Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02664-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02664-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02664-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
26 de mayo de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiséis (26) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02664-00
Demandante: LUIS GUILLERMO BUELVAS AMAYA
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: MORA JUDICIAL PARA PROFERIR EL FALLO DE
SEGUNDA INSTANCIA. PROCESO DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada en el marco de
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho vulneró sus derechos constitucionales
fundamentales con ocasión de la demora para proferir el fallo de segunda instancia. La Sala
negará la acción de tutela frente a la presunta mora judicial en la expedición de la sentencia, por
cuanto la autoridad judicial demandada ha desplegado las gestiones necesarias para adelantar
todas las etapas del proceso y no se advierte un retardo injustificado.
La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela1 presentado por el señor Luis
Guillermo Buelvas Amaya en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado para la protección de sus derechos fundamentales del debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos
13, 29 y 229 de la Carta Política, con ocasión de la supuesta tardanza en la expedición
del fallo de segunda instancia.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1 La acción de tutela fue presentada el 6 de mayo de 2025, índice 2, Samai.
2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02664-00
Demandante: Luis Guillermo Buelvas Amaya
Acción de tutela
1) El 11 de marzo de 2016, el señor Luis Guillermo Buelvas Amaya presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de
obtener la reliquidación de su pensión de jubilación.
2) El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Bolívar2 quien,
el 31 de julio de 2020, negó las pretensiones de la demanda, decisión contra la cual el
demandante presentó recurso de apelación el 8 de septiembre de 2020.
3) El 3 de noviembre de 2020 se declaró fallida la audiencia de conciliación de que trata
el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y se concedió la apelación en el efecto suspensivo
ante el Consejo de Estado.
4) El 7 de abril de 2022, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
admitió el recurso.
5) Por auto del 8 de septiembre de 2022 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y, el 1 de diciembre de 2022, el proceso ingresó al despacho para fallo.
6) El 6 de diciembre de 2023, el 31 de octubre y 2 de noviembre de 2024, radicó
solicitudes de impulso procesal, en la medida que no se ha proferido el fallo de segunda
instancia.
2. El fundamento de la vulneración
El demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia con
ocasión de la tardanza para proferir la sentencia de segunda instancia en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
La prolongada mora judicial en la resolución del recurso de apelación ha afectado
directamente sus derechos fundamentales pues, es una persona de la tercera edad que
ostenta el estatus de sujeto de especial de protección.
2 Proceso con radicación no. 13001-23-33-000-2017-00805-00/01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02664-00
Demandante: Luis Guillermo Buelvas Amaya
Acción de tutela
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“1. Se reconozca el derecho fundamental mío AL DEBIDO PROCESO, DE
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA IGUALDAD al cual
tengo derecho en virtud de los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución política.
2. Que se dé respuesta o decisión judicial en un plazo razonable para que el
accionado, proceda a resolver dentro del proceso, el recurso de apelación
presentado, en el radicado no. 13001233300020170080501.”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI- índice 2, mayúsculas y
negrillas del original).
4. Actuación procesal
Mediante auto de 8 de mayo de 2025 (índice 4, Samai), se admitió el proceso de acción
de tutela y se ordenó la notificación del presidente y de los magistrados integrantes de
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del secretario (a) de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y del director de Sanidad Militar de las fuerzas
militares, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.
5. Actuación de las autoridades demandadas
La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado3 allegó el link del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo, no se pronunció frente a las
pretensiones de la acción de tutela.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado4, después de hacer una
relación de las actuaciones surtidas en el expediente, manifestó que no ha vulnerado los
derechos fundamentales invocados, en atención a que el proceso se ha impulsado de
manera diligente.
3 Índice 10, Samai.
4 Índice 9, Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02664-00
Demandante: Luis Guillermo Buelvas Amaya
Acción de tutela
La Dirección de Sanidad Militar de las Fuerzas Militares5 solicitó su desvinculación del
proceso, en la medida que los hechos y pretensiones van dirigidos a que el Consejo de
Estado resuelva de fondo un recurso de apelación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se
protejan los derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia presuntamente vulnerados con ocasión de la tardanza para
5 Índice 13, Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02664-00
Demandante: Luis Guillermo Buelvas Amaya
Acción de tutela
proferir el fallo de segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
La Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares solicitó que se le desvinculara de la
acción de tutela, debido a que no le asiste responsabilidad alguna por la presunta
vulneración de los derechos invocados por el demandante pues las pretensiones van
dirigidas en contra del Consejo de Estado.
Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación
en consideración a que dicha autoridad fue vinculada como tercero con interés, debido
a que actuó como parte demandada en el proceso ordinario.
En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala negará el amparo invocado,
por las razones que procederán a exponerse:
2.1 La mora judicial
En cuanto a la mora, la Sala debe afirmar que, en diferentes oportunidades, la Corte
Constitucional6 resaltó la importancia de que los jueces dicten las providencias dentro de
los términos legales con el fin de evitar que se vulneren los derechos fundamentales del
debido proceso y del acceso a la administración de justicia.
