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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2015-00414-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2015-00414-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 15 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a la señora Nubia Cristina Briñez Bejarano, a favor de la Empresa Social del Estado Instituto Municipal de Salud - ESE IMSALUD. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de Santander. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2015-00414-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 54001-23-33-000-2015-00414-01 (5690-2022)
Demandante: Nubia Cristina Briñez Bejarano
Demandados: Empresa Social del Estado Instituto Municipal de Salud -
ESE IMSALUD

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades –
técnica en rayos X.

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia porque no se
acreditó el elemento de la continuada subordinación.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra
la sentencia de primera instancia del 15 de octubre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Nubia Cristina Briñez Bejarano interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de
que se declare la nulidad del Oficio 259 del 19 de mayo de 2014, expedido por la
entidad accionada, por medio del cual se negó el reconocimiento de la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el
24 de octubre de 2002 y el 30 de diciembre de 2009 y el pago de las prestaciones
consecuentes, lapso durante el cual se desempeñó como técnica en rayos X.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) declarar que durante el
periodo mencionado se configuró una verdadera relación de trabajo entre ella y
la demandada; (ii) pagar los emolumentos dejados de percibir, incluidos salarios,
prestaciones sociales1, indemnizaciones2, así como las diferencias salariales
correspondientes3; (iii) reembolsar las sumas que correspondan por concepto de

1
Cesantías e intereses sobre estas, vacaciones, primas y dotaciones.
2
La sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, la indemnización por terminación unilateral
del contrato sin justa causa, la sanción moratoria por no haber cancelado al momento de la finalización del
vínculo contractual los salarios y las prestaciones sociales adeudadas, y la indemnización por concepto de
daño a la salud.
3
Horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y festivos.

1
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Demandante: Nubia Cristina Briñez Bejarano

aportes al Sistema de Seguridad Social; y (iv) dar cumplimiento a la sentencia en
los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

3. Como concepto de la violación argumentó que el acto acusado desconoció
normas superiores4, en particular, el principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, pues entre 2002 y 2009 suscribió múltiples contratos de
prestación de servicios, de forma directa y mediante cooperativas de trabajo
asociado, para desempeñar funciones como técnica en rayos X en el área de
radiología, en condiciones idénticas a las del personal de planta.

4. Sostuvo que la prestación del servicio fue personal, remunerada y
desarrollada bajo una continuada subordinación y dependencia, manifestada en
el cumplimiento del horario laboral y en la sujeción a órdenes e instrucciones
impartidas por sus superiores.

Contestación de la demanda

5. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda al
considerar que la relación que surgió entre las partes fue de naturaleza
contractual, por lo que no existió vínculo laboral que diera lugar al reconocimiento
de prestaciones sociales.

6. Explicó que la supervisión del contrato, la presentación de informes o la
realización de actividades dentro de un horario obedecían al principio de
coordinación contractual y no implicaban la subordinación.

7. Igualmente, señaló que la obligación de afiliarse y pagar aportes al
Sistema de Seguridad Social recaía en el contratista, de conformidad con la
normativa vigente, y que la entidad únicamente verificó el cumplimiento de dichos
pagos.

8. Agregó que los periodos reclamados, comprendidos entre el 24 de octubre
de 2002 y el 30 de diciembre de 2009, se encontraban prescritos, dado que la
reclamación administrativa solo fue presentada el 22 de octubre de 2012.

9. En ese contexto, propuso las excepciones de prescripción; buena fe; cobro
de lo no debido; «mala fe de la parte actora»; compensación; y «falta de soporte
jurídico sustancial».

Sentencia apelada

10. Mediante sentencia del 15 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander declaró la nulidad del acto acusado y la existencia de una
relación laboral encubierta entre la actora y la Empresa Social del Estado Instituto
Municipal de Salud - ESE IMSALUD entre el 24 de octubre de 2002 y el 30 de
diciembre de 2009.

11. En la providencia se declaró probada la excepción de prescripción
respecto de los periodos anteriores al 30 de enero de 2007.

4
Artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48 y 53 de la Constitución Política; 22, 23, 24, 37, 38, 43, 44, 45, 47, 55, 56,
64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo; 75 y «siguientes» de la Ley 789 de 2002.

