República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2014-01437-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2014-01437-01 (3778-2021)
Demandante: José Alirio Acero Franco
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Tema: asignación de retiro. Subtema 1: prohibición de recibir más de una
asignación del tesoro público —artículo 128 de la Constitución Política—.
Sentencia de segunda instancia
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 29 de noviembre de 2019, mediante
la cual negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor José Alirio Acero Franco presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (en adelante, CASUR), con el fin de obtener la nulidad
del acto por medio del cual la entidad revocó el reconocimiento de la asignación de
retiro con motivo de la orden judicial de reintegro que dispuso el pago de los salarios
y prestaciones dejados de percibir por el tiempo que devengó la prestación de retiro.
Igualmente, solicitó la nulidad del acto que dispuso el reintegro de las sumas
pagadas por concepto de asignación de retiro y lo declaró deudor del tesoro público.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor José Alirio Acero Franco, mediante apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra CASUR, con el fin de
que se declare la nulidad de las resoluciones núm. 5841 del 8 de julio de 2014 y
6627 del 8 de agosto del mismo año, mediante las cuales dicha entidad i) revocó la
Resolución núm. 19748 de 2012, que reconoció la asignación de retiro desde 2005;
ii) ordenó el reintegro de $187.386.526 pagada por ese concepto y iii) lo declaró
deudor del tesoro público.
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Demandante: José Alirio Acero Franco
Demandado: CASUR
2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó condenar a CASUR al reconocimiento y pago de la suma de $187.386.526.
Lo anterior, «deberá efectuarse […] tomando como base el índice de precios al
consumidor» y de conformidad con los artículos 189, 192 y 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante,
CPACA). Además, pidió que se condene en costas a la entidad demandada.
2.1.1. Hechos
3. El señor José Alirio Acero Franco fue retirado del servicio por voluntad de la
Dirección General de la Policía Nacional, a partir del 11 de mayo de 2005.
4.CASUR, mediante Resolución núm. 19748 del 23 de noviembre de 2012, en
cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Buga el 30 de mayo del mismo año, le reconoció al actor asignación de retiro a partir
del 11 de mayo de 2005, en cuantía equivalente al 58% del sueldo básico y de las
partidas devengadas.
5. La Dirección General de la Policía Nacional, a través de la Resolución núm.
01197 del 26 de marzo de 2014, reintegró al actor al servicio activo en cumplimiento
de la decisión judicial proferida por el Juzgado Tercero Administrativo en
Descongestión de Cali el 18 de noviembre de 2011 y le reconoció el pago de los
salarios y emolumentos dejados de percibir desde el 11 de mayo de 2005 hasta la
fecha en que se hiciera efectivo el reintegro.
6. CASUR, mediante Resolución núm. 5481 del 8 de julio de 2014, revocó la
Resolución núm. 19748 de 2012, por medio de la cual le había reconocido la
asignación de retiro al actor, y le ordenó reintegrar $187.386.526, pagados del 11
de mayo de 2005 al 30 de abril de 2014.
7.El señor José Alirio Acero Franco presentó recurso de reposición contra la
anterior decisión, el cual fue resuelto de manera negativa mediante la Resolución
núm. 6627 del 8 de agosto de 2014.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
8. El actor consideró que los actos administrativos demandados desconocieron los
artículos 25, 29, 122 y 128 de la Constitución Política, el artículo 19 de la Ley 4 de
1992 y los artículos 85, 135, 136, 138 y 164 del CPACA.
9. Afirmó que es ilegal exigir la devolución de sumas percibidas por concepto de
asignación de retiro cuando estas son recibidas de buena fe, tal y como lo establece
el CPACA. Además, señaló que los miembros de las fuerzas militares se encuentran
exceptuadas de la prohibición establecida en el artículo 128 de la Constitución
Política, relacionada con percibir más de una asignación proveniente del tesoro
público.
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Demandante: José Alirio Acero Franco
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10. Concluyó que la asignación de retiro que recibió durante los años 2005 a 2014,
reconocida por acreditar los requisitos legales, es compatible con el pago de los
salarios y prestaciones dejados de percibir ordenado judicialmente con motivo del
reintegro, dado que, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación1,
dichas órdenes «ostentan un carácter indemnizatorio».
