Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00541-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00541-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2014-00541-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de octubre de 2023
1
Radicación: 13001233300020140054101 (1611-2020)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00541-01 (1611-2020)
Demandante: Guillermo José Algarín Gregori
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Tema: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios-Instructor.
CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecinueve (2.019)
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Guillermo José Algarín Gregori, instauró demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en
contra del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con el fin de que se acceda a
las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Oficio 2-2014-009183 del 18 de septiembre de 2014,
por medio del cual el SENA, Regional Bolívar, negó la existencia de la relación
laboral y, como consecuencia, se declare que entre las partes existió un vínculo
laboral entre el 4 de octubre de 2003 y el 30 de noviembre de 2013.
A título de restablecimiento del derecho solicitó se condene a la entidad demandada
a pagarle todos los salarios, las prestaciones sociales y los aportes de seguridad
social que debió percibir en su calidad de instructor del SENA en el mencionado
lapso; así como el reconocimiento de la sanción moratoria definida en la Ley 244 de
1995, la indemnización por despido injusto y al pago de costas del proceso.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
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Que el señor Guillermo José Algarín Gregori laboró en el SENA entre el 4 de octubre
de 2003 y el 30 de noviembre de 2013 a través de contratos de prestación de
servicios y órdenes de trabajo, como instructor en la especialidad agropecuaria.
Que durante la ejecución de los contratos capacitó a grupos de aprendices en
formación profesional integral para la incorporación y el desarrollo de actividades
productivas, con elementos propios de la entidad y, para ello, se desplazó desde el
distrito de Cartagena hacía diferentes municipios de Bolívar.
Que cumplió un horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 2:00 p.
m. a 6:00 p. m., reportando 160 horas mensuales a sus supervisores.
Que prestó sus servicios de manera personal, permanente, dependiente y estuvo
siempre bajo la subordinación de los supervisores y los subdirectores del Centro
Agroempresarial y Minero Regional Bolívar. Que cumplió de manera explícita la
misión institucional del SENA, de acuerdo con el Plan Estratégico 2011-2014 con
visión 2020 «SENA de clase mundial», encubriéndose una verdadera relación
laboral.
Que aplicó, desarrolló y gestionó en el programa «Sofia Plus» los registros de
inscripción, las rutas de aprendizaje y las evaluaciones de los aprendices y, de esta
forma, acató su obligación de presentar los informes de las actividades académicas.
Que, a pesar de lo anterior, no le fue pagada suma alguna por concepto de
prestaciones sociales, tales como, cesantías e intereses, primas legales y
extralegales, vacaciones, vestido y calzado de labor, auxilio de transporte, aportes
a pensión y salud, ni la indemnización por el retardo en el pago.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del doce (12) de agosto de dos mil quince
(2.015) y notificada a la entidad demandada, quien contestó manifestando que entre
las partes no existió ninguna relación laboral por cuanto no están demostrados los
tres elementos necesarios para que se dé la misma.
Que, los contratos de prestación de servicios suscritos con se ajustaron a las reglas
del ordinal tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en tanto, se acordó la
prestación de servicios relacionadas con la administración y funcionamiento de la
entidad, pero no existió subordinación, el contratista era autónomo en el desarrollo
de la labor contratada y su vinculación estuvo justificada con el requerimiento de
conocimientos especializados, como los que poseía el demandante y, la
insuficiencia del personal de planta.
Que, el solo hecho de cumplir un horario y realizar ciertas actividades orientadas
por el contratante no demuestra una subordinación, por el contrario, dan cuenta de
que en el desarrollo del objeto contratado es imperativo que las partes coordinen el
cumplimiento de lo pactado.
Propuso como excepciones, la prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo
no debido, buena fe y genérica o innominada.
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Se celebró audiencia inicial el veintiocho (28) de julio de dos mil diecisiete (2.017)
en la cual, se fijó el litigio, se agotó la etapa conciliatoria, se decretaron pruebas y
se programó la audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio
se dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la
cual fue apelada dentro del término oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del veintisiete (27) de
septiembre de dos mil diecinueve (2.019), negó las pretensiones de la demanda.
