República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2017-00805-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00805-01 (3714-2021)
Demandante: Luis Guillermo Buelvas Amaya
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
Tema: reliquidación de pensión de jubilación conforme al Decreto 1214 de 1990;
apelación fallida. Subtema 1: incongruencia entre los reparos de apelación y los
argumentos contenidos en la providencia objeto del recurso.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la apoderada del señor Luis Guillermo Buelvas
Amaya contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 31 de
julio de 2020, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Luis Guillermo Buelvas Amaya solicitó la nulidad de los actos administrativos
por los cuales se le negó la reliquidación de su pensión de jubilación con inclusión de
las primas de actividad y de servicios, de conformidad con el artículo 102 del Decreto
1214 de 1990. El tribunal accedió parcialmente a las pretensiones, al considerar que
el demandante era beneficiario de dicha normativa, por cuanto era empleado público
del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares incorporado a la planta de personal de
salud del Ministerio de Defensa Nacional y su vinculación a la entidad demandada
ocurrió antes de entrar en vigor la Ley 100 de 1993, por lo que era pertinente la
liquidación pensional con inclusión de la prima de servicios, al haber sido devengada
en el último año y estar prevista en tal decreto.
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00805-01 (3714-2021)
Demandante: Luis Guillermo Buelvas Amaya
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Luis Guillermo Buelvas Amaya, mediante apoderada, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 7 de
diciembre de 20161, en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, de
conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
2. El señor Luis Guillermo Buelvas Amaya solicitó declarar la nulidad parcial de la
Resolución 323 del 26 de febrero de 2008 y anular los oficios 416509 del 21 de julio
de 2016 y OFI 16-63994 del 18 de agosto de 2016, en cuanto se omitió incluir en su
pensión de jubilación todas las partidas computables establecidas en el artículo 102
del Decreto 1214 de 1990.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió reajustar y pagar su pensión de
jubilación con inclusión de las primas de actividad y de servicios, de conformidad con
el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990; lo anterior con los respectivos intereses, la
indexación de las correspondientes diferencias y las costas procesales.
2.1.2. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
i) El señor Luis Guillermo Buelvas Amaya prestó sus servicios desde el 21 de
abril de 1992 hasta el «26 de febrero de 2008», cuando le fue reconocida la pensión
de jubilación.
ii) Mediante acta de 2581 del 1.° de marzo de 1996 fue vinculado al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y con acta 806 del 15 de enero de 1998 fue incorporado
a la Dirección General de Sanidad en el cargo de profesional especializado código
3010, grado 16, donde trabajó hasta su retiro. Por ende, al haber sido vinculado con
anterioridad a la Ley 100 de 1993, en materia prestacional, era beneficiario de las
partidas establecidas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
iii) Por medio de la Resolución 323 del 26 de febrero de 2008, le fue reconocida la
pensión de jubilación, de conformidad con el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990,
pero con desconocimiento de los derechos adquiridos al ser beneficiario del régimen
prestacional establecido en el «título VI» del Decreto 1214 de 1990, que prevé para la
liquidación de esa prestación la inclusión de todas las partidas computables fijadas en
el artículo 102 de dicho decreto.
1 Samai, índice 2, ED_CUADERNO1(.PDF), pp. 1 y 176 a 197.
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00805-01 (3714-2021)
Demandante: Luis Guillermo Buelvas Amaya
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
iv) El 20 de junio de 2016 solicitó de la accionada certificaciones y copia de los
documentos atinentes a su vinculación laboral y al reconocimiento de su pensión de
jubilación; reclamación que fue atendida de manera parcial por medio del oficio
416509 del 21 de julio de 2016.
v) El 8 de agosto de 2016 pidió de la entidad demandada la reliquidación de su
pensión de jubilación con inclusión de las primas de servicios y de actividad, conforme
al mencionado artículo 102 del Decreto 1214 del 1990; sin embargo, le fue negada a
través del oficio OFI 16-63994 del 18 de agosto de 2016.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
La Constitución Política, artículos 13 y 53.
