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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00152-01

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00152-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar fallida la apelación interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la sentencia proferida el 18 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente las súplicas de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Myriam Reyes Flórez contra dicha entidad. En consecuencia, Radicación: 25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017) Demandante: Myriam Reyes Flórez Segundo: Confirmar la providencia impugnada, de conformidad con lo considerado. Tercero: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada por lo brevemente expuesto. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-00152-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

3 de noviembre de 2022

Radicación: 25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017)
Demandante: Myriam Reyes Flórez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017)
Demandante: MYRIAM REYES FLÓREZ
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL1.

Tema: Reconocimiento pensión gracia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 18 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente las pretensiones
de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Myriam Reyes Flórez en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del
20112 formuló, en síntesis, las siguientes

Pretensiones3

1. Declarar la nulidad de la Resolución UGM 028957 del 24 de enero de 2012
que negó el reconocimiento de la pensión gracia en favor de la demandante
y; del Auto DP 010950 del 26 de julio de 2013 que resolvió un recurso de
apelación en forma desfavorable a la libelista.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la UGPP a: i)
reconocer y pagar en favor de la demandante una pensión gracia de
jubilación a partir del 6 de octubre de 1995, con la inclusión de todos los
factores salariales que devengo en el año anterior al estatus pensional; ii)
reconocer y pagar los intereses moratorios contemplados en el artículo 141

1 En adelante UGPP.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

en adelante CPACA.
3 Folios 31 y 32.

Radicación: 25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017)
Demandante: Myriam Reyes Flórez

de la Ley 100 de 1993, los interés corriente durante los 6 primeros meses
y los intereses moratorios después de dicho término; iii) liquidar la condena
en moneda de curso legal en Colombia y ajustarla conforme al IPC desde
el reconocimiento pensional hasta que se haga efectiva el pago y; iv) dar
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189 y 195 del
CPACA.

Fundamentos fácticos relevantes4

1. La señora Myriam Reyes Flórez nació el 6 de octubre 1945 y prestó sus
servicios como docente al servicio de la alcaldía mayo de Bogotá,
Secretaría de Integración Social desde el 23 de abril de 1973 y hasta el 22
de abril de 1993.

2. La demandante adquirió el estatus pensional el 6 de octubre de 1995, fecha
en la que tenía los 50 años de edad y demostró los 20 años de servicio
docente oficial de orden nacionalizado.

3. Solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia y a
través de la Resolución UGM 028957 del 24 de enero de 2012 negó la
petición.

4. Posteriormente, elevó nueva solicitud de reconocimiento pensional y
mediante Auto ADP 010950 del 26 de julio de 2013, confirmó la negación
de la prestación deprecada.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la
prueba.5

En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la
contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta de la audiencia inicial se consignó lo siguiente respecto de las
excepciones propuestas:

«No hay lugar a la decisión de excepciones previas ni las enlistadas en el inciso 1
del numeral 6 del artículo 180 del CPACA, por cuando no se propusieron en (sic)
contestación la demanda ni el despacho encuentra en este momento la necesidad
de pronunciamiento de oficio.

4 Folios 6 y 7.
5 Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015). EJRLB.

Radicación: 25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017)
Demandante: Myriam Reyes Flórez

Se advierte que con respecto a la excepción de prescripción, se interpreta que se
refiere a las mesadas pensionales, por lo que su decisión correspondiente en caso
de prosperidad de las pretensiones de la demandada.»

Se notificó la decisión en estrados y no se propusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] Determinar si la parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación gracia con el 75% del salario devengado durante el
último año de servicios, incluyendo todos los factores salariales devengados en el
año anterior al cumplimiento del status pensional.»

La decisión fue notificada en estrados y frente a esta no se interpusieron
recursos.

SENTENCIA APELADA6

El a quo profirió sentencia el 18 de febrero de 2016, en la cual accedió a las
pretensiones de la demanda. Como argumento de su decisión aclaró que la
jurisprudencia del Consejo de Estado permite la posibilidad de computar el
tiempo de servicios prestados por los docentes bajo la modalidad de contratos
de prestación de servicios y el desempeñado en cargos de carácter
administrativo, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia7.

