Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01624-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01624-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-01624-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01624-02 (0160-2026)
Demandante: Mayerling López Echeverri
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Justicia Penal Militar. Reiteración
jurisprudencial. Subtema: apelación fallida.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, el 21 de
octubre de 2025, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Síntesis del caso
Mayerling López Echeverri solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un componente
mensual adicional al salario básico, así como el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales y prestacionales. El Tribunal, en primer lugar, declaró la falta
de agotamiento de la actuación administrativa frente a la pretensión de reliquidación
y pago de las prestaciones sociales con base en el 100% del salario devengado,
incluida la suma correspondiente al 30% del sueldo básico que la entidad accionada
le reconocía bajo la denominación de prima especial. De otro lado, declaró la nulidad
del acto administrativo acusado, mediante el cual la entidad demandada negó a la
demandante el reconocimiento y pago de la prima especial. Igualmente, ordenó a la
accionada efectuar la reliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones, tomando como base de liquidación el 30% equivalente a la
prima especial, conforme a la normativa y jurisprudencia vigente.
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01624-02 (0160-2026)
Demandante: Mayerling López Echeverri
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Mayerling López Echeverri, mediante apoderado judicial, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, el 9 de junio de 20171,
con las siguientes:
2.1.1. Pretensiones:
i. Declarar la nulidad del acto administrativo núm. 20173170284561 del 22 de
febrero de 2017, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional,
por medio del cual se le negó a la demandante el reconocimiento y pago de la prima
especial del 30% como una adición a su salario básico mensual, prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
ii. Ordenar a la entidad demandada reconocer, liquidar y pagar la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, desde la fecha de su vinculación, el
13 de octubre de 2009, hasta la ejecutoria de la sentencia, y disponer que dicho
emolumento continúe pagándose mientras ejerza como juez penal militar.
iii. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional a reliquidar,
reconocer y pagar el valor de las diferencias salariales y prestacionales existentes
entre lo liquidado y pagado por la administración con base en el 70% de la
remuneración básica mensual y lo que corresponda al reliquidar la totalidad de las
prestaciones sociales, tomando como base de liquidación el 100% de dicha
remuneración básica mensual.
iv. Ordenar a la accionada el pago de la indexación del dinero adeudado, así
como el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).
2.1.2. Hechos
2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso los que la
Sala resume a continuación2:
i. La Señora Mayerling López Echeverri fue designada como Juez de
Instrucción Penal Militar con sede en Lorandia, departamento de Caquetá mediante
Resolución núm. 263 del 13 de octubre de 2009.
1 Cuaderno físico, folio 22.
2 Cuaderno físico, folios 1 al 22.
2
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01624-02 (0160-2026)
Demandante: Mayerling López Echeverri
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
ii. Posteriormente, a través de Resolución núm. 322 del 4 de octubre de 2010,
la demandante asumió funciones como Juez 24 de Instrucción Penal Militar, adscrita
a la sede de Bello, Antioquia.
iii. Luego, a través de la Resolución núm. 267 del 9 de mayo de 2013, fue
designada como Juez 53 de Instrucción Penal Militar, con sede en Cartago, Valle.
iv. Con posterioridad, mediante Resolución núm. 200 del 6 de abril de 2016, se
dispuso su nombramiento en el cargo de Juez 30 de Instrucción Penal Militar con
sede en Carepa, Antioquia.
v. El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992 la cual en su artículo
14 determinó que el Gobierno nacional establecería una prima no inferior al 30% ni
superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados
de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, los agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial
y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, con
excepción de quienes optaran por la escala de la Fiscalía General de la Nación, con
efectos a partir del 1 de enero de 1993.
vi. Refirió que una vez revisadas las certificaciones expedidas por el Ministerio
de Defensa correspondientes a las vigencias de 2009 hasta 2017, no se observa el
pago de la prima especial ordenada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, razón
por la cual, insistió se le adeuda dicha prima desde la fecha de su vinculación, esto
es, 13 de octubre de 2009.
vii. La demandante solicitó el 16 de febrero de 2017 ante el Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional el reconocimiento y pago de la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la correspondiente indexación desde
la fecha de su nombramiento como juez de instrucción penal militar hasta el
momento en que termine su función en dicho cargo. Igualmente, pidió el
reconocimiento de la prima legal establecida en el artículo 306 del Código
Sustantivo del Trabajo, por cuanto, a su juicio, la entidad demandada únicamente le
reconoció dicha prestación con fundamento en el rango militar ostentado, sin
atender al cargo ni a las funciones efectivamente desempeñadas.
