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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2015-00549-02

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2015-00549-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001-23-33-000-2015-00549-02 (0254-2026)
Demandante: Danny Cecilia Chacón Amaya
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Tema: apelación fallida.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1, el
15 de mayo de 2025, que anuló los actos administrativos demandados, declaró
probada la excepción de prescripción, dispuso la imprescriptibilidad de los aportes
al Sistema de Seguridad Social en Pensión y en Salud, condenó en costas a la parte
demandante y negó las demás pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Danny Cecilia Chacón Amaya pidió que se declare la nulidad del Oficio
núm. DESAJV-3108 del 22 de septiembre de 2014 y de la Resolución núm. 4386
del 15 de julio de 2015 que resolvió negativamente el recurso de apelación
interpuesto contra el primero. Estos actos administrativos le negaron su solicitud
dirigida a obtener la reliquidación y pago de las prestaciones sociales con el 30%
de la prima especial como factor salarial, durante el lapso comprendido del 12 de
marzo de 1993 al 31 de diciembre de 2007.

1 Integrada por los magistrados Diego León Gómez Martínez, Gonzalo Perdomo Cabrera y María Eugenia

Clavijo.

Radicación: 50001-23-33-000-2015-00549-02 (0254-2026)
Demandante: Danny Cecilia Chacón Amaya
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

En primera instancia, el Tribunal declaró la nulidad de los actos enjuiciados, pero
encontró configurada la excepción de prescripción, por lo cual negó el
restablecimiento del derecho y ordenó que la entidad efectuara los aportes a favor
de la demandante, los cuales gozaban de la naturaleza de ser imprescriptibles.

La entidad demandada interpuso recurso de apelación en el que refirió que no
compartía la declaratoria de nulidad del Oficio núm. DESAJ14-1241 del 25 de abril
de 2014 y de la Resolución núm. 3364 del 21 de mayo de 2014, expedidos a favor
del señor Raúl Hernán Ardila Baquero, ni que la decisión le hubiera otorgado
carácter salarial a la prima especial para liquidar las prestaciones sociales, en
contravía de lo dispuesto en la sentencia del 2 de septiembre de 2019. Sostuvo que
carecía de la apropiación presupuestal para cubrir las acreencias anteriores a 2021
y cuestionó que fue condenada en costas.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Danny Cecilia Chacón Amaya, mediante apoderada judicial,
presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, con
las siguientes pretensiones:

(i) Declarar la nulidad del Oficio núm. DESAJV-3108 del 22 de septiembre de
2014 y de la Resolución núm. 4386 del 15 de julio de 2015 que resolvió
negativamente el recurso de apelación interpuesto contra el citado Oficio3, actos
administrativos que le negaron su solicitud dirigida a obtener la reliquidación y pago
de las prestaciones sociales con el 30% de la prima especial como factor salarial,
durante el lapso comprendido del 12 de marzo de 1993 al 31 de diciembre de 2007.

(ii) A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que el 30%
denominado prima especial corresponde a la remuneración mensual que recibió en
calidad de jueza de la República, del 12 de marzo de 1993 al 31 de diciembre de
2007, el cual constituye factor salarial.

2 Samai, gestión en otros despachos, 50001233300020150054900, visualizar expediente, descargar expediente

con nivel de acceso, no asociado a cuaderno,
ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_203202190816am_653442a70ef94ba7839bf8da2505ea49.
pdf.pdf, páginas 7 a 35 del archivo digital y páginas 126 a 135 del archivo digital.
3 Aunque en la demanda inicial la parte actora pidió que se anulara el acto ficto derivado del silencio de la

entidad frente a la respuesta al recurso de apelación interpuesto en contra del Oficio, la apoderada de la parte
actora allegó memorial en el que adicionó la demanda y puso de presente que la directora ejecutiva de
administración judicial, mediante la Resolución núm. 4386 del 15 de julio de 2015, resolvió negativamente el
recurso de apelación interpuesto contra el Oficio núm. núm. DESAJV-3108 del 22 de septiembre de 2014. En
este orden, adicionó la demanda en punto a las pretensiones, y reemplazó la pretensión inicial de nulidad del
acto ficto por la relativa a que se anule la citada Resolución.
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Radicación: 50001-23-33-000-2015-00549-02 (0254-2026)
Demandante: Danny Cecilia Chacón Amaya
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

(iii) Como consecuencia de lo anterior, solicitó se reconozca y pague a su favor
la prima especial de servicios en un 30% del salario básico previsto en los decretos
salariales anuales, durante el lapso indicado, que los reajustes se indexen y se
paguen los intereses moratorios respectivos. Asimismo, solicitó que en caso de
considerarse que la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 ya le fue
pagada, de manera subsidiaria se le reconozca y pague toda la remuneración
mensual con el 30% que fue disminuido y se le reliquiden sus prestaciones sociales
con el 30% aludido que goza del carácter salarial.

