Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00262-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00262-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2021-00262-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, DC, nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001 23 33 000 2021 00262 01 (0448–2025)1
Demandante: Beatriz Elena Ramírez Hernández
Demandado: Municipio de Pereira
Tema: Relación laboral encubierta. Carga de la prueba. No
acreditó subordinación. Empresas temporales
de servicios. Prescripción.
Decisión: Modifica sentencia que accedió a pretensiones.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por el municipio de Pereira en contra de la sentencia
proferida el 7 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda2
2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Beatriz Elena Ramírez Hernández demandó la nulidad de los oficios 15777
de 13 de abril del 2021 y 16840 de 19 del mismo mes y año, por medio de los cuales
el municipio de Pereira negó la existencia de una relación laboral y el respectivo
reconocimiento y pago de prestaciones por la labor realizada entre el 20 de marzo
de 2012 y el 16 de diciembre de 2018.
3. En consecuencia, pidió el pago de los salarios y prestaciones sociales
correspondientes con base en lo que percibió un empleado de planta en el mismo
cargo; además, reclamó el reintegro de las sumas asumidas por concepto de
aportes al sistema de seguridad social integral, las respectivas sanciones moratorias
y la condena en costas.
1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo –
SAMAI.https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=660012333000202100262011100103
2
Demanda visible en el índice 1 del expediente digital disponible en SAMAI – Tribunal.
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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Demandante: Beatriz Elena Ramírez Hernández
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
4. Explicó la demandante que prestó sus servicios personales y remunerados a
favor del municipio de Pereira, específicamente a las Secretarías de Educación y
Gobierno, desde el 20 de marzo de 2012 hasta el 16 de diciembre de 2018,
vinculación que se desarrolló a través de intermediación laboral de empresas de
servicios temporales y de manera directa mediante la suscripción de contratos de
prestación de servicios.
5. Indicó que el objeto de su contratación consistió en brindar apoyo a la gestión
para el desarrollo de actividades relacionadas con los planes estratégicos de
convivencia y seguridad ciudadana, en donde ejecutó funciones de carácter
permanente y subordinado en dependencias como las inspecciones de policía,
corregidurías, unidades permanentes de vida (UPV) y centros de atención inmediata
(CAI) de la ciudad. Relató que la prestación del servicio exigió el cumplimiento de
horarios estrictos y la sujeción a las directrices de los funcionarios de planta,
situación que desvirtúa la presunta autonomía del contrato estatal.
6. En atención a lo descrito, presentó reclamación administrativa ante el municipio
de Pereira con el fin de obtener el pago de las acreencias laborales y prestacionales
dejadas de percibir, no obstante, dicha petición fue resuelta desfavorablemente por
la entidad territorial.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
7. Indicó que la actuación de la administración vulneró los artículos 4, 13, 25, 48, 53
y 93 de la Constitución; 23 Código Sustantivo de Trabajo, 32 Ley 80 de 1993. Explicó
que durante el desarrollo de las labores contratadas se configuraron de manera
evidente los elementos esenciales de una relación de naturaleza legal y
reglamentaria, situación que desvirtúa la figura de prestación de servicios.
1.4. Contestación de la demanda3
8. El municipio de Pereira se opuso a la prosperidad de las pretensiones;
manifestó que no existió vínculo laboral, toda vez que la relación se ejecutó en virtud
de contratos de prestación de servicios, en tal sentido, afirmó que entre las partes
solo existió la coordinación propia de dichos negocios jurídicos y que la actora
percibió los honorarios pactados.
9.Explicó que los contratos se rigieron por la Ley 80 de 1993; que la jurisprudencia
del Consejo de Estado sobre el sometimiento de horarios y formas de ejecución ha
expresado que ello resulta connatural al contrato estatal, por lo cual sostener lo
contrario desconocería los mandatos legales bajo los cuales se suscribieron. Indicó
que no se quebrantó el principio de igualdad, pues la situación de un empleado
público estructurada por la concurrencia de elementos que dan origen al pago de
3
Contestación visible en el índice 10 del expediente digital disponible en SAMAI – Tribunal.
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prestaciones difiere sustancialmente de la originada por un contrato de prestación
de servicios, el cual no genera relación laboral ni el pago de aquellas.
10. Finalmente, formuló las excepciones de «inexistencia de violación de las normas
superiores y leyes invocadas», «inexistencia de la relación laboral y el
reconocimiento de prestaciones sociales», «inexistencia de la supremacía de la
realidad», «cobro de lo no debido», «buena fe», «inexistencia de la nulidad del acto
administrativo» y «prescripción».
1.5. Sentencia de primera instancia4
11. En sentencia de 7 de noviembre de 2024, el Tribunal accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y declaró la prescripción parcial a partir del 2 de
diciembre de 2016 y la nulidad de los actos demandados; reconoció la existencia de
una relación laboral entre la señora Beatriz Elena Ramírez Hernández y el municipio
de Pereira por el período comprendido entre el 20 de marzo de 2012 y el 16 de
diciembre de 2018 y el pago de las prestaciones sociales ordinarias causadas, así
como la indexación de las sumas adeudadas y dispuso que todo el tiempo servido
se compute válidamente para efectos pensionales. Denegó las demás súplicas de
la demanda y se abstuvo de proferir condena en costas.
12. Explicó que, con las pruebas se demostró que las labores de apoyo a la gestión
ejecutadas por la demandante en las Inspecciones de Policía, Unidades
Permanentes de Vida (UPV) y Centros de Atención Inmediata (CAI) no se
desarrollaron con la autonomía propia del Estatuto General de Contratación Pública,
pues la prestación del servicio exigió el cumplimiento de horarios preestablecidos y
la estricta sujeción a las órdenes de los funcionarios de planta, elementos que
configuran una continuada subordinación y desvirtúan la naturaleza excepcional del
contrato.
13. Precisó que, en los periodos iniciales, en los cuales la demandante prestó sus
servicios a través de la intermediación de la empresa de servicios temporales
Servitemporales S.A., se encontraron plenamente demostrados los elementos de la
relación laboral encubierta y dispuso que dichos lapsos debían computarse para la
liquidación de las acreencias correspondientes.
1.6. Recurso de apelación5
14. El municipio de Pereira sostuvo que la demandante no cumplió con la carga de
demostrar los supuestos de hecho sobre los cuales fundamentó la existencia de la
relación laboral.
