RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2023-00191-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00191-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2023-00191-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Demanda ejecutiva
Radicación: 25000-23-42-000-2023-00191-01 (2972-2024)
Demandante: Esther Patarroyo Amaya
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

Tema: proceso ejecutivo; apelación fallida. Subtema 1: ausencia de cargos concretos
dirigidos a desvirtuar los argumentos contenidos en la providencia apelada.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, el 25 de enero de 2024, que declaró no probadas las excepciones de
prescripción y pago y ordenó seguir adelante con la ejecución.

1. Síntesis del caso

La señora Esther Patarroyo Amaya presentó demanda ejecutiva con el propósito de
obtener el pago del capital adeudado, con los respectivos intereses moratorios, por
concepto de la condena impuesta en la sentencia del 1.º de julio de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que
ordenó reconocer una pensión de jubilación; no obstante, pese a haber solicitado su
cumplimiento, la entidad ejecutada no ha atendido el fallo judicial. Dicho tribunal
declaró no probadas las excepciones de prescripción y pago y ordenó seguir adelante
con la ejecución, al encontrar que la demanda fue presentada en tiempo y la obligación
se encuentra insatisfecha (no se aportó acto administrativo de cumplimiento ni prueba

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00191-01 (2972-2024)
Demandante: Esther Patarroyo Amaya
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag

de algún desembolso al respecto).

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Esther Patarroyo Amaya, mediante apoderada, presentó demanda ejecutiva el
7 de junio de 20231, en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), con el fin de que se
ordenara pagar los siguientes conceptos:

1.1.- Por la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
CIENCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS $163.550.163, valor que
corresponde a lo ordenado en la sentencia judicial proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda subsección D debidamente
ejecutoriada y notificado desde el 10 de septiembre de 2021. De conformidad con el
inciso 2 del artículo 192 del C.P.A.C.A., ésta suma que deberá ser actualizada hasta
que se verifique el pago de la misma.
[…]

[1.2.] Por los intereses moratorios causados desde el 11 de septiembre de 2021, día
siguiente al que fue ejecutoriadas las sentencias judiciales hasta la fecha en que se
haga efectivo el pago de la prestación económica reconocida, valor que deberá ser
actualizado […] (sic para toda la cita).

2.2. Trámite procesal en primera instancia

2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
libró mandamiento de pago en auto del 25 de julio de 20232, en los siguientes términos:

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO a favor de la señora ESTHER
PATARROYO AMAYA y a cargo de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, para que, dentro del término de cinco (5) días, contados desde el día
siguientes a la notificación personal de esta providencia, PAGUE la suma de:

• DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON TREINTA Y UN CENTAVOS
($200.351.791,31) por concepto de capital e intereses moratorios.

• ADVERTIR que la liquidación de capital e intereses es susceptible de cambio,
por cuanto, aún se siguen causando mesadas pensionales, toda vez que la
entidad ejecutada no ha reconocido la pensión de la señora Patarroyo Amaya.
[…]

1 Samai, índice 2, 4ED_RV_ENVIOCONSEJODEEST(.eml), 00.RadicacionD-Ejecutiva y 02.DemandaEjecutiva.
2 Samai, índice 2, 4ED_RV_ENVIOCONSEJODEEST(.eml), 06.LibraMandamientoDePago.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00191-01 (2972-2024)
Demandante: Esther Patarroyo Amaya
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag

2.3. Contestación de la demanda

3. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, a través de apoderada,
se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las siguientes excepciones: (i)
pago, por cuanto dio cumplimiento a la decisión judicial en los términos allí
establecidos y efectuó el respectivo pago de la suma de dinero reconocida a la
ejecutante bajo los parámetros dictados para el reconocimiento de la prestación de la
docente, a través del respectivo acto administrativo; (ii) prescripción, en aplicación del
artículo 2536 del Código Civil, en caso de una eventual condena; y (iii) genérica e
innominada, si algún medio exceptivo aparezca probado. Al escrito de contestación
no se aportó acto administrativo alguno ni soportes de liquidación o pago.

