Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03779-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03779-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03779-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03779-00
Demandante: EUCLIDES DE LA CRUZ PÉREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por
no superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Euclides de la Cruz Pérez, actuando por intermedio de apoderado judicial1,
instauró acción de tutela2 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.
Las anteriores garantías las estimó transgredidas con ocasión de la sentencia
proferida el 28 de noviembre de 2025, al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 08001-23-33-000-2020-00812-01 (7935-
2023), mediante la cual se revocó la decisión adoptada el 14 de abril de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B y, en su lugar, se negaron las
pretensiones de la demanda formulada contra el Servicio Nacional de Aprendizaje
(en adelante, SENA), encaminadas a obtener la declaratoria de existencia de una
relación laboral derivada de los contratos de prestación de servicios suscritos con
1 Poder general otorgado al señor Carlos Arturo Padilla Sundheim mensaje de datos obrante en el
índice correspondiente del expediente digital- índice 02 de Samai
2 La cual fue radicada el 19 de mayo de 2026 con secuencia: 6043 – índice 01 del aplicativo Samai
1
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Demandante: Euclides de la Cruz Pérez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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dicha entidad y el consecuente reconocimiento de las acreencias laborales
reclamadas.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la sentencia
proferida el 28 de noviembre de 2025 por el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A,
mediante la cual se revocó la sentencia favorable emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor EUCLIDES DE LA CRUZ
PÉREZ contra el SENA.
TERCERA: Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
proferir una nueva decisión dentro del referido proceso judicial, valorando
integralmente el material probatorio obrante en el expediente, especialmente las
pruebas documentales y testimoniales que acreditan la subordinación continuada,
permanente y material del señor EUCLIDES DE LA CRUZ PÉREZ frente al
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, conforme al principio
constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades.
CUARTA: Que se ordene a la autoridad judicial accionada emitir la nueva providencia
respetando plenamente las garantías constitucionales del accionante, particularmente
los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración
de justicia, trabajo, igualdad y seguridad social.
QUINTA: Que se adopte cualquier otra medida que el juez constitucional considere
necesaria, idónea y pertinente para lograr la protección integral y efectiva de los
derechos fundamentales vulnerados al señor EUCLIDES DE LA CRUZ PÉREZ3.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El señor Euclides de la Cruz Pérez prestó sus servicios al SENA mediante contratos
de prestación de servicios, desempeñándose como instructor en el área de madera
y muebles.
Al estimar que durante la ejecución de dichos contratos se configuraron los
elementos propios de una relación laboral, promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la
declaratoria de existencia del contrato realidad y, como consecuencia, el
3 Transcripción literal que puede contener errores.
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reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás acreencias laborales
a que estimó tener derecho.
La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección B que, mediante sentencia del 14 de abril de 2023, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, al concluir que el material probatorio acreditaba la
subordinación del accionante respecto del SENA, lo que desvirtuaba la naturaleza
de los contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes.
Inconforme con dicha decisión, el SENA interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante
sentencia del 28 de noviembre de 2025, que revocó el fallo de primera instancia y,
en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de la providencia, sostuvo que, si bien se encontraban
acreditadas la prestación personal del servicio y la remuneración, el acervo
probatorio recaudado no permitía demostrar que la ejecución de los contratos
hubiera estado sometida a una subordinación continuada, por cuanto los
testimonios y la prueba documental allegada evidenciaban únicamente actividades
de coordinación y supervisión propias de la relación contractual, sin que se
acreditara el ejercicio de un poder permanente de dirección por parte de la entidad
contratante.
La referida providencia fue notificada a las partes el 18 de diciembre de 2025
mediante correo electrónico.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que, a través de la sentencia del 28 de noviembre de
2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A incurrió en los
siguientes defectos:
(i) Fáctico: sostuvo que la autoridad judicial accionada efectuó una indebida
valoración de los medios de prueba obrantes en el expediente, al no apreciar de
manera integral los testimonios rendidos y la prueba documental allegada al
proceso, entre ella planillas, correos electrónicos, informes, certificaciones y demás
soportes que, en su criterio, acreditaban que la prestación del servicio se desarrolló
de manera personal, bajo horarios, directrices y controles impartidos por el SENA,
circunstancias que evidenciaban la existencia de una relación de subordinación.