En ese sentido, encontró acreditado que la señora Reyes Flórez prestó sus
servicios así:

CARGO DESDE HASTA TOTAL
Profesora normalista 23/ABR/73 31/DIC/74 1 año, 8 meses y 8 días
Profesora III 01/ENE/75 31/DIC/75 1 año
Profesora II 01/ENE/76 31/DIC/83 8 años
Profesora III 01/ENE/84 31/DIC/86 3 años
Técnico administrativo III con
01/ENE/87 31/DIC/89 3 años
funciones de profesor
auxiliar administrativo III D con
01/ENE/90 31/DIC/91 2 años
funciones de profesor
auxiliar técnico IV A con funciones de
profesor (reclasificada a profesional 1 año, 3 meses y 22
01/ENE/92 22/ABR/93
universitario VIA con funciones de días
licenciado en educación)
TOTAL 20 años

Con fundamento en lo anterior, concluyó que la parte demandante adquirió el
estatus pensional el 6 de octubre de 1995, cuando cumplió los 50 años de
edad, teniendo en cuenta que nació el 6 de octubre de 1945 y el 22 de abril de
1993 cumplió los 20 años de servicios, en la docencia oficial del orden
territorial, con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.

6 Folios 148 a 156.
7 Citó las sentencias proferidas por esa Sección, el 6 de mayo de 2010, radicado 76001-23-31-000-2005-

00578-01 (1883-08), el 23 de abril de 2009, radicado 15001-23-31-000-2002-04013-01 (1054-08) y del
29 de febrero de 2009, número interno 3074-05, el 1.° de marzo de 2007, radicado 25000-23-25-000-
2001-04697-01 (0863-05).

Radicación: 25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017)
Demandante: Myriam Reyes Flórez

Por tal motivo, señaló que a la demandada no le asiste razón al haber negado
la solicitud de pensión gracia y le ordenó reconocerla y pagarla en cuantía del
75% del promedio mensual de los salarios que devengó en el último año
anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es, entre el 6 de octubre
de 1994 y el 5 de octubre de 1995, con efectos a partir del 26 de septiembre
de 2008, si se tiene en cuenta que entre la fecha en que adquirió el derecho
pensional (6 de octubre de 1995) y la que radicó la petición de reconcomiendo
pensional (26 de septiembre de 2011) trascurrieron más de tres años, por lo
que se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción trienal de las mesadas
causadas con anterioridad al 26 de septiembre de 2008

Así mismo, dispuso indexar las sumas adeudadas en los términos del inciso
final del artículo 187 del CPACA y que hay lugar a reconocer a partir de la
ejecutoría de la sentencia los intereses moratorios causados, según el inciso
3 del artículo 192 ibidem.

Finalmente negó los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la
Ley 100 de 1993, pues la pensión gracia no proviene de la aludida ley y
además el derecho prestacional nace a partir de la sentencia, sin que pueda
hablarse de mora en el pago de sus mesadas pensionales y se abstuvo de
condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN8

La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado.
Al respecto, indicó que con base en la fuerza preferente y vinculante de la
sentencia SU-230 de 2015 se debe aplicar los requisitos de la edad, el monto
(como porcentaje o tasa de remplazo) y el tiempo de servicio o semanas de
cotización establecida en las Leyes 33 y 62 de 1985 y el IBL es el contemplado
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por consiguiente, solicitó revocar la
decisión apelada y negar la pretensión deprecada, dado que el acto
administrativo demandado se encuentra ajustado a derecho y, por lo tanto,
debe mantenerse incólume.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante9 reiteró que las funciones que desempeñó fueron
siempre en la docencia y por ello, no se puede desconocer su derecho a
disfrutar de la pensión gracia. Trajo a colación jurisprudencia proferida por esta
Corporación en casos similares al caso objeto de estudio10.

La parte demandada y el ministerio público guardaron silencio en esta
etapa, de conformidad con lo dispuesto en la constancia secretarial visible a
folio 210.

8 Folios 168 a 171.
9 Folios 206 a 209.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda: sentencia del 1.° de marzo de 2007, radicado 25000-23-25-

000-2001-04697-01 (0863-05) y sentencia del 24 de enero de 2008, radicado 25000-23-25-000-2004-
90767-01 (1275-06).

Radicación: 25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017)
Demandante: Myriam Reyes Flórez

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

Problema jurídico

Revisados los precisos términos del recurso de alzada interpuesto por la
entidad demandada y cotejados con lo decidido por la sentencia de primera
instancia, encuentra la Sala que el problema jurídico a resolver se reduce a la
siguiente pregunta:

¿La UGPP presentó argumentos concretos de reproche frente a la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la entidad demandada no
presentó argumentos de reparo concretos frente a la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenó reconocer y pagar
a la demandante la pensión gracia de que trata las Leyes 141 de 1913, 114 de
1913, 119 de 1928 y 37 de 1933, razón por la cual se debe declarar la
apelación fallida, como se explica a continuación:

Sobre la apelación fallida.

