdenes e instrucciones impartidas por sus superiores.
4. Afirmó que desempeñó sus funciones en igualdad de condiciones a los
instructores de planta, de manera permanente, personal y remunerada.
Contestación de la demanda
5. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda
argumentando que la relación que surgió entre las partes no fue de naturaleza
laboral, sino la prevista en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que
autoriza la contratación de personas naturales para desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento ante la insuficiencia de
personal de planta.
6. Explicó que si bien el actor prestó sus servicios de manera personal y
percibió una remuneración, no existió una continuada subordinación o
dependencia, pues la sujeción a un horario, la entrega de informes y las
orientaciones impartidas correspondieron a la coordinación de actividades propia
de los contratos estatales.
7. Adujo que no se configuró continuidad en la prestación del servicio, pues
cada contrato preveía expresamente su duración y entre uno y otro transcurrieron
lapsos que superaron los 30 días hábiles.
8. Igualmente, sostuvo que el actor no desempeñó funciones equivalentes a
las de los empleados de planta y que, además, operó la prescripción respecto de
los periodos contractuales anteriores a 2017.
9. En ese contexto, propuso las excepciones de prescripción; inexistencia de
la relación laboral y, por tanto, de la obligación; buena fe; cobro de lo no debido;
y la genérica.
Sentencia apelada
10. Mediante sentencia del 14 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo del
Atlántico declaró la nulidad del acto acusado y la existencia de una relación
laboral encubierta entre el actor y el SENA entre el «28 de noviembre de 2013 y
el 16 de diciembre de 2016»3.
11. En la providencia se declaró probada la excepción de prescripción
respecto de los periodos laborados con anterioridad al 28 de noviembre de 2013,
2 Artículos 1, 2, 13, 25, 29, 42, 48, 53, 80, 90 209 y 211 de la Constitución Política; 1613,1614, 1615 y 1617
del Código Civil; 22, 23, 24, 37, 43, 45, 47, 55, 56, 138, 152, 162 y166 del CPACA; y 23 del Código Sustantivo
del Trabajo.
3 En el ordinal segundo de la parte resolutiva de la decisión se enlistaron los contratos de prestación de
servicios celebrados dentro de esos periodos.
2
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Demandante: Euclides de la Cruz Pérez
al verificarse una interrupción de 3 meses y 4 días entre los contratos 330 y 1696
de 2013.
12. Como fundamentos de la decisión, determinó que el señor Euclides de la
Cruz Pérez prestó sus servicios como instructor del área de ebanistería y
muebles de manera personal, a cambio de una remuneración mensual y bajo una
continuada subordinación.
13. Este elemento se constató a partir del carácter permanente y misional de
las funciones desempeñadas, pues durante aproximadamente veinte (20) años
el actor habría desarrollado actividades «intrínsecas al giro ordinario del SENA».
14. Además, con fundamento en los testimonios recaudados, estimó probado
que el actor ejecutó sus labores en condiciones idénticas a las de los instructores
de planta, esto es, en la sede institucional y en empresas externas, con la misma
intensidad horaria y bajo la directriz de los supervisores o coordinadores.
15. En relación con este aspecto, el Tribunal realizó una comparación entre
las obligaciones contractuales del señor de la Cruz Pérez y las funciones
previstas en la Resolución 1458 del 30 de agosto de 2017 para el cargo de
instructor del área de madera, y encontró que existían similitudes sustanciales
entre ambas. A partir de ello, concluyó que la naturaleza de las tareas implicaba
«un trabajo direccionado, regulado y supervisado» por la entidad contratante.
16. En consecuencia, condenó a la entidad demandada a pagar a favor del
actor las sumas correspondientes a las prestaciones sociales que devenga un
empleado de planta que desempeña funciones equivalentes, para lo cual tomó
como base los honorarios percibidos y los períodos efectivamente laborados.
17. De igual manera, ordenó a la entidad efectuar el pago de los aportes
faltantes al fondo de pensiones en el porcentaje que le corresponde como
empleadora, y dispuso que el actor acreditara las cotizaciones realizadas al
sistema de pensiones durante la relación laboral o, en su defecto, asumiera el
pago del porcentaje a su cargo como trabajador.