(iv) Igualmente reclamó que se pagaran los honorarios del apoderado por razón
del trámite, que se acordaron en un 15% sobre el valor de lo reconocido y que se
ordenaran los intereses moratorios en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA. Por último, pidió que se condenara en costas a la entidad de conformidad
con el artículo 188 ibidem.

2.1.2. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

(i) La señora Danny Cecilia Chacón Amaya se desempeñó en el cargo de jueza
de la República de Villavicencio desde el 12 de marzo de 1993 al 31 de diciembre
de 2007.

(ii) En esta condición se le han pagado las prestaciones sociales y los demás
emolumentos con el 70% del sueldo básico mensual, al descontarse el 30% a título
de prima especial de servicios sin carácter salarial. En igual sentido, se ha
disminuido la remuneración mensual en un 30%.

(iii) Radicó petición el 2 de septiembre de 2014 ante el director ejecutivo
seccional de administración judicial con el fin de que le reconociera la prima especial
de servicios en un 30% del salario básico desde el 12 de marzo de 1993 al 31 de
diciembre de 2007, se completara el pago de la remuneración mensual y se
reliquidaran todas las prestaciones sociales.

(iv) El director ejecutivo de administración judicial, mediante Oficio núm.
DESAJV-3108 del 22 de septiembre de 2014 negó la petición. Contra esta decisión
la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido mediante la
Resolución núm. 002262 del 17 de octubre de 2014. A la fecha de interposición de
la demanda, no había recibido respuesta por parte de la entidad accionada, lo que
daba lugar a tener por configurado el acto ficto por el silencio administrativo negativo
en los términos del artículo 86 del CPACA. Sin embargo, la entidad expidió la
Resolución núm. 4386 del 15 de julio de 2015, que fue aportada con la adición de
la demanda.

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Demandante: Danny Cecilia Chacón Amaya
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:

• De la Constitución Política, artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53, 150 numeral 19 y 209.
• Código Sustantivo del Trabajo, artículos 127 y 128.
• Decreto 717 de 1978, artículo 12.
• Ley 4ª de 1992, artículos 2, 3, 4, 10 y 14.
• Ley 270 de 1996, artículo 152, numeral 7.
• Ley 1437 de 2011, artículo 189.
• Convenio 100 ratificado por Colombia el 7 de julio de 1963, artículo 1a).
• Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 23.2.
• Protocolo de San Salvador, adicional al Pacto de San José de Costa Rica,
artículo 7b).
• Convenio 100 de 1951, artículo 7b).
• El Estudio General de las Memorias Relativas al Convenio núm. 100 y la
Recomendación Sobre Igualdad de Remuneración, 1951, párrafo 25 4.

4. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que los actos
administrativos demandados se expidieron con infracción de las normas en las
cuales debían fundarse, falsa motivación y desviación de poder. En concreto, afirmó
que no se le pagó el 30% de su salario básico como jueza de la República, porque
en vez de constituir un plus este fue descontado de su remuneración. Por ende, al
no tenerse el citado porcentaje como factor salarial se atentó contra lo previsto en
el artículo 2 de la Constitución Política, relativo a la prevalencia del interés general,
el trabajo en condiciones dignas y la efectividad de los principios, deberes y
derechos regulados en la Carta.

5. Igualmente se desconoció el debido proceso toda vez que se inobservó el
principio de favorabilidad en caso de duda y ello permitía tener por quebrantados
los incisos segundo y cuarto del artículo 53 Superior. Del mismo modo se violó el
artículo 13 de la Constitución Política porque la negativa del derecho implica una
pretermisión de esta disposición relacionada con la igualdad. En línea con esto se
desconoció el artículo 25 constitucional dado que se dejó de tener en cuenta lo
previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 que consigna la prima especial de
servicios como un aumento.

6. También se amparó en la jurisprudencia y en el contenido del artículo 12 del
Decreto 717 de 1978 relativo a los factores que constituyen salario y consideró que
en virtud del artículo 2 de la Ley 4ª de 1992 se debían respetar los derechos
adquiridos y en modo alguno se podían desmejorar los salarios y las prestaciones
sociales.

