Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-03856-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-03856-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2018-03856-01
Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero
2 de mayo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / LIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIÓN DE POR VALORIZACIÓN PREDIAL / COMPETENCIA PARA FIJAR SISTEMAS DE MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS - Es exclusiva de las Corporaciones de Representación Popular / DEFECTO SUSTANTIVO - No se aplicó la normativa correcta y vigente / DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración
[L]a Sala deberá (…) establecer si la sentencia objeto de tutela incurrió en defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente, como lo alega la parte actora en su recurso de impugnación. Para ello deberá determinarse: i) si el sistema y método de valorización en el Distrito de Barranquilla fue fijado por el alcalde o por el Concejo Distrital; ii) si la notificación de la liquidación oficial fue o no irregular y si esa circunstancia fue determinante para que se negaran las pretensiones de la demanda; iii) si se desconoció o no el precedente jurisprudencial de la misma Sección Cuarta contenido en la sentencia del 12 de diciembre de 2014, exp. 2008-00645-01; y iv) si se vulneró el artículo 287 de la Constitución Política, con la decisión de inaplicar el Acuerdo 10 de 2008. (…) [L]a Sala advierte que (…), en la decisión objeto de tutela se inaplicó el Acuerdo 10 de 2008, mediante el cual el Concejo Distrital ejerció su potestad de imposición y fijó, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 338 Superior, el sistema y método de distribución en el Distrito de Barranquilla. En consecuencia, para la Sala resulta claro que en el caso concreto se dejaron de aplicar normas vigentes, (…) y, en su lugar, se le otorgaron efectos a otras que ya se encontraban derogadas –Decreto 323 de 2004-, sin que existieran razones de hecho o de derecho que permitieran inferir que estas continuaban surtiendo efectos jurídicos, a pesar de su derogatoria expresa. (…) [En relación con el defecto de desconocimiento de precedente,] la Sala concluye que la decisión que en esta oportunidad se adopta está en consonancia con el precedente jurisprudencial establecido por la Sección Cuarta, razón de más para predicar la existencia de un defecto sustantivo y amparar los derechos fundamentales invocados por la parte actora. (…) En conclusión, para la Sala se encuentra acreditado que la sentencia del 5 de julio de 2018, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, incurrió en defecto sustantivo, [circunstancia que, a su vez, conduce a que] (…), la Sala se relev[e] de estudiar los cargos restantes planteados en el problema jurídico. Por consiguiente, se revocará el fallo de tutela impugnado que negó la acción de tutela. En su lugar, se concederá el amparo pretendido por [la parte actora].
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 287 / LEY 1430 DE 2010 - ARTÍCULO 58 / DECRETO 323 DE 2004 - ARTÍCULO 29 / ACUERDO 10 DE 2008.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN “B”
Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO
Bogotá, D.C., dos (02) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03856-01(AC)
Actor: DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN CUARTA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, en contra de la sentencia de primera instancia proferida el 29 de noviembre de 2018, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se negó la acción de tutela.
SÍNTESIS DEL CASO
1. La parte actora solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 5 de julio de 2018, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación, mediante la cual se declaró probada la excepción de ilegalidad sobre el Decreto Distrital 323 de 2004 y, en consecuencia, se anuló la factura n.º 1712000050, mediante la cual dicho ente territorial liquidó la contribución por valorización al inmueble de propiedad del señor Jaime Lustgarten Steckerl.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
2. El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la citada autoridad judicial, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso en conexidad con los principios a la seguridad jurídica y autonomía impositiva. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
Pido respetuosamente a la Jurisdicción Constitucional se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso en concurso con el principio a la seguridad jurídica, así como el respeto al derecho del Distrito al ejercicio de su autonomía impositiva (Art. 29, 287-3 de la Constitución) conforme a los argumentos expresados en la presente acción, invalidando la sentencia de 5 de julio de 2018, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, y ordenando a la Sala profiera en su lugar una sentencia desestimatoria con las siguientes bases:
a) Se levante la excepción de ilegalidad propuesta sobre el Decreto 323 de 2004 y en consecuencia se declare que el sistema y método de distribución de la contribución de valorización que soporta el acto de liquidación factura No. 1712000050 fue establecido mediante el artículo 2 parágrafo 3 del Acuerdo 10 de 2008 respetando el principio de legalidad tributaria.
