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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2015-00625-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00625-02

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00625-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 21 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a la señora Deisy Sofía Sarmiento Consuegra, a favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Clínica de la Policía Regional Atlántico. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2015-00625-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2015-00625-02 (0015-2024)
Demandante: Deisy Sofía Sarmiento Consuegra
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Clínica
de la Policía Regional Atlántico

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades –
bacterióloga.

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia porque no se
acreditó el elemento de la continuada subordinación.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 21 de abril de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Deisy Sofía Sarmiento Consuegra interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el
objeto de que se declare la nulidad del Oficio 5/2015-0198/DISAN-CLICA-JEFAT
del 28 de mayo de 2015, por medio del cual se negó el reconocimiento de la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el 8
de julio de 2005 y el 10 de noviembre de 2013 y el pago de las prestaciones
consecuentes, lapso durante el cual se desempeñó como bacterióloga.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) declarar que durante el
periodo mencionado se configuró una verdadera relación de trabajo entre ella y
la demandada; (ii) pagar los emolumentos dejados de percibir, incluidos salarios,
prestaciones sociales1, indemnizaciones2, así como las diferencias salariales
correspondientes3; (iii) indexar los valores que se reconozcan; y (iv) dar
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

3. Como concepto de la violación argumentó que el acto acusado desconoció
normas superiores4, en particular, el principio de la primacía de la realidad sobre

1
Cesantías, vacaciones y prima de servicios.
2
La sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías.
3
Horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y festivos.
4
Artículos 13, 25, 53, 122 y 125 de la Constitución Política; y 38 y «siguientes» de la Ley 1437 de 2011.

1
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Demandante: Deisy Sofía Sarmiento Consuegra

las formalidades, pues entre 2005 y 2013 celebró múltiples contratos de
prestación de servicios con la entidad demandada, los cuales ejecutó bajo una
continuada subordinación y dependencia, evidenciada en el cumplimiento de un
horario laboral y en la sujeción a los lineamientos impartidos por sus superiores.

4. Señaló que desempeñó funciones permanentes y misionales de la Clínica
de la Policía Regional del Atlántico, al interior de sus instalaciones y con la bata
y el carné suministrados por la institución. Añadió que la labor fue prestada de
manera personal y a cambio de una remuneración, conforme a lo pactado
contractualmente.

Contestación de la demanda

5. La entidad accionada no contestó la demanda.

Sentencia apelada

6. Mediante sentencia del 21 de abril de 2023, el Tribunal declaró la nulidad
del acto acusado y la existencia de una relación laboral encubierta entre la actora
y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Clínica de la Policía
Regional Atlántico, durante el periodo comprendido entre el 8 de julio de 2005 y
el 10 de noviembre de 2013.

7. Como fundamentos de la decisión, determinó que la señora Sarmiento
Consuegra prestó sus servicios como bacterióloga en la Clínica de la Policía
Regional Caribe, adscrita a la Seccional de Sanidad del Atlántico de la Policía
Nacional, de manera personal, a cambio de una remuneración mensual y bajo
una continuada subordinación.

8. Este último elemento se constató a partir del carácter permanente y
misional de las funciones desempeñadas, pues durante aproximadamente ocho
(8) años la actora habría desarrollado actividades «intrínsecas al giro ordinario»
de la entidad.

9. Además, con fundamento en los testimonios recaudados, estimó probado
que la señora Sarmiento Consuegra desarrolló sus labores en condiciones
idénticas a los bacteriólogos de planta, esto es, en las instalaciones de la entidad,
con similar intensidad horaria y bajo la directriz de los superiores.

10. En relación con este aspecto, el Tribunal realizó una comparación entre
las obligaciones contractuales de la demandante y las funciones establecidas en
el manual de funciones para el cargo de bacteriólogo, y encontró que existían
similitudes sustanciales entre ambas. A partir de ello, concluyó que la naturaleza
de las tareas implicaba «un trabajo direccionado, regulado y supervisado» por la
entidad contratante.

11. En consecuencia, condenó a la entidad demandada a pagar a favor de la
actora las sumas correspondientes a las prestaciones sociales que devenga un
empleado de planta que desempeña funciones equivalentes, para lo cual tomó
como base los honorarios percibidos y los períodos efectivamente laborados.