Sin embargo, también señaló que, en la mayoría de los casos el incumplimiento de los
términos procesales no es imputable a las actuaciones de los funcionarios judiciales, sino
a las dificultades que debe afrontar la Rama Judicial por el exceso de carga laboral o de
congestión judicial y la complejidad de los asuntos, entre otras, lo cual justifica, de cierto
modo, el retardo para adelantar alguna actuación.
En esa medida, se ha dicho que para establecer si una dilación es o no injustificada es
preciso tener en cuenta i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del
interesado, iii) la conducta de las autoridades judiciales y iv) el análisis global del
procedimiento.
6 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, sentencia T-052 de 22 de febrero de 2018,
6
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02664-00
Demandante: Luis Guillermo Buelvas Amaya
Acción de tutela
Por su parte, el Consejo de Estado7 manifestó que existen condiciones estructurales en
la Rama Judicial no imputables a los jueces que producen congestión y lentitud en los
despachos que dificultan la resolución oportuna de los asuntos.
En conclusión, todo ciudadano tiene derecho a una pronta y oportuna resolución de sus
solicitudes; por lo cual, para que se estructure una violación del derecho fundamental del
debido proceso u otro por el incumplimiento de los términos judiciales resulta
imprescindible analizar i) si no existe un motivo razonable que justifique dicha demora y
ii) si la tardanza es imputable a la dilación en el cumplimiento de las funciones por parte
de la autoridad judicial.
2.2 Inexistencia de una mora judicial injustificada en el caso concreto
1) El demandante sostuvo que, si bien han transcurrido más de 24 meses desde que
presentó el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, a la
fecha no se ha proferido el fallo correspondiente.
2) No obstante, una vez analizados los medios de prueba aportados al expediente y
efectuada la revisión del proceso en el Sistema de Consulta de Procesos de la Rama
Judicial -SAMAI, esta Sala constató las siguientes actuaciones que se surtieron con
posterioridad a la presentación del recurso de apelación en contra del fallo de primera
instancia:
• El 3 de noviembre de 2020 se declaró fallida la audiencia de conciliación de que trata
el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y se concedió el recurso de apelación en el efecto
suspensivo ante el Consejo de Estado.
• El 7 de abril de 2022, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
admitió el recurso.
• Por auto del 8 de septiembre de 2022 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión.
• El 1 de diciembre de 2022, el proceso ingresó al despacho para fallo.
7 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicación: 11001-03-15-000-2014-01444-
00. MP Jorge Octavio Ramírez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02664-00
Demandante: Luis Guillermo Buelvas Amaya
Acción de tutela
3) De acuerdo con lo expuesto, para esta Sala resulta claro que, si bien no se ha
proferido una decisión de fondo en el asunto, ello no puede catalogarse como una
omisión caprichosa o negligente atribuible a una supuesta dilación de la autoridad judicial
demandada pues, se comprobó que se han adelantado las actuaciones tendientes a
tramitar el proceso, sin que se le pueda atribuir la tardanza en las gestiones a su cargo,
aunado a la alta congestión judicial por la que atraviesan los despachos del país, lo cual
descarta, en casos como este, una supuesta mora judicial, puesto que, contrario a lo
señalado por el demandante, no revela una falta de diligencia y cuidado de la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
4) Además, se debe precisar que, si bien el proceso ya se encuentra al despacho para
proferir sentencia, esta se deberá dictar en estricto orden de llegada.
5) En esa medida, la Sala considera que no se configura una mora judicial, por cuanto la
autoridad judicial demandada ha desplegado las gestiones necesarias para adelantar
todas las etapas del proceso y no se advierte un retardo injustificado atribuible a la
autoridad judicial accionada.
6) Ahora bien, en cuanto el argumento relacionado con el estatus de sujeto de especial
protección del demandante, la Sala no evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues,
a partir del análisis del acervo probatorio, no es posible establecer que el señor Buelvas
Amaya se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables, improrrogables e inmediatas para la protección de
sus derechos fundamentales.
7) Si bien el actor afirmó que es una persona de la tercera edad y la Sala no desconoce
las dificultades que su avanzada edad puede acarrear; sin embargo, las condiciones que
refiere no resultan suficientes, por sí solas, para que el juez de tutela pueda ordenar una
prelación en el turno para fallo sin tener en cuenta los derechos de terceros que pueden
encontrarse en situaciones similares o incluso más apremiantes que las señaladas por
la parte actora, máxime cuando tampoco acreditó que padezca de quebrantos de salud
ni que carezca de medios económicos para sufragar sus gastos y que comprometa su
mínimo vital o las condiciones para su subsistencia mínima.
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8) Bastan las anteriores consideraciones para concluir que no existe vulneración alguna
de los derechos fundamentales del demandante que sea susceptible de amparo por la
vía de tutela.
9) En consecuencia, la Sala negará la acción de tutela frente a la presunta mora judicial
para proferir la sentencia de segunda instancia, por las razones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1º) Niégase el amparo invocado por la parte demandante, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección de Sanidad de las
Fuerzas Militares, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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