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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01772-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01772-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Declarar fallida la apelación interpuesta por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, contra la sentencia proferida el 19 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Declarar incólume la sentencia recurrida, de acuerdo con lo señalado en esta providencia. Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia. Cuarto: En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-01772-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2018-01772-01 (1895-2024)
Demandante: Jorge Eliécer Julio López
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: pensión de jubilación docente. Subtema: apelación fallida.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 19 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Decisión, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El señor Jorge Eliécer Julio López solicitó la nulidad parcial del acto administrativo a
través del cual la entidad accionada le reconoció una pensión de jubilación
condicionada al retiro del servicio. Manifestó que en calidad de maestro oficial tiene
derecho a que su pensión se haga efectiva desde el momento en el que adquirió el
estatus pensional, comoquiera que esta es compatible con la prestación del servicio
docente.

El Tribunal accedió a las súplicas de la demanda en lo concerniente a la pretensión de
la indexación de las mesadas pensionales, toda vez que la parte demandada modificó
la resolución acusada y reconoció la pensión a partir de la adquisición del estatus
pensional y el accionante desistió de la reliquidación de la prestación con la inclusión
de la doceava de la prima de servicios.
Esta Subsección declarará fallida la apelación interpuesta por la parte accionada y, en
consecuencia, declarará incólume el fallo de primera instancia, puesto que el recurso
carece de reproche alguno, en tanto no precisa los aspectos que no se comparten de
la providencia impugnada.

1

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01772-01 (1895-2024)
Demandante: Jorge Eliécer Julio López
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 22 de agosto de 20181, el señor Jorge Eliécer Julio
López, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad parcial de la Resolución
002940 del 14 de marzo de 2017, en cuanto condicionó al retiro del servicio el pago
de la pensión de jubilación reconocida a favor del señor Jorge Eliécer Julio López..
Añadió que en el ingreso base de liquidación no se tuvo en cuenta la doceava parte
de la prima de servicios.

3. Pidió también la nulidad de la Resolución 2018-50028691 del 10 de abril de
2018, por la cual se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación a partir de la
adquisición del estatus pensional, así como la reliquidación de la mesada pensional
con la inclusión de la doceava de la prima de servicios.

4. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reconozca la
compatibilidad entre la pensión y el salario; que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar la pensión de jubilación a favor del accionante, a partir de la fecha
en que consolidó el estatus pensional, esto es, el 14 de mayo de 2015, de manera
indexada. Asimismo, pidió que en la base de liquidación se incluya la prima de servicios
devengada durante el último año de servicio previo a la adquisición de dicho estatus.

5. Solicitó que las sumas reconocidas se ajusten de acuerdo con el artículo 187
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA); que se ordene a la parte accionada dar cumplimiento a la sentencia
de conformidad con los artículos 189 y 192 del mismo estatuto; y se condene en costas
a la entidad demandada.

2.1.2. Hechos

6. La Sala los sintetiza así:

1 Samai, expediente digital, índice 02, archivo 4ED_05001233300020180177(.zip), documento
01CuadernoPrincipalDigitalizado.pdf, pág. 9.
2
Samai, expediente digital, índice 02, archivo 4ED_05001233300020180177(.zip), documento
01CuadernoPrincipalDigitalizado.pdf, págs. 1 a 9.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01772-01 (1895-2024)
Demandante: Jorge Eliécer Julio López
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

7. El señor Jorge Eliécer Julio López nació el 28 de abril de 1955 y consolidó el
estatus pensional el 14 de mayo de 2015.

8. Mediante la Resolución 002940 del 14 de marzo de 2017, la Secretaría de
Educación del Municipio de Medellín, en representación de la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le
reconoció al accionante una pensión de jubilación, con fundamento en la Ley 33 de
1985, efectiva a partir del retiro del servicio. En la liquidación de la pensión no se
incluyó la doceava de la prima de servicios, recibida durante el último año laboral
anterior al estatus pensional.

