Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2015-00093-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2015-00093-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 81001-23-39-000-2015-00093-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D.C., Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 81001-23-39-000-2015-00093-02 (0294-2021)1
Demandantes: Antonio José Chacón Pinzón y Rosalba Coll Rojas.
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima Especial de Servicios
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia de Trece (13) de Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala
de Conjueces del Tribunal Administrativo de Arauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda2
1.1.1. Pretensiones
1. Los señores Antonio José Chacón Pinzón y Rosalba Coll Rojas, por intermedio de
apoderado judicial, acudieron a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la
nulidad de los Oficios núm. 1989 del Siete (7) de Mayo de Dos Mil Quince (2015) y 3080
del Treinta (30) de Junio siguiente, mediante los cuales, la entidad demandada negó las
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Expediente electrónico.
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Samai, índice 2, documento: 2_ED_CuadernoPrincipal_01Cuaderno1.PDF(.PDF), páginas 9 a 48.
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Número Interno: 0294-2021
Accionantes: Antonio José Chacón Pinzón y otro
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación
solicitudes presentadas por los demandantes sobre el reconocimiento de la prima
especial y la reliquidación de los emolumentos salariales y prestacionales devengados
por los demandantes en calidad de Procuradores Judiciales I y II.
2. Solicitaron se estuviera a lo resuelto en la sentencia del Consejo de Estado, Sección
Segunda del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014) (expediente No. 11001-
03-25-000-2007-00087-00), con la que, se declararon parcialmente nulas disposiciones
de varios decretos salariales al excluir la prima especial del 30% del salario básico y sus
efectos prestacionales.
3. A título de restablecimiento del derecho, deprecaron: (i) la aplicación del régimen
salarial y prestacional vigente desde 1993 y en adelante, para el pago de los valores de
los salarios y prestaciones sociales que resulten de las liquidaciones que se reclaman,
además de la prima especial sin carácter salarial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de
1992; (ii) los descuentos de orden tributario y los aportes correspondientes a las
entidades de seguridad social competentes en los asuntos pensionales y las
transferencias legales en cada caso; (iii) el cálculo de los ajustes de valor y la liquidación
de los intereses establecidos por la ley; y (iv) la condena en costas a la demandada.
1.1.2. Hechos
4. El señor Antonio José Chacón Pinzón, afirmó que se desempeñó como Procurador
Judicial I Penal de Mitú, desde el Seis (6) de diciembre de Dos Mil Dos (2002) hasta el
Cinco (5) de julio de Dos Mil Cuatro (2004), y como Procurador Judicial I Penal de Arauca,
desde el (6) de julio de Dos Mil Cuatro (2004) hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre
de Dos Mil Cinco (2005).
5. Por otra parte, la señora Rosalba Coll Rojas, indicó que, prestó sus servicios a la
entidad demandada como Procuradora Judicial I de Cali desde el Trece (13) de enero de
Dos Mil Tres (2003) hasta el Siete (7) de agosto de Dos Mil Siete (2007); y como
Procuradora Judicial II ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, desde el
Ocho (8) de agosto de Dos Mil Siete (2007) hasta el Diecisiete (17) de abril de Dos Mil
Doce (2012).
6. Señalaron que, las solicitudes tenían por objeto que la entidad demandada aplicara el
régimen salarial y prestacional que había quedado vigente luego que la Jurisdicción de
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Número Interno: 0294-2021
Accionantes: Antonio José Chacón Pinzón y otro
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación
lo Contencioso Administrativo, declarara nulas aquellas disposiciones sobre la prima
especial creada por la Ley 4 de 1992 y equivalente al 30% del salario básico.
7. El Veinticuatro (24) de Febrero de Dos Mil Quince (2015) y el Cuatro (4) de Junio del
mismo año, solicitaron a la entidad demandada el reconocimiento y pago de las
diferencias en la liquidación de las prestaciones sociales, primas, y bonificaciones
derivadas de la aplicación del 30% del salario.
8. La Procuraduría General de la Nación, respondió de forma negativa las aludidas
peticiones, mediante los Oficios 1989 del Siete (7) de Mayo de Dos Mil Quince (2015) y
3080 del Treinta (30) de Junio siguiente.
1.1.3. Concepto de violación
9. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:
9.1. Constitucionales: artículos 13, 25, 53, 58, 122 a 131 y 150, numerales
11, 19, literal e).
9.2. Legales y reglamentarias: Ley 4 de 1992, artículos 1, 2 y 15; Código Civil,
artículos 1740 y 1746; Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, artículos 137 y 138; Decretos 54 de 1993, artículo
9; 107 de 1994, artículo 9; 26 de 1995, artículo 10; 35 de 1996, artículos 10 y
12; 56 de 1997, artículos 9 y 11; 67 de 1998, artículos 9 y 11; 37 de 1999,
artículos 9 y 11; 2734 de 2000, artículos 9 y 11; 1482 de 2001, artículos 9 y
11; 2730 de 2001 artículos 9 y 11; 683 de 2002, artículos 8 y 10; 3548 de 2003,
artículos 8 y 10; 4169 de 2004, artículos 8 y 10; 933 de 2005, artículos 8 y 10;
392 de 2006, artículos 8 y 10; y 621 de 2007, artículos 8 y 10.