4 En la adición de la demanda la parte agregó el artículo 3 de la Ley 4ª de 1992 y las normas de carácter

internacional.
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7. En consecuencia, las decisiones de la entidad dirigidas a negar la
reliquidación y pago de sus salarios y prestaciones sociales, y a desconocer el
carácter salarial del 30% de la remuneración mensual, la ubican en una situación
de desigualdad frente a otros funcionarios públicos de diferentes dependencias del
Estado y contrarían la naturaleza de la prima como una adición del salario básico
mensual.

8. A lo indicado agregó que las actuaciones de la administración deben
encaminarse al buen servicio y consideró que la falsa motivación se materializó en
el presente asunto, dado que del contenido del Oficio núm. DESAJV-3108 del 22 de
septiembre de 2014 se lograba entrever que la solicitud no se resolvió de forma
congruente con lo pedido. En concreto, porque con la petición no se buscó la
inaplicación de un acto administrativo lesivo de los intereses que hubiera estado
amparado en la excepción de ilegalidad o de inconstitucionalidad y tampoco se
pretendió la modificación del régimen salarial o prestacional con fundamento en
decisiones que gozan de efectos inter partes.

9. Por oposición a lo anterior, el sustento de la reclamación estuvo dado por la
declaratoria de nulidad de las normas que fijaron que el 30% del salario básico era
la prima especial de servicios de los funcionarios del artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, la cual goza de un carácter constitutivo y produce efectos erga omnes. A partir
de allí surge su derecho a reclamar la reliquidación de sus salarios y prestaciones
sociales, así como el pago de la prima especial, motivo por el cual constituía una
obligación de la entidad acceder a lo pedido en cumplimiento del deber legal que le
asiste y en aplicación de la normativa de índole internacional.

10. Finalmente, en la adición de la demanda la parte actora agregó que con la
expedición de los actos acusados la demandada incurrió en desviación de poder y
en falsa motivación porque al proferir la Resolución núm. 4386 del 15 de julio de
2015 argumentó que no era viable acceder a sus pretensiones. Al respecto, advirtió
que los valores reclamados mediante esta demanda estaban condicionados a lo
devengado en los años 1993 a 2007 y, por tanto, resultaba inapropiado referirse a
la vigencia de los decretos expedidos de 2008 en adelante.

11. Sostuvo que tampoco aplicaba al caso lo expuesto frente a la bonificación
por compensación, por cuanto su demanda no está dirigida al reconocimiento de
ese concepto. Por último, la manifestación relativa a que los efectos de la sentencia
de nulidad del 29 de abril de 2014 son hacia el futuro y no afectan situaciones
jurídicas consolidadas con antelación, constituye una afirmación absurda.

2.2. Contestación de la demanda

12. La apoderada de la Nación, Rama Judicial pidió que se negaran las
pretensiones de la demanda porque la Ley 4ª de 1992 es clara en establecer que la
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Demandante: Danny Cecilia Chacón Amaya
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prima especial de servicios no constituye factor salarial. Adicionalmente, sostuvo
que los efectos de la sentencia que anuló los decretos expedidos para los años de
1993 a 2007 rigen hacia el futuro, con el objeto de generar certeza y seguridad
jurídica. Por ende, no hay lugar a reliquidar las prestaciones sociales con el 30% y
disponer el pago de las diferencias surgidas por virtud de la interpretación de la Ley
4ª de 1992 y de los decretos anuales, porque esto implicaría desacatar el
ordenamiento jurídico, en tanto la facultad de expedición de estos últimos recae en
el Gobierno nacional.

13. Destacó que ha pagado la prima especial como lo dispone la norma al
considerar esta como el 30% del salario básico de los jueces de la República y, por
tal razón, no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Manifestó que
su actuación se ha ajustado a la legalidad y que, si se accede a lo pretendido, se
entraría a modificar un régimen salarial claramente definido. Asimismo, el porcentaje
de ingresos superaría los topes de remuneración de los magistrados de las altas
cortes.

14. En este contexto, planteó como excepciones la ausencia de causa petendi,
la inexistencia del derecho reclamado y el cobro de lo no debido, al considerar que
no existe sustento normativo que establezca que el 30% de prima especial tiene
carácter salarial, aunado a que solo en presencia de una sentencia de unificación
se podrían reconocer ciertos derechos por la vía administrativa y viabilizar una
conciliación, sin que a la fecha tuviera conocimiento de que el Consejo de Estado
expidió una de estas decisiones. También argumentó que se configuró la
prescripción dado que la actora radicó solicitud el 2 de septiembre de 2014, así que
los derechos reclamados desde esa fecha hacia atrás están prescritos5.

