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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00459-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00459-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 26 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Luis Alfredo Angulo Ortega, a favor de las entidades demandadas. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-00459-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00459-01 (0292-2025)
Demandante: Luis Alfredo Angulo Ortega
Demandado: Municipio de Medellín e Institución Universitaria Pascual
Bravo

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades

Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia porque el actor
no demostró la continuada subordinación durante la
prestación del servicio

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia de primera instancia del 26 de noviembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del acto
ficto derivado del silencio administrativo negativo configurado por la falta de
respuesta frente a la petición radicada el 27 de septiembre de 2019 ante la
Alcaldía de Medellín; y de los Oficios E2019002437 del 16 de septiembre de 2019
y E2019002652 del 10 de octubre de 2019, expedidos por la Institución
Universitaria Pascual Bravo, a través de los cuales se negó el reconocimiento de
la existencia de una relación laboral desde el 11 de octubre de 2012 hasta el 30
de diciembre de 2015, lapso durante el cual se desempeñó como operador
tributario.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) declarar la configuración
del vínculo de trabajo; ii) pagar a su favor las prestaciones sociales causadas
durante el período mencionado1, los aportes a seguridad social en pensiones y
salud y la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías y los intereses
a las cesantías; iii) indexar las sumas que se concedan y ordenar el pago de los
intereses comerciales y moratorios a que haya lugar; iv) dar cumplimiento a la
sentencia dentro del término legal; y v) condenar en costas a la parte demandada.

1
«Prima de servicio, prima de navidad, auxilio a la cesantía, intereses a las cesantías, vacaciones, prima
de vacaciones, subsidio familiar, bonificación por servicios prestados, etc.)».

1
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Demandante: Luis Alfredo Angulo Ortega

3. Como concepto de violación argumentó que los actos acusados
infringieron normas superiores2 e incurrieron en falsa motivación y desviación y
abuso de poder, teniendo en cuenta que prestó sus servicios para el municipio
de Medellín bajo continuada subordinación, en el marco de contratos
interadministrativos que este último celebró con la Institución Universitaria
Pascual Bravo, la cual no podía realizar intermediación laboral debido a que no
es una empresa de servicios temporales.

Contestación de la demanda

4. La Institución Universitaria Pascual Bravo se opuso a las pretensiones
argumentando que el demandante estuvo vinculado mediante contratos de
prestación de servicios regidos por la Ley 80 de 1993, los cuales se celebraron
bajo los convenios interadministrativos suscritos entre la Secretaría de Hacienda
de Medellín y dicha institución universitaria, razón por la cual no tiene derecho al
pago de acreencias laborales.

5. Propuso las excepciones de caducidad, inexistencia del derecho,
prescripción y falta de legitimación en la causa por pasiva.

6. El municipio de Medellín no contestó la demanda.

Sentencia apelada

7. El Tribunal negó las pretensiones porque el actor no demostró que cumplía
sus obligaciones bajo las órdenes o el poder subordinante de las entidades
accionadas, teniendo en cuenta que la coordinación propia de los contratos de
prestación de servicios permite impartir lineamientos y directrices para garantizar
la ejecución correcta de los objetos contractuales.

8. Destacó que los testigos no describieron escenarios concretos de
subordinación, tales como concesión de permisos, llamados de atención,
memorandos, procesos disciplinarios, etc., ni se allegaron documentos en el
mismo sentido.

9. Indicó que las testigos Luz Marina Acevedo Ortiz y Katharin Moreno Hoyos
tienen un interés directo en el resultado del proceso, debido a que presentaron
demandas por causas similares contra las entidades accionadas, circunstancia
que les resta credibilidad a sus relatos.

10. Por último, decidió condenar en costas de primera instancia al
demandante.

Recurso de apelación

2
Preámbulo y artículos 1, 2, 3, 4, 13, 43, 48, 53, 93 y 94 de la Constitución Política; 35 del Código Sustantivo
del Trabajo; 63 de la Ley 1429 de 2010; 74 de la Ley 1753 de 2017; la Ley 50 de 1990; y los Decretos 4369
de 2006, 1072 de 2015 y 583 de 2016; y la Resolución 5670 de 2016 del Ministerio del Trabajo.
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Demandante: Luis Alfredo Angulo Ortega

11. El actor interpuso recurso de apelación aduciendo que los testimonios de
las señoras Luz Marina Acevedo Ortiz y Katharin Moreno Hoyos demostraban la
continuada subordinación.