El Decreto 1214 de 1990, artículo 102
El Código Sustantivo del Trabajo, artículo 21 (principio de favorabilidad laboral).
6. Al explicar el concepto de violación, Luis Guillermo Buelvas Amaya invocó,
como causales de nulidad, violación de normas superiores y falsa motivación, por
cuanto los actos administrativos censurados desconocieron que, al vincularse a la
entidad demandada con anterioridad a la Ley 100 de 1993, era beneficiario del
régimen prestacional establecido en el Decreto 1214 de 1990, mas no el previsto en
el Decreto 2701 de 1988; por ende, tenía derecho a que se le liquidara su pensión de
jubilación con todos los factores salariales que aquella norma preceptuaba, incluidas
las primas de servicios y actividad, en armonía con la Ley 352 y el Decreto 3062,
ambos de 1997, sobre el régimen prestacional especial para el personal de la
Dirección General de Sanidad Militar.
2.2. Contestación de la demanda
7. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, a través de apoderado, se opuso a
las pretensiones de la demanda, al estimar que los actos administrativos acusados
fueron expedidos de conformidad con el ordenamiento legal especial que rige a los
empleados de la Dirección General de Sanidad Militar, ya que al accionante no le
resultaba aplicable el régimen salarial establecido en el Decreto 1214 de 1990 ni para
efectos pensionales, pues aunque se vinculó con anterioridad al 22 de junio de 1994,
luego pasó a hacer parte del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, por lo que su
régimen salarial era el previsto en el Decreto 1301 de 19942.
2.3. Sentencia de primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Bolívar, en la sentencia del 31 de julio de 20203,
2 Samai, índice 2, ED_CUADERNO1(.PDF), pp. 227 a 239.
3 Samai, índice 2, ED_CUADERNO2(.PDF), pp. 214 a 230.
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00805-01 (3714-2021)
Demandante: Luis Guillermo Buelvas Amaya
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accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
accionada, en los siguientes términos:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. 00323 del 26 de
febrero de 2008 y, la nulidad total del oficio No. OFI16-63994 del 18 de agosto de 2016,
expedidos por la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, a
efectuar una nueva liquidación de la pensión de jubilación a favor del señor LUIS
GUILLERMO BUELVAS AMAYA, teniendo en cuenta todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio y, que se encuentran establecidos en el
artículo 102 del decreto 1214 de 1990, estos son, sueldo básico, prima de servicios y
la duodécima (1/12) parte de la prima de navidad, efectiva a partir del 22 de octubre
de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Si frente a alguna de estas no se realizaron descuentos con destino al Sistema de
Seguridad Social, la entidad realizará los descuentos que por Ley le correspondía
efectuar al trabajador, que no hayan sido objeto de descuento y que se haya ordenado
incluir en el cómputo de la prestación, y los girará a las entidades destinatarias si hay
lugar a ello.
TERCERO: ORDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, que
realice el pago de las diferencias de las mesadas pensionales que se causen con base
en el reconocimiento anterior y las que se venían efectuando en virtud de los actos
administrativos cuya nulidad se declaró.
CUARTO: DENIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda
QUINTO: Condenar en costas a la parte vencida dentro de este asunto, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 y 366 del CGP.
SEXTO: DECLARAR la prescripción de las diferencias de las mesadas pagadas y las
que le correspondan en virtud de la reliquidación pensional ordenada, causadas con
anterioridad al 08 de agosto de 2012, por lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.
9. En primer lugar, precisó que en la Resolución 323 del 26 de febrero de 2008,
el Ministerio de Defensa Nacional le reconoció al señor Buelvas Amaya la pensión de
jubilación a partir del 22 de octubre de 2007 (fecha del retiro), de conformidad con el
Decreto 1214 de 1990, por lo que aceptó que este era su régimen aplicable;
igualmente, se encontraba probado que el accionante se vinculó el 21 de abril de 1992,
es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y cuando
laboraba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares fue incorporado a la Dirección
General de Sanidad Militar.