b) Se declare que, la notificación de la liquidación factura No. 1712000050 fue realizada conforme a la orden legal del artículo 58 de la ley 1430 de 2010 adoptada en el Distrito mediante Acuerdo 6 de 2011, regla procedimental aplicable al proceso de notificación de las liquidaciones oficiales factura de la contribución de valorización en el Distrito de Barranquilla.
c) Como consecuencia de esto, se conmine a la Sección Cuarta a que se pronuncie declarando la legalidad de los actos demandados y se niegue las pretensiones de la demanda.
Hechos y fundamentos de la vulneración
3. Comoquiera que en el escrito de tutela no se incluyó un acápite de hechos, la Sala sintetizará los que a continuación se narran, a partir de lo que se encuentra probado en el expediente y la sentencia ordinaria, así:
4. La Secretaría Distrital de Hacienda liquidó la contribución de valorización al señor Jaime Lustgarten Steckerl, mediante factura de liquidación oficial n.º 1712000050 de 2012. Contra ese acto, el interesado presentó recurso de reconsideración, pero el mismo le fue rechazado por extemporáneo.
5. El contribuyente presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Liquidación Oficial n.º 1712000050 de 2012, asunto que correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Atlántico, quien negó las pretensiones.
6. Apelada la decisión por el demandante, la Sección Cuarta de esta Corporación la revocó mediante sentencia del 5 de julio de 2018. En su lugar, declaró probada de oficio la excepción de ilegalidad del Decreto Distrital 323 de 2004, al tiempo que anuló los actos demandados y dispuso la devolución indexada de los dineros cancelados.
7. Para ello, la autoridad judicial accionada consideró que la determinación de los métodos de distribución de los beneficios de una obra, necesarios para calcular la tarifa de la contribución, es competencia exclusiva de las corporaciones de representación popular, no así de los alcaldes, como ocurrió en este caso con el Decreto 323 de 2004.
8. Sin embargo, la parte actora señaló en la acción de tutela que en esa providencia se interpretó erróneamente el artículo 29 del Decreto 323 de 2004, en el que no se definió el sistema y método de distribución de la contribución por valorización, sino que se enunciaron los “posibles” métodos que podrían utilizarse. Por el contrario, adujo que en el Acuerdo 10 de 2008, el Concejo Distrital de Barranquilla sí adoptó como método el de “la distribución socioeconómica”, de ahí que la providencia objeto de tutela favoreció al contribuyente moroso.
9. Igualmente, sostuvo que la decisión incurrió en defecto sustantivo, por cuanto pasó por alto que los actos de liquidación se notificaron con la publicación en la gaceta distrital, como lo autorizaba el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010, de modo que no era cierto que el distrito no estaba autorizado para utilizar ese medio como primera forma de notificación.
10. Además, indicó que con esa teoría y con la excepción de ilegalidad propuesta, la accionada anuló el Estatuto de Valorización Distrital y abrió una puerta para que todos los interesados solicitaran la devolución de las sumas pagadas por este concepto, con lo que, además, desconoció los principios de legalidad, autonomía territorial y expuso al distrito a tener que devolver sumas que ya fueron invertidas en obras para la ciudad.
11. En tal sentido, precisó que la accionada se equivocó al concluir que el Decreto 323 de 2004, expedido por el alcalde, fue el que estableció el sistema y método de contribución por el solo hecho de su mención en el acto oficial particular, pese a que en un pronunciamiento anterior la misma Sección Cuarta había concluido lo contrario. Por consiguiente, afirmó que se desconoció el precedente jurisprudencial de la misma sección.
12. En esa dirección, sostuvo que la providencia acusada omitió aplicar los acuerdos expedidos por el concejo en los que se señaló el sistema y método de distribución, de ahí que se configuró un defecto sustantivo o material.
13. Finalmente, afirmó que el hecho de que el Decreto 323 de 2004 definiera todos los sistemas y métodos no implicaba que haya sido el alcalde quien determinó cuál de ellos debía aplicarse, pues por el contrario fue el Concejo Distrital de Barranquilla quien los adoptó en los Acuerdos 006 de 2004 y 10 de 2008.
