República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01338-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01338-01 (7647-2023)1
Demandante: Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: bonificación por compensación establecida en el Decreto 610 de 1998 y prima
especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992. Subtema: apelación fallida.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 31 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Sala Transitoria, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Síntesis del caso
La accionante, en calidad de magistrada de alta corte y magistrada auxiliar, solicitó
que se le reconozca y pague la diferencia salarial que resulte por concepto de la prima
especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, teniendo en cuenta todos los
ingresos laborales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas.
Asimismo, el reconocimiento y pago del reajuste de la bonificación judicial prevista en
el Decreto 610 de 1998, con la inclusión de la nivelación de la prima especial prevista
en la norma en mención.
El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal sentido,
declaró la prescripción extintiva del derecho al reajuste de la bonificación por
compensación y ordenó el pago retroactivo de las diferencias resultantes entre lo
recibido por concepto de prima especial de servicios en condición de magistrada de
alta corte, del 17 de septiembre de 2013 hasta finalizar su periodo, y la suma que
1 Expediente híbrido.
1
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01338-01 (7647-2023)
Demandante: Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
correspondiera luego de incluir la totalidad de los factores salariales devengados por
los congresistas en dicho periodo y que no le fueron tenidos en cuenta.
La Subsección declarará fallida la apelación interpuesta por la parte accionada, e
incólume la sentencia de primera instancia.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, mediante apoderada judicial,
presentó demanda el 13 de septiembre de 20192, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con las siguientes pretensiones3:
2. Se declare la nulidad de las resoluciones 2996 del 18 de febrero de 2019 y 3880
del 29 de abril de 2019 mediante las cuales la Dirección Ejecutiva Administración
Judicial le negó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial que resultara por
concepto de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, con la
inclusión de todos los ingresos laborales anuales de carácter permanente percibidos
por los congresistas; además de la diferencia salarial de la bonificación por
compensación, equivalente al 80 % de lo devengado por los magistrados de alta corte.
3. A título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó que se reconozca
y pague la diferencia salarial que resulte por concepto de prima especial de servicios,
en condición de magistrada de alta corte, teniendo en cuenta todos los ingresos
anuales percibidos por los congresistas, desde el 17 de septiembre de 2013 y en
adelante. A su vez, el reconocimiento y pago de la diferencia salarial que resulte del
reconocimiento de la bonificación por compensación en su condición de magistrada
auxiliar de alta corte, equivalente al 80 % de lo devengado por los magistrados de las
altas cortes, incluida la suma de la nivelación de la prima especial de servicios, por el
periodo comprendido del 1 de febrero de 2011 hasta el 16 de septiembre de 2013.
4. Pidió que se condene al pago de las diferencias que por concepto de salarios y
prestaciones sociales se obtengan como consecuencia del reconocimiento de las
sumas antes mencionadas.
5. Requirió que se ordene a la entidad accionada a ajustar, de acuerdo con el IPC,
las sumas reconocidas; el pago de intereses moratorios; se dé cumplimiento al fallo de
acuerdo con el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (en adelante CPACA); y que se condene en costas.
2
Expediente físico, fol. 17.
3 Expediente físico, fols. 1 a 17.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01338-01 (7647-2023)
Demandante: Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
2.1.1. Hechos
6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
7. La señora Clara Cecilia Dueñas Quevedo prestó sus servicios a la Rama
Judicial, del 1 de febrero de 2011 al 16 de septiembre de 2013, en el cargo de
magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, y a partir del 17 de septiembre de
2013 a la fecha de presentación de la demanda, ocupó el cargo de magistrada titular
de la misma corporación.
8. La accionante en calidad de magistrada de una alta corte tiene derecho a la
prima especial de servicios establecida en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y el
Decreto 10 de 1993, la cual debe liquidarse teniendo en cuenta todos los ingresos
laborales anuales, de carácter permanente, devengados por los congresistas,
incluidas las cesantías que han sido excluidas por la entidad accionada sin razón
alguna.
9. Durante la vinculación de la demandante en el cargo de magistrada auxiliar, la
entidad accionada le reconoció la bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de
2004, a fin de alcanzar el 70 % del valor total devengado anualmente por un magistrado
de alta corte. La norma en mención fue declarada nula por la Sala de Conjueces del
Consejo de Estado en sentencia del 14 de diciembre de 20114. Por lo tanto, la entidad
debe pagar la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 que iguale el
80% de lo percibido anualmente por los magistrados de las altas cortes, incluida la
prima especial de servicios que reciben los magistrados de las altas cortes.