10. Expuso que, el Gobierno Nacional, desde 1993 expidió decretos en desarrollo de la
Ley 4 de 1992, en los cuales fijó el régimen salarial y prestacional de los congresistas,
magistrados de las Altas Cortes, funcionarios y empleados de la Rama Judicial,
estableciendo para las remuneraciones salariales los valores correspondientes.
Respecto a la prima especial indicó que, el Gobierno determinó primero, los valores del
salario básico y demás remuneraciones y a partir de dicho monto, dispuso que la prima
especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, era igual al 30% del salario básico.
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Accionantes: Antonio José Chacón Pinzón y otro
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1.2. Contestación de la demanda3
11. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones, al considerar que,
carece de facultades constitucionales o legales para fijar el régimen salarial de su
personal, pues, esta competencia corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional.
Además, expuso que, antes de la Constitución de 1991, la Procuraduría hacía parte de
la Rama Judicial y compartía su mismo régimen salarial y prestacional; sin embargo, con
la nueva Carta Política adquirió autonomía y un sistema propio, separado del de la Rama
Judicial. Finalmente, propuso la excepción que denominó «innominada o genérica»4.
1.3. Sentencia de primera instancia5
12. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Arauca, mediante sentencia del
Trece (13) de Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la Procuraduría, en los siguientes
términos:
PRIMERO.- Estese a lo resuelto en la sentencia DE UNIFICACIÓN SUJ-016-CE-S2-2019
proferida por el Consejo de Estado dentro del expediente N° 41001-23-33-000-2016-00041-
02 (2204-2018) CP. Dra. CARMEN ANAVA DE CASTELLANOS respecto a la prima especial
de servicios de que trata el artículo 14 de la ley 4 de 1992.
SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción llamada innominada formulada por la parte
demandada conforme la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR probada la excepción de PRESCRIPCIÓN de la Prima reclamada,
causada con anterioridad del 24 de febrero de 2012 para Antonio José Chacón y 04 de junio
de 2012 para Rosalba Coll Rojas conforme la parte motiva de esta providencia.
CUARTO.- Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en los oficios Nos.
1989 del 7 de mayo de 2015 y 3080 del 30 de junio de 2015, por medio de los cuales se les
negó a los demandantes ANTONIO JOSE CHACON PINZON y ROSALBA COLL ROJAS,
el reconocimiento y pago del 30% del sueldo mensual que en virtud de los actos anulados se
les dejó de cancelar como parte de dicho sueldo en los cargos de Procuradores Judiciales I y
II de Arauca, conforme a lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia.
QUINTO: CONDENAR en consecuencia a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION:
a) Re liquidar y pagar las prestaciones sociales, salariales y laborales (prima de navidad,
prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en salud
y pensión, bonificación por servicios prestados, entre otras) del señor ANTONIO JOSE
CHACON PINZON, identificado con cédula de ciudadanía Nº2.099.919, expedida en
Guadalupe causadas desde el 24 de febrero de 2012 y hasta que por razón del cargo
tenga derecho, teniéndose en cuenta para el efecto como base de liquidación el 100% de
la remuneración básica mensual legal, incluyendo el 30% que hasta ahora se ha tenido
3
Samai, índice 2, documento: 3_ED_CuadernoPrincipal_02Cuaderno2.PDF(.PDF), páginas 23 a 32.
4
En sentencia del 13 de diciembre de 2019, fue declarada no probada la excepción denominada «innominada o genérica», formulada
por la parte demandada.
5
Samai, índice 2, documento: 3_ED_CuadernoPrincipal_02Cuaderno2.PDF(.PDF), páginas 247 a 267.
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Accionantes: Antonio José Chacón Pinzón y otro
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación
como prima especial.
b) Re liquidar y pagar las prestaciones sociales, salariales y laborales (prima de navidad,
prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en salud
y pensión, bonificación por servicios prestados, entre otras) del señor ROSALBA COLL
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía Nº29.596.691, causadas desde el 04 de
junio de 2012 y hasta que por razón del cargo tenga derecho, teniéndose en cuenta para
el efecto como base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual legal,
incluyendo el 30% que hasta ahora se ha tenido como prima especial.
c) Reconocer y pagar a los actores dentro del mismo periodo la prima especial prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, sin carácter salarial, en cuantía equivalente al 30% de
la asignación básica mensual, entendida como un agregado o valor adicional.
d) Las sumas resultantes de esa condena serán ajustadas a su valor de conformidad con el
inciso final del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, aplicando para ello la fórmula matemática indicada en la
parte motiva de esta providencia.
e) De la misma manera se condena a la parte demandada a pagar a los demandantes los
intereses moratorios contemplados en el inciso tercero del artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativos, que se causen a partir
de la ejecutoria.
