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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2019-00047-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 81001-23-39-000-2019-00047-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 81001-23-39-000-2019-00047-01 (0794-2024)
Demandante: Rubén Darío Chaves Canabal
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Tema: asignación de retiro. Subtema 1: prohibición de recibir más de una asignación
del tesoro público —artículo 128 de la Constitución Política—.

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, el
9 de diciembre de 2022, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

Rubén Darío Chaves Canabal, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, pretende la nulidad del acto por medio del cual la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (en adelante Casur) revocó el
reconocimiento de la asignación de retiro y dispuso el reintegro de las sumas pagadas
por dicho concepto, debido al reintegro dispuesto por orden judicial, con el pago de los
salarios y prestaciones dejados de percibir por el tiempo que devengó la prestación.
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda por la incompatibilidad de percibir dos asignaciones del tesoro derivadas de
la condición de personal retirado y, a la vez, la de uniformado en servicio activo.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1.El señor Rubén Darío Chaves Canabal, mediante apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra Casur, con el fin de que se
declare la nulidad de las Resoluciones núm. 2868 del 23 de mayo de 2017 y 4611 del
10 de agosto del mismo año, mediante las cuales dicha entidad i) revocó la Resolución

Radicación: 81001-23-39-000-2019-00047-01 (0794-2024)
Demandante: Rubén Darío Chaves Canabal
Demandado: Casur

núm. 8118 del 23 de septiembre de 2014, que reconoció la asignación de retiro desde
2012; ii) ordenó el reintegro de $191.400.8701 pagados por ese concepto y iii) lo
declaró deudor del tesoro público.

2.Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar a Casur a eliminar de cualquier registro la condición de deudor del tesoro
público; a pagar $40.000.000 por concepto de daño emergente y 10 SMLMV por
perjuicios morales; indexar las sumas adeudadas; pagar los intereses
correspondientes e imponer condena en costas a la entidad demandada2.

2.1.1. Hechos

3.El señor Rubén Darío Chaves Canabal fue retirado del servicio por voluntad del
Gobierno nacional, mediante Resolución núm. 0208 del 31 de enero de 2012, a partir
del 9 de febrero del mismo año.

4.Casur, mediante Resolución núm. 8118 del 23 de septiembre de 2014, reconoció al
actor asignación de retiro a partir del 9 de mayo de 2012, en cuantía equivalente al
58% del sueldo básico y de las partidas computables.

5. El Ministerio de Defensa, a través de la Resolución núm. 1815 del 21 de marzo de
2017, reintegró al demandante al servicio activo en cumplimiento de la decisión judicial
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Arauca el 8 de mayo de 2014, y
le reconoció el pago de los salarios y emolumentos dejados de percibir desde el 9 de
febrero de 2012 hasta la fecha en que se hiciera efectivo el reintegro.

6. Casur, mediante Resolución núm. 2868 del 23 de mayo de 2017, revocó la
Resolución núm. 8118 del 23 de septiembre de 2014, por medio de la cual le había
reconocido la asignación de retiro al actor, y le ordenó reintegrar $188.609.407,
pagados del 9 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2017.

7. El señor Rubén Darío Chaves Canabal presentó recurso de reposición contra la
anterior decisión, el cual fue resuelto de manera negativa mediante la Resolución núm.
4611 del 10 de agosto de 2017. Además, dicho acto aclaró que la suma a reintegrar
era de $191.400.870.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

8. El actor consideró que los actos administrativos demandados desconocieron el
artículo 29 de la Constitución Política, los artículos 3.1, 3.4 y 97 del CPACA y el
principio de confianza legítima.

9. Afirmó que las resoluciones acusadas vulneraron el debido proceso al no seguir lo
dispuesto en el artículo 97 del CPACA, respecto a la revocatoria directa de los actos

1 En la Resolución núm. 2868 del 23 de mayo de 2017 se estableció que el monto era $188.609.407, sin embargo,

dicha suma fue objeto de aclaración por la Resolución núm. 4611 del 10 de agosto siguiente.
2 Samai del Tribunal, índice 28, documento 2_ED_CHAVESCANABAL(.pdf), págs. 94 a 120.