Luego de efectuar un recuento del marco normativo y jurisprudencial aplicable,
relacionó los contratos celebrados por las partes con sus respectivos objetos y valor
pactado y, a partir de aquello, precisó que se encontraba demostrada la prestación
personal del servicio y la remuneración o contraprestación económica, no así el
elemento de subordinación, pues lo que existió entre las partes fue una relación de
coordinación para la ejecución del objeto contratado, la cual resultaba necesaria
para la adecuada prestación del servicio.
Que, la parte demandante no allegó prueba de las funciones de los tutores de la
planta de personal del SENA, con el propósito de hacer la comparación con las
labores ejecutadas, y en este sentido, no demostró que en el ejercicio de sus
actividades haya estado supeditado al cumplimiento de órdenes y directrices como
se le exige a un empleado habitual.
Que, el señor Algarín Gregori podía ejecutar la labor contratada de manera
autónoma e independiente, por lo que no se estructuraron en su totalidad los
aspectos constitutivos de la relación de trabajo.
Por lo anterior, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación
formulada por el SENA, negó las pretensiones invocadas y condenó en costas al
demandante.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que expresó que está
acreditada la dependencia o subordinación, ya que al ser contratado para
desarrollar los programas jóvenes rurales y formación integral desarrolló el objeto
misional de la entidad; además, empleó la plataforma de «Sofia Plus» en los
procesos de formación a su cargo y cumplió con un horario establecido y
programado por el sistema informático en comento.
Que, la negativa de las pretensiones vulnera el ordenamiento superior, toda vez que
las Altas Cortes en su jurisprudencia han señalado que el juez debe estudiar el
asunto de acuerdo con el derecho vigente y las pruebas, y dentro del plenario se
demostró que tiene derecho a las prestaciones deprecadas al configurarse el
elemento de la relación previamente citado.
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Que, en sus actividades no podía proceder de manera autónoma o independiente,
sino que necesariamente debía ajustarse a las políticas y a la supervisión de los
jefes de núcleo y de su jefe inmediato.
Que los docentes, según lo preceptuado en el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979,
son aquellos que ejercen la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales en los
distintos niveles, con una serie de obligaciones a su cargo, las cuales cumplió en su
caso.
Finalmente, solicita revocar la condena en costas.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
Por auto del veinticuatro (24) de julio de 2.020, se admitió el recurso de apelación
interpuesto, luego se ordenó la presentación de los alegatos por escrito en el
término de 10 días y, vencido este término se fijaron 10 días para el agente del
Ministerio Público.
Alegatos de conclusión.
La parte demandante insiste en que existió una relación laboral encubierta, en tanto
que para la implementación y desarrollo de la formación profesional utilizó la
plataforma «Sofia Plus», que le exigía la selección de estrategias de aprendizaje; la
orientación de procesos de aprendizaje; programar actividades de enseñanza y
evaluación; reportar información académica y administrativa y evaluar la formación
de aprendices.
Que tenía un horario de trabajo de programado por la plataforma en comento de
lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., con grupos
conformados por 25 a 30 alumnos y siempre actuó bajo órdenes directas de los
supervisores y coordinadores del Centro Agroempresarial y Minero, Regional
Bolívar.
Que cumplió las mismas directrices y el mismo horario que los instructores de planta
del SENA. Que estaba sujeto a las políticas de la entidad, sin que pudiera decidir
autónomamente o de manera unilateral las actividades pedagógicas, recibía una
remuneración o pago por la ejecución de la asesoría en los programas de formación
educativa, configurándose un vínculo laboral.
La parte demandada reitera lo manifestado en la contestación de la demanda en el
sentido de afirmar que no se encuentran probados los elementos para declarar una
relación laboral encubierta, en tanto que el demandante al ejecutar los contratos de
prestación de servicios realizó las actividades con autonomía técnica,
administrativa, de forma temporal y sin subordinación; no se le dieron órdenes,
simplemente se supervisó y controló el resultado, contaba con independencia para
fijar las condiciones del cumplimiento del acuerdo pactado conforme al objeto
contractual.
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
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Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá determinar si bajo la apariencia de contratos de prestación de
servicios existió un vínculo laboral entre las partes y como consecuencia de ello, si
la parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
dejadas de percibir con ocasión de esa relación.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la relación
contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad si entre el
actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de prestación de
servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la que procede a
analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia o
subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el elemento
de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación laboral
ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la sentencia
C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa claramente
las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, dice al
respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure
se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente
desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el
elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad
de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.
