Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2017-00608-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-39-000-2017-00608-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2017-00608-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-39-000-2017-00608-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 20001-23-39-000-2017-00608-01 (6247-2019)
Demandante : Adalberto Carmona Mendoza
Demandadas : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (Casur)
Tema : Reintegro de dineros recibidos por asignación de retiro,
descontados por incompatibilidad con pensión de
invalidez reconocida con posterioridad en cumplimiento
de orden judicial
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia de 28 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, mediante la cual negó las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 2 a 20). El señor Adalberto Carmona Mendoza, por
intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (Casur), para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.
1.1.1 Pretensiones. Se declare «[...] LA NULIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO COMPLEJO DEMANDADO en el siguiente sentido:
DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la RESOLUCION No. 1036 del
16 de septiembre de 2014 proferida por la Directora Administrativa y
Financiera de la Policía Nacional; la RESOLUCION No. 1194 del 07 de
marzo de 2014, emitida por el Director General de la Caja Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional y por el subdirector de prestaciones Sociales Caja
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional; el Oficio No. 4264 GAG-SDP del
7 de marzo de 2014 suscrito por el Subdirector de Prestaciones Sociales de
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y el Oficio No. E-00003-
Expediente: 20001-23-39-000-2017-00608-01 (6247-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Adalberto Carmona Mendoza contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional y otra
201717934- CASUR Id: 256959 proferido por la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional [...]» (sic), por medio de los cuales, al pagarle el
retroactivo de la pensión de invalidez que le reconoció el Ministerio de
Defensa Nacional, se le descontó, en un solo pago, lo que le había sufragado
Casur por concepto de asignación de retiro entre el 14 de febrero de 2002 y
el 30 de enero de 2014.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
«[...] ordene a las entidades demandadas reintegrarle [al actor], los valores por
concepto de Asignación mensual de retiro que fueron descontados en un solo
contado por parte de la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, por el periodo comprendido entre el 14 de febrero de 2002 y
al 30 de enero de 2014, valores que ascienden a la suma de CIENTO
VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS. ($127.597.947.00), con los
respectivos intereses legales y moratorios a que haya lugar»; y se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos de ley.
1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que «[...] fue retirado del
servicio activo de la Policía Nacional después de haber prestado sus servicios
a dicha institución por espacio de 17 años, 1 mes y 26 días, como consecuencia
del deterioro de su salud producida por un enfrentamiento guerrillero ocurrido
en el Municipio de Chimichagua (Cesar), [...] a través de la Resolución No.
03991 del 9 de noviembre de 2001 emitida por la Dirección General de la
Policía Nacional».
Que, en sentencia de 23 de agosto de 2011 proferida por el «Juzgado de
Descongestión Administrativo del Circuito del Cesar» (sic), confirmada por el
Tribunal Administrativo del Cesar el 2 de agosto de 2012, se ordenó a la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional reconocerle una pensión
de invalidez, lo cual fue cumplido a partir del 4 de mayo de 2001, mediante
Resoluciones 255 de 13 de febrero y 1036 de 16 de septiembre, ambas de 2014;
no obstante, «[...] en ningún momento [...] se hace referencia a la realización
de exclusiones de algún tipo de emolumentos».
Afirma que, con Resolución 1194 de 7 de marzo de 2014, emitida por el director
general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se dispuso (i)
«[...] Enviar copia de la presente resolución al área de Prestaciones Sociales
de la Policía Nacional, para efectos [de] que la Institución, en el acto
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Expediente: 20001-23-39-000-2017-00608-01 (6247-2019)
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administrativo que reconoce pensión, ordene descontar en un solo contado con
destino al presupuesto de la Entidad la suma CIENTO VEINTISIETE
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS ($127.597.947.00) M/CTE por concepto de
asignación mensual de retiro pagada entre el 14-02-2002 y el 30-01-2014,
incluidos los descuentos de ley» (sic) y (ii) «[...] declarar deudor del tesoro
Público, al señor agente (r) CARMONA MENDOZA ADALBERTO [...]».
Que, «[...] mediante oficio No. 4264 del 7 de marzo de 2014, el Subdirector de
Prestaciones Sociales, solicitó a la Policía Nacional que en el acto
administrativo que [le] reconoce pensión por invalidez [...] se ordene descontar
en un solo contado, con destino al presupuesto de la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, la [mencionada] suma y se envíe copia de la providencia
definitiva mediante la cual se reconozca pensión de invalidez y se ordene el
citado descuento».
