Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01302-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01302-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2020-01302-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01302-01 (4102-2023)
Demandante: Juan Carlos Freyre García
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Tema: reliquidación pensional. Subtema 1: detective del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS). Subtema 2: prima de riesgo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 22 de marzo de 2023, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El actor, quien prestó sus servicios en el Departamento Administrativo de Seguridad
como detective, solicita la reliquidación de su pensión de vejez con todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios, incluida la prima de riesgo. El
Tribunal ordenó la reliquidación pensional, pero con el IBL de la Ley 100 de 1993, y la
inclusión de la prima de riesgo desde 2003. La entidad apeló sin presentar reparos
concretos frente al fallo de primera instancia.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1. Juan Carlos Freyre García, a través de apoderado, presentó demanda el 2 de
marzo de 2020, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante
Colpensiones), con las siguientes pretensiones:
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01302-01 (4102-2023)
Demandante: Juan Carlos Freyre García
Demandado: Colpensiones
2. Declarar la nulidad parcial de las resoluciones GNR 338385 del 28 de octubre
de 2015, GNR 23478 del 22 de enero de 2016 y VPB 11354 del 8 de marzo de 2016,
que negaron la reliquidación de la pensión de vejez por actividad de alto riesgo.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó la reliquidación de la pensión
de vejez por actividad de alto riesgo con todos los factores salariales del último año de
servicios en la Fiscalía General de la Nación, a saber, salario, bonificación por servicios
y bonificación judicial, cotizados de 2018 a 2019.
4. Adicionalmente, pidió el pago de los valores causados de forma retroactiva
desde que causó el derecho; que las sumas adeudadas sean actualizadas; que la
sentencia se cumpla en los términos de los artículos 189 y 195 del CPACA; y que se
condene en costas a la parte demandada1.
2. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. Juan Carlos Freyre García ingresó en el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) desde el 20 de noviembre de 1990, como alumno, y luego fue
detective 208-06, hasta el 31 de diciembre de 2011, con un tiempo total de servicios
de 20 años, 4 meses y 9 días.
7. Como resultado de la supresión del DAS fue incorporado a la Fiscalía General
de la Nación a partir del 1°. de enero de 2012 y laboró 9 años y 5 meses. Para un total
en ambas entidades de 29 años, 4 meses y 14 días.
8. Colpensiones le reconoció una pensión de vejez, mediante la Resolución GNR
338385 del 28 de octubre de 2015, por el valor de $1.444.372, pero en la liquidación
no incluyó todos los factores salariales. Esta decisión fue confirmada en las
resoluciones GNR 23478 del 22 de enero de 2016 y VPB 11354 del 8 de marzo de
2016, que resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente.
3. Normas violadas y concepto de violación
9. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
De la Constitución Política, los artículos 2, 13, 25, 29, 48, 53 y 58.
Del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 21.
De la Ley 4 de 1966, el artículo 4.
Del Decreto 1047 de 1978, el artículo 1°.
1 Samai, proceso en el Tribunal 76001233300020200130200, gestionar documentos, cuaderno principal, Doc. 02,
págs. 3 a 20.
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Demandante: Juan Carlos Freyre García
Demandado: Colpensiones
Del Decreto 1933 de 1989, el artículo 10.
Del Decreto 1932 de 1989, los artículos 4 y 23.
De la Ley 4 de 1992, los artículos 1 y 2.
De la Ley 48 de 1993, el artículo 40.
El Decreto 1835 de 1994.
El Decreto 2646 de 1994.
La Ley 860 de 2003.
De la Ley 1437 de 2011, el artículo 138.
10. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que en el último
año de servicios cotizó sobre el sueldo, la bonificación por servicios y la bonificación
judicial. Relató que conservó el derecho al régimen especial de pensiones de los
empleados del DAS, regulado en los decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989 y 1835 de
1994, en concordancia con la Ley 860 de 2003.
11. En criterio de la parte actora, las resoluciones demandadas debieron liquidar la
pensión con el salario cotizado en el último año de servicios, sobre los factores objeto
de aportes cuando laboró en la Fiscalía General de la Nación.
12. Toda vez que el régimen especial de empleados de DAS no regula de forma
expresa el monto de la pensión de vejez, este vacío se llena con las normas de carácter
general, en concreto, el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969, el cual prevé «que será
el 75 % del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidas en el último
año de servicios».
4. Contestación de la demanda
13. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda porque, en primer
lugar, el actor es beneficiario del régimen regulado en el Decreto 1047 de 1978, en
virtud de la transición del artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, respecto de los
requisitos de edad, tiempo de servicio y el monto pensional, tal como lo dispuso el acto
de reconocimiento pensional.