2.2. Contestación de la demanda
11. CASUR guardó silencio2.
2.3. Sentencia de primera instancia
12. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
negó las pretensiones de la demanda mediante sentencia dictada el 29 de
noviembre de 2019, porque consideró ajustada a derecho la orden de reintegro de
las sumas pagadas por concepto de asignación de retiro dada la configuración de
la prohibición prevista en el artículo 128 de la Constitución Política3.
13. Al sustentar la decisión, el tribunal precisó que el restablecimiento del derecho
generado como consecuencia de la declaración de nulidad de un acto administrativo
no es equiparable a la reparación del daño en la que procede el resarcimiento del
perjuicio y puede concurrir con el restablecimiento del derecho. Por tanto, las
órdenes judiciales de reintegro se deben ejecutar de acuerdo con la situación
administrativa en la que se encuentra quien es reincorporado.
14. En ese sentido, resaltó que la consecuencia de la declaratoria de nulidad en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho constituye una ficción
legal que permite devolver las cosas al estado en que se encontraban al momento
en que se emitió el acto anulado, como si el empleado nunca hubiere sido retirado
del servicio. Lo que quiere decir que los salarios y prestaciones dejados de percibir
se reconocen a título de restablecimiento del derecho no como indemnización de un
perjuicio.
15. Explicó que el actor ostentó dos relaciones jurídicas que son incompatibles entre
sí, dado que, por motivo de la declaración de nulidad del acto de retiro y la orden de
reintegro sin solución de continuidad, se entiende que prestó el servicio y devengó
los salarios correspondientes y, a la vez, estuvo en situación de retiro con la
asignación correspondiente, a cargo de CASUR, circunstancia que configura la
prohibición prevista en el artículo 128 de la Constitución Política.
1 Citó: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 29 de enero de 2008,
radicado 76001-23-31-000-2000-02046-01 (1153-04), M.P., Jesús María Lemos Bustamante y Sección
Segunda, Subsección B, expediente núm. 25000-23-25-000-2005-03749-01 (1267-2007).
2 Según constancia secretarial visible en: Samai, índice 2, archivo
ED_ACTUACIONE_76001233300120140143(.ZIP), documento 001 EXPEDIENTE1, pág. 90.
3 Samai, índice 2, archivo ED_ACTUACIONE_76001233300120140143(.ZIP), documento 001 EXPEDIENTE1,
documento 005 SENTNECIA-TRÁMITE-RECURSOIMIENTO 2014-01437.
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Demandado: CASUR
16. Concluyó que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos
demandados porque la prohibición descrita en el artículo 128 de la Constitución
Política se encontró plenamente demostrada y, por tanto, la entidad podía ordenar
la devolución de las sumas pagadas por concepto de asignación de retiro para
cumplir la obligación de gestionar eficientemente los recursos a su cargo en aras de
«mantener la sostenibilidad del sistema, pues dichos emolumentos están
destinados a la seguridad social».
2.4. Recurso de apelación
17. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia y solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos4:
18. El reintegro de los recursos devengados por concepto de asignación de retiro
es improcedente, porque fueron recibidos de buena fe y a justo título. Además, la
sentencia que reconoció la prestación es una decisión que hizo tránsito a cosa
juzgada, por tanto, se entiende que puede recibir más de una asignación
proveniente del tesoro público de acuerdo con la excepción descrita en el literal b
del artículo 19 de la Ley 4 de 1992.
19. Alegó que la viabilidad de la devolución de sumas se da en la medida en que
se demuestre la ilegalidad del reconocimiento, lo cual no ocurrió en este caso. De
la misma manera, puso de presente que los salarios y prestaciones reconocidas de
forma retroactiva deben considerarse como una indemnización, dado que «la ficción
legal de reintegro a partir de la fecha de retiro no genera una prestación» efectiva
del servicio.