SEXTO: Ordenar a la Procuraduría General de la Nación realizar los descuentos de Ley a los
demandantes.
SÉPTIMO: Condenar en costas a la Procuraduría General de la Nación por el pago de gastos
ordinarios del proceso realizado por la demandante, las cuales se liquidarán por secretaría.
OCTAVO: Ordenar a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del término
previsto en el artículo 192 y 193 del C.P.A.C.A., acatando la Sentencia C - 188 de 1999.
NOVENO: Expídase por secretaría al demandante, copia de esta sentencia con la constancia
de su notificación y ejecutoria, y de ser la primera en que presta mérito ejecutivo.
DÉCIMO: Tener por registrado el embargo solicitado por el Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Arauca sobre los créditos o derechos litigiosos de la señora ROSAL COLL
ROJAS, limitándose la medida a la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS (34.262.096.00). Por
secretaría comuníquese esta medida a la Procuraduría General de la Nación para los fines y
al juzgado de conocimiento para los fines pertinentes.
[…] (sic) para toda a cita.
13. Como sustento de lo anterior, el Tribunal señaló que, «[…] el concepto de prima debe
entenderse como un concepto retributivo de carácter adicional, por consiguiente, como se señaló por la
Sala de Conjueces, los actos acusados fueron proferidos en virtud de normas que contrarían principios
constitucionales como los consagrados en el artículo 53 superior, toda vez que, se reitera, la prima especial
del 30 % establecida en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992 no puede ser entendida como una parte
sustraída del salario básico y/o asignación básica, sino como un emolumento adicional al mismo».
14. Frente a la prescripción, citó la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 proferida por la Sala
Plena de Conjueces de la Sección Segunda, para precisar que, el cálculo para establecer
si se configuró dicho fenómeno está regulado en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968,
complementado por el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, disposiciones que imponen
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Número Interno: 0294-2021
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la obligación de tener como punto de partida el momento en que se haya hecho exigible
la obligación, lo cual, ocurrió con la entrada en vigor del Decreto 57 de 1993, que
reglamentó primigeniamente la Ley 4 de 1992.
15. Finalmente, concluyó que, «[…] la reclamación administrativa fue radicada por el demandante el
24 de Febrero de 2015. Registro SIAF No. 62761 – 2015, y por Rosal Coll Rojas el 4 de junio de 2015
(fls.059 a 102, y 112 a 144), de lo que se concluye que las sumas causadas antes del 24 de febrero de
2012 y 4 de junio de 2012, respectivamente, se encuentran prescritas, teniendo en cuenta que el hecho
habilitador para iniciar la reclamación relacionada con el reconocimiento del 100% del salario y del 30% de
la prima especial como una adición a esa suma, se debe entender desde la fecha de la expedición del
Decreto 53 de 1993 (sic) (7 de enero), que reglamentó el artículo 14 de la Ley 4 de 1992».
1.4. Recurso de apelación6
16. La parte demandante interpuso recurso de apelación al considerar que, su derecho a
reclamar las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la prima especial del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 solo se hizo exigible desde la ejecutoria de la sentencia
del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014) del Consejo de Estado,
expediente 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07), que anuló los decretos que
regularon el régimen salarial de los servidores de la Rama Judicial. En virtud de ello,
solicitó que, se revoque parcialmente el fallo proferido en este asunto y se acceda en su
integridad a las pretensiones de la demanda.
17. Asimismo, solicitó que el asunto fuera asumido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, con fundamento en el artículo 271 del CPACA, con el propósito que se modificara
la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019, al considerar que, el criterio allí
establecido respecto de la prescripción de las reclamaciones relacionadas con la prima
especial de servicios resulta contrario al ordenamiento jurídico.
1.5. Trámite de segunda instancia
18. Por medio de auto del Siete (7) de Febrero de Dos Mil Veintitrés (2023)7, el conjuez
ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante de
conformidad con lo previsto en el artículo 247 del CPACA.
6 Samai, índice 2, documento: 3_ED_CuadernoPrincipal_02Cuaderno2.PDF(.PDF), páginas 274 a 302.
7 Samai, índice 26.
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19. Por medio de auto del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)8, el consejero
ponente avocó conocimiento del presente proceso de acuerdo con lo preceptuado por el
artículo 116 del CPACA, y rechazó por extemporáneo el recurso de apelación adhesiva
formulado por la parte demandada.
20. Las partes no se pronunciaron. Por su parte, el Ministerio Público no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
21. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA y 328 del Código General del Proceso (CGP).
