Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04998-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04998-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04998-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
10 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04998-00
Accionante: Yudy Alexandra Urrego Patiño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04998-00
Accionante: Yudy Alexandra Urrego Patiño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia
constitucional-Improcedencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por Yudy Alexandra Urrego Patiño contra
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Yudy Alexandra Urrego Patiño, mediante apoderado judicial 1, interpuso acción de
tutela en procura del amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo y al acceso efectivo a la administración de justicia, los cuales estima
vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A con ocasión de
la sentencia proferida el 5 de marzo de 2026, dentro del medio control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 25000-23-42-000-
2019-00846-01.
2. Hechos
De conformidad con el escrito de tutela2 y los documentos que obran en el expediente,
se expone la siguiente relación fáctica:
2.1. Entre el 21 de abril de 2008 y el 31 de marzo de 2016 la señora Yudy Alexandra
Urrego Patiño estuvo vinculada a la Unidad Administrativa Especial Junta Central de
Contadores mediante contratos sucesivos de prestación de servicios, desempeñó
funciones relacionadas con el área jurídica disciplinaria de la entidad.
1
Poder conferido al abogado Luís Eduardo Liz González, índice 00002 del expediente digital en SAMAI.
2
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado E5D1ECC015B360A0 6D4CF798472730E4 80B8D019C1DBFE95
5449B276D2196EA8.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04998-00
Accionante: Yudy Alexandra Urrego Patiño
2.2. Promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del Oficio número 72934.12 del 28 de enero de 2019 expedido
por la Junta Central de Contadores mediante el cual se negó el reconocimiento de la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios. Solicitó, a título de
restablecimiento del derecho, la declaratoria de la existencia del vínculo laboral, el
pago de prestaciones, el reintegro de los aportes al sistema de seguridad social, la
devolución de los valores consignados por concepto de afiliación a la ARL y pólizas de
seguro.
2.3. Al proceso fue asignado el radicado número 25000-23-42-000-2019-00846-00
cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca quien mediante sentencia 3 de marzo de 2022 declaró la nulidad del
oficio demandado al constatar la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios.
Consideró acreditados los tres elementos constitutivos de la relación laboral: i) la
prestación personal del servicio, toda vez que la demandante se desempeñó como
asistente jurídica, abogada sustanciadora y coordinadora de la Dirección Jurídica de la
entidad, de manera continua, en sus instalaciones y dentro del horario fijado por su
superior; ii) la remuneración, consistente en el pago de honorarios como
contraprestación por los servicios prestados; y iii) la subordinación, en la medida en
que los contratos celebrados tenían por objeto el desarrollo de labores esenciales para
el cumplimiento de la misión de la entidad, ante la inexistencia o insuficiencia de
personal de planta.
Respecto de este último elemento, señaló que las funciones eran ejecutadas en
condiciones de permanencia, subordinación y dependencia, pues la demandante
debía permanecer en el lugar de trabajo, cumplir las órdenes impartidas por la
Dirección Jurídica y los integrantes del Tribunal Disciplinario y solicitar permiso para
ausentarse. Asimismo, tuvo en cuenta que recibió llamados de atención por el
incumplimiento del horario y que la carga laboral asignada le impedía atender a otros
clientes.
2.4. Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia. Su conocimiento correspondió a la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que, mediante sentencia
de 5 de marzo de 2026, revocó la decisión apelada y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.
En particular, consideró que la prolongación en el tiempo de los contratos de
prestación de servicios no constituía, por sí sola, un elemento suficiente para declarar
su desnaturalización, pues era necesario demostrar que las actividades contratadas
se desarrollaron bajo subordinación continuada, carga probatoria que no fue
satisfecha por la demandante.
2.5. Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia sin embargo, fue rechazado de plano por auto del 4 de
mayo de 2026.
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Accionante: Yudy Alexandra Urrego Patiño
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud:
La parte actora solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, pidió que se dejara sin efectos la sentencia proferida el 5 de marzo
de 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Para sustentar su solicitud, la parte actora alegó la configuración de los siguientes
defectos:
3.1. Defecto fáctico. La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada
incurrió en una indebida valoración probatoria al desconocer la fuerza demostrativa
del material probatorio que acreditaba la subordinación.