12. Señaló que las testigos mencionadas presenciaron las circunstancias
laborales en que él se desempeñó, motivo por el cual sus relatos no podían dejar
de valorarse sin explicación alguna; además, la señora Luz Marina Acevedo Ortiz
no presentó ninguna demanda contra las entidades accionadas.

13. Expuso que el plazo de interrupción de los contratos de prestación de
servicios fue inferior a treinta (30) días hábiles, de suerte que las actividades se
realizaban de manera prolongada y sin solución de continuidad.

14. Resaltó que ejerció funciones de liquidador de impuestos, pero a los ocho
(8) meses de haber ingresado lo trasladaron a las taquillas de atención al público;
y que la Alcaldía de Medellín le proporcionó acceso al sistema SAP, lo cual solo
es procedente para las personas vinculadas a dicha entidad.

15. Indicó que cumplía horarios en el contexto propio de una relación laboral
y tenía que solicitar permisos al líder y al coordinador del proyecto.

16. Sostuvo que prestó su servicio de manera continua, tal como lo relató el
testigo Juan Alberto Gil Rendón, ya que le pedían que siguiera desarrollando sus
actividades debido a la cantidad de trabajo que había.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

17. Por auto del 27 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

18. Las entidades accionadas no se pronunciaron sobre la alzada.

19. El Ministerio Público rindió concepto solicitando confirmar la decisión
apelada, toda vez que el accionante no demostró la continuada subordinación.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

21. La Sala debe definir si el demandante acreditó o no la continuada
subordinación durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios, a
fin de determinar si se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia apelada.

Análisis del problema jurídico
3
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Demandante: Luis Alfredo Angulo Ortega

22. La Sala confirmará la decisión del tribunal porque las pruebas aportadas
al expediente no acreditan la continuada subordinación, de suerte que no se
demostró la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios en el
marco del principio de primacía de la realidad sobre las formas.

23. De la prueba documental se extrae que la Alcaldía Municipal de Medellín
y la Institución Universitaria Pascual Bravo celebraron algunos convenios
interadministrativos3 con base en los cuales esta última suscribió varios contratos
de prestación de servicios con el accionante, quien se desempeñó como
operador tributario en la primera entidad mencionada, durante los siguientes
períodos:

Contrato de
Entidad Honorarios
prestación Duración Objeto
contratante mensuales
de servicios
«Apoyar las actividades requeridas en
PS-4256 del Institución cumplimiento del objeto del contrato
10 de Universitaria 11/10/2012 al interadministrativo 4600043103 de 2012,
$ 2.500.000
octubre de Pascual 28/12/2012 celebrado entre el municipio de Medellín –
20124 Bravo Secretaría de Hacienda y la Institución
Universitaria Pascual Bravo»
«Apoyar las actividades requeridas en
Institución cumplimiento del objeto del contrato
PS-0243 del
Universitaria 10/1/2013 al interadministrativo 4600043103 de 2012,
9 de enero $ 2.500.000
Pascual 29/1/2013 celebrado entre el municipio de Medellín –
de 20135
Bravo Secretaría de Hacienda y la Institución
Universitaria Pascual Bravo»
«Apoyar las actividades requeridas en
Institución cumplimiento del objeto del contrato
PS-2310 del
Universitaria 8/2/2013 al interadministrativo 4600045607 de 2013,
8 de febrero $ 2.500.000
Pascual 7/8/2013 celebrado entre el municipio de Medellín –
de 20136
Bravo Secretaría de Hacienda y la Institución
Universitaria Pascual Bravo»
«Apoyar las actividades requeridas en
Institución cumplimiento del objeto del contrato
PS-8579 del
Universitaria 30/8/2013 al interadministrativo 4600049658 de 2013,
30 de agosto $ 2.500.000
Pascual 30/10/2013 celebrado entre el municipio de Medellín –
de 20137
Bravo Secretaría de Hacienda y la Institución
Universitaria Pascual Bravo»
«Prestar los servicios requeridos en la
ejecución del proyecto de fortalecimiento
para el control de la evasión y elusión
PS-9706 del Institución
tributaria de la Subsecretaría de Ingresos
5 de Universitaria 5/11/2013 al
$ 2.500.000 en el marco del Convenio
noviembre Pascual 30/12/2013
Interadministrativo 4600050939 de 2013,
de 20138 Bravo
celebrado entre el Municipio de Medellín –
Secretaría de Hacienda y la Institución
Universitaria Pascual Bravo»
«Prestar los servicios requeridos en la
ejecución del proyecto de fortalecimiento
para el control de la evasión y elusión
Institución
PS-3201 del tributaria de la Subsecretaría de Ingresos
Universitaria 9/1/2014 al
8 de enero $ 2.600.000 en el marco del Convenio
Pascual 26/6/2014
de 20149 Interadministrativo 4600050939 de 2013,
Bravo
celebrado entre el Municipio de Medellín –
Secretaría de Hacienda y la Institución
Universitaria Pascual Bravo»