viii. Mediante Oficio 20173170284561: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-
COPER-DIPER-1.10 del 22 de febrero de 2017 la entidad demandada le informó lo
siguiente: «no es posible atender de manera favorable a lo solicitado toda vez que
la prima especial sin carácter salarial reconocida al personal de la Justicia Penal
Militar, en servicio activo que desempeñen cargos en el Ministerio de Defensa
Nacional, se presupuesta conforme a los parámetros establecidos por el Ministerio
de Defensa en el Sistema de Captura de Nómina contemplados en la Directiva
Ministerial Permanente No. 16 de 2008 así:
3
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01624-02 (0160-2026)
Demandante: Mayerling López Echeverri
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
SUELDO BÁSICO AÑO 2015 3.812.637,00
PRIMA ESPECIAL SIN CARÁCTER SALARIAL JPM 30% 1.143.791,00
(No inferior al 30% del salario básico mensual)»
También indicó que no es posible acceder a la indexación de las sumas
de dineros, dado que se han realizado los pagos correspondientes así:
SUELDO BÁSICO AÑO 2015 3.812.637,00
1/12 Bonificación por servicios prestados (35% sueldo básico) 111.201,91
PRIMA DE SERVICIOS AÑO 2015 1.961.919,46
[…]».
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución
Política artículos 1 ,2, 3, 6, 13, 25, 29, 53, 83, 89,121,123, 209, 217, 220, 228, 229
y 230; el CPACA artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9,10, 36, 88,103,104,106,138 y 206; Ley 4ª
de 1992 artículos 1, 2, 3, 14; Ley 332 de 1996 artículo 1; el Código Sustantivo del
Trabajo artículos 13,14,21,132, 306 y 340.
4. De igual manera afirmó que se desconocieron las sentencias proferidas por
el Consejo de Estado en los procesos radicados a los números 1100-03-25-000-
2007-00087-00 del 29 de abril de 2014 y 73001-23-31-000-2011-00102-02 del 2 de
septiembre de 2015.
5. En el concepto de violación, la actora argumentó que, de acuerdo con la
normativa vigente, tiene derecho a recibir la prima especial prevista en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992. Esta afirmación la sustentó en que cumple con las condiciones
de hecho y de derecho que han sido reconocidas previamente por esta Corporación
en decisiones judiciales similares. En dichas sentencias, se ha concedido el mismo
beneficio a otros solicitantes que se encontraban en condiciones análogas a las
suyas, lo que refuerza la legitimidad de su pretensión.
2.2. Contestación de la demanda
6. El Ministerio de Defensa Nacional3 se opuso a todas las pretensiones
formuladas en la demanda e indicó que la normatividad define la prima especial
como el equivalente al 30% de la asignación básica, más no como un factor cuyo
cálculo deba efectuarse sobre dicho porcentaje. Sostuvo, además, que el 30% de
la asignación básica correspondía a la prima especial y que el 70% restante al
salario, de conformidad con lo establecido en los decretos salariales que regularon
dicho emolumento.
3
Cuaderno físico, folios 175 al 192.
4
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01624-02 (0160-2026)
Demandante: Mayerling López Echeverri
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
7. Formuló como excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva;
(ii) inactividad injustificada del interesado, prescripción de derechos laborales; (iii)
inexistencia de ilegalidad o nulidad del acto administrativo demandado; (iv)
presunción de legalidad del acto acusado.
2.3. Sentencia de primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, dictó sentencia el
21 de octubre de 20254, en la cual dispuso:
PRIMERO. – DECLARAR la falta de agotamiento de la actuación administrativa
respecto de la pretensión de reliquidación y pago de las prestaciones sociales con
el 100% del salario devengado, esto es, con la inclusión del 30% del sueldo básico
que la Administración tuvo como prima especial, de conformidad con las razones
expuestas. En consecuencia, se INHIBE de pronunciarse al respecto.
SEGUNDO. – DECLARAR NO probadas las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva, inexistencia de legalidad o nulidad de los actos administrativos
demandados y de presunción de legalidad, propuestas por la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL
MILITAR (Hoy UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL
MILITAR Y POLICIAL), dentro de la demanda instaurada por la señora MAYERLING
LÓPEZ ECHEVERRI, tal como se indicó.
