Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-01053-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2020-01053-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-01053-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2020-01053-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por los sujetos de la relación
laboral
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda porque no se acreditó la
continuada subordinación
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia de primera instancia del 18 de julio de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La señora Viviana Andrea Vesga Benítez interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de
que se declare la nulidad de los Oficios 202057200000006601 y
202057200000011191 expedidos el 12 de febrero de 2020 y 11 de marzo de
2020, respectivamente, mediante los cuales se negó el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral y el pago de una licencia de maternidad.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) declarar la existencia de
una relación laboral entre las partes; ii) ordenar el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales y de las primas legales y extralegales a que tendría
derecho un empleado de carrera del ICBF1, así como el reconocimiento y pago
de la licencia de maternidad; iii) disponer la indexación de las sumas reconocidas;
iv) ordenar su nombramiento en provisionalidad; y v) condenar en costas y
agencias en derecho a la entidad.
1
Auxilio de alimentación, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicio, prima de navidad y
vacaciones, pago de la sanción moratoria.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 1
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
3. Como hechos relevantes de la demanda, indicó que se vinculó al ICBF
mediante contratos de prestación de servicios desde el 1.º de noviembre de 2011
hasta el 30 de diciembre de 2019, con el objeto de prestar servicios profesionales
como abogada. Señaló que el 8 de mayo de 2014 se suspendió uno de dichos
contratos con ocasión del nacimiento de su hijo, el cual fue reanudado
posteriormente por el período comprendido entre el 7 de julio y el 31 de diciembre
de 2014.
4. Como concepto de violación, sostuvo que los actos administrativos
acusados desconocen el ordenamiento jurídico en la medida que, mediante la
suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios, la entidad
demandada encubrió la existencia de una relación de naturaleza laboral y, con
ello, omitió el deber que le asistía de vincularla conforme a las formas propias del
empleo público.
5. Afirmó que dicha actuación tuvo como finalidad eludir el reconocimiento
de los derechos laborales derivados de la relación realmente existente en
contravención del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, así
como del mandato constitucional de protección a la maternidad. En ese sentido,
pese a que la vinculación se instrumentó formalmente mediante contratos de
prestación de servicios, en la práctica se configuró una relación de naturaleza
laboral al concurrir sus elementos esenciales: la prestación personal del servicio,
la subordinación continuada y la remuneración.
Contestación de la demanda
6. La entidad demandada se opuso a las pretensiones bajo la tesis de que
los contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes se
encontraban regulados por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y por ende se
ejecutaron con plena autonomía e independencia. Agregó que en tales
instrumentos se pactó expresamente una cláusula de ausencia de relación
laboral.
7. Precisó, además, que la sujeción a horarios y la presentación de informes
por parte de la contratista respondían a labores de coordinación y seguimiento
contractual a cargo del ICBF, orientadas a verificar la adecuada ejecución del
objeto pactado, sin que ello implique la existencia de subordinación laboral.
8. Finalmente, propuso como excepciones las de: inexistencia de contrato
laboral entre las partes; inexistencia de los elementos del contrato de trabajo;
inexistencia de subordinación; inexistencia de remuneración; pago; ausencia de
relación laboral; falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva;
inexistencia de la obligación; autorización legal para contratar bajo la modalidad
de prestación de servicios; cobro de lo no debido y prescripción.
Decisión de las excepciones previas
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 2
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
9. A través de auto del 1.º de septiembre de 2023, el Tribunal declaró no
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, al considerar
que la demandante prestó sus servicios al ICBF y elevó solicitud administrativa
tendiente al reconocimiento de la relación laboral y al pago de las prestaciones
sociales.
10. En consecuencia, concluyó que se encontraba legitimada en la causa por
activa para presentar la demanda, sin que fuera necesario que ostentara o
hubiese ostentado la calidad de empleada pública.
Sentencia apelada
11. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 18 de julio
de 2024, declaró la nulidad de los Oficios 202057200000006601 del 12 de febrero
de 2020 y 202057200000011191 del 11 de marzo de 2020. Como consecuencia
de lo anterior, declaró que entre Viviana Andrea Vesga Benítez y el ICBF existió
una relación laboral encubierta durante los períodos comprendidos entre el 2 de
noviembre de 2011 y el 8 de enero de 2014, así como entre el 22 de enero de
2014 y el 30 de diciembre de 2019.
12. A título de restablecimiento del derecho, ordenó al ICBF reconocer y pagar
a la actora las prestaciones sociales dejadas de percibir con base en las que
correspondían a los servidores de planta de la entidad durante los períodos
señalados; reconocer la licencia de maternidad, con la posibilidad de descontar
lo eventualmente pagado por la EPS por ese mismo concepto, siempre que ello
se acreditara, y efectuar a favor del respectivo fondo de pensiones las
cotizaciones que debieron asumirse como empleador durante el tiempo en que
se tuvo por demostrada la relación laboral, sin computar para esos efectos los
días sin vínculo contractual. Asimismo, dispuso la indexación de las sumas
adeudadas, negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas.
13. En cuanto a la tacha formulada en contra de la testigo Martha Patricia
Santana Osorio, indicó que el hecho de haber suscrito contratos de prestación
de servicios no desvirtúa la credibilidad de su declaración. En todo caso, precisó
que su dicho sería apreciado en conjunto con el acervo probatorio allegado al
proceso, conforme a las reglas de la sana crítica.
