Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-01028-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-01028-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2018-01028-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2018-01028-01 (6352-2024)
Demandante: Gerson Alexander Urbina Wilches
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Tema: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios. Instructor Licenciado en Música. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto la parte demandante contra
la sentencia proferida el cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Gerson Alexander Urbina Wilches instauró demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra del SENA, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto surgido del silencio
administrativo negativo que se generó ante la falta de respuesta de la
reclamación administrativa, presentada el día 27 de agosto de 2018.
3. Que como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se
declare, que entre el señor Gerson Alexander Urbina Wilches y el Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA, durante el período comprendido entre el 27 de
marzo de 2009 y el 8 de diciembre de 2016, existió una relación laboral
encubierta y, se ordene el reconocimiento y pago de las prestaciones laborales.
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4. Que se le reconozcan y paguen las diferencias salariales entre lo reconocido
en virtud de los contratos de prestación de servicios y lo correspondiente al cargo
de planta denominado instructor del SENA; los valores pagados como aportes a
seguridad y los montos que hubieran correspondido al empleador; la sanción
moratoria por el no pago oportuno de cesantías y se compense económicamente
la no afiliación a caja de compensación.
HECHOS
5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6. Que estuvo vinculado al SENA mediante sucesivos contratos de prestación
de servicios, del 27 de marzo de 2009 al 8 de diciembre de 2016, en forma
continua, como instructor para «Impartir formación a los aprendices matriculados
del SENA para apoyar el área de bienestar, concretamente clases de música»
7. Que durante el desarrollo de esos contratos, se reunían todos los elementos
propios de una relación laboral, en la medida en que las labores fueron
ejecutadas de manera personal, con exclusividad, bajo subordinación y
cumpliendo un horario prestablecido que era informado vía correo electrónico y/o
publicado en la plataforma institucional Sena Sofía Plus.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
8. La demanda fue admitida el 29 de marzo de 2019, la entidad expresó que no
es cierto que haya existido una relación laboral ni que la prestación del servicio
se diera en las condiciones descritas en la demanda; que los contratos suscritos
no fueron sucesivos y permitían ejercer otras actividades con distintas entidades.
9. Que el actor contrató con el Colegio Bilingüe Chester Palmer, en el período
comprendido entre el día 18 de julio y el 30 de noviembre de 2009, entre otros,
y con la Academia Musical Musichicos entre el 15 de enero de 2004 y el 27 de
enero de 2010, «sin perjuicio que en las hojas de vida, de su puño y letra el
demandante escribió, que trabajó para esta última hasta Diciembre [sic] de
2010»
10. Negó que el demandante hubiera cumplido para la entidad actividades por
fuera del objeto contractual y afirmó que en dicho vínculo no se estructuraron los
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elementos esenciales propios de las relaciones laborales, pues el actor no realizó
sus actividades en el mismo horario que el personal de planta, ni tenía una carga
horaria igual, sino que cumplía sus actividades con total autonomía.
11. Propuso como excepciones, inexistencia de contrato realidad y prescripción.
12. Mediante auto de 4 de mayo de 2023 el magistrado ponente dispuso agotar
las etapas de la audiencia inicial, decretó las pruebas y programó la audiencia
para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado a las
partes para que alegaran de conclusión y se profirió sentencia, la cual fue
apelada dentro del término oportuno por la demandada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
13. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del cinco (5) de
septiembre de dos mil veinticuatro (2024) negó las pretensiones, al considerar
no acreditados los elementos esenciales constitutivos del vínculo de trabajo, en
especial el de la subordinación.
14. Agregó que no se demostró que la labor desempeñada fuera de aquellas
que desempeñaban funcionarios de planta de la entidad y tampoco se evidenció
el cumplimiento de órdenes, instrucciones, directrices o lineamientos impartidos
por la contratante- hoy demandada- acerca de la manera o forma y temporalidad
en que el actor debía ejecutar su labor.
15. Que no era posible establecer la existencia de una relación laboral
subordinada, atendiendo al objeto de los contratos, por cuanto no había similitud
o igualdad de funciones con otros empleados, es decir, no tenía la planta de
personal cargos con el mismo perfil ni empleados que desempeñaran las labores
para las cuales fue contratado.