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12. En relación con los servicios prestados en los años 2004, 2005 y 2006 a
través de las cooperativas COOPASB, COESC y COESC LABORA YA, el
Tribunal advirtió que, aunque se aportaron algunos contratos suscritos entre la
ESE IMSALUD y dichas entidades, no obra en el expediente prueba que
demuestre que la demandante fue efectivamente contratada por tales
cooperativas para desarrollar el objeto convenido ni los extremos temporales, lo
que impidió tener por acreditada la prestación efectiva del servicio en ese lapso.

13. A partir del análisis de las órdenes de prestación de servicios y de la
prueba testimonial, la Sala concluyó que la actora prestó sus servicios como
técnica en rayos X de manera personal, a cambio de una remuneración y bajo
una continuada subordinación.

14. Este último elemento se constató a partir del carácter permanente y
misional de las funciones desempeñadas, la ausencia de autonomía e
independencia, el cumplimiento obligatorio de los turnos asignados, la ejecución
de las tareas en la sede institucional, la sujeción a «órdenes en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo» y la necesidad de contar con autorización del
coordinador para ausentarse.

15. En consecuencia, el Tribunal condenó a la entidad demandada a pagar a
favor de la actora las sumas correspondientes a las prestaciones sociales que
devengue un empleado de planta que desempeñe funciones equivalentes.

16. De igual manera, ordenó a la entidad efectuar el pago de los aportes
faltantes al fondo de pensiones en el porcentaje que le corresponde como
empleadora, y dispuso que la actora acreditara las cotizaciones realizadas al
sistema de pensiones durante la relación laboral o, en su defecto, asumiera el
pago del porcentaje a su cargo como trabajadora.

17. Finalmente, negó las demás pretensiones y se abstuvo de imponer
condena en costas a la entidad accionada.

Recurso de apelación

18. El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia en el que se limitó a cuestionar exclusivamente la
declaración de prescripción realizada por el Tribunal.

19. Al respecto, afirmó que la prestación del servicio fue ininterrumpida entre
el 24 de octubre de 2002 y el 30 de diciembre de 2009 y que, durante ese periodo,
la actora ejecutó sus funciones de manera personal, dentro de las instalaciones
de la entidad, con sujeción a un horario y bajo órdenes impartidas por sus
superiores y por el gerente de turno.

20. Por su parte, la entidad demandada argumentó que la señora Briñez
Bejarano incumplió la carga probatoria establecida en el artículo 167 del Código
General del Proceso, toda vez que las pruebas allegadas no demostraron la
existencia de una continuada subordinación, elemento que, según la
jurisprudencia del Consejo de Estado, no se presume sino que debe acreditarse.

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21. Lo anterior porque: (i) los testimonios practicados no se refirieron a hechos
concretos de la demandante, sino a apreciaciones generales sobre el
funcionamiento de la entidad; (ii) en su interrogatorio de parte, la actora afirmó
ejercer sus funciones con autonomía técnica; y (iii) no obra prueba de órdenes o
instrucciones directas impartidas por el coordinador, sino únicamente
actuaciones propias de la supervisión contractual orientada al cumplimiento del
objeto pactado.

22. Indicó además que, conforme a la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-
16, los aportes efectuados por la contratista al sistema de seguridad social en
pensiones y salud están sujetos a prescripción, razón por la cual solicitó que en
el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia se incluyera tal declaración.

23. En esa misma línea, manifestó que el Tribunal omitió declarar la
prescripción de la bonificación por servicios, primas de servicios, navidad y
vacaciones, bonificación de recreación, cesantías e intereses sobre estas, de
modo que no era posible su reconocimiento.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

24. Mediante autos del 16 de marzo de 20235 y 6 de julio de 20236, se
admitieron los recurso de apelación interpuestos por las partes y se corrió
traslado para alegar de conclusión, respectivamente.

25. En sus alegatos, la parte actora reiteró que la prestación del servicio entre
el 24 de octubre de 2002 y el 30 de diciembre de 2009 se desarrolló de manera
continua e ininterrumpida, motivo por el cual el Tribunal incurrió en error al
declarar probada la excepción de prescripción.