18. Finalmente, negó las demás pretensiones y se abstuvo de imponer
condena en costas a la entidad accionada.
Recurso de apelación
19. El apoderado del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, reiterando las
excepciones formuladas en la contestación de la demanda.
20. En síntesis, reprochó que (i) la prescripción había operado respecto de los
periodos contractuales anteriores al 18 de agosto de 2017; (ii) la relación entre
las partes fue de naturaleza contractual, conforme al numeral 3 del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993; (iii) el actor no desarrolló sus funciones en igualdad de
condiciones de las del personal de planta, quienes cumplían un horario
institucional de 6:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., mientras que
los contratistas ejecutaban un número determinado de horas; (iv) la entidad
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ejerció únicamente la supervisión del objeto contractual, mas no existió
subordinación.
21. Sobre este último elemento, adicionó que en el expediente no obra prueba
que evidencie la limitación de la autonomía o independencia del contratista, la
emisión de órdenes o instrucciones, la citación obligatoria a reuniones o
capacitaciones, ni la imposición de horarios de clase, por el contrario, las
actuaciones acreditadas reflejan solamente la supervisión contractual prevista en
la Ley 80 de 1993.
22. Por su parte, el actor afirmó que el Tribunal incurrió en error al declarar
probada la excepción de prescripción, pues el material probatorio acredita que no
existió solución de continuidad entre los sucesivos contratos de prestación de
servicios. En su criterio, la relación laboral debía declararse desde el 3 de octubre
de 2003 y extenderse hasta la fecha, e incluso a los periodos posteriores a la
sentencia, conforme se solicitó en la reforma de la demanda.
23. Por otra parte, indicó que las pruebas documentales y testimoniales
desvirtúan la naturaleza contractual del vínculo, pues acreditan que desarrolló
sus funciones de manera personal en las instalaciones del SENA, recibió órdenes
e instrucciones de su superior jerárquico, cumplió una jornada de ocho (8) horas
diarias, asistió a reuniones semanales y diarias y debía presentar informes
mensuales sobre las actividades ejecutadas.
24. Asimismo, advirtió que durante el año 2023 suscribió dos (2) nuevos
contratos de prestación de servicios con el SENA, los cuales no fueron allegados
en la primera instancia por no existir en ese momento, por lo que solicitó que se
incorporaran como pruebas sobrevinientes.
25. En consecuencia, pidió declarar la existencia de relación laboral desde el
3 de octubre de 2003 y hasta que finalice su vínculo con el SENA; ordenar su
vinculación como empleado de planta en el cargo de instructor, al ser el único en
su área y especialidad; y revocar el ordinal quinto de la parte resolutiva de la
decisión apelada, al considerar que no ha operado la prescripción de las
prestaciones reclamadas.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
26. En auto del 9 de mayo de 2024 se admitieron los recursos de apelación
interpuestos por ambas partes4.
27. El agente del ministerio público en concepto 185-2024 del 7 de junio de
20245 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar
acreditados los elementos esenciales de una relación laboral encubierta:
prestación personal del servicio, remuneración y continuada subordinación.
28. Mediante auto del 28 de enero de 2025 se ordenó incorporar como
pruebas en segunda instancia, los documentos aportados por la parte accionante
4 Índice 12 del aplicativo Samai.
5Índice 19 del aplicativo Samai.
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al momento de interponer la apelación y antes de que venciera el término de
ejecutoria del auto admisorio de dicho recurso6.
29. En sus alegatos, el actor7 reiteró que desde el 3 de octubre de 2003 ha
prestado sus servicios como instructor de forma personal, permanente y
continua, bajo órdenes e instrucciones de su superior inmediato, sujeto a un
horario laboral y en condiciones idénticas a las del personal de planta.
30. También solicitó reconocer la existencia de una relación laboral sin
solución de continuidad desde 2003 hasta la actualidad, declarar la inexistencia
de prescripción y ordenar su vinculación como empleado de planta.