Si bien esta figura no se encuentra regulada en ninguna norma procesal, sí se
ha utilizado jurisprudencialmente cuando los argumentos de reparo que
presenta el apelante con respecto a la decisión recurrida no guardan
congruencia con lo esbozado por el juez, es decir, las razones que se exponen
como reproche frente a la providencia proferida no tienen relación con el tema
debatido.

Frente al punto, por parte de esta sección11 se ha explicado lo siguiente:

«[…] Se debe precisar, a la altura de lo enunciado, que al no respetar el principio
de congruencia el recurso de apelación presentado por el apoderado del Ministerio
de Educación frente a la sentencia de primera instancia, la apelación es fallida y
por consiguiente se tiene por no presentado.

Lo anterior por cuanto el recurso de apelación demarca la competencia del juez de
segunda instancia y, por lo mismo, cuando los fundamentos de la apelación son
extraños al debate del sub judice por no corresponder a los mismos hechos
analizados por el a quo, se entiende como una apelación fallida, según lo ha
sostenido el Consejo de Estado12, así:

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, radicado:

19001-23-33-000-2013-00214-01 (1392-2016).
12 Consejo de Estado, sentencia del 25 de mayo de 2006, radicado 15001-23-31-000-2000-02086-01,

número interno 2273-2005

Radicación: 25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017)
Demandante: Myriam Reyes Flórez

“[…] En conclusión, se observa que los argumentos esgrimidos por el recurrente
como sustentación del recurso, en verdad, no están dirigidos contra el fondo de la
sentencia apelada, por no corresponder al caso que se juzga, lo cual impide en
el fondo desatar la apelación, es decir, ésta resulta fallida porque es
imposible confrontar la sentencia con una apelación de la misma que no lo
es.

Así, realmente no existe apelación de la sentencia. Y esta situación impide conocer
de fondo el caso por la vía de la apelación. […]». (Negrita y cursiva en el texto
original).

Tal como se expuso en la providencia en cita, cuando los argumentos
planteados en el recurso de apelación no se dirigen contra el fondo de la
decisión recurrida, al no existir correspondencia con los presupuestos del
asunto que se resuelve, se presenta la apelación fallida, lo que trae como
consecuencia que permanezca incólume lo resuelto en primera instancia.

Lo anterior materializa el debido proceso, teniendo en cuenta que la decisión
que debe adoptar el ad quem necesariamente debe guardar congruencia con
lo resuelto por el juez de primera instancia, razón por la cual los argumentos
que se presenten en el recurso de apelación son los que eventualmente darán
lugar a que la providencia sea confirmada, revocada o modificada, según el
caso.

También resulta importante hacer referencia al artículo 328 del CGP el cual
consagra la competencia del superior en los siguientes términos:

«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
(Subraya fuera de texto)

Visto lo anterior, debe concluirse que la competencia del superior se supedita
o limita al estudio de aquellos argumentos que fueron expuestos por el
recurrente, de ahí que, si esos planteamientos no hacen referencia al tema de
fondo que decidió el a quo, no puede en segunda instancia efectuarse
pronunciamiento alguno, lo que trae como consecuencia que la apelación sea
fallida.

En el sub examine se advierte que en la sentencia del 18 de febrero de 2016,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,

Radicación: 25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017)
Demandante: Myriam Reyes Flórez

accedió a la pretensión de la demandante tendiente al reconocimiento y pago
a su favor de la pensión gracia prevista en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928
y 37 de 1933, a partir del 6 de octubre de 1995, con efectos a partir del 26 de
septiembre de 2008, con base en el 75% del salario promedio mensual
obtenido entre el 6 de octubre de 1995 y el 5 de octubre de 1995.

Para el efecto, en la sentencia objeto de alzada se indicó lo siguiente sobre los
puntos de derecho discutidos en el curso de la primera instancia:

«[…] De lo allegado al expediente, la Sala puede concluir que las labores
desempeñadas por la demandante como técnico administrativo III, auxiliar
administrativo III D y auxiliar técnico IV A con funciones de profesor, profesional
universitario VIA con funciones de licenciado en educación y profesional
universitario 01 con funciones de profesional en ciencias de la educación,
corresponden a la profesión docente en el ejercicio de la enseñanza en planteles
oficiales de educación, de programas y capacitaciones educativas y de conserjería
y orientación de educandos.