RECURSO DE APELACIÓN
16. El demandante interpuso recurso de apelación por considerar que la
actividad desplegada se asimila a la de docente y que esta en sí misma reviste
el elemento subordinación, argumento que apoyó en la «Sentencia de unificación
del veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), M.P. CARMELO
PERDOMO CUÉTER»
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17. Dijo que dictaba sus clases en instalaciones del SENA a aprendices de la
entidad, según los criterios de formación y los Manuales del Sistema de Gestión
de Calidad y demás normas que regulan la Formación Profesional Integral en la
institución; con equipos de la misma, por los cuales tenía que responder y
reportar inventario. Que se comunicó con sus aprendices mediante los correos
institucionales; de donde concluyó que se encontraba bajo una constante y
permanente subordinación.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
18. El 28 de noviembre de 2024 fue admitido el recurso de apelación, se ordenó
que, una vez ejecutoriada, la secretaría pasara el expediente al despacho para
dictar sentencia y el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que
ello ocurriera.
19. Las partes guardaron silencio y El Ministerio Público expresó que hay
lugar a confirmar la sentencia, porque, de acuerdo con el reciente
pronunciamiento de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado y
el acervo probatorio presentado en el proceso, no es posible concluir que hubo
una subordinación permanente y directa, sino que se evidencia una coordinación
de actividades.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
20. La Sala deberá determinar si bajo la apariencia de contratos de prestación
de servicios existió un vínculo laboral entre el señor Gerson Alexander Urbina
Wilches y el SENA y como consecuencia de ello, si la parte demandante tiene
derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con
ocasión de esa relación.
Marco normativo y jurisprudencial
21. Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras
del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
22. El contrato estatal de prestación de servicios se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3 y está definido como aquel que celebran las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
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personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso
estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán
por el término estrictamente indispensable.
23. Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la
actividad humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la
relación de dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o
jurídica y, el elemento de la remuneración.
24. Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos
contratos, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios,
demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago
de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.
25. El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las
cuales se destacan las siguientes:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las
prestaciones que se deriven de aquella.
• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación
de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un
término de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la
ejecución del siguiente, el cual puede flexibilizarse según las
circunstancias especiales de cada caso.
• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito
de procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la
devolución de los dineros que haya pagado el contratista por este
concepto o por el de salud.
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• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.
• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente
en los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente
temporal.
• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral.
26. Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce
la existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago
de prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que
por ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran
los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Resolución al caso concreto
27. De conformidad con las pruebas, se puede establecer que el señor Gerson
Alexander Urbina Wilches prestó sus servicios al SENA mediante contratos de
prestación de servicios suscritos entre los años 2009 y 2016.
28. El contrato número 89 de 27 de marzo de 2009 con una duración de 9 meses,
finalizó el 27 de diciembre de 2009 y tuvo por objeto «la organización y dirección
de el grupo [sic] de percusión y Pre-Orquesta para los aprendices de las
diferentes especialidades del centro industrial y del desarrollo tecnológico de
Barrancabermeja»
29. El contrato número 79 de 27 de enero de 2010 con una duración de 10,5
meses, finalizó el 15 de diciembre del mismo año y su objeto fue «Impartir
formación profesional en música como instructor de orquesta por periodos fijos»
30. El contrato 239 de 12 de julio de 2011, con duración de 5 meses y 6 días,
con el objeto de «Contratar los servicios profesionales como licenciado en
música para desarrollar el área de arte y cultura en la línea musical contenida en
el plan de bienestar del aprendiz del Centro Industrial y del Desarrollo
Tecnológico de Barrancabermeja»; el contrato 263 de 9 de julio de 2012, con la
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misma duración y objeto del anterior y con finalización el 14 de diciembre de
2012.
31. El contrato número 1102 de 30 de enero de 2013 con duración de 10, 5
meses, a finalizar el 15 de diciembre del mismo año, con el objeto de «apoyar
las actividades el plan de bienestar para fortalecer el desarrollo de la técnica
vocal, interpretación de los instrumentos musicales y conformación de grupos
musicales a nivel centro regional»
32. El contrato 760 de 17 de enero de 2014, con plazo de 10 meses y 23 días;
el 079 de 26 de enero de 2015, con plazo de ejecución de 10 meses sin exceder
del 31 de diciembre del mismo año; y el 1181 de 8 de febrero de 2016 en el los
que se fijó como objeto «Prestar los servicios personales de carácter temporal
de un profesional en música para apoyar el programa de bienestar en el
componente estratégico de cultura: música a través de actividades de técnica
vocal, interpretación de los instrumentos musicales y conformación de grupos
musicales de acuerdo con los intereses de los aprendices del Centro Industrial y
del Desarrollo Tecnológico y su área de influencia, vigencia 2016.»