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Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son
bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias
y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como
por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en
el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada,
así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones
sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación
de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del
contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas para
resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al
pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de
trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.2
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103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha
considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que
permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado
por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo,
ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por
lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en
el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia
de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de
reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,3 la
dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de
los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de
manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así,
cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje
de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los
elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona
que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada
se enmarca en el objeto misional de la entidad.
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108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades
o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de
abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la
práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el
objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación
de servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con
un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con
la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para
ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, es
esencialmente temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se
suscriben con personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en
el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo
necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto
al principio de planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la
elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues
es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que
justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución de
los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones imprevistas que
exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo estimado, ab initio,
como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede resultar insuficiente. En
cualquier caso, las mismas razones que en su momento justificaron la
planeación del contrato inicial y la suscripción de los contratos modificatorios
del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en los mencionados estudios
previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a
cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan,
sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
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Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral como son: una actividad personal, un salario y la subordinación. Así lo
ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir
esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un
contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto
administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se
prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal
del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii)
remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda
configurar un contrato de trabajo.»1.
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación por
parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su calidad, tales
como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Resolución al caso concreto
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer:
Que el demandante prestó sus servicios al SENA entre el 4 de noviembre de 2003
y el 30 de noviembre de 2013, mediante diferentes contratos, los cuales para mayor
claridad se relacionan en el siguiente cuadro:
N.º de Duración2 Objeto Valor
contrato
550 de 1 mes y 9 Capacitación, asesoría técnica, como docente del centro $ 2.763.466
2003 días3 Caisam a los alumnos de los cursos cortos de los municipios
de Mompós, Talaigua Nuevo, Tierra Firme y Cicuco,
dictándoles los módulos de viveros.
Total horas: 264.
739 de 2 meses y Prestar servicio como docente en el centro Caisam dictando $ 2.875.802
2003 27 días4 cultivos promisorios.
1 Sentencia del 28 de octubre 2021.Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
2 Es de anotar que las fechas aquí relacionadas fueron extraídas de las actas de inicio, de liquidación, y de
certificaciones aportadas al proceso.
3 Acorde con la Orden de Trabajo o Servicio No. 550 de 2003.
4 Si bien no se observa en el expediente el contrato en comento, lo cierto es que acorde con la Certificación
fechada 7 de septiembre de 2015, expedida por la subdirectora del Centro Agroempresarial y Minero encargada
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Según la Certificación de la Subdirección del Centro
Agroempresarial y Minero, Regional Bolívar. Total horas: 224.
158 de 3 meses y Capacitación, asesoría y asistencia técnica como docente del $ 2.384.500
2004 16 días centro Caisam a los alumnos de los cursos técnico profesional
en administración de empresas agropecuarias, dictando 110
horas de cultivos II y a los cursos cortos de las zonas norte,
Montes de María, y depresión Momposina dictando 190 horas
de cultivos principales.
581 de 4 meses y Capacitación, asesoría y asistencia técnica como docente del $ 10.333.550
2004 19 días centro Caisam a los alumnos de los cursos cortos del
programa Jóvenes Rurales dictando los siguientes módulos:
el suelo, cultivos de maíz, de yuca, de plátano y prácticas.
1283 de 12 días Capacitación, asesoría y asistencia técnica como docente del $ 753.000
2004 centro Caisam, dictando curso de patios productivos en el
municipio de Clemencia. Total Horas: 60
31 de 30 días5 Capacitación, asesoría y asistencia técnica como docente del $ 2.232.253
2005 centro Caisam, dictando curso de patios productivos en el
municipio de San Jacinto. Módulos: Construcción eras o
trojas, preparación de abono, manejo de cultivos, cosechas.
Total horas: 144
81 de Capacitación, asesoría y asistencia técnica como docente del $ 5.952.676
2005 4 meses y centro Caisam a los alumnos a los alumnos del curso de
12 días agricultura orgánica en el municipio de Soplaviento. Módulos:
Agricultura ecológica (30h), técnicas de empleo de agricultura
ecológica (60h), canales comerciales (30h), limpieza materia
orgánica (30h), elaboración de biofertilizantes (150h),
practicas (84h). Total horas: 384.
