Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00481-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00481-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2014-00481-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00481-01 (1995-2018)
Demandante: Efraín Pérez Trujillo
Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Tema: Relación laboral encubierta – instructor del SENA –
revoca sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada contra la sentencia
dictada el 29 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
que accedió a las pretensiones de la demanda. Se anuncia que se revocará dicha
providencia.
II. ANTECEDENTES
Demanda
1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio
2-2014-007067 del 3 de julio de 2014 expedido por la entidad accionada, por
medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral
desde el 21 de octubre de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2013 y el pago de
las acreencias laborales y prestacionales consecuentes, lapso durante el cual se
desempeñó como instructor.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) pagar a su favor los
salarios, prestaciones sociales y viáticos que devengaba un empleado de planta,
más los aportes a seguridad social, la sanción moratoria prevista en la Ley 244
de 1995, la indemnización por despido injustificado y la «indemnización por el
retraso en el pago»; ii) reembolsar las sumas que le fueron descontadas por
concepto de retención en la fuente «y Ley Cuarta»; iii) indexar los valores que se
reconozcan; y iv) condenar en costas a la parte demandada.
3. Como concepto de la violación argumentó que el acto acusado infringió
normas constitucionales1 porque suscribió contratos de prestación de servicios
1 Artículos 1, 2, 6, 11, 12, 13, 16, 20, 25, 29, 37, 38, 53, 90, 93, 95, 122 a 125, 365 y 366 de la Constitución
Política; 17 de la Ley 6.ª de 1945; 15 de la Ley 70 de 1988; 10, 27, 74, 127, 143 y siguientes del Código
Sustantivo del Trabajo; 1 del Decreto 2767 de 1945, 61 del Decreto 1469 de 1978 y 2 del Decreto 1775 de
1990; las Leyes 21 de 1982, 29 de 1989, 91 de 1989 y 80 de 1993; los Decretos 1950 de 1973, 2277 de
1979, 898 de 1981, 1978 de 1989, 1902 de 1994, 707 de 1996, 1381 de 1997 y 0343 de 1998; la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; los Convenios 87, 98, 100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo; y la Resolución
5600 de 1997.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00481-01 (1995-2018)
Demandante: Efraín Pérez Trujillo
con la demandada para realizar actividades propias de su misión institucional, de
manera personal, bajo continuada subordinación, a cambio de unos honorarios y
en igualdad de condiciones a los empleados de planta.
Contestación de la demanda
4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones por los siguientes
motivos: i) el oficio enjuiciado no es un acto administrativo; ii) no existió una
relación de trabajo porque los contratos de prestación de servicios se celebraron
conforme con la Ley 80 de 1993, teniendo en cuenta que el personal de planta
resultaba insuficiente para realizar actividades que requerían conocimientos
especializados; iii) el actor no desarrolló las tareas bajo subordinación, ya que
cumplió las obligaciones contractuales con independencia y autonomía
administrativa, técnica y financiera; iv) el cumplimiento de horarios y de ciertas
actividades orientadas por la entidad no genera automáticamente una
subordinación; v) los honorarios tienen naturaleza jurídica diferente a los salarios
percibidos en una relación laboral; y vi) el accionante no es empleado público ni
trabajador oficial.
5. En ese contexto, propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de
la obligación, buena fe, cobro de lo no debido y la genérica.
Sentencia apelada
6. Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2017, el Tribunal declaró la
nulidad del acto acusado y la existencia de una relación laboral entre el actor y la
entidad accionada desde el 26 de junio de 2007 hasta el 25 de enero de 20132,
por encontrar demostrados sus elementos.
7. En consecuencia, ordenó pagar las prestaciones sociales calculadas con
base en los honorarios, computar el lapso mencionado para efectos pensionales
y efectuar las respectivas cotizaciones con destino al sistema de seguridad
social. Asimismo, condenó en costas a la parte vencida y negó las demás
pretensiones.
8. El Tribunal consideró que la continuada subordinación se demostró porque
el actor impartía formación profesional como lo hacían los instructores de planta,
según la programación y los parámetros indicados por el supervisor de los
contratos y entregaba reportes de sus actividades, de lo cual dependía el pago
de los honorarios, labores que no eran transitorias puesto que el vínculo
contractual se extendió por más de cinco (5) años.
9. Por otra parte, sostuvo que no se configuró la prescripción porque la
ejecución del último contrato terminó el 25 de enero de 2013 y la reclamación
administrativa se presentó el 18 de junio de 2014.
2 El Tribunal limitó el reconocimiento hasta esta fecha porque así lo solicitó el actor en la reclamación
administrativa. Puntualmente, en la sentencia de primera instancia indicó que «[d]icho cambio en la fijación
del litigio obedece a que a la administración no puede sorprenderse con una petición en sede judicial, mayor
a la elevada en sede administrativa».
