RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2021-00164-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00164-02

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2021-00164-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; procurador judicial I.
Subtema: apelación fallida.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 27 de septiembre de
2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

Jorge Enrique Álvarez Marín solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un componente mensual
adicional al salario básico, así como el pago de las diferencias salariales y
prestacionales que se derivan de dicho otorgamiento. De igual forma, pidió que la
bonificación judicial prevista en el artículo 1 del Decreto núm. 0383 de 2013 fuera
tenida en cuenta como factor salarial, junto con la correspondiente indexación de
las sumas que resultaran a su favor, entre otras pretensiones.

El Tribunal, accedió parcialmente a las pretensiones incoadas. En este sentido,
declaró la nulidad de los actos acusados; ordenó a la Procuraduría General de la
Nación al reconocimiento y pago de las acreencias a favor del demandante; declaró
la prescripción de los derechos laborales causados con anterioridad al 17 de
diciembre de 2017 y, finalmente, condenó en costas a la entidad demandada.

Esta Subsección declarará fallida la apelación en razón a que los argumentos
propuestos no constituyen reproches concretos, pertinentes ni idóneos para

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

desvirtuar las determinaciones adoptadas por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Jorge Enrique Álvarez Marín, mediante apoderada, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Procuraduría General de la Nación, con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones:

• Inaplicar por inconstitucionalidad el inciso 1 del artículo 10 del Decreto 186 de
2014, con iguales efectos en los decretos 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018,
991 de 2019, en cuanto dispusieron que: «El treinta por ciento (30%) de esta
remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, aplicable a los Jueces de la República».

• Inaplicar por ilegalidad los artículos 1 y 2 del Decreto 3131 de 2015, respecto a
que dispusieron el «carácter no salarial» de la bonificación de actividad judicial.

• Inaplicar la frase: «y constituirá únicamente factor salarial para la base de
cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad
Social en Salud» contenida en al artículo 1 del Decreto 383 de 2013.

• Declarar la nulidad del Oficio S-2021-003317 del 27 de enero de 2021, por
medio del cual se le negaron las pretensiones de la reclamación administrativa
presentada por el actor.

• Declarar la configuración del acto ficto o presunto frente al recurso de reposición
interpuesto el 8 de febrero de 2021, contra la decisión referida en el numeral (iv) y
como consecuencia de ello, declarar su nulidad.

• A título de restablecimiento del derecho reconocer y pagar el ajuste al valor de
la asignación mensual a partir del 7 de septiembre de 2016 y hasta que se haga
efectivo su reconocimiento y pago, equivalente al 43% del 70% de conformidad con
lo previsto en el Decreto 1251 de 2009, con la inclusión de las «incidencias
salariales».

• Declarar que la prima especial pagada por la entidad demandada constituye
una parte de la asignación básica a la cual se le negaron indebidamente los efectos
salariales y prestacionales y que, en consecuencia, el actor no ha percibido dicho
emolumento en los términos previstos en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

• Condenar a la entidad accionada a que reconozca, liquide y pague la prima
especial como una adición al salario básico, equivalente al 60% de su remuneración
«(incluido el ajuste de la pretensión Séptima numeral 1º), por ser "MÁS

2

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

FAVORABLE" al servidor público o, subsidiariamente a cada pretensión,
equivalente al 30% del salario básico, debidamente indexada, dejada de devengar
desde que funge como Procurador Judicial I, esto es, desde el 07 de septiembre del
año 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019, y desde el mes de julio del año 2020 y
en lo sucesivo […]».

• Que la Procuraduría General de la Nación reconozca y ajuste a su mayor valor
la prima especial equivalente al 30% de su salario básico, que percibió el actor
desde el 1 de enero de 2020 hasta junio del mismo año y por los periodos que se
logren acreditar, dichas sumas debidamente indexadas.

• Que la entidad demandada reconozca como factor salarial la bonificación
judicial prevista en el artículo 1 del Decreto núm. 0383 de 2013.

• La accionada reconozca, liquide y pague el ajuste de las prestaciones sociales,
debidamente indexadas con las siguientes precisiones:

A) Teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica del servidor público, toda vez, que
ésta no se ha pagado correctamente, la cual es equivalente "al 43.2% del 70% de lo que
por todo concepto devenga un Magistrado de Alta Corte", con todas las incidencias
prestacionales de éste porcentaje en la remuneración del actor, a partir del 07 de
septiembre del año 2016, hasta que se haga efectivo el reconocimiento y pago y,
adicionalmente que, por equivocada interpretación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y
los Decretos que lo modifican, la reclamada estaba considerando que el 30% del salario
básico es la "prima misma", y no, que la prima equivale al 30% del salario básico y, por tal
razón, se estaban liquidando con el 70% de la asignación básica mensual, a partir del 07
de septiembre del año 2016 hasta el 31 de diciembre del año 2019;

B) Teniendo en cuenta la Bonificación de Actividad Judicial como "factor salarial", a partir
del 07 de septiembre del año 2016, hasta que se haga efectivo el reconocimiento y pago y,

C) Teniendo en cuenta la Bonificación Judicial como "factor salarial", a partir del 07 de
septiembre del año 2016, hasta que se haga efectivo el reconocimiento y pago1.