Por lo tanto, el tiempo por la parte demandante en dichos cargos es útil para el
cómputo de los 20 años de servicio en la docencia primaria o secundaria oficial del
orden departamental, municipal o distrital exigidos para tener derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, tal y como lo acreditan los certificados
allegados a esta actuación.

La apoderada de la parte demandante tanto en el libelo introductorio como en el
escrito de alegatos de conclusión hace referencia a jurisprudencia del Consejo de
Estado en la que se accede al reconocimiento de pensión gracia a quien laboró al
servicio del Departamento Administrativo de Bienestar Social, como entidad
adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá, la que resulta aplicable al presente asunto,
ya que refería a demandante que acreditaba la condición docente, lo que ocurre
en el sub judice, como se explicó con anterioridad.[…]

Se encuentra también probado que la demandante reúne los demás requisitos
exigidos en la ley para el reconocimiento de esta clase de prestación social,
advirtiendo que la negativa de la demandada se ha circunscrito a que la demanda
laboró como profesional universitario grado 340-01, cargo que considera de
carácter administrativo.

De conformidad con los documentos antes relacionados, que no han sido motivo
de réplica por parte de la entidad demandada, se concluye que la parte
demandante adquirió el estatus de pensionada el 6 de octubre de 1995, cuando
cumplió los 50 años de edad, ya que nació el 5 de octubre de 1945 (fl.2) y el 22 de
abril de 1993 cumplió los 20 años de servicio así:

Cargo Desde Hasta Total
Profesora normalista 23 abr 73 31 dic 74 1 año, 8 meses y 8 días
Profesora III 1° ene 75 31 dic 75 1 año
Profesora II 1° ene 76 31 dic 83 8 años
Profesora III 1° ene 84 31 dic 86 3 años
Técnico administrativo III
1° ene /87 31 dic89 3 años
(profesor)
Auxiliar administrativo III D
1° ene 90 31 dic91 2 años
(profesor)
Auxiliar técnico IV A (profesor)
reclasificado a profesional
1° ene 92 22 abr 93 1 año, 3 meses y 22 días
universitario VIA (licenciado en
educación)
TOTAL 20 años

Radicación: 25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017)
Demandante: Myriam Reyes Flórez

En cuanto al restablecimiento del derecho solicitado se dispondrá que sea
reconocida la pensión a partir del 6 de octubre de 1995 y dado que se tiene que la
parte demandante presentó su petición de reconocimiento de pensión el 26 de
septiembre de 2011 (fl. 7), el paso del tiempo alcanzó a provocar el fenómeno
jurídico de la prescripción trienal de mesadas anteriores al 26 de septiembre de
2008, de conformidad con los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del
Decreto 1848 de 1969. En consecuencia, se declarará probada la excepción de
prescripción de las mesadas pensionales formuladas por la parte demandada, en
lo término anteriores.
6. Conclusión y resolución: Así las cosas, para el Despacho, en el sub examine,
no le asiste razón a la entidad demandada al haber denegado la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia a la parte demandante, toda vez que
tal y como se encuentra demostrado en el plenario, cumple con los 20 años de
servicio en la docencia oficial del orden territorial con vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980, condición que puso el legislador para conceder esta gracia a
los docentes cobijados por al Ley 114 de 1913, 119 de 1928 y 37 de 1933. […]»

Como se reseñó en los antecedentes de esta providencia, la sentencia de
primera instancia sólo fue apelada por la parte demandada, circunstancia que
trae aparejadas dos consecuencias procesales que inciden en el asunto que
nos ocupa: i) la parte demandante se encuentra conforme con las decisiones
adoptadas por el a quo; y ii) por sana y natural lógica, bajo el entendido de que
nadie persigue de manera racional su propio perjuicio, el recurso de apelación
a interponer por la entidad condenada debía circunscribirse a los apartes de la
sentencia que le fueron desfavorables, que en el sub lite se limitaron a la
decisión de nulitar los actos administrativos, por medio de los cuales, la UGPP
negó la pensión gracia a favor de la demandante y, en consecuencia, a ordenar
su reconocimiento y pago a partir del 6 de octubre de 1995.