33. Con los contratos relacionados y los demás documentos con ellos aportados,
se tiene por acreditada la prestación personal del servicio y la remuneración;
quedando pendiente el examen de la subordinación.
34. Como único argumento de la apelación, el demandante expresa que la
actividad desplegada, en sí misma, implicaba la subordinación porque dictaba
sus clases en instalaciones del SENA, a aprendices de la entidad, según los
criterios de formación y los Manuales del Sistema de Gestión de Calidad y demás
normas que regulan la Formación Profesional Integral en el establecimiento, con
equipos de este, por los cuales tiene que responder y reportar inventario.
35. La Sentencia CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, que invoca como
fundamento el actor, se refirió a los casos en los que se vinculan docentes por
contratos de prestación de servicios, para suplir necesidades del servicio público
educativo. En tales casos, debido a las condiciones en que debe prestarse el
servicio, que en nada diferenciaban a los contratistas de los docentes vinculados
al FOMAG; la contratación no desvirtuaba la subordinación a la que estaban
sometidos.
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36. Cabe destacar en este punto, que esta Subsección1 ha sido consistente al
señalar que, en el caso de los formadores del SENA, no opera la presunción a
la que se refiere la sentencia invocada porque debe tenerse en cuenta, que los
objetivos del SENA y los de las instituciones educativas estatales son diferentes,
al igual que la forma en que cada una de ellas lleva a cabo su misión, tal como
se evidencia de la normatividad que las rige; pues la actividad de los maestros
oficiales está normada en las disposiciones de la Ley 115 de 1994, los
instructores del SENA están sujetos a la Ley 119 de 19942.
37. Así pues, contrario a lo argumentado por el recurrente, no existe una
presunción de subordinación que pudiera relevar a la parte demandante de la
carga de probar que se encontraba bajo una continua subordinación y
dependencia respecto de los funcionarios de la entidad y por ello esa situación
debe probarse; y es evidente que no se cumplió con tal carga.
38. Por lo tanto, la Sala comparte íntegramente lo decidido en primera instancia,
en cuanto no se demostraron los elementos constitutivos de la relación laboral y
específicamente, la presunta subordinación a la que se hubiera sometido al
señor Gerson Alexander Urbina Wilches y, en consecuencia, se confirmará la
sentencia apelada.
De la condena en costas
39. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
40. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
1 En ese sentido se pronunció la Subsección, entre otras, en las sentencias del 7 de julio de 2022,
expediente 5743-2019 y, del 3 de octubre de 2022, expediente 2611-2016
2Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, i) sentencia del 21 de agosto de 2025, expediente 17001-23-33-000-2018-00634-01 (3839-2022); ii)
sentencia del 8 de agosto de 2025, expediente 25000-23-42-000-2019-00854-01 (3122-2022); iii)
sentencia del 24 de julio de 2025, expediente 41001-23-33-000-2018-00324-01 (4899-2024); iv) 29 de
mayo de 2025, expediente 17001-23-33-000-2018-00590-01 (4110-2023); y v) sentencia del 25 de enero
de 2024, expediente 25000-23-42-000-2017-06111-02 (4838-2022).
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procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de
los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume;
en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte
vencida en el proceso.
41. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida y la
liquidación y ejecución se efectuarán conforme al artículo 366 del CGPP teniendo
en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
42. En consecuencia, se impondrá condena en costas a la parte demandante,
vencida en esta instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de
la misma norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Santander.
Reconocimiento de personería
43. Se reconocerá personería al abogado Lawrence Sebastián Herrera
Maldonado, portador de la T.P. nº 268.281 del C. S. J. para representar a la parte
demandada, de conformidad con el poder conferido.3
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia del cinco (5) de septiembre de dos mil
veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.
Segundo. Condenar en costas a la parte demandante, vencida en esta
instancia.
Tercero. Reconocer personería al abogado Lawrence Sebastián Herrera
Maldonado, portador de la T.P. nº 268.281 del C. S. J. para representar a la parte
demandada.
3 Índice 13 expediente SAMAI.
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Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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