14. Señaló que se acreditó la celebración de once (11) contratos de prestación
de servicios entre el 2 de noviembre de 2011 y el 30 de diciembre de 2019, lo
que permite establecer que la demandante prestó de manera directa y personal
los servicios objeto de dichos vínculos.
15. Determinó que, del material probatorio obrante en el proceso, se
desprende que esta desarrollaba sus actividades en las instalaciones del ICBF,
Regional Santander, ubicadas en el barrio La Juventud de la ciudad de
Bucaramanga; que cumplía una jornada de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 3
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
a 5:00 p. m., y que, de manera ocasional, asistía los días sábado de 8:00 a. m. a
12:00 m.
16. Adicionalmente, resaltó que de los contratos suscritos se infiere que la
demandante debía: i) brindar asesoría y apoyo a las actividades institucionales
adelantadas por los centros zonales en los procesos misionales y en los distintos
proyectos; ii) efectuar el seguimiento permanente de las actividades derivadas de
los proyectos preventivos; iii) apoyar a la Dirección Regional en el trámite y
solución de los asuntos jurídicos que surgieran en el desarrollo y ejecución de los
proyectos; iv) brindar atención personalizada a los centros zonales; v) revisar,
asesorar y apoyar a la Dirección Regional en las actividades precontractuales,
contractuales y poscontractuales derivadas de los proyectos adelantados por el
nivel nacional y por los centros zonales de la Regional Santander; y vi) apoyar
las acciones y estrategias orientadas a garantizar la calidad y la oportuna
prestación del servicio.
17. Precisó que, a partir del testimonio de la señora Martha Patricia Santana
Osorio, se estableció que, para el desarrollo de las funciones asignadas, a la
demandante se le impartían directrices claras sobre la forma de ejecutar sus
labores. Asimismo, se evidenció que se le suministraban minutas para su
diligenciamiento, cuyo contenido era posteriormente objeto de revisión y
seguimiento por parte de los supervisores del contrato.
18. De igual forma, la señora Mary León de Buitrago, quien se desempeñó
como directora regional del ICBF entre el 28 de junio de 2015 y el 30 de marzo
de 2019, manifestó que ejercía supervisión directa sobre las actividades
desarrolladas por la demandante y que esta debía atender tareas que no se
encontraban expresamente previstas en los contratos suscritos.
19. Asimismo, destacó que en el expediente obra un acta de compromiso
suscrita por la demandante y por la referida directora, mediante la cual aquella
solicitó cinco (5) días de permiso para realizar un viaje familiar, los cuales debían
ser compensados posteriormente, circunstancia que evidencia un control propio
de una relación de carácter laboral.
20. Explicó que, de las declaraciones rendidas, se desprende que las
actividades desarrolladas por la demandante se ejecutaban en las mismas
condiciones que las del personal de planta, sin que existiera distinción material
entre quienes se encontraban vinculados mediante relación legal y reglamentaria
y quienes lo estaban bajo la modalidad contractual.
21. Con fundamento en el acervo probatorio, determinó que la actora se
encontraba sujeta a directrices impartidas por el ICBF y desarrollaba actividades
directamente relacionadas con el objeto misional de la entidad, lo que evidencia
la facultad de esta para organizar y dirigir su labor y, por ende, la existencia de
subordinación.
22. En consecuencia, concluyó que la señora Viviana Andrea Vesga Benítez
prestaba sus servicios bajo subordinación continuada, en tanto desarrollaba sus
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 4
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
actividades en las instalaciones de la entidad, cumplía una jornada sujeta a
control por parte de su supervisor, ejecutaba labores similares a las del personal
de planta —directamente relacionadas con el objeto misional— y recibía
instrucciones precisas sobre la forma de ejecución del servicio, lo que excluye la
autonomía propia de la contratación de servicios.
23. En cuanto a la remuneración, se acreditó el pago periódico de honorarios
a la demandante como contraprestación por los servicios personales prestados
a favor de la entidad.
24. Por lo anterior, concluyó que se encuentran acreditados los elementos
esenciales de una relación de naturaleza laboral entre la parte demandante y la
entidad demandada.
25. A continuación, precisó que no hay lugar a declarar la prescripción, toda
vez que la petición fue presentada dentro de los tres (3) años siguientes a la
terminación del vínculo contractual, ocurrida el 23 de enero de 2020.
26. Añadió que, conforme a la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021,
entre el 2 de noviembre de 2011 y el 30 de diciembre de 2019 la única interrupción
superior a treinta (30) días se presentó entre el 8 de mayo y el 7 de julio de 2014,
período correspondiente a la licencia de maternidad de la demandante con
ocasión del nacimiento de su hijo, circunstancia que no interrumpió la continuidad
del vínculo.
27. Expuso que la acreditación de la relación de naturaleza laboral conlleva el
reconocimiento del restablecimiento del derecho, consistente en el pago de las
prestaciones sociales dejadas de percibir por la demandante. No obstante, aclaró
que dicho reconocimiento no implica conferir la condición de empleada pública,
toda vez que para ello se requiere el cumplimiento de los requisitos previstos en
los artículos 122 y 125 de la Constitución Política, relativos al nombramiento y a
la provisión de empleos públicos.