20. Adujo, además, que «los SALARIOS Y PRESTACIONES dejados de percibir
desde la fecha de retiro no pueden considerarse como una asignación sino como
una INDEMNIZACIÓN». Para sustentar lo anterior, presentó un balance
jurisprudencial con la transcripción de apartados de decisiones proferidas por el
Consejo de Estado para concluir que la Sección Segunda, en varias sentencias, ha
establecido que «los derechos que se reconocen en estos casos y que se concretan
en el pago del conjunto de prestaciones generadas con ocasión de la prestación del
servicio, se disponen en calidad de restablecimiento del derecho, no a título
indemnizatorio (…) En igual sentido se viene pronunciando la sección segunda del
Consejo de Estado a la fecha».
21. Concluyó, como argumento de inconformidad con la sentencia apelada, que en
este caso «el salario por servicio prestado genera una prestación económica, la
ficción legal no genera una prestación económica sino una indemnización; caso
contrario ocurre con la asignación de retiro donde se concede por cumplir los
requisitos legales». En el apartado denominado «petición», propuso que el presente
asunto se decida «en Sala Plena de la Corporación por la importancia del tema»,
sin consideraciones adicionales.
4 Samai, índice 2, archivo ED_ACTUACIONE_76001233300120140143(.ZIP), documento 005 SENTNECIA-
TRÁMITE-RECURSOIMIENTO, págs. 19 a 31.
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2.5. Trámite procesal en segunda instancia
22. El despacho, mediante auto del 7 de abril de 20225, admitió el recurso de
apelación y, mediante auto del 8 de septiembre6, otorgó un término de diez días a
las partes para alegar de conclusión. No se presentaron alegatos de conclusión.
2.6. Ministerio Público
23. La Procuraduría Tercera delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
24. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los tribunales administrativos.
3.2. Cuestión preliminar
25. El señor José Alirio Acero Franco, con el escrito de apelación, manifestó en el
apartado final denominado «petición: 4.1. Proponer el presente asunto para ser
decidido en Sala Plena de la corporación, por la importancia del tema, para que fije
su postura y unifique la jurisprudencia frente a casos como el presente. 4.2. Hecho
lo anterior, se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las
pretensiones de la demanda».
26. Frente a dicha solicitud, es del caso precisar que el artículo 271 del CPACA
establece que, por solicitud de parte, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado o del Ministerio Público, la Sala Plena del Consejo de Estado o sus
Secciones podrá asumir conocimiento para sentar o unificar jurisprudencia. El inciso
4 de dicho artículo establece que la petición debe contener «una exposición sobre
las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que
determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la
necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las
divergencias en su interpretación y aplicación».
27. En cuanto a los presupuestos referidos, se observa que la petición presentada
por el demandante en la hoja final del recurso de apelación no configura una
solicitud de unificación de jurisprudencia, dado que la misma propone que la Sala
Plena decida para que fije su postura por «importancia del tema», aun cuando
reconoce que la tesis aplicada es pacífica, solo añade que, «hecho lo anterior», se
debe revocar la sentencia de primera instancia y conceder las pretensiones.
5 Samai, índice 4.
6 Samai, índice 10.
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Enseguida, aparece el título denominado «fundamentos legales del recurso» en el
que refiere el artículo 243 del CPACA «y demás normas formales concordantes».
28. Lo anterior, porque en la exposición de las razones de inconformidad con la
sentencia de primera instancia el actor transcribió apartados de providencias
judiciales en las que se analizó la naturaleza de la condena judicial que ordena el
reintegro al cargo y el pago de salarios y prestaciones en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, para concluir que estas órdenes
judiciales «se disponen en calidad de restablecimiento del derecho, no a título
indemnizatorio», sentido en el que «se viene pronunciando la Sección Segunda del
Consejo de Estado». En este orden, se entiende que lo expuesto por el actor
constituye un motivo de inconformidad con la tesis que «viene» aplicando la Sección
Segunda, pues no menciona ninguna razón, «por importancia jurídica», que amerite
la expedición de una sentencia de unificación.
29. Así las cosas, al estar frente a la sola enunciación de una solicitud sin contenido
alguno, la Sala advierte que no es posible emitir pronunciamiento en relación con
tal manifestación que, vale decir, fue expuesta como parte de las inconformidades
señaladas en el recurso de apelación.