En primer lugar, precisó que, pese a que la sentencia recurrida reconoció la existencia
de hechos que, de acuerdo con la jurisprudencia relativa al contrato realidad,
demuestran la subordinación laboral, tales como el cumplimiento de horario, el control
de permanencia, la solicitud de autorizaciones, la compensación de tiempo, la
recepción de órdenes; sin embargo concluyó que tales circunstancias resultaban
insuficientes para acreditar la subordinación, omitiendo precisar el estándar probatorio
que la parte demandante estaba obligada a satisfacer.
Asimismo, señaló que la sentencia de segunda instancia, en la que se concluyó la falta
de acreditación de la subordinación, estableció la exigencia de llamados de atención,
memorandos, sanciones o documentos escritos, restándole mérito probatorio a los
testimonios practicados dentro del proceso que demostraban hechos cotidianos de
dirección, control y dependencia.
3.2. Defecto por desconocimiento del precedente. La accionante argumentó que la
sentencia cuestionada se apartó injustificadamente del precedente judicial de la
Sección Segunda del Consejo de Estado respecto del estándar probatorio necesario
para la acreditación de la subordinación, específicamente de las sentencias de
Unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 del 9
de septiembre de 2021. Particularmente, alegó que las sentencias mencionadas
establecen que la subordinación no se exterioriza únicamente con manifestaciones
formales, por lo que resulta necesario examinar las circunstancias materiales en las
que se desarrolló efectivamente la prestación del servicio para lo cual resultan útiles
los indicios.
Adicionalmente, mencionó que la sentencia de segunda instancia reconoció el
cumplimiento de horarios, la recepción de órdenes e instrucciones, la obligación de
solicitar permisos, la compensación del tiempo correspondiente a ausencias
autorizadas, la permanencia en el lugar de trabajo y el sometimiento a mecanismos de
control funcional; los cuales han sido identificados jurisprudencialmente como
manifestaciones típicas del poder subordinante; sin embargo, concluyó que dichos
elementos no eran suficientes para acreditar el elemento de la subordinación.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04998-00
Accionante: Yudy Alexandra Urrego Patiño
3.3. Violación directa de la Constitución. Alegó el desconocimiento de los artículos
25 y 53 de la Constitución Política al proferir una decisión incompatible con el principio
de primacía de la realidad sobre las formas.
Argumentó que la autoridad judicial accionada privilegió la ausencia de
manifestaciones formales o documentales de subordinación sobre la realidad material
acreditada dentro del proceso; al dejar de analizar las condiciones efectivas de
ejecución del servicio en razón de exigencias probatorias e inaplicar el principio de in
dubio pro operario.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 1 de julio de 2026 3, el Despacho de la magistrada ponente,
admitió la acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, vinculó como terceros con interés al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y a la Unidad Administrativa
Especial-Junta Central de Contadores (UAE-JCC), reconoció personería al abogado
Luis Eduardo Liz González, y requirió a las autoridades judiciales para que se
remitieran copia digital del expediente identificado con el radicado 25000-23-42-000-
2019-00846-01.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A4 a través del magistrado Néstor Javier Calvo Chaves, remitió el expediente digital
del proceso y solicitó la desvinculación dentro del proceso al no tener ninguna
injerencia en la presunta vulneración de los derechos invocados en la presente acción.
Indicó que de la acción de tutela se evidencia que la Subsección A de la Sección
segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no es la presunta vulneradora
de los derechos fundamentales de la parte accionante, ya que el reproche está dirigido
de manera exclusiva a la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por lo que no resulta procedente un pronunciamiento
frente al cual no se tiene ninguna injerencia al no ser la autoridad a la que se le imputa
la presunta vulneración de los derechos fundamentales.
4.3. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado5 a través del
magistrado Juan Camilo Morales solicitó denegar el amparo solicitado.
En primer lugar, respecto de la configuración del defecto fáctico, estimó que los
testimonios de Deisy Vanegas Pérez, Chris Evelyn Ladino Vásquez y Helga Lidby
Díaz Acosta fueron valorados expresamente en la providencia cuestionada y
posteriormente valorados en conjunto con las demás pruebas incorporadas al
3
Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 5EC71921C1A9669E 014C5489E160FEBD
C6F5CDD0E30C9C83 7511CF3D3F7DF3D4.
4
Índice 00015 del aplicativo de SAMAI, certificado EF79DC2E539C7E29 2DB600DC213BE1E8
F9CE8202415C38CF 70EAF7349FA64B74.