28. Señaló que a la actora le asiste el derecho al reconocimiento de las
prestaciones sociales de carácter legal propias de un funcionario adscrito a la
Oficina Jurídica del ICBF, tales como vacaciones, primas, bonificaciones,
cesantías y aquellas derivadas del Sistema Integral de Seguridad Social. No
obstante, precisó que no hay lugar al reconocimiento de prestaciones de carácter
extralegal, en tanto tales beneficios corresponden a quienes ostentan la
condición de empleados públicos, calidad que la demandante no adquirió.
29. Determinó que, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre
las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral, la liquidación
de las sumas debidas debía efectuarse con base en el salario correspondiente a
un empleado de planta que desempeñe funciones similares, siempre que se
acredite la existencia de un cargo equivalente y que dicha remuneración resulte
más favorable que los honorarios percibidos por la demandante.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 5
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
30. En relación con la licencia de maternidad, indicó que se cumplen los
requisitos para su reconocimiento, conforme a lo establecido en la sentencia T-
329 de 2022, en la medida en que el ICBF tenía conocimiento del estado de
embarazo de la señora Vesga Benítez, circunstancia que se evidencia en la
suscripción del acta de suspensión del contrato el 8 de mayo de 2014.
31. Asimismo, precisó que subsistió la causa del contrato, dado que, una vez
culminó la licencia de maternidad, se levantó la suspensión y se reanudó la
ejecución contractual, y que el vínculo no finalizó con ocasión del embarazo de
la demandante, quien continuó vinculada a la entidad mediante contratos de
prestación de servicios hasta el 30 de diciembre de 2019.
32. Indicó que no hay lugar a ordenar el pago de la sanción moratoria prevista
en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en tanto su exigibilidad surge
a partir de la ejecutoria de la sentencia que declara la existencia de la relación
laboral.
33. Finalmente, señaló que, conforme a las reglas fijadas en la sentencia del
9 de septiembre de 2021, si bien se reconoce la existencia de una relación de
naturaleza laboral, no procede la devolución de los aportes al Sistema de
Seguridad Social sufragados por la demandante durante el tiempo en que estuvo
vinculada mediante contratos de prestación de servicios.
Recurso de apelación
34. La entidad demandada interpuso recurso de apelación, al considerar que
el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria pues las funciones
desarrolladas por la demandante fueron ejecutadas con la independencia y
autonomía propias de un contrato de prestación de servicios.
35. Resaltó que la señora Vesga Benítez no acreditó la existencia de órdenes
o instrucciones impartidas por la entidad demandada acerca de cómo debía
ejecutar sus actividades. En tal sentido, sostuvo que el Tribunal erró al concluir
que los testimonios recaudados demostraban una subordinación plena en cuanto
al modo, tiempo y lugar de la prestación del servicio, cuando lo que realmente se
evidenció fue un ejercicio legítimo de coordinación funcional y administrativa.
36. Precisó que las pruebas no demostraron la existencia de un poder efectivo
de dirección y control sobre las actividades desarrolladas por la demandante, ya
fuera mediante la exigencia de acatar órdenes imperativas en cualquier momento
respecto del modo, tiempo o cantidad de trabajo, la imposición de reglamentos
internos, o el ejercicio del poder disciplinario o del ius variandi. Por el contrario,
lo acreditado en el expediente corresponde a un ejercicio ordinario de
coordinación contractual, compatible con la naturaleza de los contratos de
prestación de servicios.
37. Indicó, además, que el Tribunal desconoció la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 9 de septiembre de 2021, en la medida en que la actora,
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 6
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
al no haber adquirido la condición de empleada pública, no puede acceder a
factores salariales propios de una relación legal y reglamentaria, ni al
reconocimiento de la licencia de maternidad, pues para ello se requiere el
cumplimiento de requisitos que no concurren en el presente caso.
38. Finalmente precisó que la eventual desnaturalización de un contrato de
prestación de servicios no conlleva, por sí sola, el reconocimiento de la condición
de empleada pública, ya que para ello resulta indispensable el cumplimiento de
los requisitos constitucionales y legales de nombramiento o elección y la
correspondiente posesión, los cuales no se satisfacen en el caso de la
demandante. En consecuencia, tampoco procedía el reconocimiento ni el pago
de diferencias salariales, dado que la remuneración de los empleos públicos debe
estar previamente prevista en el presupuesto conforme a lo dispuesto en la
Constitución Política, exigencia que no se configura en este caso.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
39. Mediante auto de 7 de noviembre de 2024 se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la entidad demandada.
40. Las partes guardaron silencio en esta fase procesal.
41. El Ministerio Público rindió concepto solicitando confirmar la decisión de
primera instancia, al considerar que, a partir del material probatorio allegado al
proceso, se encontraban acreditados los elementos propios de una relación
laboral, en particular, la subordinación. En ese orden de ideas, estimó razonable
concluir que los contratos de prestación de servicios suscritos entre la
demandante y la entidad accionada ocultaron una verdadera relación de carácter
laboral, razón por la cual, a su juicio, asistía derecho al reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales de carácter legal, en los términos definidos por el
Tribunal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
42. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
43. La Sala debe determinar si el Tribunal erró al declarar la desnaturalización
de los contratos de prestación de servicios, para lo cual es necesario establecer
si su ejecución se desarrolló bajo continuada subordinación. De acreditarse este
elemento, se examinará si la decisión relativa a la prescripción extintiva se ajustó
a los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables, y, por último, se estudiará
si era procedente reconocer la licencia por maternidad.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 7
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
Análisis del problema jurídico
44. La Sala revocará la decisión apelada, en la medida en que las pruebas
obrantes en el expediente no demuestran la existencia de subordinación
continuada, razón por la cual no se acreditó la desnaturalización de los contratos
de prestación de servicios suscritos entre las partes.
