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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00846-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00846-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 3 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. SEGUNDO. CONDENAR en costas de ambas instancias a la señora Yudy Alexandra Urrego Patiño, a favor de la Junta Central de Contadores. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00846-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00846-01 (4584-2022)
Demandante: Yudy Alexandra Urrego Patiño
Demandado: Junta Central de Contadores

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades –
Abogada sustanciadora

Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia porque la actora
no demostró la continuada subordinación en la prestación
del servicio ni la remuneración durante todos los períodos
relacionados en la demanda.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia de primera instancia del 3 de marzo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Yudy Alexandra Urrego Patiño interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el objeto de
que se declare la nulidad del Oficio núm. 72934.12 del 28 de enero de 2019
expedido por la entidad accionada, mediante el cual se negó el reconocimiento
de la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios
celebrados entre el 21 de abril de 2008 y el 31 de marzo de 2016.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) declarar la existencia
del vínculo laboral entre las partes; ii) ordenar el pago de las prestaciones
sociales causadas durante el período mencionado1; iii) disponer el reintegro de
los aportes que efectuó a los sistemas de pensión y salud, los cuales
correspondía asumir a la entidad empleadora; iv) devolver los valores
consignados por concepto de afiliación a la ARL y de las pólizas de seguro en
que incurrió para suscribir los contratos de prestación de servicios; v) indexar las

1
Auxilio a cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, bonificación por servicios
prestados, bonificación por recreación, prima de navidad, vacaciones, dotación de vestido y
calzado.

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00846-01 (4584-2022)
Demandante: Yudy Alexandra Urrego Patiño

sumas que se concedan; y vi) condenar a la parte demandada en costas y
agencias en derecho.

3. Como hechos relevantes, afirmó que fue vinculada mediante contratos de
prestación de servicios suscritos de manera sucesiva entre el 21 de abril de 2008
y el 21 de marzo de 2016. Indicó que durante todo ese período desempeñó
funciones de asistente jurídica, abogada sustanciadora y coordinadora jurídica,
actividades propias del área jurídica disciplinaria del Tribunal Disciplinario de la
entidad demandada.

4. Como concepto de violación, indicó que el acto acusado desconoció los
artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política, pues fue vinculada mediante
contratos de prestación de servicios a pesar de desempeñar funciones propias y
permanentes de la entidad, como asesora jurídica y abogada sustanciadora del
área disciplinaria de la Junta Central de Contadores.

5. Agregó que por la prestación del servicio recibió una remuneración
mensual y que las actividades se desarrollaron bajo continuada dependencia,
pues debía cumplir horario, acatar órdenes de la jefa de la Oficina Jurídica, asistir
a capacitaciones y reuniones y utilizar los elementos proporcionados por la
entidad para el desarrollo de las actividades asignadas. Tales circunstancias, a
su juicio, evidencian la existencia de una subordinación continuada incompatible
con la naturaleza del contrato de prestación de servicios.

Contestación de la demanda

6. La entidad demandada se opuso a las pretensiones al afirmar que la
señora Urrego Patiño no estaba obligada a cumplir un horario laboral, pues tenía
libertad para programar sus actividades según su disponibilidad. A su juicio, esta
circunstancia demuestra la ausencia de subordinación.

7. Sostuvo, además, que la demandante actuaba con la independencia y
autonomía propias del ejercicio profesional y que ejecutó los contratos dentro
del plazo pactado y conforme a las actividades previstas en cada objeto
contractual.

8. Indicó que la demandante prestó sus servicios como abogada
sustanciadora de procesos disciplinarios en la Unidad Nacional de Protección
durante el mismo período en el que celebró contratos con la entidad
demandada, lo cual —según alegó— evidencia la inexistencia de exclusividad
o dependencia continua.

9. Con fundamento en lo anterior, afirmó que la subordinación alegada por la
demandante quedó desvirtuada, ya que mantuvo plena autonomía en el
ejercicio de sus actividades.

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Demandante: Yudy Alexandra Urrego Patiño

10. Propuso como excepciones: la inexistencia de vínculo laboral, el cobro de
lo no debido, y el conocimiento por parte de la interesada de las condiciones
contractuales aceptadas al momento de suscribir los contratos.

Sentencia apelada

11. El Tribunal declaró la nulidad del Oficio 72934.18 del 13 de diciembre de
2018, mediante sentencia del 3 de marzo de 2022, al constatar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios celebrados entre el
21 de abril de 2008 y el 30 de marzo de 2016.

12. En consecuencia, ordenó el pago del equivalente a todas las prestaciones
sociales y demás emolumentos legales propios de un asistente jurídico, una
abogada sustanciadora y una coordinadora de planta de la entidad, con funciones
equivalentes o similares a las desempeñadas por la demandante, tomando como
base de liquidación los honorarios pactados en los contratos.