Dice que, a través de Resolución 1036 de 16 de septiembre de 2014, la dirección
administrativa y financiera de la Policía Nacional, al cumplir los aludidos fallos,
ordenó (i) «[...] el pago de la suma de TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (316.318.968.27) [...], en la siguiente
forma: B) CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL: La
suma de [...] ($127.597.947.00) por concepto de asignación de retiro percibida
desde el 14 de febrero de 2002 al 30 de enero de 2014, incluidos los descuentos
de ley».
Que «[...] presentó derecho de petición ante la Dirección General de la Policía
Nacional, con el fin que se [le] reembolsara [...] la suma [...] descontada a
través de la Resolución No. 1036 del 16 de septiembre de 2014 [...], por
concepto de asignación de retiro percibida desde el 14 de febrero de 2002 al
30 de enero de 2014 y que fueron girados a [...] (CASUR)», por lo que, en
«oficio No. E-0003-201717934- CASUR Id: 256959, notificado el día 28 de
agosto de 2017», el director general de esa Caja le respondió que «[...] la
decisión de ordenar el reintegro de valores tiene su fundamento en el artículo
36 del Decreto 4433 de 2004, en el cual se fija que: “(…) Las asignaciones de
retiro y las pensiones de que trata el presente decreto, son incompatibles entre
sí y no son reajustables por servicios prestados a entidades de derecho público,
pero el interesado puede optar por la más favorable (…)”. Por lo anteriormente
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expuesto, no es procedente acceder favorablemente a su petición de devolución
de dineros pagados por la Policía Nacional a favor de esta Entidad [...]».
1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos censurados los artículos 2, 6, 13, 29, 85, 90, 122,
y 229 de la Constitución Política y 91 y 138 del CPACA.
Arguye que «[...] la Policía Nacional no puede desconocer el cumplimiento de
una sentencia judicial emanada del Tribunal Administrativo amparándose en
un simple concepto jurídico emitido por la Dirección Administrativa y
Financiera de la Policía Nacional y la Dirección General de la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, más aún, cuando en dicha sentencia no se
estableció ningún tipo de descuento y mucho menos a favor de la Caja de
Sueldos de Retiro [...]»
Que los valores reconocidos por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Descongestión del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo del
Cesar «[...] tienen el carácter de una indemnización a título de restablecimiento
del derecho por actos ilegales [y] la jurisprudencia de la máxima corporación
de lo Contencioso Administrativo [...] ha sido enfática en negar la posibilidad
de excluir cualquier tipo de emolumento sobre lo percibido por un servidor
público que, siendo retirado del servicio, posteriormente el acto administrativo
que lo desvinculo es declarado nulo y se ordene el restablecimiento y pago de
perjuicios».
1.2 Contestaciones de la demanda.
1.2.1 Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional (ff. 130 a
133). Mediante apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda y propuso las excepciones denominadas acto administrativo ajustado
a la Constitución y a la ley, falta de legitimación en la causa por pasiva, hecho
exclusivo y determinante de un tercero y cobro de lo no debido.
Sostiene que «[...] de acuerdo al CPACA, en concordancia con el Decreto 1213
de 1990 y 4433 de 2004, procede CASUR a revocar la Resolución 1226 del
14/02/2002, asignación mensual de retiro al [actor], por haber optado por la
pensión por invalidez con cargo al presupuesto de la PONAL, lo que genera
una incompatibilidad entre asignación mensual de retiro y la pensión por
invalidez, realizando la solicitud a la Policía Nacional de la evolución de
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$127.597.947,00 por concepto de asignación mensual de retiro pagada entre el
14/02/2002 y el 30/01/2014, los cuales deben ser reintegrados al presupuesto
de CASUR» (sic).