15. Argumentó que la relación con la actora se rigió estrictamente por las
disposiciones de la Ley 80 de 1993, sin que en ningún momento se configuraran los
tres elementos de una relación laboral. En particular, recalcó la ausencia de
4
Sentencia visible en el índice 83 del expediente digital disponible en SAMAI – Tribunal.
5
Escrito visible en el índice 88 del expediente digital disponible en SAMAI – Primera instancia.
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subordinación, la contratista ejecutó los alcances pactados con plena autonomía y
a cambio de unos honorarios, además, en el expediente no obra prueba alguna de
dependencia continua, sino que la evidencia demuestra la simple coordinación de
tareas para el cumplimiento del objeto contractual.
16. En esa misma línea, sostuvo que el eventual cumplimiento de horarios o la
permanencia en las instalaciones de la entidad no son indicativos de subordinación,
situación que la jurisprudencia ha determinado como obligaciones de coordinación
inmanentes al contrato de prestación de servicios, al igual que recibir instrucciones,
asistir a determinados espacios, concurrir a reuniones o presentar informes de
resultados, sin que ello implique una limitación a la independencia funcional del
contratista.
17. De igual forma, atacó el análisis de los extremos temporales, la continuidad del
vínculo y la declaratoria de prescripción, pues advirtió que entre la finalización del
contrato 1460, esto es el 10 de diciembre de 2017, y el inicio del contrato 3116,
suscrito el 26 de enero de 2018, transcurrió un lapso superior a un mes, por lo que
afirmó que se rompió por completo la unidad de la relación contractual.
18. En consecuencia, precisó que únicamente podrían recaer sobre el período
ejecutado en el año 2018, pues cualquier derecho reclamado frente a la vigencia
2017 y años anteriores se encuentra cobijado por el fenómeno jurídico de la
prescripción extintiva, toda vez que la señora Ramírez Hernández omitió radicar la
reclamación administrativa dentro de los tres años siguientes a dicha interrupción.
1.7. Trámite de segunda instancia
19. En auto de 28 de febrero de 20256, se admitió el recurso de apelación, el cual fue
notificado en debida forma a las partes intervinientes.
20. La parte demandante7 allegó escrito en el cual solicitó que se confirme la
decisión de primera instancia. Al respecto, explicó que la interrupción mencionada
por la entidad apelante no configuró una solución de continuidad, pues la
administración le exigió gestionar y presentar una serie de documentos como
requisito previo e indispensable para su recontratación, lo que demuestra una clara
voluntad de continuidad, la cual se materializó con la suscripción del nuevo contrato.
Finalmente, indicó que los demás motivos de inconformidad relacionados con
aspectos probatorios sobre la subordinación ya se encuentran plenamente
decantados por la jurisprudencia y, además, fueron debidamente demostrados en
el curso del proceso.
Finalmente, al no observarse causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procede a resolver la alzada, previas las siguientes,
6
Actuación visible en el índice 4 del expediente digital disponible en SAMAI – Consejo de Estado.
7
Escrito visible en el índice 9 del expediente digital disponible en SAMAI – Consejo de Estado.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
21. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.
22. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso8, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.
23. En ese sentido, comoquiera que solamente apeló la parte demandante, la
resolución del caso en esta instancia se ceñirá a los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.
2.2. Problema jurídico
24. Deacuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
25. ¿Entre la señora Beatriz Elena Ramírez Hernández y el municipio de Pereira
existió una relación laboral encubierta o subyacente por el periodo en que prestó
sus servicios a través de contratos de prestación de servicios?
26. De acreditarse lo anterior, se estudiará si se declaró en debida forma el fenómeno
de prescripción en primera instancia y si tiene derecho a las prestaciones sociales
indicadas por el a quo.
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
27. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional consagra
los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
28. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
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configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.
29. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber: i) el
lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo de las
actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la
inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario
de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores
de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación
laboral5.
30. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto contractual,
se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos de trabajo y se
configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no ejerció su labor con
independencia.
2.4. De las empresas de servicios temporales
31. El marco normativo de las empresas de servicios temporales está contenido en
la Ley 50 de 28 de diciembre de 19908 y el Decreto 24 de 19989, modificado por el
Decreto 50310 de esa misma anualidad.
32.Es así como en el artículo 71 de la prenotada Ley 50 de 1990, definió lo que es
una Empresa de Servicios Temporales en los siguientes términos:
«Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de
servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el
desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas
naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales,
la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleado».
33. Del mismo modo, el artículo 74 ibídem, establece la clasificación de los
trabajadores de dichas empresas de la siguiente manera:
8
Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
9
Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las empresas de servicios temporales.
10
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 0024 del 6 de enero de 1998, que reglamenta el ejercicio de la actividad
de las Empresas de Servicios Temporales.
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«Los trabajadores de las EST son de dos clases: trabajadores de planta, que
desarrollan su actividad en las dependencias de las EST; y trabajadores en
misión, que son aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las
dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por
éstos».
34. De acuerdo con lo anterior, la contratación de servicios con las empresas de
servicios temporales conforma una modalidad de trabajo en la que no existe vínculo
directo entre quien se beneficia del trabajo y el trabajador que lo realiza o presta el
servicio.
35. Ahora, existe una pluralidad de vínculos jurídicos que se desprenden de la
relación contractual existente entre las empresas de servicios temporales y el
trabajador que presta la labor o servicio. Así como también, se genera una relación
jurídica entre el tercero beneficiario o empresa usuario, el trabajador y la Empresa
de Servicios Temporales.
36. Pues bien, respecto de la primera, es decir, la relación jurídica existente entre
la empresa de servicios temporales y el trabajador en misión que lleva a cabo la
prestación personal del servicio existe un verdadero contrato de trabajo o relación
laboral, regido por la normativa laboral del Código Sustantivo del Trabajo11.
37. Y en lo que respecta al salario a devengar por parte de los trabajadores en
misión, la norma señala que «[…] los trabajadores en misión tendrán derecho a un
salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que
desempeñen la misma actividad», así como los beneficios que la usuaria tenga en
materia de transporte, alimentación y recreación12.
2.5. La figura del simple intermediario
38. De otra parte, el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo dispuso:
«ARTICULO 35. SIMPLE INTERMEDIARIO.
1. Son simples intermediarios, las personas que contraten servicios de otras
para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un {empleador}.