4. Por otra parte, en un acápite que enunció como fundamentos y argumentos de
derecho, se refirió en forma general a: (i) la condena en costas, para lo cual citó los
artículos 188 de la Ley 1437 de 2011 y 365 del Código General del Proceso, así como
jurisprudencia atinente a que dicha condena no es objetiva, sino debe tenerse en
cuenta la buena fe con la que actuó la entidad; (ii) los intereses moratorios, frente a lo
cual transcribió el inciso cuarto del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, para concluir
que se deben calcular «bajo la tasa equivalente al DTF durante los diez (10) primeros
meses y luego bajo la tasa del interés corrientes bancario, sin embargo, se debe tener
en cuenta la fecha de radicación de la petición de pago, dado que si esta se radicó
superados los tres (3) meses posteriores a la fecha de ejecutoria, los intereses
moratorios cesaran hasta la fecha de radicación».

5. Así mismo, planteó (iii) inexistencia de la obligación, que sustentó en que el
ente territorial emitió acto administrativo de cumplimiento de la obligación y luego esta
fue pagada, por lo que no era el momento para alegar que la liquidación realizada no
se encontraba acorde a derecho; (iv) violación del principio de solidaridad y
sostenibilidad presupuestal, conforme al artículo 48 de la Constitución Política; y (v) la
inembargabilidad absoluta de los bienes y recursos del Estado3.

6. Al correrse el traslado de las excepciones, la ejecutante presentó escrito en el
que advirtió que la demandada no aportó prueba que soportara el pago y tampoco le
asiste razón en relación con la prescripción, ya que la sentencia base de recaudo
quedó ejecutoriada el 10 de septiembre de 2021 y la petición de cumplimiento la
formuló el 23 de noviembre del mismo año; por lo tanto, sus argumentos de defensa
estaban fuera de contexto4.

2.4. Sentencia de primera instancia

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en la sentencia del 25 de enero de 20245, resolvió:

3
Samai, índice 2, 4ED_RV_ENVIOCONSEJODEEST(.eml), 10ContestacionDemandaFiduprevisora.
4 Samai, índice 2, 4ED_RV_ENVIOCONSEJODEEST(.eml), 11RespondenExcepciones.
5 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 40. Sentencia.

3

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00191-01 (2972-2024)
Demandante: Esther Patarroyo Amaya
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag

PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la excepción denominada “genérica
o innominada”, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR IMPRÓSPERAS LAS EXCEPCIONES DE PRESCRIPCIÓN
Y PAGO, propuestas por la apoderada de la entidad ejecutada.

TERCERO: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN a favor de la señora Martha Lucía
Quintero de Arenas [sic] y en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por la suma de
DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y UNO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($200.351.791,31) por concepto
de capital e intereses moratorios.

CUARTO: Las partes podrán presentar la liquidación del crédito en los términos y
condiciones establecidos en el numeral 1º del artículo 446 del Código General del
Proceso.

QUINTO: Sin condena en costas en primera instancia, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta decisión.

8. Precisó que la excepción denominada genérica o innominada devenía
improcedente, al no estar enunciada en el numeral 2 del artículo 442 del Código
General del Proceso.

9. Por otra parte, en lo referente a la excepción de prescripción, consideró que la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 1.° de julio de
2021, base de recaudo, quedó ejecutoriada el 10 de septiembre de 2021 y se hizo
exigible, conforme al artículo 192 del CPACA6, 10 meses después (10 de julio de
2022), por lo que el término prescriptivo del derecho de cobro comenzó a correr desde
esta última fecha. Por ende, la parte ejecutante tenía hasta el 10 de julio de 2027 para
presentar la demanda, lo cual ocurrió el 7 de junio de 2023, es decir, antes de que
feneciera ese plazo, por lo que dicho medio exceptivo no prosperaba.

10. Sostuvo que, en lo concerniente a la excepción de pago, no obraba prueba de
que la entidad ejecutada haya expedido acto administrativo de cumplimiento ni
tampoco que hubiera realizado desembolso por este concepto. En consecuencia, para
determinar el monto adeudado, precisó que se solicitó apoyo técnico a la contadora
de la Sección Segunda de esa corporación, quien liquidó el monto de la mesada
pensional a la que tiene derecho la señora Esther Patarroyo Amaya en $ 1.545.977,44,
suma sobre la cual se calculó el retroactivo adeudado, las mesadas causadas con
posterioridad a la ejecutoria de la sentencia y la respectiva indexación por el valor total
de $ 155.562.090,92.

11. Explicó que sobre este último monto, que corresponde al capital adeudado, se
liquidaron los intereses moratorios generados desde el día siguiente a la ejecutoria de
la sentencia título ejecutivo hasta el día en que se realizó la liquidación, de

6 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00191-01 (2972-2024)
Demandante: Esther Patarroyo Amaya
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag

conformidad con los artículos 192 y 195 CPACA, cuyo resultado equivale a $
44.789.700,39, que sumado al capital, arroja un valor total de deuda por $
200.351.791,31.