3.3. Problema jurídico
30. Conforme con los argumentos expuestos por el apelante, a esta Sala le
corresponde resolver los siguientes interrogantes:
31. ¿Es procedente el reintegro de las sumas pagadas por concepto de asignación
de retiro cuando concurre con el pago de la suma de condena ordenada por motivo
del reintegro al servicio activo, sin solución de continuidad, como consecuencia de
la nulidad del acto de desvinculación?
3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
32. La Constitución Política de 1991, en el artículo 1287, establece la prohibición de
desempeñar más de un empleo público o devengar más de una asignación
proveniente del erario y prevé la posibilidad de excepciones conforme con lo
dispuesto en la ley.
33. En ese sentido, el artículo 19 de la Ley 4 de 19928 reprodujo la prohibición del
artículo 128 superior y exceptuó de dicha regla las asignaciones «percibidas por el
7 Aprobado con 13 votos según el informe de la Comisión Tercera a la Plenaria de la Asamblea Nacional
Constituyente.
8 Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una
asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
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personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública»,
entre otras.
34. En atención a la prohibición constitucional sobre asignaciones concomitantes
del erario y en atención a las excepciones previstas en la ley la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha variado la tesis frente a la compatibilidad de dos asignaciones
del erario en los casos en que tal concurrencia se genera por motivo de una condena
judicial que declara la nulidad del acto de retiro o desvinculación y ordena el
reintegro al servicio, a partir de la precisión conceptual sobre reconocimiento del
derecho e indemnización.
35. Así, mediante sentencia del 17 de septiembre de 1993, la Sección Segunda
sostuvo que los emolumentos reconocidos a título de restablecimiento del derecho,
como consecuencia de la nulidad del acto de retiro y el consecuente reintegro y
pago de los salarios dejados de percibir sin solución de continuidad, restablecen el
derecho en atención a que dicha figura implica revertir «la situación jurídica como si
el desvinculado jamás hubiera estado cesante»9.
36. La Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, mediante sentencia del 28 de
agosto de 199610, replanteó la tesis en el sentido de establecer que las sumas
reconocidas por concepto de salarios y prestaciones dejadas de percibir desde el
momento del retiro hasta la fecha de reintegro tienen la finalidad de «resarcir el
perjuicio», criterio a partir del cual precisó lo siguiente: i) no hay restricción de
percibir salario e indemnización de los perjuicios reconocidos por causa de la
declaración de nulidad; ii) no existe norma que imponga a la jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo restringir ese tipo de condenas; iii) la ley establece la
responsabilidad del funcionario que realiza el retiro ilegal mediante la repetición de
cobro de las sumas de condena11.
37. La Sección Segunda, en decisión del 16 de mayo de 200212, se apartó del
criterio descrito en precedencia y retomó la tesis según la cual el juez, al ordenar el
reintegro y el pago de salarios dejados de pagar durante el retiro declarado nulo con
motivo de la declaración de nulidad del acto de desvinculación, por virtud de una
ficción legal, regresa «las cosas a su estado anterior, como si el empleado nunca
hubiere sido retirado del servicio, es decir, que restablece el derecho». Por tanto, la
reparación del daño no es equiparable el restablecimiento del derecho, aunque,
eventualmente, puede utilizarse como una figura adicional de la primera.
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su asistencia a las mismas,
siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes
pensionados.
Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de
trabajo a varias entidades.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 5505, M.P. Joaquín Barreto Ruiz. Reiterado en: Consejo de
Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 1993, radicación 5634, M.P., Diego Younes Moreno.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, radicación IJ-638, M.P., Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
11 El Decreto 1222 de 1986 establece que «Los departamentos repetirán contra las personas que hubieren
efectuado elecciones, nombramientos o remociones ilegales de funcionarios, el valor de las indemnizaciones
que hubieren pagado por esta causa.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 19001-23-31-000-1998-0397-01 (1659-01), M.P., Ana
Margarita Olaya Forero.
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38. La Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, a través de sentencia del 29
de enero de 200813, reiteró la tesis mayoritaria, según la cual el pago ordenado
como consecuencia de la nulidad del acto de retiro tiene carácter resarcitorio, en el
entendido de que «el restablecimiento del derecho se traduce en la indemnización
de los perjuicios irrogados por el acto ilegal». En ese orden, la referencia a los
salarios dejados de percibir se realiza a título de indemnización, porque el servicio
no se prestó de manera efectiva por la extinción ilegal de la relación laboral.