13. Expuso que quedó acreditado que la demandante celebró con la entidad
los contratos 33 de 2008, 12 de 2009, 20 de 2010, 16 de 2011, 35 de 2011, 72
de 2011, 5 de 2012, 58 de 2012, 47 de 2013, 148 de 2013, 89 de 2014, 63 de
2015 y 34 de 2016, cuyo objeto fue la prestación de servicios profesionales en el
área jurídica, en cargos de asistente jurídica, abogada sustanciadora y
coordinadora.

14. Asimismo, se decretaron y practicaron el interrogatorio de parte y los
testimonios de Deisy Vanegas Pérez, Chris Evelyn Ladino Vásquez y Helga Lidby
Díaz Acosta, con los que se demostró el cumplimiento de horario: de 8:00 a. m.
a 5:00 p. m.; y, los días de sesión del Tribunal Disciplinario de la Junta Central
de Contadores, que en los días de Sala la demandante ingresaba a las 6:00 a.
m., sin hora fija de salida.

15. Afirmaron que la demandante recibía órdenes de la directora jurídica, Luz
Mila Vargas Herrera, y de los ponentes del Tribunal Disciplinario en relación con
el cumplimiento del horario y el reparto de procesos. Así mismo, de estos últimos
recibía instrucciones precisas sobre el contenido de los proyectos de decisión.

16. Relataron que la actora debía solicitar autorización previa de la directora
jurídica para ausentarse y compensar el tiempo en la hora de almuerzo,
ingresando más temprano, saliendo más tarde o laborando los sábados. Se
acreditó, además, la existencia de personal de planta que desempeñaba
funciones similares como abogada sustanciadora.

17. En los alegatos de conclusión, la entidad sostuvo que el testimonio de
Helga Lidby Díaz Acosta estaba parcializado, por cuanto cursa un proceso
judicial con pretensiones similares, lo que afectaría su imparcialidad.

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Demandante: Yudy Alexandra Urrego Patiño

18. El Tribunal precisó que la jurisprudencia del Consejo de Estado2 ha
señalado que corresponde a las partes advertir la condición de los testigos y
formular la tacha de sospecha; facultar al juez para hacerlo de oficio
desconocería los derechos de defensa, contradicción e igualdad. Una vez
tachado un testimonio por sospecha, no debe desestimarse de plano, sino
valorarse con particular rigor conforme a las reglas de la sana crítica y
confrontarse con los demás medios de prueba.

19. En consecuencia, no desestimó de plano el testimonio de la señora Helga
Lidby Díaz Acosta, señalado de parcializado, sino que procedió a su valoración
estricta.

20. El Tribunal señaló que la demandante prestó sus servicios como asistente
jurídica, abogada sustanciadora y coordinadora de la Dirección Jurídica, en las
instalaciones de la entidad y de manera continua, dentro del horario fijado por la
directora jurídica —de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y los días de
sesión del Tribunal Disciplinario desde las 6:00 a. m., sin hora fija de salida—,
con prestación personal del servicio.

21. En cuanto a la remuneración, quedó acreditado el pago de honorarios
como contraprestación por los servicios prestados por la demandante en los
referidos cargos.

22. Respecto de la subordinación, consideró que los contratos celebrados
versaron sobre labores esenciales del objeto misional de la entidad y
respondieron a la inexistencia o insuficiencia de personal de planta para cubrirlas.
De ello dedujo que las funciones debían ejecutarse bajo permanencia,
subordinación y dependencia.

23. Estableció, además, que la demandante debía permanecer durante toda
la jornada en su lugar de trabajo y acatar las órdenes impartidas por la directora
jurídica quien organizaba y controlaba el horario y la asignación de procesos y
por los ponentes del Tribunal Disciplinario en cuanto al contenido de los proyectos
de decisión.

24. Quedó acreditado que para ausentarse debía solicitar permiso verbal a la
directora jurídica y reponer el tiempo en la hora de almuerzo, ingresando más
temprano, saliendo más tarde o los sábados.

25. Por otra parte, señaló que el incumplimiento del horario generaba llamados
de atención verbales, y que la carga laboral impedía atender otros clientes o
diligencias.

26. Adicionalmente, consideró que se demostró que a la demandante se le
exigió exclusividad en la prestación de sus servicios, motivo por el cual se dio por

2
Sección Tercera, Subsección A, Radicación: 52001-23-31-000-2002-01224-01(31662) y Sección
Segunda, Subsección A, Radicación: 76001-23-33-000-2013-00358-01(0106-15).

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Demandante: Yudy Alexandra Urrego Patiño

terminado, de mutuo acuerdo, el último contrato de prestación de servicios para
continuar su vinculación con la Unidad Nacional de Protección.

27. En materia de prescripción, estableció que se suscribieron catorce (14)
contratos de prestación de servicios —con prórrogas y adiciones— entre el 21 de
abril de 2008 y el 30 de marzo de 2016, con interrupciones no superiores a treinta
(30) días hábiles; en consecuencia, no hubo solución de continuidad.