369 de 5 días Capacitación, asesoría y asistencia técnica como docente del $ 463.200
2005 centro Caisam a los alumnos del curso de producción
agropecuaria en énfasis en frutas y hortalizas en el municipio
de Margarita. Talleres de Inducción. Total horas: 30
375 de 7 meses y Capacitación, asesoría y asistencia técnica como docente del $ 13.021.478
2005 3 días centro Caisam a los alumnos del curso de producción
agropecuaria en énfasis en frutas y hortalizas en el municipio
de Margarita. Módulos: siembra ecológica de cultivos (150h),
preparación ecológica de suero (230h), establecimiento de
cultivos (230), manejo ecológico de cultivos (230h). Total
horas: 840
533 de 3 meses y Impartir capacitación como docente del centro Caisam a $ 6.259.200
2006 7 días alumnos del curso del cacao en el municipio de Río Viejo,
corregimiento de Santa Elena. Módulos: condiciones
agropecuarias básicas (30h), establecimiento de jardín clonal
y vivero (54h), establecimiento de plantación (90h),
aprovechamiento de cultivo (90h), beneficio de la producción
(90h), comercialización (30h).
721 de 30 días6 Capacitación y asesoría a población seleccionada para el $ 2.258.398
2006 programa de tecnólogo en administración de empresas
agropecuarias en el tema sistema de producción agrícola, en
el municipio de Santa Rosa Sur.
113 de 3 meses y Desarrollar 300 horas de los módulos técnicos del curso de $ 5.155.038
2007 2 días cultivo de cacao en el municipio de Río Viejo (Buena Seña).
462 de 2 meses y Prestar los servicios como asesor tutor formación titulada en $ 7.732.556
2007 12 días producción agrícola con 450 horas en el municipio de
Zambrano en Jóvenes Rurales.
10 de 8 meses y Impartir el curso del programa de formación titulada técnico $ 18.222.299
2008 17 días profesional en producción agrícola ecológica en los módulos
de siembra ecológica de cultivos (215h), manejo ecológico de
cultivos (322h), regulación ecológica de poblaciones
asociadas a cultivos (348h), evaluación para la aplicación de
normas de calidad en la agricultura ecológica (125h).
594 de 1 mes y 6 Prestar los servicios como asesor tutor para atender el $ 3.608.376
2008 días programa de patios productivos formación complementaria,
del Sena, Regional Bolívar, la cual incluye: i) número de contrato, ii) objeto, iii) valor, iv) plazo, v) fecha de inicio,
y vi) fecha de terminación (folios 153 a 157), se tiene por probada la prestación de los servicios del demandante
por ese lapso.
5 Se destaca que ese es el lapso pactado en el contrato señalado, toda vez que en la certificación tantas veces
aludida, se especifica que fue entre el 2 y el 30 de mayo de 2005 (folio 154).
6 El plazo de ejecución de acuerdo con el acta de inicio obrante a folio 44.
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apoyo retorno El Salado, en los cursos de patios productivos
del programa de seguridad alimentaria en los módulos
construcciones y adecuación de trojas, preparación de
abonos orgánicos, siembra de hortalizas, manejo de cultivos,
cosecha y comercialización en el Carmen de Bolívar.
18 de 9 meses y Prestar los servicios de carácter temporal como asesor tutor $ 24.089.976
2009 9 días impartiendo formación profesional integral en los programas
de formación titulada, en los cursos y módulos del Anexo 1.
Módulos: Establecer cultivos en correspondencia con
principios de la agroecología y controlar poblaciones
asociadas a cultivos conforme a normatividad en los
municipios de Arroyo Hondo y El Peñón.
045 de 4 meses y Prestar los servicios de carácter temporal como instructor en $ 11.295.000
2010 13 días la especialidad de ingeniero agrónomo para ejecutar acciones
de formación en la programación de cursos de formación
titulada año 2010 del Centro Agroempresarial y Minero del
Sena Regional Bolívar, en los cursos y módulos del Anexo 1.
Módulos: Criterios, Estándares Ecológicos y Técnicos y
normas en el municipio de Turbaco.
424 de 4 meses Prestar los servicios de carácter temporal como instructor $ 10.040.000
2010 impartiendo formación integral en el programa de Integración
con la Educación Media, en el área agrícola que se
desarrollará en el departamento de Bolívar.