10. Por lo anterior, coligió que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, en particular, la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-19 del 12 de
diciembre de 2019, la normativa que lo rige es el Decreto 1214 de 1990, en materia
4
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00805-01 (3714-2021)
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de seguridad social. Por consiguiente, al haber devengado el accionante la prima de
servicios, la cual constituye factor salarial, conforme al artículo 102 de ese decreto,
debió ser incluida en la liquidación de su pensión de jubilación.
11. Por último, estimó que, conforme al artículo 129 del Decreto 1214 de 1990,
prescribieron las sumas causadas con anterioridad al 8 de agosto de 2012, por cuanto
las mesadas pensionales se hicieron exigibles a partir del 22 de octubre de 2007 y la
solicitud de reliquidación pensional se formuló el 8 de agosto de 2016, es decir, por
fuera del término de cuatro años con el que el demandante contaba.
2.4. Recurso de apelación
12. La apoderada del señor Luis Guillermo Buelvas Amaya interpuso recurso de
apelación4 para que «sea revocada» la sentencia de primera instancia «en su
totalidad, junto con la condena en costas», con fundamento en los siguientes
razonamientos:
13. En principio, afirmó que fueron dos los problemas jurídicos tratados por el
tribunal; uno atinente a «Si a la [sic] demandante le resulta aplicable el régimen salarial
de la Rama ejecutiva del Orden Nacional, de conformidad con lo prescrito en la ley
352/97»; y el otro referente a «Si le son aplicables las disposiciones en materia
prestacional previstas para el personal civil del Ministerio de Defensa, regidas por el
Decreto 1214/90 en su condición de jubilado; conforme a la partidas computables a
que refiere el artículo 102 del decreto 1214/90, dada la fecha de vinculación de la
demandante -15 de febrero de 1994 – […] de suerte que le asiste derecho para
solicitar la inclusión de las partidas computables de prima de actividad y prima de
servicios (antigüedad)».
14. Por lo anotado, en un capítulo referente a la súplica sobre el ajuste de la base
salarial, pidió revocar el fallo impugnado, al desconocer «que el régimen salarial
contenido en la ley 362/97 y decreto 3062/97 continua vigente, en razón a que la ley
1033/06 jamás pudo considerar facultades para modificar regímenes salariales», para
lo cual, acto seguido, relacionó jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el tema.
15. Luego, manifestó que el demandante se vinculó el 21 de abril de 1992, se
incorporó al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares el 1.° de marzo de 1996 y,
después, a la Dirección General de Sanidad desde el 15 de enero de 1998, por lo que
«él sufrió un ascenso en su cargo, y por ello, debía serle reconocida una asignación
salarial conforme a su régimen salarial, fijado mediante ley 352/97, decreto 3062/97,
ratificado por el artículo 72 del decreto 091/07».
16. No obstante, como si fuera objeto del litigio, seguidamente se refirió a la
situación fáctica de otra persona ajena al proceso, al aducir que «Para el caso de la
demandante, su ingreso se produjo el día 01 de octubre de 1987, momento para el
cual toda la normatividad de la ley 1033/06, decreto 092/07, decreto 4783/08 y la
4 Samai, índice 2, ED_CUADERNO3(.PDF), pp. 9 a 51.
5
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resolución 1453 de 2008, garantizaban la conservación y respeto de todos los
derechos adquiridos, garantías, prerrogativas y beneficios; junto con la no desmejora
salarial»; argumento que reforzó con citas jurisprudenciales.
17. Por otra parte, sostuvo que las pretensiones concernientes a que sean
«incluidas las partidas computables reclamadas, las cuales se citan en el artículo 102
del decreto 1214/90» fueron negadas por el tribunal «en razón a que a juicio de la
Sala, en virtud del Decreto 171/96 estos beneficios prestacionales fueron incluidos
dentro de la asignación básica mensual, y porque dentro de un criterio “facilista” solo
se percataron de verificar cuales fueron las ultimas [sic] partidas devengadas, sin
siquiera preocuparse por dar lectura al artículo 55 de la ley 352/97».