39. Bajo dicha consideración, concluyó que las sumas de condena por el reintegro
al servicio no configuran la prohibición descrita en el artículo 128 de la Constitución,
postura que fue reiterada mediante sentencia del 3 de febrero de 2015, proferida
por la Sala Octava Especial de Decisión14.
40. Para continuar con la exposición cronológica de las tesis jurisprudenciales,
viene oportuno señalar que la Corte Constitucional, en sentencia del 21 de
septiembre de 201115, acogió la «línea jurisprudencial señalada por el Consejo de
Estado […] en sentencia del 16 de mayo de 2002», conforme con la cual el
restablecimiento del derecho generado por la nulidad del acto de retiro y el pago de
los salarios y prestaciones, por motivo de una ficción legal que supone devolver la
situación al estado en que se encontraba, no es equiparable a la reparación de un
daño.
41. Por tanto, debe entenderse que la condena derivada de la declaración de
nulidad obedece al pago de emolumentos a cargo del erario, los cuales son
incompatibles con otros pagos provenientes del tesoro público. Así, precisó que la
orden de descontar las sumas percibidas por el demandante en otros cargos
públicos durante el tiempo de la desvinculación resulta ajustada a derecho, porque
una interpretación diferente generaría la configuración de la prohibición prevista en
el artículo 128 de la Constitución y materializaría un enriquecimiento sin causa para
el demandante.
42. Bajo la misma línea, la Corte Constitucional, en sentencia del 12 de febrero de
201516, unificó la jurisprudencia en los eventos de desvinculación sin motivación de
los empleados en provisionalidad que ejercen cargos de carrera, al señalar que es
procedente disponer el reintegro sin solución de continuidad y descontar las sumas
devengadas por su trabajo, ya sea que «provenga de fuente pública o privada, como
dependiente o independiente».
43. Ahora, si bien es cierto que dicha decisión fijó las reglas respecto de empleados
provisionales en cargos de carrera, también lo es que dispuso, de manera general,
que los jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, en asuntos de
retiro del servicio de miembros de la Policía Nacional, deben tener en cuenta las
consideraciones expuestas en la decisión de unificación, concretamente, «la
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, radicación 76001-23-31-000-2000-02046-
02, M.P., Jesús María Lemos Bustamante.
14 Consejo de Estado, Octava Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2003-00169-00.
15 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-691 de 2011.
16 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-053 de 2015.
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valoración respecto a la procedencia del reintegro de un[a] parte y la orden de pago
de una indemnización por otra parte».
44. Por último, la Sala Plena de esta corporación, mediante sentencia de unificación
del 9 de agosto de 2022, estableció que son razonables y ajustados a la
Constitución los descuentos efectuados a la orden de pago de salarios y
prestaciones dejados de percibir con ocasión del acto de retiro del servicio, por
causa de las sumas recibidas por la prestación de servicios en el sector público, en
atención a la prohibición prevista en la Constitución Política. Lo anterior, en el marco
de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de
desvinculación de un empleado provisional que ostentaba un cargo de carrera.
45. En punto a la aplicación de dicho precedente, se considera importante destacar
que en la mencionada decisión la Sala Plena precisó la naturaleza del
restablecimiento del derecho generado con motivo de la declaración de nulidad de
un acto de retiro del servicio, distinta a la reparación de un daño, de cara a la
prohibición del artículo 128 de la Constitución y sus excepciones previstas en el
artículo 19 de la Ley 4 de 199217.
46. La Sección Segunda de esta corporación se ha pronunciado de manera
uniforme y reiterada18 frente a casos análogos al presente, en el sentido de reiterar
la regla consistente en la incompatibilidad de percibir simultáneamente asignación
de retiro y salario. Por tanto, en los eventos en los que se declara la nulidad del acto
de retiro del servicio y se ordena el reintegro sin solución de continuidad es
procedente el descuento del monto devengado por concepto de asignación de retiro
durante el tiempo de la desvinculación.