TERCERO. - DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de las
sumas causadas con anterioridad al 16 de febrero de 2013, tal como se motivó en
la presente decisión, con excepción de los aportes a la seguridad social en
pensiones.
CUARTO. - INAPLICAR para el caso concreto, los Decretos que regularon el
régimen salarial de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar, concretamente el
artículo 8 de los Decretos 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y en adelante,
en los que se reproduzca que el 30% del salario básico constituye la prima especial
y mientras se continúe desempeñando como Juez de Instrucción Penal Militar o
similar, conforme lo señalado en la sentencia.
QUINTO. - DECLARAR la nulidad del Oficio Radicado No. 20173170284561:
MDNCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 22 de febrero de
2017 mediante el cual se negó la petición elevada por la parte actora, tal como se
motivó.
SEXTO. - A modo de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA PENAL
MILITAR (Hoy UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL
MILITAR Y POLICIAL)
a) Reliquidar y pagar a la CT MAYERLING LÓPEZ ECHEVERRI la prima
especial de servicios del 30% de que trata el artículo 14 de Ley 4ª de 1992
como adición al salario, desde el 16 de febrero de 2013 y mientras
permanezca en el servicio en el cargo de Juez de Instrucción Penal Militar o
similar, devengando la denominada prima especial, sin que en ningún caso
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el
cargo correspondiente.
4 Samai, Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 026Sentencia.
5
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01624-02 (0160-2026)
Demandante: Mayerling López Echeverri
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Lo anterior únicamente hasta el 31 de diciembre de 2020, pues de
conformidad con el Decreto 272 de 2021, la prima especial de servicios se
reconoce como adición al salario. Ello siempre y cuando la entidad haya
dado cumplimiento al Decreto, pues de lo contrario continuará el pago
ordenado.
b) Se ordena a la entidad demandada a reliquidar y pagar los aportes en
Seguridad Social en Pensiones del demandante, teniendo como ingreso
base de liquidación el 30% correspondiente a la prima especial desde la
vinculación al cargo que le confiere el derecho y por el tiempo que lo haya
ejercido y/o siga ejerciendo. El pago de las diferencias por concepto de tales
aportes deberá ser asumido tanto por el empleador como por la accionante
en las proporciones de ley y remitirse al fondo de pensiones respectivo. El
anterior reconocimiento se condiciona a que en ningún caso se podrá
superar el tope salarial impuesto por el Gobierno Nacional.
c) Todas las sumas resultantes de esta condena serán ajustadas en su valor
de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, aplicando para
el efecto la fórmula matemática financiera indicada en la parte motiva de esta
providencia.
[…]
NOVENO. - Sin costas en esta instancia procesal, tal como se expuso.
[…]5
9. Sostuvo que la demandante hace parte de las fuerzas militares y por tanto en
materia salarial está regida por los decretos 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de
2014, 1105 de 2015, 234 de 2016, 1003 de 2017, 338 de 2018, 997 de 2019, 301
de 2020, entre otros.
10. Refirió, en lo que respecta a la orden de reliquidar, reconocer y pagar el valor
de las diferencias salariales y prestacionales, existentes entre lo liquidado y pagado
hasta ahora por la administración con el 70% de la remuneración básica mensual y
la reliquidación de todas las prestaciones sociales teniendo como base de
liquidación el 100% de lo devengado mensualmente, que la demandante no agotó
la actuación ante la accionada. Por consiguiente, se inhibió de pronunciarse frente
a dicha pretensión.
11. Ahora bien, frente al reconocimiento y pago de la prima especial, consideró
que le asiste derecho a la demandante a su reconocimiento como un incremento
adicional del salario básico, sin que supere el máximo fijado por el Gobierno
nacional. En este sentido, accedió a la misma y al realizar el estudio de la
prescripción, citó el artículo 174 del Decreto 1211 de 19906, en el que se indicó que
los derechos establecidos en dicho estatuto prescriben en cuatro años, los cuales
se contarán a partir de la fecha en que se hicieron exigibles. Por tal razón, señaló:
5 Se transcribe con errores de texto.
6 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares».