12. Concluyó que la parte ejecutada no logró demostrar que haya dado
cumplimiento a la providencia judicial y como quiera que la obligación se encuentra
insatisfecha, hay lugar a seguir adelante con la ejecución con base en lo establecido
en el auto mediante el cual se libró mandamiento de pago, esto es, por la suma de $
200.351.791,31.

13. Mediante providencia del 21 de marzo de 2024, se corrigió el ordinal tercero de
la parte decisoria de la sentencia de primera instancia, en cuanto a que el nombre de
la demandante corresponde al de Esther Patarroyo Amaya7.

2.5. Recurso de apelación

14. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, mediante su apoderada,
interpuso recurso de apelación8 para que se revoque la sentencia de primera
instancia.

15. En primer lugar, señaló que, mediante el auto del 25 de julio de 2023, el tribunal
libró mandamiento de pago (cuyo ordinal primero transcribió), y el 24 de agosto de
2023 presentó la contestación de la demanda, en la cual propuso la excepción
denominada pago, y citó tres párrafos abstractos, uno atinente al cumplimiento del
título ejecutivo a través de acto administrativo, otro referente al cálculo de los intereses
moratorios sobre la DTF9 durante los primeros 10 meses y luego por la tasa del interés
corriente, en atención a la fecha de presentación de la petición de pago, y el último
acerca de la intervención de las entidades territoriales y la Fiduciaria La Previsora SA10
en el pago de solicitudes relacionadas con prestaciones sociales a cargo del Fomag.

16. Expresó que, de conformidad con los anteriores hechos, solicitaba «revocar la
decisión recurrida, para que en su lugar se profiera una sentencia en la cual sea tenido
en cuenta la expedición del acto administrativo». Seguidamente, en el acápite de
fundamentos de derecho, citó el artículo 29 de la Constitución Política.

17. En un capítulo siguiente que denominó fundamentos jurisprudenciales,
manifestó que «El artículo 29 de la Carta Magna se encuentra previsto como un
conjunto de garantías, por medio de las cuales se busca la protección de quien se
encuentra incurso en una actuación judicial, para durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre una aplicación correcta de la justicia y lo que en derecho
corresponda»; luego, transcribió apartes de las sentencias C- 341 de 2014 y T-018 de

7
Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 26.AutoQueCorri
ORRIG.
8 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital,
23RecursoApelacionFiduprevisora
9 Depósito a término fijo.
10 Fiduprevisora SA.

5

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00191-01 (2972-2024)
Demandante: Esther Patarroyo Amaya
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag

2017 de la Corte Constitucional, acerca de dicha garantía constitucional en las
actuaciones judiciales; y afirmó que «teniendo en cuenta que en el trámite del proceso
el despacho desconoció la notificación personal de la demanda, se configura una
violación al debido proceso y al derecho de defensa y contradicción».

2.6. Trámite procesal en segunda instancia

18. Mediante auto del 27 de agosto de 202411, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

19. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

20. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia y en razón a la competencia del juez de segunda instancia,
de conformidad con el artículo 32812 del Código General del Proceso (CGP),
corresponde a la Sala definir si:

21. ¿Los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la
entidad ejecutada comportan reparos concretos contra la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró no probadas las excepciones
de prescripción y pago y ordenó seguir adelante con la ejecución?

22. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará el siguiente tema: (i) el
marco normativo y reiteración jurisprudencial sobre la apelación fallida, y a partir de
las anteriores consideraciones, (ii) en el acápite del caso concreto se resolverá el
problema jurídico planteado.

11 Samai, índice 5.
12 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».

6

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00191-01 (2972-2024)
Demandante: Esther Patarroyo Amaya
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag

3.3. El marco normativo y reiteración jurisprudencial sobre la apelación fallida

23. El artículo 320 del CGP establece que el recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, «únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante».

24. En concordancia con lo expuesto, la jurisprudencia de esta corporación ha
precisado que el propósito del recurso de apelación es que el superior funcional del
juez de primera instancia examine la legalidad de su providencia y, tras dicho análisis,
la confirme, revoque o modifique. De esta finalidad se deriva la exigencia de
fundamentar el recurso, pues constituye la oportunidad procesal para que el apelante
exponga sus objeciones frente a la decisión recurrida13.

