Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2015-02487-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2015-02487-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2015-02487-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de mayo de 2022
Radicado: 05001-23-33-000-2015-02487-01 (25536)
Demandante: Servicentro El Campestre S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2015-02487-01 (25536)
Demandante SERVICENTRO EL CAMPESTRE S.A.
Demandado FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLÍN
Temas Contribución de valorización. Notificación de la resolución
distribuidora. Cumplimiento del requisito del artículo 17 del
Acuerdo 058 de 2008. Traslado de pruebas. Determinación de
la contribución por el Proyecto de Valorización El Poblado.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia del 22 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, que resolvió1:
«PRIMERO: PROSPERAN las excepciones de fondo planteadas por la parte demandada:
inexistencia de violación de norma superior, inexistencia de causal de nulidad y presunción de
legalidad de los actos administrativos.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva.
TERCERO: CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandante. Las agencias
en derecho serán fijadas de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso».
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante Resolución Distribuidora Nro. 094 del 22 de septiembre de 2014, el
director general del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín (en adelante
FONVALMED) distribuyó la contribución de valorización del proyecto Valorización
1 Fls.515 a 527 cuaderno 2.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-02487-01 (25536)
Demandante: Servicentro El Campestre S.A.
El Poblado, decretada por la Resolución Nro. 0725 de 2009, modificada por las
Resoluciones Nro. 0824 de 2010, 0246 de 2012 y 0197 de 20142.
La sociedad demandante es propietaria de tres bienes inmuebles identificados con
matrículas inmobiliarias Nro. 001-422272, 001-355633 y 001-365695, los cuales se
encuentran en la zona de influencia del mencionado proyecto de valorización. Por
esa razón, en la carta informativa del 23 de septiembre de 20143, consta que la
entidad demandada informó que el valor de la contribución a cargo de Servicentro
El Campestre S.A. ascendía a la suma de $222.642.372, según se expone en el
siguiente cuadro:
Matrícula inmobiliaria Uso y tipo de inmueble Valor contribución
Comercial y servicios distribución de combustible y
001-422272 $213.729.301
servitecas
001-355633 Residencial unifamiliar $2.146.630
001-365695 Residencial unifamiliar $6.766.441
Total $222.642.372
El 28 de octubre de 2014, la actora presentó recurso de reposición4 contra la
resolución distribuidora porque, a su parecer, se transgredió su debido proceso, en
la medida en que la resolución recurrida debió haber sido notificada de manera
personal, de conformidad con la Ley 1437 de 2011, y no mediante el procedimiento
establecido en el Acuerdo 58 de 2008. Además, porque la Resolución Nro. 0725 de
2009, que decretó la contribución de valorización, perdió fuerza ejecutoria pues, al
cabo de los 5 años de estar en firme, la administración no efectuó actos para
ejecutarla, por lo que la Resolución Nro. 094 de 2014 también carece de fuerza
ejecutoria y, en consecuencia, no podía servir de fundamento para cobrar la
contribución de valorización.
Sumado a lo expuesto, sostuvo que la resolución distribuidora vulneró los artículos
1 y 7 del Acuerdo 58 de 2008, el derecho a la igualdad y la equidad en materia
tributaria. Lo anterior, ya que no indicó los criterios y métodos utilizados para
calcular la contribución, así como el beneficio real que obtienen las personas sujetas
al cobro de ese tributo. En adición, porque hay ciudadanos que se ven beneficiados
con las obras que forman parte del Proyecto de Valorización El Poblado a quienes
no se les cobró la contribución y porque inmuebles con las mismas características
de los de la actora, fueron gravados con una contribución menor a la que a ella le
correspondió.
2 Fls.52 a 63 cuaderno 1.
3 Fl.64 del cuaderno 1.
4 Fls.441 (vlto.) a 448 cuaderno 2.
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Demandante: Servicentro El Campestre S.A.
Mediante la Resolución Nro. 27090 del 18 de junio de 20155, notificada
personalmente a la actora el 27 de julio del mismo año6, la entidad confirmó el acto
recurrido.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), la demandante formuló las siguientes pretensiones7:
«PRIMERA: Que se decrete la nulidad de los actos administrativo (sic) RESOLUCIÓN 094
DE 2014 de FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – FONVALMED
y sus anexos junto con la liquidación comunicada a través de oficio No. (sic) oficio del 23 de
septiembre 2014; “por medio de la cual liquida y distribuye la CONTRIBUCIÓN de
VALORIZACIÓN, por concepto de las OBRAS PÚBLICAS VIALES, que se construyen en el
ELPOBLADO” (sic), y del acto administrativo 27090 del 18 de junio de 2015, notificado
personalmente el 27 de julio de la misma anualidad expedido por FONDO DE
VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – FONVALMED- SECRETARÍA DE
HACIENDA – MUNICIPIO DE MEDELLÍN; por medio del cual se resolvió un recurso de
reposición instaurado contra el primero.
SEGUNDA: Como consecuencia de la declaración de nulidad indicada, que se restablezca
el derecho de la sociedad demandante en los siguientes términos:
a. Se ordene la cesación del cobro por concepto de valorización impuesto a la sociedad
demandante.
b. Se reconozca el pago de la indemnización de perjuicios materiales, así:
(i) Por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, que se
reconozca la suma equivalente a los gastos procesales y de defensa técnica en
los que incurrió el demandante, que al día de hoy se tasan en la suma de OCHO
MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000);
(ii) Por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, que se
reconozca la suma de dinero que han sido pagados (sic) por la demandante al
FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN –
FONVALMED- que (sic) con ocasión del cobro por valorización, ello por valor
de DIECISEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y DOS PESOS ($ 16.087.832)
5 Fls.72 a 86 del cuaderno 1.
6 Fl.71 del cuaderno 1.
7 Fls.10 y 11 del cuaderno 1.
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Demandante: Servicentro El Campestre S.A.
(iii) Por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente futuro, que se
reconozca la (sic) sumas de dinero que sean pagados (sic) por la demandante
al FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN –
FONVALMED- que con ocasión del cobro por valorización hiciera la entidad
demandada a mi poderdante durante el tiempo que dure el proceso
c. Que todas las sumas que se reconozcan como indemnización sean indexadas.
TERCERA: Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada».
Para los anteriores efectos, invocó como normas violadas el preámbulo y los
artículos 1, 2, 13, 29, 31, 339, 340, 341 y 342 de la Constitución Política, y 1, 3, 137,
138 y 187 de la Ley 1437 de 2011.
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente8:
1. Violación al debido proceso frente a la notificación de actos
administrativos relacionados con la liquidación del «efecto plusvalía»
mediante avisos o edictos.
Los artículos 47, 48 y 53 del Acuerdo Nro. 58 de 2011, que regularon el
procedimiento referente a «como (sic) se haría el derrame del efecto plusvalía y la forma en
que se notificaría la Resolución por medio del cual se haría el cobro de dicha contribución», debe
estar sujeto a la Constitución y a la ley, ya que no puede ser violatorio del debido
proceso, «situación que de facto no ocurrió en el presente caso tal y como a continuación se
expondrá».
El acto administrativo que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas
particulares y concretas, como el de «derrame de plusvalía», debe ser notificado al
contribuyente de manera personal, tal y como lo establece el artículo 67 de la Ley
1437 de 2011, según el cual las decisiones que pongan término a una actuación
administrativa se notificarán personalmente, mediante la entrega al interesado de la
copia íntegra, auténtica y gratuita del acto.
No obstante, en este caso, la Resolución Nro. 094 de 2014 no fue notificada
personalmente, ni tampoco fue entregada una copia íntegra y auténtica de ese acto,
ni de sus anexos. Esta situación constituye una grave y «aberrante» afectación al
debido proceso en sede administrativa, toda vez que le impidió a la actora contar
con los elementos íntegros y técnicos para ejercer una debida defensa técnica.