6
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Demandante: Mayerling López Echeverri
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
«[…] en relación con la prescripción especial aplicable en el presente caso,
se tiene que la petición de la CT LÓPEZ ECHEVERRI fue radicada en la
entidad el 16 de febrero de 2017 según consta a folio 25 del expediente físico,
lo que implica que se encuentran prescritas las sumas causadas con
anterioridad al 16 de febrero de 2013. Además, la demanda fue interpuesta
el 09 de junio de 2017 (fl. 22) es decir, dentro del término legal, sí se declarará
PARCIALMENTE probada la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, […]7».
12. Igualmente, dispuso que la demandante tiene derecho a la reliquidación y
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, por tratarse de
un derecho imprescriptible, el cual deberá liquidarse desde la vinculación al cargo
que le confiere el derecho y por el tiempo en que lo ejerza.
13. A modo de restablecimiento del derecho, ordenó el reconocimiento y pago
de la prima especial correspondiente al 30% como adición al salario, a favor de la
demandante desde el 16 de febrero de 2013 y mientras permanezca en el cargo
que le otorga el beneficio. Asimismo, ordenó su reliquidación hasta el 31 de
diciembre de 2020 de conformidad con lo previsto en el Decreto 272 de 2021.
2.4. Recurso de apelación
14. La apoderada de la entidad demandada solicitó8 que se revoque el fallo de
primera instancia, y en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.
15. Manifestó que la prima especial prevista en la Ley 4ª de 1992 no tiene
carácter salarial, lo que significa que ese porcentaje no constituye factor para la
liquidación de las prestaciones sociales. En este sentido, afirmó que, a la actora, desde
su vinculación con su representada, se le han liquidado las prestaciones sociales en
cumplimiento de la normativa.
16. Refirió que el acto acusado carece de falsa motivación. Para sustentar tal
afirmación, acudió a la sentencia del 29 de abril de 2014 proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró
la nulidad de los artículos 7 del Decreto 57 de 1993 y 8 del Decreto 874 de 2012. Al
respecto, precisó que dicha providencia fue proferida dentro del medio de control de
simple nulidad, por lo cual sus efectos son de carácter declarativo. En consecuencia,
indicó que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter general
produce efectos ex tunc9, sin que ello implique la afectación de situaciones jurídicas
individuales y concretas. Por lo anterior, concluyó que el acto demandado se ajusta al
ordenamiento jurídico, de modo que corresponde a esta jurisdicción determinar si la
accionante tiene derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales, con inclusión
del porcentaje del treinta por ciento 30 % reconocido como prima especial.
17. Agregó que la demandante pretende el reajuste de sus prestaciones sociales
7 Se transcribe con errores de texto.
8 Samai, Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 029.
9 Desde su existencia.
7
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01624-02 (0160-2026)
Demandante: Mayerling López Echeverri
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
mediante la inclusión del treinta por ciento 30% correspondiente a la prima especial,
desde el 13 de octubre de 2009 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia,
pretensión que, a su juicio, no está llamada a prosperar por carecer de sustento
legal.
18. De igual forma, reiteró que la prima especial no ostenta carácter salarial,
salvo para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. En tal sentido,
insistió en que no resulta procedente su cómputo para la reliquidación de las
prestaciones sociales, razón por la cual solicitó la revocatoria de la sentencia de
primera instancia.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
19. Mediante auto del 16 de febrero de 202610, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de
primera instancia. Asimismo, dispuso que, una vez agotadas las notificaciones al
procurador delegado y a las partes, el expediente ingresara para fallo, salvo que se
solicitara la práctica de pruebas.
20. Se advierte que, en esta instancia, ni las partes ni el Ministerio Público
realizaron manifestación o pronunciamiento alguno.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
21. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde
el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
22. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
presentado por la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional contra
la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, corresponde a la Sala definir si ¿se está frente a una apelación fallida?
23. Lo anterior, en la medida en que el Tribunal declaró la falta de agotamiento
de la actuación administrativa respecto de la pretensión de reliquidación y pago de
las prestaciones sociales con base en el ciento por ciento 100 % del salario
devengado, esto es, con la inclusión del treinta por ciento 30 % del sueldo básico
que la administración reconoció como prima especial.