1.2.2 Casur (ff. 219 a 223). Por conducto de su abogado, se opuso a las súplicas
del medio de control, planteó las excepciones que denominó inexistencia del
derecho y la obligación, cobro de lo no debido, inepta demanda por
improcedencia de la acción incoada y enriquecimiento sin causa. Expresó que
«[...] la decisión de ordenar el reintegro de valores tiene su fundamento legal
en el artículo 36 del Decreto 4433 de 2004 [...] en concordancia [...] con el
artículo 128 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que
nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, es decir, DEVENGAR
PENSIÓN DE INVALIDEZ POR CUENTA DE LA POLICÍA NACIONAL Y
SIMULTÁNEAMENTE COBRAR ASIGNACIÓN MENSUAL DE RETIRO POR
EL MISMO TIEMPO [...]».
1.3 La providencia apelada (ff. 298 a 307). El Tribunal Administrativo del
Cesar, mediante sentencia de 28 de agosto de 2019, negó las pretensiones de la
demanda (sin condena en costas), al considerar que «[...] pese a que los dineros
que percibió el demandante no provenían de dos empleos públicos, sí eran
producto del reconocimiento de dos prestaciones o pensiones que igualmente
se financian con los recursos de la nación, y si bien cubren dos tipos de riesgos
del demandante, estos son asumidos con dineros del erario público [sic], por
ello al accederse a la devolución planteada en la demanda se estaría
desconociendo la incompatibilidad planteada por el artículo 128 de la
Constitución, pues respecto a los periodos reconocidos para la pensión de
invalidez igualmente se le estaría reconociendo el pago de una mesada
pensional por retiro, es decir que el demandante estaría ostentando al tiempo
dos calidades o condiciones, [...]».
1.4 El recurso de apelación (ff. 309 a 319) El demandante, mediante
apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…] los descuentos
por concepto de asignación de retiro efectuados [...] no son procedentes, pues
en primer lugar, tal circunstancia no fue ordenada ni señalada en alguna
norma jurídica o sentencia [...]. En segundo lugar, el hecho de que al
accionante se le haya reconocido una pensión de invalidez por la pérdida de la
capacidad psicofísica, no implica que exista un enriquecimiento sin causa, por
supuestamente ostentar doble asignación del Tesoro Público, como quiera que
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Expediente: 20001-23-39-000-2017-00608-01 (6247-2019)
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tal prestación reconocida en dichas sentencias ostenta un carácter de derecho
adquirido [...]». Además, «[...] era merecedor y poseía el derecho a la
asignación de retiro por haber laborado por más de 15 años en la Policía
Nacional [...]».
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 26 de septiembre
de 2019 (f. 321) y admitido por esta Corporación a través de auto de 4 de marzo
de 2020 (f. 327), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 8 de septiembre de 2021 (f. 333), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las
primeras1.
2.1.1 Actor. Reitera los argumentos plasmados en su escrito de apelación, en el
sentido de que la accionada «[…] se extralimitó en sus funciones, fundando su
actuación en un concepto jurídico errado, a sabiendas que los valores
reconocidos [...] tienen el carácter de una indemnización [...]».
2.1.2 Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. Asevera
que «[...] la actuación institucional fue ajustada a la Constitución y la ley, así
mismo no existe prueba que contrario [a] lo realizado, o que muestre que fuese
contrario a la ley o que existió alguna vulneración de derechos, antes por el
contrario [...] no existe presupuesto alguno para que pudieran haber
prosperado las pretensiones [...]».
2.1.3 Casur. Ratifica lo expuesto en la contestación de la demanda y concluye
que «[...] se deben desestimar las pretensiones de la demanda toda vez que al
aquí Demandante, NO le asiste derecho alguno para pretender lo solicitado
[...]».
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Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada SAMAI, índices 13 a 15.
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III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde
a la Sala determinar si del pago de las mesadas por pensión de invalidez de un
miembro de la Policía Nacional, que se le reconozca como consecuencia de una
orden judicial, se debe descontar lo sufragado de manera concomitante por
concepto de asignación de retiro, por incompatibilidad entre ambas erogaciones.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
Lo primero que ha de anotarse es que el artículo 128 de la Constitución Política
dispone:
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado,
salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades
territoriales y el de las descentralizadas.
Ahora bien, respecto de la naturaleza de los pagos laborales (incluidos los
pensionales) ordenados por sentencia judicial como consecuencia de la
declaración de nulidad de un acto administrativo, resulta pertinente evocar la
evolución jurisprudencial acerca de las condenas económicas derivadas de la
anulación judicial de decisiones de la Administración concernientes a retiros
del servicio, con el propósito de concluir si aquellos, dado su contenido laboral,
dan lugar a descontar lo recibido por el servidor público por otro concepto de la
misma categoría proveniente del erario.