2.2 Cuestión previa
22. La parte demandante, con el escrito de apelación, solicitó que, el presente asunto
fuera asumido por la Sala Plena del Consejo de Estado, con fundamento en el artículo
271 del CPACA, con el propósito que se modificara la sentencia de la Sala de Conjueces
proferida el dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), dentro del expediente
SUJ-016-CE-S2-2019, al considerar que, el criterio allí establecido respecto de la
prescripción de las reclamaciones relacionadas con la prima especial de servicios resulta
contrario al ordenamiento jurídico.
23. Frente a dicha solicitud, es del caso precisar que, el artículo 271 del CPACA establece
que, por solicitud de parte, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del
Ministerio Público, la Sala Plena del Consejo de Estado o sus Secciones podrán asumir
conocimiento para sentar o unificar jurisprudencia. El inciso 4.º de dicho artículo establece
que la petición debe contener «una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento
del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la
necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las divergencias en su
interpretación y aplicación».
24. En cuanto a los presupuestos referidos, se observa que, la petición presentada por la
8 Samai, índice 78.
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Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación
parte demandante se encuentra dirigida a cuestionar el criterio fijado en la sentencia SUJ-
016-CE-S2-2019 y solicita expresamente su modificación. No obstante, los argumentos
expuestos se encaminan a manifestar su inconformidad con la regla jurisprudencial allí
establecida en materia de prescripción de las reclamaciones relacionadas con la prima
especial de servicios, lo cual, por sí solo, no constituye una razón legal que amerite una
nueva intervención de la Sala Plena con fines de unificación.
25. Lo anterior, porque lo expuesto por la parte actora constituye, fundamentalmente, un
motivo de inconformidad con la tesis que viene aplicando la Sección Segunda, pues, sus
argumentos se dirigen a controvertir la interpretación adoptada en la sentencia SUJ-016-
CE-S2-2019 sobre la prescripción, mas no evidencian, por sí mismos, una razón de
importancia jurídica o una necesidad de precisar, sentar o unificar jurisprudencia que
justifique el conocimiento del asunto por la Sala Plena. En similar sentido, esta
Subsección9, ha considerado que, la inconformidad de la parte con la tesis jurisprudencial
que viene aplicando la Sección Segunda no constituye, por sí sola, una razón de
importancia jurídica que amerite la expedición de una nueva sentencia de unificación.
26. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019,
cuya modificación se pretende, justamente fijó los parámetros de interpretación aplicables
a la prima especial de servicios y, en particular, estableció el criterio para el cómputo de
la prescripción de las reclamaciones derivadas de dicho concepto. Por consiguiente, la
circunstancia que la parte demandante discrepe de la regla jurisprudencial establecida
en dicha providencia no evidencia, por sí misma, la necesidad de una nueva sentencia
de unificación, máxime, cuando no se acredita la existencia de posiciones
jurisprudenciales divergentes que hagan necesaria la intervención de la Sala Plena.
27. Así las cosas, al no encontrarse acreditadas las circunstancias previstas en el artículo
271 del CPACA que justifiquen la remisión del asunto a la Sala Plena, no se accederá a
la solicitud formulada por la parte demandante, y la Sala procederá a resolver los cargos
planteados en el recurso de apelación.
2.3 Problema jurídico
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 27 de marzo de 2026, radicado 76001-23-33-000-2014-01437-
01 (3778-2021); consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo.
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Accionantes: Antonio José Chacón Pinzón y otro
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28. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
28.1 ¿Los demandantes tienen derecho al reconocimiento y pago de la prima especial
de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y al reajuste de sus demás
factores salariales, prestacionales y aportes al sistema de pensiones, o si, por el
contrario, sobre dichos derechos operó el fenómeno de la prescripción?
2.3 Marco normativo y jurisprudencial – Prima Especial de Servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades
29. Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política,
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, dictar las
normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno Nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública» .
30. Los mencionados parámetros fueron compendiados en la Ley 4ª de 1992, cuyo artículo
14 creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior
al 60% del salario básico, sin carácter salarial», para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.
31. Vale recordar que, en ese momento las condiciones salariales y prestacionales de los
servidores de la Procuraduría General de la Nación se encontraban dispersas en distintas
normas; sin embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 54 de 1993, que instauró
un nuevo régimen para quienes se vincularan a partir de su entrada en vigor o se
acogieran voluntariamente a este.
32. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 estableció, expresamente, que la
prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se aplicará,
entre otros, a «[…] los Procuradores Delegados de la Procuraduría General de la Nación», y dejó claro
que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima, y, que, además, tiene
carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la
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pensión de jubilación.
33. Asimismo, el artículo 10 del Decreto 186 de 2014, señaló el valor de la asignación
básica de los Procuradores Judiciales I, y señaló que «[e]l treinta por ciento (30%) de esta
remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley
4a de 1992, aplicable a los Jueces de la República».