9. El día 16 de febrero de 2018, el accionante presentó una petición ante la entidad
accionada en la que solicitó la modificación parcial de la Resolución 002940 del 14 de
marzo de 2017, con el fin de que se le reconociera el pago de la pensión de jubilación
desde el momento en que adquirió el estatus pensional. No obstante, por medio de la
Resolución 2018-50028691 del 10 de abril de 2018, se negó lo pretendido por el
demandante.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

• Ley 33 de 1985, artículo 3.
• Ley 195 de 1989, artículo 15.
• Ley 100 de 1993, artículo 279.
• Ley 812 de 2003, artículo 81.
• Decreto 2285 de 1955, artículo 1.
• Decreto Ley 224 de 1972, artículo 5.
• Convenio 95 de la OIT, ratificado por la Ley 54 de 1962, artículo 10.

10. Sostuvo que el Decreto Legislativo 2285 de 1955 estableció en su artículo 1 que
la limitación prevista en el artículo 7 del Decreto Ejecutivo 320 del 15 de febrero de
1949, no rige para los pensionados por tiempo cumplido de servicios en la
administración pública o en el ramo docente que estén desempeñando cargos de
institutores o de profesores en establecimientos de educación sostenidos con fondos
públicos. Igualmente, invocó el artículo 5 del Decreto Ley 224 de 1972, que dispone
que el ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación, siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea
docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir 65 años de edad.

11. Indicó que estas normas han sido reconocidas por la jurisprudencia del Consejo
de Estado como disposiciones que señalan una excepción al principio general de
incompatibilidad entre pensión y salario, permitiendo que los docentes pensionados
ejercer su labor y percibir ambos emolumentos. Adujo que esta regla especial se
fundamenta en la necesidad de retener en el servicio educativo a profesionales
experimentados y en la naturaleza particular de la función docente.

3

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01772-01 (1895-2024)
Demandante: Jorge Eliécer Julio López
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

12. Adujo que los actos administrativos acusados violaron directamente la ley al
establecer que la pensión de jubilación se haría efectiva «a partir del momento que
acredite el retiro definitivo del servicio», cuando lo correcto, según la normativa
aplicable y la jurisprudencia del Consejo de Estado, es que la pensión debe
reconocerse y hacerse efectiva desde la fecha en que se cumplen los requisitos
legales para su adquisición, es decir, desde la consolidación del estatus pensional.

13. Explicó que, en su caso, el estatus de pensionado se consolidó el 14 de mayo
de 2015, tal como lo reconoce expresamente el numeral 6 de los considerandos de la
Resolución 002940 del 14 de marzo de 2017. Por ende, desde esa fecha debe
reconocerse y pagarse la pensión de jubilación, sin que sea necesario el retiro del
servicio.

14. Afirmó que condicionar el pago efectivo de la pensión al retiro del servicio
constituye una desnaturalización del derecho pensional y una violación flagrante de la
ley, pues desconoce que la pensión de jubilación es un derecho adquirido desde el
momento en que se cumplen los requisitos legales, independientemente de que el
beneficiario continúe o no laborando.

15. Señaló que los actos administrativos acusados también vulneraron la ley al no
incluir en el ingreso base de liquidación de la mesada pensional la doceava parte de
la prima de servicios percibida durante el último año de servicio anterior al estatus de
pensionado. Sostuvo que si bien el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 prevé los factores
salariales a tenerse en cuenta en la pensión de jubilación, comoquiera que al
accionante le es aplicable el régimen pensional de la Ley 33 de 1985, el listado de la
primera norma es simplemente enunciativo.

2.2. Contestación de la demanda

16. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio guardó silencio3.