• Ordenar al reconocimiento, liquidación y pago de los ajustes a los aportes al
sistema de Seguridad Social en Pensiones, a partir del 7 de septiembre de 2016.

• Condenar a la Procuraduría General de la Nación al pago de las costas y costos
que se causen de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en concordancia
con el artículo 365 del Código General del Proceso3.

• Ordenar a la entidad accionada el pago de los intereses comerciales y
moratorios previsto en el artículo 195 del CPACA.

1 Transcrito con errores de texto.
2 En adelante CPACA.
3 En adelante CGP.

3

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la Sala realiza la siguiente síntesis de
los hechos de la demanda4:

• El señor Jorge Enrique Álvarez Marín ejerció en el cargo de Procurador Judicial
I, código 3, grado EG, ante la Procuraduría 290 judicial I Penal de Pereira, Risaralda,
a partir del 7 de septiembre de 2016.

• Refirió que el régimen salarial y prestacional de los agentes del Ministerio
Público es el mismo que el de los jueces y magistrados de la Rama Judicial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la Constitución Política.

• Sostuvo que no se le han pagado correctamente los derechos salariales y
prestacionales correspondientes al 43.2% del 70% de lo que por todo concepto
devenga un magistrado de Alta Corte.

• Indicó que el Congreso de la República al expedir la Ley 4ª de 1992, artículo 14,
estableció una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial, para los magistrados, para los jueces y los procuradores delegados
ante la Rama Judicial.

• Añadió que el Gobierno nacional ha expedido decretos con el propósito de
ajustar los salarios de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. No
obstante, afirmó que ha recibido valores totalmente diferentes a los establecidos en
los decretos y por concepto de prima, sumas que no corresponden.

• Adujo que la entidad demandada incurrió en una errada interpretación del
artículo 10 del Decreto 186 de 2014 y de los demás decretos, puesto que fraccionó
su remuneración mensual al imputar al pago de su salario el 30% a título de prima
especial de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, por
lo que el 70% restante se tuvo como salario básico, lo cual afectó de forma negativa
la liquidación de sus prestaciones sociales.

• Señaló que la Procuraduría General de la Nación, le ha pagado la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 en un 30% del salario básico
desde enero de 2020 hasta junio del mismo año, pero no tuvo en cuenta los ajustes
salariales.

• De otra parte, al referirse a la bonificación por actividad judicial reconocida a los
procuradores judiciales I mediante el Decreto 3131 de 2005, manifestó que dicho
emolumento tiene naturaleza salarial para efectos de la liquidación de las demás
prestaciones sociales, en tanto reúne los elementos que, de acuerdo con la ley y

4Samai, otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 001ESCRITO DE DEMANDA.

4

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

con la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, integran el concepto jurídico
de salario. Asimismo, en lo que respecta a los aportes al sistema de seguridad
social, afirmó que la entidad demandada no los efectuó de manera adecuada, por
cuanto omitió incluir los reajustes y las reliquidaciones derivados de las pretensiones
formuladas en la demanda.

• Por todo lo expuesto, el 17 de diciembre de 2020 la parte actora formuló
reclamación administrativa, con el propósito de agotar la vía gubernativa ante la
entidad demandada. Dicha solicitud fue resuelta de manera desfavorable mediante
el Oficio S-2021-03317 del 27 de enero de 2021, expedido por la Secretaría General
de la Procuraduría General de la Nación y notificado en esa misma fecha al actor.
Posteriormente, ante la negativa de la administración, el demandante, el 8 de
febrero de 2021, interpuso recurso de reposición contra el referido acto
administrativo; sin embargo, al no ser decidido de forma expresa, se configuró el
silencio administrativo negativo.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política
artículos 1 ,2, 4, 5, 6, 9,13, 25, 29, 53, 83, 93, 150, 209,228; Ley 54 de 1.962; Ley
16 de 1.972; Ley 21 de 1.982; Ley 50 de 1990, arts. 127 y 128; Ley 4ª de 1992,
arts. 1°, 2° literal a), 3”, 4° y 14°; Ley 332 de 1.996, art. 1º; Ley 319 de 1.996; Ley
344 de 1.996, art. 17; Ley 270 de 1.996, art. 152, numeral 7º; Ley 411 de 1.997 11;
Ley 1496 de 2011; decretos 3135 de 1968; 1042 y 1045 de 1.978; 3131 de 2005,
arts. 1 y 2; 3382 de 2005; 1251 de 2009; 1092 de 2012; Acuerdo del 06 de
noviembre de 2012; 186 de 2014 artículo 10°, el artículo 1º de los decretos 1257 de
2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018, 991 de 2019, 299 de 2020 y
subsiguientes en la norma que corresponda.