II. TRÁMITE PROCESAL
14. Mediante auto del 19 de octubre de 2018, la Sección Quinta admitió la tutela, ordenó notificar a los magistrados de la Sección Cuarta, en calidad de demandados, y vinculó al Tribunal Administrativo del Atlántico y al señor Jaime Lustgarten Steckerl, como terceros con interés, por lo que se les remitió copia y se les instó a presentar un informe sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción.
Intervenciones
Sección Cuarta, Consejo de Estado
15. La autoridad señaló que no es cierto que exista un defecto material originado en la sentencia, pues lo que se aprecia es un descontento de la parte vencida con la interpretación y aplicación del artículo 58 de la Ley 1430 de 2010.
16. En todo caso, indicó que la indebida notificación de los actos de liquidación oficial no constituyó el fundamento de la sala para anular los actos censurados, pues, por el contrario, la decisión se basó en la incompetencia del alcalde, aspecto que debía analizarse, incluso de oficio, pues corresponde a una nulidad insaneable.
17. Adicionalmente, afirmó que los cargos por desconocimiento del precedente y violación de la Constitución permiten evidenciar la falta de seriedad de los argumentos de la tutela, pues la posición que asumió la sala sobre el particular se fundó en un análisis juicioso del contenido de todos los actos que regularon la contribución por valorización en Barranquilla y en la interpretación que la Corte Constitucional le dio al artículo 338 de la Constitución Política en las sentencias C-1371 de 2001, C-155 de 2003, C-121 de 2006 y C-891 de 2012.
18. Destacó que la Sala reiteró el precedente de la sección y la aplicación de los principios de legalidad tributaria y certeza del tributo, por lo que el supuesto cargo de desconocimiento del precedente carece de fundamentación, dado que en la misma sentencia se explicaron las razones por las cuales se consideró que el caso analizado no tenía relación directa con la sentencia del 12 de abril de 2014, exp. 2008-00645-01 (19037).
19. Por último, expuso que, sin desconocer los efectos de la sentencia aludida proferida por esa misma sección, en la actuación particular y concreta se demostró que el distrito fijó el sistema y método de distribución con base en el Decreto 323 de 2004. De hecho, indicó que en este proceso se contaron con mayores elementos de juicio que permitieron demostrar que si bien el Acuerdo 006 de 2004 autorizó al alcalde para compilar las normas distritales en materia de contribución -lo que por sí solo no es ilegal, como se dijo en la sentencia del 12 de diciembre de 2014-, lo cierto es que esas facultades se desbordaron en la realidad con el Decreto 323 de 2004, acto que no había sido objeto de análisis en la sentencia anterior, lo que precisamente condujo a que se declarara de oficio la excepción de ilegalidad frente al mismo y no frente al acuerdo, como lo interpretó la accionante.
Tribunal Administrativo del Atlántico
20. La autoridad rindió informe en el que señaló que la acción de tutela es improcedente ante la existencia de otros medios de defensas judiciales.
21. Adicionalmente, señaló que en todo caso ese cuerpo colegiado negó las pretensiones de la demanda en primera instancia y la providencia objeto de tutela, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación, la revocó.
22. En consecuencia, indicó que como la sentencia de primera instancia no es la que se reprocha en sede de tutela se remitía a las consideraciones allí plasmadas.
Providencia impugnada
23. El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 29 de noviembre de 2018, negó el amparo pretendido.
24. Como sustento de la decisión, señaló que para la parte actora el defecto material alegado se configuró: i) porque el medio de notificación que se empleó para informar a los contribuyentes, es decir, la publicación de los actos en la gaceta distrital, se utilizó de conformidad con el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010, norma que se obvió al afirmar que ese procedimiento fue irregular; y ii) por cuanto se concluyó erróneamente que el Decreto 323 de 2004, expedido por el alcalde, fue el que fijó el sistema y método de la contribución.
25. Al respecto, sostuvo que aun cuando la actora alegó una divergencia de criterios sobre la manera en que debían interpretarse las normas especiales para el procedimiento de notificación, lo cierto es que dicha irregularidad se entendió subsanada en la sentencia acusada, en la que si bien se consideró que existió una indebida notificación, también se indicó que esa falencia quedó saneada, pues el contribuyente quedó notificado por conducta concluyente cuando presentó el recurso de reconsideración, circunstancia que en todo caso no tenía la virtualidad de anular los actos administrativos, como lo declaró la autoridad judicial accionada.