2.3. Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, profirió
sentencia el 19 de octubre de 2023, a través de la cual se declaró inhibido por carencia
de objeto para pronunciarse de fondo respecto de la expresión «a partir del momento
que acredite el retiro definitivo del servicio», contenida en las resoluciones 002940 del
14 de marzo de 2017 y 201850028691 del 10 de abril de 2018, y condenó a la entidad
accionada a pagar a favor del accionante la indexación de las mesadas pensionales

3
Según acta de audiencia inicial celebrada el 10 de octubre de 2019, vista en Samai, expediente digital, índice 02,
archivo 4ED_05001233300020180177(.zip), documento 01CuadernoPrincipalDigitalizado.pdf, págs. 54 a 59.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01772-01 (1895-2024)
Demandante: Jorge Eliécer Julio López
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

causadas desde el 14 de mayo de 2015. La providencia se fundó en los siguientes
argumentos4:

18. Señaló que la parte demandante, en escrito presentado con posterioridad al
ingreso al despacho para fallo del proceso, informó que la entidad accionada, a través
de la Resolución 202350060358 del 1 de agosto de 2023, modificó parcialmente la
Resolución 002940 del 14 de marzo de 2017 para disponer que el reconocimiento
pensional se haría desde el estatus pensional y no desde el retiro del servicio docente.
Además, aclaró la parte que la pretensión principal de la demanda había quedado
resuelta; no obstante, se encontraba pendiente por resolver la pretensión de
indexación, toda vez que no se ordenó la indexación del retroactivo pensional del
período comprendido entre el 15 de mayo de 2015 (día siguiente a la consolidación
del estatus pensional) y la fecha en que se efectuaría el pago, 1 de agosto de 2023,
según la entidad le indicó al peticionario.

19. El Tribunal sostuvo que la expresión «a partir del momento que acredite el retiro
definitivo del servicio» contenida en la Resolución 002940 del 14 de marzo de 2017 y
la Resolución 201850028691 del 10 de abril de 2018, no surtía efectos jurídicos en la
actualidad, debido a la modificación realizada sobre ese aspecto en la Resolución
202150060358 del 1 de agosto de 2023. Por ende, se configuró la carencia actual de
objeto y, en consecuencia, decidió inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo
acerca del tema.

20. Señaló que, conforme lo precisó la parte demandante, se encontraba pendiente
por definir lo relativo a la indexación de las mesadas pensionales.

21. Así, manifestó que el Consejo de Estado ha sido enfático en indicar que por
razones de justicia y equidad se debe efectuar el reconocimiento de la pérdida del valor
adquisitivo de la moneda y, por ello, es procedente la indexación. En ese sentido,
predomina el derecho del demandante a que la mesada pensional no se vea
menguada por la depreciación y el tiempo que la entidad tardó en emitir el acto de
reconocimiento.

22. Expuso que se ha considerado que proceder de otro modo contraría los
artículos 48 y 53 de la Constitución Política, pues se impondría al demandante la carga
de asumir el menoscabo de su ingreso, afectando el derecho a percibirlo integralmente
dada la afectación del valor adquisitivo de la mesada pensional y, por ende, vulnerando
el derecho fundamental a la seguridad social.

23. Dispuso que las mesadas generadas desde el 14 de mayo de 2015 se ajustarían
aplicando la fórmula de indexación: R = Rh x Índice final / Índice inicial. En donde el
valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es la
correspondiente mesada pensional, por la suma que resulta de dividir el IPC certificado

4 Samai, expediente digital, índice 02, archivo 4ED_05001233300020180177(.zip), documento 18Sentencia.

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por el DANE para la fecha de ejecutoria de la sentencia, por el índice inicial vigente a
la fecha en que debió efectuarse el pago. Aclaró que por tratarse de pagos de tracto
sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente, mes a mes, para cada mesada,
teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento en que debió hacerse
el pago respectivo.

24. Indicó que la parte accionante, a través de escrito, manifestó que desistía
parcialmente de las pretensiones atinentes a la reliquidación de la mesada pensional
con la doceava de la prima de servicios percibida durante el año anterior al estatus de
pensionado. Explicó sobre el particular que tal manifestación obedecía al cambio de
postura efectuado por el Consejo de Estado en torno a los factores salariales que se
incluyen en el ingreso base de liquidación.