2.3. Sentencia de primera instancia

15. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
sentencia del 15 de mayo de 2025, resolvió:

Primero: Declarar la nulidad del Oficio No. DESAJV-3108 del 22 de septiembre de
2014 expedido por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio, que negó el derecho de petición presentado por la parte demandante
el 2 de septiembre de 2014, en el que se solicitaba la reliquidación y pago de las
prestaciones sociales liquidadas con base en el 30% de la prima especial como
factor salarial, devengado durante el lapso comprendido entre el 12 de marzo de
1993 al 31 de diciembre de 2007; y posteriormente, emitió la Resolución 4386 del
15 de julio de 2015, mediante la cual se resolvió por parte de la Directora Ejecutiva
de la Rama Judicial, el recurso de apelación propuesto por la demandante, contra

5 Samai, gestión en otros despachos, 50001233300020150054900, visualizar expediente, descargar expediente

con nivel de acceso, no asociado a cuaderno,
ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_203202190816am_653442a70ef94ba7839bf8da2505ea49.
pdf.pdf, páginas 230 a 237 del archivo digital.
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el acto administrativo contenido en el Oficio No. DESAJV-14-3108 del 22 de
septiembre de 2014, en razón a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Declarar probada la excepción de prescripción de los derechos laborales
y sus consecuencias económicas, solicitados por el demandante a título de
restablecimiento del derecho en este proceso, de acuerdo con lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.

Tercero: Declarar la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social
en pensión que se deben realizar en favor de la parte demandante en los periodos
que ha estado vinculada como Juez derivados del reconocimiento de los derechos
señalados en esta providencia.

También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por
el periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1º del
artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al
Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual a la contemplada en el Sistema
General de Pensiones.

En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada debe
realizar los aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda facultada
para realizar los respectivos descuentos de ley a la demandante con la finalidad de
que se realicen los mismos.

Cuarto: negar las demás pretensiones de la demanda.

Quinto: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandante, en los
términos indicados en la parte motiva de esta providencia.

16. En sustento, puso de presente que como el Decreto 1257 de 2015 no
reprodujo la disposición anulada por el Consejo de Estado, el citado precepto rigió
hasta que entró en vigor el Decreto 272 de 2021. En este orden, de una aplicación
del precedente procedía el reconocimiento del derecho reclamado de forma
condicionada, esto es, con la salvedad de que no se superen los porcentajes
máximos del Gobierno nacional. Igualmente destacó que la prima especial de
servicios, en los términos de la Ley 332 de 1996, solo constituía factor salarial en lo
relativo a la cotización y liquidación de las pensiones, sin afectar las prestaciones
sociales reconocidas por ley.

17. La decisión también indicó que acogía el precedente según el cual la prima
especial se debía adicionar al salario y no sustraerla de este, por lo que debía
pagarse el 100% de la asignación básica y con base en ese porcentaje liquidar las
prestaciones sociales, por la protección de los principios constitucionales de
igualdad, progresividad, favorabilidad, equidad y no regresividad. Por este motivo
cualquier acto administrativo que estuviera en contravía de esa interpretación debía
ser inaplicado por la excepción de inconstitucionalidad.

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18. En este contexto analizó el caso concreto y determinó que la parte actora
pidió el reconocimiento de la prima especial de servicios y la reliquidación de sus
prestaciones sociales y demás emolumentos con la inclusión del 30% descontado
indebidamente. Ahora bien, en lo relativo al período reclamado, comprendido del 12
de marzo de 1993 al 31 de diciembre de 2007, advirtió que al expediente se
allegaron las constancias de nómina y una certificación según la cual la actora
ejerció como jueza de la República desde el 12 de marzo de 1993 al 14 de enero
de 2019. De la misma forma, se aportó un consolidado total de la reliquidación de
los salarios y prestaciones sociales de los años de 1993 a 2016.