26. En cuanto al segundo punto, se remitió in extenso a las consideraciones del fallo acusado y concluyó que la excepción de ilegalidad del Decreto 323 de 2004, obedeció a que ese decreto, dictado por el Alcalde del Distrito Especial de Barranquilla, fijó el sistema y método para definir los costos, beneficios y reparto de la contribución por valorización, aspectos que debían ser fijados por el Concejo Distrital mediante acuerdo.
27. En ese orden, al igual que la autoridad accionada, encontró demostrado que efectivamente tales elementos fueron establecidos por el alcalde, con base en las facultades otorgadas por el mismo concejo, proceder que se encontraba proscrito.
28. Frente al desconocimiento del precedente, el a quo aclaró que la parte actora no indicó cuál fue el precedente que presuntamente se desconoció y tampoco cumplió con la carga argumentativa suficiente para fundar su alegato.
29. En punto a la violación directa de la Constitución, manifestó que si bien para el ente territorial accionante la decisión desconoció el artículo 287 de la Constitución Política, lo cierto es que ningún derecho es absoluto y en este caso la potestad de administrar y recaudar tributos se encuentra plenamente regulada, al amparo de principios de igual raigambre como el de legalidad tributaria, certeza del tributo y representación democrática, por lo que la determinación de los métodos de distribución de los beneficios de una obra es un aspecto de competencia exclusiva de las corporaciones de representación popular, facultad que estas no pueden delegar en los alcaldes.
30. Finalmente, frente al supuesto detrimento patrimonial, señaló que ese es un asunto que escapa al objeto de la acción de tutela, de ahí que si las finanzas del distrito se veían comprometidas por la sentencia judicial, ello se debió a su propia incuria y no a la decisión judicial.
Impugnación
31. La parte actora presentó un extenso escrito de impugnación, en el que insistió en los argumentos iniciales de la acción de tutela, bajo la idea que el fallo impugnado incurrió en las mismas imprecisiones y confusiones que la decisión objeto de amparo.
32. En esos términos, reiteró que el sistema y método de valorización fue adoptado mediante Acuerdo 10 de 2008, no por el Decreto 323 de 2004, motivo por el que no podía aplicarse la excepción de ilegalidad de este último ni predicar la nulidad de la liquidación oficial.
33. Así, indicó que el Acuerdo 006 de 2004 no facultó al alcalde para determinar el sistema y método para definir los costos y beneficios de la contribución, pues ello lo definió el mismo Concejo Distrital de Barranquilla. Lo que hizo el acuerdo fue facultar al alcalde para “recoger” y “reglamentar” las normas vigentes.
34. Es decir, el concejo no delegó su competencia en el alcalde, como en forma irracional lo interpretaron tanto el juez ordinario como el de tutela, sino que lo facultó para recopilar las normas vigentes y reglamentar el sistema de valorización.
35. De igual modo, afirmó que en el fallo impugnado se indicó que en el Decreto 323 de 2004 se diferenciaron los tres métodos de distribución de valorización aplicables, pero a reglón seguido se reconoció que fue a través del Acuerdo 10 de 2008 que el Concejo Distrital de Barranquilla adoptó la valorización, por lo que en su parecer no se entiende cómo concluyeron que fue mediante el decreto que se determinó el método de valorización.
36. Destacó que fue la misma Carta Política la que estableció en su artículo 338 la competencia de los concejos para adoptar los métodos de valorización, como en efecto se hizo mediante Acuerdo 10 de 2008. El error de la decisión judicial y del juez tutela se fundó en que ambas autoridades omitieron por completo la aplicación del parágrafo tercero del artículo 2º del Acuerdo 10 de 2008, pasando por alto que lo que hizo el burgomaestre únicamente fue definir los métodos de “posible” aplicación.
37. De otra parte, alegó que con esas decisiones se desconoció el artículo 287 de la Constitución, por cuanto se vulneró el principio de autonomía de las entidades territoriales al ignorar que quien fijó el método de valorización fue el mismo concejo.