14. En segundo término, respecto al ingreso base de liquidación se aplicó el artículo
13 del Decreto 1835 de 1994, que remite a los artículos 18 y 21 de la Ley 100 de 1993.
Para ese efecto, la entidad tuvo en cuenta los factores salariales previstos en el
Decreto 1158 de 1994.
15. Por otro lado, la entidad indicó que no procede el pago y disfrute de la pensión
especial de vejez por actividad de alto riesgo a partir del 29 de enero de 2011, dado
que el actor solicitó el reconocimiento prestacional el 4 de septiembre de 2014, sin que
en el expediente se evidencie una reclamación anterior. Además, después de la
supresión del DAS y conforme al Decreto 4057 de 2011, el demandante fue
incorporado a la Fiscalía General de la Nación desde el 1.º de enero de 2012 y para la
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01302-01 (4102-2023)
Demandante: Juan Carlos Freyre García
Demandado: Colpensiones
fecha de presentación y contestación de la demanda, se encontraba vinculado como
empleado público, por lo tanto, está inmerso en la prohibición del artículo 128 de la
Constitución Política sobre percibir doble asignación del tesoro público2.
5. Sentencia de primera instancia
16. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 22 de
marzo de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la entidad demandada, así:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No. GNR 338385 del 28 de
octubre de 2015, GNR 23478 del 22 de enero de 2016, VPB 11354 del 8 de marzo de
2016.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho: reliquidar la pensión de jubilación
conforme al Decreto 1047 de 1978, con veinte años de servicio en actividad de alto
riesgo como detective en el DAS, monto del 75%, el IBL debe comprender los factores
enlistados en el Decreto 1158 de 1994 siempre y cuando los haya devengado, la prima
de riesgo (en porcentaje del 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de
diciembre de 2007 y en porcentaje del 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta
la incorporación de los servidores del DAS a otras entidades). El período del IBL es el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los
diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor.
17. Como fundamento de la decisión explicó que el actor estaba amparado por el
régimen de transición regulado en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, porque para
la fecha de entrada en vigencia ya ejercía como detective. Por lo tanto, la edad, el
tiempo de servicios y el monto de la pensión eran los previstos en el Decreto Ley 1047
de 1978, pero el ingreso base de liquidación está contenido en la Ley 100 de 1993. En
cuanto a los factores salariales se remitió al Decreto 1158 de 1994, además de la prima
de riesgo, que se incluye en el 40 % desde el 26 de diciembre de 2003 y el 50 % a
partir del 31 de diciembre de 2007, hasta la incorporación de los servidores del DAS a
otras entidades (Decreto Ley 4057 de 2011).
18. Por lo tanto, el Tribunal advirtió que la entidad accionada liquidó la pensión
únicamente con la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, cuando
debió incluir también la prima de riesgo, motivo por el cual, el fallo de primera instancia
declaró la nulidad de los actos demandados. En lo que respecta al estatus pensional,
consideró que se consolidó el 10 de diciembre de 2010 y agregó que para el 10 de
marzo de 2023, según la consulta hecha en el Registro Único de Afiliados, aparecía
como cotizante del Sistema General de Pensiones.
2 Samai, proceso en el Tribunal 76001233300020200130200, gestionar documentos, cuaderno principal, Doc. 09,
págs. 3 a 17.
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01302-01 (4102-2023)
Demandante: Juan Carlos Freyre García
Demandado: Colpensiones
19. Por último, señaló que según el artículo 365 del Código General del Proceso, la
parte vencida debe ser condenada en costas3.
6. Recurso de apelación
20. Colpensiones interpuso apelación contra la sentencia de primera instancia. En
primer lugar, expuso toda la actuación administrativa del reconocimiento pensional, y
transcribió los artículos 140 de la Ley 100 de 1993, 4 del Decreto 1835 de 1994, 1 y 2
del Decreto 1047 de 1978 y 10 del Decreto 1933 de 1989. En segundo lugar, señaló
que el accionante es beneficiario de la pensión de vejez regulada en el Decreto 1047
de 1978, y en lo que respecta al ingreso base de liquidación, citó el artículo 13 del
Decreto 1835 de 1994, que remite a los artículos 18 y 21 de la Ley 100 de 1993.
Asimismo, transcribió el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.
21. Por otro lado, en lo que concierne al pago y disfrute de la pensión de vejez por
actividad de alto riesgo, la entidad relató que a la fecha de presentación de la demanda,
el accionante estaba vinculado laboralmente con la Fiscalía General de la Nación, y
que para recibir el pago de la mesada debía acreditar el retiro del servicio, en tanto, no
puede percibir una doble asignación del tesoro público4.
