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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00361-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00361-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Declarar fallida la apelación interpuesta por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Declarar incólume la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander del 21 de octubre de 2021, por las razones expuestas en esta providencia. Tercero: Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2019-00361-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00361-01 (2146-2022)
Demandante: Luz Elena Reynel Toloza
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio1

Tema: cesantías retroactivas docente. Subtema: apelación fallida.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida el 21 de octubre de 2021, por el Tribunal Administrativo de Santander,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Luz Elena Reynel Toloza solicitó la nulidad del acto ficto o presunto
configurado por el silencio administrativo negativo frente a la petición que radicó el
27 de agosto de 2018 ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría
de Educación de Barrancabermeja, en la que reclamó el reconocimiento,
reliquidación y pago de la cesantía definitiva, de manera retroactiva, desde la fecha
de su vinculación como docente —esto es, el 8 de agosto de 1984 —, liquidada con
base en el último salario devengado con la inclusión de la totalidad de los factores
salariales, de conformidad con lo previsto en Ley 6ª de 1945, los decretos 2767 de
1945, 1160 de 1947, así como la Ley 65 de 1946. Igualmente, pidió la indemnización
por la sanción moratoria derivada por el pago tardío de la cesantía definitiva.

1 En adelante Fomag.

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00361-01 (2146-2022)
Demandante: Luz Elena Reynel Toloza
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Luz Elena Reynel Toloza, mediante apoderado judicial, formuló
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con las pretensiones, hechos
y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

i. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto configurado por el silencio
administrativo negativo frente a la petición presentada el 27 de agosto de
2018 ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de
Educación de Barrancabermeja, mediante la cual se negó el reconocimiento,
reliquidación y pago de la cesantía definitiva de manera retroactiva, así como
la indemnización moratoria por el pago tardío de dicho auxilio.

ii. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada
que la cesantía definitiva reconocida mediante la Resolución núm. 0154 del
27 de enero de 2017, sea liquidada de manera retroactiva, con la inclusión
de los factores salariales devengados en el último salario, de conformidad
con lo previsto en la Ley 6ª de 1945, Decreto 2767 de 1945, Ley 65 de 1946,
Decreto 1160 de 1947, en atención a que su vinculación como docente se
inició el 8 de agosto de 1984.

iii. Condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag a reconocer
y pagar la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantía definitiva,
según lo previsto en las leyes 91 de 1987, 1071 de 2006 y las demás normas
concordantes.

iv. Ordenar el pago de las diferencias que resulten entre los valores pagados
conforme a la Resolución núm. 0154 del 27 de enero de 2017 y aquellos que
surjan de la reliquidación retroactiva de la cesantía definitiva.

v. Ordenar a la parte accionada consignar las sumas adeudadas debidamente
indexadas, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así
como reconocer los intereses moratorios y dar cumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo3. Por último, condenar en costas a la
demandada.

2 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,04ED_DEMANDA_6800123330002019, pdf 001.
3 En adelante CPACA.

2

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00361-01 (2146-2022)
Demandante: Luz Elena Reynel Toloza
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

2.1.2. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así4:

i. La señora Luz Elena Reynel Toloza ha prestado sus servicios al municipio
de Barrancabermeja en calidad de docente con vinculación municipal desde
el 8 de agosto de 1984.

ii. La demandante el 2 de diciembre de 2016 solicitó al Fomag, a través de la
Secretaría de Educación de Barrancabermeja, el reconocimiento de sus
cesantías definitivas, las cuales fueron concedidas mediante Resolución
núm. 0154 del 27 de enero de 2017, por un valor de $12.455.858.

iii. Sostuvo que la entidad accionada desconoció el tiempo total de servicios,
puesto que, al momento de efectuar la liquidación del auxilio tomó como
fecha de ingreso al magisterio la correspondiente a su nombramiento en
propiedad —esto es, el 15 de enero de 1996—, cuando, a su juicio, debía
considerarse como fecha inicial el 8 de agosto de 1984, correspondiente a
su vinculación mediante contrato de trabajo.

iv. Indicó que la liquidación fue realizada con base en lo previsto en el literal b),
numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y no conforme al literal a),
numeral 3 de la misma disposición, en concordancia con lo establecido en el
artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y demás normativa aplicable.