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Demandante: Efraín Pérez Trujillo
Recurso de apelación
10. Inconforme con la decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación porque las pruebas no demuestran la subordinación, sino la existencia
de un vínculo contractual con el actor, por corto tiempo, el cual estuvo justificado
por la insuficiencia de personal de planta para atender a la población desplazada.
11. Manifestó que contrataba un número mínimo de horas, pero no le imponía
un pénsum y una jornada de trabajo al actor, sino que este concertaba con la
comunidad los horarios en que impartía las capacitaciones; y que los instructores
de planta y los contratistas tienen cargas horarias diferentes debido a que
aquellos imparten capacitaciones largas y tituladas, mientras que los últimos
ofrecen cursos cortos en programas especiales.
12. Indicó que los objetos contractuales fueron diferentes y que no existe
prueba de llamados de atención, memorandos o imposiciones que desvirtuaran
la autonomía del contratista.
Intervención en segunda instancia
13. En sus alegatos, el actor reiteró los argumentos de la demanda y solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia y aplicar la tesis desarrollada en la
Sentencia CE-SUJ2 N.º 5 de 2016.
14. La entidad demandada y el ministerio público guardaron silencio en esta
etapa.
III. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
15. La Sala debe definir si la providencia objeto de reproche incurrió en los
yerros que le endilgó la parte demandada. En ese sentido, se deberá establecer
si el actor demostró la continuada subordinación en la prestación del servicio.
El caso concreto
16. De acuerdo con las pruebas documentales aportadas al proceso, el
accionante suscribió los siguientes contratos de prestación de servicio con la
entidad accionada:
Contrato u orden de Duración Objeto
servicios
299 del 26 de junio de 2007 26/6//2007 al 24/8/2007 Impartir módulos de gestión empresarial en el
curso Gestión Básica en Procesamiento de
Frutas y Hortalizas del programa Jóvenes
Rurales
382 del 25 de septiembre de 25/9/2007 al 30/12/2007 Acompañar y asesorar en la parte
2007 empresarial a los aprendices del programa
Jóvenes Rurales con acciones de supervisión
y seguimiento
52 del 7 de febrero de 2008 7/2/2008 al 12/4/2008 Impartir el curso del programa de Formación
Titulada en el Curso Técnico Profesional en
Administración de Empresas Agropecuarias,
Técnico Profesional en Administración de
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Demandante: Efraín Pérez Trujillo
Empresas Agropecuarias y Técnico
Profesional en Procesamientos de Alimentos
000179 del 28 de mayo de 28/5/2008 al 20/12/2008 Asesor tutor para desarrollar el programa de
2008 Técnico en Promoción para el Desarrollo
Empresarial Rural
196 del 14 de mayo de 2009 14/5/2009 al 18/12/2009 Asesor tutor para impartir formación
profesional en el curso Técnico en
Comercialización de Alimentos
81 del 22 de enero de 2010 22/1/2010 al 30/12/2010 Asesor tutor para impartir formación
y otrosí del 3 de marzo de profesional en el Área de Emprendimiento y
20103 Gestión Empresarial, en cursos y módulos
000095 del 16 de febrero de 22/2/2011 al 2/7/2011 Instructor en programas de formación
2011 titulados y/o complementarios, elaboración /o
actualización de diseños curriculares y
asesorías
000511 del 15 de julio de 18/7/2011 al 16/12/2011 Instructor en programas de formación
2011 titulados y/o complementarios, elaboración /o
actualización de diseños curriculares y
asesorías
000030 del 20 de enero de 23/1/2012 al 4/7/2012 Servicios profesionales para desarrollar
2012 competencias en el programa de formación
titulada en el área empresarial
000711 del 3 de septiembre 5/9/2012 al 14/12/2012 Servicios personales para desarrollar
de 2012 acciones de formación profesional integral en
el área de gestión empresarial
000302 del 25 de enero de 25/1/2013 al 15/12/2013 Servicios personales para desarrollar
2013 acciones de formación profesional integral en
el área de gestión empresarial
17. Quien solicite la declaración de una relación laboral encubierta debe
demostrar la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios en
razón a la ejecución de las tareas bajo continuada subordinación; sin embargo,
del análisis integral de las pruebas recaudadas (documentales y testimonial), la
Sala concluye que el accionante no acreditó dicho elemento por las siguientes
razones:
18. En primer lugar, es necesario aclarar que en el proceso solo se recibió la
declaración de un testigo4, pero este únicamente pudo dar cuenta del período en
que se desempeñó como supervisor del actor5 (contratos 196 de 2009 y 81 de
2010)6. Frente al tiempo restante invocado en la demanda no pudo conocer las
razones de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos objeto de
controversia.