18. Al respecto, arguyó que el tribunal «olvidó la línea de tiempo de aplicación
normativa, que aconteció al interior del personal que labora en el sistema de salud de
las FF.MM., porque dada la fecha de ingreso de la actora a laborar - 15 de febrero de
1994, su pensión de jubilación debió ser liquidada de conformidad con los patrones
contenidos en el Decreto 1214/90, en tanto que su ingreso a la entidad demandada
se produjo con anterioridad a la vigencia de la ley 100/90». Acto seguido, como si se
tratara de un hecho de la demanda, se refirió a la situación fáctica de otra persona que
ingresó el 1.° de octubre de 1987 y luego fue designada en un empleo del nivel asesor,
para advertir que sería beneficiaria de la aplicación íntegra del Decreto 1214 de 1990.
19. Añadió que el fallador de primera instancia realizó una interpretación normativa
basado en una norma inexistente, «de una parte porque la ley 1033/06 y los decretos
091 y 092 regularon únicamente temas de carrera administrativa, sin adoptar
pronunciamientos extensivos frente a la variación, modificación o extinción del
Régimen Salarial especial concebido desde la ley 352 y decreto 3062/97».
20. Por último, solicitó revocar la condena en costas, que dijo le fue impuesta.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
21. Mediante auto del 7 de abril de 20225, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante conforme a lo previsto en el numeral
3 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA); y a través de proveído del 8 de septiembre del
mismo año, se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y poner
el expediente a disposición del Ministerio Público 6.
22. La apoderada principal del señor Luis Guillermo Buelvas Amaya presentó
alegatos de conclusión7, en los que solicitó «se acceda a las pretensiones de la
demanda, en razón a que el régimen prestacional de la actora [sic] es el contenido en
el Decreto 1214/90 y por tal motivo deben serle incluidas las partidas computables
5
Samai, índice 4.
6 Samai, índice 10.
7 Samai, índice 15.
6
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Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
solicitadas, en razón a que las variaciones normativas señaladas fueron claras en
mantener la aplicación integral del Título VI del decreto 1214/90», para lo cual citó
apartes de la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
23. Se refirió a situaciones fácticas que difieren de los hechos de la presente
demanda, al expresar que «El demandante se vinculó a la entidad el 01 de octubre de
1987 por ello desde esta fecha y hasta el 28 de febrero de 1996, percibió en sus
ingresos la partida de sueldo básico junto con la prima de actividad. No así con la
prima de servicios, pues para acceder a ella debía prestar servicios de manera
ininterrumpida durante 10 años en la entidad»; por ende, le resultaban aplicables las
disposiciones salariales del Decreto 1214 de 1990 y, en tal sentido, tiene derecho a
que le sean incluidas las primas de actividad y servicios; la primera devengada hasta
febrero de 1996.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
24. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Cuestión preliminar
25. Previo a delimitar el problema jurídico a resolver en la presente providencia, se
advierte que a la audiencia de conciliación que preveía el inciso 4.° del artículo 192
del CPACA, asistieron el apoderado de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, y
el agente del Ministerio Público; sin embargo, el Tribunal Administrativo de Bolívar,
luego de declararla fallida al no existir ánimo conciliatorio, concedió el recurso de
apelación como si lo hubiera presentado la parte demandada8.
26. Recibido el expediente en esta corporación, por auto del 7 de abril de 2022, el
despacho ponente admitió la alzada que en efecto fue interpuesta por la apoderada
del señor Luis Guillermo Buelvas Amaya y, posteriormente, dispuso correr el
correspondiente traslado para alegar de conclusión, oportunidad aprovechada por ese
extremo procesal para presentar sus alegaciones finales.
27. Por lo tanto, de conformidad con lo preceptuado en el parágrafo del artículo 133
del Código General del Proceso (CGP), como quiera que la aludida situación no
comporta causal de nulidad que invalide lo actuado, máxime cuando ninguna de las
partes formuló reparo alguno al respecto, dicha irregularidad se tiene por saneada.
8 Samai, índice 2, ED_CUADERNO3(.PDF), acta de conciliación visible en pp. 53 a 56.
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3.3. Problema jurídico
28. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y en razón a la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el
artículo 3289 del CGP, corresponde a la Sala definir si:
29. ¿Los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante comportan reparos concretos y congruentes contra la decisión adoptada
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda?
30. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará el siguiente tema: (i) el
marco normativo y reiteración jurisprudencial sobre la apelación fallida, y a partir de
las anteriores consideraciones, (ii) en el acápite del caso concreto se resolverá el
problema jurídico planteado.
3.4. El marco normativo y reiteración jurisprudencial sobre la apelación fallida
31. El artículo 320 del CGP establece que el recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, «únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante».
32. En concordancia con lo expuesto, la jurisprudencia de esta corporación ha
precisado que el propósito del recurso de apelación es que el superior funcional del
juez de primera instancia examine la legalidad de su providencia y, tras dicho análisis,
la confirme, revoque o modifique. De esta finalidad se deriva la exigencia de
fundamentar el recurso, pues constituye la oportunidad procesal para que el apelante
exponga sus objeciones frente a la decisión recurrida10.
33. En relación con la carga de la argumentación en la apelación, el Consejo de
Estado también ha subrayado que no compete al juez suplir las obligaciones
procesales de las partes, pues ello comprometería su imparcialidad en el litigio. En
consecuencia, si una de las partes tiene algún reparo de la providencia de primera
instancia, puede impugnarla planteando al juez las razones por las que, a su juicio, se
debe reconsiderar la decisión adoptada11.
9 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de 2010,
proceso con radicado 25000-23-27-000-1999-00875-01 (15328).
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de 2010,
proceso con radicado 25000-23-27-000-1999-00875-01 (15328). En pronunciamiento reciente, esta Subsección
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00805-01 (3714-2021)
Demandante: Luis Guillermo Buelvas Amaya
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
34. De allí que la referida norma adjetiva de manera categórica circunscriba la
competencia del juez de segunda instancia «únicamente» a los reparos concretos
frente a la decisión proferida en primera, desde luego, «sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley», como lo aclara el artículo
328 del mismo estatuto procesal, o el artículo 187 del CPACA cuando a propósito del
contenido de la sentencia indica que «El silencio del inferior no impedirá que el
superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin
perjuicio de la no reformatio in pejus».
35. En consonancia con lo expuesto, el artículo 328 del CGP establece que la
competencia del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos
concretamente impugnados por el apelante. De esta disposición se deriva la exigencia
de que los argumentos expuestos en el recurso de apelación confronten directamente
los fundamentos sustanciales de la decisión de primera instancia, pues estos delimitan
el ámbito de revisión del juez de la alzada. En consecuencia, debe existir una conexión
inequívoca entre las razones que motivaron la decisión apelada y los motivos que
sustentan la impugnación.
36. Sobre este particular, esta Sección ha precisado que cuando los argumentos
planteados en el recurso de apelación se desvían del centro de la controversia resuelta
en la providencia de primera instancia, es decir, cuando no existe una conexión
sustancial con los presupuestos fácticos y jurídicos del asunto decidido, se configura
una apelación fallida. Tal situación conlleva la confirmación de la decisión impugnada,
manteniéndose incólume su contenido y efectos jurídicos12.
37. La misma situación se predica cuando se plantean de manera general
argumentos en la impugnación, sin que se aterricen los reproches contra la decisión
de primera instancia, es decir, cuando no se precisan los aspectos censurados ni se
exponen las razones que dan cuenta de los supuestos errores o imprecisiones en las
que incurrió el juez, lo que impide identificar los reparos concretos sobre los que debe
pronunciarse el superior funcional13.
38. Frente a escenarios como los expuestos, esta Sección ha considerado que
existe apelación fallida por el incumplimiento de las cargas mínimas que le asisten al
reiteró la obligación de las partes de sustentar los recursos: ver auto del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, del 8 de mayo de 2025, proceso con radicado
17001-23-33-000-2017-00331-02 (4352-2024).
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 21 de
marzo de 2025, proceso con radiado 25000-23-42-000-2020-00428-02 (5883-2023). Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2024, proceso
con radiado 47001-23-33-000-2018-00054-01 (2666-2020). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022, proceso con radiado
25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017).