La decisión legislativa de prever que el acto administrativo que establece la
«participación del efecto plusvalía» se notifique por avisos y edictos es incompatible con
8 Fls.12 a 30.
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la Constitución. Es claro que una vía de comunicación que no satisfaga el derecho
de defensa y contradicción, puede derivar en pleitos judiciales que se resuelvan a
favor del ciudadano, con los costos que ello apareja para el Estado.
Además, la copia de la liquidación suministrada, junto con la afirmación de que la
entidad pone a disposición de la comunidad los medios tecnológicos para dar a
conocer la información sobre el proyecto y las contribuciones, no sustituye la forma
de notificación personal exigida por ministerio de la ley.
En esas condiciones, es ostensible que la notificación por edicto de la Resolución
Nro. 094 de 2014 y sin la entrega de sus anexos, vulnera el debido proceso y pone
en imposibilidad al administrado de controvertir dicho acto administrativo, ya que no
puede conocer sus fundamentos fácticos y jurídicos, según lo estableció la Corte
Constitucional en la sentencia C-371 de 1999.
Del mismo modo, en la sentencia del 19 de enero de 2012 (exp.17578), el Consejo
de Estado ha ratificado, puntualmente sobre la contribución de valorización, la
exigencia de la notificación personal del acto que liquida y distribuye el tributo. Y,
más recientemente, en la sentencia C-035 de 2014 respecto al tributo denominado
participación en plusvalía, la Corte Constitucional señaló que la decisión legislativa
de prever que el acto administrativo que establece la «participación del efecto plusvalía»
se notifique por avisos y edictos no es compatible con la Constitución Política.
2. Los actos demandados son ilegales por su origen y fundamento
En el Municipio de Medellín no se han acordado por el Concejo Municipal programas
de obras públicas y menos de obras públicas por valorización. En efecto, según
certificación expedida por la secretaría de ese órgano de representación popular,
no se ha adoptado mediante un acuerdo municipal ningún proyecto, plan o
programa de obras públicas y menos de obras públicas por valorización. Además,
no puede aceptarse que lo dispuesto en la Resolución Nro. 0725 del 29 de julio de
2009 satisfaga los lineamientos legales necesarias para acordar obras públicas por
valorización.
Conforme con los numerales 5 del artículo 315 y 2 del artículo 313 de la Constitución
y las Leyes 136 de 1994 y 388 de 1997, para efectos de lo previsto en el artículo 17
del Acuerdo Nro. 058 de 2008, le correspondía al Concejo «no sólo haber adoptado por
acuerdo diferente el proyecto, plan o programa de obras públicas, pudiendo declararlas en dicho
acuerdo, como “obras de interés público", para así incorporarlas en el Acuerdo de Plan de desarrollo
económico y social, en el cual, como está demostrado, NO PODÍA INCLUIR como proyecto, plan o
programa de obras públicas, el listado que finalmente le anexa al Acuerdo 16 de 2008 o Plan de
desarrollo económico y social 2008-2011, con violación ostensible de la Constitución y la ley».
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La adopción por parte del Concejo, mediante acuerdo, del proyecto, plan o
programa de obras públicas, está vinculado de manera directa con el derecho
fundamental al debido proceso administrativo, con el derecho a la propiedad privada
y con la expropiación, así como con numerosos derechos fundamentales y
colectivos, como la vida, la salud, el medio ambiente sano, el espacio público, la
seguridad jurídica, la confianza legítima y la moralidad administrativa, los cuales se
ven vulnerados por la inexistencia, en el caso del plan de obras públicas viales que
por valorización se construye en Medellín, de las formas, procedimientos, causas,
fundamentos o motivaciones, tanto fácticas como jurídicas, que son requisitos de
validez y eficacia de los actos administrativos. Ello, porque no existe en Medellín un
acuerdo de obras públicas, conforme a la Constitución y la ley, aunado al cobro del
tributo de valorización «regresivo, inequitativo, especulador y gentrificador (sic) y
específicamente por la ausencia de BENEFICIOS».
En las actas del Concejo Municipal de Medellín del año 2008 constan las razones
de inconveniencia de las obras públicas viales que se construyeron por valorización
en El Poblado, en la medida en que ampliar, mejorar, construir infraestructura vial,
no iba a resolver el problema de movilidad.
Las resoluciones decretadoras han sido expedidas sin el cumplimiento del requisito
previsto en el artículo 17 del Acuerdo Nro. 058 de 2008, en la medida en que las
obras públicas viales a construir en El Poblado por valorización no han sido
aprobadas y, por tanto, adoptadas por el Concejo de Medellín, mediante acuerdo,
conforme lo exigen los artículos 313 y 315 de la Constitución y las Leyes 136 de
1994 y 388 de 1997.
Sumado a lo expuesto, en el Acuerdo Nro. 58 de 2008 respecto del hecho generador
y del sujeto pasivo de la contribución de valorización, el Concejo de Medellín
introdujo unos elementos reglamentarios cualificantes al tenor del concepto obras
de interés público, criterio que no puede soslayarse desde el Decreto 1604 de 1996,
«pues esta norma no lo establece ni tan siquiera como presunción cualificatoria (sic) de la
valorización y que aunque así fuese para el nivel nacional, no excluye la potestad reglamentaria del
concejo».
En virtud de todo lo anterior, la demandante no está obligada al pago de la
contribución de valorización por las obras públicas viales que se construyen en El
Poblado, porque, frente a los elementos del tributo, no se cumplen las condiciones
que estableció el Concejo de Medellín, «esencialmente la inserción en el Plan de Desarrollo
como “OBRAS de INTERÉS PÚBLICO", que no puede ser soslayado bajo el monstruoso criterio, de
ser así consideradas las obras de infraestructura vial y de transporte, en la ley 388, que de manera
especial las regula para la expropiación, no para la valorización», pues ello suprimiría la
autonomía de los entes territoriales en materia tributaria y «se suprimirían los derechos
y garantías de los administrados, en tanto la adopción de las obras por Acuerdo, no por su mera
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inclusión en el Acuerdo de Plan de desarrollo económico y social y como acto administrativo, era la
garantía del DEBIDO PROCESO, por razón de la necesaria MOTIVACIÓN, fáctica y jurídica, que
requería el plan de OBRAS PÚBLICAS VIALES».
3. Pérdida de ejecutoria del acto administrativo en el que se fundó el acto
demandado.
La Resolución Nro. 094 de 2014 se fundó en la Resolución Nro. 0725 del 29 de julio
de 2009, la cual ha perdido fuerza ejecutoria al tenor del artículo 91 del CPACA por
no haberse ejecutado dentro de los cinco años siguientes de estar en firme. En esa
medida, la resolución demandada no contempla en su base de legalidad un acto
jurídico vigente y, en consecuencia, FONALVED no puede proceder al cobro de la
contribución de valorización con base en la Resolución Nro. 0725, «pues ello sería un
cobro de lo no debido sin el fundamento legal que esta clase de tributos debe tener».
Adicionalmente, en la resolución acusada no se específica el monto exacto en que
las propiedades de la demandante se van a valorizar, ni cuándo se verá reflejado
ese mayor valor y el motivo. Con lo anterior, dicho acto vulnera los artículos 1 y 7
del Estatuto de Valorización de Medellín, ya que no es claro en indicar el mayor
valor de los inmuebles a los que les recae el cobro por valorización, ni el beneficio
real que tiene los afectados con el cobro de una suma de dinero por concepto de
valorización.
Por último, planteó que predios vecinos a los suyos, con características similares en
cuanto a estrato, retiros, construcciones, medidas de lotes, vías, beneficios en virtud
del desarrollo de la obra, entre otros, se encuentran obligados a pagar una
contribución menor. En ese sentido, expuso que esto demuestra que no queda claro
cuáles fueron los cálculos, que se transgredió el principio de equidad tributaria y que
el tributo asignado es desproporcionado.