45. Como consecuencia de ello, se declarará que no hay lugar al pago de la
licencia de maternidad, en la medida en que su reconocimiento solo resulta
procedente si se constata que se hizo un uso indebido de los contratos de
prestación de servicios, supuesto que no se presenta en el caso concreto.
46. En el expediente se acreditó que suscribió con el ICBF los siguientes
contratos:
Contrato de
prestación de Plazo o duración Honorarios Objeto
servicios
2 de noviembre al Prestar el servicio profesional de abogada como apoyo a
68-20-2011-414
30 de diciembre de $5.482.530 las actividades misionales previstas en los proyectos
de 20112
2011 preventivos del ICBF Regional Santander.
26 de enero al 25 Prestar el servicio profesional de abogada especialista
68-20-2012-268
de agosto de 2012 $22.624.000 de apoyo a las actividades misionales previstas en los
de 20123
proyectos preventivos del ICBF Regional Santander.
27 de agosto al 30 Prestar el servicio profesional de abogada especialista
68-20-2012-455
de diciembre de $13.358.933 de apoyo a las actividades misionales previstas en los
de 20124
2012 proyectos preventivos del ICBF Regional Santander.
Prestar servicios profesionales de apoyo en los
68-20-2013-007 9 de enero al 8 de
$19.973.760 proyectos misionales y en las actividades administrativas
de 20135 julio de 2013
de la dirección regional.
10 de julio al Prestar servicios profesionales de apoyo en los
68-20-2013-382
30 de diciembre de $18.975.072 proyectos misionales y en las actividades administrativas
de 20136
2013 de la dirección regional.
$40.917.359
3 de enero al 31 Prestar servicios profesionales de apoyo en los
68-20-2014-001 Valor
de diciembre de proyectos misionales y en las actividades administrativas
de 20147 ejecutado
2014 de la dirección regional.
$32.688.1698
13 de enero al 31 Prestar servicios profesionales de apoyo en los
68-20-2015-005
de diciembre de $40.967.650 proyectos misionales y en las actividades administrativas
de 20159
2015 de la dirección regional.
68-20-2016-0002 5 de enero al 30 Prestar servicios profesionales de apoyo en los
$34.551.500
de 2016 y de diciembre de proyectos y actividades jurídicas, legales y
$8.607.567
adición10 2016 administrativas de le dirección regional Santander.
68-20-2017-001 2 de enero al 30 Prestar servicios profesionales de apoyo en los
$37.820.000
de 2017 y de diciembre de proyectos y actividades jurídicas, legales y
$7.437.933
adición11 2017 administrativas de le dirección regional Santander.
68-20-2018-0026 9 de enero al 31 Prestar servicios profesionales de apoyo en los
$44.967.300
de 2018 y de diciembre de proyectos y actividades jurídicas, legales y
$1.179.900
adición12 2018 administrativas de le dirección regional Santander ICBF.
2
Índice 3 de SAMAI del Tribunal. Archivo «01-CONTRATO 2011-414 VIVIANA VESGA pdf».
3
Ibidem. Archivo «02-CONTRATO 2012-268.pdf».
4
Ibidem. Archivo «03-CONTRATO 2012-455.pdf».
5
Ibidem. Archivo «04-CONTRATO 2013-007.pdf».
6
Ibidem. Archivo «05-CONTRATO 2013-382.pdf».
7
Ibidem. Archivo «06-CONTRATO 2014-001.pdf».
8
Ibidem. Archivo «16. CERTIFICACIÓN CONTRATOS.pdf». Folios 12 a 13.
9
Ibidem. Archivo «07-CONTRATO 2015-005.pdf».
10
Ibidem. Archivo «08-CONTRATO 2016-002.pdf».
11
Ibidem. Archivo «09-CONTRATO 2017-001.pdf».
12
Ibidem. Archivo «10-CONTRATO 2018-026.pdf».
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 8
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
68-20-2019-002 3 de enero al 31 Prestar servicios profesionales de apoyo en los
$46.724.500
de 2019 y de diciembre de proyectos y actividades jurídicas, legales y
$1.625.200
adición13 2019 administrativas de le dirección regional Santander ICBF.
47. Así mismo, el plenario da cuenta del acta núm. 1 de suspensión del
contrato de prestación de servicios 68-20-2014-00114, acta de reanudación del
contrato 68-20-2014-00115, acta de compromiso para reponer tiempo de
servicio16, informes de gestión de contratos17,correo electrónico de cambio de
horario18, Resolución 8265 de 2018 por medio del cual se modifica
temporalmente la jornada laboral19, certificado de no existencia de procesos
administrativos sancionatorios en el ICBF20, acta de entrega de bienes por parte
del almacenista del ICBF21, bitácoras de seguridad de reporte de ingreso y egreso
del personal a las instalaciones del ICBF22, y certificado expedido por la
Contraloría General de la República sobre ejecución simultaneas de contratos23.