13 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
auto del 14 de mayo de 2025, proceso con radicado 15001-23-33-000-2023-00301-01 (0942-2025). Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 3 de noviembre de 2022,
proceso con radicado 05001-23-33-000-2020-02434-01 (4065-2022).
9
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00805-01 (3714-2021)
Demandante: Luis Guillermo Buelvas Amaya
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
apelante de cara a la imposibilidad de revisar la decisión de primer grado 14, so pena
de desconocer el principio de imparcialidad.
39. Según lo expuesto, el juez que revisa una decisión en principio solo debe
analizar los aspectos impugnados. Si estos no se concretan, no puede en segunda
instancia pronunciarse sobre el fondo de la controversia, lo que trae como
consecuencia que la apelación sea fallida y la decisión inicial deba mantenerse
incólume15.
3.5. Caso concreto.
40. El señor Luis Guillermo Buelvas Amaya interpuso la presente demanda con el
propósito de obtener la anulación de la Resolución 323 del 26 de febrero de 2008 y los
oficios 416509 del 21 de julio y OFI 16-63994 del 18 de agosto, ambos de 2016, en
cuanto la entidad accionada omitió incluir en su pensión de jubilación todas las partidas
establecidas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, en particular las primas de
servicios y actividad; en consecuencia, solicitó el pago de dicho reajuste pensional, al
haberse vinculado con anterioridad a la Ley 100 de 1993, es decir, el 21 de abril de
1992, para luego en 1996 ser incorporado al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
y después en 1998, a la Dirección General de Sanidad Militar, como profesional
especializado código 3010 grado 16.
41. El Tribunal Administrativo de Bolívar, en la sentencia impugnada, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad
parcial de la mencionada Resolución 323 de 2008 y total del oficio OFI 16-63994 del
18 de agosto de 2016, y ordenó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, reliquidar
la pensión de jubilación del demandante con todos los factores salariales devengados
en el último año de servicios, establecidos en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990,
es decir, sueldo, prima de servicios y la duodécima parte de la prima de navidad, a
partir del 22 de octubre de 2007; y el pago de las respectivas diferencias desde el 8 de
agosto de 2012, por prescripción; con condena en costas a la parte vencida.
42. Como quedó reseñado en los antecedentes de la presente providencia, la
anterior decisión solo fue apelada por la apoderada del señor Luis Guillermo Buelvas
Amaya, lo que implicaba que el recurso debía circunscribirse solo a los argumentos del
fallo que le fueron desfavorables, máxime cuando en este se accedió a sus
pretensiones en forma parcial.
43. No obstante, revisado el escrito de apelación, se observa que la parte
demandante impugna el fallo, al estimar que fue denegatorio de todas las súplicas de
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 16 de
mayo de 2025, proceso con radicado 68001-23-33-000-2021-00319-01 (5386-2022). Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2021, proceso con
radicado 76001 23 33 000 2016 01266 01 (5266-2018). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, proceso con radicado 19001-23-33-000-
2013-00214-01.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de julio
de 2024, proceso con radicado 05001-23-33-000-2018-00159-02 (3607-2022).
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la demanda con imposición de la condena en costas en su contra. Además de ello, su
argumentación se cimienta a partir de dos problemas jurídicos que, según su dicho,
fueron fijados por el fallador, así:
(i) las razones por las cuales la BASE SALARIAL de la demandante debe ser ajustada
en tanto que su REGIMEN SALARIAL varió y al momento de finalizar su vinculación
laboral con la entidad demandada debía ser liquidada tomando en cuenta las escalas
salariales aplicables para el personal de la Rama Ejecutiva y (ii) Los motivos por los
cuales habiendo ingresado antes de la ley 100/93, SU REGIMEN PRESTACIONAL, es
el contenido en el Decreto 1214/90, y en razón a ello deben serle incluidas las partidas
computables reclamadas, las cuales se citan en el artículo 102 del Decreto 1214/90.