38. A su vez, señaló que es irresponsable la afirmación de la sentencia impugnada según la cual no es de la incumbencia del juez de tutela que las finanzas del distrito se vean afectadas, en tanto la decisión judicial atacada podría generar que miles de contribuyentes reclamaran lo que pagaron por concepto de valorización.
39. Además, sobre ese mismo punto, señaló que el a quo le dio un alcance erga omnes a la excepción de ilegalidad que no tenía, pues esa decisión si bien puede ser declarada de oficio tiene efectos inter partes.
40. De otro lado, resaltó que no es cierto que en el escrito de tutela no se haya precisado cuál fue el precedente jurisprudencial que se desconoció, pues a pie de página se citó la sentencia del 12 de diciembre de 2014, la cual no se tuvo en cuenta. De igual forma, señaló que, contrario a lo inferido en la sentencia de tutela, sí hubo una carga argumentativa, pues desde el principio se indicó con claridad que ese precedente dispuso que el sistema y el método de la distribución por valorización no fueron fijados por el alcalde, sino por el Concejo Distrital de Barranquilla.
41. Por último, reiteró que la notificación de la liquidación oficial no fue irregular, y que el juez de tutela no podía apartarse del análisis detallado de los argumentos previstos en el escrito inicial ni relevarse de estudiarlos, como lo hizo, bajo la tesis de que aun si se aceptara la postura de la accionante dicha circunstancia no cambiaría la decisión objeto de tutela. Por ello, señaló que el juez de tutela falló infra petita, proceder para el cual no estaba facultado según la jurisprudencia constitucional.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
42. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 29 de noviembre de 2018, dictado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 1983 de 2017, así como lo dispuesto en el Acuerdo 377 de 2018 de la Sala Plena de esta Corporación.
Problema jurídico
43. De conformidad con los argumentos de la impugnación, la Sala deberá determinar si se revoca o confirma la providencia del 29 de noviembre de 2018, proferida por la Sección Quinta de esta Corporación, para lo cual se deberá establecer si la sentencia objeto de tutela incurrió en defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente, como lo alega la parte actora en su recurso de impugnación. Para ello deberá determinarse: i) si el sistema y método de valorización en el Distrito de Barranquilla fue fijado por el alcalde o por el Concejo Distrital; ii) si la notificación de la liquidación oficial fue o no irregular y si esa circunstancia fue determinante para que se negaran las pretensiones de la demanda; iii) si se desconoció o no el precedente jurisprudencial de la misma Sección Cuarta contenido en la sentencia del 12 de diciembre de 2014, exp. 2008-00645-01; y iv) si se vulneró el artículo 287 de la Constitución Política, con la decisión de inaplicar el Acuerdo 10 de 2008.
De la acción de tutela contra providencias judiciales
44. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados, y procede solo cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
45. Desde el año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se dispuso que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, este mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.
46. Para tal efecto, se ha instituido que el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela. Además, debe examinar si el demandante identificó y sustentó la causal específica de procedibilidad y expuso las razones que sustentan la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
47. Siempre que se advierta que la acción de amparo superó el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, una vez advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
48. En esos términos, la acción de la referencia, en tanto mecanismo excepcional, debe sujetarse al cumplimiento de tales requisitos cuando se propone contra una providencia judicial
Caso concreto
49. La parte accionante pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso en conexidad con los principios a la seguridad jurídica y autonomía impositiva, los cuales considera vulnerados por la Sección Cuarta de esta Corporación, quien anuló los actos administrativos mediante los cuales se liquidó la contribución de valorización al inmueble de propiedad del señor Jaime Lutsgarten Steckerl.
50. En materia de contribución de valorización, sea lo primero recordar que fue la misma Constitución Política, en sus artículos 287 y 313, la que facultó a los concejos municipales para administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, siempre y cuando la determinación de los mismos corresponda al marco previamente determinado por el legislador -Congreso de la República-, en desarrollo del principio de legalidad tributaria.
51. Para el caso de la contribución por valorización, el artículo 317 ibídem estableció que “[s]olo los Municipios podrán gravar la propiedad inmueble (…)”, potestad que al ser armonizada con las disposiciones constitucionales antedichas, debe informarse en las leyes que crean el tributo, pues su ejercicio, en el caso de la contribución por valorización, corresponde a una competencia compartida entre el Congreso y los concejos municipales.