10. El 31 de julio de 2018, la demandante solicitó a la entidad accionada el pago de
las diferencias que resultaran por concepto de la prima especial de servicios, en
calidad de magistrada titular de la Corte Suprema de Justicia, incluidos todos los
ingresos laborales anuales de carácter permanente percibidos por los congresistas
desde el 17 de septiembre de 2013 y hacia futuro.
11. Asimismo, el pago de las diferencias salariales como consecuencia del
reconocimiento de la bonificación de gestión judicial, hoy bonificación por
compensación, en calidad de magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, para
alcanzar el 80 % de lo devengado por los magistrados de las altas cortes, incluida la
suma que resulte por la nivelación de la prima especial de servicios de los magistrados
de las altas cortes en igualdad con los congresistas, del 1 de febrero de 2011 al 16 de
septiembre de 2013.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
3
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01338-01 (7647-2023)
Demandante: Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
12. Por último, que esas sumas de dinero se tuvieran en cuenta para efectos de
liquidar las prestaciones sociales y se realizaran los aportes a pensión
correspondientes.
13. Mediante la Resolución 2996 del 18 de febrero de 2019, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial negó lo pretendido al afirmar que estaba impedida para
reconocer y ordenar pagos como los derivados de la petición de la interesada, si no
contaba con el respectivo respaldo presupuestal.
14. El 9 de abril de 2019, la parte demandante solicitó la aclaración del anterior acto
administrativo. En respuesta, a través de la Resolución 3880 del 29 de abril de 2019,
la entidad accedió a la solicitud y, en consecuencia, decidió no acceder a las
pretensiones de la accionante relativas al reconocimiento y pago de las diferencias por
concepto de la bonificación por compensación y la incidencia de la prima especial de
servicios de los magistrados de las altas cortes en la base de liquidación.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
15. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
• De la Constitución Política, los artículos 13, 25, 53 y 58.
• Ley 4 de 1992, artículo 2 —literal a)— y 15.
• Ley 270 de 1996, artículo 152 —numeral 7—.
• Decreto 10 de 1993.
• Decreto 610 de 1998.
16. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante sostuvo que la entidad
demandada no respetó los derechos adquiridos de los funcionarios de la Rama
Judicial, toda vez que desmejoró sus condiciones laborales al no dar cumplimiento al
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, que prevé que los magistrados de las altas cortes
tienen derecho a una prima especial de servicios, que sumada a los demás ingresos
laborales debe igualar a los percibidos en su totalidad por los congresistas. De esta
manera, la referida prima especial debía liquidarse teniendo en cuenta todos los
ingresos anuales de carácter permanente devengados por los miembros del congreso,
incluidas las cesantías.
17. Expuso que la entidad accionada se negó a reconocer dentro del porcentaje
del 80 % de la bonificación por compensación, las diferencias que por concepto de
prima especial deben devengar los magistrados de las altas cortes, que igualan lo
percibido por los congresistas.
18. Concluyó que la prima especial de servicios que reciben los magistrados de las
altas cortes debe igualar los ingresos laborales totales anuales recibidos por los
miembros del congreso y ese valor de la prima especial, a su vez, tiene efectos sobre
4
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01338-01 (7647-2023)
Demandante: Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
el salario de los magistrados auxiliares de las altas cortes, en cuanto se refiere al
porcentaje de la bonificación por compensación que deben percibir estos funcionarios.
2.2. Contestación de la demanda
19. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones
de «prescripción e innominada»5.
20. Realizó un recuento normativo y jurisprudencial acerca de la bonificación por
compensación (decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012) y también sobre la bonificación
de gestión judicial (Decreto 4040 de 2004), para concluir cómo se debe contabilizar el
término de prescripción de acuerdo con las reglas establecidas por esta corporación
en las sentencias del 18 de mayo de 2016 y 2 de septiembre de 2019.
21. Señaló que según se analizó en el fallo del año 2016, hay lugar a la reliquidación
de la prima especial del artículo 15 de la Ley 4 de 1992 con la inclusión de las cesantías
de los congresistas, a la cual tienen derecho los magistrados de las altas cortes, y a
reconocer su incidencia en la bonificación por compensación, cuyos beneficiarios son
los magistrados de tribunales y equivalentes.