2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
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En principio, se encuentra que esta Corporación, en sentencia de 5 de febrero
de 1948, consejero ponente Pedro Gómez Parra, explicó que «La nulidad que
afecta los actos demandados conduce a considerarlos como si no hubieran sido
expedidos, y, por consiguiente, que la relación jurídica que existía entre la
Administración y los demandantes, antes de la expedición de dichos actos, no
ha sido interrumpida». Por lo tanto, se entiende que los pagos retroactivos de
los derechos reconocidos por vía judicial proceden a título de restablecimiento
del derecho, aunque en este fallo no se habla expresamente de tal concepto.
Con posterioridad, la sala plena del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de
julio de 1996, expediente S-638, consejero ponente Carlos Arturo Orjuela
Góngora, desarrolló la tesis según la cual «[…] no son procedentes los
descuentos por razón de cualquier relación legal y reglamentaria que [se]
hubiese tenido […] y que haya dado lugar al pago de salarios y prestaciones
por su trabajo real y efectivo», al considerar;
(i) La mencionada condena resarce el perjuicio que el acto ilegal,
declarado nulo, le genera al demandante.
(ii) Nada impide recibir sueldo e indemnización al mismo tiempo, pues
aquel comporta una erogación que proviene de la prestación personal
del servicio a través de una relación legal y reglamentaria, y la segunda,
del hecho ilegal de la administración, por lo que no cabe dentro de la
prohibición contenida en los artículos 64 de la Carta de 18863 y 1284
de la de 1991.
iii) Fuera de lo anterior, «[…] no existe disposición legal de ninguna
clase que le ordene a la jurisdicción contencioso administrativa esa
clase de pronunciamientos; y es elemental que en esa materia no cabe
la aplicación analógica. De suyo, el juez no puede crear normas y
ordenar dichos descuentos en la parte resolutiva significa crear una
disposición no prevista en esos términos en la Carta Fundamental ni
en la ley».
iv) El «artículo 235 del Decreto 1222 de 1986 —Código de Régimen
Departamental— dispone que los departamentos “repetirán contra las
personas que hubieren efectuado elecciones, nombramientos o
remociones ilegales de funcionarios, el valor de las indemnizaciones
3
«Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes».
4
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado,
salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
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que se hubiere pagado por esta causa”. Asimismo, los artículos 102 y
297 del Decreto 1333 de 1986, […] contienen una redacción similar y
hablan de “indemnizaciones”. O sea, que el propio legislador ha
dejado sentado que estos pagos son indemnizaciones y no una
“segunda asignación”».
v) El artículo 78 del Código Contencioso Administrativo (CCA) previó
la figura de la «responsabilidad conexa», lo que significa que si el
funcionario responsable de la remoción legal es obligado al pago de las
condenas no podría hablarse tampoco de un empobrecimiento del
Estado. Y, por su parte, el artículo 90 de la Constitución Política, al
disponer que «[…] el Estado responderá patrimonialmente por los
daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o
la omisión de las autoridades públicas», individualmente refuerza el
carácter indemnizatorio de las condenas correspondientes, a la par que
establece en su inciso segundo la opción de repetir contra el funcionario
responsable.
No obstante, la sección segunda de esta Corporación, en fallo de 16 de mayo de
2002, consejera ponente Ana Margarita Olaya Forero, expediente 19001-23-31-
000-1998-0397-01(1659-01), se apartó del precitado criterio jurisprudencial, al
fijar como regla que «[…] cuando el juez ordena que como consecuencia de la
nulidad de un acto de retiro, el demandante sea reintegrado al cargo, que se le
paguen los salarios y prestaciones dejados de devengar, se tenga para todos
los efectos legales como de servicio el tiempo que permaneció desvinculado de
la administración y adicionalmente sean indexadas las sumas que se le deben
por ese lapso, no está disponiendo nada distinto que hacer efectiva la
consecuencia de volver las cosas a su estado anterior, como si el empleado
nunca hubiere sido retirado del servicio, es decir, que restablece el derecho.