44. En relación con el primer punto planteado, trajo a colación aseveraciones para
sustentar la aplicación del régimen salarial fijado en la Ley 352 y en el Decreto 3062,
ambos de 1997, pese a no haber sido objeto de la demanda ni mucho menos del
estudio realizado por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar, toda vez que los
problemas jurídicos a decidir, de acuerdo con las súplicas del medio de control y como
se fijó en la audiencia inicial, fueron los siguientes:
¿Tiene derecho el demandante a que se reliquide su asignación de retiro incluyendo
como partidas computables la prima de servicios y la prima de actividad, conforme a lo
previsto en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990? Y en consecuencia declarar la
nulidad del acto demandado.
De ser afirmativa la respuesta al primer problema jurídico, la Sala deberá resolver el
siguiente cuestionamiento:
¿Determinar si existe prescripción del derecho reconocido al demandante en el
presente caso?
3.2.2. Tesis de la Sala
La Sala sustentará que el actor tiene derecho a que su pensión sea reliquidada
incluyendo la prima de servicio, de conformidad con el artículo 102 Decreto 1214 de
1990, teniendo en cuenta que al accionante le es aplicable esa normativa, considerando
que (i) era empleado público del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares incorporado
a la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y (ii) su vinculación
a la entidad demandada ocurrió antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993.
En cuanto al segundo problema jurídico, la Sala declarará la prescripción de las
diferencias de las mesadas pagadas y las que le correspondan en virtud de la
reliquidación pensional que se ordenará y que fueron causadas con anterioridad al 08
de agosto de 2012.
45. Adicionalmente, la Sala advierte que en el memorial de alzada la apoderada del
señor Luis Guillermo Buelvas Amaya adujo situaciones fácticas, como si concernieran
a la presente controversia, que en nada se relacionan con las de su poderdante, puesto
que en su mayoría atañen a una persona cuya vinculación laboral inició el 1.° de
octubre de 1987 y luego fue designada en un empleo del nivel asesor, para insistir en
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que debía accederse a unas pretensiones referentes al aludido reajuste salarial,
cuando, se reitera, no fue solicitado dentro del presente medio de control.
46. De la sentencia de primera instancia la Subsección encuentra evidente que el
examen normativo del asunto se contrajo al régimen prestacional del personal
vinculado al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, que luego fue incorporado a la
planta de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, en armonía con las
reglas fijadas en la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-19 del 12 de diciembre de
2019 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a partir de la cual el Tribunal
Administrativo de Bolívar concluyó que el señor Luis Guillermo Buelvas Amaya tenía
derecho a que se le calculara su pensión de jubilación de conformidad con el artículo
102 del Decreto 1214 de 1990.
47. Ahora bien, en lo relativo a las discrepancias sobre la reliquidación pensional, la
apoderada del señor Buelvas Amaya también partió del supuesto de que esa
pretensión le fue negada en su integridad; además de referirse a unos hechos
atañederos a una persona con vinculación desde el 15 de febrero de 1994 y a otra
desde el 1.° de octubre de 1987, designada posteriormente en un cargo del nivel
asesor, indistintamente, como si estos concernieran al presente litigio y hubieran sido
desestimados por el tribunal con desconocimiento de la normativa que la apelante
consideró que esa corporación debió aplicar.
48. Así mismo, para soportar ese reparo también se refirió al régimen salarial de los
empleados del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares para afirmar que el fallador
realizó una interpretación basado en una norma inexistente, «de una parte porque la
ley 1033/06 y los decretos 091 y 092 regularon únicamente temas de carrera
administrativa, sin adoptar pronunciamientos extensivos frente a la variación,
modificación o extinción del Régimen Salarial especial concebido desde la ley 352 y
decreto 3062/97», por lo que reiteró que era aplicable el Decreto 1214 de 1990; lo cual
dista de la realidad, ya que esta fue la normativa que sirvió de fundamento para acceder
de manera parcial a las pretensiones de la demanda.