25. Por último, el Tribunal aceptó el desistimiento de las pretensiones relacionadas
con la inclusión de la doceava prima de servicios en el ingreso base de liquidación de
la mesada pensional, teniendo en cuenta el memorial de desistimiento parcial
presentado por el demandante antes de la sentencia, de conformidad con el artículo
314 del Código General del Proceso, aplicable por remisión efectuada por el artículo
306 del CPACA.

2.4. Recurso de apelación

26. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos5:

27. Alegó que era improcedente acceder a la pretensión de la parte demandante
respecto a la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario docente, toda
vez que ello contradice lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política, el
cual prevé que nadie puede recibir más de una asignación que provenga del tesoro
público.

28. Manifestó que el régimen jurídico aplicable al accionante es el de los docentes
con carácter municipal financiado con recursos propios del municipio de Medellín,
previsto en el artículo 8 de la Ley 71 de 1988, según el cual la pensión de jubilación se
debe pagar desde la fecha en la que el maestro se haya retirado definitivamente del
servicio.

29. Señaló que en el convenio de afiliación de los docentes del municipio de
Medellín al Fomag, con fundamento en la Ley 60 de 1993, derogada por la Ley 715 de
2001, no se estableció la prerrogativa de percibir el salario y la pensión
simultáneamente.

5
Samai, expediente digital, índice 02, archivo 4ED_05001233300020180177(.zip), documento
20RecursoApelacionFomag.

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30. Solicitó «la revocatoria de condena indexada impuesta en la sentencia de
primera instancia», comoquiera que la prerrogativa de compatibilidad entre la pensión
de jubilación y salario no es aplicable a los docentes con vinculación territorial de
carácter municipal financiados con recursos propios del municipio, sumado a que la
negativa está sujeta a las disposiciones de orden constitucional y legal.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

31. Mediante escrito del 4 de junio de 2024, la parte demandante informó que la
accionada no había cancelado al señor Jorge Eliécer Julio López el retroactivo
correspondiente a las mesadas causadas desde el estatus pensional. Indicó que el 17
de abril de 2024 presentó derecho de petición ante la Fiduprevisora S.A. con el fin de
obtener el pago del retroactivo y la entidad le respondió el 23 de abril de 2024, a través
del Oficio 20241143001312131, en el sentido de comunicarle que se «proyecta
modificar» de nuevo el acto que le reconoció la pensión desde el estatus pensional
para aplicar la prescripción parcial de las mesadas atrasadas6.

32. En escrito del 4 de agosto de 2024, la parte accionante dijo que según el recibo
de pago del banco BBVA y la constancia de la Fiduprevisora S.A., que aportaba al
expediente, se evidenciaba que la entidad accionada le pagó el retroactivo
correspondiente a las mesadas causadas desde el cumplimiento del estatus pensional,
esto es, a partir del 15 de mayo de 2015, hasta la nómina del periodo de julio de 2024.
Ello, sin que se haya reconocido la indexación debida, ni aplicado prescripción alguna.

33. No obstante, a renglón seguido concluyó que el pago recibido «se encuentra en
consonancia con lo decidido en sentencia de primera instancia, que ordenó la
indexación o ajuste de “las mesadas pensionales que se generaron desde el 14 de
mayo de 2015”»7.

34. Mediante auto del 27 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia8.

2.6. Ministerio Público

35. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto9.

6 Samai, expediente digital, índice 04, archivo 4_MemorialWeb_Otro-SEGUNDASOLICITUDUN(.pdf).
7
Samai, expediente digital, índice 09, archivo 8_MemorialWeb_Otro-RECIBOPAGODEMANDAN(.pdf).
8
Samai, expediente digital, índice 11, archivo 11Autoqueadmite_OK18952024Admiterecu(.docx).
9 Samai, expediente digital, índice 09, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).

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Demandante: Jorge Eliécer Julio López
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
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3. Consideraciones

3.1. Competencia

36. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

37. ¿El Fomag presentó argumentos concretos de reproche frente a la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuanto se inhibió por carencia
actual de objeto para pronunciase de fondo respecto de la expresión «a partir del
momento que acredite el retiro definitivo del servicio» y condenó al pago de la
indexación de las mesadas pensionales que se generaron a partir del 14 de mayo de
2015 a favor del accionante?