Por ello la percepción de los pagos ordenados conjuntamente con otros que
tienen origen en el desempeño de un empleo público, dentro del mismo lapso,
es claramente contraria a la Constitución y la ley» (se destaca), al estimar:
Ha de entenderse que la esencia de la figura jurídica del
restablecimiento del derecho está dada por la finalidad que persigue la
acción, en este caso, retrotraer las cosas a su estado anterior al hacer
cesar los efectos del acto nocivo; de manera que cuando el fallo judicial
ordena a título de restablecimiento del derecho el reintegro al cargo de
quien fuera declarado insubsistente en forma ilegal, el pago de salarios
y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo transcurrido entre
el retiro del servicio y el reintegro, está devolviendo en el tiempo los
efectos del acto que anuló y en esa medida crea la ficción jurídica de
que el servidor nunca fue retirado del servicio, con todo lo que ello
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Expediente: 20001-23-39-000-2017-00608-01 (6247-2019)
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implica; ese es el motivo por el cual se declara que no ha existido
solución de continuidad en la prestación del servicio.
De acuerdo con lo anterior, las sumas que se ordena cancelar, bien sea
a título de salarios o de prestaciones, constituyen la materialización de
esa decisión restablecedora […].
El anterior derrotero fue modificado por la sala plena del Consejo de Estado, en
sentencia de 29 de enero de 2008, expediente 76001233100020000204602, con
ponencia del doctor Jesús María Lemos Bustamante, que discurrió así:
Indudablemente el artículo 128 de la Carta Política prohíbe a los
servidores públicos desempeñar simultáneamente más de un empleo
público o recibir más de una asignación que provenga del tesoro público
o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la Ley.
[...]
El pago ordenado como consecuencia de la declaratoria de nulidad
del acto de retiro ostenta un carácter indemnizatario, vale decir, en
estos casos el restablecimiento del derecho se traduce en la
indemnización de los perjuicios irrogados por el acto ilegal.
De la anterior reseña jurisprudencial se puede colegir que aunque desde un
principio se estimó que el pago de salarios y las prestaciones sociales dejadas
de devengar por el empleado público, procedía a título de restablecimiento del
derecho, lo que implicaba volver las cosas a su estado anterior, este criterio fue
reemplazado por el de carácter indemnizatorio.
De igual manera, en sentencia de 3 de febrero de 2015, el Consejo de Estado (sala
8 especial de decisión)5 reiteró el anterior derrotero jurisprudencial, así:
En efecto, en anteriores oportunidades esta Corporación ha precisado
que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se dirige no
solo a obtener la nulidad del acto administrativo que quebranta el
ordenamiento jurídico, pues a la luz del artículo 85 del C.C.A., como
consecuencia de tal nulidad, surge la posibilidad de solicitar el
restablecimiento del derecho y la reparación del daño, en cuanto la
finalidad de esta acción es retrotraer las cosas a su estado anterior, de
5
Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso administrativo, sala 8 especial de decisión, sentencia de tres
(3) de febrero de dos mil quince (2015), consejera ponente María Elizabeth García González, expediente S-
2003-00169.
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Expediente: 20001-23-39-000-2017-00608-01 (6247-2019)
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Adalberto Carmona Mendoza contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional y otra
manera que cuando un fallo judicial ordena a título de restablecimiento
del derecho el reintegro al cargo y el pago de salarios y prestaciones
dejados de percibir durante el tiempo transcurrido entre el retiro del
servicio y el reintegro, devuelve en el tiempo los efectos del acto que
anuló y en esa medida crea la ficción jurídica de que el servidor nunca
fue retirado del servicio6.
Sin embargo, la Corte Constitucional, en sentencia SU-053 de 12 de febrero de
2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, precisó que «[...] como quiera que sólo
cabe indemnizar el daño efectivamente sufrido y tal daño es equivalente a lo
dejado de percibir, de la suma indemnizatoria es preciso descontar todo lo que
la persona, durante el periodo de desvinculación, percibió como retribución por
su trabajo, bien sea que provenga de fuente pública o privada, como dependiente
o independiente».
Según la anterior pauta jurisprudencial, el pago de los salarios o prestaciones
dejados de recibir por un empleado público hasta el momento en que sean
reconocidos sus derechos de manera judicial, debe entenderse reconocido a
título de restablecimiento del derecho; en consecuencia, procede descontar de
este lo que la persona haya devengado durante el mismo lapso, máxime cuando
se financia con recursos del tesoro público.