4. Igualmente, refirió como vulneradas las siguientes normas internacionales:

✓ La Convención Americana de Derechos Humanos la cual fue aprobada en el
orden interno mediante ley 161 de 1.972.
✓ Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San
Salvador», aprobada mediante Ley 319 de 1.962.
✓ Los Convenios 95, 100 y 111 de in OIT, sobre la protección del salario 1949,
igualdad de remuneración 1951 y discriminación en materia de empleo 1958.
✓ El Convenio 151 de la OIT.
✓ Carta de la Organización de los Estados Americanos, art. 45 B.

5. La parte actora, luego de citar las disposiciones que consideró vulneradas,
agregó que la infracción alegada se configuró a partir de la decisión de la
administración de despojar de efectos salariales el porcentaje correspondiente al
treinta por ciento (30 %) de la prima especial. Ello, bajo la tesis de que dicho
porcentaje hacía parte del sueldo básico, interpretación que condujo a una
reducción injustificada tanto de su salario como de las prestaciones sociales

5

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

derivadas del mismo. A juicio del demandante, la vulneración se materializó en la
equivocada interpretación y aplicación de la normativa por parte del ejecutivo, al
asumir que ese treinta por ciento (30 %) del salario básico constituía la prima
especial en sí misma, y en la que se desconoció su verdadera naturaleza jurídica.
Tal entendimiento, además de contrariar el alcance normativo del concepto de
salario previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, ocasionó un menoscabo
efectivo de sus derechos laborales y prestacionales, al incidir de manera negativa
en la base de liquidación de sus emolumentos y demás acreencias sociales.

2.2. Contestación de la demanda

6. La Procuraduría General de la Nación5 se opuso a todas las pretensiones
formuladas en la demanda al considerar que su representada no tiene la facultad
constitucional o legal para definir el régimen salarial de los funcionarios vinculados
a su planta de personal, de acuerdo a lo previsto en la Ley 4ª de 1992. Insistió que
pese a que la entidad demandada, tiene autonomía administrativa, financiera y
presupuestal, no cuenta con las competencias para la fijación de salarios y
prestaciones a sus servidores.

7. Agregó que es el Gobierno nacional el encargado de definir el sistema
prestacional de los servidores públicos, por lo que las entidades no tienen la facultad
de nominación. Por consiguiente, precisó que el acto administrativo contenido en el
Oficio núm. S-2021-003317 del 27 de enero de 2021 se expidió bajo el cumplimiento
de las normativa constitucional y legal aplicable.

8. Señaló que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992 y los decretos
expedidos por el Gobierno nacional, el 30% del salario devengado por los
Procuradores judiciales correspondientes a la prima especial, no se considera como
factor salarial.

9. Aunado a lo anterior, precisó que resulta inaceptable afirmar que la
Procuraduría General de la Nación no tiene en cuenta el treinta por ciento (30 %)
de la asignación básica como factor salarial para la liquidación de las prestaciones
sociales. Aclaró que lo que no se ha reconocido con efectos salariales corresponde,
en estricto sentido, a la prima especial, y no al referido porcentaje del sueldo básico.

10. Formuló como excepciones las que denominó: « (i) pago total debido por parte
de la Procuraduría General de la Nación, de los emolumentos fijados en los decretos
anuales salariales; (ii) no es potestativo de la procuraduría general de la nación la
fijación de salarios de sus funcionarios; (iii) ausencia de carácter salarial de la prima
especial de servicios; (iv) presunción de legalidad de los actos administrativos; y (v)
la prescripción trienal de los derechos laborales».

2.3. Sentencia de primera instancia

5
Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf.014_CONTESTACIONDEMANDA.

6

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, avocó el conocimiento del
presente asunto6 y de dictó sentencia el 27 de septiembre de 20247, en la cual
dispuso:

[…]
TERCERO: DECLARAR la nulidad del Oficio S-2021-003317 de fecha 27 de enero de 2021
y del acto ficto negativo, el cual se declara su existencia, emanados de la Secretaría
General de la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

CUARTO: CONDENAR, a la entidad demandada que reconozca y pague, a título de
restablecimiento, al demandante: (i) las diferencias dejadas de percibir después de
reliquidar su asignación básica y las prestaciones sociales, teniendo en cuenta el 43.2% del
70% de lo que por todo concepto devengue un magistrado de Alta Corte, teniendo en cuenta
el auxilio de cesantías, desde el 17 de diciembre de 2017 hasta su último día de vinculación
con la entidad, atendiendo eso sí a los periodos estrictamente laborados por el demandante;
(ii) además deberá reliquidar las prestaciones sociales y salariales (prima de navidad, prima
de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, y demás emolumentos
percibidos) del demandante y pagar las diferencias dejadas de percibir, a partir de la fecha
ya expresada, en todo caso según los tiempos de servicio estrictamente laborados por la
parte demandante, teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100% de
la remuneración básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de
prima especial, atendiendo también que, en ningún caso sumados todos los conceptos,
puede superarse el tope máximo correspondiente al 70% de lo que por todo concepto
devenga anualmente un Magistrado de Alta Corte. La parte demandada deberá asumir el
pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y cuando la liquidación del periodo ya
indicado arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de
la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la prima
especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la
asignación básica; (iii) también la entidad demandada deberá reliquidar los salarios y
prestaciones sociales del actor teniendo en cuenta la bonificación judicial como factor
salarial y, así mismo pagar las diferencias dejadas de percibir que arroje dicha liquidación.