22. Manifestó que la sentencia del 18 de mayo de 2016 no precisó que la regla
establecida para el cómputo de la prescripción de los derechos que se originaban del
reconocimiento de la bonificación por compensación en el 80 % de los ingresos
laborales anuales de los magistrados de las altas cortes, se aplicara a las
reclamaciones sobre el reajuste de esa bonificación incluida la incidencia de la
reliquidación de la prima especial de servicios (artículo 15 de la Ley 4 de 1992) con las
cesantías de los congresistas.
23. Afirmó que entender que la tesis de la prescripción de la decisión en mención se
extiende a la incidencia de la reliquidación de la prima especial en la bonificación,
generaría una desigualdad injustificada e irrazonable en relación con los magistrados
de las altas cortes que también reclaman la reliquidación de dicho emolumento, a
quienes sí se les ha aplicado la regla general de prescripción trienal.
24. Precisó que ambos derechos tienen orígenes diferentes. Por su parte, la
bonificación liquidada en el 80 % de los ingresos anuales de los magistrados de las
altas cortes, se originó dada la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de
2004, y la posterior declaratoria de nulidad de esta última norma; mientras que, la prima
especial existe desde que se expidió la Ley 4 de 1992 (artículo 15) y el Decreto 10 de
1993, sin que frente a ello haya existido discusión o dualidad jurídica.
25. Adujo que en los asuntos relacionados con la prima especial del artículo 15 o la
incidencia de tal emolumento en la liquidación de la bonificación por compensación
5 Expediente físico, fols. 79 a 83.
5
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01338-01 (7647-2023)
Demandante: Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
debe aplicarse la regla general de prescripción trienal prevista en los decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969; de manera que el interesado cuenta con tres años para reclamar
el derecho a partir de su vinculación, momento desde el que se hace exigible el
derecho.
2.3. Sentencia de primera instancia
26. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
mediante sentencia del 31 de mayo de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y no condenó en costas. Así, ordenó lo siguiente6:
[…]
SEGUNDO: DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA de los derechos reclamados
al reajuste de la bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998
con ocasión al cargo de magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia ejercido por
la señora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de este proveído.
TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución No. 2993 (sic) del
18 de febrero de 2019 y la resolución No. 3880 del 29 de abril de 2019 en cuanto negó
(sic) a la señora Clara Cecilia Dueñas Quevedo el reconocimiento, liquidación y pago de
las diferencias derivadas de su calidad de beneficiaria de la prima especial consagrada
en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 correctamente liquidada, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este proveído.
CUARTO: CONDENAR a la Nación- Rama Judicial a RECONOCER y PAGAR en favor
de la señora Clara Cecilia Dueñas Quevedo retroactivamente la diferencia dinerarias
(sic) resultantes entre lo percibido por la prima especial de servicios en su calidad de
Magistrada de la Corte Suprema de Justicia del 17 de septiembre de 2013 hasta que
finalice su periodo y la suma que corresponda luego de incluir la totalidad de los factores
salariales devengados por los Congresistas en dicho periodo y que no le fueron tenidos
en cuenta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
[…]
SEXTO: Sin condena en costas de conformidad con lo expuesto en el presente fallo.
[…].
27. Indicó que la demandante se desempeñó como magistrada auxiliar de la Corte
Suprema de Justicia desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 16 de septiembre de 2013.
Por consiguiente, fue beneficiaria de la bonificación por compensación que permita
igualar el 80 % de todo lo percibido por un magistrado de alta corte, incluida la
incidencia que sobre tal monto representa la prima especial de servicios del artículo
15 de la Ley 4 de 1992.
6 Expediente físico, fols. 120 a 128.
6
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01338-01 (7647-2023)
Demandante: Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
28. Señaló que como en el periodo reclamado, comprendido del 1 de febrero de 2011
al 26 de enero de 2012, coexistieron distintos regímenes aplicables (los decretos 610
de 1998 y 4040 de 2004), el término de la prescripción, según lo definió el Consejo de
Estado, iniciaría a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia que declaró la
nulidad del Decreto 4040 de 2004, esto es, el 27 de enero de 2012. Así, para que el
derecho pretendido no se viera afectado por la prescripción, la petición debía
presentarse a más tardar ante la administración el 27 de enero de 2015, lo cual no
sucedió, sino hasta el 31 de julio de 2018.