26. Por su parte, la entidad accionada solicitó revocar la sentencia de primera
instancia al considerar que la demandante no acreditó la continuada
subordinación exigida para desvirtuar la naturaleza contractual de la vinculación.
Sostuvo que el a quo valoró indebidamente las pruebas, pues los testimonios se
apoyaron en suposiciones y resultaron contradictorios frente a la declaración de
la actora quien sostuvo que ejecutaba sus funciones con autonomía técnica.

27. También reiteró que la supervisión del contrato es inherente a la
contratación estatal y que, en consecuencia, el seguimiento realizado sobre el
cumplimiento del objeto contractual no constituye subordinación, sino el ejercicio
de una función legal de vigilancia y control.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

28. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de

5
Índice 6 del aplicativo Samai.
6
Índice 13 del aplicativo Samai.

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la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.

Problema jurídico

29. A partir de los argumentos expuestos en los recursos de apelación,
corresponde a la Sala determinar si la actora acreditó la existencia de una
continuada subordinación durante la ejecución de los contratos de prestación de
servicios suscritos con la ESE IMSALUD.

30. En caso de que dicho elemento se encuentre demostrado, será necesario
establecer si el vínculo laboral debía declararse por el periodo comprendido entre
el 24 de octubre de 2002 y el 30 de diciembre de 2009 y, en consecuencia, si
procedía el reconocimiento de las prestaciones sociales reclamadas o, por el
contrario, operó la prescripción alegada por la entidad demandada.

Análisis del problema jurídico

31. La Sala revocará la decisión apelada porque las pruebas que obran en el
expediente no demuestran la continuada subordinación durante la ejecución de
los objetos contractuales.

32. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, se estima necesario destacar
que la señora Nubia Cristina Briñez Bejarano suscribió los siguientes contratos
de prestación de servicio con la Empresa Social del Estado Instituto Municipal de
Salud – ESE IMSALUD:

Contratos de Duración Objeto
prestación de
servicios
7
598 24/10/02 al 23/01/03 El contratista se compromete a realizar
(3 meses) 1.152 actividades de rayos X, a un valor de
1.302.03 pesos cada una, fraccionada en
384 actividades mensuales.
2078 27/01/03 al 26/02/03 El contratista se compromete a realizar 384
(1 mes) actividades de rayos X, a un valor de
$1.302,08 pesos cada actividad, en una de
las IPS de la ESE IMSALUD.
4449 03/03/03 al 02/09/03 El contratista se compromete a realizar
(6 meses) 2.304 actividades de rayos X, a un valor de
$1.822,91 pesos cada actividad,
fraccionada en 384 actividades mensuales
en una de las IPS de la ESE IMSALUD.
76610 08/09/03 al 07/12/03 El contratista se compromete a realizar
(3 meses) 1.152 actividades de rayos X, a un valor de
$1.822,91 pesos cada actividad,
fraccionada en 384 actividades mensuales
en una de las IPS de la ESE IMSALUD.
102411 09/12/03 al 23/12/03

7
Folio 6, índice 2 del aplicativo Samai. Anexos de la demanda.
8
Folio 7, ibidem.
9
Folio 8, ibidem.
10
Folio 9, ibidem.
11
Folio 10, ibidem.

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Demandante: Nubia Cristina Briñez Bejarano

(15 días) El contratista se compromete a realizar 262
12
1134 29/12/03 al 12/01/04 actividades de rayos X, en una de las IPS
(15 días) de la ESE IMSALUD.
23613 02/01/07 al 30/01/07 El contratista se compromete a prestar sus
(29 días) servicios profesionales como técnico en
rayos X de la ESE IMSALUD.
84314 10/08/07 al 30/08/07 El contratista se compromete a prestar sus
(21 días) servicios de apoyo a la gestión como
99915 01/09/07 al 30/01/07 técnico en rayos X por 50 horas
(2 meses) semanales, en la sede ESE IMSALUD,
178116 01/11/07 al 30/12/07 asumiendo sus propios riesgos con plena
(2 meses) autonomía.
022717 02/01/08 al 30/01/08
(29 días)
67318 01/02/08 al 30/07/08
(6 meses)
149719 01/08/08 al 30/09/08
(2 meses)
204520 01/10/08 al 30/12/08
(3 meses)
08921 02/01/09 al 30/01/09
(29 días)
77222 01/02/09 al 30/05/09
(3 meses)
113823 01/06/09 al 30/06/09
(1 mes)
158324 01/07/09 al 30/07/09
(1 mes)
198325 01/08/09 al 30/08/09
(1 mes)
222826 01/09/09 al 30/10/09
(2 meses)
294127 01/11/09 al 30/11/09
(1 mes)
313928 01/12/09 al 30/12/09
(1 mes)