2. Se consideran como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como
empresarios independientes, las personas que agrupan o coordinan los
servicios de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los
cuales utilicen locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos
11
Artículo 75. A los trabajadores en misión se les aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo
y demás normas del régimen laboral. Así como lo establecido en la presente ley.
12
Artículo 79. Los trabajadores en misión tendrán derecho a un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la
empresa usuaria que desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto las escalas de antigüedad vigentes en la
empresa. Igualmente, tendrán derecho a gozar de los beneficios que el usuario tenga establecidos para sus trabajadores en
el lugar de trabajo, en materia de transporte, alimentación y recreación. (se aclara que estos párrafos van de pie de página
solo que al copiar directo, lo tomó de esta manera)
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de un {empleador} para el beneficio de éste y en actividades ordinarias
inherentes o conexas del mismo.
3. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple intermediario
debe declarar esa calidad y manifestar el nombre del {empleador}. Si no lo
hiciere así, responde solidariamente con el empleador de las obligaciones
respectivas».
39. En relación con esta figura jurídica, la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021 proferida por esta Corporación precisó lo siguiente:
«199. La misma Corte Suprema, en sentencia de 26 de septiembre 2018,
sobre la figura del simple intermediario, sostuvo lo siguiente:
[…] son simples intermediarias las personas que contraten servicios de otras
para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador.
Además, se consideran como tal, aun cuando aparezcan como empresarias
independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios de
determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen
locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un
empleador para el beneficio de este y en actividades ordinarias inherentes o
conexas del mismo.
200. Por su parte, empleando un criterio análogo al de la Corte Suprema de
Justicia, la Sección Segunda de esta corporación, en un caso similar al
presente, luego de analizar el elemento de la remuneración cuando el pago lo
realiza el contratante, pero el beneficiario de los servicios no es él, sino un
tercero ajeno a la relación contractual, concluyó lo siguiente:
[…] no es posible, por la formalidad del contrato de prestación de servicios,
desconocer el verdadero vínculo que subyace y que genera una relación
laboral, al verificarse que el pago se realiza por un tercero aparentemente solo
por la labor cumplida, pues precisamente esta remuneración se deriva del
trabajo realizado personalmente en la entidad que efectivamente se benefició
de la labor, así, concluye la Sala en dicho pronunciamiento, que la
contraprestación económica pagada por un tercero a la labor que desempeñó
un contratista, no impide que la entidad en la que se ejecuta el servicio asuma
la responsabilidad por la desfiguración del contrato primigenio y, en tales
condiciones, la entidad beneficiaria de la labor desempeñada por el
denominado contratista está en la obligación de reconocer los derechos
económicos laborales propios del contrato de trabajo.112 [Negrillas fuera
del texto].
201. En ese sentido, la existencia de un contrato de prestación de servicios,
en favor de un tercero ajeno a este contrato, no impide que, encontrándose
reunidos los requisitos de la relación laboral, se declare su existencia, pues
dicha decisión se ampara en el principio constitucional de la primacía de la
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realidad sobre las formas, como una verdadera garantía de los derechos de
los trabajadores».
40. De acuerdo con lo anterior, cuando la administración pública acude a la figura
del simple intermediario para contratar suministro de personal, la existencia de un
contrato de prestación de servicios en favor de un tercero ajeno a este contrato no
impide que, encontrándose acreditados los requisitos de la relación laboral, se
declare su existencia en aplicación del principio constitucional de la realidad sobre
las formas.
2.6. Análisis frente al caso concreto
2.6.1. Período laborado a través de empresas de servicios temporales
41. Frente a este tiempo el acervo probatorio solamente contiene el reporte de
semanas cotizadas en Colpensiones13, documento en el que aparecen aportes
realizados por la empresa Servicios Temporales Empacamos S.A.
(Servitemporales) entre el 21 de enero de 2010 y el 30 de diciembre de 2011.
Asimismo, reposa una certificación expedida el 10 de febrero de 2012 14 por la jefa
de gestión humana de dicha compañía, en la que señala que la señora Ramírez
Hernández prestó sus servicios como trabajadora en misión para la Secretaría de
Gobierno municipal como auxiliar administrativo, así: del 16/12/11 al 30/12/11, del
11/10/11 al 25/11/11 y 11/05/11 al 10/10/11, con asignación mensual de $544.317,
535.600 y 527.725, respectivamente.
42. La Sala estima que esos medios probatorios solo revelan el vínculo de la
demandante con la empresa de servicios temporales, y aunque es posible
considerar que como trabajadora en misión prestó sus servicios a la demandada,
tal circunstancia per se no tiene la entidad suficiente para demostrar el elemento de
la subordinación.
43. Se echa de menos los contratos de la demandante con la empresa de servicios
temporales y de esta con la administración municipal a efectos de verificar los
supuestos de hecho de la intermediación, tales como el objeto específico
contratado, las causales legales invocadas y las condiciones de tiempo, modo y
lugar exigidas por la entidad pública, circunstancias que son determinantes para
examinar la configuración de la relación laboral encubierta.
44. Las deficiencias probatorias documentales tampoco lograron subsanarse
mediante otros medios de convicción; pues, si bien el a quo escuchó las
declaraciones de las señoras Patricia Bejarano Izasa, Rubiela del Carmen Jaramillo
Echeverría Juliana Patiño López, ninguna de ellas ofreció información sobre la
prestación del servicio entre los años 2010 y 2011. Los relatos se concentraron de
manera exclusiva en hechos posteriores al año 2012, razón por la cual, sus
13
Documento visible en la página 111 a 113 de la demanda, disponible en el índice 1 del expediente digital que se encuentra
en SAMAI – Tribunal.
14
Certificación visible en la página 144 del archivo disponible en el índice 50 y en la 254 del archivo disponible en el índice
42 del expediente digital que se encuentra en SAMAI – Tribunal.
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afirmaciones no demuestran las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la
demandante ejecutó su labor en dicho período.
45. Esta escasez probatoria impide determinar las condiciones exactas en las cuales
la señora Beatriz Elena Ramírez Hernández laboró para el ente municipal entre
enero de 2010 y diciembre de 2011, por lo tanto, la Sala revocará la decisión de
primera instancia de reconocimiento de la relación laboral subyacente y del pago de
las acreencias reclamadas por dicho lapso. Para en su lugar negarla.