v. Manifestó que, a partir de la fecha de radicación de la solicitud, esto es, 2 de
diciembre de 2016, el Fomag disponía de 15 días hábiles para resolver y
expedir el acto administrativo de reconocimiento del auxilio, 5 días hábiles de
ejecutoria y 45 días hábiles para realizar el pago, para un total de 65 días
hábiles, término que vencía el 7 de marzo de 2017.

vi. Señaló que el pago de la cesantía definitiva se efectúo el 24 de marzo de
2017, razón por la cual se configuró la situación prevista en los artículos 4 y
5 de la Ley 1071 de 2006, lo que obliga a la entidad accionada a reconocer
y pagar la indemnización moratoria correspondiente.

vii. Agregó que el 27 de agosto de 2018 presentó ante la entidad accionada una
solicitud de liquidación y pago retroactivo de las cesantías definitivas, así
como el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
mismas; petición que fue decidida negativamente mediante acto ficto
derivado del silencio administrativo.

4 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,04ED_DEMANDA_6800123330002019, pdf 001, folios 2 al

5.

3

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Demandante: Luz Elena Reynel Toloza
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
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2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como vulneradas: La Constitución Política, artículos 1, 2,
4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 67 y 122; las leyes 6ª de 1945, artículos 12 y 17, literal
a), 65 de 1946, artículo 1; 60 de 1993, artículo 6; 115 de 1994, artículo 176; 1071
de 2006, artículo 5; 344 de 1996, artículo 13; 4ª de 1992, artículo 2; decretos 1160
de 1947, artículos 1, 2, 5 y 6; 2767 de 1945, artículo 1; 1848 de 1969, artículo 89;
1045 de 1978, artículos 5, 40 y 45; 2563 de 1990, artículos 7 y 9; 196 de 1995,
artículo 5; 1582 de 1998, artículo 1.

4. Adujo que la entidad demandada desconoció la totalidad del tiempo de
servicio prestado, puesto que fue vinculada mediante contrato de trabajo desde el
8 de agosto de 1984 en el municipio del Carmen de Chucuri, y la entidad
demandada, para efectos de liquidar su cesantía definitiva, tomó de forma errada
como fecha de ingreso al magisterio oficial la correspondiente a su nombramiento
en propiedad, es decir, el 15 de enero de 1996.

5. Precisó que, la accionada al desconocer el tiempo real de vinculación,
también desconoció lo previsto en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, según el
cual, a partir de su publicación, quienes se vinculen a entidades del Estado
quedarán sometidos al régimen de cesantía anualizadas, lo que implica que hasta
el 31 de diciembre de 1996 subsistió el régimen retroactivo de cesantías —tanto
parciales como definitivas— para los empleados públicos del orden territorial.

6. Señaló que, con la expedición de la Ley 60 de 1993, el legislador pretendió
conservar los derechos adquiridos y el respeto por el régimen prestacional vigente
en cada entidad territorial para los docentes departamentales, municipales o
distritales.

7. Sostuvo que el artículo 5 del Decreto 196 del 25 de enero de 1995 dispuso
que a los docentes afiliados al Fomag al momento de su entrada en vigor se les
debía garantizar el respeto por el régimen prestacional vigente al tiempo de su
vinculación. En consecuencia, a los docentes no cobijados por la Ley 91 de 1989,
es decir, los nacionales y nacionalizados, les resultaba aplicable el régimen de
retroactividad de las cesantías propio de los empleados públicos del orden territorial,
el cual se mantuvo vigente hasta la expedición de la Ley 344 de 1996.

8. Refirió en relación con la sanción moratoria, que el acto acusado vulneró las
disposiciones aplicables en la materia, pues desconoció que el pago de la cesantía
definitiva debía efectuarse en un término no superior a 65 días hábiles contados
para su reconocimiento y cancelación, lo cual generó automáticamente la
indemnización moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de retardo
hasta el pago efectivo.

4

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Demandante: Luz Elena Reynel Toloza
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

9. Indicó que cumple con los requisitos legales para que la entidad accionada
le reconozca, reliquide y pague su cesantía definitiva con el régimen retroactivo, así
como la indemnización moratoria derivada del pago tardío de dicha prestación.

2.2. Contestación de la demanda

10. El Fomag, por medio de apoderada contestó la demanda5. Se opuso a la
prosperidad de las pretensiones. Para ello sostuvo que, a partir de la Ley 91 de
19896, se establecieron categorías para agrupar a los docentes afiliados al fondo,
con el fin determinar las disposiciones aplicables según la fecha de su vinculación.