46 de 4 meses y Prestar los servicios profesionales de carácter temporal en el $ 11.547.674
2011 14 días programa de Integración con la Educación Media Técnica en
producción agropecuaria […] y brindar apoyo cuando el Sena
lo requiera en la elaboración y actualización de diseños
curriculares, asesoría en la formulación de planes de
negocios, evaluación y auditoría de normas de competencia
laboral, asesoría y seguimiento de las empresas creadas por
los centros de formación […]
437 de 5 meses […] instructor para desarrollar acciones de formación $12.926.500
2011 profesional integral de la media técnica en los programas de
Técnico en Producción Agropecuaria y Técnico en
Explotaciones Agropecuarias Ecológicas, que se llevan a
cabo en las Instituciones Técnicas Agropecuarias Integradas
con el Centro Agroempresarial y Minero del Sena.
27 de 5 meses y Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para $ 13.780.001
2012 9 días desarrollar competencias en el programa de Formación
Titulada en el área agrícola en los diferentes municipios del
departamento de Bolívar.
525 de 4 meses y Prestar los servicios de carácter temporal para desarrollar $ 14.860.267
2012 29 días competencias en el área agrícola, en el programa de
390 de 10 meses formación titulada y acompañamiento técnico pedagógico a $ 30.817.000
2013 los docentes de las instituciones educativas vinculados al
desarrollo de los programas articulados para el segundo
semestre 2012 y 2013, respectivamente.
De dichos contratos se puede evidenciar el acuerdo de voluntades tendiente a
obtener la prestación de un servicio personal a cambio de una remuneración.
Teniendo en cuenta los argumentos de la apelación, se procederá a examinar la
subordinación.
Para tales efectos, se cuenta con el interrogatorio absuelto por el señor Guillermo
José Algarín Rojas, en el que afirmó que estuvo vinculado como instructor del SENA
en el área agropecuaria, impartiendo formación profesional técnica y tecnológica,
denominada formación titulada y, en el desarrollo de esa actividad, debía cumplir
con un horario de lunes a viernes de ocho horas diarias, de 8:00 a m. a 12:00 p. m.
y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
Que, para el cobro de la remuneración debía cumplir una serie de requisitos, como
era el pago de la seguridad social, las evidencias fotográficas, videos, firmas de
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actas, listado de asistencias y el reporte de ejecución mensual, documento
determinado por la Institución, firmado por el supervisor y el coordinador académico
de turno, en el que se registraban las fechas y las labores que se realizaban en el
mes.
Que, no tenía la posibilidad de determinar los horarios y las formas de la prestación
del servicio y el cumplimiento y diseño de las jornadas académicas estaba a cargo
del supervisor de turno. Que, existían unas estructuras curriculares denominadas
«pensum», en la que aparecían todos los resultados y las actividades que debía
ejecutar mes a mes y los sitios en los que se realizarían.
Asimismo, fueron allegados los reportes de ejecución mensual del asesor-tutor
Algarín Gregori de algunos meses de los años 2009, 2010 y 2011, con los siguientes
ítems: i) nombre del curso; ii) nombre del módulo; iii) municipio; iv) salón de clase;
v) horario; vi) fecha; vii) días; y viii) horas. 7 Además, obran los informes mensuales
de actividades de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2013, en los
que se describen las actividades realizadas en esos períodos, de acuerdo con el
objeto contractual. 8
Finalmente, se encuentran varias certificaciones expedidas por directivos o rectores
de algunos centros o instituciones educativas del departamento de Bolívar, en las
que se indica que el demandante realizó labores de capacitación en diversos cursos
relacionados con la especialidad agropecuaria y que permaneció por ciertos
interregnos en las instalaciones educativas, sin precisar horarios o condiciones
impositivas frente a fecha, hora o lugar.
Los anteriores medios probatorios solo refuerzan la existencia de uno de los
elementos configurativos de la relación laboral, esto es, la prestación personal del
servicio por parte del demandante.
Tal y como se desprende de los objetos contractuales relacionados en el cuadro
que antecede, se tiene que el señor Guillermo José Algarín Gregori fue contratado
por el SENA, con el fin de presar sus servicios como instructor en áreas relacionadas
con la especialidad agropecuaria, en diversos cursos cortos o programas dirigidos
a una población específica en el distrito de Cartagena y varios municipios de Bolívar,
con el objeto de atender sus programas misionales de formación.