19. En igual sentido, destacó que estaba probado que la demandante radicó
petición el 2 de septiembre de 2014 en torno a los períodos laborados del 12 de
marzo de 1993 al 31 de enero de 2007, la cual fue negada por la administración. De
modo que, aunque procedía la declaratoria de nulidad de los actos enjuiciados no
había lugar a ordenar el restablecimiento del derecho porque operó la prescripción
trienal. En particular, la prescripción se interrumpió con la reclamación tres años
hacia atrás contados a partir del 2 de septiembre de 2014, por lo que esto tendría
lugar frente a lo causado antes del 2 de septiembre de 2011, que cobija la totalidad
del período reclamado.

20. Adicionalmente, el Tribunal precisó que no tenían mérito de prosperar las
excepciones de ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado y
cobro de lo no debido porque se explicó suficientemente la forma en que se tenía
que concebir la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992:
como una adición del salario básico y no como parte de este.

21. No obstante, lo anterior, consideró que tenía el deber de pronunciarse frente
a los aportes al sistema de seguridad social, frente a los cuales no operaba la regla
de prescripción enunciada, dado su carácter de periódicos. Por ende, expresó que
según la jurisprudencia del Consejo de Estado la entidad demandada tenía la
obligación de realizar los aportes con el pago de las diferencias que resultaran del
100% de la remuneración y del 30% no percibido a título de prima especial de
servicios.

22. Por lo expuesto, declaró la imprescriptibilidad de las citadas cotizaciones al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones y favor de la parte demandante, por los
períodos en los cuales ha estado vinculada como jueza de la República derivados
del reconocimiento de los derechos. En igual sentido, dispuso que procedía efectuar
los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud por el período declarado
imprescriptible, con ocasión a lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 204 de la
Ley 100 de 1993, en el cual se dispone que esta base de cotización debe ser igual
a la prevista para el Sistema General de Pensiones.

23. Finalmente, impuso condena en costas a la parte demandante en aplicación
de la regla prevista en el artículo 365.5 del CGP, y en virtud de un criterio objetivo
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valorativo, toda vez que las pretensiones de la demanda prosperaron y la razón de
ser para no acceder al restablecimiento del derecho fue porque operó la
prescripción. Por consiguiente, se fijaron agencias en derecho con el 0,5% de lo
tasado en la estimación razonada de la cuantía, por la suma de $594.5796.

2.4. Recurso de apelación de la parte demandada

24. El apoderado de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con sustento en el siguiente contexto:

25. La tesis del despacho se fundamentó en que el demandante, Raúl Hernán
Ardila Baquero se desempeñó como juez de la República desde 1990, radicó
solicitud en sede administrativa y la entidad se la negó mediante el Oficio núm.
DESAJ14-1241 del 25 de abril de 2014 y la Resolución núm. 3364 del 21 de mayo
de 2014. En este orden, se generó el acto administrativo atacado en este medio de
control. De este modo, refirió que el juez citó varias pautas jurisprudenciales, entre
estas las contenidas en la sentencia del 2 de septiembre de 2019 que estableció los
parámetros a considerar para liquidar correctamente las prestaciones sociales.

26. De ahí que la decisión relacionó los hechos relevantes para resolver el caso,
como la solicitud en sede administrativa y la negativa por parte de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio en el Oficio núm.
DESAJ14-1241 del 25 de abril de 2014 y en la Resolución núm. 3364 del 21 de
mayo de 2014, con ocasión a la imposibilidad de realizar una extensión de
jurisprudencia, sin que se resolvieran las peticiones de reconocimiento de la prima
especial de servicios. En consecuencia, se estableció que la entidad incurrió en una
interpretación errónea al entender que esta última era el 30% de la asignación
básica, cuando debió ser un adicional.

27. En virtud de lo anterior, propuso como argumentos jurídicos de la alzada que
no compartía la tesis expuesta por el juzgador en el fallo respecto de la declaratoria
de nulidad del Oficio núm. DESAJ14-1241 del 25 de abril de 2014 y de la Resolución
núm. 3364 del 21 de mayo de 2014, emitidas a favor del señor Raúl Hernán Ardila
Baquero. Por lo tanto, sostuvo que al otorgarle carácter salarial a la prima especial
de servicios para liquidar las prestaciones sociales de los demandantes se
desconoció el precedente judicial proferido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-279 de 1996, y puso de presente que existía incongruencia en el fallo,
al señalar lo que se trascribe a continuación:

“Así las cosas, por carecer de naturaleza salarial y ser avalada dicha postura en
sentencia C-279 de 1996, la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4a
de 1992, modificada por el artículo 10 de la Ley 332 de 1996 y aclarada por el

6 Samai, gestión en otros despachos, 50001233300020150054900, visualizar expediente, descargar expediente

con nivel de acceso, principal, 062Sentencia_094Sentencia20150054.pdf.
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artículo 10 de la Ley 476 de 1998, no debe tomarse como factor salarial para
efectos de liquidar las prestaciones sociales, salvo la pensión de jubilación,
razón por la cual se negará esta pretensión”.