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Demandante: Deisy Sofía Sarmiento Consuegra

12. De igual manera, ordenó a la entidad efectuar el pago de los aportes
faltantes al fondo de pensiones en el porcentaje que le corresponde como
empleadora, y dispuso que la actora acreditara las cotizaciones realizadas al
sistema de pensiones durante la relación laboral o, en su defecto, asumiera el
pago del porcentaje a su cargo como trabajadora.

13. Precisó que, de existir un saldo a favor de la actora como resultado del
cálculo de las cotizaciones efectuado con base en el ingreso base de cotización
correspondiente a los honorarios pactados, la entidad demandada debía
reintegrar dicha suma debidamente indexada.

14. En cuanto a la prescripción, determinó que no se había configurado, dado
que la relación contractual finalizó el 10 de noviembre de 2013 y la reclamación
administrativa se presentó el 15 de mayo de 2015, esto es, dentro de los tres (3)
años siguientes.

15. Finalmente, negó las demás pretensiones y se abstuvo de imponer
condena en costas a la entidad accionada.

Recurso de apelación

16. El apoderado de la entidad demandada interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, al considerar que se incurrió en una
indebida valoración probatoria, pues la actora no demostró con suficiencia los
elementos que configuran una relación laboral, en especial la continuada
subordinación.

17. En sustento de su inconformidad, expuso que: (i) la programación de
turnos obedecía a una coordinación necesaria para garantizar la prestación
ininterrumpida del servicio de salud y no a una imposición unilateral; (ii) las
funciones desarrolladas por la demandante correspondían al objeto contractual
pactado y se ejecutaban con autonomía técnica; (iii) los contratos de prestación
de servicios fueron celebrados de buena fe, conforme a la Ley 80 de 1993, y se
encontraban debidamente liquidados; (iv) los testimonios valorados por el tribunal
carecían de imparcialidad, al provenir de personas con litigios similares contra la
entidad; y (v) la demandante asumió el pago de sus aportes al sistema de
seguridad social en calidad de independiente y constituyó las garantías exigidas,
sin formular reparo alguno sobre la naturaleza contractual de su vinculación
durante su ejecución.

18. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia apelada y, en
consecuencia, negar las pretensiones de la demanda.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

19. Mediante auto del 9 de mayo de 2024, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la demandada5.

5
Índice 4 del aplicativo Samai.

3
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Demandante: Deisy Sofía Sarmiento Consuegra

20. En su pronunciamiento6, la parte actora solicitó confirmar íntegramente la
sentencia de primera instancia, al estimar que los reproches formulados en la
apelación constituían una reiteración de los argumentos expuestos en los
alegatos de conclusión, ya desvirtuados por el Tribunal, en particular los
relacionados con la continuada subordinación, pues las pruebas evidenciaron el
carácter permanente de las funciones, la imposición unilateral de los turnos, el
desempeño de labores misionales en idénticas condiciones a las del personal de
planta y la sujeción a directrices impartidas por los superiores.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.

Problema jurídico

22. A partir de los argumentos expuestos en los recursos de apelación,
corresponde a la Sala determinar si la actora acreditó la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios suscritos con la Seccional de Sanidad del
Atlántico de la Policía Nacional.

Análisis del problema jurídico

23. La Sala revocará la decisión apelada porque las pruebas que obran en el
expediente no demuestran la continuada subordinación durante la ejecución de
los objetos contractuales.

24. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, se estima necesario destacar
que la señora Deisy Sofía Sarmiento Consuegra suscribió los siguientes
contratos de prestación de servicio con la Seccional de Sanidad del Atlántico de
la Policía Nacional:

Contratos de Duración Objeto
prestación de
servicios
67-7-202287 08/07/05 al 07/12/05 El contratista se
67-7-203978 11/12/05 al 21/02/06 compromete con la
67-7-200989 21/02/06 al 31/03/07 Policía Nacional de
67-7-2010010 10/04/07 al 08/06/07 Colombia -Seccional de
67-7-2021811 01/07/07 al 06/05/08 Sanidad Atlántico a
67-7-2015612 07/05/08 al 31/03/09 prestar sus servicios

6
Índice 9 del aplicativo Samai.
7
Folio 86, índice 2 del aplicativo Samai. Expediente digital, demanda y anexos.
8
Folio 86, ibidem.
9
Folios 16 a 22, ibidem.
10
Folios 23 a 29, ibidem.
11
Folios 30 a 36, ibidem.
12
Folios 37 a 43, ibidem.