29. Añadió que, en cuanto al lapso del 27 de enero de 2012 al 16 de septiembre de
2013, en cambio, se debía tener en cuenta la fecha de radicación de la solicitud a la
accionada, de manera que como esto ocurrió el 31 de julio de 2018, operó la
prescripción de lo causado antes del 31 de julio de 2015. En consecuencia, se
declararía probada la excepción de prescripción extintiva del derecho al reajuste de la
bonificación por compensación.
30. Por otra parte, el Tribunal adujo que conforme se probó en el plenario, la
accionante se desempeñaba como magistrada de la Corte Suprema de Justicia desde
el 17 de septiembre de 2013; razón por la cual es beneficiaria de la prima especial de
servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
31. Destacó que en la liquidación del emolumento en mención se deben tener en
cuenta las cesantías percibidas por los congresistas, y comoquiera que lo que se
pretende con la demanda es la diferencia correspondiente a la inclusión de todos los
factores salariales que la deben comprender, la liquidación que se ordenaría sería solo
aquella respecto a lo dejado de percibir. En tal sentido, la entidad accionada debería
reconocer el pago de las diferencias resultantes entre lo que la demandante recibió
como prima especial de servicios en condición de magistrada de alta corte, del 17 de
septiembre de 2013 a la fecha en que finalice su periodo, y la suma que concierne,
luego de incluir la totalidad de los factores salariales devengados por los congresistas
en ese periodo y que no le fueron tenidos en cuenta.
2.4. Recurso de apelación
32. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia y reiteró los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda7.
33. Afirmó, en relación con el reconocimiento y pago de la bonificación por
compensación, que la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992
debe incluirse en la base de liquidación de la referida bonificación, teniendo en cuenta
las cesantías que perciben los congresistas. Dicha prima especial que se reconoce a
favor de los magistrados de las altas cortes no tiene carácter salarial y sumada a los
7 Expediente físico, fols. 135 a 137.
7
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01338-01 (7647-2023)
Demandante: Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
demás ingresos laborales deben igualar a los devengados en su totalidad por los
congresistas, sin que los superen.
34. Sostuvo que, de acuerdo con el Decreto 10 de 1993 que regula el artículo 15 de
la Ley 4 de 1992, (a) la prima especial de servicios es igual a la diferencia entre los
ingresos laborales totales anuales recibidos por los miembros del Congreso y los que
devenguen los funcionarios que tienen derecho a ella; (b) los ingresos anuales
laborales percibidos por los congresistas son los de carácter permanente incluyendo
la prima de navidad; (c) la prima especial no constituye factor salarial y se pagará
mensualmente.
35. Indicó que según la sentencia del 18 de mayo de 2016 proferida por esta
corporación, hay lugar a la reliquidación de la prima especial de servicios establecida
en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 con la inclusión de las cesantías de los
congresistas y a reconocer su incidencia en la bonificación por compensación.
36. Señaló que el fallo antes mencionado solo se pronunció sobre la prescripción de
la bonificación por compensación, toda vez que se sustenta en la declaratoria de
nulidad del Decreto 4040 de 2004. Ello, sin que se hubiese precisado que la regla fijada
también se aplicara a las reclamaciones sobre el reajuste de dicha bonificación incluida
la incidencia de la reliquidación de la prima especial de servicios (artículo 15 de la Ley
4 de 1992) teniendo en cuenta las cesantías de los congresistas.
37. Manifestó que deducir que la tesis de la prescripción de la sentencia del 18 de
mayo de 2016 se extiende a la incidencia de la reliquidación de la prima especial en la
bonificación, crearía una desigualdad injustificada e irrazonable respecto a los
magistrados de las altas cortes que también reclaman la reliquidación de dicho
emolumento, a quienes se les aplica la regla general de prescripción trienal.
38. Enfatizó que ambos derechos tienen orígenes diferentes. La bonificación
liquidada en el 80 % de los ingresos anuales de los magistrados de las altas cortes, se
originó dada la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004, y la posterior
declaratoria de nulidad de esta última norma; en cambio, la prima especial deviene de
la Ley 4 de 1992 (artículo 15) y el Decreto 10 de 1993, sin que haya existido discusión
o dualidad jurídica alguna.