3
En el Oficio E2019002437 del 16 de septiembre de 2019, expedido por la Institución Universitaria Pascual
Bravo, entre esta y el municipio de Medellín se suscribieron los siguientes convenios interadministrativos:
«4600043103 de 2012, 4600045607, 4600049658, 4600050939 de 2013, 4600055145 de 2014 y
4600057742, 4600060157 de 2015».
4
Índice 42 de SAMAI del tribual, archivo PDF que contiene los anexos de la demanda.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
4
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Demandante: Luis Alfredo Angulo Ortega

«Prestar los servicios requeridos en la
ejecución del proyecto de fortalecimiento
para el control de evasión y elusión
Institución
PS-6790 del tributaria de la Subsecretaría de Ingresos
Universitaria 27/6/2014 al
27 de junio $ 346.667 en el marco del Convenio
Pascual 30/6/2014
de 201410 Interadministrativo 4600050939 de 2013,
Bravo
celebrado entre el municipio de Medellín –
Secretaría de Hacienda y la institución
Universitaria Pascual Bravo»
«Prestar los servicios de apoyo en la
ejecución del proyecto de fortalecimiento
para el control de la evasión y la elusión
Institución
PS-7820 del tributaria de la Subsecretaría de Ingresos,
Universitaria 24/7/2014 al
24 de julio $ 2.600.000 según contrato interadministrativo
Pascual 30/12/2014
de 201411 4600055145 de 2014 celebrado entre el
Bravo
Municipio de Medellín – Secretaría de
Hacienda y la Institución Universitaria
Pascual Bravo»
«Prestar los servicios de apoyo en la
ejecución del proyecto de fortalecimiento
para el control de la evasión y elusión
tributaria de la Subsecretaría de Ingresos,
Institución
PS-3704 del de acuerdo a las actividades requeridas
Universitaria 27/1/2015 al $
27 de enero para el cumplimiento de las obligaciones
Pascual 11/6/2015 2.756.000
de 201512 contraídas en el contrato
Bravo
interadministrativo No. (sic) 4600057742
de 2015, celebrado entre el Municipio de
Medellín, Secretaría de Hacienda y la
Institución Universitaria Pascual Bravo»
«Prestar los servicios de apoyo en la
ejecución del proyecto de fortalecimiento
para el control de la evasión y elusión
Institución tributaria, de acuerdo a las actividades
PS-6008 del
Universitaria 12/6/2015 al requeridas para el cumplimiento de las
12 de junio $ 2.756.000
Pascual 30/12/2015 obligaciones contraídas en el contrato
de 201513
Bravo interadministrativo No. (sic) 4600060157
de 2015, celebrado entre el Municipio de
Medellín, Secretaría de Hacienda y la
Institución Universitaria Pascual Bravo»

24. En primera instancia se escuchó al demandante en interrogatorio y se
recibieron los testimonios de los señores Juan Alberto Gil Rendón, Luz Marina
Acevedo Ortiz y Katharin Moreno Hoyos, de los cuales se destaca lo siguiente:

i) El actor indicó que, durante la ejecución de los contratos celebrados con
la Institución Universitaria Pascual Bravo entre el 11 de octubre de 2012 y
el 31 de diciembre de 2015, desarrolló las actividades convenidas y otras
que le asignaban los líderes de área o de proyectos. Señaló que, cuando
estuvo en la Oficina de Liquidación ubicada en el segundo piso, su jefe
directa era la señora Ángela García, y allí realizaba las tareas pactadas;
sin embargo, entre junio y julio de 2013 empezó a asumir labores distintas
a las liquidaciones, debido a que se generó un caos con la aplicación del
beneficio tributario previsto en la Ley 1607 de 2012.