28. Precisó que el último contrato de prestación de servicios suscrito por la
actora fue el 30 de marzo de 2016, y el 12 de diciembre de 2018 presentó
reclamación administrativa de reconocimiento y pago de acreencias laborales, la
cual se radicó dentro del término trienal legal; por tanto, no hay lugar a declarar
la prescripción.

29. Señaló que la demandante tiene derecho a que la entidad reconozca y
pague el equivalente a las prestaciones sociales y demás emolumentos legales
propios de un asistente jurídico, una abogada sustanciadora y una coordinadora
de planta que realicen funciones iguales o similares, tomando como base para la
liquidación los honorarios pactados en los contratos, por el periodo en que se
demostró la existencia de la relación laboral.

30. En relación con los aportes al Sistema de Seguridad Social, se ordenó a
la entidad girar al sistema pensional en el que se encuentra afiliada la
demandante los valores que dejó de cotizar durante el periodo de contratación
irregular, previa liquidación de lo efectivamente aportado y de lo que debió cotizar
en su calidad de empleador, habida cuenta de que los contratistas aportan
porcentajes distintos a los trabajadores dependientes. Lo anterior, con el fin de
recomponer el IBL.

31. Negó el reconocimiento de las sumas que debieron consignarse al sistema
de riesgos laborales, de conformidad con la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021, en la cual el Consejo de Estado las calificó como aportes
obligatorios y de naturaleza parafiscal; por ende, resulta improcedente el
reembolso de los aportes efectuados por la demandante.

32. Indicó que, en relación con la dotación, el artículo 1º de la Ley 70 de 1988
la reconoce a favor de quien devenga una asignación básica inferior a dos (2)
salarios mínimos legales mensuales y presta sus servicios por un lapso superior
a tres (3) meses. En este caso, la demandante percibía honorarios superiores a
dos (2) salarios mínimos, por lo que no hay lugar a dicho reconocimiento.

33. Tampoco procedió ordenar la devolución de las pólizas pagadas por la
demandante, pues garantizaban riesgos propios de la contratación y respaldaron
el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

34. Precisó que no procede el pago de la sanción moratoria, por cuanto el
reconocimiento se hace a título de indemnización, y se generó a partir de la
presente sentencia.

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Demandante: Yudy Alexandra Urrego Patiño

35. Finalmente, se abstuvo de imponer costas.

Recurso de apelación

36. La entidad demandada interpuso recurso de apelación argumentando que
los objetos contractuales previstos en los contratos de prestación de servicios
establecían que la demandante fue contratada para la sustanciación y proyección
de providencias en los procesos disciplinarios asignados, labor que podía
desarrollarse sin sujeción a horario, por cuanto no se requería presencia
permanente en las instalaciones de la entidad, dada la liberalidad propia del
ejercicio profesional de la demandante.

37. En cuanto a la subordinación, sostuvo que no obra en el expediente ningún
medio de convicción que evidencie situaciones propias de dicho elemento, como
llamados de atención, memorandos, sanciones o reconocimientos.

38. Alegó que, del análisis de las pruebas recaudadas, no se configuró la
desnaturalización del contrato de prestación de servicios, pues no puede
desvirtuarse esta modalidad contractual con simples declaraciones de
excontratistas3 que, a su juicio, manifestaron sin soporte alguno que la
demandante (i) cumplía horario, (ii) debía solicitar permisos para ausentarse, (iii)
recibía órdenes y llamados de atención y (iv) utilizaba elementos de trabajo
suministrados por la entidad.

39. Sostuvo que la parte demandante no cumplió con la carga de demostrar
los supuestos fácticos que sustentan sus pretensiones, limitándose a allegar
pruebas testimoniales que, al ser confrontadas con los demás elementos de juicio
obrantes en el expediente, no permiten confirmar lo manifestado en dichas
declaraciones.

40. Señaló que el hecho de que la demandante hubiese prestado sus servicios
a la entidad por un periodo de siete (7) años no constituye un indicio suficiente
para concluir que existió una desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios. Indicó que, en todo caso, para configurarla deben acreditarse los
elementos esenciales de la relación laboral, en especial la subordinación y/o
dependencia.

41. Afirmó que no existe un impedimento legal para desempeñar las
actividades contratadas a través de contratos de prestación de servicios.

42. Finalmente, resaltó que el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993
habilita a las entidades públicas para contratar el desarrollo de actividades
relacionadas con la administración o el funcionamiento cuando no puedan
realizarse con personal de planta o cuando requieran conocimientos
especializados.

3
Deissy Vanegas Pérez, Chris Evelyn Ladino Vásquez y Helga Lidby Díaz Acosta.

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Demandante: Yudy Alexandra Urrego Patiño

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

43. Por auto del 26 de enero de 2013 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia de primera instancia.

44. Las partes guardaron silencio en esta fase procesal y el Ministerio Público
no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

45. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

46. La Sala deberá analizar si en el proceso se demostró la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios suscritos entre Yudy
Alexandra Urrego Patiño y la Junta Central de Contadores entre el 21 de abril de
2008 y el 30 de marzo de 2016 y, de ser así, determinar los efectos prestacionales
y patrimoniales que se derivan de esa situación.