5
Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado 0903F9312900DABB D09B7C9D8256EB19 017695F72C8EB430
8B7817263ADDD95E
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Accionante: Yudy Alexandra Urrego Patiño
expediente, concluyó que no permitían establecer que la ejecución de los contratos de
prestación de servicios hubiera estado sometida a un poder continuado de dirección.
Manifestó que en relación con i) las referencias a las órdenes proferidas por la
Dirección Ejecutiva estas resultaban generales y no establecían la forma en que
hubiesen condicionado permanentemente el desarrollo de las obligaciones de la
señora Yudy Alexandra Urrego Patiño, ii) las declaraciones respecto de las
instrucciones de los ponentes del Tribunal Disciplinario no establecían la frecuencia de
dichas órdenes ni la interacción de ellas con los servicios profesionales de asesoría y
sustanciación y, iii) el uso de las instalaciones y elementos de la entidad, además de la
organización de horarios, no demostraban por sí solos el ejercicio del poder de
dirección.
En razón de lo anterior, precisó que la exigencia de correos electrónicos y
memorandos tuvo como objetivo señalar que el presunto direccionamiento
permanente no encontró sustento probatorio, y no que la subordinación únicamente
pudiera acreditarse mediante dichos documentos.
Adicionalmente, argumentó que dentro del proceso existían indicativos de que la
demandante gozaba de autonomía en una declaración se identificó que podía
desarrollar labores por fuera de la entidad y durante uno de los periodos discutidos
celebró simultáneamente un contrato de prestación de servicios con la Unidad
Nacional de Protección. Precisó que la sentencia aclaró que dicha circunstancia
resultó relevante al ser apreciada en conjunto, sin embargo, no impedía demostrar la
continuada subordinación.
Respecto del desconocimiento del precedente judicial, manifestó que el estudio del
caso partió de la norma según la cual la parte que pretende la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios tiene la carga de probar que la ejecución estuvo
sometida a una continuada subordinación, lo cual no fue acreditado dentro del
proceso, deficiencia que no podía ser suplida a través de la aplicación del principio in
dubio pro operario.
Adicionalmente, la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado6 informó
que el 28 de mayo de 2026 el expediente había sido devuelto al Tribunal de primera
instancia.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
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Índice 00012 del aplicativo de SAMAI, certificado 6A2A2DF0AFF2C22B B95459821F97318B
E778ED6629521D4C 11F3240DAE82464F.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04998-00
Accionante: Yudy Alexandra Urrego Patiño
2.1 Se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, toda vez que
Yudy Alexandra Urrego Patiño es titular de los derechos fundamentales que estima
vulnerados, en su condición de demandante dentro del proceso promovido en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el
radicado núm. 25000-23-42-000-2019-00846-01.
2.2. Igualmente, se acredita la legitimación en la causa por pasiva, en la medida en
que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A fue la autoridad judicial
que profirió la decisión, según la parte accionante, vulneró sus derechos
fundamentales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20057 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela8 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto9.
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Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición
cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal,
en principio, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos
fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y,
de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
9
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional, a saber: a)
defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o
sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
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Accionante: Yudy Alexandra Urrego Patiño
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 10.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez
que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 11.
En línea con lo anterior, en la Sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó
como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: (i)
que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, (iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar
la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; (iii)
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política,
cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo
4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
11
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04998-00
Accionante: Yudy Alexandra Urrego Patiño
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y (iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales, tratándose de una providencia judicial emanada de una
alta corte. De manera que la intervención del juez constitucional se establezca,
exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: (i) la afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; (ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y
generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, (iii) la claridad y
fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto12.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que el presente asunto no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación.
5.1. Del análisis del escrito de tutela se advierte que la parte accionante sostuvo que el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 5 de
marzo de 2026, incurrió en un defecto fáctico al restar valor a los testimonios
practicados y exigir prueba documental para acreditar el elemento de la
subordinación. Adicionalmente alegó la configuración de un defecto por
desconocimiento del precedente judicial al imponer un estándar probatorio excesivo
no exigido por la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, así
como la violación directa de la Constitución al privilegiar una exigencia probatoria
documental sobre la realidad material acreditada en el proceso, además de inaplicar el
principio in dubio pro operario.
5.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en Sentencia del 5 de
marzo de 202613, revocó la sentencia del 3 de marzo de 2022 que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las denegó bajo el
argumento que no se acreditó el elemento de la subordinación necesario para declarar
la existencia de una relación laboral encubierta.
