Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01647-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01647-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01647-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01647-01 (1428-2023)
Demandante: Víctor Helman Rodríguez Cárdenas
Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formas –
profesional de la Dirección de Planeación del SENA.
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia porque no se
acreditó el elemento de la continuada subordinación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia de primera instancia del 15 de septiembre de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El señor Víctor Helman Rodríguez Cárdenas interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el
objeto de que se declare la nulidad del Oficio 12020 del 27 de mayo de 2019,
expedido por la entidad accionada, por medio del cual se negó el reconocimiento
de la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios suscritos entre
el 22 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2018 y el pago de las
prestaciones consecuentes, lapso durante el cual se desempeñó como
profesional de la Dirección de Planeación.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) declarar que durante el
periodo mencionado se configuró una verdadera relación de trabajo entre él y la
demandada; (ii) pagar los emolumentos laborales dejados de percibir, incluidos
salarios, prestaciones sociales, cesantías e intereses sobre estas, vacaciones,
primas de servicios, de navidad y de mitad de año, así como los valores
correspondientes a la dotación y la indemnización moratoria establecida en la Ley
244 de 1995; (iii) reembolsar las sumas desembolsadas por concepto de aportes
al Sistema de Seguridad Social y a la respectiva caja de compensación familiar;
(iv) reintegrar los montos descontados por retención en la fuente; (v) indexar los
valores que se reconozcan; (vi) dar cumplimiento a la sentencia en los términos
del artículo 192 del CPACA; y (vii) condenar en costas a la parte demandada.
1
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Demandante: Víctor Helman Rodríguez Cárdenas
3. Como concepto de la violación argumentó que el acto acusado desconoció
las normas en que debía fundarse1, teniendo en cuenta que entre 2015 y 2018
celebró múltiples contratos de prestación de servicios con la entidad demandada,
los cuales desarrolló bajo una continuada subordinación y dependencia,
evidenciada en el cumplimiento del horario laboral y en la sujeción al reglamento,
a funciones predeterminadas y a las instrucciones de «comportamiento laboral y
personal» impartidas por la coordinadora.
4. Afirmó que desempeñó funciones misionales, permanentes y propias del
SENA, dentro de sus instalaciones y con los medios proporcionados por dicha
entidad, tales como equipo de cómputo, línea telefónica, mobiliario y oficina.
Asimismo, señaló que, como condición previa para recibir la contraprestación
económica por sus servicios, debía presentar informes de gestión y acreditar su
afiliación al Sistema de Seguridad Social.
Contestación de la demanda
5. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda al
considerar que la relación que surgió entre las partes fue de naturaleza
contractual, por lo que no existió vínculo laboral que diera lugar al reconocimiento
de prestaciones sociales.
6. Explicó que las funciones asignadas al señor Rodríguez Cárdenas se
fijaron de común acuerdo y en atención a su formación profesional, por lo que
gozaba de autonomía e independencia en la ejecución de las mismas. Añadió
que no existió continuidad en la prestación del servicio, toda vez que cada
contrato estableció de forma expresa su carácter temporal y la duración
convenida.
7. Igualmente, señaló que la entidad no ejerció poder disciplinario ni
subordinación sobre el contratista, pues no le impuso memorandos, horarios
laborales ni directrices que limitaran su autonomía, de modo que la relación se
circunscribió a una coordinación propia de la ejecución contractual.
8. En ese contexto, propuso las siguientes excepciones: prescripción;
inexistencia de la obligación; buena fe y presunción de legalidad; cobro de lo no
debido; insuficiencia probatoria; y la genérica.
Sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda mediante sentencia del 15 de septiembre de 2022.
10. Como fundamentos de la decisión, determinó que el señor Víctor Helman
Rodríguez Cárdenas prestó sus servicios como profesional de la Dirección de
Planeación del SENA de manera personal, a cambio de una remuneración
mensual y bajo una continuada subordinación.
1
Artículos 2, 4, 11, 13, 25, 29, 42, 46, 48, 53, 58 y 128 de la Constitución Política; 10 del Código Civil; 19 y
36 del Código Sustantivo del Trabajo; Ley 80 de 1993; Decretos 1042 de 1978, 1750 de 2003, y 4171 de
2014.
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11. La subordinación y dependencia se evidenciaron en el carácter
permanente y misional de las funciones desempeñadas, el cumplimiento
obligatorio del horario laboral, la ejecución de las tareas en la sede institucional y
con los medios dispuestos por la entidad, la sujeción a órdenes relacionadas con
las obligaciones contractuales, la exigencia de presentar informes estadísticos y
de gestión, la existencia de personal de planta que desarrollaba labores similares
bajo las mismas condiciones y la necesidad de contar con autorización de la
coordinadora para ausentarse.