Análisis del problema jurídico

47. La Sala revocará la decisión apelada porque las pruebas aportadas al
expediente no demuestran la continuada subordinación en la prestación del
servicio durante todos los períodos relacionados en la demanda, de modo que
no se acreditó la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios en
el marco del principio de primacía de la realidad sobre las formas.

48. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, se estima necesario destacar
que la señora Yudy Alexandra Urrego Patiño suscribió los siguientes contratos
de prestación de servicio con la Junta Central de Contadores:
Contratos de Duración Objeto Valor
prestación de
servicios
33 de 20084 21 de abril al 20 El contratista se compromete con la Junta a la Prestación de $10.880.000
de diciembre de servicios personales en la Dirección Jurídica de la entidad,
2008 para apoyar en la recepción, radicación, clasificación,
ingreso al sistema, organización, reparto, trámite,
seguimiento y control de toda la correspondencia que ingresa
al Departamento Jurídico; así mismo colaborará con la
notificación de las providencias proferidas por la Junta a los
Contadores Públicos; atención de consultas informativas
realizadas telefónicamente por los usuarios; control,
organización y reparto a los abogados de los pedidos de
papelería y suministros realizados por el Departamento
Jurídico; las demás que sean requeridas para el normal

4
Índice 2 de SAMAI del Consejo de Estado. Archivo «0221) CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS
YUDY URREGO año 2008 pdf.»

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funcionamiento de la dirección Jurídica, de conformidad con
las directrices trazadas por el interventor del presente Orden. 12 de 20095 21 de enero al El presente contrato tiene por objeto la Prestación de $17.160.000
20 de diciembre servicios profesionales a la Dirección Jurídica de la entidad,
de 2009 para realizar la radicación, seguimiento y control de las
quejas disciplinarias; elaboración, seguimiento y control de
los autos inhibitorios, autos de designación de ponentes y
abogados; elaboración, seguimiento y control de tutelas y
denuncios; recepción, radicación, clasificación, ingreso al
sistema, reparto, seguimiento y control de la
correspondencia que ingresa al departamento jurídico;
notificación de providencias; las demás que sean requeridas
para el normal funcionamiento de la dirección Jurídica, de
conformidad con las directrices trazadas por el interventor del
presente contrato. 20 de 20106 18 de enero al El presente contrato tiene por objeto la Prestación de $17.787.000
12 de diciembre servicios profesionales a la Dirección Jurídica de la entidad,
de 2010 para realizar la radicación, seguimiento y control de las
quejas disciplinarias; elaboración, seguimiento y control de
los autos inhibitorios, autos de designación de ponentes y
abogados; elaboración, seguimiento y control de tutelas y
denuncios; recepción, radicación, clasificación, ingreso al
sistema, reparto, seguimiento y control de la
correspondencia que ingresa al departamento jurídico;
notificación de providencias; las demás que sean requeridas
para el normal funcionamiento de la dirección Jurídica, de
conformidad con las directrices trazadas por el interventor del
presente contrato. 77 de 2010 7 20 al 30 de El presente contrato tiene por objeto la Prestación de $592.900
diciembre de servicios profesionales a la Dirección Jurídica de la entidad,
2010 para realizar el seguimiento y control de la quejas
disciplinarias; elaboración y seguimiento de los autos de
designación y reasignación de ponentes y abogados;
organización y entrega a los abogados de las nuevas
aperturas; reparto de proyectos en la secretaria general;
elaboración y control de reporte de sanciones e información
de las mismas a las entidades de control; ejercer el control y
la actualización de las bases de datos que permiten el
seguimiento de los procesos disciplinarios que han cursado
y cursan en la entidad y los demás informes que sean
requeridos sobre el estado de los procesos disciplinarios; y
en general las que sean solicitadas para el normal
funcionamiento de la Dirección Jurídica, de conformidad con
las directrices trazadas por el interventor del presente
contrato. 16 de 20118 20 de enero al El presente contrato tiene por objeto la Prestación de $17.487.855
28 de febrero de servicios profesionales a la Dirección Jurídica de la entidad,
2011 para realizar el seguimiento y control de las quejas
disciplinarias; elaboración y seguimiento de los autos de
designación y reasignación de ponentes y abogados;
organización y entrega a los abogados de las nuevas
aperturas; reparto de proyectos en la secretaria general;
elaboración y control de reporte de sanciones e información
de las mismas a las entidades de control; ejercer el control y
la actualización de las bases de datos que permiten el
seguimiento de los procesos disciplinarios que han cursado
y cursan en la entidad y los demás informes que sean
requeridos sobre el estado de los procesos disciplinarios; y
en general las que sean solicitadas para el normal
funcionamiento de la Dirección Jurídica, de conformidad con
las directrices trazadas por el interventor del presente
contrato.