28. De manera que, aunque era cierto que en la sentencia dictada por el Consejo
de Estado el 2 de septiembre de 2019 se consideró que la administración incurrió
en una interpretación equívoca de los decretos anuales lo que dio lugar a que
liquidara las prestaciones sociales con el 70%, en auto de aclaración de la citada
decisión, del 7 de octubre de 2019, se zanjó esta situación. De suerte que en virtud
de la referida providencia los jueces de la República tienen derecho al pago de las
diferencias causadas por la reliquidación de sus prestaciones sociales y laborales
con el 100% del salario básico y al 30% adicional por concepto de prima especial
del artículo 14 de la Ley 4a de 1992, sin carácter salarial.

29. Así las cosas, en el fallo apelado se dejó de considerar que el 30% adicional
de prima especial no tiene carácter salarial, razón por la que se debió disponer que
la entidad no le otorgó una indebida interpretación a la reliquidación del actor. En
efecto, resulta evidente que, contrario a ello, el juez le otorgó el citado beneficio. De
esta forma se pronunció la Corte Constitucional al dictar la sentencia C-279 de 1996.

30. La entidad refirió que resultaba inviable, para los jueces de la República,
presentar fórmula conciliatoria frente a las obligaciones anteriores al 1 de enero de
2021, toda vez que a la fecha no se cuenta con la apropiación presupuestal por
parte de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público que permita cubrir esas
acreencias. En este contexto, adujo que no resultaba factible otorgarle carácter
salarial a la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y pidió
lo que sigue:

ruego a los H. Magistrados del Consejo de Estado, revocar la Sentencia de fecha
once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, bajo el entendido que los actos administrativos
expedidos por la Dirección Seccional de Administración Judicial, en este caso, las
resoluciones atacadas en este medio de control fueron expedidos acatando las
normas constitucionales, legales y reglamentarias.

31. Frente a la condena en costas y agencias en derecho afirmó, que en la parte
resolutiva se impuso condena en su contra. No obstante, en atención al cambio
introducido por el legislador en la materia y la postura jurisprudencial adoptada por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, debía analizarse la conducta procesal
de las partes en el proceso para definir si se presentó o no carencia de fundamento
legal. En razón a ello, pidió que no se condene en costas a su representada, ya que
existe un sustento en la defensa y en el presente asunto prosperó la excepción de
prescripción trienal propuesta. Así pues, pidió revocar el ordinal noveno de la parte

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Radicación: 50001-23-33-000-2015-00549-02 (0254-2026)
Demandante: Danny Cecilia Chacón Amaya
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resolutiva de la sentencia y abstenerse de condenar en costas en los términos del
numeral 5 del artículo 365 del CGP7.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

32. A través de auto del 9 de febrero de 20268, se admitió el recurso de apelación
y se dispuso que el expediente ingresara al despacho para proferir sentencia, salvo
que las partes solicitaran pruebas en el término de ejecutoria de dicha providencia.
En efecto, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para fallo,
el 4 de marzo de 20269, sin pronunciamiento de las partes ni del Ministerio Público.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

33. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

34. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
la decisión que anuló los actos administrativos demandados, el Oficio núm.
DESAJV-3108 del 22 de septiembre de 2014, y la Resolución núm. 4386 del 15 de
julio de 2015, declaró probada la excepción de prescripción, dispuso la
imprescriptibilidad de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y
condenó en costas a la parte demandante, corresponde a la Sala definir si:

35. ¿Se está frente a una apelación fallida, toda vez que esta versó sobre lo
decidido en el caso del señor Raúl Hernán Ardila Baquero, frente a quien se expidió
el Oficio núm. DESAJ14-1241 del 25 de abril de 2014 y la Resolución núm. 3364
del 21 de mayo de 2014?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial sobre la apelación fallida

36. El artículo 320 de la Ley 1564 de 2012, establece que el recurso de apelación
tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, «únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante».

37. En concordancia con lo expuesto, la jurisprudencia de esta corporación ha
establecido que el propósito del recurso de apelación es que el superior funcional

7 Samai, gestión en otros despachos, 50001233300020150054900, visualizar expediente, descargar expediente

con nivel de acceso, principal, 063_MemorialWeb_Recurso-ilove_merged54.pdf.
8 Samai, índice 4.
9 Samai, índice 8.