QUINTO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011, hasta la fecha en que realice
el respectivo pago, aplicando la siguiente fórmula de actualización:

R = Rh Índice Final
Índice Inicial

La entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social con base
en el 100% del salario básico, además, queda facultada para realizar los respectivos
descuentos de ley.

SEXTO: DECLARAR probada la excepción de PRESCRIPCIÓN de los derechos laborales
y sus consecuencias económicas, solicitados por el demandante a título de restablecimiento
del derecho en este proceso, causados con anterioridad al 17 de diciembre de 2017, por
las razones expuestas en esta providencia.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, en los términos
indicados en la parte motiva de esta providencia.

6 Acuerdo PCSJA24-12140 del 30 de enero 2024 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
7 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf.027Sentencia.

7

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

[…]8

12. Sostuvo que el demandante ocupó el cargo de procurador I, ante la
Procuraduría General de la Nación, con sede en Pereira desde el 7 de septiembre
de 2016, hasta por lo menos la última fecha de la certificación laboral del 13 de abril
de 2021, expedido por la entidad accionada.

13. Que el actor presentó reclamación administrativa ante la Procuraduría General
de la Nación el 17 de diciembre de 2020, la cual fue negada mediante el Oficio
S-2021-03317 del 27 de enero de 2021, debidamente notificado en esa misma
fecha.

14. Respecto a la solicitud de reconocimiento y pago de la prima especial, consideró
que la misma no puede ser tratada como una parte del salario básico, porque de
ser así, se vulneran los principios de progresividad, favorabilidad, equidad, entre
otros.

15. Frente a la pretensión relacionada con la bonificación judicial, el Tribunal ordenó
su reconocimiento como factor salarial, razón por la cual dispuso que tanto el salario
como las prestaciones sociales del actor debían ser reliquidados por la entidad
demandada. Así mismo, señaló que la accionada debía efectuar y asumir el reajuste
correspondiente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, a partir
del 7 de septiembre de 2016, al tratarse de derechos de carácter imprescriptible. No
obstante, precisó que en dicho proceso debían descontarse los valores y
porcentajes que, conforme a la ley, correspondiera asumir al demandante. En ese
contexto, concluyó que el acto administrativo acusado debía declararse nulo, por
resultar contrario a los artículos 13, 53 y 280 de la Constitución Política, así como a
lo dispuesto en la Ley 4.ª de 1992.

16. Igualmente, dispuso que la Procuraduría General de la Nación deberá indexar
las diferencias que arroje la liquidación a favor del actor, bajo la siguiente fórmula:

«R = Rh índice final
índice inicial

Donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es la
correspondiente partida de saldo de reajuste prestacional al momento de adquirirse el
derecho, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor,
certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice
inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago)».

17. Estableció que la entidad accionada debe realizar los aportes al Sistema de
Seguridad Social a favor del demandante con base en el 100% del salario básico,
con la facultad de que la demandada pueda realizar los descuentos que por ley deba
asumir el actor.

8 Se transcribe con errores de texto.

8

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

2.4. Corrección de sentencia de primera instancia

18. Como consecuencia del memorial radicado por el demandante en el que solicitó
la corrección de la sentencia de primera instancia9, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, accedió mediante providencia del 18 de marzo de 202510, en la
que dispuso que el ordinal cuarto de la sentencia del 27 de septiembre de 2024,
quedaba de la siguiente forma:

CUARTO: CONDENAR, a la entidad demandada que reconozca y pague, a título de
restablecimiento, al demandante: (i) las diferencias dejadas de percibir después de
reliquidar su asignación básica y las prestaciones sociales, teniendo en cuenta el 43.2% del
70% de lo que por todo concepto devengue un magistrado de Alta Corte, teniendo en cuenta
el auxilio de cesantías, desde el 17 de diciembre de 2017 hasta su último día de vinculación
con la entidad, atendiendo eso sí a los periodos estrictamente laborados por el demandante;
(ii) además deberá reliquidar las prestaciones sociales y salariales (prima de navidad, prima
de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, y demás emolumentos
percibidos) del demandante y pagar las diferencias dejadas de percibir, a partir de la fecha
ya expresada, en todo caso según los tiempos de servicio estrictamente laborados por la
parte demandante, teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100% de
la remuneración básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de
prima especial, atendiendo también que, en ningún caso sumados todos los conceptos,
puede superarse el tope máximo correspondiente al 70% de lo que por todo concepto
devenga anualmente un Magistrado de Alta Corte.

