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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-02148-01

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-02148-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 29 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Rodrigo Castrillón Gómez, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia. 8 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 05001 23-33-000-2018-02148-01 (5564-2023) Demandante: Rodrigo Castrillón Gómez TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-02148-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

13 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001 23-33-000-2018-02148-01 (5564-2023)
Demandante: Rodrigo Castrillón Gómez
Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formas –
instructor del SENA.

Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia porque no se
acreditó el elemento de la continuada subordinación.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la
sentencia de primera instancia del 4 de julio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio
2-2018-000487 del 20 de abril de 2018, expedido por la entidad accionada, por
medio del cual se negó el reconocimiento de la desnaturalización de los contratos
de prestación de servicios suscritos entre el 17 de junio de 2009 y el 2 de
diciembre de 2015 y el pago de las prestaciones consecuentes, lapso durante el
cual se desempeñó como instructor de panadería.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó declarar que durante el
periodo mencionado se configuró una verdadera relación de trabajo entre él y la
demandada; y pagar los emolumentos laborales dejados de percibir, incluidos
salarios, prestaciones sociales1 e indemnizaciones2.

3. Como concepto de la violación argumentó que el acto acusado desconoció
las normas en que debía fundarse3, teniendo en cuenta que entre 2009 y 2015
celebró múltiples contratos de prestación de servicios con el SENA, los cuales
desarrolló bajo una continuada subordinación y dependencia, evidenciada en el

1 Cesantías e intereses sobre estas, prima de servicio, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad,

prima de localización, quinquenio y demás prestaciones que se le reconozcan a un empleado de planta de
la entidad accionada.
2 Indemnización por no haber pagado oportunamente los salarios y las prestaciones sociales e

indemnización por la falta de pago o consignación de las cesantías.
3 Artículos 53 de la Constitución Política; 99 y 102 de la Ley 50 de 1990; Ley 244 de 1995; y Decreto 2127

de 1945.

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Demandante: Rodrigo Castrillón Gómez

cumplimiento del horario laboral y en la sujeción a las «políticas, lineamientos,
reglamentos y demás órdenes e instrucciones» impartidas por sus superiores.

4. Afirmó que desempeñó sus funciones de manera personal y remunerada,
dentro de sus instalaciones y con los medios de trabajo proporcionados por dicha
entidad.

Contestación de la demanda

5. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda
argumentando que la relación que surgió entre las partes no fue de naturaleza
laboral, sino la prevista en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que
autoriza la contratación de personas naturales para desarrollar actividades que
requieran conocimientos especializados.

6. Explicó que las funciones asignadas al señor Castrillón Gómez se fijaron
de común acuerdo y en atención a su formación profesional, por lo que gozaba
de autonomía e independencia en la ejecución de las mismas. Añadió que no
existió continuidad en la prestación del servicio, toda vez que cada contrato
estableció de forma expresa su carácter temporal y la duración convenida.

7. En ese contexto, propuso las siguientes excepciones: ausencia del
derecho sustancial; inexistencia de un vínculo legal entre la indemnización que
se pretende y la conducta desplegada por el SENA; caducidad; prescripción;
inexistencia de relación laboral; falta de causa para pedir; inexistencia de
subordinación; y demás que resulten probadas dentro del proceso.

Sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la
demanda mediante la sentencia del 4 de julio de 2023.

9. Como argumento principal sostuvo que, si bien el señor Rodrigo Castrillón
Gómez acreditó haber suscrito entre 2009 y 2015 diversos contratos con el
SENA, mediante los cuales prestó servicios como instructor de manera personal
y recibió por ello una retribución, no demostró la existencia de subordinación
continuada, condición indispensable para que se ordene el restablecimiento de
su derecho.

10. Indicó que al expediente únicamente se allegaron los contratos de
suscritos, sus estudios previos e informes de actividades, documentos que por sí
mismos no acreditaban la impartición de órdenes o instrucciones, la imposición
de un horario laboral, las consecuencias por incumplimiento, la obligatoriedad de
asistir a reuniones ni la exigencia de solicitar permisos.