39. Aclaró que en los asuntos relacionados con la prima especial del artículo 15 o la
incidencia de tal emolumento en la liquidación de la bonificación por compensación
debe aplicarse la regla general de prescripción trienal, de modo que el administrado
cuenta con tres años para reclamar el derecho a partir de su vinculación, momento
desde el que se hace exigible el derecho.
40. Afirmó que de acuerdo con la Circular DEAJC19-68 emitida por la entidad, a partir
del mes de agosto de 2019 se comenzó a pagar la diferencia de la incidencia de la
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01338-01 (7647-2023)
Demandante: Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
prima especial de servicios, con la inclusión de las cesantías, en la base de liquidación
de la bonificación por compensación.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
41. Mediante auto del 23 de abril de 2025, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia8.
42. En escrito del 28 de abril de 2025, el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar
presentó manifestación de impedido para conocer del asunto, por la causal establecida
en el numeral 3 del artículo 141 del Código General del Proceso9.
43. En auto del 6 de junio de 2025, esta Subsección declaró fundado el impedimento
manifestado10.
44. La parte demandada presentó escrito en el que solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda por los mismos argumentos aducidos en el recurso de
apelación que interpuso en contra de la sentencia de primera instancia11.
2.6. Ministerio Público
45. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto12.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
46. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
47. ¿La Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó
argumentos concretos de reproche frente a la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, que declaró la
8 Samai, índice 06, expediente digital, archivo 6Autoqueadmite_Apelacion_1276472023Autoadmite(.pdf).
9 En consideración a que es el cónyuge de la apoderada de la parte demandante. Cfr. Samai, índice 11, expediente
digital, archivo 9Manifestaciond_76472023ManifiestaIm(.pdf).
10 Samai, índice 17, expediente digital, archivo 12Autoqueresuel_07IMP76472023AutoAce(.pdf).
11
Samai, índice 14, expediente digital, archivo 9_MemorialWeb_Alegatos-01ALEGATOS(.pdf).
12 Samai, índice09, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01338-01 (7647-2023)
Demandante: Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
prescripción extintiva del derecho al reajuste de la bonificación por compensación y
ordenó el pago de las diferencias por concepto de prima especial, incluida la totalidad
de los factores salariales devengados por los congresistas?
48. Para la resolución del anterior interrogante se realizarán algunas consideraciones
sobre la figura jurisprudencial de la apelación fallida y, en el acápite de análisis del
caso concreto, se resolverá el problema jurídico propuesto.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. La apelación fallida
49. El artículo 320 de la Ley 1564 de 2012 establece que el recurso de apelación
tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, «únicamente en relación
con los reparos concretos formulados por el apelante».
50. En concordancia con lo expuesto, la jurisprudencia de esta corporación ha
establecido que el recurso de apelación tiene como objetivo que el superior funcional
del juez de primera instancia examine la legalidad de su providencia y, tras dicho
análisis, la confirme, revoque o modifique. De esta finalidad se deriva la exigencia de
fundamentar el recurso, pues constituye la oportunidad procesal para que el apelante
exponga sus objeciones frente a la decisión recurrida13.
51. En relación con la carga de la argumentación en la apelación, el Consejo de
Estado también ha subrayado que no compete al juez suplir las obligaciones
procesales de las partes, pues ello comprometería su imparcialidad en el litigio. En
consecuencia, si una de las partes tiene algún reparo de la providencia de primera
instancia, puede impugnarla planteando al juez las razones por las que, a su juicio, se
debe reconsiderar la decisión adoptada14.
52. De allí que la referida norma adjetiva de manera categórica circunscriba la
competencia del juez de segunda instancia, «únicamente» a los reparos concretos
frente a la decisión proferida en primera, desde luego, «sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley», como lo aclara el artículo
328 del mismo estatuto procesal, o el artículo 187 del CPACA cuando a propósito del
contenido de la sentencia indica que:
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la
no reformatio in pejus.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de 2010,
exp. 25000 23 27 000 1999 00875 01(15328), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
14
Ibidem. En pronunciamiento reciente, esta Subsección reiteró la obligación de las partes de sustentar los
recursos: ver auto del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, del 8 de mayo de 2025, exp. 17001-23-33-000-2017-00331-02 (4352-2024).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01338-01 (7647-2023)
Demandante: Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
53. En consonancia con lo expuesto, el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 establece
que la competencia del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos
concretamente impugnados por el apelante. De esta disposición se deriva la exigencia
de que los argumentos expuestos en el recurso de apelación confronten directamente
los fundamentos sustanciales de la decisión de primera instancia, pues estos delimitan
el ámbito de revisión del juez de la alzada. En consecuencia, debe existir una conexión
inequívoca entre las razones que motivaron la decisión apelada y los motivos que
sustentan la impugnación.