31. Por su parte, la entidad accionada8 solicitó revocar la sentencia de primera
instancia, al considerar que el actor no cumplió con la carga probatoria de
acreditar la continuada subordinación. Señaló que elementos como el
cumplimiento de un horario, la presentación de informes de gestión y la asistencia
a capacitaciones corresponden a la coordinación propia de los contratos
estatales y no permiten inferir la existencia de un vínculo laboral.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
32. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.
Problema jurídico
33. A partir de los argumentos expuestos en los recursos de apelación,
corresponde a la Sala determinar si el actor acreditó la existencia de una
continuada subordinación durante la ejecución de los contratos de prestación de
servicios suscritos con el SENA.
34. En caso de que dicho elemento se encuentre demostrado, será necesario
establecer si: (i) el vínculo laboral debía declararse desde el 3 de octubre de 2003
y extenderse hasta el año 2024, fecha del último contrato aportado; (ii) resultaba
procedente ordenar la vinculación del actor como instructor de planta; y (iii) el
Tribunal incurrió en error al declarar la prescripción respecto de los periodos
anteriores al 28 de noviembre de 2013.
Análisis del problema jurídico
35. La Sala revocará la decisión apelada porque las pruebas que obran en el
expediente no permiten acreditar la continuada subordinación durante la
ejecución de los objetos contractuales.
6 Índice 35 del aplicativo Samai.
7 Índice 58 del aplicativo Samai.
8 Índice 59 del aplicativo Samai.
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Demandante: Euclides de la Cruz Pérez
36. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, se estima necesario destacar
que el señor Euclides de la Cruz Pérez suscribió los siguientes contratos de
prestación de servicio con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA):
Contratos de Duración Objeto
prestación de
servicios
5269 23/08/04 al 30/09/04 Impartir formación profesional integral por
220 horas competencias laborales, mediante la
63810 08/10/24 al 10/12/05 estrategia de aprendizaje por proyecto en:
300 horas recubrimiento de pintura sobre madera,
3041 26/12/04 al 30/04/05 dirigido a los aprendices del programa de
280 horas madera y muebles.
215511 02/05/05 al 10/09/05
600 horas
237712 12/09/05 al 09/12/05
360 horas
00213 23/01/06 al 30/06/06
654 horas
15814 17/07/06 al 16/08/06 Impartir formación profesional en
450 horas aplicación de productos y recubrimientos.
32115 28/08/06 al 15/12/06 Impartir formación profesional en los
425 horas programas de formación de básico de
pintura sobre madera del Centro Industrial
y de Aviación del Sena Regional Atlántico.
38516 21/12/06 al 14/04/07 Impartir formación profesional en
270 horas aplicación de productos y recubrimientos.
15917 19/04/07 al 29/09/07
535 horas
43218 10/10/07 al 17/12/07
262 horas
002919 29/01/08 al 30/07/08 Impartir formación profesional en el
515 horas programa de madera y muebles –
acondicionamiento en superficies de
madera.
016320 29/07/08 al 30/09/08 Impartir formación profesional en el
220 horas programa de madera y muebles – bloque
modular: técnico en recubrimientos de
pintura sobre madera.
25721 08/10/08 al 15/12/08 Impartir formación profesional integral por
289 horas competencias laborales, mediante la
estrategia de aprendizaje por proyecto en:
recubrimiento de pintura sobre madera.
05422 02/02/09 al 02/07/09 Impartir formación profesional en el
450 horas programa de madera y muebles – bloque
9 Folio 2, índice 2 del aplicativo Samai. Respuesta y anexos a requerimiento.
10 Folio 2, ibidem.
11 Folio 2, ibidem.
12 Folio 3, ibidem.
13 Folio 3, ibidem.
14 Folios 716 a 717, ibidem.
15 Folios 718 a 719, ibidem.
16 Folios 720, ibidem.
17 Folios 722 a 723, ibidem.
18 Folios 724 a 725, ibidem.
19 Folio 120 a 121, índice 2 del aplicativo Samai. Contestación de la demanda.
20 Folios 118 a 119, ibidem.
21 Folio 4, índice 2 del aplicativo Samai. Respuesta y anexos a requerimiento.
22 Folios 116 a 117, índice 2 del aplicativo Samai. Contestación de la demanda.
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Demandante: Euclides de la Cruz Pérez
modular: técnico en recubrimientos de
pintura sobre madera.