11. Señaló que, aunque en los contratos se incluyó la obligación del actor de
cuidar y conservar los implementos asignados, tal deber no constituía prueba de
subordinación, pues no se acreditó cuáles elementos fueron suministrados por la
entidad ni su uso efectivo por parte del contratista. Por el contrario, en los
informes de ejecución de los contratos 177 y 121, el demandante reportó como

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Demandante: Rodrigo Castrillón Gómez

dificultad la falta de materiales para desarrollar sus funciones o que incluso debía
gestionarlos con terceros.

12. Igualmente, el Tribunal concluyó que no existió continuidad en la
prestación del servicio, al verificar que hubo interrupciones superiores a treinta
(30) días entre la terminación y celebración de cada contrato. Además, no se
demostró que las actividades del actor fueran idénticas a las de los empleados
de planta.

13. Por último, condenó en costas a la parte actora.

Recurso de apelación

14. Inconforme con la decisión, el accionante interpuso recurso de apelación
aduciendo que el a quo incurrió en una indebida valoración probatoria, al omitir
la apreciación de la respuesta al derecho de petición emitida por el SENA, en la
cual se evidenció la tercerización del objeto misional, dado que la entidad no
contaba con personal de planta suficiente para atender la demanda de formación
de los aprendices.

15. En el mismo sentido, sostuvo que al expediente se allegaron «órdenes»
en las que constaba la obligatoriedad de asistir «a charlas y capacitaciones con
los demás empleados de planta», pero que no fueron apreciadas.

16. Alegó que, contrario a lo sostenido por el Tribunal, el suministro de
implementos y equipos de panadería y pastelería por parte del SENA evidenciaba
la ausencia de autonomía del actor, pues a su juicio, un contratista ejecuta sus
funciones con elementos de trabajo propios. Sobre este aspecto, estimó
desproporcionada la exigencia de identificar los materiales faltantes.

17. Manifestó que las interrupciones entre cada contrato no impedían la
declaración de la desnaturalización del contrato de prestación de servicios, pues
correspondía estudiar si había operado la prescripción respecto de los periodos
más antiguos.

18. En consecuencia, solicitó revocar la decisión apelada y acceder a las
pretensiones de la demanda.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

19. En auto del 16 de noviembre de 2023, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante4.

20. El agente del Ministerio Público en concepto 024-2024 del 29 de
septiembre de 20245 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al
estimar que el actor no cumplió con su carga de demostrar el elemento de la
continuada subordinación.

4 Índice 5 del aplicativo Samai.
5 Índice 10 del aplicativo Samai.

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Demandante: Rodrigo Castrillón Gómez

III. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.

Problema jurídico

22. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si el Tribunal realizó una indebida valoración
de las pruebas relativas a la continuada subordinación en la prestación del
servicio.

23. En caso de establecerse que esta se demostró, deberá examinarse si: (i)
hay lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones consecuentes; y (ii) operó
la prescripción respecto de algunos periodos de vinculación.

Análisis del problema jurídico

24. La Sala confirmará la decisión apelada porque las pruebas que obran en
el expediente no permiten acreditar la continuada subordinación durante la
ejecución de los objetos contractuales.

25. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, se estima necesario destacar
que el señor Rodrigo Castrillón Gómez suscribió los siguientes contratos de
prestación de servicio con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA):

Vinculación Duración Objeto Valor total
Contrato de 24/06/09 al 19/12/09 Impartir formación $10.511.880
prestación de (600 horas) profesional y
6
servicios 177 complementaria
Contrato de 01/02/10 al 17/12/10 dentro de la red de $21.887.200 +
prestación de (10 meses) + (17 días) conocimiento línea $1.240.275
servicios 121 y7
tecnológica (cliente)
adición8 y en la red
Contrato de 01/03/11 al 30/06/11 (tecnologías de $9.015.920
prestación de (4 meses) servicios turísticos).
servicios 1689

6 Folios 1 a 3, índice 4 del aplicativo Samai. Antecedentes administrativos, 2009.
7 Folios 1 a 3, ibidem. Antecedentes Administrativos, 2010.
8 Folio 9, ibidem. Antecedentes Administrativos, 2010.
9 Folios 1 a 3, ibidem. Antecedentes Administrativos, 2011 (1).