24. No obstante, advierte la Sala que el argumento central del recurrente se
10 Samai, índice 5.
8
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01624-02 (0160-2026)
Demandante: Mayerling López Echeverri
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
funda en que, desde su creación, a la prima especial no se le otorgó carácter
salarial, razón por la cual —en su criterio— no resulta procedente tener dicho
porcentaje en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales, tal como lo
pretende la demandante.
3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial sobre la apelación fallida
25. El artículo 320 de la Ley 1564 de 2012, establece que el recurso de apelación
tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, «únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante».
26. En concordancia con lo expuesto, la jurisprudencia de esta corporación ha
establecido que el propósito del recurso de apelación es que el superior funcional
del juez de primera instancia examine la legalidad de su providencia y, tras
dicho análisis, la confirme, revoque o modifique. De esta finalidad se deriva la
exigencia de fundamentar el recurso, pues constituye la oportunidad procesal para
que el apelante exponga sus objeciones frente a la decisión recurrida11.
27. En relación con la carga de la argumentación en la apelación, el Consejo de
Estado también ha subrayado que no compete al juez suplir las obligaciones
procesales de las partes, pues ello comprometería su imparcialidad en el litigio. En
consecuencia, si una de las partes tiene algún reparo de la providencia de primera
instancia, puede impugnarla planteando al juez las razones por las que, a su juicio,
se debe reconsiderar la decisión adoptada12.
28. De allí que la referida norma adjetiva de manera categórica circunscriba la
competencia del juez de segunda instancia, «únicamente» a los reparos concretos
frente a la decisión proferida en primera, desde luego, «sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley», como lo
aclara el artículo 328 del mismo estatuto procesal, o el artículo 187 del CPACA
cuando a propósito del contenido de la sentencia indica que:
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la
no reformatio in pejus.
29. En consonancia con lo expuesto, el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012
establece que la competencia del juez de segunda instancia se circunscribe a los
aspectos concretamente impugnados por el apelante. De esta disposición se deriva
la exigencia de que los argumentos expuestos en el recurso de apelación confronten
directamente los fundamentos sustanciales de la decisión de primera instancia, pues
estos delimitan el ámbito de revisión del juez de la alzada. En consecuencia, debe
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de
2010, Rad. 25000 23 27 000 1999 00875 01(15328), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
12 Ibidem. En pronunciamiento reciente, esta Subsección reiteró la obligación de las partes de sustentar los
recursos: ver auto del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, del 8 de mayo de 2025, Rad. 17001-23-33-000-2017-00331-02 (4352-2024).
9
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01624-02 (0160-2026)
Demandante: Mayerling López Echeverri
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
existir una conexión inequívoca entre las razones que motivaron la decisión apelada
y los motivos que sustentan la impugnación.
30. Sobre este particular, esta Sección ha precisado que cuando los argumentos
planteados en el recurso de apelación se desvían del centro de la controversia
resuelta en la providencia de primera instancia, es decir, cuando no existe una
conexión sustancial con los presupuestos fácticos y jurídicos del asunto decidido,
se configura una apelación fallida. Tal situación conlleva a la confirmación de la
decisión impugnada, manteniéndose incólume su contenido y efectos jurídicos13.
31. La misma situación se predica cuando se plantean de manera general
argumentos en la impugnación, sin que se aterricen los reproches contra la decisión
de primera instancia, es decir, cuando no se precisan los aspectos censurados ni
se exponen las razones que dan cuenta de los supuestos errores o imprecisiones
en las que incurrió el juez, lo que impide identificar los reparos concretos sobre los
que debe pronunciarse el superior funcional14.
32. Frente a escenarios como los expuestos, esta Sección ha considerado que
existe apelación fallida, por el incumplimiento de las cargas mínimas que le asisten
al apelante de cara a la imposibilidad de revisar la decisión de primer grado 15, so
pena de desconocer el principio de imparcialidad.
33. Según lo expuesto, el juez que revisa una decisión en principio solo debe
analizar los aspectos impugnados. Si estos no se concretan, no puede en segunda
instancia pronunciarse sobre el fondo de la controversia, lo que trae como
consecuencia que la apelación sea fallida y la decisión inicial deba mantenerse
incólume16.
3.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
34. En el presente asunto se advierte que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Transitoria, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró
la nulidad del oficio radicado No. 20173170284561: MDNCGFM-COEJC-SECEJ-
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 21 de
marzo de 2025, Rad. 25000-23-42-000-2020-00428-02 (5883-2023). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2024, Rad.