34. La naturaleza y liquidación de esa asignación han sido materia de estudio por esta
Corporación en varias ocasiones y, en sentencia SUJ-016-CE-52-2019 de 2 de
septiembre de 201910, esta Corporación consideró:
Para la Sala demostrado esta que a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de
1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos, el
Gobierno Nacional año tras año, hasta hoy, al establecer el régimen salarial de los empleados
de la Rama Judicial, ha dado la denominación de prima especial establecida en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, a lo que en realidad constituye el 30 % del salario de
los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad de
que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y l[a] asignación básica, sea
teniendo en cuenta para la liquidación de sus prestaciones sociales; no cabe más que
restablecer este derecho.
Los principios constitucionales e internacionales del derecho al trabajo optan por darle
primacía a la progresividad del ingreso, a la interpretación más favorable al trabajador
y a la equidad y nivelación en el ingreso.
Frente a los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional que reprodujeron el
contenido de aquellos declarados nulos mediante la sentencia del 29 de abril de 2014, la Sala
encuentra procedente acoger la excepción de inconstitucionalidad, rogada por la parte actora,
en cuanto las disposiciones allí contenidas vulneran garantías laborales mínimas de los
beneficiarios de la prima especial, en aplicación del artículo 4 de la Constitución Política,
relativo a la prevalencia del texto superior frente a las leyes u otras normas jurídicas. (resalta
la Sala)
35. En esa oportunidad, la «Sala Plena de Conjueces» de esta Sección, sentó las siguientes
reglas:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de
los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen
derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que
por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial
para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que· se refiere el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros
tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, «Sala Plena de Conjueces»; sentencia SUJ-016-CE-52-2019 de 2 de septiembre de 2019;
expediente 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).
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derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o
asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de rima
especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite
del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el
Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y-a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1968 "y 1848 de 1969.
36. Por lo tanto, de la evolución normativa regular y la línea jurisprudencial que ha
construido esta Corporación sobre la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, es posible colegir sus condiciones de autonomía y distinción, no solo frente
a la asignación básica prevista para los procuradores delegados ante la Rama Judicial
en sus diferentes órdenes, sino respecto de los demás factores salariales y
prestacionales que integran el respectivo régimen de asignaciones.
2.3.1 Prima especial de los Procuradores Judiciales II
37. Para establecer el origen normativo de la denominada prima especial que integra la
remuneración de los Procuradores Judiciales II, resulta necesario acudir a los decretos,
mediante los cuales, el Gobierno nacional fijó su régimen salarial. En este contexto, el
Decreto 54 de 199311, constituye el primer referente normativo que reguló expresamente
dicho emolumento. En su artículo 9º estableció que, a partir del 1º de enero de 1993, la
remuneración mensual de los Procuradores Judiciales grado 2112 ante los diferentes
tribunales y de los Procuradores Agrarios grado 21, estaría conformada por una
asignación básica de seiscientos noventa y siete mil ciento quince pesos ($697.115),
gastos de representación por igual valor y una prima especial de cuatrocientos dieciocho
mil doscientos setenta pesos ($418.270), para una remuneración total de un millón
ochocientos doce mil quinientos pesos ($1.812.500).
38. El Decreto 54 de 1993 no estableció la prima especial en términos porcentuales, sino
que fijó directamente su valor dentro de la remuneración mensual. Asimismo, el artículo
16 del mismo decreto dispuso expresamente que, «la prima técnica y la prima especial de que
trata el presente Decreto no tendrán carácter salarial».
11
Por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones.
12
En el Decreto 54 de 1993 el empleo aparece denominado «Procurador Judicial grado 21». Posteriormente, el Decreto 2025 de 1995
estableció la denominación «Procurador Judicial II» dentro de la nomenclatura de la Procuraduría General de la Nación.
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39. La regulación contenida en el Decreto 54 de 1993 permite, además, advertir desde su
origen una diferenciación entre prestaciones que, aunque recibieron la denominación de
«prima especial», tenían una configuración normativa distinta. En efecto, el artículo 10
reconoció a los agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial una prima
especial equivalente al 30% del salario básico, y señaló expresamente que, esta era
incompatible con la prima especial regulada en los artículos 4.º a 9.º del mismo decreto,
dentro de los cuales se encontraba la correspondiente a los Procuradores Judiciales
grado 21. De este modo, el propio decreto distinguió entre ambos emolumentos, pese a
la utilización de una denominación común.