4
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Demandante: Rodrigo Castrillón Gómez

Contrato de 16/07/11 al 16/12/11 $11.271.910
prestación de (5 meses)
10
servicios 578
Contrato de 24/02/12 al 4/07/12 $8.800.000
prestación de (4 meses y 12 días)
11
servicios 268
Contrato de 19/07/12 al 14/12/12 Impartir formación $11.339.333
prestación de (4 meses y 26 días) profesional titulada
12
servicios 608 y/o complementaria
Contrato de 08/02/13 al 06/12/13 dentro de la red de $23.999.000
prestación de (10 meses) conocimiento en
servicios 2639 13 hotelería y turismo
Contrato de 23/01/14 al 12/12/14 (panadería). $17.962.473 +
prestación de (7 meses y 8 días) + (3 $8.404.460
14
servicios 3047 y meses y 12 días)
adición15
Contrato de 03/02/15 a 02/12/15 $25.460.570
prestación de (10 meses)
16
servicios 2813

26. Adicionalmente, se allegaron como pruebas documentales las carpetas
de los contratos previamente relacionados, que contienen los estudios previos,
certificaciones, informes de gestión, órdenes de pago, facturas y demás soportes
de ejecución17.

27. También obra el derecho de petición radicado el 31 de mayo de 201718 y
su respuesta19, en la cual la entidad informó el número de instructores de planta
y de aprendices en formación titulada y complementaria durante el período
comprendido entre 2009 y 2016.

28. En ese contexto, quien pretenda que se declare la desnaturalización de
los contratos de prestación de servicios, con fundamento en el principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades con el propósito de obtener el
restablecimiento de su derecho, debe acreditar que la ejecución de las tareas se
desarrolló bajo una subordinación continuada. No obstante, del análisis integral
de las pruebas recaudadas, la Sala concluye que el accionante no demostró ese
elemento, por las razones que se exponen a continuación:

29. De entrada, resulta pertinente recordar que la continuada subordinación
denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir
la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias

10 Folios 1 a 3, ibidem. Antecedentes Administrativos, 2011 (2).
11 Folios 1 a 4, ibidem. Antecedentes Administrativos, 2012 (1).
12 Folios 1 a 4, ibidem. Antecedentes Administrativos, 2012 (2).
13 Folios 1 a 4, ibidem. Antecedentes Administrativos, 2013.
14 Folios 1 a 4, ibidem. Antecedentes Administrativos 2014.
15 Folio 49, ibidem. Antecedentes Administrativos 2014.
16 Folios 1 a 9, ibidem. Antecedentes Administrativos, 2015.
17 Índice 4 del aplicativo Sami. Anexos de la demanda.
18 Índice 4 del aplicativo Samai. Anexos de la demanda, 1-2017-000483 DP.
19 Índice 4 del aplicativo Samai. Anexos de la demanda, 2-2017-000423.

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[…] se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]»20.

30. En el caso concreto, no es posible inferir que el actor estuviera inserto en
el círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad demandada, pues en el
expediente no obra prueba alguna de que esta hubiese desplegado actuaciones
que acrediten una subordinación continuada, tales como llamados de atención,
imposición de reglamentos o regímenes disciplinarios y correctivos, o la emisión
de órdenes que definieran la forma en que debían ejecutarse las labores, etc21.

31. En virtud de los contratos de prestación de servicios el señor Castrillón
Gómez se comprometió, entre otras cosas, a entregar reportes mensuales y
avances de los proyectos al supervisor, registrar información en el aplicativo
Sofía Plus y responder por los bienes y elementos suministrados para la
ejecución del objeto contractual. No obstante, ninguna de estas circunstancias
acredita la continuada subordinación en la prestación del servicio, pues de ellas
no se desprende que se hubiera desdibujado la autonomía técnica con la que el
contratista debía desarrollar sus funciones como instructor de panadería.

32. Sobre el particular, la Sala precisa que la exigencia de presentar informes
mensuales constituye un mecanismo de supervisión contractual orientado a
garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz de las obligaciones pactadas 22, sin
que ello configure el ejercicio de subordinación.