48. En primera instancia se practicaron el interrogatorio de parte y los
testimonios de Martha Patricia Santana Osorio y Margy León de Buitrago,
quienes manifestaron lo siguiente:
• La demandante señaló que ingresó a laborar en el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar – ICBF mediante la suscripción de varios contratos
de prestación de servicios desde el mes de noviembre de 2011 hasta el 30
de diciembre de 2019 en la regional Santander.
Expuso que, dentro de sus obligaciones contractuales, se encontraba
brindar asesoría jurídica tanto a la regional como a los centros zonales,
especialmente en asuntos relacionados con la contratación administrativa,
así como revisar documentos que debían ser suscritos por la directora
regional.
En ese contexto, manifestó que efectuaba el análisis de documentos de
diversa naturaleza, tales como permisos, vacaciones, traslados y viáticos,
además de expedientes de contratación de hogares e instituciones,
contratos de prestación de servicios, derechos de petición, acciones de
tutela y demás actuaciones jurídicas a cargo de la regional.
Señaló que dicha revisión se realizaba principalmente en medio físico; no
obstante, en algunas ocasiones, las minutas se revisaban por correo
electrónico, especialmente cuando, debido al volumen de correcciones,
13
Ibidem. Archivo «11-CONTRATO 2019-002.pdf».
14
Ibidem. Archivo «12- ACTA 1 SUSPENSION Y DISMINUCION».
15
Ibidem. Archivo «13- ACTA SUSPENSION Y REANUDACION MAYO 2014».
16
Ibidem. Archivo «14- ACTA DE COMPROMISO».
17
Ibidem. Archivos «15- INFORMES DE SUPERVISION CONTRATOS 2012-268,2012-455,2013-007,2014-
001,2015-005,2016-002,2017-001,2018-026, y 2019 -002 ».
18
Ibidem. Archivo «17-EMAIL MAURICIO PLATA AMPLIACIÓN JORNADA LABORAL».
19
Ibidem. Archivo «18- RESOLUCIÓN CAMBIO DE HORARIO».
20
Ibidem. Archivo «19- CERTIFICACION PROCESOS NO SANCIONATORIOS».
21
Ibidem. Archivo «23- ACTA DE ENTREGA DE BIENES A EMPLEADO».
22
Índice 38 SAMAI del Tribunal.
23
Índice 32 SAMAI del Tribunal.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
resultaba más práctico efectuar los ajustes por esa vía antes de su
impresión definitiva.
Agregó que, para el pago de sus honorarios, debía presentar un informe
mensual de actividades en un formato previamente establecido por la
entidad, junto con los comprobantes de pago al sistema de seguridad
social.
Precisó que sus supervisores contractuales fueron los directores
regionales del ICBF que se desempeñaron durante el tiempo de su
vinculación, entre ellos Ruth Vaca, Margy León y Martha Torres, así como
quienes asumían la Dirección Regional en calidad de encargados durante
períodos de ausencia.
Indicó que, para efectos del pago de sus honorarios, no se verificaba el
cumplimiento de un horario específico, en tanto permanecía de manera
constante en las instalaciones de la entidad.
Manifestó que desconoce quiénes realizaban los registros en las bitácoras
de vigilancia administradas por la empresa de seguridad contratada por el
ICBF.
Finalmente, señaló que durante la ejecución de los contratos no fue objeto
de actuaciones sancionatorias ni recibió llamados de atención de carácter
disciplinario.
• Martha Patricia Santana Osorio manifestó que laboró en el ICBF desde
el mes de enero de 2017 hasta diciembre de 2019, y que conoció a la
demandante en enero de 2017, momento en el cual esta última le brindó
orientación sobre la forma de desarrollar sus labores, dado que ella ingresó
en ese año a la entidad.
Indicó que debían cumplir horarios de trabajo, incluso manifestó que
existían grupos de WhatsApp por áreas, a través de los cuales se
realizaban llamados de atención por retardos. Precisó que inicialmente se
diligenciaban planillas por cada área, en las que se registraban las horas
de llegada y salida; posteriormente, este control fue reemplazado por el
diligenciamiento de las minutas de los guardas de seguridad de la
institución; agregó que las planillas aplicaban tanto para funcionarios como
para contratistas y que las bitácoras debían ser diligenciadas por toda
persona que ingresara a la entidad, incluso si no tenía actividades
pendientes.
Señaló que, en caso de solicitar permisos, las horas debían ser
compensadas y dicha compensación debía realizarse desde la institución.
Además, sostuvo que si el contratista no podía compensar las horas
correspondientes a permisos solicitados por viajes u otras razones, en
algunas ocasiones se procedía a la suspensión del contrato.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
Precisó que no existía libertad técnica, en tanto cada persona tenía un lugar
de trabajo asignado —computador, silla y escritorio—, elementos que eran
entregados mediante acta por el almacén de la institución, y que las
actividades debían realizarse en ese espacio, bajo las órdenes impartidas
por la supervisora del contrato o el coordinador jurídico de la entidad.
Relató que la demandante cumplía obligaciones adicionales no previstas
expresamente en los contratos de prestación de servicios, tales como el
apoyo en planes de choque, lo cual, a su juicio, evidenciaba la ausencia de
autonomía para ejecutar las labores contractuales.