11. Agregó que la mencionada ley dispuso que los docentes ingresados con
anterioridad a 31 de diciembre de 1989 conservarían el régimen prestacional vigente
en la entidad territorial a la cual estuvieran adscritos, esto es, el previsto en la Ley
6ª de 1945 y normas concordantes, mientras que quienes se incorporaran a partir
del 1 de enero de 1990, sin distinción entre docentes nacionales y nacionalizados,
se regirían por las normas aplicables a los empleados públicos del orden nacional.

12. Sostuvo que el régimen de liquidación de cesantías por retroactividad implica
que su monto se determina con base en el último salario devengado por el
trabajador, multiplicado por el número de años laborados, suma que se entrega al
momento del retiro o terminación del vínculo laboral.

13. Afirmó que la sanción moratoria no estaba prevista a favor de los docentes
nacionalizados con anterioridad al 31 de diciembre de 1989. Sin embargo, precisó
que la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 18 de julio de 2018 no
diferenció el régimen de cesantías aplicable a los docentes para efectos del
reconocimiento de dicha indemnización. Señaló que el propósito de la sanción es
evitar la depreciación monetaria del valor de la cesantía reconocida a los docentes
nacionalizados, puesto que el régimen retroactivo conlleva el pago con base en el
último salario devengado por todo el tiempo de servicio.

14. Destacó que reconocer la sanción moratoria a los docentes sujetos al
régimen retroactivo implicaría otorgarles un beneficio adicional frente a quienes se
encuentran en el régimen anualizado, lo cual representaría un desproporcionado
impacto en el presupuesto de la Nación al tratarse de un emolumento de naturaleza
sancionatoria, sin que se haya demostrado un detrimento patrimonial en cabeza del
docente.

15. Propuso como excepción previa la falta de litisconsorcio necesario y como
excepciones de fondo las siguientes: «(i) legalidad de los actos administrativos
atacados de nulidad; (ii) improcedencia de la indexación; (iii) improcedencia de la
condena en costas; (iv) prescripción; y (v) genérica».

5 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,04ED_DEMANDA_6800123330002019, pdf
002.CONTESTACIÓN, folios 18 al 36.
6 Por medio de la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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de Prestaciones Sociales del Magisterio

16. En relación con la excepción previa, se advierte que mediante providencia
del 24 de febrero de 20217, el Tribunal precisó que la solicitud de la entidad
demandada de vincular al proceso a la Secretaría de Educación del municipio de
Barrancabermeja —por ser la entidad que profirió el acto administrativo que
reconoció el pago de las cesantías definitivas— no estaba llamada a prosperar. Lo
anterior, por cuanto la competencia para pronunciarse sobre el reconocimiento
prestacional pretendido recae en la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fomag, de conformidad con lo previsto en las facultades otorgadas por las leyes 91
de 1989 y 962 de 2005. En este sentido, aclaró que la secretaría actúo en nombre
del Fondo y no por cuenta propia. En consecuencia, el Tribunal declaró no probada
dicha excepción.

2.3. Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia anticipada el 21 de
octubre de 20218 en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Textualmente dispuso:

PRIMERO: DECLÁRASE la ocurrencia del silencio administrativo negativo producto
de la petición de fecha 27 de agosto de 2018, mediante la cual la demandante LUZ
ELENA REYNEL TOLOZA solicitó la reliquidación de sus cesantías definitivas
aplicando el régimen de retroactividad y el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de sus cesantías definitivas.

SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad parcial del acto administrativo ficto o presunto
cuya ocurrencia se declaró en el numeral anterior, en lo que respecta a la negativa
en el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995
subrogada por la ley 1071 de 2006.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho CONDENÁSE a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar a
favor de la señora LUZ ELENA REYNEL TOLOZA, la sanción moratoria por el pago
tardío de sus cesantías definitivas, causadas desde el 15 de marzo de 2017 y hasta
el 23 de marzo de 2017, para un total de 9 días, suma que equivale a un millón
setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos m/cte. ($1.074.955) con
base en la asignación básica devengada por la actora para la anualidad 2016 e
indexada a la fecha de expedición de esta sentencia, de conformidad con el artículo
187 del CPACA, acorde a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: DECLÁRASE no probada la excepción de prescripción presentada por la
entidad demandada.

QUINTO: DENIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

7 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,04ED_DEMANDA_6800123330002019, pdf. 003.
8 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,04ED_DEMANDA_6800123330002019, pdf. 008.