4. El informe técnico no cumple los requisitos mínimos para su validez
El supuesto informe técnico realizado no goza de los requisitos mínimos de validez
para esa clase de pruebas, toda vez que fue suscrito por el equipo técnico de la
unión temporal, y no por ningún funcionario o empresa responsable. Además, se
ignora la experticia que tienen los supuestos funcionarios de dicho equipo en estos
temas, por lo que la experticia queda sin valor probatorio alguno.
La Resolución 27090 del 18 de junio de 2015 tiene su fundamento en el informe
técnico antes citado, siendo ésta una falsa motivación, ya que el informe no goza
de ningún tipo de validez y, por el contrario, contamina el fundamento o parte motiva
de ese acto administrativo, al ser una prueba ilegalmente obtenida y sin el lleno de
los requisitos legales para la práctica de la misma, el cual no puede ser utilizado
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como prueba en la presente demanda, así como tampoco podrá pedirse su
exhibición o ratificación ya que se desconoce su autor y las calidades del mismo.
Oposición a la demanda
La demandada solicitó desestimar las pretensiones de la parte actora (Fls.267 a 298
cuaderno 2), con base en las siguientes razones:
Respecto al primer cargo de nulidad, relacionado con la indebida notificación de la
resolución distribuidora, señaló que la demandante introduce deliberadamente una
falacia, consistente en que se está en presencia de la participación en plusvalía para
así adecuar su argumentación a una sentencia de la Corte Constitucional sobre la
notificación de ese tributo. No obstante, la participación en plusvalía y la contribución
de valorización tienen hechos generadores y bases gravables diferentes y, por lo
mismo, la reglamentación legal es distinta.
De igual forma, dijo que el Concejo de Medellín expidió el Acuerdo 64 de 2012,
modificado por el Acuerdo 95 de 2015, el cual señala los tributos del municipio y los
principios que lo rigen. Así, el Municipio de Medellín estableció la contribución de
valorización, soportado por los artículos 313 y 338 de la Constitución y en la Leyes
14 de 1983, 44 de 1990, 136 de 1994, 788 de 2002, 1430 de 2010, 1450 de 2011 y
1551 de 2012, el Decreto Ley 1333 de 1986 y las normas nacionales que regulan la
contribución de valorización, entre ellas, las Leyes 25 de 1921, 195 de 1936, 113 de
1937, 25 de 1959 y los Decretos 868 de 1956, 1604 de 1966 y 1394 de 1970.
Considerando lo anterior, explicó que por mandato del artículo 66 de la Ley 383 de
1997, las normas del Estatuto Tributario Nacional sobre procedimiento de cobro
deben ser aplicadas de conformidad con la naturaleza y la estructura funcional del
Municipio de Medellín. No obstante, en cuanto a la administración, control,
fiscalización, liquidación y discusión de las obligaciones tributarias, lo establecido
en el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 sólo es aplicable frente a aquellos tributos
que realmente tienen naturaleza de impuesto, es decir, «cuando el contribuyente está
obligado al pago sin recibir ninguna contraprestación por parte del Estado», lo cual no ocurre
frente a las contribuciones porque ellas son un pago por una inversión que beneficia
a un grupo de personas.
Precisó que el artículo 47 del Estatuto de Valorización de Medellín establece que la
resolución distribuidora se notificará por edicto y, en adición, que se deberá publicar
un aviso en prensa y radio con varias especificaciones. Por su parte, la resolución
distribuidora prevé en el artículo 16 que el recurso debe ser interpuesto por escrito,
dentro del término de fijación del edicto que «la notificatorio (sic) y los 10 días hábiles
siguientes al de su desfijación, acompañando las pruebas que estimen convenientes».
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Añadió que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo contiene unas reglas sobre el ámbito de aplicación y los
procedimientos administrativos «común y principal», y establece que su aplicación
cede ante los procedimientos regulados por leyes especiales, según los artículos 2
y 34 de ese ordenamiento.
Con fundamento en lo anterior, adujo que la contribuyente pretende que la
notificación de la resolución distribuidora debía ser personal e incluir una copia de
la totalidad de los anexos y estudios. Sobre este particular, argumentó que es un
imposible material por la cantidad de estudios, registros y documentos asociados y,
en adición, un imposible legal. Sostuvo que es un imposible material incluir en las
resoluciones decretadoras o distribuidoras los estudios realizados, razón por la cual
el Estatuto de Valorización exige relacionar los estudios en la motivación o los
antecedentes, poner a disposición de los contribuyentes los estudios realizados en
diferentes medios (página web, Word, Excel) para que puedan ser consultados,
hasta donde lo permita la Ley 1581 de 2012 sobre habeas data, así como anexar el
listado de los contribuyentes de la contribución «y los factores aplicados al edicto y
aviso fijado».
Señaló que estos datos no pueden ser divulgados en forma masiva a todos los
contribuyentes, pues sólo se podrá entregar copia de la respectiva liquidación a
cada propietario, lo cual se cumplió en este caso, al haber enviado la carta
informativa a la actora y al haber puesto a su disposición toda la información en el
centro de atención de FONVALMED.
Ahora, en lo que se refiere a la forma de notificación, expresó que el Estatuto de
Valorización es una norma especial en materia tributaria, por tanto, según lo
establecido en la Ley 1437 de 2011, «la remisión que hace el estatuto tributario municipal en
materia de notificaciones, debe ser aplicada en relación con impuesto (sic) o tributos que no hayan
sido reglamentados por el Concejo». Así lo estableció el Consejo de Estado en las
sentencias del 18 de mayo de 2006 (exp.14709 CP: Ligia López Díaz) y del 14 de
junio de 2012 (exp.18159 CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez).
Sumado a lo anterior, adujo que para el proyecto de valorización El Poblado, el
procedimiento de notificación se realizó atendiendo las normas vigentes y, por ende,
quedó surtido en debida forma, pues así lo consideró el fallo de segunda instancia
proferido por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
con ocasión de una demanda presentada en ejercicio de la acción de cumplimiento.
Finalmente, después de citar los fundamentos normativos de la participación en
plusvalía, afirmó que ese tributo y la contribución de valorización son diferentes, por
lo que no es de recibo aplicar en este caso las sentencias de constitucionalidad
sobre la notificación de la participación en plusvalía a las que se refirió la
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demandante, en especial, en lo que tiene que ver con la notificación de la
contribución.
En lo referente al segundo cargo de nulidad, consistente en que los actos acusados
son ilegales por su origen y fundamento, enfatizó que la actora desconoce que el
hecho generador y la base gravable del «Proyecto de Valorización El Poblado» se
estableció por el Concejo de Medellín en los Planes de Desarrollo 2008-2011
(Acuerdo 16 de 2008) y 2012-2015 (Acuerdo 7 de 2012), de manera que se cumplió
con los principios de legalidad y representación al ser ordenada la obra por el
Concejo de Medellín. Lo anterior, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 152
de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que en sus artículos 5, 6 y 7 prevé
que el contenido del plan de desarrollo incluye los proyectos a realizar y los
mecanismos de financiación.
En esa medida, añadió que no existe otro acuerdo o mecanismo diferente al plan
de desarrollo para incluir los proyectos de inversión física o social, o las obras a
ejecutar y los mecanismos de financiación. Por esa razón, en los Acuerdos Nros. 16
de 2008 y 7 de 2012 se describieron las obras a realizar por valorización en
Medellín, además de otras obras a realizar financiadas con recursos ordinarios.
Considerando lo anterior, explicó que no existe obligación de expedir un «Acuerdo
de Obras Públicas», en la medida en que tales obras y su financiación deben ser parte
del Plan de Desarrollo, por eso, señaló, «el apoderado trata de sustituir al legislador hacienda
(sic) una interpretación contraria a la ley 152 de 1994». Por todo lo anterior, dijo que no se
observa violación alguna a lo establecido en el artículo 466 del Acuerdo 46 de 2006
o el artículo 17 del Acuerdo 58 de 2008.