33. Igualmente, obran en el expediente diversos contratos de prestación de
servicios de apoyo a la gestión en salud suscritos entre la Empresa Social del
Estado – ESE IMSALUD y las cooperativas (i) Multiactiva de Trabajo Asociado,
Salud y Bienestar – COOPASB, (ii) Educativa, Cultural y Social del Norte de

12
Folio 11, ibidem.
13
Folio 12, ibidem.
14
Folio 13, ibidem.
15
Folio 14, ibidem.
16
Folio 10, índice 2 del aplicativo Samai. Anexos de la contestación.
17
Folio 11, ibidem.
18
Folio 12, ibidem.
19
Folio 13, ibidem.
20
Folio 14, ibidem.
21
Folio 15, ibidem.
22
Folio 16, ibidem.
23
Folio 18, ibidem.
24
Folio 19, ibidem.
25
Folio 10, ibidem.
26
Folio 21, ibidem.
27
Folio 22, ibidem.
28
Folio 23, ibidem.

6
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Demandante: Nubia Cristina Briñez Bejarano

Santander – COESC, así como con la sociedad COESC LABORA YA EST. S.A.,
los cuales se relacionan a continuación:

Cooperativa Contratos de Duración Objeto
prestación de
servicios
COOPASB 003 del 6 de El necesario para Prestación del servicio con
enero de 200429 cubrir el objeto del personal médico y
contrato. paramédico.
COOPASB 010 del 2 de 1 mes.
febrero de
30
2004
COOPASB 017 del 8 de La contratista se obliga a la
marzo de 200431 prestación de los servicios
de apoyo a la gestión en
salud de conformidad con
las necesidades que
presente la contratante
para el cumplimiento de
sus fines y actividades.
COOPASB 021 del 6 de abril 1 mes y/o hasta La contratista se obliga a la
de 200432 cubrir el valor del prestación de los servicios
contrato. de apoyo a la gestión en
COOPASB 023 del 3 de 1 mes. salud con personal médico,
mayo de 200433 odontológico,
COOPASB 030 del 1º de bacteriológico y otros
junio de 200434 profesionales de la salud,
COOPASB 032 del 1º de 1 mes y/o hasta de conformidad con los
julio de 200435 cubrir el valor del términos de la propuesta
COOPASB 039 del 2 de contrato. presentada.
agosto de
200436
COOPASB 04137 La contratista se obliga a la
COOPASB 050 del 1º de prestación de los servicios
octubre de de apoyo a la gestión en
200438 salud con personal médico
COOPASB 063 del 10 de Hasta cubrir el tope y enfermeras, de
diciembre de del valor conformidad
del con los
200439 contrato. términos de la propuesta
presentada.
COOPASB 038 del 1º de 1 mes y/o hasta La contratista se obliga a la
abril de 200540 cubrir el valor del prestación de los servicios
COOPASB 046 del 2 de contrato. de apoyo a la gestión en
mayo de 200541 salud, de conformidad con
las necesidades que

29
Folios 73 a 80, índice 2 del aplicativo Samai. Cuaderno de Pruebas.
30
Folios 54 a 61, ibidem.
31
Folios 45 a 50, ibidem.
32
Folios 199 a 203, ibidem.
33
Folios 190 a 195, ibidem.
34
Folios 235 a 241, ibidem.
35
Folio 245 a 251, ibidem.
36
Folios 261 a 167, ibidem.
37
Folios 272 a 278, ibidem.
38
Folios 217 a 223, ibidem.
39
Folios 207 a 213, ibidem.
40
Folios 129 a 135, ibidem.
41
Folios 140 a 146, ibidem.