6

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00361-01 (2146-2022)
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de Prestaciones Sociales del Magisterio

SEXTO: La Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio dará cumplimiento a la sentencia en los
términos previstos en los artículos 192, 194 y 195 del C.P.A.C.A

SÉPTIMO: SIN CONDENA EN COSTAS de primera instancia, conforme lo expuesto
en la parte considerativa de este proveído .

[…]9

18. La decisión se sustentó en las siguientes consideraciones:

19. Sostuvo que, la demandante fue nombrada docente en propiedad mediante
el Decreto 014 del 15 de enero de 1996, suscrito por el alcalde del municipio de
Barrancabermeja y tomó posesión del cargo en la misma fecha.

20. Que mediante Resolución núm. 0154 del 27 de enero de 2017 la entidad
demandada reconoció a la demandante las cesantías definitivas en su calidad de
docente municipal, y para ello aplicó el régimen de liquidación de cesantías
anualizado. Por esta razón, consideró que la actora no tiene derecho a la
reliquidación de sus cesantías bajo el régimen de retroactividad, toda vez que su
ingreso a la docencia oficial se produjo el 15 de enero de 1996, fecha posterior a la
entrada en vigor de la Ley 91 de 1989. Con fundamento en ello, concluyó que la
liquidación efectuada se ajustó al régimen prestacional legalmente aplicable, esto
es, el anualizado.

21. Añadió que no es de recibo lo afirmado por la actora respecto de la
procedencia del régimen retroactivo, en razón a que su vinculación al servicio
docente ocurrió en 1984 se produjo mediante contratos de trabajo suscritos por la
Acción Comunal del barrio Antonio Nariño y el alcalde de Barrancabermeja, para la
prestación temporal de servicios como docente.

22. Refirió que, en muchos casos, las entidades territoriales acudieron a la
contratación temporal de docentes ante la imposibilidad de vincularlos oficialmente
a las plantas de personal, debido a las restricciones legales que impedían la
creación de plazas docentes con cargo al presupuesto estatal. Señaló que dicha
situación se corrigió con la expedición de la Ley 60 de 1993. No obstante, precisó
que esa modalidad contractual no otorgaba la condición de docente oficial a la
demandante y, por ello, su ingreso formal al magisterio público solo se produjo
mediante el Decreto núm. 014 del 15 de enero de 1996. En consecuencia, para esa
fecha resultaba aplicable el régimen de cesantías anualizado, tal como lo consideró
la entidad accionada.

23. En punto a la sanción moratoria, refirió que el fondo incurrió en mora en el
pago de las cesantías, pues debía efectuarse a más tardar el 14 de marzo de 2017.
Sin embargo, el pago se realizó el 24 de marzo de 2017. Ello dio lugar a la nulidad

9 Se transcribe con errores de texto.

7

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00361-01 (2146-2022)
Demandante: Luz Elena Reynel Toloza
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de Prestaciones Sociales del Magisterio

parcial del acto ficto o presunto demandado. Por consiguiente, ordenó el pago de la
sanción moratoria a favor de la demandante, equivalente a un día de salario por
cada día de retardo, a partir del 15 de marzo de 2017 «día siguiente de la exigibilidad
de la sanción» y hasta el 23 de marzo de 2017 «día anterior al que se puso a
disposición las cesantías». Precisó que el periodo de mora corresponde a 9 días y que
la liquidación debe realizarse con base en la asignación básica percibida para el
momento de su causación, esto es, el año 2015.

24. Asimismo, declaró no probada la excepción de prescripción de la sanción
moratoria, al considerar que la misma se hizo exigible a partir del momento en que
se configuró el incumplimiento, esto es, desde el día siguiente al vencimiento del
término para efectuar el pago, es decir, 15 de marzo de 2017. En consecuencia,
señaló que la reclamación administrativa fue presentada el 27 de agosto de 2018,
esto es, dentro de los tres (3) años que prevé al artículo 151 del Código de
Procedimiento Laboral.

2.4. Recurso de apelación

25. El Fomag, al interponer el recurso contra la sentencia de primera instancia 10,
solicitó que se absolviera a su representada y, en su lugar, se negaran las
pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que el acto acusado se ajusta a
la normativa legal vigente.