031523 26/08/09 al 14/12/09 Impartir formación profesional en el
denominado plan adicional 250 mil nuevos
cupos – bloque modular recubrimientos
metálicos.
006224 20/01/10 al 01/07/10 Impartir formación profesional integral por
competencias laborales, mediante la
estrategia de aprendizaje por proyecto en:
recubrimiento de pintura sobre madera.
022925 07/04/11 al 28/06/11 Impartir formación profesional en el
programa de madera y muebles – bloque
modular: técnico en recubrimientos de
pintura sobre madera.
034226 12/07/11 al 09/12/11 Impartir formación profesional en los
programas de formación de elaboración de
muebles contemporáneos y modulares del
Centro Industrial y de Aviación del Sena
Regional Atlántico.
000227 23/01/12 al 23/06/12 Impartir formación profesional en los
programas de formación de básico de
042028 13/07/12 al 15/12/12 pintura sobre madera del Centro Industrial
y de Aviación del Sena Regional Atlántico.
33029 28/01/13 al 24/08/13 Impartir formación profesional por
169630 28/11/13 al 11/12/13 competencias laborales, mediante la
029531 03/02/14 al 31/08/14 estrategia de aprendizaje por proyecto en
los programas de madera y muebles, en la
especialidad de pintura y ebanistería.
173632 01/09/14 al 09/12/14 Impartir formación profesional por
competencias laborales, mediante la
estrategia de aprendizaje por proyecto en
los programas de formación de aplicación
de recubrimientos con pintura.
064733 20/01/15 al 10/12/15 Impartir formación profesional por
037634 25/01/16 al 25/06/16 competencias laborales, mediante la
193935 05/07/16 al 14/12/16 estrategia de aprendizaje por proyectos en
los programas de formación de
revestimiento en pintura arquitectónica.
115236 07/02/17 al 24/06/17 Impartir formación profesional por
216937 17/07/17 al 15/12/17 competencias laborales, mediante la
040238 29/01/18 al 30/06/18 estrategia de aprendizaje por proyectos en
239339 16/07/18 al 15/12/18 los programas de formación de aplicación
0043540 04/02/19 al 06/07/19
de recubrimientos con pintura en madera.
0201841 19/07/19 al 18/12/19
137405542 15/02/20 al 26/06/20
23 Folios 112 a 114, ibidem.
24 Folios 109 a 111, ibidem.
25 Folios 106 a 108, ibidem.
26
Folios 103 a 105, ibidem.
27 Folios 100 a 102, ibidem.
28 Folios 96 a 98, ibidem.
29 Folios 92 a 94, ibidem.
30 Folios 89 a 91, ibidem.
31 Folios 85 a 88, ibidem.
32 Folios 81 a 84, ibidem.
33 Folios 77 a 80, ibidem.
34 Folios 73 a 76, ibidem.
35 Folios 68 a 71, ibidem.
36 Folios 64 a 57, ibidem.
37 Folios 60 a 63, ibidem.
38 Folios 56 a 59, ibidem.
39 Folios 51 a 55, ibidem.
40 Folios 44 a 50, ibidem.
41 Folios 37 a 43, ibidem.
42 Folio 13, índice 2 del aplicativo Samai. Respuesta y anexos a requerimiento.
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180231143 27/08/20 al 12/12/20
226445744 15/02/21 al 17/12/21
328215745 15/02/22 al 16/12/22
461470546 15/02/23 al 30/06/23
519890847 10/07/23 al 16/12/23
586686948 01/02/24 al 13/12/24
37. Adicionalmente, se allegaron como pruebas documentales las carpetas de
los contratos previamente relacionados, que contienen los estudios previos,
certificaciones, informes de gestión, órdenes de pago, facturas y demás soportes
de ejecución49.