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Demandante: Deisy Sofía Sarmiento Consuegra

67-7-2010713 01/04/09 al 30/11/09 profesionales como
67-7-2036314 01/12/09 al 15/05/10 bacterióloga con
67-7-2019915 01/06/10 al 30/11/10 oportunidad, eficiencia y
67-7-2043316 01/12/10 al 30/03/11 eficacia en la Clínica de
67-7-2006417 16/04/11 al 15/11/11 la Policía Regional
67-7-2032018 16/11/11 al 31/03/12 Caribe, en las
67-7-20141 02/04/12 al 01/11/12 condiciones, área y/o
67-7-20408 19/11/12 al 15/03/13 servicio que determine el
67-7-20042 01/04/13 al 10/11/13 contratante, de acuerdo
con sus necesidades y
programación
establecida.

25. Adicionalmente, obran como pruebas documentales la certificación de los
contratos de prestación de servicios previamente relacionados19, el manual de
funciones del cargo de bacterióloga20, las planillas de turnos correspondientes a
los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, los registros de
novedades21 y los informes mensuales de las actividades desarrolladas22.

26. También se allegó al expediente el Oficio SECSA-LABO-5-29 del 7 de
octubre de 201323, suscrito por Rubby Guzmán Díaz, en su condición de líder del
laboratorio clínico de la Clínica de la Policía Regional Caribe, dirigido al personal
de laboratorio. En dicho documento se enumeró a los bacteriólogos y auxiliares
técnicos del área, entre ellos la señora Deisy Sofía Sarmiento, quien aparece
identificada con el número cuatro (4), y se relacionó su intensidad horaria.

27. El oficio desarrolla de manera detallada las actividades de las distintas
etapas del proceso de laboratorio: preanalítica, analítica y asistencial, así como
los turnos ordinarios, nocturnos y de fin de semana; no obstante, en lo que
respecta al personal de bacteriología, la descripción específica de horarios y
funciones se circunscribe a los profesionales identificados con los números uno
(1), dos (2) y tres (3), sin que en el cuerpo del documento se individualicen
actividades concretas ni asignaciones funcionales particulares respecto de la
demandante.

28. Por otra parte, se recibieron los testimonios de las señoras Marlene
Esther Villafañe Consuegra y María Bernarda Muñoz Calvo, quienes declararon
lo siguiente:

i) La señora Villafañe Consuegra relató que durante veinte (20) años se
desempeñó como bacterióloga de planta en la Clínica de la Policía
Regional Caribe y que se pensionó en mayo de 2005. Señaló que, pese
a su jubilación, continuó asistiendo a la institución como paciente y, por
esa razón, conoció a la actora, quien ingresó aproximadamente dos (2)

13
Folios 44 a 50, ibidem.
14
Folios 51 a 57, ibidem.
15
Folios 58 a 64, ibidem.
16
Folios 65 a 71, ibidem.
17
Folios 72 a 78, ibidem.
18
Folios 79 a 85, ibidem.
19
Folio 86, ibidem.
20
Folios 96 a 118, ibidem.
21
Folios 131 a 183, ibidem.
22
Folios 124 a 129, ibidem.
23
Folios 119 a 123, ibidem.

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meses después de su retiro, circunstancia por la cual la identificó como
su reemplazo en el laboratorio clínico.

En relación con las condiciones de ejecución del servicio, manifestó que
las labores se desarrollaban en el laboratorio clínico y que la prestación
del servicio de salud era permanente, al cubrir urgencias, hospitalización
y consulta externa durante las veinticuatro (24) horas del día. Indicó que,
si bien ella cumplía una jornada de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., desconocía el
horario específico asignado a la demandante, más allá de que existían
rotaciones entre turnos de mañana, tarde y noche.

En ese mismo sentido, afirmó que no podía precisar los extremos
temporales de la vinculación de la demandante, los honorarios percibidos
ni el funcionario que impartía instrucciones directas. Añadió que la
entidad suministraba la bata y el carné, y que, en el marco del servicio,
se participaba en reuniones, capacitaciones y comités, especialmente
relacionados con el manejo de estadísticas institucionales.

ii) La señora Muñoz Calvo mencionó que conoció a la actora en el año
2005, cuando ambas se vincularon a la Clínica de la Policía Regional
Caribe en calidad de enfermera y bacterióloga, respectivamente,
mediante contrato de prestación de servicios. Señaló que interactuaban
de manera constante en el desarrollo de sus funciones, motivo por el cual
le constaba que la prestación del servicio de la señora Sarmiento
Consuegra era personal, remunerada y se realizaba mediante turnos de
doce (12) horas, tanto diurnos como nocturnos.