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Demandante: Danny Cecilia Chacón Amaya
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del juez de primera instancia examine la legalidad de su providencia y, tras
dicho análisis, la confirme, revoque o modifique. De esta finalidad se deriva la
exigencia de fundamentar el recurso, pues constituye la oportunidad procesal para
que el apelante exponga sus objeciones frente a la decisión recurrida10.

38. En relación con la carga de la argumentación en la apelación, el Consejo de
Estado también ha subrayado que no compete al juez suplir las obligaciones
procesales de las partes, pues ello comprometería su imparcialidad en el litigio. En
consecuencia, si una de las partes tiene algún reparo de la providencia de primera
instancia, puede impugnarla planteando al juez las razones por las que, a su juicio,
se debe reconsiderar la decisión adoptada11.

39. De allí que la referida norma adjetiva de manera categórica circunscriba la
competencia del juez de segunda instancia, «únicamente» a los reparos concretos
frente a la decisión proferida en primera, desde luego, «sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley», como lo
aclara el artículo 328 del mismo estatuto procesal, o el artículo 187 del CPACA
cuando a propósito del contenido de la sentencia indica que:

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la
no reformatio in pejus.

40. En consonancia con lo indicado, el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012
establece que la competencia del juez de segunda instancia se circunscribe a los
aspectos concretamente impugnados por el apelante. De esta disposición se deriva
la exigencia de que los argumentos expuestos en el recurso de apelación confronten
directamente los fundamentos sustanciales de la decisión de primera instancia, pues
estos delimitan el ámbito de revisión del juez de la alzada. En tal caso, debe existir
una conexión inequívoca entre las razones que motivaron la decisión apelada y los
motivos que sustentan la impugnación.

41. Sobre este particular, esta Sección ha precisado que cuando los argumentos
planteados en el recurso de apelación se desvían del centro de la controversia
resuelta en la providencia de primera instancia, es decir, cuando no existe una
conexión sustancial con los presupuestos fácticos y jurídicos del asunto decidido,
se configura una apelación fallida. Tal situación conlleva a la confirmación de la
decisión impugnada, manteniéndose incólume su contenido y efectos jurídicos12.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de

2010, Rad. 25000 23 27 000 1999 00875 01(15328), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
11 Ibidem. En pronunciamiento reciente, esta Subsección reiteró la obligación de las partes de sustentar los

recursos: ver auto del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, del 8 de mayo de 2025, Rad. 17001-23-33-000-2017-00331-02 (4352-2024).
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 21 de

marzo de 2025, Rad. 25000-23-42-000-2020-00428-02 (5883-2023). Consejo de Estado, Sala de lo

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42. La misma situación se predica cuando se plantean de manera general
argumentos en la impugnación, sin que se aterricen los reproches contra la decisión
de primera instancia, es decir, cuando no se precisan los aspectos censurados ni
se exponen las razones que dan cuenta de los supuestos errores o imprecisiones
en las que incurrió el juez, lo que impide identificar los reparos concretos sobre los
que debe pronunciarse el superior funcional13.

43. Frente a escenarios como los expuestos, esta Sección ha considerado que
existe apelación fallida, por el incumplimiento de las cargas mínimas que le asisten
al apelante de cara a la imposibilidad de revisar la decisión de primer grado14, so
pena de desconocer el principio de imparcialidad.

44. Según lo expuesto, el juez que revisa una decisión en principio solo debe
analizar los aspectos impugnados. Si estos no se concretan, no puede en segunda
instancia pronunciarse sobre el fondo de la controversia, lo que trae como
consecuencia que la apelación sea fallida y la decisión inicial deba mantenerse
incólume15.

3.4. Caso concreto

45. El Tribunal accedió únicamente a las pretensiones de nulidad de la demanda,
toda vez que encontró probada la excepción de prescripción frente a la totalidad del
período reclamado por la demandante Danny Cecilia Chacón Amaya. En este orden,
declaró la imprescriptibilidad de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensión y ordenó que se realizaran los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Salud por el período declarado imprescriptible, en atención a lo dispuesto en el
parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993. Negó las demás pretensiones
de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

46. No obstante, revisado el escrito que contiene el recurso, se advierte que,
aunque este fue interpuesto contra el fallo del 15 de mayo de 2025, en el marco del
consecutivo de la referencia, con el fin de que la aludida decisión fuera revocada en

Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2024, Rad.
47001233300020180005401 (2666-2020), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022, Rad.
25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017), M.P. William Hernández Gómez.
13 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A, auto del 14 de mayo de 2025, Rad. 15001-23-33-000-2023-00301-01 (0942-2025), M.P. Juan Camilo Morales
Trujillo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del
3 de noviembre de 2022, Rad. 05001-23-33-000-2020-02434-01 (4065-2022), M.P. William Hernández Gómez.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 16 de

mayo de 2025, Rad. 68001-23-33-000-2021-00319-01 (5386-2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero
de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2021, Rad. 76001 23 33 000 2016 01266 01
(5266-2018), M.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, expediente
19001233300020130021401. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de

julio de 2024, Rad. 05001 23 33 000 2018 00159 02 (3607-2022).
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su integridad, se citó un asunto en el que se resolvió la demanda interpuesta por el
señor Raúl Hernán Ardila Baquero.

47. En virtud de ello, afirmó que no compartía la tesis expuesta por el juzgador
de instancia frente a la declaratoria de nulidad del Oficio núm. DESAJ14.1241 del
25 de abril de 2014 y de la Resolución núm. 3364 del 21 de mayo de 2014. En
consecuencia, de entrada, se observa que la inconformidad se estructuró con
fundamento en un caso distinto al analizado y decidido. En efecto, el recurso
cuestionó la legalidad de actos administrativos que difieren de aquellos que
resolvieron la solicitud de la actora y que fueron demandados en esta sede judicial.

48. Por ende, se tiene que los argumentos de la apelación no atacan el
fundamento de la decisión del 15 de mayo de 2025, porque en esta no se accedió
a la reliquidación pretendida por la demandante, y aunque se declaró la
imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social, con sustento en
que esto debía hacerse con el 30% adicional al salario descontado indebidamente
a título de prima especial de servicios, este supuesto en específico no fue objeto de
reproche.

49. En particular, del propio contenido de la apelación se desprende que la
entidad se apoya en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, la cual reconoció
que la prima especial de servicios sólo constituye factor salarial para efectos de la
pensión de jubilación, debido a lo cual la génesis del disenso radica en que al
margen de esta excepción, que comparte, la decisión apelada supuestamente hizo
extensivo el beneficio en el marco del reconocimiento ordenado, cuestión que no
ocurrió en el caso concreto.

50. De lo visto, resulta claro que la entidad no controvirtió el reconocimiento de
los aportes que se derivó del carácter salarial de la prima especial en materia
pensional, sino que aludió genéricamente a que esta carecía de esa naturaleza para
efectos de la liquidación. Por lo tanto, los cargos no gozan de una conexión con los
motivos dados en la sentencia del 15 de mayo de 2025, en tanto en ella no se anuló
el Oficio núm. DESAJ14.1241 del 25 de abril de 2014 y la Resolución núm. 3364 del
21 de mayo de 2014, sino los actos enjuiciados en este medio de control, y se
negaron íntegramente las pretensiones de restablecimiento del derecho.

51. Por último, el carácter fallido de la apelación se refuerza con el reparo
atinente a que la sentencia condenó en costas a la entidad demandada, cuando lo
cierto es que en el fallo del 15 de mayo de 2025 el Tribunal condenó en costas de
primera instancia a la parte demandante, comoquiera que las pretensiones de la
demanda prosperaron solo de forma parcial, sin que fuera posible acceder al
restablecimiento por la configuración de la prescripción.

52. En consecuencia, se concluye que se trató de una apelación fallida porque
esta versó sobre un caso distinto al que es objeto del presente medio de control y
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se sustentó en supuestos que no hicieron parte de la sentencia del 15 de mayo de
2025, de tal forma que no existen argumentos que controviertan con claridad y
suficiencia lo decidido en esta última providencia y que, en ese sentido, habiliten la
competencia del juzgador en segunda instancia.

53. Bajo este panorama, se declarará fallida la apelación interpuesta por la parte
demandada y, por ello, se dejará incólume la sentencia de primera instancia en
cuanto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

3.5. Costas

54. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 16 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Declarar fallida la apelación interpuesta por la parte demandada por las
razones consignadas en la parte considerativa de esta decisión.

Segundo: Dejar incólume la sentencia apelada, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia.

16 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

15

Radicación: 50001-23-33-000-2015-00549-02 (0254-2026)
Demandante: Danny Cecilia Chacón Amaya
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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