40. Esta estructura se mantuvo en los sucesivos decretos que fijaron las remuneraciones
de la Procuraduría General de la Nación. Así, los Decretos 107 de 1994 y 26 de 1995
continuaron incluyendo, dentro de la remuneración mensual de los Procuradores
Judiciales, una suma específica por concepto de prima especial. Posteriormente, los
Decretos 35 de 1996 y 56 de 1997 regularon expresamente la remuneración de los
Procuradores Judiciales II, manteniendo su integración por asignación básica, gastos de
representación y una prima especial fijada en una suma determinada. En particular, el
Decreto 35 de 1996 estableció una prima especial de seiscientos ochenta y seis mil
setecientos ochenta y seis pesos ($686.786), mientras que el Decreto 56 de 1997 la fijó
en setecientos cuarenta y un mil setecientos veintiocho pesos ($741.728).
41. La misma estructura normativa se observa en los decretos posteriores. Así, los
Decretos 67 de 1998, 37 de 1999, 2734 de 2000, 1482 y 2730 de 2001, 683 de 2002,
3548 de 2003, 4169 de 2004, 933 de 2005, 392 de 2006, 621 de 2007, 661 de 2008, 1391
de 2010, 1043 de 2011, 841 de 2012, 1016 de 2013 y 186 de 2014 mantuvieron la prima
especial como un componente específico de la remuneración de los Procuradores
Judiciales II, mediante la fijación de una suma determinada en cada vigencia.
42. Esta regulación debe distinguirse de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, disposición de rango legal que estableció una prima
especial para determinados servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público,
dentro de los límites porcentuales y sin carácter salarial13, en los términos previstos por
dicha disposición.
13
La expresión «sin carácter salarial» contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en sentencia C-279/1996. No obstante, para efectos pensionales, dicha prima debe ser tenida en cuenta de
conformidad con la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), por la Sala de
Conjueces, de la Sección Segunda de la Corporación.
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43. De la evolución normativa reseñada, se evidencia que, los decretos mediante los
cuales el Gobierno nacional fijó anualmente el régimen salarial de los servidores de la
Procuraduría General de la Nación, regularon de manera diferenciada la prima especial
que integra la remuneración de los Procuradores Judiciales II y la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Así, mientras esta última
encuentra su fundamento directo en una disposición de rango legal, la primera fue
establecida como un componente de la remuneración de los Procuradores Judiciales II
en los sucesivos decretos salariales.
44. En consecuencia, la regulación contenida en los decretos salariales debe examinarse
a la luz del principio de jerarquía normativa, conforme al cual, las disposiciones
reglamentarias no pueden exceder el marco fijado por la ley ni alterar el contenido de los
derechos que esta reconoce. Por ello, el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, constituye el
parámetro legal que debe prevalecer para determinar la prestación exigible, sin que la
incompatibilidad prevista en los decretos salariales tenga la virtualidad, por sí sola, de
excluir o desplazar el derecho de origen legal allí consagrado.
2.3 Medios de prueba
45. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las siguientes:
45.1. Solicitudes del Veinticuatro (24) de Febrero de Dos Mil Quince (2015)14, y
del Cuatro (4) de Junio del mismo año15, con las que, los accionantes,
deprecaron el reconocimiento y pago de las diferencias en la liquidación de las
prestaciones sociales, primas, y bonificaciones derivadas de la aplicación del
30% de su salario.
45.2. Oficios 1989 del Siete (7) de Mayo de Dos Mil Quince (2015)16 y 3080 del
Treinta (30) de Junio de Dos Mil Quince (2015)17, por medio de los cuales, la
parte demandada concluyó que las pretensiones no eran jurídicamente
procedentes.
14
Samai, índice 2, documento: 2_ED_CuadernoPrincipal_01Cuaderno1.PDF(.PDF), páginas 76 a 119.
15
Samai, índice 2, documento: 2_ED_CuadernoPrincipal_01Cuaderno1.PDF(.PDF), páginas 136 a 144.
16
Samai, índice 2, documento: 2_ED_CuadernoPrincipal_01Cuaderno1.PDF(.PDF), páginas 49 a 74.
17
Samai, índice 2, documento: 2_ED_CuadernoPrincipal_01Cuaderno1.PDF(.PDF), páginas 120 a 135.
14
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45.3. Oficio del Catorce (14) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), en el que
la Procuraduría General de la Nación remite información acerca de los cargos
desempeñados por los demandantes18.
45.4. Certificaciones expedidas por la entidad demandada sobre los cargos y
salarios y prestaciones devengadas, y tiempo de servicios del señor Antonio
José Chacón Pinzón19:
Cargo Desde Hasta
Asistente jurídico grado 15 12 de agosto 1991 31 de diciembre de 1993
Procurador 323 Judicial I Penal 6 de diciembre de 2002 5 de julio de 2004
Procurador 205 Judicial I Penal 6 de julio de 2004 31 de diciembre de 2005
45.5. Certificación expedida por la entidad demandada sobre tiempo de servicio,
salarios y prestaciones devengadas de la demandante Rosalba Coll Rojas 20:
Cargo Desde Hasta
Procurador 309 Judicial I Penal de
Cali 13 de enero de 2003 7 de agosto de 2007
Procurador 182 Judicial II Penal de
Arauca 8 de agosto de 2007 17 de abril de 2012
2.4 Caso concreto
46. En el presente asunto, de acuerdo con la certificación de tiempo de servicio
recaudada, resulta probado que, el señor Antonio José Chacón Pinzón, prestó sus
servicios a la entidad demandada desde el Seis (6) de diciembre de Dos Mil Dos (2002)
hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Cinco (2005), como «Procurador Judicial
I».