12. En consecuencia, el Tribunal condenó a la entidad demandada a pagar a
favor del actor las sumas correspondientes a las prestaciones sociales que
devenga un empleado de planta que desempeña funciones equivalentes, para lo
cual tomó como base los honorarios percibidos y los períodos efectivamente
laborados.
13. De igual manera, ordenó a la entidad efectuar el pago de los aportes
faltantes al fondo de pensiones en el porcentaje que le corresponde como
empleadora, y dispuso que el actor acreditara las cotizaciones realizadas al
sistema de pensiones durante la relación laboral o, en su defecto, asumiera el
pago del porcentaje a su cargo como trabajador.
14. Adicionalmente, declaró no probada la excepción de prescripción y negó
las pretensiones encaminadas al reconocimiento de la dotación, la sanción
moratoria y el reintegro de los valores pagados por concepto de aportes al
sistema de seguridad social, retención en la fuente y cotizaciones a la caja de
compensación familiar.
15. Por último, se abstuvo de imponer condena en costas a la entidad
demandada.
Recurso de apelación
16. El apoderado del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, insistiendo en que
la vinculación del actor se produjo mediante contratos de prestación de servicios
temporales y discontinuos, celebrados ante la ausencia de personal de planta,
conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
17. Señaló que el señor Rodríguez Cárdenas incumplió la carga probatoria
establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso, toda vez que las
pruebas allegadas no demostraron la existencia de una continuada
subordinación, elemento que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, no
se presume sino que debe acreditarse.
18. Lo anterior, por cuanto no obra en el expediente prueba que evidencie la
limitación de la autonomía o independencia del contratista, la emisión de órdenes
o instrucciones directas por parte de la coordinadora, la existencia de
memorandos o llamados de atención, ni la imposición de un horario laboral; por
el contrario, solo se observa la supervisión que ejercía la entidad sobre el
cumplimiento del objeto contractual.
3
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II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
19. Mediante auto del 3 de agosto de 2023, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada2.
20. El agente del Ministerio Público en concepto 375-2023 del 12 de
septiembre de 20233 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al
considerar acreditado que se desnaturalizaron los contratos de prestación de
servicios.
21. Las partes no presentaron alegatos de conclusión en esta etapa procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
22. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.
Problema jurídico
23. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la
Sala debe determinar si el actor demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio o no, a fin de establecer si se debe confirmar, revocar o
modificar la sentencia de primera instancia.
Análisis del problema jurídico
24. La Sala revocará la decisión apelada porque las pruebas que obran en el
expediente no permiten acreditar la continuada subordinación durante la
ejecución de los objetos contractuales.
25. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, se estima necesario destacar
que el señor Víctor Helman Rodríguez Cárdenas suscribió los siguientes
contratos de prestación de servicio con el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA):
Vinculación Duración Objeto Valor total
Contrato de 23/10/15 al 31/12/15 Prestación de servicios $13.459.000
prestación de profesionales para asistir la
servicios 9624 consolidación y análisis de
las estadísticas e
indicadores institucionales,
apoyar el diseño y
funcionalidad de las
herramientas que faciliten
2
Índice 5 del aplicativo Samai.
3
Índice 10 del aplicativo Samai
4
Folios 57 a 60, índice 2 del aplicativo Samai. Expediente digital, 0012019-1647.
4
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la administración de los
indicadores. Asegurar la
actualización,
sistematización y
mejoramiento de la calidad
de los indicadores de alta
calidad y la verificación y
seguimiento a la
información técnica
asociada a los procesos de
implementación de la
estrategia de alta calidad.
Contrato de 08/02/16 al 31/12/16 Prestación de servicios $65.351.440
prestación de profesionales para asistir la
servicios 6505 consolidación y análisis de
Contrato de 19/01/17 al 31/12/17 las estadísticas e $70.371.617
prestación de indicadores institucionales,
servicios 3026 apoyar el diseño y
funcionalidad de las
herramientas que faciliten
la administración de los
indicadores. Asegurar la
recolección, actualización,
sistematización y
mejoramiento de la calidad
de los indicadores de alta
calidad y la verificación y
seguimiento a la
información técnica
asociada a los procesos de
implementación de la
estrategia de alta calidad.
Elaboración de los visores
y demás metodologías de
visualización y publicación
de los indicadores de alta
calidad.
Contrato de 19/01/18 al 31/12/18 Prestación de servicios $72.482.764
prestación de profesionales para apoyar
servicios 3097 la consolidación y análisis
de las estadísticas e
indicadores institucionales,
apoyar el diseño y
funcionalidad de las
herramientas que faciliten
la administración de los
indicadores. Asegurar la
recolección, actualización,
sistematización y
mejoramiento de la calidad
de los indicadores de alta
calidad; y la verificación y
seguimiento a la
información técnica
asociada a los procesos de
implementación de la
estrategia de alta calidad.