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presente la contratante
para el cumplimiento de
sus fines y actividades.
COOPASB 059 del 1º de La contratista se obliga a la
julio de 200542 prestación de los servicios
COOPASB 069 del 1º de con los promotores de
agosto de salud, de conformidad a la
200543 propuesta presentada en
COOPASB 077 del 1º de las diferentes IPS que
septiembre de conforman la red
200544 prestadora de servicios y
COOPASB 088 del 1º de en la sede administrativa.
octubre de
200545
COOPASB 096 del 1º de
noviembre de
46
2005
COOPASB 102 del 1º de 15 días y/o hasta
diciembre de cubrir el valor del
200547 contrato.
COESC 05648 del 2 de 1 mes y/o hasta La contratista se obliga a la
noviembre de cubrir el valor del prestación de los servicios
2004 contrato. con profesionales de la
COESC 078 del 1º de salud (odontólogos,
septiembre de bacteriólogos psicólogos,
200549 ortodoncista, optómetra,
COESC 084 del 1º de fisioterapeuta, técnicos de
octubre de rayos X), de conformidad a
200550 la propuesta presentada en
COESC 093 del 1º de las diferentes IPS que
noviembre de conforman la red
2005 51 prestadora de servicios y
COESC 013 del 27 de en la sede administrativa.
enero de 200652
COESC 021 del 27 de
febrero de
200653
COESC 008 del 1º de 01/02/07 al COECS LABORA YA
LABORA YA febrero de 31/08/07 E.S.T. S.A. se obliga para
54
EST. S.A. 2007 (7 meses) con la ESE IMSALUD a la
prestación de los servicios
de apoyo a la gestión en
salud con personal
correspondiente a
profesionales de la salud

42
Folios 151 a 157, ibidem.
43
Folios 161 a 167, ibidem.
44
Folios 170 a 174, ibidem.
45
Folios 283 a 287, ibidem.
46
Folios 177 a 181, ibidem.
47
Folio 182 a 186, ibidem.
48
Folios 36 a 42, ibidem.
49
Folios 1 a 5, ibidem.
50
Folios 13 a 17, ibidem.
51
Folios 20 a 24, ibidem.
52
Folios 114 a 118, ibidem.
53
Folios 121 a 126, ibidem.
54
Folios 92 a 98, ibidem.

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Demandante: Nubia Cristina Briñez Bejarano

en las diferentes IPS que
conforman la red
prestadora de servicios, a
través de personal
administrativo y de aseo.

34. También se allegaron dos (2) contratos individuales de trabajo suscritos
entre la actora, Nubia Cristina Briñez Bejarano, y la Cooperativa COESC, en los
cuales se estableció una intensidad de cuatro (4) horas diarias, remuneración
mensual de $500.000, desempeño del oficio de técnica en radiología y ejecución
de las labores en el lugar indicado por la ESE IMSALUD. Cada contrato fijó una
fecha de iniciación distinta, el 15 de enero de 2004 y 1 de septiembre de 2005, y
su duración quedó supeditada al tiempo requerido para el desarrollo de la labor
contratada55.

35. Adicionalmente, se aportaron como pruebas documentales las carpetas
correspondientes a los contratos previamente relacionados, las cuales contienen
actas de liquidación, aprobaciones de garantías, certificados de disponibilidad
presupuestal y planillas de pago56.

36. Por otra parte, se recibieron los testimonios de Claudia Patricia Posada
Guzmán y Carlos Alberto Rincón Poveda, quienes afirmaron haber laborado en
la Unidad Básica Puente Barco Leones (IPS adscrita a la red de servicios de
salud de la ESE IMSALUD), durante el periodo en que la actora se desempeñó
como técnica en rayos X.

37. La testigo Posada Guzmán relató que conoció a la demandante en el año
2007, cuando se vinculó como trabajadora social al área de SIAU57, motivo por
el cual le constaba que la prestación del servicio de la señora Briñez Bejarano
era personal, remunerada y en una jornada de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., de lunes
a sábado y, en ocasiones, los domingos.

38. Mencionó que, ante cualquier dificultad en la prestación del servicio, la
actora «debía responder» ante los coordinadores de turno de la IPS, quienes
verificaban el cumplimiento del horario y el desarrollo de las actividades del área.