38. En el expediente también reposan varios correos institucionales remitidos
por Jorge Luis Pedroza Caballero, en su calidad de coordinador académico del
programa de sistemas, calzado y mobiliario, mediante los cuales informó a los
instructores, entre ellos el actor, sobre: (i) la reunión convocada por la Directora
del SENA Regional Atlántico para el 3 de marzo de 2017, con el fin de socializar
el proyecto «SENA AVANZA»50; (ii) el plan de acción estratégico para la
implementación de la producción científica de los grupos y semilleros de
investigación, respecto del cual pidió su difusión51; (iii) la auditoría ambiental
programada para el 18 de octubre de 201752; (iv) las formaciones pedagógicas
ofertadas por la ENI53; (v) la reunión fijada para el 21 de septiembre de 2020 en
el nodo de Galapa para revisar y definir la ubicación de las máquinas y elementos
que serían trasladados54; y (vi) el catálogo bibliográfico de la entidad y se les
solicitó formular las adiciones correspondientes para sus cursos55.
39. Se incorporaron correos electrónicos relacionados con las actividades del
centro de formación, entre ellos: (i) el mensaje del 25 de febrero de 2017 dirigido
a directores, subdirectores regionales y coordinadores administrativos, en el cual
se pidió socializar la información adjunta sobre los insumos del proyecto «SENA
AVANZA», sin que el actor figure como destinatario56; y (ii) el correo remitido el
10 de mayo de 2017 por el coordinador de gestión de administración educativa,
en el cual solicitó al demandante y a otros instructores un informe de las
actividades de apoyo realizadas en la coordinación y los resultados obtenidos
hasta ese momento57.
40. Por otra parte, se recibieron los testimonios de los señores Álvaro José
Arrazola Benítez y Víctor Alfonso Orozco Caicedo, quienes declararon lo
siguiente:
43 Folio 14, ibidem.
44 Folio 16, ibidem.
45 Folios 17 a 18, ibidem.
46 Folios 44 a 45, índice 2 del aplicativo Samai. Recurso de apelación.
47 Folios 46 a 47, ibidem.
48 Folios 7 a 8, índice 8 del aplicativo Samai.
49 Folio 13, índice 2 del aplicativo Samai. Anexos de expedientes contractuales.
50 Folio 38, índice 2 del aplicativo Samai. Reforma de la demanda.
51 Folios 35 a 37, ibidem.
52 Folio 41, ibidem.
53 Folio 44, ibidem.
54 Folio 46, ibidem.
55 Folio 48, ibidem.
56 Folio 39, ibidem.
57 Folio 40, ibidem.
8
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Demandante: Euclides de la Cruz Pérez
i) El señor Arrazola Benítez relató que conoce al actor desde el año 2004,
cuando este se vinculó al SENA mediante contratos de prestación de servicios
como instructor en el área de madera y muebles. Indicó que, aunque sus
funciones se desarrollaban principalmente en el municipio Sabanalarga,
coincidía con el demandante en reuniones institucionales, ya que por su
carácter general toda la entidad era invitada.
Explicó que el área de madera y muebles nunca ha contado con instructores
de planta, razón por la cual la entidad ha debido acudir de manera permanente
a la contratación por prestación de servicios para cubrir las necesidades de
formación.
Asimismo, afirmó que, como empleado de planta, cumplía un horario laboral
de 8.5 horas diarias distribuidas entre formación directa, actividades
pedagógicas y reuniones institucionales, y que en el caso de los contratistas
la jornada dependía del número de horas contratadas y de la programación
académica asignada.
Mencionó que la supervisión de las funciones estaba a cargo del
coordinador, quien verificaba el desarrollo del programa, revisaba las planillas
de asistencia de los aprendices y los informes de gestión, los cuales eran
necesarios para el pago de los honorarios. Por último, agregó que no le consta
que se hubiera iniciado proceso disciplinario o llamado de atención alguno en
contra del actor.
ii) El señor Orozco Caicedo indicó que ingresó al SENA en noviembre de
2013 como contratista del área de construcción y que desde esa fecha conoce
al actor, quien se desempeñaba como instructor del programa de madera y
muebles. Señaló que coincidían en el Centro Industrial y de Aviación, en «las
reuniones a las que citaban a todos los instructores» por parte del subdirector
o de los coordinadores, así como en los espacios de formación presencial
debido a la cercanía de los ambientes.