47001233300020180005401 (2666-2020), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022, Rad.
25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017), M.P. William Hernández Gómez.
14 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, auto del 14 de mayo de 2025, Rad. 15001-23-33-000-2023-00301-01 (0942-2025), M.P. Juan Camilo Morales
Trujillo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del
3 de noviembre de 2022, Rad. 05001-23-33-000-2020-02434-01 (4065-2022), M.P. William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 16 de
mayo de 2025, Rad. 68001-23-33-000-2021-00319-01 (5386-2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero
de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2021, Rad. 76001 23 33 000 2016 01266 01
(5266-2018), M.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, expediente
19001233300020130021401. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de
julio de 2024, Rad. 05001 23 33 000 2018 00159 02 (3607-2022).
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-01624-02 (0160-2026)
Demandante: Mayerling López Echeverri
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 22 de febrero de 2017, expedido por el Ministerio
de Defensa Nacional, Ejército Nacional, mediante el cual dio respuesta a la
reclamación presentada por la demandante en sede administrativa, en la que de
manera expresa solicitó:
1. PRIMA ESPECIAL: Una vez revisadas las certificaciones laborales
expedidas por el MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL-JEFATURA
DE DESARROLLO HUMANO- DIRECCIÓN DE PERSONAL y comparadas con lo
que ordena el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, advertimos que la Doctora Mayerling
López Echeverri, identificada con C.C No. 43.986.332 de Medellín desde que
empezó a fungir como Juez de Instrucción Penal Militar a la fecha de radicación de
este derecho de petición, no se le ha dado cumplimiento al pago de la prima especial
(de entre el 30% y el 60% del salario básico) que habla la citada Ley.
En consecuencia, solicito respetuosamente se le dé la aplicación legal
correspondiente, es decir, reconocimiento, liquidación y pago del capital,
correspondiente a la prima especial, dejado de devengar y la indexación del mismo
desde la fecha de su nombramiento como Juez de Instrucción Penal Militar, hasta
el momento en que termine como Juez de Instrucción Penal Militar.
2. PRIMA LEGAL: Revisadas las certificaciones de pago de la prima legal
(Código Sustantivo del Trabajo, artículo 306) de la doctora Mayerling López
Echeverri identificada con C.C No. 43.986.332 de Medellín, vemos que existe una
diferencia o irregularidad, en el pago de la prima legal en donde el Ministerio de
Defensa Nacional le paga a los militares el valor correspondiente a su rango de
militar y no a la función desempeñada por el militar, que en este caso concreto, es
la de Juez de Instrucción Militar, debiendo el Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército pagar la prima legal de acuerdo con su función.
[…]17.
35. El Tribunal declaró la falta de agotamiento de la actuación administrativa
respecto a la pretensión de reliquidación y pago de las prestaciones sociales con
base en el 100% del salario devengado, esto es, con la inclusión del 30% del sueldo
básico que la administración reconoció como prima especial, al considerar que dicha
solicitud no fue formulada ante la entidad demandada en sede administrativa. Por
consiguiente, se inhibió de emitir pronunciamiento de fondo sobre ese aspecto.
36. Adicionalmente, ordenó a la entidad demandada a reconocer y pagar a favor
de la demandante la prima especial equivalente al 30% como adición al salario, a
partir del 16 de febrero de 2013 por prescripción cuatrienal, y durante el tiempo que
permanezca en el cargo que genera el derecho, así como efectuar su reliquidación
como adición al salario conforme a los términos del Decreto 272 de 202118. Además,
condenó a la accionada a reliquidar y pagar los aportes al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones, teniendo como base de liquidación el 30% correspondiente a
la prima especial.
17 Se transcribe con errores de texto.
18 Hasta el 31 de diciembre de 2020.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-01624-02 (0160-2026)
Demandante: Mayerling López Echeverri
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
37. Inconforme con la decisión adoptada por el fallador de primera instancia, la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional interpuso recurso de apelación al
considerar que el Tribunal efectuó una interpretación errada del régimen jurídico
aplicable a la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. En
criterio de la entidad recurrente, dicha prima no ostenta carácter salarial y, en
consecuencia, no resulta procedente su cómputo para la liquidación de las
prestaciones sociales. En ese sentido, sostuvo que su representada ha efectuado
la liquidación de las prestaciones a favor de la demandante en estricto acatamiento
de la normativa vigente, razón por la cual solicitó la revocatoria de la sentencia
apelada.