39. Por su parte, el señor Rincón Poveda, quien se desempeñó como auditor
de calidad y posteriormente como médico asistencial en la Unidad Básica Puente
Barco Leones, señaló que «desde el 2002» la actora se vinculó al área de
radiología mediante contratos de prestación de servicios y convenios con
cooperativas de trabajo asociado.

40. Sostuvo que los servicios de rayos X operaban con horarios definidos en
turnos de mañana y tarde, y que en algunos periodos existieron disponibilidades
nocturnas. Añadió que la contraprestación económica era pagada por la ESE
IMSALUD y que desconocía si se suministraban elementos de dotación o
protección.

55
Folios 17 a 18, índice 2 del aplicativo Samai. Anexos de la demanda.
56
Índice 2 del aplicativo Samai. Cuaderno de Pruebas.
57
Sistema de Información y Atención al Usuario.

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Demandante: Nubia Cristina Briñez Bejarano

41. Afirmó que los permisos debían tramitarse ante el coordinador de la IPS,
aunque precisó que no le constaba ningún caso concreto referido a la actora. En
ese mismo sentido, aclaró que no podía precisar alguna instrucción específica
dirigida a ella, pues su referencia correspondía al funcionamiento general del
servicio y no a hechos particulares que hubiera presenciado.

42. También se practicó el interrogatorio de parte de la señora Briñez
Bejarano, quien precisó que entre 2002 y 2009 celebró diversos contratos de
prestación de servicios con la ESE IMSALUD y, durante los años 2004 a 2006,
con cooperativas de trabajo asociado. Agregó que en dichos periodos desarrolló
sus actividades sin dotación ni elementos de protección.

43. Aseguró que sus funciones se ejecutaban con autonomía e
independencia, pues no había médico radiólogo ni personal especializado que
dirigiera su labor y, como tecnóloga, debía saber cómo realizar los
procedimientos de imagenología. Sobre este particular, aclaró que atendía tanto
urgencias como consulta externa, y que en un turno podía recibir entre sesenta
(60) y setenta (70) pacientes.

44. Expuso que los coordinadores de la IPS asignaban los turnos, pero
normalmente le correspondía el de la mañana, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., y que
las reuniones, órdenes y llamados de atención se comunicaban a través de ellos.
Sin embargo, al ser requerida para concretar el tipo de órdenes recibidas, señaló
que consistían principalmente en que «recordaban el horario de trabajo».

45. Por último, manifestó no recordar si, en el periodo vinculada mediante
cooperativas, se le pagaron las prestaciones sociales o se realizaban aportes al
sistema de seguridad social.

46. En ese contexto, quien pretenda que se declare la desnaturalización de
los contratos de prestación de servicios, con fundamento en el principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades con el propósito de obtener el
restablecimiento de su derecho, debe acreditar que la ejecución de las tareas se
desarrolló bajo una subordinación continuada. No obstante, del análisis integral
de las pruebas recaudadas, la Sala concluye que la accionante no demostró ese
elemento, por las razones que se exponen a continuación:

47. De entrada, resulta pertinente recordar que la continuada subordinación
denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir
la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias
[…] se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]»58.

48. En el caso concreto, ninguna de las pruebas que obran en el expediente
da cuenta de órdenes que determinaran el modo específico de cumplir sus
funciones, ni de la imposición de reglamentos internos durante los periodos en

58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).

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que la actora desarrolló actividades como técnica en rayos X. Tampoco existen
documentos que evidencien instrucciones individualizadas, llamados de atención
o controles propios de la subordinación.

49. Sobre este aspecto, resulta relevante que la propia actora afirmó que
desempeñaba sus funciones con autonomía técnica, pues no había médico
radiólogo ni personal especializado que dirigiera su labor y, en su calidad de
tecnóloga, debía saber ejecutar los procedimientos de imagenología sin
instrucciones externas.

50. Del mismo modo, se advierte que ni los testigos ni la actora describieron
situaciones concretas en las que el coordinador hubiera impartido indicaciones
sobre la forma de ejecutar las tareas. Sus referencias se limitaron a señalar que
era el funcionario ante quien se tramitaban los permisos y quien verificaba el
desarrollo general de las actividades del área, actuaciones que corresponden al
ejercicio de supervisión contractual.