Agregó que contaban con correo institucional, carné como contratistas del
ICBF y chaleco institucional. Señaló que los llamados de atención eran
efectuados de manera pública, ya fuera a través de los grupos de
WhatsApp o en reuniones presenciales, y que estuvo presente en llamados
de atención dirigidos a la demandante por retirarse antes de finalizar
reuniones o por llegar tarde a la entidad.
Indicó que los documentos elaborados por los contratistas debían contar
con la aprobación del supervisor del contrato o del coordinador jurídico para
su presentación, lo cual, a su juicio, evidenciaba que no existía autonomía
técnica.
Manifestó que la señora Vesga Benítez se desempeñaba como abogada
de la Dirección del ICBF, mientras que ella laboraba en el área de
Coordinación Administrativa, e indicó que se trataba de dependencias
distintas. No obstante, precisó que no conoció directamente los contratos
de prestación de servicios suscritos por la demandante, pero sí le constan
las actividades que esta ejecutaba, dado que ambas áreas se encontraban
separadas únicamente por un pasillo y que, durante la hora de almuerzo
—la cual era de una (1) hora, conforme lo establecido por la entidad—,
interactuaban con frecuencia.
Afirmó que la demandante se encargaba de manejar el sistema NAS, en el
cual se registraba información de todos los contratistas, y que, además,
todos los abogados apoyaban la gestión jurídica, incluyendo actividades
relacionadas con contratación y liquidación de contratos, así como el
acompañamiento a audiencias de conciliación.
Finalmente, precisó que para el pago de los honorarios existían directrices
específicas sobre los documentos a presentar, consistentes principalmente
en los comprobantes de pago al sistema de seguridad social y un informe
de supervisión, en el que debían detallarse todas las actividades realizadas
durante el período correspondiente.
• Margy León de Buitrago manifestó que se desempeñó como directora
regional del ICBF entre el 28 de junio de 2015 y el 30 de marzo de 2019.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 11
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
Manifestó que, al momento de su ingreso a la entidad, la demandante ya
se encontraba vinculada a través de contratos de prestación de servicios,
para apoyar el desarrollo de actividades jurídicas en la regional.
Expuso que, en esa condición, ejerció la supervisión del contrato y el
seguimiento de las actividades desarrolladas por la demandante en
cumplimiento del objeto pactado.
Señaló que dentro de las obligaciones de la contratista se encontraba la
revisión previa de los procesos de contratación de la regional. En ese
sentido, explicó que desde la Oficina Jurídica se le entregaban los
expedientes para verificar su completitud y estado, y que, una vez
revisados, eran remitidos a la Dirección Regional para la firma
correspondiente.
Agregó que la demandante presentaba informes mensuales de actividades
junto con los soportes de pago de aportes a salud y pensión, los cuales
eran revisados y certificados para efectos del trámite de pago ante la
Oficina de Pagaduría.
Indicó que la contratista contaba con autonomía en el desarrollo de sus
actividades, aunque estas debían cumplirse dentro de los plazos pactados,
incluso en contextos de variación en el volumen de contratación. Precisó
que el trabajo se realizaba de manera presencial, debido a que los
expedientes se manejaban en medio físico bajo criterios de custodia y
acceso restringido.
Resaltó que durante su gestión existía escasez de personal, razón por la
cual la demandante era la única encargada de esa labor específica, sin
intervención de personal de planta u otros contratistas.
Señaló que las bitácoras de ingreso y salida eran diligenciadas por los
guardas de seguridad, con fines de control de acceso a la institución, en
atención a las condiciones de seguridad de la zona. Añadió que las planillas
de control horario se utilizaban únicamente para funcionarios de planta,
respecto de las cuales no tuvo intervención.
Precisó que la actividad de la demandante se desarrolló bajo un esquema
de coordinación orientado al cumplimiento del objeto contractual, sin que
se ejerciera poder disciplinario sobre ella.
Indicó que la necesidad del servicio jurídico en la regional era significativa,
lo que motivó su contratación para apoyar la revisión de los procesos
contractuales, en atención a las cargas laborales existentes.
Señaló que el horario de atención de la regional era de 8:00 a. m. a 5:00 p.
m., en razón de las condiciones de seguridad del sector. No obstante,
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 12
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
explicó que los funcionarios contaban con una (1) hora de almuerzo,
mientras que los contratistas podían disponer de ese tiempo con mayor
flexibilidad. En todo caso, precisó que la demandante desarrollaba sus
actividades dentro de las instalaciones de la entidad, en concordancia con
la dinámica institucional.
Agregó que la contratista contaba con correo electrónico institucional y que
no se le suministró dotación, por tratarse de un beneficio reservado al
personal de planta. Asimismo, indicó que no le hizo entrega de elementos
de trabajo, pues la demandante ya tenía asignado un computador
institucional.
Manifestó que los denominados planes de choque se implementaban de
manera ocasional para evacuar la contratación en lapsos reducidos,
usualmente de dos (2) a tres (3) días, y que la participación de la
demandante en dichas jornadas correspondía al cumplimiento intensivo de
sus obligaciones contractuales, sin modificación del objeto pactado.
Explicó que, en estos escenarios, el trabajo se realizaba de forma
articulada entre las distintas áreas, de acuerdo con las necesidades del
servicio.