La parte demandada deberá asumir el pago de la prima especial de servicios y de lo
ordenado en esta sentencia siempre y cuando la liquidación del periodo ya indicado arroje
valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del
Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la prima especial de servicios
debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación básica; (iii)
también la entidad demandada deberá reliquidar los salarios y prestaciones sociales del
actor teniendo en cuenta la bonificación judicial como factor salarial y, así mismo pagar las
diferencias dejadas de percibir que arroje dicha liquidación. [negrilla y subrayas del texto
original].

2.5. Recurso de apelación

19. El demandante presentó recurso de alzada11 específicamente para que el
fallador de primera instancia se pronuncie acerca de la indexación, solicitada en las
pretensiones de la demanda.

20. En ese sentido, manifestó que en la página 50 de la sentencia impugnada el
Tribunal efectuó un pronunciamiento expreso sobre dicho aspecto, mientras que en
la parte resolutiva de la providencia omitió consignar de manera explícita esa
determinación.

“Finalmente, la entidad demandada deberá indexar las diferencias que arroje la

9 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdfs 029 y 030.
10 Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf. 031.
11Samai, índice 2, ED_25000234200020210075(.zip), pdf.033 Recurso

9

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

liquidación a favor del demandante, utilizando la siguiente fórmula:

R= Rh Índice Final
Índice Inicial

Donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es la
correspondiente partida de saldo de reajuste prestacional al momento de adquirirse el
derecho, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor,
certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice
inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).”

21. Agregó que, si bien el Tribunal condenó a la Procuraduría General de la Nación
al pago del reajuste de los salarios y de las prestaciones sociales reconocidas al
actor a partir del 17 de diciembre de 2017, así como al pago de los intereses
moratorios, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 a 195 del CPACA,
frente a tales determinaciones no expresó inconformidad alguna. No obstante, su
reproche se dirigió únicamente a la falta de inclusión de la indexación de los
reajustes salariales y prestacionales en la parte resolutiva de la sentencia, al
considerar que, pese a que el Tribunal abordó dicho aspecto en la motivación del
fallo —específicamente en la página 50—, guardó silencio al respecto en el acápite
decisorio, razón por la cual precisó que dicha omisión debía ser corregida en esta
instancia. Por lo que insistió: «con el cual se busca la corrección y/o actualización
de las sumas de dinero a las que fue condenada la aquí demandada; omisión que
a la postre es desfavorable a las suplicas de la demanda».

22. Aunado a lo expuesto, se observa que el recurrente citó varias sentencias
expedidas por la Corte Constitucional12 y por la Corte Suprema de Justicia13 e indicó
que las obligaciones de carácter laboral deben ser sensibles al paso del tiempo, por
lo que es deber del empleador actualizar el valor de cualquier prestación a la que
tenga derecho.

23. Igualmente, refirió que el artículo 187 del CPACA, establece que: «Las
condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán
tomando como base el Índice de Precios al Consumidor». Y en este contexto, afirmó
que el Consejo de Estado ha precisado que el ajuste de las sentencias
condenatorias obedece al hecho de la devaluación de la moneda. Por consiguiente,
solicitó que en esta instancia se condene a la Procuraduría General de la Nación a
pagar al demandante el reajuste de los salarios y de las prestaciones sociales que
ya fueron reconocidos en primera instancia.

2.6. Trámite procesal en segunda instancia

24. Mediante auto del 9 de diciembre de 202514 el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de

12 T-418 del 9 de septiembre de 1996; Su-400 de 1997; C-488 de 1996; C-892 del 2009, entre otras.
13 Sentencia del 11 de noviembre de 2015, radicado núm. 46287; Sentencia del 24 de marzo de 2000, radicado

núm. 12753; Sentencia del 10 de mayo de 2011, radicado núm. 36901; Sentencia del 29 de julio de 2016,
radicado núm. 53889; y Sentencia del 2 de marzo de 2016, radicado núm. 41720.
14 Samai, índice 004.

10

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

primera instancia. Asimismo, dispuso que, una vez agotadas las notificaciones al
procurador delegado y a las partes, el expediente ingresara para fallo, salvo que se
solicitara la práctica de pruebas.

25.Se advierte que, en esta instancia, ni las partes ni el Ministerio Público realizaron
manifestación o pronunciamiento alguno.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

26. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

27. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
presentado por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, corresponde a la Sala
definir si se está frente a una apelación fallida. Ello, en la medida en que el Tribunal
al estudiar de fondo el presente asunto ordenó en la parte motiva que la entidad
demandada debía indexar las diferencias resultantes de la liquidación de las sumas
de dinero adeudadas a favor del actor.

28. No obstante, advierte la Sala que el argumento central del recurrente se
sustenta en que, específicamente en lo relacionado con la indexación, el juez de
primera instancia se pronunció únicamente en la motivación de la sentencia, pero
omitió consignar de manera expresa dicha determinación en la parte resolutiva.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial sobre la apelación fallida

29. El artículo 320 de la Ley 1564 de 2012, establece que el recurso de apelación
tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, «únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante».