7. Trámite procesal en segunda instancia
22. El auto del 23 de noviembre de 2023 admitió el recurso de apelación, conforme el
numeral 3º del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y prescindió del periodo para correr
traslado a las partes5.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
23. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
2. Problema jurídico
24. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y teniendo
en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, según el artículo 3286 del
3 Samai, proceso en el Tribunal 76001233300020200130200, gestionar documentos, cuaderno principal, Doc. 32.
4 Samai, proceso en el Tribunal 76001233300020200130200, gestionar documentos, cuaderno principal, Doc. 09,
págs. 3 a 17.
5 Samai, índice 4.
6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
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Demandante: Juan Carlos Freyre García
Demandado: Colpensiones
Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si se está frente a una
apelación fallida, toda vez que los argumentos de Colpensiones no censuran el fallo
de primera instancia, sino que coinciden en que el IBL aplicable para la reliquidación
pensional está regulado por la Ley 100 de 1993, y refiere de manera general que la
efectividad de la pensión debe ser desde el retiro del servicio, pese a que el Tribunal
no ordenó que la efectividad del pago de la mesada fuera desde la adquisición del
estatus pensional.
3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial sobre la apelación fallida
25. El artículo 320 de la Ley 1564 de 2012 establece que el recurso de apelación tiene
por objeto que el superior examine la cuestión decidida, «únicamente en relación con
los reparos concretos formulados por el apelante».
26. En concordancia con lo expuesto, la jurisprudencia de esta corporación ha
establecido que el propósito del recurso de apelación es que el superior funcional del
juez de primera instancia examine la legalidad de su providencia y, tras dicho
análisis, la confirme, revoque o modifique. De esta finalidad se deriva la exigencia de
fundamentar el recurso, pues constituye la oportunidad procesal para que el apelante
exponga sus objeciones frente a la decisión recurrida7.
27. En relación con la carga de la argumentación en la apelación, el Consejo de Estado
también ha subrayado que no compete al juez suplir las obligaciones procesales de
las partes, pues ello comprometería su imparcialidad en el litigio. En consecuencia, si
una de las partes tiene algún reparo de la providencia de primera instancia, puede
impugnarla planteando al juez las razones por las que, a su juicio, se debe reconsiderar
la decisión adoptada8.
28. De allí que la referida norma adjetiva de manera categórica circunscriba la
competencia del juez de segunda instancia, «únicamente» a los reparos concretos
frente a la decisión proferida en primera, desde luego, «sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley», como lo aclara el artículo
328 del mismo estatuto procesal, o el artículo 187 del CPACA cuando a propósito del
contenido de la sentencia indica que:
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que
el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá
competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de 2010,
Rad. 25000 23 27 000 1999 00875 01(15328), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
8
Ibidem. En pronunciamiento reciente, esta Subsección reiteró la obligación de las partes de sustentar los recursos:
ver auto del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, del 8 de
mayo de 2025, Rad. 17001-23-33-000-2017-00331-02 (4352-2024).
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Demandante: Juan Carlos Freyre García
Demandado: Colpensiones
decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio
in pejus.
29. En consonancia con lo expuesto, el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 establece
que la competencia del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos
concretamente impugnados por el apelante. De esta disposición se deriva la exigencia
de que los argumentos expuestos en el recurso de apelación confronten directamente
los fundamentos sustanciales de la decisión de primera instancia, pues estos delimitan
el ámbito de revisión del juez de la alzada. En consecuencia, debe existir una conexión
inequívoca entre las razones que motivaron la decisión apelada y los motivos que
sustentan la impugnación.
30. Sobre este particular, esta Sección ha precisado que cuando los argumentos
planteados en el recurso de apelación se desvían del centro de la controversia resuelta
en la providencia de primera instancia, es decir, cuando no existe una conexión
sustancial con los presupuestos fácticos y jurídicos del asunto decidido, se configura
una apelación fallida. Tal situación conlleva a la confirmación de la decisión impugnada,
manteniéndose incólume su contenido y efectos jurídicos9.
31. La misma situación se predica cuando se plantean de manera general argumentos
en la impugnación, sin que se aterricen los reproches contra la decisión de primera
instancia, es decir, cuando no se precisan los aspectos censurados ni se exponen las
razones que dan cuenta de los supuestos errores o imprecisiones en las que incurrió
el juez, lo que impide identificar los reparos concretos sobre los que debe pronunciarse
el superior funcional10.