5
Folios 61 a 64, ibidem.
6
Folios 65 a 68, ibidem.
7
Folios 69 a 72, ibidem.
5
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26. Adicionalmente, se allegaron como pruebas documentales las
certificaciones de ingresos y retenciones8, las constancias de semanas cotizadas
en Colpensiones9, Porvenir10 y Colfondos11, así como las relaciones de pago
correspondientes a los años 2015 a 201812.
27. Por otra parte, se recibió el testimonio del señor Wilson Ernesto Sánchez
Pantoja, quien manifestó haber laborado en la Dirección de Planeación del SENA
en calidad de contratista durante el período en que el actor prestó sus servicios
profesionales en la entidad, motivo por el cual le constaba que cumplía funciones
similares a las suyas, consistentes en la elaboración de informes estadísticos y
de gestión.
28. Indicó que la prestación del servicio se desarrollaba en jornada de 8:00 a.
m. a 5:30 p. m., dentro de las instalaciones de la entidad y con los implementos
y recursos suministrados por esta. Adicionó que «el sistema de gestión de
calidad» contaba con manuales e instructivos cuya observancia era necesaria.
29. En cuanto al cumplimiento del horario, mencionó que aunque no existía un
control formal, el ingreso y la salida quedaban registrados mediante la
presentación del carné en las talanqueras, y que, en caso de no portarlo, el
personal de seguridad anotaba la novedad en un libro de registro.
30. Respecto de las consecuencias derivadas de eventuales incumplimientos,
precisó que «generalmente somos requeridos para atender las actividades», y al
ser interrogado de si le constaba llamados de atención o procesos disciplinarios
adelantados contra el actor, manifestó que, «él le respondía a una persona y,
dentro de esa relación puntual, seguramente se presentaban diferencias que se
subsanaban en el curso del trabajo».
31. Explicó que los contratistas recibían por correo electrónico invitaciones a
capacitaciones o espacios de formación y que mensualmente debían presentar
un informe con las labores realizadas para el pago de sus honorarios.
32. También se llevó a cabo el interrogatorio de parte del señor Víctor Helman
Rodríguez Cárdenas, quien precisó que los contratos se celebraban anualmente
y que el pago de los honorarios estaba condicionado a la autorización de la
coordinadora, previa presentación de la cuenta de cobro, informe de gestión y
comprobantes de aportes a seguridad social.
33. Aseguró que sus funciones solo podían ejecutarse dentro de las
instalaciones de la entidad, ya que la información y bases de datos necesarias
se encontraban en los equipos institucionales. Adujo que el horario laboral fue
establecido por el director de planeación, y que durante dicha jornada debía
dedicación exclusiva al SENA.
8
Índice 2 aplicativo Samai. Expediente digital, 027, 028, 029, 30.
9
Índice 2 aplicativo Samai. Expediente digital, 056.
10
Índice 2 aplicativo Samai. Expediente digital, 037.
11
Índice 2 aplicativo Samai. Expediente digital, 057.
12
Índice 2 aplicativo Samai. Expediente digital, 023, 024, 025, 026.
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34. Sostuvo que, en caso de incumplimiento o llegadas tardes, recibía
«llamados de atención personales y por correo electrónico». Por último, agregó
que existía personal de planta con funciones similares, entre ellos la coordinadora
Nohora Inés Peña.
35. En ese contexto, quien pretenda que se declare la desnaturalización de
los contratos de prestación de servicios, con fundamento en el principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades con el propósito de obtener el
restablecimiento de su derecho, debe acreditar que la ejecución de las tareas se
desarrolló bajo una subordinación continuada. No obstante, del análisis integral
de las pruebas recaudadas, la Sala concluye que el accionante no demostró ese
elemento, por las razones que se exponen a continuación:
36. De entrada, resulta pertinente recordar que la continuada subordinación
denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir
la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias
[…] se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]»13.
37. En el caso concreto, ninguna de las pruebas que obran en el expediente
da cuenta de órdenes que determinaran el modo específico de cumplir sus
funciones, ni de la imposición de reglamentos internos, regímenes disciplinarios
o correctivos durante los periodos en que el actor desarrolló actividades como
profesional de la Dirección de Planeación. Tampoco existen documentos que
evidencien instrucciones individualizadas, llamados de atención o controles
propios de la subordinación.
38. Sobre este aspecto, resulta relevante que ni el testigo ni el actor hicieron
referencia a situaciones concretas en las que la coordinadora hubiera impartido
instrucciones sobre la forma de ejecutar las labores. Ambos se limitaron a señalar
que era la funcionaria a quien se informaban los permisos y quien autorizaba las
órdenes de pago, actuaciones que corresponden al ejercicio de supervisión
propio de los contratos de prestación de servicios.