2

Radicación: 81001-23-39-000-2019-00047-01 (0794-2024)
Demandante: Rubén Darío Chaves Canabal
Demandado: Casur

administrativos de carácter particular. Además, violaron los principios de la buena fe y
la confianza legítima, dado que dicha revocatoria se dio «de forma abrupta y arbitraria»
con fundamento en argumentos que no guardan relación «con la prestación adquirida
por el actor».

10. Manifestó que, en virtud del «principio de la autotutela», los efectos de la
revocatoria de un acto administrativo se generan hacia el futuro, es decir, no tienen la
capacidad de retrotraer las cosas al momento anterior a la expedición del acto,
contrario a lo que ocurre «en virtud de una decisión judicial». Asimismo, refirió que no
se configura la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política, dado que el pago
de los dineros causados con ocasión del reintegro es a título de indemnización y no
por la prestación del servicio, según la jurisprudencia del Consejo de Estado.

2.2. Contestación de la demanda

11. Casur se opuso a las pretensiones de la demanda con el argumento de que los
actos gozan de presunción de legalidad, puesto que el actor no podía ostentar
simultáneamente la calidad de empleado y retirado. Expuso que la sentencia que
ordenó el reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir descartó el descuento
de sumas que el actor hubiera devengado en virtud de otra relación laboral,
circunstancia que imponía el reintegro de las sumas pagadas por concepto de
asignación de retiro, que «no es un vínculo laboral»3, pues con ello incurre en la
prohibición prevista en el artículo 128 de la Constitución.

2.3. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de Arauca negó las pretensiones de la demanda,
mediante sentencia del 9 de diciembre de 2022, porque consideró ajustada a derecho
la orden de reintegro de las sumas pagadas por concepto de asignación de retiro, dada
la configuración de la prohibición prevista en el artículo 128 de la Constitución Política4.
Se abstuvo de imponer condena en costas.

13. Al sustentar la decisión, el tribunal precisó que los salarios y prestaciones
reconocidos con ocasión de la sentencia que ordenó el reintegro se pagaron a título
de restablecimiento del derecho, pues al declararse la nulidad del acto que lo retiró el
actor retomó la condición de personal en servicio activo, sin solución de continuidad,
en atención al «efecto general de la nulidad de un acto administrativo».

14. Por tanto, al devengar simultáneamente salario y asignación de retiro entre el 9 de
mayo de 2012 y el 30 de abril de 2017, se configuró la prohibición del artículo 128 de
la Constitución. Así, la orden de reintegro se emitió en cumplimiento de un mandato
superior que no vulnera el derecho al debido proceso ni la confianza legítima, pues
tuvo la posibilidad de discutir dicha decisión en sede administrativa y judicial. Ahora, si
bien no se evidenció mala fe en la conducta del actor, tampoco podía conservar la

3 Samai del Tribunal, índice 30, documento 4_ED_04CUADERNOPRINCIPALP(.pdf), págs. 76 a 82.
4 Samai del Tribunal, índice 27.

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Demandante: Rubén Darío Chaves Canabal
Demandado: Casur

doble asignación proveniente del erario, como quiera que «lo ilegal no genera
derechos ni se sanea por el transcurso del tiempo».

15. En virtud de lo anterior, explicó que no se vulneró el artículo 97 del CPACA, toda
vez que dicha norma establece que el consentimiento previo en la revocatoria directa
es un requisito «salvo las excepciones establecidas en la ley». Asimismo, el artículo
93 ibidem dispone que los actos administrativos deben revocarse «cuando sea
manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley», de ahí que no se requería
la autorización del demandante.

2.4. Recurso de apelación

16. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia y solicitó que se
revoque la decisión bajo el argumento de que la entidad demandada, contrario a lo
manifestado por el tribunal, vulneró el derecho de audiencia y defensa, pues no tenía
competencia para revocar la resolución que concedió la asignación de retiro y ordenar
el reintegro de dineros pagados por dicho concepto. Lo anterior, conforme al artículo
97 del CPACA, que establece el requisito del consentimiento previo del titular para la
revocatoria de los actos administrativos de carácter particular.

17. Además, expuso que el criterio jurisprudencial que tuvo en cuenta la sentencia de
primera instancia no es aplicable al caso, porque tiene como fundamento decisiones
que fueron proferidas después de la fecha de expedición de los actos demandados5.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

18. El despacho, mediante auto del 9 de agosto de 20246, admitió el recurso de
apelación y prescindió del traslado a las partes para alegar de conclusión por no existir
peticiones probatorias por decretar.