32. Frente a escenarios como los expuestos, esta Sección ha considerado que existe
apelación fallida, por el incumplimiento de las cargas mínimas que le asisten al
apelante de cara a la imposibilidad de revisar la decisión de primer grado 11, so pena
de desconocer el principio de imparcialidad.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 21 de marzo
de 2025, Rad. 25000-23-42-000-2020-00428-02 (5883-2023). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2024, Rad.
47001233300020180005401 (2666-2020), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022, Rad. 25000-
23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017), M.P. William Hernández Gómez.
10 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
auto del 14 de mayo de 2025, Rad. 15001-23-33-000-2023-00301-01 (0942-2025), M.P. Juan Camilo Morales
Trujillo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 3 de
noviembre de 2022, Rad. 05001-23-33-000-2020-02434-01 (4065-2022), M.P. William Hernández Gómez.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 16 de mayo
de 2025, Rad. 68001-23-33-000-2021-00319-01 (5386-2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2021, Rad. 76001 23 33 000 2016 01266 01 (5266-2018), M.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de octubre de 2017, expediente 19001233300020130021401. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Juan Carlos Freyre García
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33. Según lo expuesto, el juez que revisa una decisión en principio solo debe analizar
los aspectos impugnados. Si estos no se concretan, no puede en segunda instancia
pronunciarse sobre el fondo de la controversia, lo que trae como consecuencia que la
apelación sea fallida y la decisión inicial deba mantenerse incólume12.
4. Caso concreto
34. Como fundamento de la demanda, el accionante, quien fue detective del DAS y
luego incorporado en la Fiscalía General de la Nación pide que la pensión se liquide
con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, y no con el
IBL de la Ley 100 de 1993.
35. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de las
resoluciones demandadas y a título de restablecimiento del derecho ordenó la
reliquidación de la pensión regulada en el Decreto Ley 1047 de 1978, por actividad de
alto riesgo, con el IBL integrado con el periodo de los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión, y los factores del Decreto 1158 de 1994 y la prima de
riesgo, en el porcentaje del 40 % desde el 26 de diciembre de 2003 y del 50 % a partir
del 31 de diciembre de 2007, hasta que se dio la incorporación a la Fiscalía General
de la Nación.
36. Esta decisión fue apelada por Colpensiones. No obstante, efectuada la lectura
integral del recurso, se advierte que no identifica la providencia ni solicita que se
revoque el fallo de primera instancia, y tampoco se refiere a los argumentos expuestos
por el Tribunal que fundamentaron la decisión. El escrito realiza una reproducción de
las normas que rigen el reconocimiento pensional y los preceptos sobre el ingreso base
de liquidación y finaliza exponiendo que la pensión debe ser efectiva desde el retiro
del servicio.
37. En efecto, la entidad no aduce las razones por las cuales se encuentra
inconforme con la decisión del Tribunal en primera instancia. Ello, en tanto no realizó
reparo alguno en relación con las normas aplicadas para acceder a la reliquidación
pensional, por el contrario, coincide con el Tribunal respecto a que el IBL está regido
por la Ley 100 de 1993. En consecuencia, se observa que Colpensiones se limitó a
hacer consideraciones generales en cuanto a la normativa de la pensión de vejez por
actividad de alto riesgo.
38. Ahora bien, en cuanto al argumento del recurso relativo a que el actor no tiene
derecho «al pago y disfrute de la pensión (…) desde la adquisición del estatus
pensional», la Subsección destaca que, en realidad, lo debatido en el proceso es una
reliquidación pensional y que el Tribunal expuso que el accionante estaba cotizando
para pensiones para el 10 de marzo de 2023, en este sentido, advirtió que «la pensión
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de julio
de 2024, Rad. 05001 23 33 000 2018 00159 02 (3607-2022).
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Demandado: Colpensiones
no se ha hecho efectiva». En este orden de ideas, lo cierto es que el fallo de primera
instancia no ordenó que el pago se realizara desde la fecha de adquisición del estatus
pensional. Por consiguiente, el reproche de Colpensiones no guarda congruencia con
lo decidido en el fallo de primera instancia.
39. Por lo tanto, se concluye que la apelación interpuesta por la parte accionada
resulta fallida, comoquiera que los argumentos esbozados en el recurso no
representan reproches concretos contra la justificación que desarrolló el Tribunal para
ordenar la reliquidación pensional.
40. Así las cosas, se declarará fallida la apelación interpuesta por la parte demandada
y, en consecuencia, se dejará incólume la sentencia de primera instancia.
5. Costas
41. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 13 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
instancia no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida haya
incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Declarar fallida la apelación interpuesta por Colpensiones.
13 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01302-01 (4102-2023)
Demandante: Juan Carlos Freyre García
Demandado: Colpensiones
Segundo: Declarar incólume la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, del 22 de marzo de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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