12
Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
13
Índice 00013 del aplicativo SAMAI del expediente ordinario en segunda instancia, certificado
041FE814BA4B3EFA 7C15CF4A59FFD00D 478E3FAF8341AC70 192B09A96709AAB2.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04998-00
Accionante: Yudy Alexandra Urrego Patiño
Para tal efecto, expuso el análisis de las pruebas y, en particular, señaló lo siguiente:
“47. La Sala revocará la decisión apelada porque las pruebas aportadas al
expediente no demuestran la continuada subordinación en la prestación del
servicio durante todos los períodos relacionados en la demanda, de modo que no
se acreditó la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios en el
marco del principio de primacía de la realidad sobre las formas.
(…)
50. En primera instancia se practicó el interrogatorio a la demandante y
serecibieron los testimonios de los señores Deisy Vanegas Pérez, Chris Evelyn
Ladino Vásquez, y Helga Lidby Díaz Acosta, de los cuales se destaca lo siguiente:
i) La demandante (…)
ii) Deisy Vanegas Pérez relató que coincidió con la actora en la entidad entre 2013 y
2015, período en el que ambas se desempeñaron como abogadas
sustanciadoras. Señaló, además, que aquella estuvo vinculada desde 2008 hasta
2016 mediante contratos de prestación deservicios prorrogados sucesivamente.
(…)
iii) Chris Evelyn Ladino Vásquez declaró que ingresó a la Junta Central de
Contadores en 2011 y conoció a la demandante en ese momento. (…)
iv) Helga Lidby Díaz Acosta indicó que laboró como contratista en la entidad, que
cumplía un horario de trabajo y que la entidad le asignaba todos los elementos
necesarios para ejecutar el contrato. (…)
(…)
51. Con el fin de resolver la controversia se recuerda que quien pretenda que se
declare la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios, con
fundamento en el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades con el
propósito de obtener el restablecimiento de su derecho, debe acreditar que la
ejecución de las tareas se desarrolló bajo una subordinación continuada. No
obstante, del análisis integral de las pruebas recaudadas, la Sala concluye que el
demandante no demostró ese elemento, por las razones que se exponen a
continuación:
(…)
55. De los testimonios recaudados se desprende que la demandante desarrollaba
sus labores en las instalaciones de la entidad y con los elementos suministrados
por esta; que tanto los contratistas como los funcionarios de planta cumplían el
mismo horario y ejecutaban funciones idénticas; y que las autorizaciones de
permisos se impartían de manera verbal.
56. Sin embargo, esta corporación ha valorado esta circunstancia en distintas
oportunidades y ha precisado que la prestación del servicio en la sede de la
entidad, con los implementos que esta proporciona, no implica necesariamente
una continuada subordinación, pues el contexto puede demandar la realización de
las tareas en ciertas condiciones, sin que pueda hablarse de un control o
direccionamiento de la entidad contratante sobre la actividad del contratista, a tal
punto de que este vea comprometida su autonomía.
(…)
59. Las referencias a órdenes impartidas por la directora jurídica resultaron
demasiado vagas, y no permitieron conocer de qué manera se desarrollaron las
obligaciones, más allá del horario.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04998-00
Accionante: Yudy Alexandra Urrego Patiño
60. Por otra parte, si bien los testimonios aludieron a instrucciones relacionadas
con los expedientes a proyectar por parte de los ponentes tales como la
determinación esporádica del sentido de una decisión o de la necesidad de
realizar correcciones a los escritos, no indicaron la frecuencia con que se
presentaron, de forma tal que quedara claro que se desbordó el alcance de los
contratos de prestación de servicios.
(…)
62. Por lo tanto, era necesario que el detalle de las instrucciones fuera más claro,
en especial porque la única prueba de las órdenes consistió en las
manifestaciones de los testimonios, uno de los cuales tiene un proceso en contra
de la entidad por hechos similares.
66. Luego, no se demostró con claridad la presencia de la continuada
subordinación en la ejecución de las funciones.
(…)
68. En consecuencia, la carga probatoria orientada a demostrar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios y, con ello, la
existencia de una relación laboral exigía acreditar la subordinación continuada
durante la ejecución de las labores.”