Explicó que, en ese contexto, el señor Iván Felipe Velásquez, jefe del área
de servicios tributarios, solicitó su traslado a la taquilla de servicios, donde
atendía al público y recibía órdenes tanto de este funcionario como de la
señora Lucía Beatriz Agudelo Hernández, ambos empleados de carrera
del municipio de Medellín. Finalmente, afirmó que nunca trabajó en las
instalaciones de la Institución Universitaria Pascual Bravo, pues su

10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
5
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relación con esta se limitaba a la suscripción de los contratos, «aunque en
la Alcaldía permanecía un supervisor del convenio, pero el contacto con él
era nulo».

ii) El señor Juan Alberto Gil Rendón relató que el demandante trabajaba en
la taquilla 8 de servicios tributarios haciendo liquidaciones y atendiendo al
público, dentro de un horario comprendido entre las 7:00 a. m., y las 5:30
p. m., y a veces laboraba los sábados cuando había mucho trabajo; que al
actor lo «manejaba» el coordinador y «todos los que eran jefes ahí», como
los doctores Iván Felipe y Ángela Piedad; que el accionante no podía
ausentarse sin permiso del coordinador de área, pero nunca observó que
esta situación se hubiera presentado; que el actor tenía acceso a los
sistemas de información de la Alcaldía de Medellín como todos los
funcionarios y laboraba con las herramientas de trabajo que esta última le
proveía; que el demandante recibía capacitaciones por parte de los
compañeros de planta y continuaba trabajando aun cuando terminaban
sus contratos, pues le pedían el favor debido a la cantidad de trabajo; y
que no observó que algún funcionario de la Alcaldía de Medellín le hubiera
llamado la atención o impuesto alguna sanción al actor, cuyas funciones
también eran desarrolladas por funcionarios de planta.

iii) La señora Luz Marina Acevedo Ortiz manifestó que ella y el demandante
fueron liquidadores de impuesto predial y su contratación obedeció a que
«había mucha contingencia» en el municipio de Medellín; que inicialmente
el actor tenía que liquidar los trámites y reclamos de impuesto predial, pero
después lo enviaron a las taquillas a liquidar y manejar el Sentry (sistema
de turnos), tareas para las cuales utilizaba los elementos que le proveía el
municipio; que todos ellos utilizaban el sistema SAP; que el accionante
laboraba en el horario de 7:30 a. m., a 5:30 p. m., aunque cuando había
mucha gente entraban a las 7:00 a. m., y salían más tarde o «mermaban»
la hora de almuerzo; y que para los permisos necesitaban la autorización
de la líder de proyecto del municipio de Medellín (Ángela García) y del
coordinador del convenio.

Señaló que la Institución Universitaria Pascual Bravo les pagaba
directamente; que el demandante tenía un correo institucional del
municipio de Medellín y recibía capacitaciones por parte de los ingenieros
y de los compañeros que sabían más, sobre cómo manejar el sistema
SAP; que otros empleados de planta hacían las mismas funciones que el
actor, quien nunca laboró en las instalaciones de la Institución Universitaria
Pascual Bravo; que ningún funcionario de la Alcaldía de Medellín le impuso
un horario al demandante, pero les decían que trabajaran hasta las 5:30
p. m., porque había mucha contingencia; y que cuando laboraban más
horas o días hacían un arreglo de compensación.

iv) La señora Katharin Moreno Hoyos señaló que presentó una demanda
contra las entidades accionadas por una causa similar y actuó como
apoderada sustituta del actor en la audiencia de conciliación prejudicial;
expuso que ella trabajaba como contratista en el municipio de Medellín, en
declaraciones del impuesto de industria y comercio, mientras que el
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demandante estaba en servicios tributarios, en la cual liquidaba el
impuesto, atendía en taquillas y resolvía los casos más difíciles; que ella
«cree» que el accionante recibía órdenes del municipio de Medellín, pero
ella estaba en un grupo diferente y no podría decir de parte de quién; que
el demandante observaba el mismo horario de todos, es decir, de 7:00
a. m., a 5:30 p. m.; que en las taquillas había contratistas y empleados
vinculados; y que el actor tenía un computador, un cubículo y un correo
electrónico provistos por el municipio.