26. Insistió en que no le asiste razón a la parte accionante, en tanto su
vinculación como docente se produjo con posterioridad al 1 de enero de 1990 y, de
conformidad por lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, le es aplicable el régimen
anualizado de cesantías, conforme lo previsto en el ordinal 3) literal b) del artículo
15 de dicha ley.

27. Añadió que la citada ley reguló el régimen prestacional de los docentes,
según la fecha de vinculación al magisterio, y estableció dos regímenes de
cesantías: uno retroactivo para quienes ingresaron al magisterio hasta el 31 de
diciembre de 1989 y uno anualizado para quienes se vincularon después del 1 de
enero de 1990. En este sentido, al verificar que la vinculación de la demandante se
produjo después de la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, concluyó que no le es
aplicable la liquidación de las cesantías en forma retroactiva.

28. Refirió que la vinculación de la docente no fue continua desde el 8 de agosto
de 1984 hasta el 2 de diciembre de 2016, fecha en la que solicitó el pago de
cesantías parciales, puesto que la demandante prestó sus servicios mediante
contratos temporales y con interrupciones para ello, indicó:

Certificación del Obispo de Barrancabermeja en la que se consigna que la señora
LUZ ELENA REYNEL TOLOZA trabajó como profesora de tiempo completo, en la

10 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,04ED_DEMANDA_6800123330002019, pdf. 009.1.

8

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00361-01 (2146-2022)
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de Prestaciones Sociales del Magisterio

Escuela Rural “ISLANDIA”, municipio de Carmen de Chucuri, a través de contratos
firmados por el FER-Santander y administrados por la Diócesis de Barrancabermeja.
Laboró durante el lapso comprendido: -del 8 de agosto a diciembre 31 de 1984 -del
1º de febrero a noviembre 30 de 1985 -del 1º de febrero a noviembre 30 de 1986

• Contratos Individuales de Trabajo a Término fijo celebrados entre el presidente de
la Acción Comunal Barrio Antonio Nariño del municipio de Barrancabermeja y la
actora, en los que se consigna que trabajó como educador en la Escuela Antonio
Nariño durante los siguientes periodos: -del 2 de febrero a noviembre 30 de 1989 -
del 1º de febrero a noviembre 30 de 1991

• Contratos Individuales de Trabajo a Término fijo celebrados entre el alcalde de
Barrancabermeja y la actora en los que se consigna que trabajó como educador en
la Escuela Antonio Nariño durante los siguientes periodos:
-Del 1º de febrero a noviembre 30 de 1992.
-Del 1º de febrero a noviembre 30 de 1993.
-Del 1º de febrero a diciembre 13 de 1995.

• Decreto No. 014 del 15 de enero de 1996 mediante el cual el alcalde de
Barrancabermeja nombra en propiedad, entre otros, a la señora LUZ ELENA
REYNEL TOLOZA, como docente tiempo completo, adscrita a la Secretaría de
Educación Municipal y Acta de posesión No. 273 de la misma fecha.

29. Aunado a lo expuesto, precisó que, aunque la actora inició la prestación de
sus servicios mediante contratos desde 1984, dichos vínculos no fueron continuos,
pues entre cada contrato existieron interrupciones superiores a quince días,
situación que también ocurrió en las contrataciones posteriores.

30. Añadió que, según lo expuesto por la propia demandante en su escrito de
demanda, su vinculación oficial al servicio docente ocurrió mediante el Decreto 014
del 15 de enero de 1996, fecha a partir de la cual ingresó formalmente al magisterio
público. En consecuencia, reiteró que el régimen aplicable es el de cesantías
anualizadas dado que las vinculaciones anteriores no fueron continuas y, por tanto,
se presentó solución de continuidad que impide extender retroactivamente el
régimen prestacional.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

31. Mediante auto del 23 de junio de 202211, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de
primera instancia. Además, prescindió del período para correr traslado a las partes,
por no existir pruebas por decretar en segunda instancia.

11 Samai, índice 004.

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de Prestaciones Sociales del Magisterio

3. Consideraciones

3.1. Competencia

32. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

33. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
presentado por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag contra la
sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, corresponde a la Sala definir si se está frente a una apelación fallida, toda
vez que el Tribunal ordenó reconocer y pagar a favor de la señora Luz Elena Reynel
Toloza, la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías definitivas
causadas desde el 15 de marzo de 2017 hasta el 23 de marzo de la misma
anualidad, mientras que el argumento del recurrente se fundamenta en que a la
demandante no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la cesantía
«parcial» aplicando el régimen retroactivo.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial sobre la apelación fallida

34. El artículo 320 de la Ley 1564 de 2012, establece que el recurso de apelación
tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, «únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante».