Expuso que la actora se desempeñó como coordinadora de su área, con
personal a cargo, entre bacteriólogas y auxiliares de laboratorio clínico, y
que debía reportar su gestión a un jefe inmediato. Agregó que, al finalizar
cada mes, debían presentar un informe de actividades ante la oficina de
recursos humanos y que, en caso de ausentarse, era necesario justificar
la inasistencia, pues de lo contrario, «podíamos ser sancionados».

29. En este punto, conviene precisar que, aunque el apoderado de la entidad
demandada cuestionó la imparcialidad de la testigo Muñoz Calvo por haber
promovido un proceso contencioso administrativo contra la misma entidad con
pretensiones similares, esto es, la declaratoria de la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios, ello no impide valorar su declaración, pues
la ley exige que sea apreciada con mayor rigor y que su contenido sea
contrastado con los demás medios de prueba incorporados al expediente.

30. Precisado lo anterior, la Sala recuerda que quien pretenda la declaratoria
de la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios, con
fundamento en el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades y
con miras al restablecimiento de su derecho, debe acreditar que la ejecución de
las labores se desarrolló bajo una subordinación continuada. Sin embargo, del
análisis integral del acervo probatorio se concluye que la accionante no demostró
la configuración de dicho elemento, por las razones que se exponen a
continuación:

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31. De entrada, resulta pertinente recordar que la continuada subordinación
denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir
la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias
[…] se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]»24.

32. En el caso concreto, ninguna de las pruebas que obran en el expediente
da cuenta de órdenes que determinaran el modo específico de cumplir sus
funciones, ni de la imposición de reglamentos internos durante los periodos en
que la actora desarrolló actividades como bacterióloga. Tampoco existen
documentos que evidencien instrucciones individualizadas, llamados de atención
o controles propios de la subordinación.

33. Del análisis del Oficio SECSA-LABO-5-29 del 7 de octubre de 2013 se
observa que, si bien en el documento se relaciona a todo el personal del
laboratorio clínico y se indica la intensidad horaria de cada uno, las instrucciones
específicas sobre actividades y turnos únicamente se desarrollan respecto de los
bacteriólogos identificados con los números uno (1), dos (2) y tres (3). En
contraste, frente a la señora Sarmiento Consuegra, quien figura enumerada con
el número cuatro (4), no se consignan directrices particulares.

34. De igual manera, se advierte que, aunque la testigo Muñoz Calvo hizo
referencia de manera genérica e imprecisa a la eventual imposición de sanciones
en caso de no justificar los permisos, no se aportó prueba alguna que permitiera
corroborar tal afirmación, ni mucho menos que acreditara la existencia de
memorandos, anotaciones o correctivos dirigidos específicamente a la actora.

35. En lo que respecta al testimonio de la señora Villafañe Consuegra, resulta
pertinente mencionar que su vinculación con la entidad demandada finalizó en
mayo de 2005 y que, conforme a su propio relato, los contactos que sostuvo
posteriormente con la señora Sarmiento Consuegra se circunscribieron a las
ocasiones en que asistía a la clínica como paciente para consultas médicas o
exámenes de laboratorio. En tal medida, la testigo no tenía la posibilidad de
conocer con precisión las condiciones específicas en las que la actora ejecutaba
sus labores, ni la eventual existencia de instrucciones directas relacionadas con
su actividad contractual.

36. La Sala aclara que, si bien las planillas de turnos fueron suscritas por las
coordinadoras del laboratorio y en el testimonio de la señora María Bernarda
Muñoz Calvo se afirmó que la demandante presuntamente tenía un jefe
inmediato durante la ejecución de los contratos, tal circunstancia no resulta
suficiente para desvirtuar la naturaleza contractual del vínculo, en la medida en
que ninguna de ellas aludió a requerimientos específicos impartidos por dicha

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).

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funcionaria ni a situaciones concretas en las que se hubiera limitado la autonomía
o independencia de la demandante en el desarrollo de sus labores.