5.3. En conclusión, para el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) los
testimonios practicados dieron cuenta de que la demandante desarrollaba sus
funciones con elementos suministrados por la entidad y en sus instalaciones; sin
embargo, consideró que tales circunstancias, por sí solas, no permitían acreditar la
existencia de una subordinación continuada; ii) no se demostró que la parte
demandada hubiera desplegado actuaciones que permitieran establecer, de manera
concluyente, la configuración de dicho elemento; iii) en el expediente no obraban
correos electrónicos, memorandos u otros documentos que acreditaran el
direccionamiento de las actividades de la demandante; iv) las referencias efectuadas
por los testigos respecto de las órdenes impartidas por la directora jurídica resultaban
vagas y no permitían establecer la manera en que se desarrollaban las obligaciones
contractuales; y v) las únicas pruebas relacionadas con el cumplimiento de
instrucciones correspondían a las declaraciones de los testigos, las cuales carecían
del detalle suficiente para acreditar la subordinación; además, uno de los declarantes
adelantaba un proceso contra la misma entidad por hechos similares.
Con fundamento en lo anterior, la autoridad judicial accionada concluyó que la
demandante no cumplió con la carga probatoria de demostrar la desnaturalización de
los contratos de prestación de servicios, en particular, porque no acreditó la existencia
de una subordinación continuada.
Los elementos expuestos en precedencia permiten inferir, con claridad, que el debate
planteado en este asunto fue debidamente examinado por el juez natural de la causa.
Asimismo, no se advierte que la decisión cuestionada hubiese sido adoptada de
manera arbitraria, caprichosa o carente de sustento fáctico, normativo y
jurisprudencial, ni que en el trámite del proceso ordinario se hubiesen vulnerado los
derechos fundamentales de la parte actora.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04998-00
Accionante: Yudy Alexandra Urrego Patiño
En ese orden, al efectuar un contraste entre los fundamentos de la acción de tutela y
las consideraciones expuestas por la autoridad judicial accionada, la Sala concluye
que, contrario a lo sostenido por la accionante, el propósito del amparo consiste en
reabrir el debate propio del proceso ordinario, con miras a obtener una nueva
valoración de los argumentos y pruebas ya sometidos al conocimiento del juez natural.
En razón de lo anterior, se advierte que los reparos formulados se orientan, en
esencia, a replantear cuestiones que fueron objeto de análisis en las instancias
ordinarias, lo cual desborda la finalidad del mecanismo de amparo.
5.4. Respecto del defecto fáctico, el desconocimiento del precedente judicial y la
violación directa de la Constitución, lo cierto es que no se evidencia que la autoridad
judicial accionada hubiera adoptado una decisión arbitraria, caprichosa o
manifiestamente irrazonable que justifique la intervención excepcional del juez
constitucional.
Prima facie, se evidencia que la providencia cuestionada contiene una motivación
suficiente y coherente, sustentada en el análisis de las pruebas practicadas en el
proceso, incluidas las pruebas testimoniales, la normativa aplicable y las reglas
jurisprudenciales aplicables. De esta manera, el desacuerdo de la accionante con las
conclusiones alcanzadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado no resulta
suficiente para habilitar un nuevo examen del asunto en sede constitucional.
5.5. La ausencia de relevancia constitucional en el presente caso resulta evidente al
observarse que la parte accionante presentó recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia14, el cual fue rechazado de plano por resultar improcedente, mediante el
cual proponía el mismo debate que en la presente acción: la acreditación de la
subordinación continuada exclusivamente mediante prueba documental directa, lo
que bajo su consideración, exigió la autoridad judicial accionada en el presente trámite
constitucional.
5.6. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada
está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del referido asunto.
En ese contexto, su naturaleza residual y subsidiaria limita su procedencia a la
verificación de eventuales afectaciones iusfundamentales atribuibles a una autoridad
judicial con ocasión de una providencia, sin que resulte admisible, como lo pretende la
parte actora, reabrir el análisis del caso como si se tratara de una instancia adicional,
cuando existieron las oportunidades para ventilar los asuntos dentro del trámite
ordinario.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada15, lo que se opone a que se use indebidamente
14
Índice 00017 del aplicativo SAMAI del expediente ordinario en segunda instancia, certificado
92121987CCDABCA9 8557D1AC25542D1C 0F34699F0485CA47 DEC4854E181E24A4.
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SU-215 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04998-00
Accionante: Yudy Alexandra Urrego Patiño
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 16.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por Yudy
Alexandra Urrego Patiño contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
AOB
16
Ibid.
12
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