2.6.2. Período laborado a través de contratos de prestación de servicios
46. Los contratos suscritos por la señora Beatriz Elena Ramírez Hernández con el
municipio de Pereira demuestran la prestación personal del servicio. La prueba
documental acredita los siguientes extremos temporales, interrupciones y monto de
los honorarios percibidos:
No.
Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Contrato
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
para el fortalecimiento de los procesos que en
materia de seguridad adelanta la inspección
658 de 20 decimoséptima (Unidad Permanente de $3.928.000
de marzo 20/03/2012 20/07/2012
Protección a la Vida) de Policía en el marco del M/cte.
de 201215 proyecto implementación de programas de
convivencia y seguridad ciudadana en el
municipio de Pereira.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
para el fortalecimiento de los procesos que en
2289 de materia de seguridad adelanta la inspección
31 de decimoséptima (Unidad Permanente de $2.946.000
31/08/2012 31/12/2012
agosto de Protección a la Vida) de Policía en el marco del M/cte.
201216 proyecto implementación de programas de
convivencia y seguridad ciudadana en el
municipio de Pereira.
Interrupción de 43 días hábiles
Prestación de servicios para el desarrollo de
actividades inherentes a los planes estratégicos
de convivencia y seguridad ciudadana que
986 de 4 adelanta la inspección cuarta (4) ubicada en la $7.585.950
de marzo 04/03/2013 30/12/2013
comuna Villa Santana dentro de la ejecución del M/cte.
de 201317 proyecto de implementación de programación de
convivencia y seguridad ciudadana en el
municipio de Pereira
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
para desarrollar actividades relacionadas con los
planes estratégicos de convivencia y seguridad
1161 de ciudadana que adelantan las inspecciones de
$7.815.530
23 de enero policía, corregidurías, unidad permanente de 23/01/2014 07/09/2014
M/cte.
de 201418 vida y centros de atención inmediata de la ciudad
dentro de la ejecución del proyecto
implementación de programas convivencia y
seguridad ciudadana en el municipio de Pereira.
15
Certificación suscrita el 24 de septiembre de 2012 por el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Pereira; visible
en la página 252 disponible en el índice 42 del expediente digital que se encuentra en SAMAI – Tribunal.
16
Certificación suscrita el 27 de marzo de 2014 por el Subsecretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Pereira; visible
en las páginas 20 y 21 del archivo disponible en el índice 28 del expediente digital que se encuentra en SAMAI – Tribunal.
17
Copias del contrato, su adición y demás documentos de su cumplimiento, visibles en las páginas 4 a 178 del archivo
disponible en el índice 42 de SAMAI – Tribunal.
18
Certificación suscrita el 16 de septiembre de 2014 por la Subsecretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Pereira;
visible en la página 19 del archivo disponible en el índice 28 del expediente digital que se encuentra en SAMAI – Tribunal.
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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Radicación: 66001 23 33 000 2021 00262 01
Demandante: Beatriz Elena Ramírez Hernández
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
para desarrollar actividades relacionadas con los
planes estratégicos de convivencia y seguridad
2879 de 1 ciudadana que adelantan las inspecciones de
$3.125.412
de octubre policía, corregidurías, unidad permanente de 01/10/2014 31/12/2014
M/cte2
de 201419 vida y centros de atención inmediata de la ciudad
dentro de la ejecución del proyecto
implementación de programas convivencia y
seguridad ciudadana en el municipio de Pereira.
Interrupción de 62 días hábiles
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
para desarrollar actividades relacionadas con los
planes estratégicos de convivencia y seguridad
1685 de ciudadana que adelantan las inspecciones de
$7.511.406
1 de abril policía, corregidurías, unidad permanente de 01/04/2015 31/12/2015
M/cte.
de 201520 vida y centros de atención inmediata de la ciudad
dentro de la ejecución del proyecto
implementación de programas convivencia y
seguridad ciudadana en el municipio de Pereira.
Interrupción de 48 días hábiles
Prestación servicios de apoyo a la gestión
secretarial y de administración, así mismo las
1145 de demás actividades inherentes al funcionamiento
10 de $7.431.389
de los Establecimientos Educativos oficiales del 14/03/2016 02/12/2016
marzo de M/cte.
Municipio de Pereira o donde la Secretaría
201621 Municipal de Educación lo requiera por
necesidad del servicio.
Interrupción de 41 días hábiles
Prestación servicios de apoyo a la gestión
secretarial y de administración, así mismo las
1460 de demás actividades inherentes al funcionamiento
09 de $9.620.685
de los Establecimientos Educativos oficiales del 09/02/2017 15/12/2017
febrero de M/cte.
Municipio de Pereira o donde la Secretaría
201722 Municipal de Educación lo requiera por
necesidad del servicio.
Prestación servicios de apoyo a la gestión
secretarial y de administración, así mismo las
3116 de demás actividades inherentes al funcionamiento
$10.082.214
26 de enero de los Establecimientos Educativos oficiales del 26/01/2018 16/12/2018
M/cte.
de 201823 Municipio de Pereira o donde la Secretaría
Municipal de Educación lo requiera por
necesidad del servicio.
47. Del contenido del cuadro, se advierte que la actora suscribió múltiples contratos
con el ente territorial entre el 20 de marzo de 2012 y el 16 de diciembre de 2018;
que el objeto de estas vinculaciones fue variable, pues entre los años 2012 y 2015
se desempeñó como auxiliar en las Inspecciones de Policía y las Unidades
Permanentes de Vida de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana; y, entre
2016 y 2018, ejecutó labores de apoyo a la gestión en instituciones educativas
oficiales adscritas a la Secretaría de Educación.
48. Los contratos de prestación de servicios y las certificaciones allegadas al plenario
prueban el pago de honorarios mensuales a favor de la contratista, hecho que
acredita el segundo elemento de la relación laboral, correspondiente a la
contraprestación o remuneración por los servicios ejecutados.
19
Certificación suscrita el 15 de enero de 2015 por la Subsecretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Pereira; visible
en la página 7 del archivo disponible en el índice 59 del expediente digital que se encuentra en SAMAI – Tribunal.
20
Copias del contrato visibles en las páginas 307 a 313 del archivo disponible en el índice 50 de SAMAI – Tribunal.
21
Copia del acta de inicio del contrato visible en la página 24 del archivo disponible en el índice 39 del expediente digital que
se encuentra en SAMAI – Tribunal.