Agregó que el proceso de distribución del Proyecto de Valorización El Poblado y las
Resoluciones 094 de 2014 y 27090 de 2015, no vulneran ninguna norma
constitucional, pues esos actos cumplen con todos los elementos estructurantes del
acto administrativo (sujeto, objeto, motivos, forma y fin). Además, indicó que el
Acuerdo 58 de 2008 definió los sujetos activos y pasivos de la contribución, la base
gravable y estableció la forma de determinar las tarifas a cobrar, de manera que ese
Acuerdo es el soporte legal de la resolución distribuidora.
En ese orden de ideas, afirmó que no existe una violación de una norma superior,
comoquiera que la resolución se fundó en las normas que le dieron origen, esto es,
el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo 2012-2015 (Acuerdo 7 de
2012), el Acuerdo 58 de 2008, en armonía con lo dispuesto en las Leyes 25 de 1921,
195 de 1936, 113 de 1937, 1 de 1943, 25 de 1959 y los Decreto 868 de 1956, 1604
de 1966 y 1394 de 1970. Además, señaló que la resolución distribuidora fue
expedida por el funcionario competente.
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En cuanto al principio de equidad tributaria, arguyó que en el Proyecto de
Valorización El Poblado se ve desarrollo en la aplicación de la metodología que se
apoya en un conjunto de estudios de tipo social, económico, ambiental, entre otros,
los cuales permiten distribuir la contribución de acuerdo con el beneficio económico
que obtiene cada inmueble, teniendo en cuenta la capacidad económica de los
propietarios y poseedores con base al estudio socioeconómico realizado. Añadió
que también se cuenta con la aplicación del tratamiento especial, años de gracia
por situaciones especiales o calamitosas y con el equipo social de FONVALMED, el
cual realiza los estudios solicitados a casos particulares, «ya que en pro de aplicar el
principio de igualdad, a todos los predios dentro del área de influencia del proyecto de valorización
el Poblado se (sic) aplicó la misma metodología, partiendo de las características particulares de cada
predio, para dar cumplimiento a una igualdad material».
En adición, resaltó que, contrario a lo afirmado sobre la vulneración de los Acuerdos
58 de 2008 y 7 de 2012, se indicaron los elementos fácticos y jurídicos de la
contribución que permiten garantizar el derecho a la igualdad de los contribuyentes
y la equidad tributaria en la asignación del tributo.
Sumado a lo anterior, indicó que se eligió la junta de representantes de los
propietarios lo cual garantizó la participación ciudadana y el conocimiento de todo
el proceso por parte de los representantes.
En lo que respecta al cargo referente a la pérdida de fuerza ejecutoria de la
resolución distribuidora, resaltó que las resoluciones decretadoras, en las cuales se
fundamenta, no han sido suspendidas o declaradas nulas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Por el contrario, resaltó que, en varios procesos
judiciales llevados a cabo ante esta jurisdicción, se ha declarado su legalidad.
Además, indicó que no han desaparecido sus fundamentos de hecho o de derecho,
en la medida en que están soportados en estudios técnicos y en los Acuerdos 58
de 2008, 16 de 2008, 64 de 2012 y 7 de 2012.
Manifestó que expidió la Resolución 0725 en el año 2009, pero la modificó mediante
las Resoluciones 0824 de 2010, 0246 de 2012 y 0197 de 2014, de manera que se
mantuvo la vigencia de las mismas hasta la distribución de la contribución hasta el
año 2014, de manera que no se cumple con lo señalado en el numeral 3 del artículo
91 de la Ley 1437 de 2011, además, porque no se trata de un acto administrativo
de carácter particular y concreto, ni contiene una condición resolutoria ni establece
un límite temporal que permitiera deducir que ha perdido su fuerza ejecutoria. Por
todo lo anterior, afirmó que ninguna de las reglas o mandatos se cumplen en este
caso para concluir que las resoluciones decretadoras han perdido su fuerza
ejecutoria.
Ahora, en relación con el sistema y el método utilizado para la asignación de la
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contribución, expresó que en la parte considerativa de la Resolución Nro. 094 de
2014 se señaló la metodología para calcular el beneficio del proyecto, el beneficio
total, el resultado final del estudio socioeconómico para determinar la capacidad de
pago y el presupuesto total del Proyecto de Valorización del Poblado.
Para cumplir con lo previsto en los artículos 1, 2, 7, 9, 11 y 45 del Acuerdo Nro. 58
de 2008, explicó el procedimiento que se realizó para determinar el beneficio teórico
unitario (BTU), que consistió en: (i) selección de un área de estudio; (ii)
determinación en la subdivisión política las áreas del suelo y la sumatoria de avalúos
catastrales del suelo como elementos de referencia para diseñar un muestreo de
puntos a ser avaluados en cada una de las áreas; (iii) localización de los puntos en
el territorio de acuerdo con la cantidad de puntos calculados para cada división de
barrios y veredas; (iv) proceso de contratación mediante un concurso de méritos
para seleccionar la lonja que realizaría los avalúos de cada sitio demarcado; y (v)
cálculo del mayor valor económico que se estima se generará por el proyecto.
Igualmente, describió los procedimientos para la elaboración de los avalúos sin
proyecto (metodologías de mercado, método de renta, método residual y la consulta
a expertos) y de los avalúos con proyecto, en el que se estimó del valor de la tierra
en cada uno de los sitios indicados como si ya se hubiesen construido las obras y
estuvieren en pleno funcionamiento (metodologías de multicriterio aceptadas para
estos casos). Para este último también se realizaron estudios para evaluar el
impacto en la contaminación ambiental tales como ruido, emisión de gases
contaminantes e índice de calidad del paisaje por la ejecución de las obras, así
como un estudio de la movilidad en el área de estudio del proyecto de valorización.
Para cada estudio, expuso las variaciones que se presentaban con ocasión de la
construcción de las obras.
Destacó que el estudio no se efectuó predio a predio, sino mediante puntos de
evaluación, los cuales fueron en total 670 en la zona sur de Medellín, distribuidos
alrededor de todas las obras que se iban a ejecutar en el proyecto. De igual forma,
recalcó que para determinar el beneficio económico por las obras no sólo se tuvieron
en cuenta los puntos cercanos a un predio en específico, sino que los 670 puntos
se encuentran correlacionados, por lo que no se pueden analizar
independientemente. Especificó que para estos efectos se utilizó el método
denominado «KRIGING», el cual está basado en modelos estadísticos que incluyen
la autocorrelación, es decir, las relaciones estadísticas entre los puntos medidos.
Así las cosas, con base en ese método, se determinó la diferencia entre el valor de
los inmuebles con proyecto y sin proyecto y, con base en ese resultado, dijo que se
«adelantó una interpolación geográfica que tiene la capacidad de producir una superficie de
predicción que para el caso específico determina las zonas de beneficio teórico sobre la tierra, que
interceptado con los predios nos determina el Beneficio Teórico Unitario de cada predio y matrícula
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inmobiliaria».
En esas condiciones, aclaró que no se calculó el valor de ningún inmueble en
especial, ya que, con base en esa metodología, no es un requisito la realización de
avalúos de cada inmueble para determinar el beneficio, pues ello constituye un
imposible material y jurídico contrario a los principios de economía y celeridad. De
igual forma, precisó que los avalúos con proyecto y sin proyecto se realizaron para
la misma etapa del tiempo, de ahí que las variaciones que pudieran darse por el
paso del tiempo no son consideradas. Señaló que las explicaciones del
procedimiento y técnicas utilizadas para corregir desviaciones en las metodologías
y llegar a un resultado confiable, se incluyen en las conclusiones de los estudios de
valores de la tierra que fueron contratados.