52. Así, en términos generales, se puede inferir que la contribución por valorización es un gravamen real que se funda en el beneficio que recibe un predio por la ejecución de una obra pública.
53. Sin embargo, como se explicó, la facultad de distribuir la participación del beneficio por la realización de las obras, mediante la determinación del método y del sistema, constituye una potestad que se ejecuta de manera compartida entre el Congreso de la República -que expide la ley que crea el tributo y determina los parámetros generales de su aplicación-, y los concejos municipales -que administran los recursos y adaptan la contribución a sus particularidades mediante la expedición del acuerdo respectivo-.
54. Así, en el artículo 338 de la Carta Política, se estableció lo siguiente:
ARTICULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos (…)..
Hechos probados
Con base en las pruebas recaudadas en el proceso de tutela, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:
55. A través del Acuerdo 006 de 2004, el Concejo Distrital de Barranquilla estableció la contribución de valorización en el distrito para financiar un programa de obras para la adecuación vial y la renovación urbana de Barranquilla. Además, facultó al alcalde para recoger y reglamentar las normas vigentes, con el fin de compilarlas en un Estatuto de Valorización Sistemático y Unitario (fl. 11-13, c. 1).
56. En ejercicio de tales facultades, el Alcalde Mayor de Barranquilla expidió el Decreto 323 de 2004 “Por el cual se dicta el Estatuto de Valorización para el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla”, en el que compiló las diferentes normas de carácter local en materia de contribución por valorización que se encontraban dispersas, con el fin de obtener un estatuto unitario y sistemático, como le fue encargado por el concejo. Entre otras normas, el burgomaestre recopiló las relativas a los diferentes métodos y sistemas de valorización (artículos 32 - 48 y 72 - 94).
57. Mediante Acuerdo 10 de 2008 “Por medio del cual se complementa lo establecido en el Acuerdo n.º 006 de julio de 2004, se ordena la aplicación de una contribución por valorización, se fijan unos criterios y se otorgan unas facultades”, el Concejo Distrital de Barranquilla estableció que la contribución por valorización debía aplicarse con base en el sistema de beneficio general (artículo 1-2 ibídem) y escogió el método de distribución socioeconómica (artículo 3 ibíd.).
58. El 25 de febrero de 2011, el alcalde expidió el Decreto Distrital 223 del mismo año, en el que, entre otros aspectos, actualizó el régimen jurídico para la determinación de la contribución por valorización y derogó expresamente el Decreto 323 de 2004 (artículo 105).
59. Con base en el Decreto 223 de 2011 y el Acuerdo 10 de 2008, la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla liquidó oficialmente la contribución de valorización, entre ellos, al señor Jaime Lustgarten Steckerl, acto que fue notificado mediante la publicación en la gaceta distrital. Aunque a este proceso no fue aportado dicho acto, con la información contenida en la sentencia objeto de tutela, la que dicho sea de paso no fue controvertida por ninguna de las partes, se infiere que la liquidación oficial n.º 1712000050 del inmueble con referencia catastral n.º 00-020000-0035-00 fue expedida y notificada en el año 2012.
60. Lo anterior, pues en varios apartes de la acción de tutela se indicó que el proceso de valorización en el distrito databa del año 2012 y en el capítulo de hechos probados de la sentencia ordinaria se transcribió el encabezado del acto de liquidación en el que se indicó que se expedía con base en el Decreto 223 de 2011, al tiempo que se aclaró que el contribuyente presentó recurso de reconsideración contra dicho acto el 28 de agosto de 2012.
61. Ahora, contra ese acto, el contribuyente presentó recurso de reconsideración, el cual le fue rechazado por extemporáneo. Posteriormente, demandó la legalidad de los mismos a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
62. El 30 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda. Inconforme con esa decisión, el señor Lustgarten Steckerl presentó recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, quien revocó la sentencia de primera instancia y anuló los actos censurados.