Explicó que ella «cree» que el accionante tenía que pedir permiso para
ausentarse; que no recuerda si el actor trabajaba cuando no tenía contrato;
que en ciertas ocasiones el demandante rotó en los CERCAS u otras
sedes del municipio, tenía unos permisos especiales y debía pedir
autorización al personal de la Alcaldía de Medellín para realizar ciertas
transacciones en el sistema SAP; que ella (la testigo) se encontraba en el
segundo piso, mientras que el actor estaba en el primero, pero coincidían
en ocasiones, como cuando estaba «lo del beneficio tributario», pues el
grupo de declaraciones tenía que estar en atención al público; que el
accionante debía estar muy puntual en las taquillas; y que no sabe si la
Institución Universitaria Pascual Bravo vigilaba el cumplimiento de las
actividades del demandante, pero este no realizaba sus tareas en las
instalaciones de dicha institución, ya que allá solo firmaba los contratos.

25. Las entidades accionadas tacharon el testimonio de la señora Katharin
Moreno Hoyos por encontrarse en circunstancias que afectarían su credibilidad
e imparcialidad, debido a que esta presentó una demanda con pretensiones
similares a las del demandante y también fungió como apoderada de este último
en el trámite de conciliación prejudicial.

26. Al respecto, es pertinente recordar que para establecer la credibilidad del
testimonio es necesario que el relato presente claridad en las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, que las respuestas sean precisas y completas y que el
testigo justifique la forma en que conoció los hechos. Solo bajo estas condiciones
el juzgador puede valorar si lo declarado resulta verosímil, si se ajusta al sentido
común y si es coherente con el resto del material probatorio. La ley no impide
tener en cuenta la declaración de un testigo sospechoso, pero exige que sea
apreciada con mayor rigor y que su contenido sea contrastado con los demás
medios de prueba incorporados al expediente.

27. En consecuencia, el testimonio rendido por la señora Katharin Moreno
Hoyos será apreciado teniendo en cuenta la tacha de sospecha formulada por
las entidades accionadas, sin que ello implique su exclusión del acervo
probatorio, sino que su valoración se debe realizar conforme a las reglas de la
sana crítica.

28. La Sala considera que la prueba documental (contratos, certificaciones e
informes de ejecución de los contratos) y testimonial da cuenta de que el
demandante se desempeñó como operador tributario en la Alcaldía de Medellín
entre el 11 de octubre de 2012 y el 30 de diciembre de 2015, de manera
interrumpida, vinculado a través de contratos de prestación de servicios suscritos
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con la Institución Universitaria Pascual Bravo, actividad por la cual recibió unos
honorarios.

29. En esos términos, en la sentencia de primera instancia se encontró
probada la prestación personal del servicio y la remuneración, conclusión que no
fue reprochada por ninguna de las partes procesales.

30. Ahora bien, respecto de la subordinación continuada, de acuerdo con una
interpretación armónica de los artículos 3, 4 (numerales 1 y 4), 5 (numeral 2) y
14 de la Ley 80 de 1993, entre los contratistas y las entidades públicas debe
existir una relación de entendimiento y coordinación que apunte a la ejecución
idónea y oportuna del objeto contractual, lo cual implica para los primeros el deber
de acatar algunas directrices que les impartan las contratantes durante el
desarrollo del contrato14 y colaborar para que lo convenido se cumpla de la mejor
manera; para las segundas, el deber de ejercer la dirección general, el control y
la vigilancia de la ejecución, lo que les permite exigir al contratista la correcta
realización del objeto pactado y adelantar las revisiones periódicas de los
servicios prestados para verificar que estos se desarrollen en condiciones de
calidad.

31. Mención especial merecen los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
conforme a los cuales las entidades contratantes están obligadas a vigilar
permanentemente la ejecución correcta del objeto convenido a través de
supervisores o interventores, quienes tienen a su cargo la labor de hacer
«seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional» a cargo del contratista,
misión en razón de la cual están facultados para solicitar informes, aclaraciones
y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.