También se visualiza que las obligaciones definidas en los acuerdos bilaterales
comprenden en su totalidad actividades encaminadas a satisfacer la intencionalidad
contractual entre las partes, sin que se evidencien componentes adicionales o
diferentes a los necesarios para la ejecución efectiva de la labor.
En ese sentido, si bien el declarante afirmó que cumplía con un horario y que la
estructura académica era previamente diseñada por la entidad y, se evidencia la
entrega de algunos informes durante la ejecución contractual del año 2013, ninguno
de estos elementos significa per se, que se presentó una relación laboral, porque
en el desarrollo de las actividades en un contrato de prestación de servicios debe
7 Folios 77 a 79, 82, 84, 86, 105, 108, 110, 113, 116, 134, 137, 141, 144, 145, 166, 167, 170, 171, 174 y 178
del expediente administrativo.
8 Folios 275 a 279, 281 a 285, 287 a 291, 293 a 298, 300 a 303 y 306 a 311 del expediente administrativo.
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existir una relación de coordinación entre contratante y contratista, de manera que
el contratista se somete a unas condiciones preestablecidas para el desarrollo de la
actividad encargada, en las que pueden incluirse el cumplimiento de un horario, o
el recibir instrucciones por personal de la entidad, sin que signifique necesariamente
la configuración de un elemento de subordinación.
Se precisa que no obran en el expediente documentos u otro material probatorio
que dé cuenta que el demandante tuviese que adecuarse de manera irrestricta al
horario que impartiera la entidad, por el contrario, las probanzas dan cuenta que la
contratación del señor Algarín Gregori se definió por un número determinado de
horas de formación o instrucción, según el módulo o curso a impartir, sin establecer,
por regla general, plazos máximos para ello.
Además, si bien en las últimas contrataciones suscritas por las partes, relacionadas
con la formación y asesoría en proyectos productivos, montaje de unidades
productivas y planes de negocio, se definió de manera específica un plazo de
ejecución, tal cláusula tampoco constituye prueba suficiente del cumplimiento de
horarios por parte del recurrente.
De acuerdo con lo anterior, de la sola lectura de los contratos de prestación de
servicios, de las certificaciones laborales e informes de ejecución del año 2013,
únicos elementos de juicio allegados al proceso, no es posible extraer con un
mínimo grado de certeza que se le exigiera al demandante que ejecutara el objeto
contractual con unas condiciones de tiempo y modo impuestas por la entidad y, en
tal sentido, no se demostró que el SENA hubiera ejercido una imposición decisiva
sobre la manera en la que el demandante debía desarrollar sus actividades, más
allá de las instrucciones que se le impartieron en los contratos.
Se enfatiza, igualmente, en que el señor Guillermo José Algarín Gregori poseía unos
conocimientos especializados como ingeniero agrónomo, los cuales le permitieron
no solo impartir cursos en esa área de conocimiento a la población en general, sino,
ayudar a diseñar los programas curriculares, asesorar a la entidad y contribuir a la
formación de educadores e instructores, de manera que tampoco puede entenderse
que existió una relación subordinada con el SENA.
Por otra parte, en lo que atañe al argumento del recurrente sobre el cumplimiento
de actividades propias de la función misional de la entidad, es claro que la
demandada ofrece programas de formación en sus líneas técnicas y tecnológicas,
pero también lo es que desarrolla otro tipo de formación, la cual se adecua a las
necesidades sobrevivientes de los grupos sociales de interés, cuya atención
gestiona conforme los requerimientos de la comunidad, como es el caso de los
cursos o capacitaciones temporales o esporádicos.
Luego, conforme lo ha expresado esta Subsección en otras oportunidades 9, la
vinculación de instructores, por ser indispensable para la ejecución de su objeto
principal, puede darse a través de una relación legal y reglamentaria o, mediante
contrato de prestación de servicios, pues ello ha sido permitido y reglamentado por
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 11 de marzo de 2021, expediente 2016-
00214, y del 7 de julio de 2022, expediente 2018-00033.
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el Estatuto General de Contratación y los manuales de funciones y circulares
expedidos por el SENA.
De esta manera, dada las particularidades de la vinculación del demandante y los
objetos contractuales descritos en precedencia, no puede concluirse la existencia
de una relación laboral encubierta, derivada del desarrollo de la actividad de
capacitación, asesoría o tutoría en diversos cursos y módulos de especialidad
agropecuaria.