No obstante, la UGPP en su recurso de apelación manifestó su inconformidad
con el fallo de primera instancia. Para ello y luego de señalar que la
demandante se encuentra cobijada por los beneficios del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, hizo un recuento jurisprudencial de las reglas que fijó
la Corte Constitucional en relación con dicho régimen y la forma de calcular el
IBL de los beneficiarios del mismo; así mismo, hizo hincapié en el carácter
preferente y vinculante de las sentencias de unificación emitidas por dicha
Corporación. Seguido de ello indicó:

«[…] Ahora bien, se reitera que en anteriores oportunidades no se da aplicación a
la sentencia de constitucionalidad de la Corte C 258 de 2013, como quiera que en
el mismo proveído se precisa que el análisis de constitucionalidad se refiere al
régimen pensional previsto en la norma censurada, esto es el régimen aplicable a
los congresistas y a otros servidores públicos en virtud de distintas normas, entre
ellos los Magistrados de las Altas Cortes y no a otros. No obstante es justamente
a través de la Sentencia de Unificación SU 230 de 2015, que el Órgano (sic) de
cierre le da alcance y efectos erga omnes a la aplicabilidad del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, cuando precisa que
aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarca en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992 ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó
sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL
no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las
que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del
régimen especial al que se pertenezca.

Radicación: 25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017)
Demandante: Myriam Reyes Flórez

[…]

En virtud de lo anterior, se encuentran razones para poder apartarse del
precedente que ha venido aplicando en casos como el presente y en consecuencia,
se deberán aplicar los requisitos de la edad, el monto (como porcentaje o tasa de
reemplazo) y el tiempo de servicio o semanas de cotización establecidos en la ley
anterior, es decir la Ley 33 y 62 de 1985; y que para el cálculo del ingreso Base de
liquidación, deberá aplicarse lo establecido en el inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.
Con base en la fuerza vinculante de la decisión SU-230 de 2015 solicito se
REVOQUE la sentencia apelada y se niegue las pretensiones deprecadas y se
absuelva de cualquier condena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la protección social-UGPP- declarando
que el acto administrativo demandado se encuentra ajustado a derecho y por lo
tanto debe mantenerse incólume en nuestro ordenamiento jurídico.»

De acuerdo con la parte transcrita del recurso, infiere la Sala que la
demandada como beneficiaria del régimen de transición, pretende la
revocatoria de la sentencia de primera instancia bajo el argumento de que la
señora Reyes al ser beneficiaria del régimen de transición se le deben respetar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto regulados en las Leyes 33
y 62 de 1985 y el IBL es el contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, sin tener en cuenta que la pensional objeto de debate es la pensión de
jubilación gracia, prestación que esta cobijada por normativa, jurisprudencia y
requisitos que difieren de la materia de que trata el sub examine.

La simple constatación de la literalidad de la sentencia impugnada permite
concluir, sin equívoco, que semejantes declaraciones (o siquiera
consideraciones) no fueron consignadas por el tribunal en su providencia. Así,
es notoria la falta de congruencia de las razones expuestas por la UGPP con
lo que constituía el objeto de la litis, y particularmente con lo que fue materia
de pronunciamiento por el juez de instancia, motivo por el cual la Subsección
estima que se trata de una apelación fallida y que, en consecuencia, no puede
pronunciarse sobre la alzada de la entidad demandada.

En conclusión: La UGPP sustentó su recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia con fundamento en premisas jurídicas
diferentes a las conclusiones a las que llegó el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con lo que desatendió el principio de congruencia que debe
existir, y en esa medida se declarará fallida la apelación y, por consiguiente,
se confirmará la sentencia de primera instancia.

De la condena en costas

Esta Subsección, en providencia del 7 de abril de 201613, sentó posición sobre
la condena en costas en vigencia del CPACA, y señaló como conclusión lo
siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –
CPACA-.

Radicación: 25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017)
Demandante: Myriam Reyes Flórez

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables
y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de
la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura).

d) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.

e) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP14, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

f) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

De conformidad con lo señalado, estima la Subsección que en el presente caso
es procedente condenar en costas de segunda instancia a la entidad
demandada, en atención al hecho de que el recurso de apelación por ella
interpuesto puso en movimiento el aparato judicial en sede de segunda
instancia para desembocar, a la postre, en una decisión inocua respecto de lo
que debía constituir el fondo de la controversia a desatar por esta Corporación,
producto de la resaltada incongruencia entre el recurso y la decisión
impugnada. Adicionalmente, la parte demandante intervino en esta instancia
procesal. Liquídense por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar fallida la apelación interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social contra la sentencia proferida el 18 de febrero de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
accedió parcialmente las súplicas de la demanda que en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora
Myriam Reyes Flórez contra dicha entidad. En consecuencia,

Radicación: 25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017)
Demandante: Myriam Reyes Flórez

Segundo: Confirmar la providencia impugnada, de conformidad con lo
considerado.

Tercero: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada
por lo brevemente expuesto.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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