35. En concordancia con lo expuesto, la jurisprudencia de esta corporación ha
establecido que el propósito del recurso de apelación es que el superior funcional
del juez de primera instancia examine la legalidad de su providencia y, tras
dicho análisis, la confirme, revoque o modifique. De esta finalidad se deriva la
exigencia de fundamentar el recurso, pues constituye la oportunidad procesal para
que el apelante exponga sus objeciones frente a la decisión recurrida12.

36. En relación con la carga de la argumentación en la apelación, el Consejo de
Estado también ha subrayado que no compete al juez suplir las obligaciones
procesales de las partes, pues ello comprometería su imparcialidad en el litigio. En
consecuencia, si una de las partes tiene algún reparo de la providencia de primera
instancia, puede impugnarla planteando al juez las razones por las que, a su juicio,
se debe reconsiderar la decisión adoptada13.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de
2010, Rad. 25000 23 27 000 1999 00875 01(15328), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
13 Ibidem. En pronunciamiento reciente, esta Subsección reiteró la obligación de las partes de sustentar los

recursos: ver auto del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, del 8 de mayo de 2025, Rad. 17001-23-33-000-2017-00331-02 (4352-2024).

10

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00361-01 (2146-2022)
Demandante: Luz Elena Reynel Toloza
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

37. De allí que la referida norma adjetiva de manera categórica circunscriba la
competencia del juez de segunda instancia, «únicamente» a los reparos concretos
frente a la decisión proferida en primera, desde luego, «sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley», como lo
aclara el artículo 328 del mismo estatuto procesal, o el artículo 187 del CPACA
cuando a propósito del contenido de la sentencia indica que:

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la
no reformatio in pejus.

38. En consonancia con lo expuesto, el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012
establece que la competencia del juez de segunda instancia se circunscribe a los
aspectos concretamente impugnados por el apelante. De esta disposición se deriva
la exigencia de que los argumentos expuestos en el recurso de apelación confronten
directamente los fundamentos sustanciales de la decisión de primera instancia, pues
estos delimitan el ámbito de revisión del juez de la alzada. En consecuencia, debe
existir una conexión inequívoca entre las razones que motivaron la decisión apelada
y los motivos que sustentan la impugnación.

39. Sobre este particular, esta Sección ha precisado que cuando los argumentos
planteados en el recurso de apelación se desvían del centro de la controversia
resuelta en la providencia de primera instancia, es decir, cuando no existe una
conexión sustancial con los presupuestos fácticos y jurídicos del asunto decidido,
se configura una apelación fallida. Tal situación conlleva a la confirmación de la
decisión impugnada, manteniéndose incólume su contenido y efectos jurídicos14.

40. La misma situación se predica cuando se plantean de manera general
argumentos en la impugnación, sin que se aterricen los reproches contra la decisión
de primera instancia, es decir, cuando no se precisan los aspectos censurados ni
se exponen las razones que dan cuenta de los supuestos errores o imprecisiones
en las que incurrió el juez, lo que impide identificar los reparos concretos sobre los
que debe pronunciarse el superior funcional15.

41. Frente a escenarios como los expuestos, esta Sección ha considerado que
existe apelación fallida, por el incumplimiento de las cargas mínimas que le asisten

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 21 de

marzo de 2025, Rad. 25000-23-42-000-2020-00428-02 (5883-2023). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2024, Rad.
47001233300020180005401 (2666-2020), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022, Rad.
25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017), M.P. William Hernández Gómez.
15 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A, auto del 14 de mayo de 2025, Rad. 15001-23-33-000-2023-00301-01 (0942-2025), M.P. Juan Camilo Morales
Trujillo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del
3 de noviembre de 2022, Rad. 05001-23-33-000-2020-02434-01 (4065-2022), M.P. William Hernández Gómez.

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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00361-01 (2146-2022)
Demandante: Luz Elena Reynel Toloza
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

al apelante de cara a la imposibilidad de revisar la decisión de primer grado 16, so
pena de desconocer el principio de imparcialidad.

42. Según lo expuesto, el juez que revisa una decisión en principio solo debe
analizar los aspectos impugnados. Si estos no se concretan, no puede en segunda
instancia pronunciarse sobre el fondo de la controversia, lo que trae como
consecuencia que la apelación sea fallida y la decisión inicial deba mantenerse
incólume17.