A continuación, expuso las definiciones de cada uno de los valores utilizados para
hallar el beneficio obtenido por los inmuebles y sus variables, y explicó las fórmulas
con las que se calculó el beneficio real del inmueble y el valor de la contribución, así
como la metodología empleada para el efecto. Con base en ello, dijo que quedaba
desvirtuaba la presunta violación de normas legales y la falta de certeza de la
contribución.
Finalmente, propuso las excepciones de ausencia de violación de una norma
superior, inexistencia de causal de nulidad, buena fe y cosa juzgada9.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la demandante, con fundamento en las siguientes razones
(fls.515 a 527 cuaderno 2):
En lo que tiene que ver con la notificación de la Resolución Nro. 94 de 2014 resaltó
que se llevó a cabo conforme con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Acuerdo
58 de 2008. Por lo anterior, estimó que el cargo propuesto por la actora en realidad
cuestiona es la procedencia de realizar la notificación en los términos establecidos
en el citado Acuerdo 58 de 2008 y, al ser así, resaltó que este no es el escenario
para ventilar este asunto, en la medida en que, «si la parte no está conforme con lo
establecido en el mismo, era tal acto el que debía ser demandado».
Frente al cargo de la presunta falta de fuerza ejecutoria de la resolución distribuidora
de la contribución de valorización, destacó que ese acto no es uno no ejecutoriado,
como lo pretende la actora, pues dicha resolución fue modificada por actos
9 La excepción de causa juzgada fue negada por el a quo en la Audiencia Inicial llevada a cabo el 12 de
diciembre de 2016, toda vez que no se reunieron los presupuestos necesarios para su configuración (fls.380
a 386).
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posteriores, razón por la cual mal podría decirse que perdió su ejecutoriedad «o que
la misma se contabiliza desde la creación del primer acto, en tanto lo cierto es, que fue modificado y
con ello varía la fecha a partir de la cual se contabiliza la pérdida de ejecutoriedad del acto».
En línea con lo anterior, destacó que no es posible afirmar que las normas que rigen
la contribución de valorización no contienen el método a emplear, «cuanto más si los
mismos son desarrollados por la literatura jurídica». En consecuencia, dijo que no
prosperaba el cargo que va en esta línea. Aunado a lo anterior, explicó que en los
numerales 29 a 32 de la resolución distribuidora se establece claramente la
metodología a emplear y el método.
En relación con el argumento de la actora relacionado con que debió realizarse un
avalúo antes y después de la obra, para que se configurara el hecho generador de
la contribución, expresó que no se logró demostrar que el inmueble haya dejado de
valorizarse, es decir, que a pesar de la construcción de la obra el beneficio hubiese
sido cero o en todo caso inferior. Por el contrario, adujo que los actos demandados,
con base en los estudios de beneficio por muestreo, determinaron que el inmueble
sí se valorizó.
De otro lado, manifestó que la entidad demandada demostró los estudios que se
contrataron para establecer el valor de la obra y el beneficio local que ésta
generaba, con el fin de determinar cuánto le correspondía contribuir a cada
propietario o poseedor de un inmueble ubicado en la zona en donde se desarrollaría
la obra. Este asunto, resaltó, se encuentra probado con el estudio sobre valores de
tierra, los estudios socioeconómicos del sector El Poblado, el documento
denominado «Factores del Cálculo de la contribución» y los avalúos que hizo el contratista
para definir el beneficio, haciendo uso del método de doble avalúo por muestreo en
el cual se tuvieron en cuenta 670 puntos del sector, y del beneficio por área.
Afirmó que estaba acreditado que la demandada hizo licitación pública para realizar
los avalúos y que fue así como el contratista definió el impacto positivo o negativo
que tenían la construcción de las obras en cuanto a la movilidad, incremento o
disminución del ruido, polución ambiental y el paisajismo, aplicando para ello un
porcentaje de incremento o decremento que podía tener en cada uno de esos
puntos para encontrar los beneficios que generaban las obras. A partir de lo anterior
se pudo definir que efectivamente los predios de la actora tuvieron un beneficio
económico con la implementación de la obra. Todo lo cual no fue desvirtuado por la
demandante.
Además, en el estudio de valores de la tierra se observa una relación de la
determinación de los avalúos comerciales sin proyecto y con proyecto, a partir de
los cuales la entidad demandada demostró el beneficio obtenido por la actora, previo
a la fijación del monto de la contribución.
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Puntualizó que, si bien no se realizó un avalúo a cada uno de los inmuebles, ello no
era necesario para determinar el beneficio, pues el método utilizado por la
Administración municipal no fue arbitrario. Por el contrario, se enmarcaba en las
posibilidades contenidas en el Acuerdo Nro. 58 de 2008 para determinar el beneficio
local, tales como la factorización, el cual permite dividir el beneficio local o general
entre el número de predios afectados por la obra, con el fin de determinar el
beneficio individual, sin que ello implique que deba realizarse un avalúo predio a
predio.
Destacó que en la Resolución Nro. 94 de 2014, la entidad demandada precisó la
metodología para calcular el beneficio local, explicó las cifras relacionadas con la
capacidad de pago de los propietarios y poseedores, el presupuesto total del
proyecto y el beneficio derivado de éste. También, en la parte resolutiva del acto
administrativo acusado, la demandada estableció cuáles obras forman parte del
proyecto de valorización, el valor a distribuir por la contribución y, a su vez, ordenó
la inscripción de la valorización a cada una de las matrículas y fijó el plazo para su
pago. Todo lo cual es coherente con lo establecido en los artículos 3, 4, 5 y 6 del
Acuerdo Nro. 58 de 2008, que establecen el hecho generador, el sujeto activo y
pasivo, y la base gravable de la contribución de valorización.
Planteó que el Acuerdo Nro. 58 de 2008 establece los métodos para calcular el
beneficio local, entre los que se encuentran, el doble avalúo por muestreo. De otro
lado, explicó que la Resolución Nro. 94 de 2014 definió lo que se entendía por
beneficio local y fijó un método para el cálculo del beneficio. En adición, recalcó que
en el expediente se encuentra demostrado que la demandada cumplió las etapas
que comprenden el proceso de aplicación del sistema de contribución por
valorización contenidas en los artículos 16 y 45 del Acuerdo Nro. 58 de 2008.
Señaló que, todo lo anterior, es el fundamento para el establecimiento del
gravamen, que parte de la base de que si el inmueble no recibe algún beneficio no
podrá ser gravado con la contribución de valorización, sin embargo, en este caso,
la demandante no logró probar que su inmueble no recibió un beneficio, sino que se
limitó a afirmarlo y a decir que el método utilizado no es el adecuado para
individualizar el beneficio.
A partir de lo expuesto, esgrimió que el cálculo del beneficio real del inmueble puede
obtenerse sin necesidad de hacer un estudio de cada inmueble. En ese sentido,
manifestó que «la parte demandante no logró demostrar que los métodos establecidos en el
Acuerdo 58 de 2008 no fueran idóneos para calcular el beneficio y la idoneidad del método utilizado».
Sostuvo que, si la demandante no está conforme con las reglas establecidas en el
Acuerdo Nro. 58 de 2008, en específico, con las relacionadas con el doble avalúo
por muestreo, debió demandar dicho acto de carácter general bajo el medio de
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control de simple nulidad. Puntualizó que, en este caso, se están cumpliendo con
las reglas previstas en el Acuerdo Nro. 58 de 2008, por lo que los actos
administrativos demandados «cabalgan en el supuesto jurídico que no ha sido retirado del
ordenamiento jurídico».
Finalmente, condenó en costas a la parte actora por haber resultado vencida en el
proceso, a la luz de los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.