22
Copia del contrato visible en las páginas 9 a 12 del archivo disponible en el índice 39 del expediente digital que se encuentra
en SAMAI – Tribunal.
23
Copia del contrato visible en las páginas 13 a 16 del archivo disponible en el índice 39 del expediente digital que se encuentra
en SAMAI – Tribunal.
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49. Respecto de la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, la
Sala sobre este elemento ha afirmado que «implica una superioridad jerárquica en
el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre el
subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad es una
obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que lo
rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio con
rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la correcta ejecución del objeto
contractual. Dicha obligación incluye facultades de carácter administrativo, que
implican regularizar algunas funciones, el definir horarios en la prestación del
servicio contratado e incluso el suministro de algunos elementos, que identifiquen
al contratista con la comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva implícita
la superioridad jerárquica contenida de la subordinación».
50. En el caso concreto, corresponde analizar las pruebas con el fin de establecer si
la contratista estuvo subordinada al demandado durante la ejecución de los
contratos. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios determinados por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.
51. Así, en cuanto al lugar de trabajo, las pruebas documentales y los testimonios
rendidos por las señoras Patricia Bejarano Izasa, Rubiela del Carmen Jaramillo
Echeverría Juliana Patiño López demuestran que la demandante prestaba sus
servicios en las instalaciones físicas de la entidad, inicialmente en las sedes de las
Inspecciones de Policía y luego en las instituciones educativas oficiales del
municipio. Pero esos elementos probatorios no acreditan que el lugar de ejecución
de los objetos contractuales haya sido impuesto por la demandada. Aunque se
precisa que para la satisfacción de estos es aceptable que el contratista realice su
actividad no solo en las dependencias de la entidad contratante sino también con
implementos de esta24 y ha precisado que la prestación del servicio en la sede de
la entidad, con los implementos que esta proporciona, no implica necesariamente
una continuada subordinación, pues el contexto puede demandar la realización de
las tareas en ciertas condiciones, sin que pueda hablarse de un control o
direccionamiento de la entidad contratante sobre la actividad del contratista, a tal
punto de que este vea comprometida su autonomía.
52. Frente al cumplimiento de un horario de labores, los documentos contractuales
no fijaron una franja expresa en la que la demandante debía ejecutar su labor, no
obstante, de las declaraciones rendidas se resalta lo siguiente:
53. La testigo Patricia Bejarano Izasa25, quien manifestó conocer a la actora en el
año 2014, precisó que esta cumplía una jornada de lunes a viernes, entre las 7:30
24
Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de marzo de 2022 de la Sección
Segunda, Subsección A, expediente 25000-23-25-000-2010-00249-01 (4991-2019).
25
Minuto 9 en delante de la audiencia de pruebas desarrollada el 25 de octubre de 2022.
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a. m. y las 6:00 p. m26. Por su parte, Rubiela del Carmen Jaramillo Echeverría27,
quien compartió labores con la demandante entre 2012 y 2015, indicó que la jornada
transcurría desde las «7 y media de la mañana hasta las 12 del día y de 2 a 6 y media de
lunes a jueves». Además, esta testigo aclaró que, en su calidad de supervisora,
nunca impuso un horario específico a la señora Beatriz Elena, sin embargo, la
contratista observaba dicha jornada por corresponder al horario institucional exigido
a la totalidad de los empleados y colaboradores de la entidad.
54. Para la vigencia 2018, la señora Juliana Patiño López28 explicó que compartió
labores con la hoy demandante en una institución educativa del municipio, y afirmó
que esta estaba supeditada al cumplimiento de una jornada de ocho horas (de 7:00
a. m. a 3:00 p. m., de lunes a viernes), fijada directamente por la rectora del plantel,
quien además daba órdenes diariamente sobre el desarrollo de la jornada laboral.
55. Para la Sala esas manifestaciones demuestran que la demandante ejecutaba sus
labores dentro de una franja horaria acorde con el de prestación de servicios de la
demandada, pero no son contundentes a la hora de determinar su imposición por
parte de la demandada. En ese sentido, aunque es posible que ella ejecutara su
labor en una determinada jornada, la jurisprudencia de esta Corporación29 ha
considerado que el cumplimiento de un horario, analizado de manera aislada,
resulta insuficiente para declarar la existencia de un vínculo laboral, pues en los
contratos de prestación de servicios la exigencia de disponibilidad temporal
constituye un parámetro lógico de coordinación, medida con la que se busca
garantizar la correcta ejecución del objeto convenido y la armonía con el
funcionamiento institucional, por tanto, la jornada señalada por las testigos carece
de la contundencia necesaria para probar, de forma autónoma e inequívoca, la
sujeción disciplinaria propia de la subordinación.
56. La dirección y el control efectivo de las labores constituyen requisitos
fundamentales para constatar la subordinación. Para demostrar la relación laboral
encubierta, la parte demandante asume la carga de acreditar su inserción en el
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad. El acervo probatorio debe
evidenciar que la administración dirigió las actividades de forma directa y anuló la
autonomía propia del contratista independiente.
57. En ese orden, la entidad demandada en su recurso expresó que no se acreditó
el elemento de la subordinación en este asunto. La Sala comparte este argumento
por las siguientes razones.
26
«a la pregunta ¿Qué horario de trabajo si lo había, tenía la señora Ramírez? Contestó Todos los contratistas entrábamos
a las siete y media de la mañana a doce y regresábamos a las dos y salíamos a las seis. En este tipo de contratos con
comunidades no había horario de salir a las seis porque muchas veces nos programaban reuniones después de las seis y a
ella y a mí nos tocaba ir a esas reuniones a comunidades. ¿Quién les imponía ese horario? Bueno, cada secretaría tiene un
secretario del despacho, ¿cierto? En ese entonces, para esa fecha y esa época que fuimos compañeras de trabajo, era la
doctora Migley Betancourt. Patricia, ¿usted está leyendo algún documento? No. Ok.» (sic).
27
Minuto 32:24 en adelante de la audiencia de pruebas desarrollada el 25 de octubre de 2022.
28
Minuto 51:15 en adelante de la audiencia de pruebas desarrollada el 25 de octubre de 2022.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 3 de octubre de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-
2013-04575-01 (2611-2016).