3.5. Caso concreto
47. En el proceso se encuentra probado que al señor José Alirio Acero Franco:
(i) se retiró del servicio activo, por voluntad de la Dirección General de la
Policía Nacional, a partir del 10 de mayo de 2005;
(ii) se reconoció la asignación de retiro a partir del 11 de mayo de 2005
mediante Resolución núm. 19748 del 23 de noviembre de 2012;
17 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública {…]».
18 Véase, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de julio de 2017,
radicado 52001-23-31-000-2012-00134-01 (4949-16), M.P., Sandra Lisset Ibarra Vélez. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2019, radicado 54001-23-31-000-2012-00200-
01(3610-16), M.P., William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 2 de octubre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2018-00482-01 (4822-2019), M.P., Sandra Lisset Ibarra
Vélez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado
25000-23-42-000-2018-01564-01 (2738-20), M.P., William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de marzo de 2022, radicado 20001-23-39-000-2017-00608-01 (6247-
2019), M.P., Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2
de marzo de 2023, radicado 25000-23-42-000-2014-01027-01 (3115-2021), M.P., César Palomino Cortés.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicado 41001-23-
33-000-2018-00316-01 (4161-2023), M.P., Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de marzo de 2025, radicado 05001-23-33-000-2017-02911-01 (1915-
2025), M.P., Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01772-01 (3778-2021)
Demandante: José Alirio Acero Franco
Demandado: CASUR
(iii) se le reintegró al servicio, sin solución de continuidad y se ordenó el pago
de salarios dejados de percibir a partir del 11 de mayo de 2005 mediante
Resolución núm. 01197 del 26 de marzo de 2014;
(iv) se ordenó reintegrar al presupuesto de CASUR, mediante Resolución núm.
5481 del 8 de julio de 2014, la suma de $187.386.256 devengada por concepto
de asignación de retiro entre el 11 de mayo de 2005 y el 30 de abril de 2014.
48. La Resolución núm. 01197 del 26 de marzo de 2014 ordenó el reintegro del
señor Acero Franco sin solución de continuidad, es decir, que para todos los efectos
se tuvo como si nunca hubiera sido desvinculado. Lo anterior conlleva a que se
configure la prohibición del artículo 128 de la Constitución, puesto que el recurrente
no podía ostentar la calidad de retirado con asignación de retiro y en servicio activo
con salario de manera simultánea.
49. Lo anterior, en atención a la regla jurisprudencial según la cual, en los eventos
en los que se declara la nulidad del acto de retiro del servicio y se ordena el reintegro
sin solución de continuidad es procedente el descuento del monto devengado por
concepto de asignación de retiro durante el tiempo de la desvinculación.
50. Así, respecto a los argumentos del recurrente consistentes en la existencia de
varios antecedentes jurisprudenciales que fijan una regla diferente a la descrita,
dictados el 29 de enero19 y el 27 de marzo de 200820, así como el 3 de febrero de
201521, es del caso precisar que en tales pronunciamientos se establece que los
dineros reconocidos con ocasión de la nulidad de un acto de retiro del servicio
ostentan carácter indemnizatorio, por tanto, no están sujetos a la prohibición de
percibir doble asignación proveniente del erario y son compatibles con el pago de
salarios y prestaciones dejados de percibir.
51. Sin embargo, dicha tesis fue reformulada por criterio mayoritario de la Sala
Plena, que desde hace varios años ha atendido la Sección Segunda22, al establecer
que las sumas reconocidas con motivo de la declaración de nulidad del acto de retiro
del servicio constituyen un restablecimiento del derecho. En ese sentido, dichas
sumas son incompatibles con el pago de los salarios y prestaciones dejados de
percibir, so pena de incurrir en la prohibición de doble asignación proveniente del
Estado y en razón a dicha incompatibilidad, son procedentes los descuentos
realizados a la mencionada condena. Incluso, así lo sostiene el recurrente al afirmar
que «en igual sentido se viene pronunciando la Sección Segunda del consejo de
Estado a la fecha». De esa manera, la respuesta al primer problema jurídico es
positiva.