30. En concordancia con lo expuesto, la jurisprudencia de esta corporación ha
establecido que el propósito del recurso de apelación es que el superior funcional
del juez de primera instancia examine la legalidad de su providencia y, tras
dicho análisis, la confirme, revoque o modifique. De esta finalidad se deriva la
exigencia de fundamentar el recurso, pues constituye la oportunidad procesal para
que el apelante exponga sus objeciones frente a la decisión recurrida15.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de

2010, Rad. 25000 23 27 000 1999 00875 01(15328), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

11

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

31. En relación con la carga de la argumentación en la apelación, el Consejo de
Estado también ha subrayado que no compete al juez suplir las obligaciones
procesales de las partes, pues ello comprometería su imparcialidad en el litigio. En
consecuencia, si una de las partes tiene algún reparo de la providencia de primera
instancia, puede impugnarla planteando al juez las razones por las que, a su juicio,
se debe reconsiderar la decisión adoptada16.

32. De allí que la referida norma adjetiva de manera categórica circunscriba la
competencia del juez de segunda instancia, «únicamente» a los reparos concretos
frente a la decisión proferida en primera, desde luego, «sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley», como lo
aclara el artículo 328 del mismo estatuto procesal, o el artículo 187 del CPACA
cuando a propósito del contenido de la sentencia indica que:

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que
el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y
decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio
in pejus.

33. En consonancia con lo expuesto, el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012
establece que la competencia del juez de segunda instancia se circunscribe a los
aspectos concretamente impugnados por el apelante. De esta disposición se deriva
la exigencia de que los argumentos expuestos en el recurso de apelación confronten
directamente los fundamentos sustanciales de la decisión de primera instancia, pues
estos delimitan el ámbito de revisión del juez de la alzada. En consecuencia, debe
existir una conexión inequívoca entre las razones que motivaron la decisión apelada
y los motivos que sustentan la impugnación.

34. Sobre este particular, esta Sección ha precisado que cuando los argumentos
planteados en el recurso de apelación se desvían del centro de la controversia
resuelta en la providencia de primera instancia, es decir, cuando no existe una
conexión sustancial con los presupuestos fácticos y jurídicos del asunto decidido,
se configura una apelación fallida. Tal situación conlleva a la confirmación de la
decisión impugnada, manteniéndose incólume su contenido y efectos jurídicos17.

35. La misma situación se predica cuando se plantean de manera general
argumentos en la impugnación, sin que se aterricen los reproches contra la decisión
de primera instancia, es decir, cuando no se precisan los aspectos censurados ni
se exponen las razones que dan cuenta de los supuestos errores o imprecisiones
en las que incurrió el juez, lo que impide identificar los reparos concretos sobre los

16 Ibidem. En pronunciamiento reciente, esta Subsección reiteró la obligación de las partes de sustentar los

recursos: ver auto del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, del 8 de mayo de 2025, Rad. 17001-23-33-000-2017-00331-02 (4352-2024).
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 21 de
marzo de 2025, Rad. 25000-23-42-000-2020-00428-02 (5883-2023). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2024, Rad.
47001233300020180005401 (2666-2020), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022, Rad.
25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017), M.P. William Hernández Gómez.

12

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

que debe pronunciarse el superior funcional18.

36. Frente a escenarios como los expuestos, esta Sección ha considerado que
existe apelación fallida, por el incumplimiento de las cargas mínimas que le asisten
al apelante de cara a la imposibilidad de revisar la decisión de primer grado 19, so
pena de desconocer el principio de imparcialidad.

37. Según lo expuesto, el juez que revisa una decisión en principio solo debe
analizar los aspectos impugnados. Si estos no se concretan, no puede en segunda
instancia pronunciarse sobre el fondo de la controversia, lo que trae como
consecuencia que la apelación sea fallida y la decisión inicial deba mantenerse
incólume20.

3.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

38. En el presente asunto se advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad
del Oficio S-2021-003317 del 27 de enero de 2021, así como del acto ficto negativo,
expedido por la Procuraduría General de la Nación.

39. Asimismo, se observa que a título de restablecimiento del derecho condenó a
la Procuraduría General de la Nación, específicamente21:

[…]

La parte demandada deberá asumir el pago de la prima especial de servicios y de lo
ordenado en esta sentencia siempre y cuando la liquidación del periodo ya indicado arroje
valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del
Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la prima especial de servicios
debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación básica; (iii)
también la entidad demandada deberá reliquidar los salarios y prestaciones sociales del
actor teniendo en cuenta la bonificación judicial como factor salarial y, así mismo pagar las
diferencias dejadas de percibir que arroje dicha liquidación. [subrayado por la Sala].