En similares términos lo estimó esta subsección, en providencia de 19 de julio
de 20187, al advertir que:
Resulta preciso indicar que, analizadas las especificidades de este caso
particular, al retrotraer la situación al estado anterior en orden a
concretar el restablecimiento del derecho pretendido, se tiene que en el
hipotético caso en que se anulara el acto acusado por medio del cual se
revocó el reconocimiento de la asignación de retiro, el demandante
recobraría la condición de activo y habría ostentado la calidad de activo
y de retirado al mismo tiempo.
[...]
En el caso estudiado aplica la incompatibilidad constitucional de
percibir más de una erogación del erario porque la situación descrita, es
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 27 de marzo de 2008 (Expediente núm.
8239-05, Consejero Ponente, doctor Gustavo Gómez Aranguren), providencia que reiteró lo expresado por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el fallo de 29 de enero de ese año
(Expediente núm. 2000-02046-02, Consejero ponente Jesús María Lemos Bustamante), que unificó el criterio
frente al tema sub examine.
7
Sentencia de Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B,
expediente 52001-2331-000-2012-00174-01 (1869-2017).
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Expediente: 20001-23-39-000-2017-00608-01 (6247-2019)
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decir, el pago por concepto de una orden judicial no configura una
excepción a la referida prohibición.
[...]
En las condiciones anotadas, no existe en el ordenamiento jurídico
colombiano norma general, ni especial que consagre la posibilidad de
que una misma persona ostente, al mismo tiempo, la calidad de retirado
y en servicio activo, de manera que pueda beneficiarse de dobles
emolumentos a cargo del tesoro público.
En tal sentido, en caso de que el juez contencioso-administrativo advierta en el
respectivo fallo la ilegalidad del acto administrativo acusado en la demanda, del
artículo 138 del CPACA (antes 858 del Código Contencioso Administrativo) se
derivan tres consecuencias:
i) La anulación del acto, es decir, su retiro del mundo jurídico.
ii) El restablecimiento del derecho, que comporta una consecuencia del acto
espurio, consistente en volver al demandante al estado inicial al que se
encontraba antes de la existencia del acto administrativo.
Por lo tanto, para efectos del pago de pensiones, por ejemplo, deberá
determinarse si el servidor tuvo alguna otra vinculación con el Estado, si ello es
legal o no y si devengó alguna otra asignación proveniente del tesoro público
durante el lapso que se otorga el derecho, pues no le era dable recibir más de un
beneficio económico del erario.
iii) La reparación del daño, respecto del cual el interesado deberá demostrar su
existencia y nexo causal con el acto administrativo. Concepto del cual difiere el
restablecimiento del derecho, puesto que este el demandante no necesita
probarlo.
En este orden de ideas, en atención a que el medio de control (con el CCA,
acción) idóneo para obtener la anulación del acto administrativo a través del
cual se niega una pensión es el de nulidad y restablecimiento del derecho, una
vez quede desvirtuada la presunción de legalidad de dicho acto, el juez
8
«Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra
clase, o la devolución de lo que pago indebidamente».
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Expediente: 20001-23-39-000-2017-00608-01 (6247-2019)
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contencioso-administrativo deberá garantizar el restablecimiento del derecho
conculcado, esto es, volver las cosas a su estado inicial, dicho en otras palabras,
impartir las órdenes a que haya lugar con el propósito de restituir la situación
en que se encontraba la persona al momento en que se expidió el acto ilegal, es
decir, además de disponer el reconocimiento de la prestación, ordenar el pago
de las mesadas dejadas de recibir desde su efectividad fiscal (indexado, dada la
pérdida del poder adquisitivo del dinero); y toda vez que en esta ficción jurídica
se entiende que el servidor público siempre devengó su pensión desde cuando
satisfacía los requisitos para ello o a partir de los correspondientes efectos
fiscales, no le era dable recibir retribución alguna por otra fuente pública.
Lo anotado de conformidad con lo previsto en la Ley 4ª de 1992, «Mediante la
cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para
la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150,
numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política», que en su artículo 19
establece:
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público,
ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptuánse las siguientes asignaciones:
a) [...]
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión
militar o policial de la Fuerza Pública;
[...]