Asimismo, reprochó que la providencia hubiera concluido que tales elementos
correspondían únicamente a mecanismos de coordinación contractual,
desconociendo el alcance demostrativo que, a su juicio, tenían para acreditar la
existencia de un contrato realidad.
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(ii) Sustantivo: manifestó que el tribunal enjuiciado interpretó erróneamente las
normas y la jurisprudencia aplicables al contrato realidad, al desconocer el principio
de primacía de la realidad sobre las formalidades y concluir que las circunstancias
acreditadas en el proceso no desvirtuaban la naturaleza de los contratos de
prestación de servicios.
(iii) Desconocimiento del precedente: afirmó que la providencia se apartó de la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional relativa a la
configuración del contrato realidad, al exigir un estándar probatorio que desconoce
los criterios fijados por dichas corporaciones para acreditar el elemento de
subordinación.
(iv) Decisión sin motivación: sostuvo que la sentencia carece de una motivación
suficiente, por cuanto no explicó adecuadamente las razones por las cuales
descartó el valor demostrativo de las pruebas allegadas al proceso ni justificó la
conclusión según la cual no se acreditó la subordinación necesaria para declarar la
existencia de una relación laboral.
1.5. Manifestación de impedimento
Mediante escrito del 7 de julio de 20264, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez
manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, con fundamento en la
causal prevista en el numeral 5º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
Sin embargo, mediante providencia del 9 de julio de 2026, la magistrada ponente
de la presente decisión lo declaró infundado por no encontrar acreditados los
elementos para la configuración de la causal invocada.
1.6. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 16 de junio de 2026, la Magistrada Ponente avocó el
conocimiento de la solicitud de amparo, y ordenó notificar a los magistrados que
integran la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado5, como
autoridad judicial accionada.
Así mismo, vinculó como terceros con interés jurídico legítimo al Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección B6 [quien profirió la sentencia de primera
instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
4 Ver índice 30 de Samai.
5 Notificada a: sjaimesv@consejodeestado.gov.co javilas@consejodeestado.gov.co
dcogolloj@consejodeestado.gov.co
6 Notificada a: sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co
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ahora se cuestiona], y al SENA7, [entidad que fungió como parte demandada dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho].
Por último, se reconoció personería al abogado Carlos Arturo Padilla Sundheim 8,
para que representara los intereses de la parte actora9 dentro del presente asunto.
1.7. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.7.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
El magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, en calidad de ponente de la providencia
cuestionada, solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela.
Manifestó que la sentencia del 28 de noviembre de 2025 efectuó una valoración
integral del mismo acervo probatorio obrante en el expediente y concluyó que, si
bien se acreditaron la prestación personal del servicio y la remuneración, no se
demostró la existencia de subordinación continuada, requisito indispensable para
declarar la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios.
Precisó que la parte actora no identificó pruebas determinantes que hubieran sido
omitidas, sino que expresó su inconformidad con la valoración realizada por la
autoridad judicial, pretendiendo obtener una apreciación distinta del mismo acervo
probatorio, aspecto ajeno al ámbito excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Agregó que la providencia cuestionada aplicó la jurisprudencia reiterada de la
Sección Segunda sobre contrato realidad, no desconoció precedente alguno y
expuso de manera suficiente las razones que sustentaron la providencia.
1.7.2. SENA
Mediante escrito presentado por la directora Regional Atlántico, solicitó que se
denegaran las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se ha
configurado vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
actora.
Sostuvo que las actuaciones surtidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 08001-23-33-000-
7 Notificada a: notificacionesjudiciales@sena.edu.co servicioalciudadano@sena.edu.co
8 Notificada a: padillasc@hotmail.com
9 Notificada a: e.delacruzp@hotmail.com
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2020-00812-00/01 fueron adelantadas con plena observancia del debido proceso,
garantizando el ejercicio del derecho de defensa, contradicción y el acceso a los
recursos legalmente procedentes.
Indicó que el accionante tuvo a su disposición los mecanismos ordinarios de
defensa judicial, los cuales fueron efectivamente ejercidos dentro del trámite
ordinario, por lo que la acción de tutela no puede utilizarse como una instancia
adicional para reabrir el debate probatorio ni para cuestionar las actuaciones
judiciales por el juez natural del proceso.