38.Para la resolución del anterior interrogante se realizarán algunas consideraciones
sobre la figura jurisprudencial de la apelación fallida y, en el acápite de análisis del
caso concreto, se resolverá el problema jurídico propuesto.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La apelación fallida

39. El artículo 320 de la Ley 1564 de 2012 establece que el recurso de apelación
tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, «únicamente en relación
con los reparos concretos formulados por el apelante».

40. En concordancia con lo expuesto, la jurisprudencia de esta corporación ha
establecido que el recurso de apelación tiene como objetivo que el superior funcional
del juez de primera instancia examine la legalidad de su providencia y, tras dicho
análisis, la confirme, revoque o modifique. De esta finalidad se deriva la exigencia de
fundamentar el recurso, pues constituye la oportunidad procesal para que el apelante
exponga sus objeciones frente a la decisión recurrida10.

41. En relación con la carga de la argumentación en la apelación, el Consejo de
Estado también ha subrayado que no compete al juez suplir las obligaciones
procesales de las partes, pues ello comprometería su imparcialidad en el litigio. En
consecuencia, si una de las partes tiene algún reparo de la providencia de primera

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de 2010,
exp. 25000 23 27 000 1999 00875 01(15328), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01772-01 (1895-2024)
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instancia, puede impugnarla planteando al juez las razones por las que, a su juicio, se
debe reconsiderar la decisión adoptada11.

42. De allí que la referida norma adjetiva de manera categórica circunscriba la
competencia del juez de segunda instancia, «únicamente» a los reparos concretos
frente a la decisión proferida en primera, desde luego, «sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley», como lo aclara el artículo
328 del mismo estatuto procesal, o el artículo 187 del CAPCA cuando a propósito del
contenido de la sentencia indica que:

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la
no reformatio in pejus.

43. En consonancia con lo expuesto, el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012
establece que la competencia del juez de segunda instancia se circunscribe a los
aspectos concretamente impugnados por el apelante. De esta disposición se deriva la
exigencia de que los argumentos expuestos en el recurso de apelación confronten
directamente los fundamentos sustanciales de la decisión de primera instancia, pues
estos delimitan el ámbito de revisión del juez de la alzada. En consecuencia, debe
existir una conexión inequívoca entre las razones que motivaron la decisión apelada y
los motivos que sustentan la impugnación.

44. Sobre este particular, esta Sección ha precisado que cuando los argumentos
planteados en el recurso de apelación se desvían del centro de la controversia resuelta
en la providencia de primera instancia, es decir, cuando no existe una conexión
sustancial con los presupuestos fácticos y jurídicos del asunto decidido, se configura
una apelación fallida. Tal situación conlleva la confirmación de la decisión impugnada,
manteniéndose incólume su contenido y efectos jurídicos12.

45. La misma situación se predica cuando se plantean de manera general
argumentos en la impugnación, sin que se aterricen los reproches contra la decisión
de primera instancia, es decir, cuando ni se precisan los aspectos que no se comparte
de esta y, sobre todo, cuando no se exponen las razones que dan cuenta de los

11 Ibidem. En pronunciamiento reciente, esta Subsección reiteró la obligación de las partes de sustentar los
recursos: ver auto del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, del 8 de mayo de 2025, exp. 17001-23-33-000-2017-00331-02 (4352-2024).
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 21 de

marzo de 2025, exp. 25000-23-42-000-2020-00428-02 (5883-2023). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2024, exp.
47001233300020180005401 (2666-2020), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022, exp. 25000-
23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017), M.P. William Hernández Gómez.

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Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

supuestos errores o imprecisiones en las que incurrió el juez, lo que impide identificar
los reparos concretos sobre los que debe pronunciarse el superior funcional13.