2.6. Ministerio Público

19. La Procuraduría Segunda delegada ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

20. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

5 Samai del Tribunal, índice 35.
6 Samai, índice 12.

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Demandante: Rubén Darío Chaves Canabal
Demandado: Casur

21. Conforme con los argumentos expuestos por el apelante, a esta Sala le
corresponde resolver el siguiente interrogante:

22. ¿Casur tenía competencia para revocar el acto que reconoció la asignación de
retiro y ordenar el reintegro de las sumas pagadas por dicho concepto, dada la
configuración de la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

23. La Constitución Política de 1991, en el artículo 1287, establece la prohibición de
desempeñar más de un empleo público o devengar más de una asignación
proveniente del erario y prevé la posibilidad de excepciones conforme con lo dispuesto
en la ley.

24. En ese sentido, el artículo 19 de la Ley 4 de 19928 reprodujo la prohibición del
artículo 128 superior y exceptuó de dicha regla las asignaciones «percibidas por el
personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública»,
entre otras.

25. En atención a la prohibición constitucional sobre asignaciones concomitantes del
erario y a las excepciones previstas en la ley, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha variado la tesis frente a la compatibilidad de dos asignaciones del erario en los
casos en que tal concurrencia se genera por motivo de una condena judicial que
declara la nulidad del acto de retiro o desvinculación y ordena el reintegro al servicio,
a partir de la precisión conceptual sobre reconocimiento del derecho e indemnización.

26. En esta línea, la Sección Segunda, mediante sentencia del 17 de septiembre de
1993, sostuvo que los emolumentos reconocidos a título de restablecimiento, como
consecuencia de la nulidad del acto de retiro y el consecuente reintegro y pago de los
salarios dejados de percibir sin solución de continuidad, restablecen el derecho en
atención a que dicha figura repara «la situación jurídica como si el desvinculado jamás
hubiera estado cesante»9.

7 Aprobado con 13 votos según el informe de la Comisión Tercera a la Plenaria de la Asamblea Nacional
Constituyente.
8 Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una

asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su asistencia a las mismas,
siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes
pensionados.
Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo
a varias entidades.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 5505, M.P. Joaquín Barreto Ruiz. Reiterado en: Consejo de

Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 1993, radicación 5634, M.P., Diego Younes Moreno.

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Demandado: Casur

27. La Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, mediante sentencia del 28 de
agosto de 199610, replanteó la tesis en el sentido de establecer que las sumas
reconocidas por concepto de salarios y prestaciones dejadas de percibir desde el
momento del retiro hasta la fecha de reintegro tienen la finalidad de «resarcir el
perjuicio», criterio a partir del cual precisó lo siguiente: i) no hay restricción de percibir
salario e indemnización de los perjuicios reconocidos por causa de la declaración de
nulidad; ii) no existe norma que imponga a la jurisdicción de lo Contencioso-
Administrativo restringir ese tipo de condenas; iii) la ley establece la responsabilidad
del funcionario que realiza el retiro ilegal mediante la repetición de cobro de las sumas
de condena11.

28. La Sección Segunda, en decisión del 16 de mayo de 200212, se apartó del criterio
descrito en precedencia y retomó la tesis según la cual el juez, al ordenar el reintegro
y el pago de salarios dejados de percibir durante el retiro declarado nulo con motivo
de la declaración de nulidad del acto de desvinculación, por virtud de una ficción legal,
regresa «las cosas a su estado anterior, como si el empleado nunca hubiere sido
retirado del servicio, es decir, que restablece el derecho». Por tanto, la reparación del
daño no es equiparable al restablecimiento del derecho, aunque, eventualmente,
puede utilizarse como una figura adicional de la primera.

29. La Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, a través de sentencia del 29 de
enero de 200813, reiteró la tesis mayoritaria, según la cual el pago ordenado como
consecuencia de la nulidad del acto de retiro tiene carácter resarcitorio, en el entendido
de que «el restablecimiento del derecho se traduce en la indemnización de los
perjuicios irrogados por el acto ilegal». En ese orden, la referencia a los salarios
dejados de percibir se realiza a título de indemnización, porque el servicio no se prestó
de manera efectiva por la extinción ilegal de la relación laboral.