3.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

43. En el presente asunto se advierte que el Tribunal Administrativo de
Santander, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por cuanto
declaró configurado el silencio administrativo negativo derivado de la petición
presentada el 27 de agosto de 2018. Por medio de dicha solicitud, la demandante
pidió la reliquidación de sus cesantías definitivas bajo el régimen de retroactividad,
así como el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío del
referido auxilio.

44. Asimismo, el Tribunal declaró la nulidad parcial del acto ficto o presunto,
únicamente respecto de la negativa en reconocer y pagar de la sanción moratoria
prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Por consiguiente, condenó a la
entidad demandada y le ordenó el reconocimiento y pago de dicha indemnización a
favor de la parte actora.

45. Inconforme con la decisión adoptada por el fallador de primera instancia, la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag interpuso recurso de apelación.
En su criterio, la vinculación de la demandante como docente ocurrió con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, razón por la cual, no
resultaba procedente la liquidación retroactiva de sus cesantías.

46. Sin embargo, de la revisión integral del recurso se advierte que los
fundamentos expuestos por la entidad apelante no se ajustan a lo efectivamente
decidido en primera instancia. En efecto, la controversia resuelta por el Tribunal
trató sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de
las cesantías, y no sobre la aplicación del régimen retroactivo para su liquidación.
Por ello, lo planteado por el recurrente carece de coherencia con la decisión
impugnada, puesto que el juez de primera instancia no reconoció a la actora

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 16 de

mayo de 2025, Rad. 68001-23-33-000-2021-00319-01 (5386-2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero
de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2021, Rad. 76001 23 33 000 2016 01266 01
(5266-2018), M.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, expediente
19001233300020130021401. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de
julio de 2024, Rad. 05001 23 33 000 2018 00159 02 (3607-2022).

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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00361-01 (2146-2022)
Demandante: Luz Elena Reynel Toloza
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

derecho alguno a la reliquidación retroactiva de sus cesantías definitivas, como
erradamente lo sugiere el apelante.

47. Además, se advierte que la parte recurrente se limitó a formular
consideraciones generales acerca del régimen de cesantías aplicable a la
demandante. Con tal propósito, indicó que su vinculación no fue de forma continua
e hizo referencia a las fechas en las cuales ejerció funciones como docente, con el
fin de concluir que le correspondía el régimen anualizado. Dicha circunstancia no
contradice lo resuelto por el Tribunal, el cual ya había establecido que la
demandante no tenía derecho a la reliquidación de sus cesantías bajo el régimen
de retroactividad. En suma, el juez de primera instancia consideró que la
demandante no tiene derecho a que sus cesantías sean reliquidadas bajo el
régimen de retroactividad y condenó únicamente respecto a la sanción moratoria18.

48. En este sentido, los planteamientos de inconformidad formulados por la
entidad accionada no guardan congruencia con lo que definió el Tribunal. En otras
palabras, los argumentos del recurso no controvierten la determinación
efectivamente adoptada, consistente en ordenar el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías definitivas. En
contraste, el apelante insiste en debatir el régimen aplicable, que en todo caso
corresponde al anualizado. Lo anterior muestra una interpretación desacertada del
fallo recurrido.

49. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la apelación presentada
por la parte accionada resulta fallida, en tanto los argumentos propuestos no
constituyen reproches concretos ni pertinentes frente a la decisión adoptada por el
Tribunal respecto del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la
consignación extemporánea de las cesantías definitivas de la demandante.

3.5. Conclusión de la decisión

50. En atención a lo consignado, la Sala concluye que la entidad demandada no
expuso reparos relacionados con lo decidido por el juez de primera instancia. En
este sentido, se declarará fallida la apelación.

4. Costas

51. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario19 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para

18 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,04ED_DEMANDA_6800123330002019, pdf.008.2019-
00361-00, folio 4 y siguientes.
19
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la

13

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00361-01 (2146-2022)
Demandante: Luz Elena Reynel Toloza
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

52. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Declarar fallida la apelación interpuesta por la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fomag, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Declarar incólume la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander del 21 de octubre de 2021, por las razones expuestas en esta
providencia.

Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

14

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00361-01 (2146-2022)
Demandante: Luz Elena Reynel Toloza
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

15

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