40. Adicionalmente, ordenó en el ordinal quinto de la sentencia impugnada lo
siguiente:

18 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A, auto del 14 de mayo de 2025, Rad. 15001-23-33-000-2023-00301-01 (0942-2025), M.P. Juan Camilo Morales
Trujillo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del
3 de noviembre de 2022, Rad. 05001-23-33-000-2020-02434-01 (4065-2022), M.P. William Hernández Gómez.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 16 de

mayo de 2025, Rad. 68001-23-33-000-2021-00319-01 (5386-2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero
de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2021, Rad. 76001 23 33 000 2016 01266 01
(5266-2018), M.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, expediente
19001233300020130021401. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de

julio de 2024, Rad. 05001 23 33 000 2018 00159 02 (3607-2022).
21 En auto de corrección de fecha 18 de marzo de 2025. Samai, otras corporaciones, visualizar expediente,

cuaderno principal, pdf 031_AutoCorrigeSentencia.

13

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

QUINTO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011, hasta la fecha en que realice
el respectivo pago, aplicando la siguiente fórmula de actualización:

R= Rh Índice Final
Índice Inicial

La entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social con base
en el 100% del salario básico, además, queda facultada para realizar los respectivos
descuentos de ley.

41. Inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, la parte actora
interpuso recurso de apelación, al considerar que el Tribunal omitió pronunciarse de
manera expresa, en la parte resolutiva de la sentencia, sobre la indexación, toda
vez que dicho aspecto, a su juicio, fue abordado únicamente en la motivación. Indicó
que este emolumento tiene por finalidad la corrección y actualización de las sumas
a cuyo pago fue condenada la entidad demandada. Desde esa perspectiva, afirmó
que la referida omisión resulta contraria a sus pretensiones.

42. Conviene precisar que el recurso de apelación constituye un mecanismo
orientado a controvertir las sentencias judiciales, cuya viabilidad exige que los
argumentos planteados permitan desvirtuar, total o parcialmente, la decisión
impugnada y habiliten al juez de segunda instancia para ejercer su estudio. En tal
sentido, corresponde al recurrente efectuar una confrontación argumentativa seria,
concreta y debidamente estructurada frente a los fundamentos de la providencia
recurrida.

43. Sobre el particular, advierte la Sala que, al sustentar el recurso de alzada, la
parte actora se limitó a transcribir apartes de la jurisprudencia de las altas cortes 22
relacionada con la indexación, entendida como un mecanismo destinado a
neutralizar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo del dinero. No obstante,
se observa que el juez de primera instancia sí efectuó un pronunciamiento sobre
este punto dentro de la sentencia objeto de impugnación.

44. En este contexto, del examen integral del recurso de apelación se concluye que
los planteamientos del demandante, más que dirigirse a controvertir de forma directa
las órdenes impartidas en la providencia recurrida, se enfocan en una presunta
omisión en la parte resolutiva. Sin embargo, dicha materia fue abordada por el
Tribunal en la parte considerativa de la sentencia, circunstancia que incide de
manera determinante en el alcance del análisis que corresponde adelantar a esta
Corporación en segunda instancia.

45. En ese orden de ideas, los motivos de inconformidad expuestos por la parte
actora no controvierten o cuestionan de manera concreta la decisión adoptada por

22 Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección A, sentencia del 23 de marzo de 2017, exp. núm. 68001-

23-31-000-2008-00329-01 (2284-2013).

14

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

el Tribunal, en cuanto al reconocimiento de las pretensiones, tal como se observa
en la declaratoria de nulidad de los actos demandados y en el consecuente
restablecimiento del derecho23. Por el contrario, el apelante no formuló reproches
sustanciales frente a lo resuelto, sino que centró su disenso en un aspecto de
carácter formal de la sentencia.

46. Advierte la Sala que el fallador de primera instancia al abordar el estudio
concreto de la situación sometida a su conocimiento expuso de manera clara y
suficiente sus consideraciones, en las que dispuso de forma expresa que:

«[…] la entidad demandada deberá indexar las diferencias que arroje la liquidación
a favor del demandante, utilizando la siguiente fórmula:

R= Rh Índice Final
Índice Inicial

Donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es la
correspondiente partida de saldo de reajuste prestacional al momento de adquirirse el
derecho, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor,
certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice
inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago)

47. En este sentido, lo que en realidad pretende el apelante es que la precisión
efectuada por el juez de primera instancia en la parte considerativa de la
providencia, en relación con la indexación, hubiese sido incorporada de manera
expresa en la parte resolutiva de la sentencia objeto de estudio. Sin embargo, la
Sala concluye que el recurso de apelación interpuesto resulta fallido, en la medida
en que los argumentos propuestos no constituyen reproches concretos, pertinentes
ni idóneos para desvirtuar las determinaciones adoptadas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. En efecto, tal como ha quedado demostrado, el
juez de primera instancia sí reconoció la indexación solicitada por el actor.