47. Asimismo, resulta probado que, la señora Rosalba Coll Rojas, prestó sus servicios a
la Procuraduría General de la Nación, así: (i) desde el Trece (13) de Enero de Dos Mil
Tres (2003) hasta el Siete (7) de Agosto de Dos Mil Siete (2007), como «Procurador Judicial
I»; y (ii) desde el Ocho (8) de Agosto de Dos Mil Siete (2007) hasta el Diecisiete (17) de
Abril de Dos Mil Doce (2012), como «Procurador Judicial II», aspecto que fue aceptado por
18
Samai, índice 2, documento: 3_ED_CuadernoPrincipal_02Cuaderno2.PDF(.PDF), páginas 46 a 145.
19
Samai, índice 2, documento: 2_ED_CuadernoPrincipal_01Cuaderno1.PDF(.PDF), páginas 179 a 181.
20
Samai, índice 2, documento: 2_ED_CuadernoPrincipal_01Cuaderno1.PDF(.PDF), páginas 182 a 184, Samai, índice 2,
documento: 3_ED_CuadernoPrincipal_02Cuaderno2.PDF(.PDF), páginas 135 a 145.
15
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la entidad demandada21.
48. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el
Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente desde la
reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y
del Decreto 57 de 1993, contrario a lo alegado por el demandante, y no desde la ejecutoria
de la sentencia de esta Corporación del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce
(2014) con radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07), que dispuso la nulidad
de los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional; sin embargo, también ha
resaltado que la prescripción no afecta a los aportes pensionales, por su estrecha relación
con el derecho fundamental a la seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e
igualdad. En consecuencia, no le asiste razón a la parte demandante al sostener que, el
derecho a reclamar las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la prima
especial de servicios, solo se hizo exigible a partir de la ejecutoria de la referida sentencia,
por lo que, el reparo formulado en tal sentido no tiene vocación de prosperidad.
49. Descendiendo al sub examine, se tiene que, el señor Antonio José Chacón Pinzón se
desempeñó como Procurador Judicial I entre el Seis (6) de Diciembre de Dos Mil Dos
(2002) y el Treinta y Uno (31) de Diciembre de Dos Mil Cinco (2005), y elevó la
correspondiente reclamación administrativa, solo hasta el Veinticuatro (24) de Febrero de
Dos Mil Quince (2015).
50. De otra parte, resulta probado que, la señora Rosalba Coll Rojas, prestó sus servicios
a la Procuraduría General de la Nación, desde el Trece (13) de Enero de Dos Mil Tres
(2003) hasta el Siete (7) de Agosto de Dos Mil Siete (2007), como «Procurador Judicial I».
Asimismo, desde el Ocho (8) de Agosto de Dos Mil Siete (2007) hasta el Diecisiete (17)
de Abril de Dos Mil Doce (2012), como «Procurador Judicial II»; y radicó reclamación
administrativa solo hasta el Cuatro (4) de Junio de Dos Mil Quince (2015).
51. Por consiguiente, es evidente que, entre la fecha de terminación de cada vínculo laboral
y la radicación de la solicitud en sede administrativa, transcurrieron más de tres (3) años,
configurándose así, la prescripción extintiva de los derechos de los demandantes a recibir
la prima especial de servicios y la reliquidación de sus factores salariales y prestacionales
teniendo en cuenta el 30% deducido de la asignación básica.
21
Samai, índice 2, documento: 3_ED_CuadernoPrincipal_02Cuaderno2.PDF(.PDF), página 156.
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52. En este aspecto, pese a que el tribunal declaró prescritas las acreencias causadas con
anterioridad al Veinticuatro (24) de Febrero de Dos Mil Doce (2012) para Antonio José
Chacón Pinzón, y al Cuatro (4) de Junio de Dos Mil Doce (2012) para Rosalba Coll Rojas,
ordenó la reliquidación y pago de prestaciones sociales, salariales y laborales incluyendo
el 30% correspondiente a la prima especial de servicios a favor de Antonio José Chacón
Pinzón y Rosalba Coll Rojas, desde esas fechas; sin embargo, para esos períodos los
demandantes ya no se encontraban vinculados, pues, Antonio José Chacón Pinzón prestó
sus servicios hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de Dos Mil Cinco (2005), mientras
que Rosalba Coll Rojas laboró hasta el Diecisiete (17) de Abril de Dos Mil Doce (2012).