Finalmente, indicó que la demandante informaba sus ausencias para
efectos de coordinación, y que, durante el tiempo en que ejerció la
supervisión, no tuvo conocimiento de llamados de atención por retardos u
otras situaciones disciplinarias. Añadió que tales ausencias no debían ser
compensadas y que no recuerda haber suscrito acta alguna relacionada
con estas.
49. De la valoración conjunta de las pruebas documentales y testimoniales
obrantes en el expediente, se concluye que la demandante ejecutó
personalmente las actividades objeto de los contratos celebrados con la entidad
demandada y que, por dicha prestación personal del servicio, recibió una
remuneración periódica, lo cual permite tener por acreditados estos dos
elementos estructurales.
50. En cuanto a la subordinación continuada, esta denota el «poder jurídico
permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del
trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición
de reglamentos, en lo relativo a la manera como este debe realizar las funciones
y cumplir con las obligaciones que le son propias […] se destaca dentro del
elemento de subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona
la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador
ejerce sobre este […]»24.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 13
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
51. De acuerdo con una interpretación armónica de los artículos 3, 4
(numerales 1 y 4), 5 (numeral 2) y 14 de la Ley 80 de 1993, entre los contratistas
y las entidades públicas debe existir una relación de coordinación y
entendimiento orientada a la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual,
lo cual comporta para aquellos el deber de acatar las directrices que, en
desarrollo del contrato, les impartan las entidades contratantes25 y colaborar para
que lo convenido se cumpla de la mejor manera; para las segundas, el deber de
ejercer la dirección general, el control y la vigilancia de la ejecución, lo que les
permite exigir al contratista la correcta realización del objeto pactado y adelantar
las revisiones periódicas de los servicios prestados para verificar que estos se
desarrollen en condiciones de calidad.
52. Mención especial merecen los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
conforme a los cuales las entidades contratantes están obligadas a vigilar
permanentemente la ejecución correcta del objeto convenido a través de
supervisores o interventores, quienes tienen a su cargo la labor de hacer
«seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional» a cargo del contratista,
misión en razón de la cual están facultados para solicitar informes, aclaraciones
y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.
53. Desde esa perspectiva, quien solicite la declaración de la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios en el marco del
principio de primacía de la realidad sobre las formas debe demostrar la ejecución
de las tareas bajo continuada subordinación; sin embargo, del análisis integral de
las pruebas recaudadas, la Sala concluye que la accionante no acreditó dicho
aspecto por las siguientes razones:
54. El testimonio de la señora Martha Patricia Santana Osorio no precisó las
órdenes específicas a las que presuntamente habría estado sometida la
demandante, ni acreditó el ejercicio de un poder de dirección permanente.
Asimismo, reconoció no tener conocimiento directo de los objetos contractuales
contenidos en los contratos suscritos por la actora, limitándose a señalar, de
manera general, que esta brindaba apoyo a la Dirección Regional.
55. Por su parte, el testimonio de la señora Margy León de Buitrago, quien
actuó como supervisora contractual de uno de los contratos ejecutados por la
demandante, reviste especial relevancia, en tanto precisó que la actora contaba
con autonomía para el desarrollo de sus funciones y resaltó que las planillas de
asistencia aplicaban exclusivamente a los funcionarios de planta, sin extenderse
a los contratistas.
56. Así mismo, indicó que, debido a que la demandante tenía a su cargo la
verificación de documentos contractuales sometidos a reserva y custodia
especial, el desarrollo de dichas actividades debía realizarse de manera
25
Numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993: «2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que
sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las
órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad
y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran
presentarse».
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 14
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
presencial en las instalaciones de la entidad, circunstancia que obedecía a
razones de seguridad y acceso restringido.
57. Los testimonios concuerdan en que las bitácoras diligenciadas por la
empresa de seguridad de la entidad tenían como finalidad el control general de
ingreso y egreso de personas a las instalaciones, tanto de público en general
como de contratistas y funcionarios, lo cual se corrobora con las bitácoras
allegadas al expediente, sin que estas constituyan un mecanismo de control
laboral.
58. Tanto la demandante como la señora Margy León de Buitrago coincidieron
en señalar que, para efectos del pago de los honorarios, la entidad únicamente
verificaba la presentación del informe de gestión y de los comprobantes de
aportes al sistema de seguridad social, sin que se tuviera en cuenta el
cumplimiento de un horario laboral.
59. Finalmente, las tres declaraciones practicadas en el proceso coinciden en
afirmar que la actora no fue objeto de procesos sancionatorios, ni de llamados de
atención de carácter disciplinario durante la ejecución de los contratos de
prestación de servicios, circunstancia que refuerza la inexistencia de un poder
disciplinario propio de una relación laboral.
60. Esta Subsección26 ha sostenido recientemente que la exigencia de
ejecutar el objeto contractual en la sede de la entidad y conforme a determinados
horarios no configura subordinación, cuando ello responde a la naturaleza misma
de la actividad convenida y a las condiciones necesarias para su adecuada
prestación.
61. En relación con el acta de compromiso suscrita entre la demandante y la
señora Margy León de Buitrago, se advierte que dicho documento se celebró con
ocasión de la necesidad de culminar unas legalizaciones contractuales cuyo
plazo máximo vencía el 15 de diciembre de 2018, dado que la señora Viviana
Andrea Vesga Benítez había informado que se ausentaría entre los días 26 y 30
de noviembre de ese año.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 17 de marzo de 2022, expediente 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-2019). Puntualmente, en
dicha providencia se indicó lo siguiente:
«De tal manera que las actividades por las cuales fue contratado por la entidad le imponían el cumplimiento
de las obligaciones en sus instalaciones, lo que de contera implicaba asistir en los horarios dispuestos para
el funcionamiento.