46. Frente a escenarios como los expuestos, esta Sección ha considerado que se
está ante una apelación fallida, figura de desarrollo jurisprudencial en la que se ha
destacado, por el incumplimiento de las cargas mínimas que le asisten al apelante, la
imposibilidad de revisar la decisión de primer grado14, so pena de desconocer el
principio de imparcialidad.

47. Según lo expuesto, se puede concluir que el juez que revisa una decisión en
principio solo puede analizar los aspectos con los que la parte que apeló está en
desacuerdo. Si estos no se concretan y/o no se refieren a la razón principal por la que
se adoptó la decisión inicial, no puede en segunda instancia pronunciarse sobre el
fondo de la controversia, lo que trae como consecuencia que la apelación sea fallida y
la decisión inicial deba mantenerse incólume15.

3.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

48. En sentencia proferida el 19 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Antioquia se declaró inhibido por carencia actual de objeto para pronunciarse de fondo
respecto a la expresión «a partir del momento que acredite el retiro definitivo del
servicio» contenida en los actos administrativos acusados, es decir que no estudió la
pretensión de la demanda concerniente a la declaratoria de la compatibilidad entre el
salario y la pensión que se reconoció a favor del accionante. Lo anterior, porque
cuando el expediente se encontraba para fallo de primera instancia, la parte
demandante aportó copia de la Resolución 202350060358 del 1 de agosto de 2023,
mediante la cual la entidad accionada modificó parcialmente la Resolución 002940 del
14 de marzo de 2017, para reconocer y ordenar pagar al demandante una pensión de
jubilación efectiva a partir del estatus pensional.

49. Adicionalmente, el Tribunal condenó a la demandada al pago indexado de las
mesadas pensionales causadas desde el 14 de mayo de 2015 (fecha del estatus),
aplicando la fórmula que para esos efectos ha dispuesto esta corporación.

13 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

auto del 14 de mayo de 2025, exp. 15001-23-33-000-2023-00301-01 (0942-2025), M.P. Juan Camilo Morales
Trujillo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 3 de
noviembre de 2022, exp. 05001-23-33-000-2020-02434-01 (4065-2022), M.P. William Hernández Gómez.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 16 de mayo

de 2025, exp. 68001-23-33-000-2021-00319-01 (5386-2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2021, exp. 76001 23 33 000 2016 01266 01 (5266-2018), M.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de octubre de 2017, exp. 19001233300020130021401. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de julio
de 2024, exp. 05001 23 33 000 2018 00159 02 (3607-2022).

10

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01772-01 (1895-2024)
Demandante: Jorge Eliécer Julio López
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

50. Ahora bien, conforme se señaló en los antecedentes de la presente sentencia,
que la anterior decisión solo fue apelada por la entidad accionada —Fomag—, lo que
implica que el recurso debe circunscribirse a los argumentos del fallo que le fueron
desfavorables.

51. No obstante, efectuada la lectura integral del recurso interpuesto por el Fomag
se advierte que no se aducen las razones por las cuales se encuentra inconforme con
la decisión del Tribunal en primera instancia. Ello, en tanto no se efectuó reparo alguno
en relación con los argumentos frente al no estudio de la pretensión de la declaratoria
de la compatibilidad entre salario y pensión, ni se discute el derecho al pago de la
indexación en la forma en que se ordenó, luego de que se hubiese encontrado probado
que la entidad a través de un acto administrativo reconoció el pago de la pensión desde
la adquisición del estatus pensional, pasando por alto dicha indexación. Tampoco se
expuso error o inconsistencia alguna en la que, a su juicio, se haya incurrido en la
sentencia.

52. Al respecto, se observa que la entidad recurrente hizo algunas consideraciones
en cuanto a la incompatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario en el caso
particular, al alegar que según lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución
Política, está prohibido recibir doble asignación del tesoro público. Sostuvo que como
el régimen jurídico aplicable al accionante es el de los docentes con carácter municipal
financiado con recursos propios del municipio de Medellín, la pensión debe pagarse
una vez el pensionado se retire definitivamente del servicio, conforme lo prevé el
artículo 8 de la Ley 71 de 1988.