35 de 20119 1 de marzo al 30 El presente contrato tiene por objeto la prestación $18.734.670
de noviembre de deservicios profesionales de asesoría jurídica en los
2011 procesos correspondientes a investigaciones disciplinarias
adelantadas por la Junta Central de Contadores contra
profesionales de la contaduría pública y personas jurídicas
prestadoras de servicios contables, según instrucciones
expresa de la dirección Jurídica en cumplimiento del
procedimiento y los términos legales establecidos para el
efecto; y en general asesorar jurídicamente a la entidad en
asuntos que son de su competencia.

5
Ibidem. Archivo «0232) CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS YUDY URREGO año 2009 pdf.»
6
Ibidem. Archivo «0243) CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS YUDY URREGO año 2010 pdf.»
7
Ibidem.
8
Ibidem. Archivo «0254) CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS YUDY URREGO año 2011 pdf.»
9
Ibidem.

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Demandante: Yudy Alexandra Urrego Patiño

72 de 201110 1 al 17 de El presente contrato tiene por objeto Prestar los servicios $1.179.590
diciembre de profesionales de asesoría jurídica en el desarrollo de los
2011 procesos correspondientes a investigaciones disciplinarias
adelantadas por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central
de Contadores contra profesionales de la contaduría pública
y personas jurídicas prestadoras de servicios contables,
según instrucciones del Tribunal Disciplinario y la Dirección
Jurídica y en cumplimiento del procedimiento y los términos
legales establecidos para el efecto; y en general asesorar
jurídicamente a la entidad en asuntos que son de su
competencia. 5 de 201211 8 de enero al 17 El presente contrato tiene por objeto la Prestación los $12.864.000
de julio de 2012 servicios profesionales de asesoría jurídica en el desarrollo
de los procesos correspondientes a investigaciones
disciplinarias adelantadas por el Tribunal Disciplinario de la
Junta Central de Contadores contra profesionales de la
contaduría pública y personas jurídicas prestadoras de
servicios contables, según instrucción expresa de la
Dirección Jurídica y en cumplimiento del procedimiento y los
términos legales establecidos para el efecto; y en general
asesorar jurídicamente a la entidad en asuntos que son de
su competencia. 58 de 201212 19 de julio al 18 Contratar la Prestación de servicios profesionales para el $11.500.000
de diciembre de apoyo y asesoría en la oficina Jurídica de la UAE Junta
2012 Central de Contadores, en todos los asuntos que son de su
competencia, y especialmente en la sustanciación y trámite
de las investigaciones disciplinarias adelantadas por el
tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores
contra profesionales de la contaduría pública y personas
jurídicas prestadoras de servicios contables, según las
directrices del ponente y del Tribunal Disciplinario en
cumplimiento del procedimiento y los términos legales
establecidos para tal fin. 47 de 201313 6 de febrero al 5 El presente contrato tiene por objeto Prestar los servicios $12.250.000
de julio de 2013 profesionales de asesoría jurídica en el desarrollo, tramite y
sustanciación de los procesos disciplinarios adelantados por
la Junta Central de Contadores contra profesionales de la
contaduría pública y personas jurídicas prestadoras de
servicios contables, dando estricto cumplimiento a la
normatividad procedimiento y términos legales establecidos
para el efecto y de conformidad con las directrices del
Tribunal Disciplinario y ponentes de los procesos. 148 de 201314 8 de julio al 26 de Prestar los servicios profesionales especializados para $11.865.000
diciembre de realizar el trámite, sustanciación y en general el desarrollo y
2013 seguimiento de los procesos disciplinarios adelantados por
la UAE Junta Central de Contadores contra profesionales de
la contaduría pública, sociedades de contadores públicos y
personas jurídicas prestadoras de servicios contables, dando
estricto cumplimiento a la normatividad legal aplicable, así
como al procedimiento y términos legales establecidos para
el efecto, y de conformidad con las directrices del Tribunal
Disciplinario y ponentes de los procesos. 89 de 201415 13 de enero al Prestar los servicios profesionales para realizar el trámite, $23.940.000
23 de diciembre sustanciación y en general el desarrollo y seguimiento de los
de 2014 procesos disciplinarios adelantados por la UAE Junta Central
de Contadores contra profesionales de la contaduría pública
y entidades que prestan servicios propios de la ciencia
contable, dando estricto cumplimiento a la normatividad legal
aplicable, así como al procedimiento y términos legales
establecidos para el efecto, y de conformidad con las
directrices del Tribunal Disciplinario y ponentes de los
procesos.