30. Con base en lo anterior, concluyó que las sumas de condena por el reintegro al
servicio no configuran la prohibición descrita en el artículo 128 de la Constitución,
postura que fue reiterada mediante sentencia del 3 de febrero de 2015, proferida por
la Sala Octava Especial de Decisión14.

31. Para continuar con la exposición cronológica de las tesis jurisprudenciales, resulta
oportuno señalar que la Corte Constitucional, en sentencia del 21 de septiembre de
201115, acogió la «línea jurisprudencial señalada por el Consejo de Estado […] en
sentencia del 16 de mayo de 2002», conforme con la cual el restablecimiento del
derecho generado por la nulidad del acto de retiro y el pago de los salarios y

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, radicación IJ-638, M.P., Carlos Arturo Orjuela

Góngora.
11 El Decreto 1222 de 1986 establece que «Los departamentos repetirán contra las personas que hubieren

efectuado elecciones, nombramientos o remociones ilegales de funcionarios, el valor de las indemnizaciones que
hubieren pagado por esta causa.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 19001-23-31-000-1998-0397-01 (1659-01), M.P., Ana

Margarita Olaya Forero.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, radicación 76001-23-31-000-2000-02046-02,

M.P., Jesús María Lemos Bustamante.
14 Consejo de Estado, Octava Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2003-00169-00.
15 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-691 de 2011.

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prestaciones, por motivo de una ficción legal que supone devolver la situación al
estado en que se encontraba, no es equiparable a la reparación de un daño.

32. Por tanto, debe entenderse que la condena derivada de la declaración de nulidad
obedece al pago de emolumentos a cargo del erario, los cuales son incompatibles con
otros pagos provenientes del tesoro público. Así, precisó que la orden de descontar
las sumas percibidas por el demandante en otros cargos públicos durante el tiempo de
la desvinculación resulta ajustada a derecho, porque una interpretación diferente
generaría la configuración de la prohibición prevista en el artículo 128 de la
Constitución y materializaría un enriquecimiento sin causa para el demandante.

33. Bajo la misma línea, la Corte Constitucional, en sentencia del 12 de febrero de
201516, unificó la jurisprudencia en los eventos de desvinculación sin motivación de los
empleados en provisionalidad que ejercen cargos de carrera, al señalar que es
procedente disponer el reintegro sin solución de continuidad y descontar las sumas
devengadas por su trabajo, ya sea que «provenga de fuente pública o privada, como
dependiente o independiente».

34. Ahora, si bien es cierto que dicha decisión fijó las reglas respecto de empleados
provisionales en cargos de carrera, también lo es que dispuso, de manera general,
que los jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, en asuntos de retiro
del servicio de miembros de la Policía Nacional, deben tener en cuenta las
consideraciones expuestas en la decisión de unificación, concretamente, «la
valoración respecto a la procedencia del reintegro de un[a] parte y la orden de pago
de una indemnización por otra parte».

35. Por último, la Sala Plena de esta corporación, mediante sentencia de unificación
del 9 de agosto de 2022, estableció que son razonables y ajustados a la Constitución
Política los descuentos efectuados a la orden de pago de salarios y prestaciones
dejados de percibir con ocasión del acto de retiro del servicio, por causa de las sumas
recibidas por la prestación de servicios en el sector público, en atención a la prohibición
constitucional. Lo anterior, en el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el acto de desvinculación de un empleado provisional que ostentaba
un cargo de carrera.

36. En punto a la aplicación de dicho precedente, se considera importante destacar
que en la mencionada decisión la Sala Plena precisó la naturaleza del restablecimiento
del derecho generado con motivo de la declaración de nulidad de un acto de retiro del
servicio, distinta a la reparación de un daño, de cara a la prohibición del artículo 128
de la Constitución y sus excepciones previstas en el artículo 19 de la Ley 4 de 199217.

16 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-053 de 2015.
17 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la

fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública {…]».