25. En relación con la carga de la argumentación en la apelación, el Consejo de
Estado también ha subrayado que no compete al juez suplir las obligaciones
procesales de las partes, pues ello comprometería su imparcialidad en el litigio. En
consecuencia, si una de las partes tiene algún reparo de la providencia de primera
instancia, puede impugnarla planteando al juez las razones por las que, a su juicio, se
debe reconsiderar la decisión adoptada14.

26. De allí que la referida norma adjetiva de manera categórica circunscriba la
competencia del juez de segunda instancia «únicamente» a los reparos concretos
frente a la decisión proferida en primera, desde luego, «sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley», como lo aclara el artículo
328 del mismo estatuto procesal, o el artículo 187 del CPACA cuando a propósito del
contenido de la sentencia indica que «El silencio del inferior no impedirá que el
superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin
perjuicio de la no reformatio in pejus».

27. En consonancia con lo expuesto, el artículo 328 del CGP establece que la
competencia del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos
concretamente impugnados por el apelante. De esta disposición se deriva la exigencia
de que los argumentos expuestos en el recurso de apelación confronten directamente
los fundamentos sustanciales de la decisión de primera instancia, pues estos delimitan
el ámbito de revisión del juez de la alzada. En consecuencia, debe existir una conexión
inequívoca entre las razones que motivaron la decisión apelada y los motivos que
sustentan la impugnación.

28. Sobre este particular, esta Sección ha precisado que cuando los argumentos
planteados en el recurso de apelación se desvían del centro de la controversia resuelta

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de 2010,

proceso con radicado 25000-23-27-000-1999-00875-01 (15328).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de 2010,

proceso con radicado 25000-23-27-000-1999-00875-01 (15328). En pronunciamiento reciente, esta Subsección
reiteró la obligación de las partes de sustentar los recursos: ver auto del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, del 8 de mayo de 2025, proceso con radicado
17001-23-33-000-2017-00331-02 (4352-2024).

7

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00191-01 (2972-2024)
Demandante: Esther Patarroyo Amaya
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag

en la providencia de primera instancia, es decir, cuando no existe una conexión
sustancial con los presupuestos fácticos y jurídicos del asunto decidido, se configura
una apelación fallida. Tal situación conlleva la confirmación de la decisión impugnada,
manteniéndose incólume su contenido y efectos jurídicos15.

29. La misma situación se predica cuando se plantean de manera general
argumentos en la impugnación, sin que se aterricen los reproches contra la decisión
de primera instancia, es decir, cuando no se precisan los aspectos censurados ni se
exponen las razones que dan cuenta de los supuestos errores o imprecisiones en las
que incurrió el juez, lo que impide identificar los reparos concretos sobre los que debe
pronunciarse el superior funcional16.

30. Frente a escenarios como los expuestos, esta Sección ha considerado que
existe apelación fallida por el incumplimiento de las cargas mínimas que le asisten al
apelante de cara a la imposibilidad de revisar la decisión de primer grado 17, so pena
de desconocer el principio de imparcialidad.

31. Según lo expuesto, el juez que revisa una decisión en principio solo debe
analizar los aspectos impugnados. Si estos no se concretan, no puede en segunda
instancia pronunciarse sobre el fondo de la controversia, lo que trae como
consecuencia que la apelación sea fallida y la decisión inicial deba mantenerse
incólume18.

3.4. Caso concreto.

32. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
declaró no probadas las excepciones de prescripción y pago propuestas por la entidad
demandada en su escrito de contestación, en consonancia con lo establecido en el
artículo 442 del CGP, que en su numeral 2 establece que «cuando se trata de cobro
de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada
por quien ejerza función jurisdiccional, solamente podrán alegarse las excepciones de
pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción,
siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad
por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 21 de
marzo de 2025, proceso con radiado 25000-23-42-000-2020-00428-02 (5883-2023). Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2024, proceso
con radiado 47001-23-33-000-2018-00054-01 (2666-2020). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022, proceso con radiado
25000-23-42-000-2014-00152-01 (1349-2017).
16 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

auto del 14 de mayo de 2025, proceso con radicado 15001-23-33-000-2023-00301-01 (0942-2025). Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 3 de noviembre de 2022,
proceso con radicado 05001-23-33-000-2020-02434-01 (4065-2022).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 16 de

mayo de 2025, proceso con radicado 68001-23-33-000-2021-00319-01 (5386-2022). Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2021, proceso con
radicado 76001 23 33 000 2016 01266 01 (5266-2018). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, proceso con radicado 19001-23-33-000-
2013-00214-01.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de julio

de 2024, proceso con radicado 05001-23-33-000-2018-00159-02 (3607-2022).