63 de 201516 19 de enero al Prestar los servicios profesionales especializados para $39.960.000
21 de diciembre realizar el trámite, sustanciación y en general el desarrollo y
de 2015 seguimiento de los procesos disciplinarios asignados así
como de los recursos de ley que se presenten en desarrollo
de los procesos disciplinarios adelantados por la Unidad
Administrativa Especial Junta Central de Contadores contra
profesionales de la contaduría pública y entidades que
prestan servicios propios de la ciencia contable, dando
estricto cumplimiento a la normatividad legal aplicable, así
como al procedimiento y términos legales establecidos para

10
Ibidem.
11
Ibidem. Archivo «0265) CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS YUDY URREGO año 2012 pdf.»
12
Ibidem.
13
Ibidem. Archivo «0276) CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS YUDY URREGO año 2013 pdf.»
14
Ibidem.
15
Ibidem. Archivo «0287) CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS YUDY URREGO año 2014 pdf.»
16
Ibidem. Archivo «0298) CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS YUDY URREGO año 2015 pdf.»

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Demandante: Yudy Alexandra Urrego Patiño

el efecto, y de conformidad con las directrices del Tribunal
Disciplinario y ponentes de los procesos.
34 del 201617 12 de enero al Prestar los servicios especializados en el Área Jurídica en la $10.096.20019
31 de marzo de coordinación de las actividades requeridas para la revisión,
201618 reparto y control de los proyectos que van a decisión del
Tribunal Disciplinario.

49. Obran en el expediente certificaciones contractuales, planillas de entrega
de providencias, formatos de entrega de elementos asignados a los
contratistas20, certificado de la DIAN21,certificado de la UNP22, Decreto 3665 de
200623, Resolución 245A de 200624, y Resolución 245 de 200625.

50. En primera instancia se practicó el interrogatorio a la demandante y se
recibieron los testimonios de los señores Deisy Vanegas Pérez, Chris Evelyn
Ladino Vásquez, y Helga Lidby Díaz Acosta, de los cuales se destaca lo
siguiente:

i) La demandante manifestó que prestó sus servicios a la entidad
demandada en el cargo de abogada sustanciadora desde 2008 hasta
2016. Indicó que recibía órdenes de la Dirección Jurídica relacionadas
con sus funciones, entre ellas atender usuarios mediante llamadas
telefónicas, realizar notificaciones dentro de los procesos disciplinarios
asignados para sustanciar, solicitar permisos para adelantar trámites
personales y cumplir instrucciones impartidas de forma verbal y escrita.

Manifestó que se encontraba bajo subordinación, debía tener
disponibilidad los días jueves y que la entidad proporcionaba los
elementos necesarios para la ejecución de sus labores.

Expuso que sus funciones eran idénticas a las desempeñadas por la
abogada de planta; que cumplía un horario de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., y
que en las fechas en las que sesionaba el Tribunal Disciplinario, debía
ingresar desde las 6:30 a.m. para sustentar las providencias, sin hora
fija de salida.

Igualmente, indicó que recibía una remuneración por sus servicios y que
el pago del contrato estaba condicionado a la consignación previa de
los aportes a seguridad social, ARL y la adquisición de una póliza.

17
Ibidem. Archivo «0309) CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS YUDY URREGO año 2016 pdf.»
18
Contrato con terminación anticipada. Plazo inicial de ejecución 5 meses y 19 días. Plazo
ejecutado 2 meses y 19 días.
19
Valor ejecutado
20
Ibidem. Archivo 002 CDS CUADERNO 1 «CD (1) CUADERNO 1 (FOLIO1) pdf»
21
Ibidem. Archivo «044 Constancia rpta DIAN »
22
Ibidem. Archivo «001CUADERNO No.1» folio 274
23
Ibidem. Folios 106 a 108. «Por el cual se modifica la planta de personal de la Junta Central de
Contadores y se dictan otras disposiciones.»
24
Ibidem. Folios 109 a 110. «Por la cual se distribuyen los cargos de Planta Global de la Unidad
Administrativa Especial-Junta Central de Contadores.»
25
Ibidem. Folios 111 a 128 «Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Junta Central de
Contadores.»

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Demandante: Yudy Alexandra Urrego Patiño

Añadió que la Dirección Jurídica organizó grupos de trabajo para
distribuir funciones y que los contratistas no tenían autonomía, pues era
esa dependencia la que determinaba el grupo al cual pertenecían.

Señaló que recibió llamados de atención verbales por retardos en el
horario y que no podía vincularse laboralmente con otra entidad.

ii) Deisy Vanegas Pérez relató que coincidió con la actora en la entidad
entre 2013 y 2015, período en el que ambas se desempeñaron como
abogadas sustanciadoras. Señaló, además, que aquella estuvo
vinculada desde 2008 hasta 2016 mediante contratos de prestación de
servicios prorrogados sucesivamente.

Indicó que la actora tenía a su cargo procesos disciplinarios de alta
complejidad dada su experiencia.

Manifestó que la directora jurídica exigía el cumplimiento estricto del
horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., además de mantener disponibilidad
permanente para atender los requerimientos formulados por los
ponentes del Tribunal Disciplinario, quienes, cuando no compartían el
contenido del proyecto, ordenaban modificar el sentido del fallo.