En concordancia con dicha norma, en material pensional, el artículo 114 del
Decreto 1213 de 19909 prevé que «[...] Las asignaciones de retiro y pensiones
policiales son incompatibles entre él y no son reajustables por servicios
prestados en entidades de servicio público igualmente son incompatibles con
las pensiones de invalidez o de retiro por vejez pero el interesado puede optar
por la más favorable [...]» (inciso 2°).
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Vigente a la causación del derecho a la pensión de invalidez del aquí accionante.
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Expediente: 20001-23-39-000-2017-00608-01 (6247-2019)
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En consecuencia, la condena al pago de mesadas pensionales dejadas de recibir
no tiene una connotación indemnizatoria (como compensación del daño), sino
de asignación laboral (restablecimiento del derecho) y, en ese orden de ideas,
no es dable que el servidor de la fuerza pública que devenga pensión de
invalidez, por serle más favorable, pueda recibir otra remuneración del tesoro
público durante el mismo tiempo en que se hace efectiva fiscalmente la
prestación, en armonía con los precitados artículos 19 de la Ley 4ª de 1992 y
114 del Decreto 1213 de 1990.
3.3 Caso concreto. Precisado lo anterior, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del asunto objeto de juzgamiento frente al marco normativo y
jurisprudencial que lo gobierna. En ese sentido, en atención al material
probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por
esta Corporación, se destaca:
a) Hoja de servicios expedida por la dirección de recursos humanos de la Policía
Nacional, en la que consta que el actor prestó sus servicios en esa institución
entre el 6 de agosto de 1982 y 14 de febrero de 2002, esto es, por 17 años, 1 mes
y 26 días. Su último grado fue el de agente y la causa del retiro fue por
llamamiento a calificar servicios (ff. 238 vuelto).
b) Resolución 1226 de 14 de febrero de 2002 (ff. 240 vuelto y 241), mediante
la cual el director general de Casur le reconoció asignación de retiro al
demandante, «en cuantía equivalente al 58% del sueldo básico de actividad
para el grado y partidas legalmente computables, efectiva a partir del 14 de
febrero de 2002».
c) El Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Valledupar (ff. 58 a
74 y 76 a 79) emitió fallo el 23 de agosto de 2011, en el que, en atención a la
pérdida de capacidad laboral del aquí actor, calificada por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Cesar en el 79,58%, accedió a las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y ordenó a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional reconocer pensión de
invalidez, «de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 776 de 2002,
equivalente al 75% del ingreso base de liquidación [y] cancelar el dinero
dejado de percibir por concepto de pensión de invalidez, desde la fecha en que
se hizo obligatorio su cumplimiento, es decir, desde el 04 de mayo de 2001».
Decisión confirmada con sentencia de 2 de agosto de 2012, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar (ff. 80 a 100).
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Expediente: 20001-23-39-000-2017-00608-01 (6247-2019)
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d) Resolución 255 de 13 de febrero de 2014 (ff. 45 a 49), emitida por la
subdirectora general de la Policía Nacional, por la que en cumplimiento de las
referidas providencias reconoció y ordenó el pago de la pensión de invalidez al
demandante, a partir del 4 de mayo de 2001, y dispuso «[...] descontar del
retroactivo de las mesadas pensionales a pagar [...] el valor reconocido por
concepto de salarios y asignación de retiro si a ello hubiere lugar [...]».
e) Resolución 1194 de 7 de marzo de 2014 (ff. 190 y 191), suscrita por el
director general de Casur, a través de la cual solicitó «[...] enviar copia de la
presente resolución al área de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional,
para efectos que la Institución, en el acto administrativo que reconoce pensión,
ordene descontar en un solo contado con destino al presupuesto de la Entidad
la suma CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($127.597.947.00)
M/CTE por concepto de asignación mensual de retiro pagada entre el 14-02-
2002 y el 30-01-2014, incluidos los descuentos de ley» (sic); y (ii) declaró
deudor del tesoro público al accionante.
f) Oficio 4264 del 7 de marzo de 2014 (f. 194), por medio del cual el
subdirector de prestaciones sociales de Casur pidió de la Policía Nacional que
en el acto administrativo que reconozca la prestación de invalidez al accionante,
«[...] se ordene descontar en un solo contado, con destino al presupuesto de la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, la [citada] suma y se envíe
copia de la providencia definitiva mediante la cual se reconozca [la] pensión».