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58. La testigo Rubiela Jaramillo Echeverría, quien fue inspectora 18 en los años
(2012 a 2015) en los que la demandante prestó sus servicios en esa dependencia,
a la pregunta «¿usted alguna vez formalmente le llamó la atención a ella,
formalmente?» contestó «eh, sí, sí, en ocasiones»; pregunta «¿qué pasó, cuál fue
la más grave?» dijo «no, pues no eran faltas graves, sino que por ejemplo se le
pasaba por alto llamar a un abogado o sacarle los comisarios pendientes del otro
día, pues eran unas cosas muy leves, muy insignificantes, que pues se manejaban
ahí mismo dentro de la oficina, pero nada grave». Pregunta «Pues, es decir, ¿usted
le revisaba entonces el trabajo a ella…? contestó «Sí, yo estaba pendiente» (sic).
59. A la pregunta ¿sírvase indicarle al despacho si ella recibía órdenes de alguien
más, aparte de usted como, como inspectora? Contestó «aparte de mí, pues,
de Secretaría de Gobierno, que era la dependencia en la que estaba, que
estábamos vinculados. Pregunta ¿Qué órdenes le llegaban de esa secretaría?
Contestó «De pronto, de asistir a reuniones, capacitaciones». Pregunta ¿qué
reuniones y qué capacitaciones le correspondería a ella antes de asistir? Contestó
«eh, capacitaciones, eh, referentes como a atención a usuarios, eh, cómo se maneja
un archivo.» (sic).
60. La testigo Juliana Patiño López, por su parte, declaró sobre el servicio de la
demandante en el año 2018, época en que ella laboró en la Secretaría de Educación
Municipal de Pereira y fueron compañeras de trabajo, lo siguiente: afirmó que esta
era bibliotecaria, y que su función consistía en «entregar libros, manejar sistemas y
muchas cositas más. También en colaborar en secretaría» (sic). Asimismo, expresó
que recibía órdenes de la rectora, al contestar la pregunta «¿usted ha visto que
le hayan dado a ella por parte de esta rectora? Contestó «sí, ella daba la orden a
ella de que tenía que estar en su lugar de trabajo, de que tenía que entregar los
libros, de que mientras estuvieran los estudiantes en la biblioteca tenía que ponerles
cuidado, que, si necesitábamos apoyo en la secretaría, ella era la que le decía que
tenía que estar allá».
61. Y la declarante Patricia Bejarano que solo refirió aspectos del año 2014, porque
estuvo poco tiempo compartiendo con la demandante laboralmente, manifestó que
esta se encargaba de «archivar, de atender a la comunidad que iba y decía, necesito
que por favor ir a hablar con alguna dependencia. Entonces ella era la persona que
se encargaba de ir, de llevarlos allá, de hacer como ese enlace», asimismo, cuando
se le preguntó «¿qué instrucciones y órdenes me puede decir usted en específico
que le daban a ella? (sic) contestó «por ejemplo, la que percibimos, porque fuimos
compañeras y nos sentábamos prácticamente en el mismo escritorio, era eso, vaya,
reciba a fulano, acompáñelo a tal parte, necesita hablar con el secretario, levante,
o sea, ese tipo de cosas eran muy específicas» (sic).
62. Esas manifestaciones para la Sala junto con las obligaciones de la demandante
como apoyo a la gestión secretarial permiten afirmar que se estructuró la relación
laboral encubierta en vigencia de los contratos 1145, 1460 y 3116.
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63. En efecto, de las cláusulas contractuales y de las manifestaciones de las
declarantes se advierte que la actora debía manejar la agenda de las reuniones,
organizarlas y convocarlas, archivar documentos, atender usuarios, asistir a las
capacitaciones que le fueran indicadas por su superior, mantener actualizadas las
hojas de vida y declaración de bienes y renta en el sistema de información y gestión
de empleo público, entre otras. Estas actividades son operativas, y por tal la Sala ha
considerado que solo pueden ejecutarse bajo continua dependencia.
64. En ese sentido, se constata que la actora no era autónoma e independiente
en el desarrollo de las labores secretariales16, pues como lo ha reiterado la
Sala ello riñe con la naturaleza misma de la actividad17.
65. En ese orden de ideas, la Subsección concluye que la parte demandante no logró
acreditar la continuada subordinación, en el período de ejecución de los contratos
1145 (14 de marzo de 2016 a 2 de diciembre de 2016); 1460 (9 de febrero de 2017
al 15 de diciembre de 2017) y 3116 (26 de enero de 2018 al 16 de diciembre de
2018). motivo por el cual, se revocará parcialmente la sentencia apelada, para en
su lugar declarar la existencia de la relación encubierta únicamente en estos
períodos.
2.7. Análisis de la Sala al segundo problema jurídico interrupción y
prescripción
66. Pues bien, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de
septiembre de 2021 se fijó el período de 30 días hábiles como indicador temporal
de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de
servicios, no obstante, dicho tiempo no es «camisa de fuerza» para determinar si
acaeció o no la solución de continuidad de la relación laboral.
67. De esa manera, según las circunstancias del caso se podrá flexibilizar el
requisito y superar el término siempre y cuando se acrediten circunstancias
especiales. En consecuencia, se verificará si se presentaron situaciones especiales.
68. Los extremos laborales reconocidos corresponden a: 14 de marzo de 2016 a
2 de diciembre de 2016; 9 de febrero de 2017 al 15 de diciembre de 2017 y 26 de
enero de 2018 al 16 de diciembre de 2018.
69. Entre la finalización del primero (2 de diciembre de 2016) y la iniciación del
segundo (9 de febrero de 2017), transcurrieron 41 días hábiles, y entre la
terminación de este (15 de diciembre de 2017) y la iniciación del tercero (26 de
enero de 2018) pasaron 26 días hábiles.
70. En ese orden, aunque la primera interrupción supera los 30 días de que trata
la sentencia de unificación de 2021, los mismos no son camisa de fuerza para
entender que en un plazo mayor pero razonable no hubo solución de continuidad,
como ocurrió en este caso, pues ello se presentó en la época de vacaciones
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colectivas de las instituciones educativas lo que justifica que el último contrato se
celebrara a finales de enero.
71. De tal manera que para la Sala no hubo interrupción laboral. Aunque el
reconocimiento prestacional se hará respecto de los tiempos cobijados por los
contratos.