Afirmó que las providencias judiciales cuestionadas se encuentran debidamente
motivadas, sustentadas en la valoración integral del acervo probatorio y en la
aplicación de la jurisprudencia vigente sobre contrato realidad, particularmente en
lo relacionado con la inexistencia de subordinación continuada como elemento
estructural de la relación laboral.
Finalmente, concluyó que no se configura causal de procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que solicitó declarar su
improcedencia o, en subsidio, negar las pretensiones de la demanda.
1.7.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, pese a haber sido
debidamente notificado del presente trámite, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 7. ° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, y el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación, por cuanto se dirige contra el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones
presentadas, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
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• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró los
derechos fundamentales del accionante, con ocasión de la sentencia
proferida el 28 de noviembre de 2025, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 08001-23-33-000-2020-00812-
01 (7935-2023), mediante la cual revocó la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección B y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda presentada contra el SENA.?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y, en caso de
superarse, (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 10
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11 y declaró su
procedencia.12
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
12 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural.
Bajo las anteriores directrices, la Sala analizará si en el presente asunto se
satisfacen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y, de ser así, abordará el estudio del caso concreto.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
Sobre este punto, es necesario traer a colación las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202213.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal14 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico15; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional16
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica […]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal17”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales18”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental […]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto19, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal20. (Resaltado de la Sala)
2.5. Caso concreto
Como se señaló, la parte actora atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales a la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2025 por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se revocó la sentencia
adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B y, en su lugar, se
14 Sentencia SU-573 de 2019.
15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-128 de 2021.
19 Sentencia SU-573 de 2019.
20 Ib.
9
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negaron las pretensiones de la demanda promovida en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Lo anterior, al sostener que la Subsección A del Consejo de Estado incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y decisión sin
motivación. Sin embargo, constatados los argumentos expuestos por la parte actora
para sustentar tales reproches, se evidencia que estos se encaminan,
esencialmente, a cuestionar la valoración que efectuó el juez natural respecto del
material probatorio recaudado durante el trámite ordinario y la conclusión a la que
arribó en torno a la inexistencia del elemento de subordinación necesario para
declarar la configuración de un contrato realidad.
En efecto, la parte actora sostiene que la corporación accionada otorgó un alcance
equivocado a los testimonios practicados y a la prueba documental allegada al
proceso, al concluir que tales elementos evidenciaban únicamente actividades de
coordinación y supervisión propias de la ejecución de los contratos de prestación de
servicios, sin que permitieran acreditar la existencia de subordinación continuada.
Así mismo, insiste en que la providencia desconoció el principio de primacía de la
realidad sobre las formas, se apartó del precedente aplicable y careció de
motivación suficiente.
No obstante, advierte la Sala que la controversia planteada por el tutelante no
supera el requisito general de relevancia constitucional, por cuanto los reproches
formulados no evidencian una cuestión de naturaleza constitucional que justifique
la intervención excepcional del juez de tutela. Por el contrario, se advierte que la
inconformidad del accionante se circunscribe a discrepar de la valoración probatoria
y de la interpretación jurídica realizadas por el juez natural, con el propósito de
obtener un pronunciamiento distinto dentro del proceso ordinario.
En ese contexto, se observa que la parte actora no identifica una actuación
arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable atribuible al tribunal accionado,
sino que pretende que el juez constitucional otorgue un alcance diferente a los
testimonios, correos electrónicos, informes y demás documentos valorados en la
providencia cuestionada, para concluir que sí se encontraba acreditado el elemento
de subordinación.
En consecuencia, los argumentos expuestos no trascienden el ámbito de una simple
inconformidad con la providencia cuestionada adoptada por el juez natural, pues
buscan reabrir un debate probatorio y jurídico que ya fue resuelto dentro del proceso
ordinario, sin que se advierta una afectación directa de derechos fundamentales que
otorgue relevancia constitucional al asunto.
Así las cosas, no se evidencia una tensión entre los derechos fundamentales
invocados y la sentencia cuestionada que amerite la intervención del juez
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constitucional. Por el contrario, los reproches formulados por la parte actora revelan
únicamente una discrepancia con la valoración del acervo probatorio y con las
conclusiones adoptadas por la Subsección A, circunstancias que, por sí solas, no
otorgan relevancia constitucional al asunto ni habilitan la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Por lo expuesto, al no superarse el requisito de relevancia constitucional, la presente
acción de tutela será declarada improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Euclides de la Cruz Pérez, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
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