Recurso de apelación
La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia (fls.532 a 537
cuaderno 2). A estos efectos, en primer lugar, reiteró el cargo sobre la indebida
notificación de la resolución distribuidora. En ese sentido, dijo que, de conformidad
con la sentencia C-035 de 2014 de la Corte Constitucional, tratándose de la
notificación de actos administrativos relacionados con la liquidación del «efecto
plusvalía» mediante avisos o edictos, es requisito sine qua non el agotamiento previo
de la notificación personal. Además, que, en virtud del principio de legalidad, la
administración no puede hacer una interpretación normativa aislada, sino que debe
aplicar el ordenamiento jurídico en su conjunto, pues existen normas restrictivas,
como el «artículo 371 del Estatuto Tributario», que prevé que «la notificación de los actos de
dicha naturaleza debe ser surtida de manera personal».
Sumado a lo anterior, en lo que tiene que ver con lo expuesto por el a quo en relación
con la necesidad de demandar el Acuerdo Nro. 58 de 2008, expresó que esa no es
la solución para resolver este asunto, porque lo que se le solicitó al Tribunal fue que
inaplicara dicho Acuerdo por ser violatorio de la Constitución. En esa medida,
manifestó que, al no haber inaplicado el Acuerdo, el a quo incurrió en un defecto
sustantivo.
En adición, sostuvo que el Consejo de Estado, en sentencia del 5 de julio de 2018
(exp.21895) ratificó la exigencia de la notificación personal del acto que liquida y
distribuye la contribución de valorización. De otro lado, recalcó que en la sentencia
del 19 de enero de 2012 (exp.17578), el Consejo de Estado señaló que la
notificación por edicto procede cuando el contribuyente no se hace presente, a
pesar de habérsele enviado la citación a la dirección de ley para llevar a cabo la
notificación personal de los actos que resuelven los recursos.
En segundo lugar, reiteró el cargo referente a que los actos acusados son ilegales
por su origen y fundamento. Así las cosas, expuso que las resoluciones
decretadoras fueron expedidas sin el cumplimiento del requisito reglamentario
establecido en el artículo 17 del Acuerdo Nro. 058 de 2008, pues las obras públicas
viales a construir en El Poblado no han sido aprobadas y, por ende, adoptadas por
el Concejo de Medellín, mediante un acuerdo.
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En tercer lugar, relató que el CD a través del cual la entidad demandada aportó los
antecedentes administrativos no pudo ser abierto, situación que le fue comunicada
al tribunal. En consecuencia, el a quo le ordenó a FONVALMED entregar los
mencionados antecedentes, orden que fue cumplida por tal entidad. No obstante, el
nuevo CD enviado por la demandada otra vez no pudo ser abierto, por lo cual,
recalcó el apoderado de la demandante, «a través de una de mis asistentes procedí de forma
verbal a alertar al despacho frente a la situación, y se ratifica en el presente memorial, por lo que
dicha prueba NUNCA fue objeto de traslado y contradicción» y, por ende, no puede ser una
prueba válida en este proceso.
En esas condiciones, resaltó que al haber incumplido la orden del a quo de aportar
los antecedentes administrativos, la demandada no pudo explicar de dónde salieron
los estudios que dieron lugar «al derrame de valorización» sobre los predios de la actora,
los profesionales especializados, su experiencia en el campo y los factores técnicos
tomados para el efecto, «lo que de plano invalida el soporte mismo del acto administrativo
denominado resolución 094 y de los actos administrativos por medio de los cuales se resolvió (sic)
los recursos por nosotros interpuestos».
Asimismo, reiteró que el estudio técnico es irregular, ya que no goza de los
requisitos mínimos para su validez, toda vez que está suscrito por el equipo técnico
de la unión temporal y no por ningún funcionario o empresa responsable, y sin que
ni siquiera se advierta la experiencia de quienes lo suscriben. Repitió que en la
Resolución 094 de 2014 no se especificó el monto exacto en que las propiedades
de la actora se van a valorizar, ni cuándo se verá reflejado ese mayor valor ni el
motivo de tal aumento.
Finalmente, en cuarto lugar, insistió en la violación del principio de equidad en
materia tributaria.
Alegatos de conclusión
La parte demandante replicó los argumentos expuestos en el recurso de apelación
(índice 16 de Samai).
La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en sede judicial (índice 17
de Samai) y agregó que la notificación de la resolución distribuidora respetó el
debido proceso de la actora, en la medida en que, al ser un acto de carácter general
y abstracto, bastaba con su publicación y, por ende, no era necesario agotar el
procedimiento para notificarla personalmente. En adición, sostuvo que la
demandante no aportó ninguna prueba para desvirtuar la legalidad de las
actuaciones para calcular el monto de la contribución, pues sólo manifestó una serie
de interpretaciones subjetivas sin ningún sustento técnico.
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Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada (índice 18 de
Samai). En cuanto al cargo de la apelación relacionado con la indebida notificación
de la resolución distribuidora, afirmó que ese acto se notificó de conformidad con
los artículos 48 y 49 del Acuerdo Nro. 58 de 2008, normas que se encuentran
vigentes y que no consagran la necesidad de notificar en forma personal los actos
que liquidan la contribución de valorización.
Sumado a lo anterior, expresó que la falta o la indebida notificación de un acto
administrativo no es causal de nulidad. Explicó que la violación del debido proceso
como causal de nulidad hace referencia a la formación del acto, pero no a la falta
de notificación, pues ello los hace inoponibles, no nulos. Además, resaltó que la
actora interpuso el recurso de reposición en contra de la resolución distribuidora, en
el cual presentó aspectos de fondo en contra de ese acto, lo cual demuestra que
tuvo pleno conocimiento de éste.
Respecto al cargo de apelación relacionado con el incumplimiento del requisito
consistente en la aprobación de las obras por parte del Concejo Municipal de
Medellín, destacó que en la Resolución Nro. 0725 de 2009 expedida por la Alcaldía
de Medellín, se dejó claro que las obras a realizar serían las aprobadas en el Plan
de Desarrollo 2008-2011 (Acuerdo Nro. 16 de 2008). Por consiguiente, en su
opinión, se cumplió a cabalidad el requisito habilitante para el decreto de las obras.
En cuanto al argumento de la demanda relacionado con la falta de pruebas técnicas
que soportaran la forma en la que se realizó el derrame de la contribución de
valorización, señaló que en el expediente obran los estudios socioeconómicos del
sector El Poblado con fundamento en los cuales se definió el beneficio, mediante el
método del doble avalúo por muestreo y del beneficio del área.
Por otro lado, enfatizó en que, según el artículo 6 del Acuerdo Nro. 58 de 2008, la
base gravable de la contribución no está compuesta por los avalúos. Así mismo,
que los propietarios y poseedores de los predios afectados con la contribución
participaron en el proceso para la determinación del tributo, razón por la cual se creó
la Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores. Además, resaltó que en
la resolución acusada se establecieron el sistema y el método utilizados para la
determinación de la contribución, los cuales están acordes con el Acuerdo Nro. 58
de 2008 y están soportados en los estudios de factibilidad elaborados para el
Proyecto de Valorización El Poblado.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la
Sala juzga la legalidad de las Resoluciones 094 del 22 de septiembre de 2014 y
27090 del 18 de junio de 2015, por las cuales el Municipio de Medellín asignó a la
demandante la contribución de valorización y confirmó dicha decisión al resolver el
recurso de reposición, respectivamente.
1. Notificación de la resolución distribuidora
El primer cargo de la apelación, se refiere a que la resolución distribuidora acusada
es nula porque se encuentra indebidamente notificada. Lo anterior, comoquiera que,
en opinión de la actora, el procedimiento establecido en el Acuerdo Nro. 58 de 2008,
por el cual se dio a conocer ese acto administrativo, contraviene la Constitución
Política y el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.
En ese orden de ideas, la apelante se opone a la posición del a quo consistente en
que, para discutir este asunto, debió haber demandado las normas del Acuerdo Nro.
58 de 2008 que reglamentan el procedimiento de notificación de la resolución
distribuidora en el Municipio Medellín, en ejercicio del medio de control de nulidad.