38. Conviene destacar que, al sustentar el recurso de alzada, la entidad
demandada insistió en controvertir la pretensión relacionada con el reajuste de las
prestaciones sociales, mediante la aplicación del treinta por ciento 30 %
correspondiente a la prima especial desde la fecha de vinculación de la demandante
y hasta la ejecutoria de la sentencia. No obstante, dicha pretensión fue
expresamente excluida del estudio de fondo por el Tribunal, en tanto declaró la falta
de agotamiento de la actuación administrativa, al constatar que tal solicitud no fue
formulada ni debatida en sede administrativa ante la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional. Por tal razón, el fallador de primera instancia se inhibió de emitir
pronunciamiento sobre ese extremo del litigio.
39. En este contexto, del examen integral del recurso de apelación se advierte que
los argumentos expuestos por la entidad accionada no guardan correspondencia
con lo efectivamente resuelto en la sentencia de primera instancia. En efecto, la
controversia decidida por el Tribunal se circunscribió al análisis de la legalidad del
acto administrativo que negó el reconocimiento de la prima especial y, como
consecuencia del restablecimiento del derecho, se ordenó a la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional reconocer y pagar la prima especial equivalente
al treinta por ciento 30 % prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en calidad
de adición al salario, a partir del 16 de febrero de 2013, en aplicación de la
prescripción cuatrienal, y durante el tiempo en que la demandante permanezca en
el cargo que genera el derecho.
40. De igual manera, el juez dispuso la reliquidación y pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones a favor de la actora, teniendo como
ingreso base de liquidación el 30% correspondiente a la prima especial, desde la
vinculación al cargo y por el término en que lo ejerza. Así, resulta evidente que el
recurso de apelación no controvierte de manera directa las órdenes impartidas en
la sentencia recurrida, sino que se centra en una pretensión respecto de la cual el
Tribunal se abstuvo de pronunciarse, circunstancia que incide de manera relevante
en el alcance del estudio que debe adelantar esta Sala en segunda instancia.
41. En ese orden de ideas, los motivos de inconformidad planteados por la entidad
accionada carecen de congruencia con lo efectivamente definido en la sentencia
apelada. En otros términos, los argumentos expuestos en la alzada no controvierten
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-01624-02 (0160-2026)
Demandante: Mayerling López Echeverri
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
la decisión adoptada por el Tribunal, consistente en ordenar el reconocimiento y
pago de la prima especial equivalente al treinta por ciento 30 % como adición al
salario, a favor de la demandante, a partir del 16 de febrero de 2013, ni la
consecuente orden de reliquidar los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones con base en dicho porcentaje. Por el contrario, el apelante insiste en
discutir la improcedencia de computar la prima especial para la liquidación de las
prestaciones sociales, asunto que, como se explicó, no fue decidido en primera
instancia. Ello demuestra una comprensión equivocada del alcance del fallo
recurrido.
42. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala concluye que el
recurso de apelación interpuesto por la parte accionada resulta fallido, por cuanto
los argumentos formulados no constituyen reproches concretos, pertinentes ni
dirigidos a desvirtuar las determinaciones efectivamente adoptadas por el Tribunal
Administrativo de Antioquia. En consecuencia, el recurso de alzada carece de
fundamentos necesarios para provocar un nuevo examen de la sentencia en los
términos pretendidos por la entidad recurrente.
3.5. Conclusión de la decisión
43. En atención a lo hasta aquí planteado, el recurso carece de los presupuestos
indispensables para habilitar el estudio de fondo en segunda instancia, por lo que
procede declarar fallida la apelación interpuesta por la entidad demandada.
3.6. Costas
44. En lo atinente a las costas, la presente providencia, por razones de seguridad
jurídica e igualdad, acoge el criterio de interpretación mayoritario19 de la Subsección
sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la
condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe.
19 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-01624-02 (0160-2026)
Demandante: Mayerling López Echeverri
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
45. Por lo tanto, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en
atención a que no se advierte que la entidad demandada haya incurrido en las
anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Declarar fallida la apelación interpuesta por la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Declarar incólume la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Transitoria el 21 de octubre de 2025, conforme a lo planteado en la
parte considerativa de esta providencia.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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