Para la Sala, dicha situación no conlleva el convencimiento pleno de que se tratase de una relación
subordinada sino una regida bajo el principio de la coordinación, propia de este tipo de contratos de
prestación de servicios, que consiste en “la sincronización de las actividades que ejerce el contratista con
las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es
indispensable que exista una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con
independencia, en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejercer control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito.
Por consiguiente, en el sub lite no puede hablarse de que se tratase de una relación de sujeción del
trabajador hacia su empleador, pues si bien la entidad facilitó el espacio físico para llevar a cabo las
actividades, estableció un horario, y solicitó el cumplimiento de las metas, lo cierto es que dado el objeto
contractual, las actividades que desarrollaba necesariamente requerían de dicha coordinación.
Las razones que la entidad tenía para exigir la prestación del servicio en sus instalaciones son excepcionales
y se encuentran justificadas, toda vez que es indudable que la información que utiliza el Dane es reservada
y podría mal emplearse para obtener provechos diferentes, motivos suficientes para que estos hechos sean
interpretados como una actividad de coordinación más que de subordinación».
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 15
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
62. Asimismo, el uso del correo electrónico institucional y de los elementos de
trabajo suministrados por el ICBF no permite afirmar que la entidad hubiera
desdibujado la autonomía con la cual la contratista debía ejecutar el objeto
convenido. Por el contrario, tales circunstancias constituyen manifestaciones del
principio de coordinación, orientadas a garantizar la adecuada prestación del
servicio, máxime cuando la demandante desarrollaba actividades de apoyo
dentro de la estructura funcional de la entidad y requería herramientas propias
de esta para cumplir las tareas encomendadas.
63. La Sala observa que el argumento principal que esbozó el Tribunal para
considerar acreditada la subordinación continuada consistió en que la
demandante desarrolló una actividad permanente en la entidad accionada, propia
de su objeto misional. No obstante, esta circunstancia no resulta suficiente para
tener por configurado dicho elemento, puesto que el numeral 3 del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993 habilita a las entidades públicas para celebrar contratos de
prestación de servicios con el fin de desarrollar actividades relacionadas con su
administración o funcionamiento, de modo que la coincidencia o semejanza entre
el objeto convenido y la misión de la entidad no permite, por sí sola, concluir la
pérdida de autonomía por parte de la contratista.
64. Se advierte que no se acreditó la existencia de un control continuo,
sistemático o permanente sobre el desarrollo de las actividades de la
demandante, ni la verificación constante del cumplimiento de tareas más allá de
los mecanismos ordinarios de supervisión. Este aspecto adquiere especial
relevancia tratándose de una profesión liberal, pues el componente técnico y la
autonomía intelectual son propios de su ejercicio. En tal sentido, si bien se
evidenció una interacción funcional con otros servidores y la necesidad de
articular las actividades con la dinámica institucional, tales circunstancias no
desbordan el ámbito de la coordinación ni permiten inferir la existencia de
subordinación continuada, por lo que no se desvirtúa la naturaleza del vínculo
existente entre las partes.
65. Dado que en el caso concreto el Tribunal ordenó el pago de la licencia de
maternidad, la Sala se pronunciará de manera específica sobre este aspecto, en
la medida en que su reconocimiento no depende automáticamente de la
declaratoria de desnaturalización de los contratos de prestación de servicios, sino
de las reglas propias del sistema de seguridad social.
66. En efecto, si bien el empleador es quien, en principio, realiza el
desembolso de esta prestación, cuenta con el derecho de recobro ante la
respectiva entidad promotora de salud —EPS—, encargada de cubrir dicha
contingencia, conforme a lo previsto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993, en
concordancia con la regulación contenida en la Ley 1468 de 2011, vigente para
la época de los hechos.
67. Ahora bien, en el presente asunto se encuentra acreditado que la
demandante, aun en su condición de contratista, tenía derecho al reconocimiento
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 16
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
de la licencia de maternidad, en tanto era cotizante del Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Por ello, dicha contingencia debía ser asumida por la
EPS a la cual se encontraba afiliada para la época de los hechos
(independientemente de su forma de vinculación). De otra parte, no se configuran
en este caso los supuestos analizados por la Corte Constitucional en la sentencia
T-329 de 2022 para imponer a la entidad contratante el pago de una
indemnización, pues no se acreditó la terminación del vínculo con ocasión del
embarazo, en la medida en que se suscribieron contratos de prestación de
servicios con posterioridad a la notificación de ese estado, lo que evidencia la
continuidad de la relación contractual.
68. En consecuencia, la Sala concluye que no hay lugar a ordenar a la entidad
demandada el pago de la licencia de maternidad ni indemnización alguna por ese
concepto.
Condena en costas
69. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
70. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general, según la cual, no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.
71. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
72. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto
se accede totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 17
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01053-01 (5378-2024)
Demandante: Viviana Andrea Vesga Benítez
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 18 de julio de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la señora Viviana
Andrea Vesga Benítez a favor de la entidad demandada. Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Santander.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACPC
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 18
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.