Manifestó que los contratistas y los instructores de planta cumplen las
mismas funciones, tanto pedagógicas como administrativas, en las
instalaciones de la entidad y, en ocasiones, en empresas externas. Indicó que
el coordinador asignaba los horarios de clase mediante correo electrónico,
junto con los grupos y la intensidad horaria correspondiente.
Respecto de la jornada laboral, advirtió que a los instructores contratistas
les asignan «casi siempre» 40 horas semanales, mientras que los de planta
cumplen 32 horas de formación y aproximadamente 10 horas destinadas a
investigación y preparación de guías.
Finalmente, expuso que no tiene conocimiento de que se hubiera iniciado
proceso disciplinario o sancionatorio contra el actor, ni de que su coordinador
le hubiera dirigido llamados de atención por incumplimiento del horario o de
las actividades asignadas.
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41. En ese contexto, quien pretenda que se declare la desnaturalización de
los contratos de prestación de servicios, con fundamento en el principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades con el propósito de obtener el
restablecimiento de su derecho, debe acreditar que la ejecución de las tareas se
desarrolló bajo una subordinación continuada. No obstante, del análisis integral
de las pruebas recaudadas, la Sala concluye que el accionante no demostró ese
elemento, por las razones que se exponen a continuación:
42. De entrada, resulta pertinente recordar que la continuada subordinación
denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir
la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias
[…] se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]»58.
43. En el caso concreto, ninguna de las pruebas que obra en el expediente da
cuenta de llamados de atención dirigidos al actor, órdenes que determinaran el
modo específico de cumplir sus funciones, ni imposición de reglamentos o
regímenes disciplinarios o correctivos durante los periodos en que desarrolló
actividades como instructor del programa de madera y muebles.
44. En particular, los correos incorporados al expediente muestran únicamente
comunicaciones de carácter informativo o de coordinación institucional, como
socializaciones, auditorías, reuniones generales o difusión de proyectos, sin que
en su contenido se identifiquen reproches, llamados de atención, instrucciones
que limiten la autonomía contractual.
45. En la misma línea, los testigos indicaron no tener conocimiento de
sanciones, llamados de atención o procesos disciplinarios adelantados en contra
del actor. El señor Orozco Caicedo incluso señaló que, para los contratistas, las
consecuencias frente a un eventual incumplimiento se limitaban a la suspensión
del contrato o a la no renovación una vez finalizado.
46. También es relevante precisar que los señores Arrazola Benítez y Orozco
Caicedo no mencionaron situaciones concretas en los que el coordinador hubiera
impartido instrucciones sobre la forma de ejecutar las tareas contratadas. Ambos
declararon únicamente que dicho funcionario verificaba el cumplimiento de las
obligaciones y autorizaba las órdenes de pago, actuaciones que corresponden al
ejercicio de supervisión propio de los contratos de prestación de servicios.
47. En relación con el testimonio del señor Arrazola Benítez, se observa que,
aunque su vinculación al SENA abarcó el periodo comprendido entre el 18 de
mayo de 1981 y 2021, que coincide parcialmente con el del actor, sus funciones
se desarrollaban principalmente en el municipio de Sabanalarga. Las
coincidencias con el señor de la Cruz Pérez se limitaban a reuniones
institucionales de carácter general o a proyectos ocasionales, de modo que no
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
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tenía la posibilidad de conocer con exactitud las condiciones específicas en que
el accionante ejecutaba sus labores ni la existencia de instrucciones directas
relacionadas con su actividad contractual.