52.Frente al reparo consistente en que la asignación de retiro fue reconocida por
una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada y por tanto recibidas con justo título
19 Radicado 76001-23-31-000-2000-02046-02.
20 Radicado 25000-23-25-000-2003-08975-01 (8239).
21 Radicado 11001-03-15-000-2003-00169-00.
22 Ver pie de página 18.
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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01772-01 (3778-2021)
Demandante: José Alirio Acero Franco
Demandado: CASUR
y de buena fe, exceptuadas de la prohibición constitucional por virtud de las
excepciones descritas en el artículo 19 de la Ley 4 de 1993, concretamente, la
aplicada al «personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la
Fuerza Pública», se precisa que tal excepción debe entenderse en el sentido de que
el miembro de la fuerza pública desvinculado, con derecho a asignación de retiro,
puede recibir otro emolumento del tesoro público, porque se encuentra
desvinculado del ejercicio activo23, lo que supone que ejerce una función diferente.
53. Así las cosas, la Resolución núm. 01197 del 26 de marzo de 2014, que ordenó
el reintegro del señor Acero Franco sin solución de continuidad, es decir, que para
todos los efectos se tuvo como si nunca hubiera sido desvinculado, genera la
configuración de la prohibición prevista en el artículo 128 de la Constitución Política,
porque el recurrente no podía ostentar la calidad de retirado con asignación de retiro
y, a la vez, la condición de servidor en servicio activo con salario.
54. En cuanto a la réplica referente a que la devolución de las sumas percibidas
estaba condicionada a la demostración de la ilegalidad del reconocimiento de la
asignación de retiro, se debe tener en cuenta que una de las funciones de CASUR
es «administrar directa o indirectamente los […] recursos de capital que constituyan
el patrimonio de la entidad, o aquellos que, sin ser de su propiedad, se le confíen a
su manejo».
55. Por consiguiente, la Resolución 5481 del 8 de julio de 2014, que ordenó el
reintegro de las sumas percibidas por concepto de asignación de retiro durante el
periodo que el recurrente estuvo desvinculado se dio en el marco de la obligación
antes reseñada consistente en administrar adecuadamente los recursos a su cargo,
máxime cuando ostentan el carácter de contribuciones parafiscales destinados a la
seguridad social24. Por tal motivo, no le asiste razón al recurrente en este punto.
56. Finalmente, frente a lo dicho sobre los emolumentos dejados de percibir
reconocidos de forma retroactiva y que deben ser considerados como
indemnización, se reitera lo expuesto en párrafos anteriores, puesto que en virtud
de la ficción jurídica generada por la declaratoria de nulidad del acto de retiro del
servicio, se retrotrae la situación al momento anterior a la expedición de dicho acto
como si nunca se hubiera generado la interrupción de la relación laboral, esto último,
en atención a la falta de solución de continuidad en la prestación del servicio.
57. En consecuencia, los actos administrativos mediante los cuales CASUR ordenó
la devolución de las sumas percibidas por concepto de asignación de retiro se
encuentran ajustados a derecho, toda vez que al ordenarse el reintegro al servicio
del señor José Alirio Acero Franco sin solución de continuidad, el resultado es que
el tiempo en que estuvo desvinculado se tiene por laborado para todos los efectos,
lo cual deviene en la incompatibilidad de recibir salario y asignación de retiro de
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de febrero de 2024, radicado 76001-23-33-000-2015-
00449-01 (4564-2023).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de octubre de 2020, radicado 25000-
23-42-000-2018-00482-01 (4822-2019).
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Demandado: CASUR
manera simultánea, de conformidad con la prohibición del artículo 128 de la
Constitución Política.
3.6. Conclusión
58.La Sala, en atención a lo expuesto, confirmará parcialmente la sentencia
apelada, que negó las pretensiones de la demanda, y revocará la condena en costas
impuestas a la parte vencida.
3.7. Costas
59. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 25 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, consistente en que para decretar la
condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria
o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha condena,
en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
60. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, del 29 de noviembre de 2019, que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva.
Segundo. Revocar el ordinal segundo de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 29 de noviembre de 2019, que condenó en
costas a la parte demandada.
Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.
25 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01772-01 (3778-2021)
Demandante: José Alirio Acero Franco
Demandado: CASUR
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Magistrada
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Magistrado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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