8

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00191-01 (2972-2024)
Demandante: Esther Patarroyo Amaya
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag

la cosa debida».

33. En consecuencia, dicho tribunal ordenó seguir adelante con la ejecución por
concepto de capital e intereses moratorios, al considerar que la entidad ejecutada no
demostró que haya dado cumplimiento a la providencia judicial base de recaudo, pues
no aportó prueba alguna sobre el particular; en tal sentido, la obligación la encontró
insatisfecha. Decisión que fue objeto del recurso de apelación presentando por la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag.

34. No obstante, revisado el escrito de apelación, se observa que, además de
invocar el derecho al debido proceso para afirmar una irregularidad en la notificación
personal «de la demanda» —que no sustenta ni precisa—, el Fomag expresó que en
su contestación propuso la excepción de pago y transcribió tres párrafos, de los cuales
uno sirvió de fundamento a ese exceptivo y los otros a unos argumentos adicionales
contenidos en dicho escrito, que igualmente resultan abstractos acerca de: (i) el acto
administrativo de cumplimiento, el cual no identifica ni aporta al proceso, (ii) la forma
cómo deben calcularse los intereses en estos asuntos, conforme lo prevé el artículo
192 del CPACA, y (iii) la participación de los entes territoriales y la Fiduprevisora SA
en el trámite de solicitudes de prestaciones sociales a cargo del Fomag.

35. Por lo tanto, si bien el propósito del recurso de apelación formulado por el Fomag
es que se revoque la sentencia de primera instancia, al declarar no probada la
excepción de pago, lo cierto es que no se efectuó reparo alguno en relación con las
razones que sirvieron de fundamento a la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en cuanto a que esta corporación precisó que dentro
del expediente no obraba acto administrativo alguno con el que se diera cumplimiento
al fallo que constituye el título ejecutivo, ni se aportó documento demostrativo de pago
por concepto de lo reclamado en este trámite. Por consiguiente, el recurso interpuesto
carece de sustento.

36. Ahora bien, si en gracia de discusión se interpretara que la intención de la
entidad recurrente era insistir en el pago de la obligación, en todo caso pese a que en
el memorial de contestación de la demanda y en el recurso de apelación se hace
alusión a la existencia de un acto administrativo de cumplimiento de la sentencia base
de recaudo, se insiste, este no fue allegado al proceso ni identificado en ninguno de
los mencionados escritos.

37. Así las cosas, se concluye que la apelación interpuesta por la parte accionada
resulta fallida, como quiera que los argumentos esbozados en el recurso no
representan reproches concretos contra la justificación que desarrolló el tribunal para
declarar no probadas las excepciones de prescripción y pago y ordenó seguir adelante
con la ejecución, es decir, que no existe relación directa, en términos de confrontación,
entre el sustento del recurso de apelación y las razones que fundamentan la decisión
de primera instancia.

38. En este orden de ideas, lo anterior impide analizar, en el marco del recurso de

9

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00191-01 (2972-2024)
Demandante: Esther Patarroyo Amaya
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag

apelación, como se explicó en el acápite normativo y jurisprudencial de esta sentencia,
la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por cuanto no existe reparo
alguno que la censure de manera directa, concreta, clara y precisa. En consecuencia,
se declarará fallida la apelación interpuesta por la parte ejecutada y se dejará incólume
la sentencia de primera instancia.

3.5. Conclusión

39. La Subsección concluye que el recurso de apelación interpuesto por la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fomag, contra la sentencia de primera instancia,
que declaró no probadas las excepciones de prescripción y pago y ordenó seguir
adelante con la ejecución, carece de reproche alguno respecto de los motivos que
fundamentaron esa decisión, por lo que la apelación resulta fallida. Por consiguiente,
se dejará incólume la decisión impugnada.

3.6. Costas

40. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario19 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.

4. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Declarar fallida la apelación interpuesta por la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, según
19
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

10

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00191-01 (2972-2024)
Demandante: Esther Patarroyo Amaya
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag

lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Declarar incólume la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 25 de enero de 2024, que
declaró no probadas las excepciones de prescripción y pago y ordenó seguir adelante
con la ejecución, de conformidad con lo indicado en la parte motiva.

Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia.

Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.