54. Sobre este particular, esta Sección ha precisado que cuando los argumentos
planteados en el recurso de apelación se desvían del centro de la controversia resuelta
en la providencia de primera instancia, es decir, cuando no existe una conexión
sustancial con los presupuestos fácticos y jurídicos del asunto decidido, se configura
una apelación fallida. Tal situación conlleva la confirmación de la decisión impugnada,
manteniéndose incólume su contenido y efectos jurídicos15.
55. La misma situación se predica cuando se plantean de manera general
argumentos en la impugnación, sin que se aterricen los reproches contra la decisión
de primera instancia, es decir, cuando ni se precisan los aspectos que no se comparte
de esta y, sobre todo, cuando no se exponen las razones que dan cuenta de los
supuestos errores o imprecisiones en las que incurrió el juez, lo que impide identificar
los reparos concretos sobre los que debe pronunciarse el superior funcional16.
56. Frente a escenarios como los expuestos, esta Sección ha considerado que se
está ante una apelación fallida, figura de desarrollo jurisprudencial en la que se ha
destacado, por el incumplimiento de las cargas mínimas que le asisten al apelante, la
imposibilidad de revisar la decisión de primer grado17, so pena de desconocer el
principio de imparcialidad.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 21 de
marzo de 2025, exp. 25000-23-42-000-2020-00428-02 (5883-2023). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2024, exp.
47001233300020180005401 (2666-2020), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022, exp. 25000-
23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017), M.P. William Hernández Gómez.
16 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
auto del 14 de mayo de 2025, exp. 15001-23-33-000-2023-00301-01 (0942-2025), M.P. Juan Camilo Morales
Trujillo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 3 de
noviembre de 2022, exp. 05001-23-33-000-2020-02434-01 (4065-2022), M.P. William Hernández Gómez.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 16 de mayo
de 2025, exp. 68001-23-33-000-2021-00319-01 (5386-2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2021, exp. 76001 23 33 000 2016 01266 01 (5266-2018), M.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de octubre de 2017, exp. 19001233300020130021401. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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57. Según lo expuesto, se puede concluir que el juez que revisa una decisión en
principio solo puede analizar los aspectos con los que la parte que apeló está en
desacuerdo. Si estos no se concretan y/o no se refieren a la razón principal por la que
se adoptó la decisión inicial, no puede en segunda instancia pronunciarse sobre el
fondo de la controversia, lo que trae como consecuencia que la apelación sea fallida y
la decisión inicial deba mantenerse incólume18.
3.4. Caso concreto
58. En sentencia proferida el 31 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho de
la accionante al reconocimiento y pago del reajuste de la bonificación por
compensación, con ocasión del cargo de magistrada auxiliar de alta corte,
desempeñado por la demandante.
59. Por otra parte, ordenó a la entidad accionada reconocer y pagar a la accionante
retroactivamente las diferencias dinerarias resultantes entre lo percibido por la prima
especial de servicios en el cargo de magistrada de alta corte del 17 de septiembre de
2013 hasta que finalice su periodo, y la suma que corresponda luego de incluir la
totalidad de los factores salariales devengados por los congresistas en ese periodo y
que no le fueron tenidos en cuenta.
60. Ahora bien, conforme se señaló en los antecedentes de la presente sentencia, la
anterior decisión solo fue apelada por la entidad accionada —Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial—, lo que implica que el recurso debe
circunscribirse a los argumentos del fallo que le fueron desfavorables.
61. No obstante, efectuada la lectura integral del recurso interpuesto por la Rama
Judicial se advierte que no se aducen las razones por las cuales se encuentra
inconforme con la decisión del Tribunal en primera instancia. Ello, en tanto no se
efectuó reproche alguno en relación con los argumentos desarrollados acerca del
reconocimiento de las diferencias por concepto de la prima especial de servicios con
la inclusión de todos los factores salariales percibidos por los congresistas.