Expresó que los incumplimientos generaban llamados de atención
verbales y que existía una abogada de planta que realizaba las mismas
funciones que los contratistas, salvo la representación judicial.

Agregó que la remuneración mensual aproximada era de $3.500.000;
que cada abogado sustanciador tenía oficina y computador asignado; y
que recibían instrucciones sobre los expedientes que debían trabajar.

La asignación de casos la realizaba el director jurídico y se efectuaban
reuniones periódicas para revisar los asuntos.

Las órdenes se impartían de manera verbal y directa, y los jueves de
cada semana sustentaban proyectos de providencia ante los ponentes
de la Junta Central de Contadores.

Los permisos eran solicitados a la directora jurídica y autorizados
verbalmente.

iii) Chris Evelyn Ladino Vásquez declaró que ingresó a la Junta Central
de Contadores en 2011 y conoció a la demandante en ese momento.

Señaló que, según su conocimiento, esta prestó sus servicios desde
2008 hasta 2013 mediante contratos de prestación de servicios.

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Agregó que ingresó a ocupar el cargo de asistente de la Dirección
Jurídica en reemplazo de la demandante, quien fue trasladada al cargo
de abogada sustanciadora.

Indicó que los contratistas debían cumplir un horario impuesto por la
directora jurídica y que existía una abogada de planta que realizaba las
mismas funciones que los sustanciadores contratistas, con excepción
de la defensa judicial de la entidad.

Precisó que la entidad suministraba los elementos de trabajo
necesarios para el desempeño de sus funciones y que, adicionalmente,
los funcionarios recibían instrucciones sobre la elaboración de las
providencias y el trámite de los procesos disciplinarios. Indicó también
que tales instrucciones incluían correcciones y directrices respecto del
desarrollo de la investigación disciplinaria.

Expuso que la directora jurídica coordinaba las labores y autorizaba los
permisos, los cuales debían compensarse posteriormente. Añadió que
los contratistas participaban en capacitaciones y actividades
institucionales.

iv) Helga Lidby Díaz Acosta indicó que laboró como contratista en la
entidad, que cumplía un horario de trabajo y que la entidad le asignaba
todos los elementos necesarios para ejecutar el contrato.

Señaló que recibía órdenes de su supervisora, Luz Mila Vargas, o del
director general, Alberto Gómez Vaquero.

Manifestó que, aunque les informaban que podían trabajar en otros
lugares por su calidad de contratistas, ello no resultaba viable debido a
la carga laboral, pues al momento de retirarse tenía a su cargo 111
investigaciones disciplinarias. Afirmó que los abogados de planta y los
contratistas cumplían exactamente las mismas funciones, entre ellas la
sustanciación de investigaciones, el recaudo de pruebas y la asistencia
a las salas del Tribunal Disciplinario para sustentar los proyectos de
providencia, los cuales podían ser modificados conforme a los
lineamientos de la entidad cuando esta no compartía la decisión.

Señaló que la demandante tuvo un único contrato, y que cuando buscó
vincularse a la Unidad Nacional de Protección, la respuesta de la
entidad fue que debía optar entre una de las dos, pues en la práctica se
exigía dedicación exclusiva.

Indicó que el incumplimiento del horario generaba advertencias de no
renovación del contrato. Añadió que tanto contratistas como servidores
de planta debían asistir a todas las actividades institucionales, incluidas
capacitaciones impartidas por entidades como la DIAN y el Ministerio al
cual estaban adscritos.

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Por último, afirmó que la diferencia entre los abogados de planta y los
contratistas radicaba exclusivamente en el reconocimiento de
prestaciones sociales, pues las funciones eran las mismas. Señaló que
al finalizar el contrato tenían 15 días de descanso en los cuales debían
llevar trabajo a casa sin recibir remuneración.

51. Con el fin de resolver la controversia se recuerda que quien pretenda que
se declare la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios, con
fundamento en el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades con
el propósito de obtener el restablecimiento de su derecho, debe acreditar que la
ejecución de las tareas se desarrolló bajo una subordinación continuada. No
obstante, del análisis integral de las pruebas recaudadas, la Sala concluye que
el demandante no demostró ese elemento, por las razones que se exponen a
continuación:

52. De entrada, el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 faculta a las
entidades estatales para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades requeridas no pueden ser atendidas con personal de planta o
demandan conocimientos especializados.

53. En el presente caso se observa que la entidad acudió a esta modalidad
contractual para garantizar el desarrollo técnico y oportuno de la sustanciación
de los procesos disciplinarios, actividad que exigía un soporte jurídico
especializado y una capacidad operativa que no podía ser asumida integralmente
por el personal de planta. En esa medida, la contratación de la demandante se
ajustó a la habilitación legal prevista por el legislador para atender necesidades
funcionales específicas del área jurídica.