37. Sobre este particular, vale la pena resaltar que aunque la testigo Muñoz
Calvo sostuvo en su declaración que la actora se desempeñó como coordinadora
de su área, con personal a cargo, entre bacteriólogas y auxiliares de laboratorio
clínico, lo cierto es que tal afirmación no se ve corroborada por la prueba
documental.

38. En efecto, las planillas de turnos correspondientes a los años 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 aparecen suscritas por quienes fungieron
como coordinadoras del laboratorio clínico, esto es, Luz Elena Álzate y Lunibeth
Rada González, sin que en dichos documentos se identifique a la señora
Sarmiento Consuegra como responsable de la asignación de turnos o de la
dirección del personal. A lo anterior se suma el contenido del citado Oficio
SECSA-LABO-5-29 del 7 de octubre de 2013, signado por Rubby Guzmán Díaz,
del cual tampoco se desprende que la accionante hubiera ejercido funciones de
coordinación.

39. También se encuentra que, la realización de reuniones y capacitaciones
orientadas a impartir lineamientos para el manejo de estadísticas institucionales
tampoco permite concluir que se haya desnaturalizado la modalidad de los
contratos de prestación de servicios. Ello obedece a que, conforme al artículo 3
de la Ley 80 de 1993, los contratistas colaboran con la administración en el
cumplimiento de sus fines, motivo por el cual la entidad está facultada para
impartir orientaciones encaminadas a asegurar la adecuada satisfacción de las
necesidades públicas y para ejercer la supervisión del objeto contractual.

40. En la misma línea, la presentación de informes mensuales como requisito
previo para el pago de los honorarios, así como la observancia de turnos, se
explican como manifestaciones del principio de coordinación y no
necesariamente como expresiones de subordinación, en la medida en que dichas
exigencias responden a mecanismos de seguimiento y control orientados a
verificar el cumplimiento eficiente y eficaz de las tareas pactadas25.

41. Ahora bien, el hecho de que en la planta de personal de la Clínica de la
Policía Regional Caribe existiera un bacteriólogo que desempeñara funciones
similares a las asignadas a la actora no desvirtúa la naturaleza contractual del
vínculo, en la medida en que el citado artículo 3 de la Ley 80 de 1993 autoriza la
celebración de contratos de prestación de servicios «para desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», lo cual
supone desde la concepción normativa, que los contratistas pueden ejecutar
labores similares e incluso ligadas al objeto misional de la entidad contratante.

42. Finalmente, se precisa que el desarrollo de las actividades en las
instalaciones de la Clínica de la Policía Regional Caribe, así como el uso de la
bata y el carné suministrados por la entidad, obedece a la necesidad de
garantizar la prestación del servicio público de salud en condiciones de

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 5 de octubre de 2023, expediente 13001233300020140054101 (1611-2020), M.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.

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seguridad, oportunidad y calidad, en especial tratándose de actividades propias
del laboratorio clínico, que requieren infraestructura hospitalaria y equipos
especializados.

43. Esta corporación ha valorado esta circunstancia en distintas
oportunidades26 y ha precisado que la prestación del servicio en la sede de la
entidad, con los implementos que esta provee, no implican necesariamente una
continuada subordinación, pues el contexto puede demandar la realización de las
tareas en ciertas condiciones, sin que pueda hablarse de un control o
direccionamiento de la entidad contratante sobre la actividad del contratista, a tal
punto de que este vea comprometida su autonomía.

44. En ese orden, la carga probatoria orientada a demostrar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios y el consecuente
derecho al reconocimiento de los emolumentos dejados de percibir exige
acreditar hechos que reflejen una continuada subordinación en la ejecución de
las tareas. Sin embargo, como la parte demandante no demostró la ocurrencia
de tales supuestos, se revocará la sentencia de primera instancia y se negarán
las pretensiones.

Condena en costas

45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

46. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

47. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

48. Así las cosas, y teniendo en cuenta que se revocará la sentencia apelada,
se impondrán costas a la parte demandante en ambas instancias, por cuanto se
accede totalmente a las peticiones del recurso de apelación interpuesto por la
entidad accionada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,

26
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de
noviembre de 2003, expediente 17001-23-31-000-1999-00039-01; y Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 17 de marzo de 2022, expediente 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-2019).

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Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00625-02 (0015-2024)
Demandante: Deisy Sofía Sarmiento Consuegra

las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 21 de abril de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a la señora
Deisy Sofía Sarmiento Consuegra, a favor de la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional – Clínica de la Policía Regional Atlántico. Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

PMOM

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