33. De igual manera, se observa que las «órdenes» con las que el actor
pretendía demostrar la obligatoriedad de asistir a charlas y capacitaciones junto
con los empleados de planta no obran en el expediente, motivo por el cual no es
posible determinar si la entidad impartía instrucciones o requerimientos
específicos, o si ante su incumplimiento podían generarse consecuencias de
carácter disciplinario.

34. Como se reseñó, además de los documentos precontractuales y
contractuales, reposan los informes de gestión presentados por el demandante,
en los cuales este detalló las actividades realizadas con los aprendices, las
fechas y lugares de ejecución, los logros obtenidos y las dificultades encontradas.
Entre estas últimas, el actor advirtió la falta de implementos y la necesidad de
acudir a terceros para suplirlos.

35. Para esta Sala, el hecho de que el contratista desarrollara sus actividades
con bienes e implementos suministrados por la entidad no evidencia ausencia de
autonomía, sino que responde a la necesidad de garantizar la prestación del
servicio de formación en condiciones de salubridad, seguridad y calidad, máxime
tratándose de actividades que implicaban manipulación de alimentos.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación

SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, expediente 05001-23-33-000-2013-001143-01 (1317-
2016).
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

del 5 de octubre de 2023, expediente 13001233300020140054101 (1611-2020), M.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.

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36. En ese mismo sentido, se precisa que la observación formulada por el
Tribunal, según la cual no se acreditó cuáles elementos fueron suministrados por
la entidad ni su uso efectivo por parte del contratista, no constituye una exigencia
desproporcionada, sino un análisis razonable de la prueba, encaminado a
establecer si dichas circunstancias podían afectar la autonomía e independencia
técnica del actor, lo cual no se desvirtuó en el presente asunto.

37. La Sala debe resaltar que en el caso sub examine no se practicaron
testimonios, razón por la cual no se tiene conocimiento del entorno en el cual se
ejecutaron los contratos de prestación de servicios en la práctica, lo cual refleja
el incumplimiento de la carga probatoria que recaía en la parte demandante, de
conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso.

38. Finalmente, el actor alegó que el Tribunal incurrió en una indebida
valoración de la respuesta al derecho de petición radicado el 31 de mayo de 2017,
en la que se evidenciaba que para la época de los contratos el SENA no contaba
con suficiente personal de planta para atender la demanda de formación de los
aprendices, motivo por el cual acudió a la contratación de instructores bajo la
modalidad de prestación de servicios, lo que a su juicio demostraba la existencia
de una tercerización del objeto misional y la consecuente configuración de una
relación laboral encubierta.

39. Al respecto, es preciso señalar que el numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993 autoriza expresamente la celebración de contratos de prestación de
servicios «para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad» cuando estas no puedan ejecutarse con personal
de planta o requieran conocimientos especializados, de tal manera que la
concepción normativa de esta modalidad de contratación implica que las tareas
pactadas pueden estar ligadas al objeto misional de la entidad contratante.

40. Ahora bien, el contenido del derecho de petición se limita a acreditar la
insuficiencia de personal de planta, circunstancia que se enmarca dentro de la
causal legal que habilita la contratación por prestación de servicios, conforme a
la norma citada.

41. En todo caso, del análisis de dicho documento se advierte que su alcance
probatorio no resulta suficiente para demostrar la desnaturalización del contrato
de prestación de servicios en virtud del principio de primacía de la realidad sobre
las formalidades, elemento indispensable que se ordene el restablecimiento del
derecho.

42. Así las cosas, ante la falta de prueba sobre la continuada subordinación
en la prestación del servicio, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia,
sin que resulte necesario emitir pronunciamiento sobre los demás problemas
jurídicos planteados, ya que estos estaban sujetos a que se acreditara la
existencia de la continuada subordinación.

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Demandante: Rodrigo Castrillón Gómez

Condena en costas

43. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

44. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

45. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

46. Así las cosas, teniendo en cuenta que se confirmará la sentencia apelada,
se impondrán costas a la parte demandante en segunda instancia, por cuanto se
niegan totalmente a las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 29 de mayo de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Rodrigo
Castrillón Gómez, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje. Para tal efecto,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

8
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Demandante: Rodrigo Castrillón Gómez

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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