49. En tal sentido, si bien la sentencia de primera instancia accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, el recurso de apelación se formuló a partir de una
errada apreciación acerca del sentido de la decisión del tribunal, al aducirse que esta
fue denegatoria de las súplicas del medio de control, por lo que no se efectuó reparo
alguno en relación con las razones que sustentaron la providencia impugnada, máxime
cuando se invocaron situaciones fácticas y algunas normas que no se avienen a las
del asunto tratado en el proceso. Por consiguiente, el recurso interpuesto carece de
congruencia, no solo respecto del fallo que se pretende sea revocado en su integridad,
sino en relación con el caso particular del señor Luis Guillermo Buelvas Amaya
sometido a juzgamiento.
50. Si en gracia de discusión se interpretara que la intención de la apoderada
recurrente era insistir en la inclusión de las partidas reclamadas como computables
para la pensión de jubilación, en todo caso, al reajuste de esta prestación se accedió
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parcialmente, para lo cual, contrario a la argumentación del recurso, el tribunal en nada
se refirió a la Ley 1033 de 2006 o a los decretos 91 y 92 de 2007, regulatorios del
sistema especial de carrera del sector defensa, pues dio aplicación a la normativa
invocada en la demanda y el escrito de alzada, esto es, a la Ley 352 y al Decreto 3062,
ambos de 1997, en armonía con la sentencia de unificación del 12 de diciembre de
2019 de esta corporación.
51. Así las cosas, se concluye que la apelación interpuesta por la parte accionante
resulta fallida, como quiera que los argumentos esbozados en el recurso no
representan reproches concretos y coherentes contra la justificación que desarrolló el
tribunal para acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, es decir, que no
existe relación directa, en términos de confrontación, entre el sustento del recurso de
apelación y las razones que fundamentan la decisión de primera instancia; además de
invocar algunos supuestos fácticos y normativos que no se avienen a la controversia
sometida a juzgamiento.
52. Lo mismo ocurre con la condena en costas, frente a la cual la apoderada del
señor Luis Guillermo Buelvas Amaya también pidió que fuera revocada, como si
hubiese sido impuesta en su contra, por lo que se sustenta sobre un supuesto de hecho
errado, toda vez que el Tribunal Administrativo de Bolívar condenó a la entidad
demandada frente a ese aspecto.
53. En este orden de ideas, lo anterior impide analizar, en el marco del recurso de
apelación, como se explicó en el acápite normativo y jurisprudencial de esta sentencia,
la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar por cuanto no existe reparo que la
censure de manera directa, concreta, clara y precisa. En consecuencia, se declarará
fallida la apelación interpuesta por la parte demandante y se dejará incólume la
sentencia de primera instancia.
3.6. Conclusión
54. La Subsección concluye que el recurso de apelación interpuesto por la
apoderada del señor Luis Guillermo Buelvas Amaya contra la sentencia de primera
instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones, carece de reproche directo y
coherente respecto de los motivos que fundamentaron esa decisión, por lo que la
apelación resulta fallida. Por consiguiente, se dejará incólume la decisión impugnada.
3.7. Costas
55. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario16 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
16 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
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Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
la Sala se abstendrá de imponer costas en esta instancia, dado que no se advierte
que se haya incurrido en las anteriores conductas.
3.8. Reconocimiento de personería
56. Mediante escrito presentado el 4 de junio de 202417, la apoderada del señor Luis
Guillermo Buelvas Amaya presentó sustitución de poder al abogado Joaquín Murcia
Melo, identificado con la cédula de ciudadanía 1.032.393.414 y portador de la tarjeta
profesional 406.320 del Consejo Superior de la Judicatura; en consecuencia, se le
reconocerá personería.
4. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Declarar fallida la apelación interpuesta por la apoderada del señor Luis
Guillermo Buelvas Amaya, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Declarar incólume la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar del 31 de julio de 2020, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo indicado en la parte motiva.
Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto: Reconocer personería al abogado Joaquín Murcia Melo, identificado con la
cédula de ciudadanía 1.032.393.414 y portador de la tarjeta profesional 406.320 del
Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la parte
demandante, para los efectos del poder que le fue sustituido y que obra a índice 19
de Samai.
Quinto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
17
Samai, índice 19.
14
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00805-01 (3714-2021)
Demandante: Luis Guillermo Buelvas Amaya
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En consecuencia,
conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a
través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
15
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