Al parecer de la actora, lo que debió haber hecho el tribunal fue inaplicar el acuerdo
y, como no lo hizo, incurrió en un defecto sustantivo.
Al resolver controversias similares a la sub examine, la Sección10 ha señalado que,
cuando existe una disposición normativa expedida por los órganos de
representación popular de la entidad territorial que pretende cobrar la contribución
de valorización, en la cual se reglamente expresamente la forma de notificar los
actos que distribuyen o fijen ese tributo, no es procedente acudir al Código
Contencioso Administrativo, hoy Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Lo anterior, comoquiera que la aplicación de los procedimientos previstos en el
CPACA es de carácter residual, por lo que cede ante la existencia de
procedimientos regulados en disposiciones especiales que, para este caso
concreto, es el Acuerdo Nro. 58 de 2008 proferido por el Concejo Municipal de
Medellín que, de forma específica, especial y preferente reguló el procedimiento
para notificar la resolución distribuidora de la contribución de valorización en el
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 54001-23-31-000-
2007-00331-01(18159). Sentencia del 14 de junio de 2012. CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 50001-23-31-000-1999-00336-
01(14709). Sentencia del 18 de mayo de 2006. CP: Ligia López Díaz.
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Municipio de Medellín.
En efecto, la Sala observa que el Acuerdo Nro. 58 de 2008 establece:
«ARTÍCULO 48. NOTIFICACIÓN. La resolución distribuidora de la contribución de valorización
se publicará a más tardar dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su expedición por
medio de edicto que se fijará por el término de quince (15) días hábiles en lugar público del
MUNICIPIO DE MEDELLÍN; vencido dicho término, se entenderá surtida la notificación.
Simultáneamente con la fijación del edicto, se anunciará por medio de un AVISO, que ha sido
expedida la Resolución Distribuidora del correspondiente proyecto y se ha fijado el edicto en
el lugar determinado. El aviso se debe publicar por lo menos en dos (2) de los periódicos de
amplia circulación en el municipio de Medellín, en dos (2) radiodifusoras de amplia sintonía en
la misma ciudad y en la página Web del MUNICIPIO DE MEDELLÍN. En el mismo aviso y con
ilustraciones gráficas, se describirá la zona dentro de la cual quedan comprendidos todos los
inmuebles gravados y se indicará cuál es el recurso legalmente procedente contra la
resolución que se está notificando, la forma como debe ser interpuesto por el interesado y la
fechas entre las cuales se puede interponer el recurso.
Parágrafo: De presentarse alguna modificación en los literales a) al f) del numeral 2. del
artículo 47, se notificará en los términos del presente artículo.
ARTICULO 49. INFORMACIÓN. Con el fin de garantizar mayor información a los
contribuyentes, se le enviará a la dirección de cobro registrada en el censo de predios y
propietarios una copia de la respectiva liquidación que le hubiere correspondido y en la misma
se le señalará la fecha en que deben comenzar a cancelar la obligación. Adicionalmente,
colocará a disposición de la comunidad los medios tecnológicos necesarios para dar a conocer
la información del proyecto y las contribuciones.
En esas condiciones, contrario a lo señalado por Servicentro El Campestre S.A., la
entidad demandada no estaba obligada a notificar la resolución distribuidora
cuestionada de conformidad con el artículo 67 del CPACA, pues en el Municipio de
Medellín existen disposiciones especiales que regulan expresamente el tema de las
notificaciones en el proceso de determinación de la contribución de valorización.
En este punto, vale la pena aclarar que la sentencia C-035 de 201411 de la Corte
Constitucional, a la que hizo referencia la demandante en el recurso de apelación,
no constituye un precedente aplicable a este caso, pues trata sobre la notificación
del acto administrativo que establece la participación del efecto plusvalía, tributo
diferente al de la contribución de valorización.
Tampoco es un precedente aplicable a este caso la sentencia del 5 de julio de 2018
(exp.21895) de esta Sección, porque fue dejada sin efecto mediante sentencia del
2 de mayo de 2019 de la Sección Tercera – Subsección B de esta Corporación12.
11 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12 Radicado 11001-03-15-000-2018-03856-01.
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Demandante: Servicentro El Campestre S.A.
Con todo, menester es precisar que, contrario a lo dicho por la actora, no es cierto
que en esa última providencia esta Sala haya «ratificado» que la notificación de la
resolución que distribuye la contribución de valorización deba hacerse
personalmente. Por el contrario, allí se señaló que, si las normas de orden territorial
disponen la forma en la que deben notificarse los actos que liquidan la contribución
de valorización, las entidades territoriales están obligadas a aplicar tales
disposiciones.
Aunque lo expuesto es suficiente para negar el cargo de apelación, resulta
pertinente resaltar que esta Sección13 ha manifestado que:
«la falta de notificación o la notificación irregular de los actos administrativos, no es causal de
nulidad de los mismos, sino un requisito de eficacia y oponibilidad 14, máxime cuando la
demandante pudo acudir ante esta jurisdicción a discutir el acto (sentencia del 8 de junio de
2017 exp.20254 C.P Stella Jeannette Carvajal Basto). Así las cosas, si el acto proferido por la
Administración, notificado irregularmente es impugnado por el interesado, se entiende
notificado por conducta concluyente, en la fecha de interposición del recurso que procede
contra el mismo” (sentencia del 25 de febrero de 2021, exp.22421 C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto)».
En la misma línea, la Sala15 ha señalado que, a la luz del numeral 3 del artículo 730
del Estatuto Tributario, para que la indebida notificación de un acto administrativo
dé lugar a su nulidad es necesario que se trate de una notificación extemporánea;
circunstancia que sólo ocurre si expresamente la ley impone un término perentorio
para que la administración resuelva y notifique la decisión, pues, en ese evento, se
está ante una falta de competencia temporal.
Así las cosas y dado que en el caso concreto no se está en presencia de una
notificación extemporánea, pues la ley no establece un término perentorio para que
la administración notifique la resolución distribuidora de la contribución de
valorización, no hay lugar a decretar la nulidad de los actos administrativos
acusados. Menos aun cuando se observa que con la interposición del recurso de
reposición la demandante reveló que conocía el contenido de la Resolución Nro.
094 de 2014 y que, además, ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir su legalidad.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 63001-23-33-000-
2018-00112-01 (24741). Sentencia del 18 de noviembre de 2021. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
14 Sentencias de 6 de marzo de 2008, Exp.15586 y de 26 de noviembre de 2009, Exp.17295. CP: Héctor J.
Romero Díaz; y del 12 de mayo de 2010, Exp.16534, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 17001-23-33-000-
2013-00362-01 (21282). Sentencia del 6 de septiembre de 2017. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-33-000-
2013-00381-01(21895). Sentencia del 6 de junio de 2019. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Finalmente, la Sala declara que no hay lugar a inaplicar los artículos 48 y 49 del
Acuerdo Municipal Nro. 058 de 2008 expedido por el Concejo de Medellín, porque,
a partir de la argumentación de la apelante, no se advierte una incompatibilidad
visible, flagrante e indiscutible con las disposiciones constitucionales invocadas en
la demanda, condición necesaria para que opere la mencionada excepción.
En conclusión, no prospera el cargo.
2. Aprobación de las obras públicas objeto de la Resolución Decretadora
El segundo cargo de apelación consiste en que las resoluciones decretadoras
fueron expedidas sin el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 17 del
Acuerdo Nro. 058 de 2008, pues las obras públicas viales a construir en El Poblado
no han sido aprobadas ni adoptadas por el Concejo de Medellín, mediante un
acuerdo.
En primer lugar, es de observar que la supuesta irregularidad que pone de presente
la actora está dirigida contra las resoluciones decretadoras que ordenaron la
ejecución de las obras del Proyecto de Valorización El Poblado, actos
administrativos que no fueron demandados en este proceso.
En segundo lugar, observa la Sala que contrariamente a lo señalado por la apelante,
el requisito previsto en el artículo 17 del Acuerdo Nro. 058 de 2008 que a
continuación se transcribe, si fue cumplido.