48. En consecuencia, el recurso de alzada carece de los fundamentos necesarios
para provocar un nuevo examen de la sentencia en los términos pretendidos por la
parte recurrente. Ello, por cuanto la inconformidad planteada no recae sobre el
sentido material de la decisión ni sobre el alcance de las órdenes impartidas, sino
sobre un aspecto de carácter formal en la estructuración del fallo. Adicionalmente,
debe resaltarse que el apelante contaba con otros mecanismos procesales idóneos
para obtener la precisión reclamada, circunstancia que refuerza la improcedencia
de la censura formulada en esta instancia.

3.5. Conclusión de la decisión

49. En atención a las consideraciones expuestas, la Sala concluye que la parte
actora no formuló reproches concretos, pertinentes ni directamente orientados a
controvertir las determinaciones adoptadas por el juez de primera instancia.

23 Ordinal cuarto de la sentencia impugnada.

15

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

50. En efecto, los argumentos desarrollados en el recurso de apelación se
circunscribieron a solicitar que la reseña acerca de la indexación que se hizo en la
sentencia en la parte motiva fuera incorporada de manera expresa en la parte
resolutiva. Ello porque, a juicio del demandante, dicha cuestión no fue objeto de
decisión por parte del Tribunal. No obstante, se observa que lo apelado consta en
la motivación de la providencia, específicamente en el folio 50 del fallo examinado.
Esta circunstancia pone de manifiesto la ausencia de una confrontación real y
específica frente al contenido decisorio de la sentencia impugnada. En tales
condiciones, el recurso carece de los presupuestos indispensables para habilitar el
estudio de fondo en segunda instancia, razón por la cual se impone declarar fallida
la apelación interpuesta por el demandante.

51. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no puede desconocer que la actualización
y/o indexación de las condenas no tiene por finalidad incrementar o aumentar el
valor nominal de las sumas económicas reconocidas en la decisión judicial, sino
actualizarlo, es decir, traerlo a valor presente de manera que mantenga su poder
adquisitivo.

52. En efecto, la jurisprudencia ha dicho que: «La indexación sirve como un
instrumento equilibrador del fenómeno de la depreciación que sufre la moneda
nacional por efecto de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, debido a las
fluctuaciones del sistema económico del país. El ajuste de valor obedece al hecho
notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda, que disminuye, en
forma continua, el poder adquisitivo del ingreso, por lo que disponer la indexación,
es una decisión ajustada a la ley y un acto de equidad, cuya aplicación por parte del
Juez encuentra sustento en nuestro máximo ordenamiento jurídico, como lo
consagra el artículo 230 de la Carta»24.

53.En igual sentido, la Corte Constitucional ha definido la figura de la indexación
como:

«[…] uno de los instrumentos para hacer frente a los efectos de la inflación en el
campo de las obligaciones dinerarias, es decir, de aquellas que deben satisfacerse
mediante el pago de una cantidad de moneda determinada -entre las que se
cuentan por supuesto, las obligaciones laborales. Lo anterior, en la medida en que
la inflación produce una pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda. Tal
actualización se lleva a cabo mediante distintos mecanismos, los cuales permiten la
revisión y corrección periódica de las prestaciones debidas, uno de los cuales es la
indexación. La indexación ha sido definida como un “sistema que consiste en la
adecuación automática de las magnitudes monetarias a las variaciones del nivel de
precios, con el fin de mantener constante, el valor real de éstos, para lo cual se
utilizan diversos parámetros que solos o combinados entre sí, suelen ser: el
aumento del costo de la vida, el nivel de aumento de precios mayoristas, los salarios
de los trabajadores, los precios de productos alimenticios de primera necesidad,
etc»25.

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de marzo de 2017, expediente núm.

68001-23-31-000-2008-00329-01 (2284-2013)
25 Corte Constitucional, sentencia T 007 de 2013.

16

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

54. Así las cosas, revisado el contenido de la sentencia se advierte por la Sala que
en su parte motiva, tal y como lo expresó el memorialista, consignó que la
actualización de las sumas a que fue condena la entidad, se debía efectuar
aplicando la fórmula dispuesta por el Consejo de Estado, es decir:

R= Rh Índice Final
Índice Inicial

55. Dicha fórmula también fue incorporada de manera expresa en la parte resolutiva
de la providencia, concretamente en el ordinal quinto. En consecuencia, la sentencia
sí previó la actualización que debía efectuar la entidad al momento de realizar el
pago correspondiente. Bajo ese entendido, la Sala reitera que en el presente asunto
se configuró una apelación fallida.

3.6. Costas

56. En lo atinente a las costas, la presente providencia, por razones de seguridad
jurídica e igualdad, acoge el criterio de interpretación mayoritario26 de la Subsección
sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la
condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe.

57. Por lo tanto, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en
atención a que no se advierte que la entidad demandada haya incurrido en las
anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Declarar fallida la apelación interpuesta por el demandante por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

26 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

17

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00164-02 (2472-2025)
Demandante: Jorge Enrique Álvarez Marín
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Segundo. Declarar incólume la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, del 27 de septiembre de 2024, por las razones expuestas en esta
providencia.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

18

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.