53. Para la Sala, el reconocimiento efectuado por el A-quo no se acompasa con las pruebas
obrantes en el expediente ni con las reglas sobre prescripción trienal, pues, no se advierte
sustento jurídico que justifique el reconocimiento de acreencias respecto de períodos en
los cuales los demandantes ya no se encontraban vinculados a la entidad demandada. En
ese sentido, si bien es cierto que, formalmente podría considerarse afectado el principio
de la non reformatio in pejus, tampoco es menos cierto que, materialmente, la entidad no
podría ejecutar dicha orden, dado que los demandantes ya no tenían vínculo laboral con
la entidad. Por tal razón, se modificará en su integridad el ordinal quinto de la sentencia
de primer grado, para suprimir los reconocimientos efectuados por el A-quo, sin perjuicio
del llamado de atención que se hace al Tribunal, habida cuenta de la necesidad de
correspondencia y relación lógica entre los extremos temporales acreditados, los efectos
jurídicos derivados del fenómeno prescriptivo, y la decisión que, en consecuencia, debe
ser adoptada.
54. No sucede lo mismo con los aportes a pensiones, toda vez que, no se ven afectados
por el fenómeno de la prescripción, dada la característica de irrenunciables e
imprescriptibles de aquellos, tal y como lo tiene decantado esta Corporación22, razón por
la cual, a los accionantes les asiste derecho al reconocimiento de dichos aportes, durante
todos los períodos laborados.
55. En ese orden de ideas, la Sala modificará el ordinal tercero de la sentencia de primer
22
«Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter
irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de
manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del
sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines
esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.
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grado, con el fin de precisar que, dicho fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes a pensión. Asimismo, el ordinal quinto de la sentencia de primera instancia, para
ordenar se realicen los aportes al sistema de pensiones sobre la prima especial de
servicios del 30%, por todo el tiempo en el que los demandantes hayan tenido derecho a
devengarla, sin prescripción trienal en atención al carácter especial de los citados aportes.
56. Sumado a lo anterior, se precisará que, el cumplimiento de la presente sentencia
estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte
demandante, por los mismos conceptos aquí reconocidos; asimismo, deberá verificar la
entidad demandada que no se supere los límites salariales.
57. En tal virtud, la Sala modificará el ordinal tercero de la sentencia de primer grado, con
el fin de precisar que, dicho fenómeno prescriptivo no opera respecto de los aportes a
pensión.
58. Igualmente, modificará en su integridad el ordinal quinto de la sentencia de primera
instancia, a efectos de: (i) ordenar a la entidad demandada que reconozca los aportes al
sistema de pensiones sobre la prima especial de servicios del 30%, por todo el tiempo en
el que los demandantes hayan tenido derecho a devengarla, sin prescripción trienal en
atención al carácter especial de los citados aportes; y (ii) para precisar que, el
cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada
no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí
reconocidos; asimismo, deberá verificar la entidad demandada que no se supere los
topes salariales fijados por el Gobiernos nacional. En lo demás, la providencia apelada
será confirmada.
2.5 Condena en costas
59. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón por
la cual, no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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FALLA:
PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «TERCERO», de la sentencia del Trece (13) de
diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Arauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
el cual, quedará así:
TERCERO: DECLARAR probada la excepción de PRESCRIPCIÓN de todos los
emolumentos laborales pretendidos por Antonio José Chacón y Rosalba Coll
Rojas, salvo los aportes al Sistema General de Pensiones, conforme a la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal «QUINTO», de la sentencia del Trece (13) de
diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Arauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
el cual, quedará así:
QUINTO: CONDENAR en consecuencia a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN a:
a) Reconocer y pagar los aportes al Sistema General de Pensiones en favor del señor
Antonio José Chacón Pinzón, sobre la prima especial de servicios del 30%,
correspondiente al lapso transcurrido entre el Seis (6) de Diciembre de Dos Mil Dos
(2002) y el Quince (15) de Diciembre de Dos Mil Cinco (2005), sin prescripción trienal,
en atención al carácter especial de los citados aportes.
b) Reconocer y pagar los aportes al Sistema General de Pensiones en favor de la
señora Rosalba Coll Rojas: sobre la prima especial de servicios del 30%,
correspondiente al lapso transcurrido entre el Trece (13) de Enero de Dos Mil Tres
(2003) y el Diecisiete (17) de Abril de Dos Mil Doce (2012), sin prescripción trienal, en
atención al carácter especial de los citados aportes.
c) En todos los casos, el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que
la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los
mismos conceptos aquí reconocidos; así como, deberá la entidad verificar que lo
ordenado no supere los topes salariales fijados por el Gobiernos nacional.
TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de Trece (13) de diciembre de
Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo
de Arauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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