32. Desde esa perspectiva, quien solicite la declaración de la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios en el marco del
principio de primacía de la realidad sobre las formas debe demostrar la ejecución
de las tareas bajo continuada subordinación; sin embargo, del análisis integral de
las pruebas recaudadas, la Sala concluye que el accionante no acreditó dicho
aspecto por las siguientes razones:

33. La continuada subordinación denota el «poder jurídico permanente de que
es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de
la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo
relativo a la manera como este debe realizar las funciones y cumplir con las
obligaciones que le son propias […] se destaca dentro del elemento de
subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la actividad
laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre
este […]»15.

14
Numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993: «2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que
sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las
órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad
y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran
presentarse».
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
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34. Así las cosas, si bien los testigos mencionaron que el actor ejecutaba sus
tareas dentro del horario comprendido entre las 7:00 a. m., y las 5:30 p. m.,
generalmente, ninguno de ellos dio cuenta de que se trataba de una imposición
por parte de la Alcaldía de Medellín, sino que la tarea de gestionar las taquillas
implicaba su desarrollo dentro de la jornada de funcionamiento de la entidad,
circunstancia que resulta ordinaria en tratándose de atención al público.

35. La exposición que se hizo en la sentencia de unificación del 18 de
noviembre de 200316, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, permite entender que algunas actividades exigen que su
ejecución se lleve a cabo en las instalaciones de la entidad contratante, dentro
de un horario, sin que ello pueda entenderse como subordinación, sino como una
manifestación del principio de coordinación en razón a las características de las
tareas pactadas.

36. Siguiendo esa misma línea, recientemente esta Subsección estudió el
caso de un contratista que realizó labores de procesamiento y producción
estadística de información para encuestas del DANE y concluyó que el
cumplimiento del objeto contractual en las instalaciones de la entidad contratante,
conforme a unos horarios, se hacía necesario debido a la naturaleza de la
actividad convenida, lo cual debía entenderse como coordinación, mas no como
subordinación17.

37. Del mismo modo, es posible que el demandante haya tenido la necesidad
de acudir en ciertas horas a las instalaciones de la entidad accionada con el fin
de ejecutar los contratos de prestación de servicios; no obstante, tales
circunstancias, por sí solas, no son suficientes para entender que el municipio de
Medellín haya ejercido una continuada subordinación, teniendo en cuenta que el
actor no demostró que vio comprometida su autonomía en razón a que hubiera
recibido llamados de atención u órdenes que determinaran el modo en que debía
desarrollar sus actividades, o que se le impusieran reglamentos o regímenes
correctivos.

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 18 de noviembre
de 2003, expediente 17001-23-31-000-1999-00039-01 (IJ).
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 17 de marzo de 2022, expediente 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-2019). Puntualmente, en
dicha providencia se indicó lo siguiente:
«De tal manera que las actividades por las cuales fue contratado por la entidad le imponían el cumplimiento
de las obligaciones en sus instalaciones, lo que de contera implicaba asistir en los horarios dispuestos para
el funcionamiento.
Para la Sala, dicha situación no conlleva el convencimiento pleno de que se tratase de una relación
subordinada sino una regida bajo el principio de la coordinación, propia de este tipo de contratos de
prestación de servicios, que consiste en “la sincronización de las actividades que ejerce el contratista con
las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es
indispensable que exista una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con
independencia, en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejercer control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito.
Por consiguiente, en el sub lite no puede hablarse de que se tratase de una relación de sujeción del
trabajador hacia su empleador, pues si bien la entidad facilitó el espacio físico para llevar a cabo las
actividades, estableció un horario, y solicitó el cumplimiento de las metas, lo cierto es que dado el objeto
contractual, las actividades que desarrollaba necesariamente requerían de dicha coordinación.
Las razones que la entidad tenía para exigir la prestación del servicio en sus instalaciones son excepcionales
y se encuentran justificadas, toda vez que es indudable que la información que utiliza el Dane es reservada
y podría mal emplearse para obtener provechos diferentes, motivos suficientes para que estos hechos sean
interpretados como una actividad de coordinación más que de subordinación».
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Demandante: Luis Alfredo Angulo Ortega

38. Adicionalmente, el uso de sistemas operativos, correos electrónicos y
elementos de trabajo provistos por el municipio de Medellín tampoco demuestran
que este último haya desdibujado la autonomía con la cual el accionante debía
cumplir los objetos contractuales, sino que, por el contrario, ello debe entenderse
como una forma de coordinación tendiente a lograr la prestación efectiva del
servicio; con mayor razón si el demandante tenía acceso a información tributaria
de uso exclusivo de dicha entidad, la cual solo podía administrarse en los
archivos de ella, circunstancia de la cual quedó constancia en varios de los
contratos, en los que se precisó que esos datos solo podían consultarse en las
instalaciones de aquella.