53. A su vez, manifestó que, de acuerdo con la Ley 60 de 1993, derogada por la
Ley 715 de 2001 y su decreto reglamentario 196 de 1995, en el convenio administrativo
de afiliación suscrito entre el municipio de Medellín y las entidades que administran los
recursos de la educación de orden nacional, no se fijó la prerrogativa de percibir salario
y pensión simultáneamente, «por lo que es indispensable acreditar el retiro del servicio
para hacer efectivo el pago de la pensión de jubilación reconocida en el FOMAG».

54. En esta medida, se advierte que el recurso interpuesto carece de congruencia
con el fallo impugnado. Esto, toda vez que se discute el derecho del demandante al
pago de la pensión de jubilación a partir de la consolidación del estatus pensional, pues
según lo manifiesta, el salario y la pensión de jubilación no son compatibles; no
obstante, es claro que tal derecho no se otorgó en la sentencia apelada, en razón a
que el Tribunal se abstuvo de estudiar de fondo la pretensión sobre el tema, al declarar
la carencia de objeto, comoquiera que la entidad accionada, según se probó en el
expediente, expidió, motu proprio, la Resolución 202350060358 del 1 de agosto de
2023, en la que modificó la Resolución 002940 del 14 de marzo de 2017, en cuanto a
reconocer y pagar la pensión de jubilación a favor del demandante a partir de la fecha
en la que adquirió el estatus pensional.

11

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01772-01 (1895-2024)
Demandante: Jorge Eliécer Julio López
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

55. Lo expuesto, al contrario, evidencia que los motivos de inconformidad de la
entidad demandada no confrontan el fallo de primera instancia, sino la decisión que
ella misma adoptó al expedir el acto administrativo mediante el cual reconoció el pago
de la pensión de jubilación en los términos en los que lo pidió el accionante en la
demanda, esto es, a partir del momento en el que el señor Jorge Eliécer Julio López
consolidó el estatus pensional; y con ocasión del cual el Tribunal declaró la carencia
actual de objeto frente a tal derecho.

56. Sumado a ello, se precisa que, si bien la parte accionada pide que se revoque
la indexación ordenada en primera instancia, lo cierto es que no justificó la razón de
su inconformidad sobre este aspecto; por ende, se estima que no cumplió con la carga
argumentativa que se exige del recurso de apelación. Al respecto, se recuerda que,
según se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia, el juez
no puede suplir las obligaciones propias del recurrente, toda vez que ello
comprometería su imparcialidad en el litigio.

57. En ese orden de ideas se concluye que la apelación presentada por la entidad
demandada no representa reproches concretos contra la justificación que desarrolló el
Tribunal para declarar la carencia actual de objeto y condenar al pago de la indexación
de las mesadas pensionales. Esto quiere decir que no existe relación directa, en
términos de confrontación, entre el sustento del recurso de apelación y las razones
que fundamentan la decisión de primera instancia.

58. La situación descrita impide a la Sala analizar, en el marco del recurso de
apelación, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia por cuanto
no existe reparo alguno que la ataque de manera directa, concreta, clara y precisa.

59. Por consiguiente, se declarará fallida la apelación interpuesta por la parte
accionada y, en consecuencia, se declarará incólume el fallo de primera instancia.

3.5. Conclusión de la decisión

60. Advertido que el recurso de apelación interpuesto por el Fomag contra la
sentencia de primera instancia carece de reproche alguno, en tanto no precisa los
aspectos que no se comparten de esta, la apelación resulta fallida.

3.6. Costas

61. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 16 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para

16 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01772-01 (1895-2024)
Demandante: Jorge Eliécer Julio López
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Declarar fallida la apelación interpuesta por la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, contra
la sentencia proferida el 19 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Decisión, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Declarar incólume la sentencia recurrida, de acuerdo con lo señalado en
esta providencia.

Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia.

Cuarto: En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01772-01 (1895-2024)
Demandante: Jorge Eliécer Julio López
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

14

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