62. Sobre el particular, se tiene que la entidad recurrente hizo algunas
consideraciones en cuanto a la incidencia de la prima especial de servicios del artículo
15 de la Ley 4 de 1992, teniendo en cuenta las cesantías que reciben los congresistas,
comoquiera que dicho emolumento hace parte de la base de liquidación de la
bonificación por compensación.
63. La parte demandada sostuvo que, de acuerdo con la sentencia del 18 de mayo
de 2016, debe reliquidarse la prima especial de servicios, a la que tienen derecho los
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de julio
de 2024, exp. 05001 23 33 000 2018 00159 02 (3607-2022).
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magistrados de las altas cortes, con la inclusión de las cesantías de los miembros del
Congreso, y a que se reconozca su incidencia en la bonificación por compensación.
64. Por último, manifestó, respecto a la prescripción de la incidencia de la prima
especial del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, que debe aplicarse el término general de
tres años, que comienza a contabilizarse a partir del momento en el que el derecho se
hace exigible, es decir, desde la vinculación al cargo.
65. Conforme lo anterior, se advierte que el recurso interpuesto carece de
congruencia con el fallo impugnado. Esto, comoquiera que no se discute en lo que fue
desfavorable a los intereses de la accionada, pues si bien se hace un análisis acerca
de la inclusión de la prima especial de servicios en el cálculo de la bonificación por
compensación, lo cierto es que con sus afirmaciones reconoce el derecho de la
accionante a lo reclamado; máxime cuando el Tribunal lo declaró prescrito.
66. A su vez, se observa que se reprocha la manera en la que se aplicó la
prescripción; no obstante, tal reparo versó sobre el mismo derecho al reajuste de la
bonificación por compensación, en la medida que se debate que el término prescriptivo
de la incidencia de la prima especial de servicios en la base de liquidación de tal
emolumento, se comienza a contar a partir de la fecha de vinculación al cargo que
otorga el beneficio, en tanto, según lo señaló la entidad, la sentencia del 18 de mayo
de 2016 de esta corporación solo se pronunció sobre el periodo en el que estuvieron
vigentes los dos regímenes establecidos en el Decreto 610 de 1998 y el Decreto 4040
de 2004.
67. Lo expuesto, evidencia que los motivos de inconformidad de la entidad
demandada no confrontan el fallo de primera instancia, puesto que como se explicó
antes, el Tribunal declaró la prescripción extintiva del derecho cuyo término
prescriptivo se discute y nada discutió respecto a la condena al reconocimiento y pago
de las diferencias entre lo recibido por concepto de prima especial de servicios en
calidad de magistrada de alta corte y la suma que corresponda luego de incluir la
totalidad de los factores salariales devengados por los congresistas, que no le fueron
tenidos en cuenta.
68. En ese orden de ideas, se concluye que la apelación interpuesta por la parte
accionada no representa reproches concretos contra la justificación que desarrolló el
Tribunal para condenarla al pago de las diferencias por concepto de la debida
liquidación de la prima especial de servicios de la cual era beneficiaria en calidad de
magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Esto quiere decir que no existe relación
directa, en términos de confrontación, entre el sustento del recurso de apelación y las
razones que fundamentan la decisión de primera instancia.
69. La situación descrita impide a la Sala analizar, en el marco del recurso de
apelación, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por
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cuanto no existe reparo alguno que la controvierta de manera directa, concreta, clara
y precisa.
70. Así las cosas, se declarará fallida la apelación interpuesta por la parte accionada
e incólume el fallo de primera instancia.
3.5. Conclusión de la decisión
71. Advertido que el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial contra la
sentencia de primera instancia carece de reproche alguno, en tanto no precisa los
aspectos que no se comparten de esta, la apelación resulta fallida. En consecuencia,
la sentencia impugnada se declarará incólume.
3.6. Costas
72. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 19 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Declarar fallida la apelación interpuesta por la Nación, Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, contra la sentencia proferida el 31 de
mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
19 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01338-01 (7647-2023)
Demandante: Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Segundo. Declarar incólume la sentencia recurrida, de acuerdo con lo señalado en
esta providencia.
Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Con impedimento
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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