48. La Sala precisa que, aunque las pruebas documentales y testimoniales
evidencian la presencia del coordinador Jorge Luis Pedroza Caballero durante la
ejecución de los contratos, circunstancia que podría asimilarse a la existencia de
un jefe inmediato, ello no resulta suficiente para desvirtuar la naturaleza
contractual del vínculo. Ningún elemento del acervo probatorio permite afirmar
que dicho funcionario impartiera órdenes, instrucciones particulares o directrices
que limitaran la autonomía técnica del actor, ni que interviniera en la forma en
que debía desarrollar sus actividades.
49. Ahora bien, se advierte que la existencia de ciertos lineamientos, como la
asignación de ambientes de formación, la organización académica o las pautas
institucionales sobre el desarrollo de los programas, no permite concluir que se
hayan desnaturalizado los contratos de prestación de servicios. Ello obedece a
que, conforme al artículo 3 de la Ley 80 de 1993, los contratistas colaboran con
la administración en el cumplimiento de sus fines, motivo por el cual la entidad
está facultada para impartir orientaciones encaminadas a asegurar la adecuada
satisfacción de las necesidades públicas y para ejercer la supervisión del objeto
contractual.
50. En igual sentido, la presentación de informes periódicos de ejecución de
actividades, la observancia de unos horarios, el seguimiento del diseño curricular
y la asistencia a reuniones de planeación de las tareas solo pueden entenderse
como manifestación del principio de coordinación59, y no necesariamente de
subordinación, pues se trataba de un entendimiento entre ambas partes para
organizar el desarrollo de los quehaceres y la entrega del producto convenido,
en las condiciones requeridas.
51. Igualmente, se observa que el hecho de que las actividades se
desarrollaran en las instalaciones del SENA o en empresas con las que existían
convenios tampoco acredita la existencia de una continuada subordinación, pues
tal circunstancia obedece a la necesidad de garantizar que la formación
profesional se impartiera en condiciones óptimas de seguridad, calidad y
disponibilidad de equipos, particularmente en áreas técnicas como madera y
muebles, donde las prácticas requerían maquinaria especializada y ambientes
adecuados para el desarrollo del aprendizaje.
52. Lo anterior se armoniza con lo expuesto en la sentencia de unificación del
18 de noviembre de 200360 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, según la cual ciertas actividades requieren su ejecución en
las instalaciones de la entidad contratante y dentro de determinados horarios, sin
que ello configure subordinación, pues tales circunstancias son una
manifestación del principio de coordinación en razón a las características de las
tareas pactadas.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 9 de septiembre de 2021, expediente 20001 23 39 000 2016 00062 01 (2794-2019).
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 18 de
noviembre de 2003, expediente 17001-23-31-000-1999-00039-01 (IJ).
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53. Por otra parte, el Tribunal señaló que la contratación por prestación de
servicios de los instructores del SENA resulta irregular debido a que esa labor
corresponde al objeto misional de dicha entidad; no obstante, esta corporación
ha precisado que la vinculación puede darse de manera legal y reglamentaria o
mediante contrato de prestación de servicios, dentro del marco propio de cada
forma61.
54. Así pues, el esfuerzo probatorio relevante de cara a demostrar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios y la consecuente
existencia de una relación laboral tiene que apuntar a exponer hechos que
reflejen una continuada subordinación en la ejecución de las tareas; sin embargo,
como la parte demandante no acreditó la ocurrencia de tales supuestos, se
revocará la sentencia de primera instancia y se negarán las pretensiones.
55. Por último, dado que no se acreditó la desnaturalización de los contratos
de prestación de servicios, no se emitirá pronunciamiento sobre los demás
problemas jurídicos planteados, ya que estos estaban sujetos a que se acreditara
la existencia de la continuada subordinación.
Condena en costas
56. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
57. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080
de 2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
58. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
59. Así las cosas, y teniendo en cuenta que se revocará la sentencia apelada,
se impondrán costas a la parte demandante en ambas instancias, por cuanto se
accede totalmente a las peticiones del recurso de apelación interpuesto por la
entidad accionada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 25 de enero de 2024, expediente 25000-23-42-000-2017-06111-02 (4838-2022).
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instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 14 de abril de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia al señor
Euclides de la Cruz Pérez, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo del Atlántico.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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