g) Resolución 1036 de 16 de septiembre de 2014 (ff. 195 vuelto a 203) de la
dirección administrativa y financiera de la Policía Nacional, por conducto del
cual realizó la liquidación de la aludida pensión y dispuso el pago de
$316.318.968,27 de los que se descontarían, entre otras sumas, $127.597.947,00
por la asignación de retiro recibida por el señor Carmona Mendoza del 14 de
febrero de 2002 al 30 de enero de 2014.
h) Escrito de 20 de junio de 2017 (ff. 206 vuelto a 207 vuelto), en el que el
pensionado solicitó de la Policía Nacional el reembolso de la suma relacionada
en el anterior acto administrativo.
i) Oficio E-0003-201717934 - CASUR Id: 256959 de 18 de agosto de 2017 (ff.
209 vuelto a 210), por el que el director general de Casur le respondió al actor
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Expediente: 20001-23-39-000-2017-00608-01 (6247-2019)
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que con fundamento en los artículos 128 de la Constitución Política y 36 del
Decreto 4433 de 2004, no era dable devengar simultáneamente pensión de
invalidez y asignación de retiro.
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el actor fue
retirado de la Policía Nacional el 14 de febrero de 2002, (ii) Casur le concedió
asignación de retiro, desde el día de su desvinculación de la institución; (iii) por
orden judicial, a través de Resolución 255 de 13 de febrero de 2014, le fue
reconocida pensión de invalidez a partir del 4 de mayo de 2001 y se dispuso
descontar del retroactivo de las mesadas «el valor reconocido por asignación
de retiro» del 14 de febrero de 2002 al 30 de enero de 2014; (iv) con Resolución
1194 de 7 de marzo de 2014, Casur informó el valor a deducir y, por medio de
oficio 4264 de la misma fecha, solicitó que se efectuara en un solo contado, con
destino al presupuesto de esa entidad; (v) mediante Resolución 1036 de 16 de
septiembre de 2014, la dirección administrativa y financiera de la Policía
Nacional liquidó el pago de la aludida prestación; y (vi) frente a lo anterior, el
pensionado, con escrito de 20 de junio de 2017, pidió del Ministerio de Defensa
Nacional el reintegro de las sumas deducidas, negado con oficio E-0003-
201717934 - CASUR Id: 256959 de 18 de agosto de 2017.
Conforme a lo anotado en el acápite precedente, acerca de la incompatibilidad
respecto de lo pagado, en virtud de una condena judicial, por concepto de las
mesadas pensionales por invalidez dejadas de devengar, con lo recibido durante
el mismo lapso por asignación de retiro, resulta razonable la actuación de la
entidad demandada al ordenar el descuento de las sumas que se le sufragaron al
accionante con ocasión del reconocimiento de esta última prestación, toda vez que
aquella condena que otorgó la pensión procede a título de restablecimiento del
derecho y crea una ficción jurídica consistente en que el trabajador se beneficiaba
de sus mesadas desde cuando se hizo efectiva fiscalmente (4 de mayo de 2001) y,
en ese orden, tampoco le es dable recibir más de una asignación que provenga del
erario.
Por las razones que preceden, la Sala de decisión arriba al convencimiento que
el actor carece de derecho a que le sean reintegradas las sumas descontadas, por
cuanto el pago de las mesadas que dejó de devengar mientras se le reconoció la
pensión de invalidez comporta la naturaleza de restablecimiento del derecho, y
al haber recibido asignación de retiro durante ese lapso (desde el 14 de febrero
de 2002 hasta el 30 de enero de 2014), de acuerdo con el mandato contenido en
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Expediente: 20001-23-39-000-2017-00608-01 (6247-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Adalberto Carmona Mendoza contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional y otra
el artículo 128 superior, hay lugar a realizar el respectivo descuento10.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto con las
reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará la sentencia recurrida, que negó las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia proferida el 28 de agosto de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda incoada por
el señor Adalberto Carmona Mendoza contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (Casur), conforme a lo consignado en las consideraciones de esta
providencia.
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las constancias y anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
10
En similares términos concluyó esta subsección, en fallos de 29 de agosto de 2019, expedientes 20001-23-
33-000-2012-00230-01 (1110-2015) y 20001-23-31-000-2012-00211-01 (559-2014), C. P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
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