72. De la misma manera, no se configuró la prescripción, pues el último vínculo
contractual acabó el 16 de diciembre de 2018, la reclamación administrativa se
presentó el 30 de septiembre de 2020, y la demanda se incoó el 24 de agosto de
2021, esto es dentro de los 3 años siguientes a la terminación de la relación laboral.
Sin embargo, como quien apeló fue la parte demandada, la Sala mantendrá
incolume este fenómeno declarado por el a quo desde el 2 de diciembre de 2016
hacia atrás. Por lo tanto, las prestaciones sociales a reconocer lo será por los
extremos del 9 de febrero de 2017 al 15 de diciembre de 2017 y del 26 de enero de
2018 al 16 de diciembre de 2018, fechas que se corregiran en la parte resolutiva,
pues el tribunal reconoció desde el 10 de febrero de 2017 hasta el 18 de diciembre
de 2018, sin interrupción.
2.8. Análisis de la Sala frente al reconocimiento de las prestaciones sociales
73. Una vez constatada la relación laboral encubierta entre las partes, se genera
el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir por la
demandante con ocasión a los contratos de prestación de servicios celebrados con
la demandada.
74. El a quo ordenó el reconocimiento prestacional «tomando como base los
salarios recibidos por un servidor público de planta en un empleo similar, si lo
devengado por el personal de planta resulta más favorable; en caso contrario
deberá realizarlo con los honorarios».
75. Para la Sala, esta orden plantea serias dificultades de ejecución y genera
incertidumbres respecto de su alcance. En efecto, no resulta claro quién debe
definir, ni bajo qué criterios cuál sería el servidor público con el que debe
equipararse el contratista y, si tal determinación se delega a la entidad demandada,
surgen inmediatamente unos interrogantes relevantes: ¿deberá acudir al contrato y,
a partir de allí, revisar el manual de funciones para establecer cuál servidor cumplía
funciones similares?, ¿La comparación debe hacerse conforme al perfil profesional
del demandante?, ¿Deberá tener en cuenta únicamente la formación del
beneficiario de la orden, su experiencia, o solo el monto de los honorarios que
devengaba?
76. Este grado de indeterminación vulnera los principios de seguridad jurídica y
ejecutoriedad de las decisiones judiciales, por cuanto no obra en el expediente
prueba suficiente que permita establecer con certeza cuál sería el cargo de planta
con el cual deba efectuarse la equiparación. En esas condiciones, cualquier decisión
en ese sentido devendría incierta, impidiendo su cumplimiento material y efectivo.
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77. Además, debe destacarse que aun en los escenarios en que la posible
equivalencia se encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido implicaría
que se superó el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos de que
dispone la entidad. En este punto, es pertinente advertir que ni siquiera en aquellos
eventos en que se persigue la nivelación salarial este es un ejercicio posible
pues, aunque la parte cumpla algunas funciones similares a las de un cargo de igual
jerarquía, ello no implica que haya identidad total entre ambos para que sea
procedente, ya que para reconocerla es necesario probar el cumplimiento total de
las funciones del cargo frente al cual se reclama la nivelación.
78. Respecto de la equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega el
desempeño de facto de una misma posición jerárquica al interior de una entidad,
pero con menor salario al de su par, esta Subsección ha desarrollado jurisprudencia
sobre las condiciones de procedencia de las pretensiones, al indicar60:
«(…) Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que
cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor
salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b)
contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige el
empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias
desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que
alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con
fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que
avalen sus alegatos (…)».
79. En materia de pruebas, en la misma providencia se expresó:
«(…) Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una
diferencia en su remuneración porque considera que las funciones y demás
condiciones que cumple resultan asimilables a las de otro empleo cuya
asignación es mayor, debe acreditar necesariamente que existe un criterio de
igualdad entre los dos para poder evidenciar si se presenta un trato disímil
injustificado, aspecto que solo se logra si se comprueba fehacientemente que
quien está en la supuesta situación desfavorable: a) cumplía las mismas
funciones y tenía iguales responsabilidades que las de la plaza comparada, b)
contaba con idéntica preparación o perfil al de un funcionario que ocupa el cargo
contrastado, y c) acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para desempeñar
el empleo cotejado»
80. La Corte Constitucional también ha precisado:61
«(…) En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los
salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose
todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la
igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales,
aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también
diferenciación ante situaciones desiguales...”
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[…]
7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte
se pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre
dos trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos
fácticos: i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con
la misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las
responsabilidades son iguales. (…)» (Negrilla de la Sala).
81. Para la Sala, es claro, que si tratándose de relaciones laborales regulares,
esto es cuando los servidores de los que se predica la igualdad fueron vinculados
mediante nombramientos presumidos de legalidad es tan riguroso el análisis de los
requisitos de la igualdad, mucha más dificultad se presenta cuando uno de ellos
está vinculado mediante contrato de prestación de servicio.
82. Ahora, una situación diferente se presentaría, si en cada caso el juez
realizara el análisis que propone la sentencia citada y encuentra las equivalencias
a que se refiere dicha sentencia, pero es claro que en este caso y en los que se
vienen fallando, ese análisis se deja en manos de la entidad y con esa situación,
considera la Sala que las sentencias que se están profiriendo no solucionan
definitivamente el conflicto y lejos están de prestar mérito ejecutivo para hacerse
efectivas, veamos:
83. El principal propósito del proceso judicial es poner fin a los conflictos de
manera pacífica y definitiva. En particular, el proceso ordinario tiene como finalidad
establecer de manera cierta y concluyente el derecho reclamado y por ello, la
sentencia que se profiera debe ser de tal claridad que el obligado a cumplirla y su
beneficiario tengan certeza de qué se debe dar, hacer o no hacer. De manera más
contundente, dicha claridad debe permitir que, en caso de incumplimiento, pueda
ordenarse su ejecución de manera eficaz a través de un proceso ejecutivo, el cual
está concebido para hacer efectivo de manera breve y sumaria un derecho ya
declarado y definido; no para determinar o encontrar este derecho.
84. Considera la Sala que decisiones como la que hoy se revisa no solo, son
inejecutables, sino que, en lugar de solucionar el conflicto, generan otro debate que
es ajeno al proceso ejecutivo, como es el de probar con posterioridad a la sentencia
estos asuntos que debieron definirse en ella. Podríamos decir que se están dictando
sentencias incompletas, para que sea la administración la que las complete y sin
darle elementos claros de cómo hacerlo, porque eso corresponde al Juez.