54. Resulta pertinente recordar que la continuada subordinación denota el
«poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad
laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la
imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como este debe realizar las
funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias […] se destaca dentro
del elemento de subordinación, no solamente el poder de dirección, que
condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el
empleador ejerce sobre este […]»26.

55. De los testimonios recaudados se desprende que la demandante
desarrollaba sus labores en las instalaciones de la entidad y con los elementos
suministrados por esta; que tanto los contratistas como los funcionarios de planta
cumplían el mismo horario y ejecutaban funciones idénticas; y que las
autorizaciones de permisos se impartían de manera verbal.

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).

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56. Sin embargo, esta corporación ha valorado esta circunstancia en distintas
oportunidades27 y ha precisado que la prestación del servicio en la sede de la
entidad, con los implementos que esta proporciona, no implica necesariamente
una continuada subordinación, pues el contexto puede demandar la realización
de las tareas en ciertas condiciones, sin que pueda hablarse de un control o
direccionamiento de la entidad contratante sobre la actividad del contratista, a tal
punto de que este vea comprometida su autonomía.

57. Resalta la Sala que no se encuentra prueba alguna de que la Junta Central
de Contadores hubiera realizado acciones que permitan de manera categórica
concluir que se presentó este elemento como llamados de atención, imposición
de reglamentos y de regímenes disciplinarios o correctivos, emisión de órdenes
que determinaran el modo en que se tenían que adelantar las labores, etc17,
durante los periodos en los que desarrolló actividades como abogada
sustanciadora.

58. Al respecto, no obran en el expediente correos electrónicos, memorandos
ni otros documentos que acrediten el direccionamiento claro de las actividades
por parte de la entidad.

59. Las referencias a órdenes impartidas por la directora jurídica resultaron
demasiado vagas, y no permitieron conocer de qué manera se desarrollaron las
obligaciones, más allá del horario.

60. Por otra parte, si bien los testimonios aludieron a instrucciones
relacionadas con los expedientes a proyectar por parte de los ponentes tales
como la determinación esporádica del sentido de una decisión o de la necesidad
de realizar correcciones a los escritos, no indicaron la frecuencia con que se
presentaron, de forma tal que quedara claro que se desbordó el alcance de los
contratos de prestación de servicios.

61. Al respecto, se advierte que el hecho de contratar servicios de asesoría no
implica necesariamente coincidir con el contratista, y que es posible pedir ajustes
o incluso solicitar que se cambie el sentido de la decisión.

62. Por lo tanto, era necesario que el detalle de las instrucciones fuera más
claro, en especial porque la única prueba de las órdenes consistió en las
manifestaciones de los testimonios, uno de los cuales tiene un proceso en contra
de la entidad por hechos similares.

63. Sin perjuicio de lo anterior, se observa que la señora Helga Libdy Díaz se
señaló que la demandante tenía libertad para llevar a cabo las actividades por
fuera de las instalaciones de la entidad, lo que de por sí demuestra algún margen
de autonomía.

27
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18
de noviembre de 2003, expediente 17001-23-31-000-1999-00039-01; y Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 17 de marzo de 2022, expediente 25000-23-25-000-2010-00249-01
(4991-2019).

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64. A lo anterior se suma el hecho de que por lo menos en uno de los lapsos
tuvo un contrato de prestación de servicios de forma simultánea con la Unidad
Nacional de Protección.

65. Si bien es cierto que lo anterior no impide que se demuestre la continuada
subordinación, es indicativo de que gozaba de cierta autonomía para manejar su
tiempo.

66. Luego, no se demostró con claridad la presencia de la continuada
subordinación en la ejecución de las funciones.

67. Además de las razones expuestas, es preciso indicar que le asiste razón
a la entidad demandada en su reproche a la sentencia de primera instancia,
porque la sola extensión prolongada de la relación contractual no es suficiente
para declarar la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios, si
no se acredita que las actividades se desarrollaron bajo subordinación
continuada. En efecto, conforme a la sentencia C-154 de 1997, este constituye
el elemento distintivo de las relaciones laborales dependientes.

68. En consecuencia, la carga probatoria orientada a demostrar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios y, con ello, la
existencia de una relación laboral exigía acreditar la subordinación continuada
durante la ejecución de las labores.

69. Sin embargo, la parte demandante no demostró tales circunstancias. Por
lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y negará las
pretensiones de la demanda.

La condena en costas de segunda instancia

70. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

71. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

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72. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

73. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se revocará la sentencia
apelada, incluida la decisión que allí se adoptó sobre las costas de primera
instancia, se impondrán costas a la parte demandante por ambas instancias, por
cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso de apelación interpuesto
por la entidad accionada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 3 de marzo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. En
su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. SEGUNDO. CONDENAR en costas de ambas instancias a la señora
Yudy Alexandra Urrego Patiño, a favor de la Junta Central de Contadores. Para
tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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