Es igualmente relevante destacar que la Subsección10 ha sido consistente al señalar
que, en el caso de los formadores del SENA vinculados a través de contratos de
prestación de servicios, los mismos tienen la carga de probar que se encontraban
bajo una continua subordinación y dependencia respecto de los funcionarios de la
entidad. Sin embargo, en el presente caso, no encuentra en el expediente medios
de prueba con la suficiente entidad que permitan aseverar que el señor Guillermo
José Algarín Gregori se encontraba en una relación de sujeción directa frente a la
prestación del servicio, pues los documentos contractuales, las certificaciones y los
informes de gestión, dan cuenta únicamente que estaba obligado a cumplir el objeto
negocial relacionado con las actividades como instructor/tutor, en el número de
horas destinado al curso o modulo y/o dentro del plazo respectivo.
La Sala echa de menos, en el presente caso, elementos de prueba tendientes a
acreditar la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, bien sea a
través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, la imposición de reglamentos internos,
o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi. En ese punto, se precisa que
si bien a folio 99 del expediente obra la Circular 2000-3975 del 18 de diciembre de
1997, en la que la Secretaría Regional de Bolívar solicitó a todo el personal del
SENA, empleados de planta y contratistas, el ingreso a sus labores a las 8:00 a.m.,
y el desempeño de sus actividades dentro del horario normal de trabajo previsto
para la institución, tal directriz se impartió tiempo antes de que el demandante
suscribiera el primer contrato con la entidad demandada, por lo que no puede
considerarse para lo que aquí se discute.
Igualmente, tampoco hay certeza de que la directriz hubiera seguido vigente para la
fecha en la que el demanda suscribió los contratos de prestación de servicios con
el SENA y, mucho menos, de que se hubiera cumplido. Es más, existe suficiente
evidencia para concluir que esa regla no cobijó al señor Guillermo José Algarín
Gregori, pues la labor contratada no se ajustó a un horario riguroso, como se explicó
antes, y, el objeto contractual, en su mayoría, se dirigió a cursos cortos o asesorías
que no exigían una jornada de 44 horas semanales como lo sugiere el demandante.
Por último, en lo que atañe al uso del aplicativo «Sofía Plus», el cual es usado por
los instructores o tutores de planta del SENA, ello no reviste necesariamente un
aspecto que equipare la relación laboral de aquellos con la contractual del señor
Algarín Gregori, por cuanto, como así lo indicó el recurrente, el uso de dicho
aplicativo deviene de la necesidad de programar y definir las actividades de
10 En ese sentido se pronunció la Subsección, entre otras, en las sentencias del 7 de julio de 2022, expediente
5743-2019 y, del 3 de octubre de 2022, expediente 2611-2016.
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enseñanza y de evaluar a los aprendices en los cursos dictados por la entidad, sin
que comprende un elemento que permita verificar la subordinación.
Sobre la condena en costas de primera instancia
En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular ac udirá
a la tesis que se había sostenido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
2080 de 2021, pues se entiende que la decisión de primera instancia fue proferida
en ejercicio de la autonomía propia del juez de origen, previamente a la referida
circunstancia.
Es decir, resultaba acertado al momento de la expedición de la sentencia apelada
(27 de septiembre de 2019), asumir que en virtud del criterio objetivo valorativo para
la imposición de las costas, debía excluirse el elemento subjetivo de la mala fe o la
temeridad de las partes y que en consecuencia procedía la referida condena contra
el demandante por haber resultado vencida en juicio y haberse demostrado la
causación de las agencias en derecho conforme a las previsiones del artículo 188
del CPACA y 365 del CGP.
Con lo anterior, se da respuesta a todas las inconformidades planteadas en el
recurso de apelación y, en consecuencia, se confirmará la sentencia de primera
instancia.
De la condena en costas de segunda instancia
Sin perjuicio de lo anterior, respecto de la imposición de la referida carga en esta
oportunidad, se recuerda que dicho criterio fue variado con la adición introducida
por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas
es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta
carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art.188 de la Ley
1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio enunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación y de los alegatos de conclusión que no se presenta una
carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a
ello, ambas partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa
jurídica de sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en
esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero. Confirmar la sentencia del veintisiete (27) de septiembre de dos mil
diecinueve (2.019) proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las
pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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