85. Como se dijo esto genera falta de claridad en la sentencia y al no ser clara,
la administración tiene muchas opciones para escoger ese equivalente en su planta
y de no ser compartida esa elección por el demandante, debe acudir al proceso
ejecutivo y solicitar el mandamiento de pago realizando en la demanda el análisis
de a cuál cargo debe asimilarse, convirtiendo el ejecutivo en un trámite ordinario
para completar la sentencia.
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86. Este tipo de decisiones además comporta otra dificultad, y es que no hay
forma de saber si se está fallando infra petita perjudicando al trabajador, porque no
hay posibilidad de comparar entre los honorarios y el salario al cual se equipara;
dificultad que se traslada al recurso de apelación, porque si hay apelante único no
es posible saber si adoptando una u otra forma de liquidación, cual podría ser más
desfavorable a ese apelante único.
87. En consecuencia, para corregir estas situaciones y garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia en condiciones de igualdad para ambas
partes, la Sala modificará la sentencia de manera que solucione definitivamente el
conflicto y preste verdadero mérito ejecutivo teniendo en cuenta los honorarios
pactados y liquidará la condena de manera concreta. Dichos honorarios constituirán
la base para calcular las prestaciones sociales a que haya lugar conforme lo
dispuesto en los Decretos 1042 y 1045 de 1978 que regulan el régimen prestacional
aplicable a los empleados públicos.
88. Estas, corresponden a aquellas a cargo del empleador y a las que tiene
derecho un servidor público vinculado a una entidad pública del orden territorial, por
ser la demandada de tal orden, según las exigencias previstas en las normas antes
citadas, es decir, cesantías, intereses a las cesantías, las vacaciones, prima de
vacaciones, prima de navidad, prima de servicios y bonificación por servicios
prestados.
89. Se reconoce también el subsidio de alimentación y el auxilio de transporte
por devengar la demandante menos de dos salarios mínimos legales mensuales
vigentes en los años 2017 y 2018, por la misma razón se reconoce la dotación de
calzado y vestido de labor.
LIQUIDACIÓN
PRIMA
Des CESANTI DE
IPC IPC
de A INTERE SERVICI
SALARI
AUXILIO AUXILIO S O
# O
# AUXILIO DE AUXILI DE TOTAL SOBRE PRIMA
Dia PROME
meses DE TRANSP O DE ALIMEN ANUAL CESANT LA DE
s D.
complp TRANS T. ALIME T SALARIO IA CESANT SERVIC
por MENSU
or año PT. INDEXA NT INDEXA S IA IO
año AL POR
FIN INICI DO DO INDEXA INDEXA INDEXA
Año AÑO
DA
AL AL DA DA
201 157. 96,92 943.20 1.556.3
135.304 93.178 9.620.68
306 10,2 83.140 57.255 55 158.748 520.11 846.453
7 73 4 1 956.330 8
201 157, 100,0 945.20
0 320 10,6 88.211 139.135 60.170 94.906 10.082.2 1.009.8 1.592.8 546.53
8 73 7 08 58 50 169.904 3 862.047
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Radicación: 66001 23 33 000 2021 00262 01
Demandante: Beatriz Elena Ramírez Hernández
BONIFICA-
PRIMA DE PRIMA DE
PRIMA DE VACACION PRIMA DE BONIFICA-CIÒN CIÓN POR
NAVIDAD VACACION VACACION
NAVIDAD INDEXADA VACACION POR SERVICIO SERVICIO
INDEXADA INDEXADA
INDEXADA
1.453.405 795.629 795.629 456.661
893.071 488.888 488.888 280.603
934.739 1.474.365 517.104 815.629 517.104 815.629 292.226 460.929
CONSOLIDADO
AUXILIO AUXILIO
DE DE INTERES PRIMA DE PRIMA DE PRIMA DE BONIFICACIÒN
TRANSPTE ALIMENT CESANTIAS CESANTIA SERVICIO NAVIDAD VACACIONES VACACIONES POR SERVICIO
INDEXADO INDEXADO INDEXADA INDEXADO INDEXADA INDEXADA INDEXADAS INDEXADA INDEXADA
$
$ 274.439 $ 188.084 $ 3.149.204 $ 328.652 $ 1.708.500 $ 1.611.258 $ 1.611.258 $ 917.589
2.927.770
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES INDEXADAS: $ 12.716.755
90. En consecuencia, por concepto de prestaciones sociales a la demandante le
corresponde la suma de $12.716.755, más la dotación de calzado y vestido de
labor desde el 9 de febrero de 2017 y 15 de diciembre de 2017, y del 26 de enero
de 2018 hasta el 16 de diciembre de 2018. Se aclara que, dicho reconocimiento
se realiza a título de indemnización por cada uno de esos años, teniendo en
cuenta el valor establecido por la entidad demandada en cada vigencia fiscal al
momento de la adquisición de la dotación.
De la condena en costas en segunda instancia
91. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
92. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
93. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
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Demandante: Beatriz Elena Ramírez Hernández
94. Bajo ese entendido, no se condenará en costas en segunda instancia porque el
recurso de apelación prosperó parcialmente.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia de 7 de noviembre de
2024, el cual quedará así:
«TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, SE CONDENA al MUNICIPIO DE PEREIRA pagar en
favor la señora BEATRIZ ELENA RAMIREZ HERNANDEZ doce millones setecientos
dieciséis mil setecientos cincuenta y cinco pesos ($12.716.755), por concepto de
las prestaciones sociales incluidas en la liquidación realizada en la parte
motiva de esta providencia.
Igualmente, la entidad demandada deberá realizar los aportes de ley al
sistema de seguridad social en pensiones a favor de la demandante, por todo
el tiempo de la relación laboral indicado en el cuadro del párrafo 40 de esta
providencia, atendiendo el valor de los honorarios devengados mensualmente
por ella».
SEGUNDO: REVOCAR los numerales cuarto (por quedar incorporado en el
numeral tercero) y sexto (porque la condena impuesta está actualizada), de la
sentencia apelada.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia, por lo
expuesto en esta providencia.
CUARTO: Sin condena en costas en segunda instancia.
QUINTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el Sistema de Gestión
Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI. https://samai.consejodeestado.gov.co/
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