51. En cuanto a los presuntos «llamados de atención» mencionados por la
demandante, la Sala observa que esta no aportó prueba alguna que permitiera
corroborarlos. Del interrogatorio de parte no se desprenden detalles sobre su
contenido, frecuencia o circunstancias, y ninguno de los testigos refirió la
existencia de memorandos, anotaciones o correctivos dirigidos a la actora. En
consecuencia, no es posible tener por demostrado este supuesto ejercicio de
poder disciplinario.

52. La Sala precisa que, aunque los declarantes indicaron la presencia de un
coordinador durante la ejecución de los contratos, ello no resulta suficiente para
desvirtuar la naturaleza contractual del vínculo, ya que ninguno hizo referencia a
requerimientos específicos impartidos por dicho funcionario, ni a situaciones en
las que se hubiera limitado la autonomía o independencia de la demandante en
el desarrollo de sus funciones.

53. De otro lado, la testigo Posada Guzmán afirmó que el turno asignado a la
actora era de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., dato que la propia demandante corroboró
en su interrogatorio. Sin embargo, la sujeción a ese horario únicamente refleja el
principio de coordinación propio de los contratos de prestación de servicios59, y
no subordinación, pues se trataba de un entendimiento entre ambas partes para
organizar el desarrollo de las actividades convenidas.

54. Asimismo, el hecho de que las actividades se desarrollaran en las
instalaciones de la Unidad Básica Puente Barco Leones no permite acreditar la
existencia de una continuada subordinación. Tales circunstancias obedecían a la
necesidad de garantizar la adecuada prestación del servicio de rayos X, cuyas
funciones implicaban la toma de imágenes mediante equipos e instrumentos
institucionales, lo que hacía indispensable su ejecución en el lugar dispuesto por
la entidad.

59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 9 de septiembre de 2021, expediente 20001 23 39 000 2016 00062 01 (2794-2019).

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55. Esta corporación ha valorado esta circunstancia en distintas
oportunidades60 y ha precisado que la prestación del servicio en la sede de la
entidad, con los implementos que esta provee, no implican necesariamente una
continuada subordinación, pues el contexto puede demandar la realización de las
tareas en ciertas condiciones, sin que pueda hablarse de un control o
direccionamiento de la entidad contratante sobre la actividad del contratista, a tal
punto de que este vea comprometida su autonomía.

56. Por otra parte, el Tribunal consideró irregular la modalidad de vinculación
de la actora, en tanto las funciones desempeñadas correspondían al objeto
misional de la entidad. No obstante, la Sala recuerda que el numeral 3 del artículo
32 de la Ley 80 de 1993 autoriza la celebración de contratos de prestación de
servicios «para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad», lo cual supone desde la concepción normativa,
que los contratistas pueden ejecutar ligadas al objeto misional de la entidad
contratante.

57. En ese orden, la carga probatoria orientada a demostrar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios y el consecuente
derecho al reconocimiento de los emolumentos dejados de percibir exige
acreditar hechos que reflejen una continuada subordinación en la ejecución de
las tareas. Sin embargo, como la parte demandante no demostró la ocurrencia
de tales supuestos, se revocará la sentencia de primera instancia y se negarán
las pretensiones.

58. Finalmente, al no acreditarse la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios, no se emitirá pronunciamiento sobre los demás
problemas jurídicos planteados, los cuales dependían de la previa demostración
de la continuada subordinación.

Condena en costas

59. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

60. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

60
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de
noviembre de 2003, expediente 17001-23-31-000-1999-00039-01; y Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 17 de marzo de 2022, expediente 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-2019).

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61. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

62. Así las cosas, y teniendo en cuenta que se revocará la sentencia apelada,
se impondrán costas a la parte demandante en ambas instancias, por cuanto se
accede totalmente a las peticiones del recurso de apelación interpuesto por la
entidad accionada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 15 de octubre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander. En su lugar, NEGAR las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a la señora
Nubia Cristina Briñez Bejarano, a favor de la Empresa Social del Estado Instituto
Municipal de Salud - ESE IMSALUD. Para tal efecto, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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