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Demandante: Rubén Darío Chaves Canabal
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37. La Sección Segunda de esta corporación se ha pronunciado de manera uniforme
y reiterada18 frente a casos análogos al presente, en el sentido de reiterar la regla
consistente en la incompatibilidad de percibir simultáneamente asignación de retiro y
salario. Por tanto, en los eventos en los que se declara la nulidad del acto de retiro del
servicio y se ordena el reintegro sin solución de continuidad es procedente el
descuento del monto devengado por concepto de asignación de retiro durante el
tiempo de la desvinculación.

3.4. Caso concreto

38. En el proceso se encuentran demostrados los siguientes hechos:

(i) el actor fue retirado del servicio activo por voluntad de la Dirección General de
la Policía Nacional, a partir del 31 de enero de 201219;

(ii) la asignación de retiro le fue reconocida desde el 9 de mayo de 2012, según
consta en la Resolución núm. 8118 del 23 de septiembre de 201420;

(iii) se le reintegró al servicio, sin solución de continuidad y se ordenó el pago de
salarios dejados de percibir a partir del 9 de mayo de 2012 mediante Resolución
núm. 1815 del 21 de marzo de 201721;

(iv) mediante Resolución núm. 2868 del 13 de mayo de 2017, se le ordenó
reintegrar al presupuesto de Casur la suma de $188.609.407 devengada por
concepto de asignación de retiro entre el 9 de mayo de 2012 y el 30 de abril de
201722;

(v) contra la anterior decisión interpuso el recurso de reposición, que fue resuelto
de manera negativa por la Resolución 4611 del 10 de agosto de 2017, la cual
aclaró que la suma a reintegrar era de $191.400.87023.

39. La Resolución núm. 1815 del 21 de marzo de 2017 ordenó el reintegro del señor
Chaves Canabal sin solución de continuidad, es decir, que para todos los efectos se
tuvo como si nunca hubiera sido desvinculado. Lo anterior conlleva la configuración de

18 Véase, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de julio de 2017,

radicado 52001-23-31-000-2012-00134-01 (4949-16), M.P., Sandra Lisset Ibarra Vélez. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2019, radicado 54001-23-31-000-2012-00200-
01(3610-16), M.P., William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
2 de octubre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2018-00482-01 (4822-2019), M.P., Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado 25000-23-
42-000-2018-01564-01 (2738-20), M.P., William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 17 de marzo de 2022, radicado 20001-23-39-000-2017-00608-01 (6247-2019), M.P.,
Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de marzo de 2023,
radicado 25000-23-42-000-2014-01027-01 (3115-2021), M.P., César Palomino Cortés. Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2018-00316-01 (4161-
2023), M.P., Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 23 de marzo de 2025, radicado 05001-23-33-000-2017-02911-01 (1915-2025), M.P., Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
19 Según se extrae de la parte considerativa de la Resolución que ordenó su reintegro.
20 Samai del Tribunal, índice 28, documento 2_ED_CHAVESCANABAL(.pdf), págs. 2 y 3.
21 Samai del Tribunal, índice 28, documento 2_ED_CHAVESCANABAL(.pdf), págs. 4 y 5.
22 Samai del Tribunal, índice 28, documento 2_ED_CHAVESCANABAL(.pdf), págs. 7 a 9.
23 Samai del Tribunal, índice 28, documento 2_ED_CHAVESCANABAL(.pdf), págs. 11 a 15.

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Demandante: Rubén Darío Chaves Canabal
Demandado: Casur

la prohibición prevista en el artículo 128 de la Constitución Política, porque el
recurrente no podía ostentar la calidad de retirado con asignación de retiro y, de
manera simultánea, encontrarse en servicio activo con salario.

40. De otro lado, frente al argumento consistente en la falta de competencia de Casur
para revocar el acto que reconoció la asignación de retiro sin el consentimiento del
titular, conforme al artículo 97 del CPACA, esta Subsección ha señalado en casos
similares lo siguiente:

[D]ebe precisarse que el presente asunto no se trata del uso de la figura de revocatoria
directa sin el consentimiento previo del interesado, sino de una actuación administrativa
originada en el cumplimiento de una sentencia de reintegro, que generaba la imposibilidad
de continuar cancelando la asignación mensual de retiro, por el hecho de que el actor se
encontraba en servicio activo24.