39. En cuanto a los presuntos «llamados de atención» mencionados por el
demandante, la Sala observa que este no aportó prueba alguna que permitiera
corroborarlos. De su propio relato no se desprende ningún detalle sobre su
frecuencia, circunstancias o contenido de esos presuntos correctivos.
40. De igual modo, el testigo se expresó de manera genérica e imprecisa, pues
al ser interrogado se refirió únicamente a eventuales requerimientos «para
asegurar el cumplimiento de las funciones» y reconoció no tener certeza sobre
situaciones concretas, pues se limitó a afirmar que «seguramente se presentaban
diferencias». Tales manifestaciones, por su carácter conjetural, carecen de la
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
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entidad necesaria para acreditar la existencia de memorandos, llamados de
atención o correctivos dirigidos al actor.
41. La Sala precisa que, aunque el señor Sánchez Pantoja y el demandante
indicaron la presencia de una coordinadora durante la ejecución de los contratos,
circunstancia que podría asimilarse a la existencia de un jefe inmediato, ello no
resulta suficiente para desvirtuar la naturaleza contractual del vínculo, ya que
ninguno de los declarantes hizo referencia a requerimientos específicos
impartidos por dicha funcionaria, ni a situaciones en las que se hubiera limitado
la autonomía o independencia del demandante en el desarrollo de sus funciones.
42. A su vez, se resalta que las capacitaciones mencionadas por el testigo
tenían carácter voluntario, al tratarse de invitaciones dirigidas a los contratistas,
y no de órdenes obligatorias. De igual manera, la existencia de manuales,
instructivos o lineamientos institucionales no constituye subordinación, pues
dichos documentos cumplen una función meramente orientadora y no imponen
al contratista directrices específicas sobre la forma de ejecutar sus labores.
43. Por otro lado, el testigo Sánchez Pantoja sostuvo que la jornada de «los
contratistas» era de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., declaración formulada en términos
generales y sin aludir a la situación particular del actor; no obstante, aun si se
hubiera acreditado la sujeción a un horario, su observancia y la supervisión de la
ejecución de las tareas solo pueden entenderse como manifestación del principio
de coordinación14, mas no de subordinación, pues se trataba de un entendimiento
entre ambas partes para organizar el desarrollo de las actividades convenidas.
44. Similar razonamiento aplica frente a la obligación de presentar informes
mensuales como requisito previo al pago de honorarios, así como la acreditación
del pago de aportes al sistema de seguridad social, exigencias que responden a
mecanismos de seguimiento orientados a verificar el cumplimiento eficiente y
eficaz de las tareas pactadas15.
45. En cuanto a la manifestación relativa a la similitud entre las tareas que
cumplía el demandante y aquellas propias de los empleados de planta, la Sala
recuerda que el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 autoriza la
celebración de contratos de prestación de servicios «para desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», lo cual
supone desde la concepción normativa, que los contratistas pueden ejecutar
ligadas al objeto misional de la entidad contratante.
46. Finalmente, el hecho de que las actividades se desarrollaran en las
instalaciones de la entidad y con elementos suministrados por esta tampoco
demuestra una continuada subordinación, pues tales circunstancias responden a
la necesidad de asegurar la prestación del servicio en condiciones óptimas,
particularmente cuando su ejecución implicaba administrar información
relacionada con la estrategia de alta calidad, la formulación de indicadores y los
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 9 de septiembre de 2021, expediente 20001 23 39 000 2016 00062 01 (2794-2019).
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 5 de octubre de 2023, expediente 13001233300020140054101 (1611-2020), M.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
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procesos de implementación, la cual reposaba exclusivamente en los equipos y
bases de datos institucionales.
47. Lo anterior se armoniza con lo expuesto en la sentencia de unificación del
18 de noviembre de 200316 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, según la cual ciertas actividades requieren su ejecución en
las instalaciones de la entidad contratante y dentro de determinados horarios, sin
que ello configure subordinación, pues tales circunstancias son una
manifestación del principio de coordinación en razón a las características de las
tareas pactadas.
48. En consecuencia, el esfuerzo probatorio relevante para demostrar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios y la consecuente
existencia del vínculo de trabajo debía encaminarse a acreditar la subordinación
continuada en la ejecución de las labores. Como la parte demandante no probó
tales circunstancias, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y negará
las pretensiones.
Condena en costas
49. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
51. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
52. Así las cosas, y teniendo en cuenta que se revocará la sentencia apelada,
se impondrán costas a la parte demandante en ambas instancias, por cuanto se
accede totalmente a las peticiones del recurso de apelación interpuesto por la
entidad accionada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 18 de
noviembre de 2003, expediente 17001-23-31-000-1999-00039-01 (IJ).
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Demandante: Víctor Helman Rodríguez Cárdenas
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 15 de septiembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, NEGAR las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia al señor
Víctor Helman Rodríguez Cárdenas, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA). Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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