19. Es pertinente señalar que la entidad accionada contrataba al demandante
por un número concreto de horas para que impartiera cursos de formación a
poblaciones rurales y desplazadas, a excepción del período en que realizó
actividades de supervisión y seguimiento en tales programas (contrato 382 de
2007).
20. Ahora bien, de las obligaciones pactadas no es posible deducir la inserción
del accionante en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la demandada,
pues en el expediente no se encuentra prueba alguna de que esta última hubiera
realizado acciones indiciarias de subordinación como la emisión de órdenes o la
3 «CLÁUSULA PRIMERA: Modificar el sitio de ejecución y el programa o curso del contrato que inicialmente
estaba pactado en los Municipios de: San Cristóbal y San Pablo Cabecera para desarrollar el curso
Tecnológico en administración de Empresas Agropecuarias y el curso Tecnólogo en Producción Agrícola
respectivamente y a partir de la fecha se ejecutará en el Municipio de: Cartagena para seguir desarrollando
el curso Tecnólogo en Formulación y Evaluación de Proyectos plan 250,000».
4 Señor Óscar Redondo Bermúdez.
5 Así lo aclaró el testigo en su declaración.
6 Ver hechos 1.4., y 1.5., de la demanda.
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demostración de llamados de atención que determinaran el modo en que se
tenían que adelantar las labores, etc7.
21. Aunque el accionante aportó una circular expedida por la secretaria
regional de la entidad demandada a través de la cual se requirió a los funcionarios
y contratistas para que cumplieran el horario de trabajo, dicho documento fue
emitido el 18 de diciembre de 1997, es decir, diez (10) años antes de que las
partes suscribieran el primer contrato de prestación de servicios, de suerte que
ese llamado de atención no iba dirigido a aquel.
22. Por otra parte, las pruebas documentales y el testimonio dan cuenta de
que el demandante rendía informes sobre la ejecución de las actividades y ello
le permitía solicitar el pago de los honorarios, circunstancia que tampoco
demuestra la continuada subordinación, sino la coordinación propia de los
contratos de prestación de servicios, la cual propende al cumplimiento eficiente y
eficaz de las tareas pactadas8.
23. En consonancia con lo anterior, el testigo manifestó que el demandante no
cumplía un horario determinado, sino que concertaba con las comunidades
beneficiarias los momentos en que realizaba los cursos de formación y tenía tal
grado de flexibilidad que entre ellos podían definir si las actividades se
desarrollaban en las mañanas o en las tardes, según la disponibilidad de los
aprendices, quienes residían en zonas rurales y tenían sus propias rutinas de
trabajo.
24. Adicionalmente, el testigo indicó que la entidad demandada no le pagaba
viáticos al actor, pues solo le reconocía un valor por los desplazamientos (ida y
regreso) que a veces demandaban las actividades convenidas y este último
asumía los gastos en que incurría por su estancia en esos lugares.
25. Asimismo, el testigo señaló que las labores de los instructores de planta
diferían de las que ejecutaban los contratistas, pues aquellos cumplían un
horario, se les reconocían horas de alistamiento e impartían programas más
largos que conllevaban titulación, mientras que estos últimos no tenían horarios
y realizaban cursos cortos dirigidos a determinadas poblaciones, como jóvenes
rurales, víctimas en condición de desplazamiento, etc.
26. Al analizar el testimonio practicado en el trámite del proceso, se considera
que las manifestaciones que fueron realizadas no permiten llegar a la conclusión
de que verdaderamente se presentó una relación laboral encubierta, porque de
estas no es posible advertir la imposición de órdenes en cualquier momento en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, así como de reglamentos.
27. Por lo anterior, prospera el recurso de apelación porque el demandante no
demostró que la entidad accionada hubiera ejercido una continuada
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación
SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, expediente 05001-23-33-000-2013-001143-01 (1317-
2016).
8
Así lo ha decidido esta Subsección en casos similares: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, i) sentencia del 5 de octubre de 2023, expediente 13001-
23-33-000-2014-00541-01 (1611-2020); y ii) sentencia del 11 de marzo de 2021, expediente 18001-23-33-
000-2016-00214-01 (0008-2019).
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subordinación sobre él durante el desarrollo de las actividades convenidas,
motivo por el cual se revocará la sentencia de primera instancia (incluida la
condena en costas) y se negarán las pretensiones.
Condena en costas
28. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil (hoy Código General del Proceso); y que en todo caso la condena al
respecto se impondrá «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
29. Al revisar el caso concreto se considera que los fundamentos expuestos
por ambas partes procesales, en la demanda y el recurso de apelación, no
carecen de fundamento legal, sino que comportan argumentaciones válidas y
coherentes dirigidas a defender sus intereses, lo que lleva a no imponer condena
en costas en primera y segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar. En su lugar,
SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO. Sin condena en costas en primera y segunda instancia.
CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado conductor
del proceso en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
6
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