41. En ese sentido, la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Arauca resolvió que «para todos los efectos […] no ha existido solución de continuidad
en la prestación de los servicios por parte de RUBÉN DARÍO CHAVES CANABAL».
Por tanto, el lapso en que estuvo desvinculado se tuvo en cuenta como tiempo
laborado y, de esa manera, el actor no podía ostentar simultáneamente la calidad de
pensionado con asignación de retiro y de uniformado en servicio activo con salario.

42. Asimismo, no se puede dejar de lado que entre las funciones de Casur se
encuentra la de «administrar directa o indirectamente los […] recursos de capital que
constituyan el patrimonio de la entidad, o aquellos que, sin ser de su propiedad, se le
confíen a su manejo». Así, la entidad está en la capacidad de adelantar las acciones
pertinentes para garantizar la debida ejecución de los dineros destinados a cumplir su
objetivo fundamental, consistente en reconocer y pagar las asignaciones de retiro de
los miembros de la Policía Nacional25.

43. Por consiguiente, la Resolución núm. 2868 del 13 de mayo de 2017, que revocó la
Resolución núm. 8118 del 23 de septiembre de 201426 y ordenó el reintegro de las
sumas devengadas por concepto de asignación de retiro durante el periodo que el
señor Chaves Canabal estuvo desvinculado, se dio en el marco de la obligación antes
reseñada, consistente en administrar adecuadamente los recursos a su cargo, máxime
porque estos ostentan el carácter de contribuciones parafiscales destinadas a
garantizar el derecho fundamental a la seguridad social de los afiliados a Casur.

44. Ahora bien, es del caso precisar que el tribunal no adoptó la tesis consistente en
que las sumas reconocidas con ocasión del reintegro al cargo por la declaratoria de
nulidad del acto de desvinculación se conceden a título de indemnización sino como
restablecimiento del derecho. Cabe agregar que, aun cuando al momento de expedir

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de marzo de 2023, radicado 25000-23-42-

000-2014-01027-01 (3115-2021), M.P., César Palomino Cortés. Criterio reiterado en: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2025, radicado 05001-23-33-000-2017-02911-01 (1915-
2025), M.P., Jorge Edison Portocarrero Banguera.
25 Acuerdo 008 de 2001 «Por el cual se adoptan los estatutos internos de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía

Nacional».
26 Mediante la cual se le reconoció la asignación del retiro al señor Rubén Darío Chaves Canabal.

9

Radicación: 81001-23-39-000-2019-00047-01 (0794-2024)
Demandante: Rubén Darío Chaves Canabal
Demandado: Casur

los actos administrativos cuestionados —2017— se mantenía vigente la línea
jurisprudencial del Consejo de Estado reflejada, entre otras, en la decisión de 29 de
enero de 2008, dicha providencia no constituía un precedente obligatorio para resolver
la situación jurídica del demandante frente al pago simultáneo de salarios y asignación
de retiro ordenado por su reintegro.

45. Ello obedece a que tal postura jurídica fue reformulada y ha sido sostenida por la
Sección Segunda27, al establecer que las sumas reconocidas con motivo de la
declaración de nulidad del acto de retiro del servicio constituyen un restablecimiento
del derecho. Además, como la situación del señor Chaves Canabal no había sido
objeto de debate judicial previo, no existía una decisión ejecutoriada con efectos de
cosa juzgada que consolidara la interpretación inicial según la cual la orden de pago
de salarios se concede a título de indemnización y no como restablecimiento del
derecho. De esa forma, la respuesta al problema jurídico es negativa.

3.5. Conclusión

46. En el presente caso, se configuró la prohibición de percibir simultáneamente
salario y asignación de retiro, en los términos del artículo 128 de la Constitución
Política. Lo anterior, porque el actor, al ser reintegrado al cargo sin solución de
continuidad, se entiende como personal en servicio activo con el tiempo efectivamente
laborado para todos los efectos legales, lo cual configura una doble asignación
proveniente del erario.

3.6. Costas

47.La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 28 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, consistente en que para decretar la
condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o
de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha condena,
en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

27 Ver pie de página 18.
28 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 81001-23-39-000-2019-00047-01 (0794-2024)
Demandante: Rubén Darío Chaves Canabal
Demandado: Casur

48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca el
9 de diciembre de 2022, que negó las pretensiones de la demanda.

Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En consecuencia,
conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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