39. En este punto vale la pena resaltar que en el recurso de apelación no se
explicó por qué el acceso al sistema SAP era exclusivo para el personal de planta
de la Alcaldía de Medellín, a pesar de que, según lo mencionaron los testigos,
era un aplicativo utilizado para gestionar y liquidar los impuestos, tarea que
realizaba el demandante como contratista.

40. Aunque los testigos indicaron que el actor recibía órdenes del jefe de
proceso, lo cierto es que no explicaron en qué consistían tales instrucciones a fin
de verificar si con ellas el municipio de Medellín estaba determinando el tiempo,
el modo y la cantidad del trabajo, o si simplemente se trataba de un ejercicio
legítimo de la facultad de supervisión, como se expuso previamente.

41. Respecto de las solicitudes de permiso referidas por los testigos,
obsérvese que el señor Juan Alberto Gil Rendón aclaró que no observó ninguna
ocasión en que el actor haya pedido un permiso; la señora Luz Marina Acevedo
Ortiz indicó que se requerían dos (2) autorizaciones, esto es, del líder de área y
del coordinador del convenio, pero el demandante afirmó que su relación con
este último era nula; y la señora Katharin Moreno Hoyos manifestó que creía que
el demandante requería permiso para ausentarse, expresión que denota
especulación, por lo que no es un hecho que haya percibido.

42. A diferencia de lo expuesto, los tres (3) testigos coincidieron en declarar
que ninguno de ellos presenció que el municipio de Medellín le haya llamado la
atención o impuesto sanciones al actor.

43. Además, la testigo Luz Marina Acevedo Ortiz, quien dijo haber sido
contratada para la misma fecha en que lo fue el demandante, señaló que la
vinculación de ambos obedeció a la contingencia que tuvo lugar en el municipio
de Medellín debido a la aplicación del beneficio tributario que previó la Ley 1607
de 2012, circunstancia que también mencionó el accionante. Así pues, las
anteriores afirmaciones permiten considerar que la contratación del actor se dio
conforme al numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, pues la vinculación
se hizo necesaria debido al incremento del volumen de trabajo en el municipio de
Medellín.

44. Por otro lado, aunque el testigo Juan Alberto Gil Rendón indicó que el
accionante continuaba laborando después de que vencían los contratos de
prestación de servicios, lo cierto es que no existe rastro de esa situación en la
prueba documental, ni siquiera en la declaración del propio demandante. En todo
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caso, tal circunstancia no demuestra la continuada subordinación, esto es, que
el municipio de Medellín haya comprometido la autonomía que tenía el contratista
mediante acciones que determinaran el tiempo, el modo y la cantidad del trabajo.

45. Por último, en el recurso de apelación se adujo que entre los contratos de
prestación de servicios no transcurrieron plazos superiores a treinta (30) días
hábiles, motivo por el cual las actividades se habrían realizado de manera
prolongada y sin solución de continuidad. Al respecto, la Sala se limitará a indicar
que el planteamiento esbozado por la parte actora no es cierto, ya que varios
contratos tuvieron plazos superiores al término mencionado. Además, el
argumento no resulta del todo comprensible si lo que se pretendía era controvertir
el análisis que realizó el Tribunal en punto de la continuada subordinación.

46. En los términos expuestos, le correspondía al demandante demostrar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios en el marco del
principio de primacía de la realidad sobre las formas, pero como esa carga no se
cumplió satisfactoriamente, se confirmará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones.

La condena en costas de segunda instancia

47. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

48. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

49. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

50. En consecuencia, toda vez que se confirmará la sentencia apelada, se
impondrán costas a la parte demandante en segunda instancia, por cuanto se
niegan las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-00459-01 (0292-2025)
Demandante: Luis Alfredo Angulo Ortega

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 26 de noviembre de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, a través de la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Luis Alfredo
Angulo Ortega, a favor de las entidades demandadas. Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JMMC
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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