«ARTÍCULO 17. ORIGEN. La Decretación de una obra o Proyecto por la Contribución de
Valorización se llevará a cabo sólo cuando en el Plan de Desarrollo se haya establecido la
financiación de obras de interés publico, a través de la Contribución de Valorización.
En armonía con esa disposición, la Sala observa que, previo a la expedición de la
Resolución Decretadora Nro. 0725 de 2009 y sus modificatorias, el Acuerdo Nro.
Junio 16 de 2008, por medio del cual se expide el plan de desarrollo 2008- 2011 del
Concejo Municipal de Medellín estableció las obras de interés público que hacían
parte del Proyecto de Valorización El Poblado, lo cual se pone de presente en los
antecedentes 14 y 15 de la resolución distribuidora, objeto de cuestionamiento, en
los siguientes términos:
«14. Que las obras susceptibles de ser financiadas con la contribución de valorización están
enunciados no sólo en el Plan Desarrollo 2008-2011 “Acuerdo Municipal N° 16 de Junio
16 de 2008”, sino que además fueron acogidas en el Plan de Desarrollo 2012-0215 (sic)
“Acuerdo 7 de 2012), estableciéndose cuál sería su fuente de financiación, que para el
caso concreto sería mediante la utilización de fuentes no convencionales, concretamente
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la “Contribución de Valorización”, adicionando un paquete de obras a las establecidas en
el Plan de Desarrollo anterior.
15. Que el Alcalde de Medellín, profirió la Resolución Decretadora 0725 de 2009, la cual fue
modificada por las resoluciones 0824 de 2010, 0246 de 2012 y 0197 de 2014 donde se
decretó una serie de obras susceptibles a (sic) financiarse a través de la contribución por
(sic) valorización para el “Proyecto Valorización El Poblado” y se determinó la zona de
citación.
16. Que el “Proyecto Valorización El Poblado” se encuentra acorde con lo establecido en el
Acuerdo 7 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2012-2015.
Medellín Un Hogar para la Vida”».
En consecuencia, no prospera el cargo.
3. Conocimiento de los antecedentes administrativos
Como tercer cargo de la alzada, la parte demandante alega que no tuvo acceso a
los antecedes administrativos aportados por la autoridad demandada, porque el
medio magnético por medio del cual fueron enviados no pudo ser abierto y, además,
porque el juez de primera instancia no le corrió traslado de esta prueba, razón por
la cual no podía ser un elemento de juicio válido para decidir la demanda. En adición,
sostiene que el estudio técnico en el cual se basó FONVALMED para distribuir el
monto de la contribución no cumple con los requisitos para su validez, ya que no
fue suscrito por ningún funcionario responsable, sino únicamente por el equipo
técnico de la unión temporal que lo realizó.
Para resolver, la Sala pone de presente que en el expediente aparecen acreditados
los siguientes hechos:
• En la audiencia inicial llevada a cabo el 12 de diciembre de 201616, la parte
demandante informó al a quo sobre la imposibilidad de acceder a los
antecedentes administrativos aportados en medio magnético por la entidad
demandada con la contestación de la demanda. En consecuencia, el tribunal
requirió a FONVALMED para que, en el término de 2 días siguientes a la
finalización de la audiencia, aportara los antecedentes administrativos.
• En la misma audiencia, el a quo les anunció a las partes que, una vez se
allegaran los antecedentes administrativos, éstos se pondrían a su disposición
y que, siempre y cuando no fuera necesario la celebración de la audiencia de
pruebas, correría traslado para alegar de conclusión17.
16 Fls.380 a 386.
17 Ibídem.
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• En cumplimiento de la orden impartida por el tribunal en la audiencia inicial, la
entidad demandada aportó una copia del medio magnético (DVD) que, según
informó, contenía las pruebas anunciadas en el escrito de oposición a la
demanda18.
• Mediante memorial del 12 de enero de 201719, la actora informó al tribunal que
el medio magnético aportado por FONVALMED con ocasión de la orden
impartida en la audiencia inicial «no se podía leer».
• En atención a ese memorial, mediante auto del 26 de enero de 2017 20, el a quo
requirió nuevamente a FONVALMED para que enviara la totalidad de los
antecedentes administrativos en copia o en otro medio magnético que
permitiera su apertura.
• Por medio del memorial con fecha 3 de febrero de 201721, la demandada
anunció cumplir con el anterior requerimiento. Aunque el memorial no da
cuenta de la forma en que fue cumplida esta orden, a folios 233 y siguientes
del cuaderno 2, se observan en físico los antecedentes administrativos, entre
ellos, el informe técnico.
• Según constancia de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia 22
de los antecedentes administrativos se corrió traslado a la parte actora, de
conformidad con el artículo 110 del Código General del Proceso, desde el 28
de abril al 4 de mayo de 2017.
• Mediante auto del 25 de mayo de 201723, el a quo corrió traslado para alegar
de conclusión y precisó que lo hacía «teniendo en cuenta que dentro del término de
traslado secretarial de los antecedentes administrativos aportados en medio magnético (CD)
por la entidad demandada, las partes no manifestaron ninguna observación al respecto
(…)». (Subrayado y énfasis de la Sala).
A partir de lo anterior, advierte la Sala que habiéndose efectuado el traslado para
alegar, partiendo de la premisa de la no objeción al traslado de los antecedentes
administrativos aportados por la entidad demandada, la parte actora no recurrió esa
decisión para poner de presente la irregularidad que alega en esta instancia, como
tampoco lo señaló con ocasión de los alegatos de conclusión de primera instancia.
18 Fl.387 del cuaderno 2.
19 Fls.435 a 436 del cuaderno 2.
20 Fl.437 del cuaderno 2.
21 Fl.439 del cuaderno 2.
22 Fl.483 del cuaderno 2.
23 Fl.484 del cuaderno 2.
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Respecto del cuestionamiento sobre la validez del informe técnico por no haber sido
suscrito por ningún funcionario, sino únicamente por el equipo técnico de la unión
temporal que lo realizó, consta en el expediente24 que tal experticia se realizó en
desarrollo de la comisión que para tal efecto hizo el Director General de
FONVALMED (Luis Alberto García Bolívar) al Equipo Técnico Unión Temporal, lo
que pone de presente que la entidad demandada era la responsable.
No prospera el cargo.
4. Determinación de la contribución de valorización a cargo de la actora
El último cargo de la apelación corresponde a aspectos propios de la determinación
de la contribución a cargo de la demandante. Para el tribunal este cargo no prosperó
dado que no se aportó material probatorio que diera cuenta que los valores y
coeficientes determinados no correspondían al beneficio realmente obtenido o,
incluso, que los predios de la demandante no hubiesen obtenido beneficio alguno.
La Sala comparte la postura asumida por el tribunal, en la medida que, a lo largo
del proceso administrativo y judicial, la entidad demandada explicó a profundidad la
forma en la que se calculó el monto de la contribución de valorización a cargo de la
demandante, nada de lo cual fue desvirtuado por la parte actora.
Finalmente, en cuanto a la presunta vulneración del principio de equidad en materia
tributaria, porque, según la actora, predios con similares condiciones a los suyos
fueron gravados con una contribución menor a la que a ella le correspondió, la Sala
observa que en el expediente no existen elementos de juicio que permitan sustentar
el dicho de la actora, de ahí que este cargo no tenga vocación de prosperidad.
5. Costas
No habrá condena en costas en segunda instancia, porque en el expediente no
existe material probatorio que acredite su causación, como lo exige el numeral 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable al caso concreto por remisión
del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Empero, la condena en costas en primera instancia se mantendrá, porque no fue
apelada por la demandante.
24 Fl.454 del cuaderno 2.
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Como no prosperó ningún cargo de apelación, se confirmará la sentencia del 22 de
septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 22 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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