Análisis del defecto sustantivo
63. A juicio de la parte actora, la sentencia del 5 de julio de 2018, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación, incurrió en defecto sustantivo o material, pues desconoció que fueron los acuerdos expedidos por el concejo los que determinaron el sistema y método de distribución. Además, por cuanto aplicó normas que no correspondían para efectos de declarar que la notificación realizada al contribuyente fue irregular.
64. Se recuerda que para nulitar los actos demandados, la autoridad judicial accionada declaró probada de oficio la excepción de ilegalidad del Decreto 323 de 2004, con fundamento en que se acreditó que fue el alcalde mediante el decreto aludido y no el concejo a través de un acuerdo, como correspondía, quien estableció el sistema y método de distribución para definir los costos o beneficios y la forma de hacer su reparto.
65. Frente a este punto, la Sala advierte que le asiste razón a la parte tutelante, pues se demostró que fue el Concejo de Barranquilla, a través del Acuerdo 10 de 2008, quien fijó los sistemas y métodos de distribución de beneficios, competencia que le atribuyó directamente la Constitución Política a las corporaciones de elección popular (ver párr. 57).
66. Por consiguiente, se observa que en la providencia objeto de tutela se incurrió en una interpretación no acertada, dado que se dejó de aplicar sin razón alguna el Acuerdo 10 de 2008, que fue el que estableció en el parágrafo 3º del artículo 2º los sistemas y métodos de distribución, para concluir que fue mediante el Decreto 323 de 2004 que se fijaron tales elementos, con los siguientes argumentos:
[P]ara la Sala es claro que la liquidación oficial de la contribución por valorización n.º 1712000050 del inmueble de la referencia catastral n.º 00-20000-0035-00 está viciada de nulidad, porque el acto se expidió con fundamento en el Decreto Municipal 323 de 2004 que fijaba el sistema y método para definir costos, beneficios y reparto, aspectos que deben ser fijados por el Concejo Municipal, mediante acuerdo.
(…)
Es cierto que la excepción de ilegalidad está referida a los efectos de una norma que deja de aplicarse, por lo que parecería un “contrasentido” inaplicar lo que ya no existe ni produce efectos –recuérdese que el Decreto 323 de 2004 fue derogado por el Decreto 223 de 2011-. Pero no es menos cierto que como su existencia y eficacia tiene como marco temporal, en este caso, el momento de expedición de los actos demandados, no resulta exótico invocar la excepción dicha.
67. Precisa la Sala que, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Concejo Distrital de Barranquilla, contenidas en el Acuerdo 006 de 2004, el Alcalde Mayor del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla expidió el Decreto Distrital 323 de 2004, en el cual relacionó los diferentes sistemas y métodos aplicables en la determinación de la contribución de valorización (ver párr. 56), así:
ARTÍCULO 2. La aplicación de la Contribución por Valorización podrá realizarse utilizando uno de los siguientes conceptos: a) Por Beneficio Directo y Reflejo, y b) Por Beneficio General. El derrame del gravamen se aplicará por Beneficio Directo y Reflejo cuando se trate de la construcción de una obra pública puntual, o de un conjunto de obras públicas que presenten continuidad especial, geométrica y geográfica. El derrame del gravamen se aplicará por Beneficio General cuando se trate de la construcción de un conjunto de obras públicas ubicadas en diferentes lugares del Territorio Distrital y que por su localización, tipo de obra y significación urbana generan beneficio a toda la ciudad.
(…)
ARTÍCULO 71. Para efectos de la distribución del derrame por Beneficio General, podrá aplicarse cualquiera de los siguientes métodos:
a) El método de los factores de beneficio
b) El método de la distribución socioeconómica
c) El método de la superposición de beneficios directos y reflejos -Se destaca-.
68. A su vez, en los capítulos segundo a cuarto del Título III “De la aplicación del derrame por beneficio general”, se definieron cada uno de dichos métodos y los criterios técnicos que se podrían aplicar para la distribución del derrame de la contribución, en los siguientes términos:
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL MÉTODO DE LOS FACTORES DE BENEFICIO
ARTÍCULO 72. Cuando se seleccione el método de los factores de beneficio el gravamen se aplicará al área virtual de cada predio o inmueble, entendiéndose por área virtual el área real multiplicada por un coeficiente o factor de distribución.
ARTÍCULO 73. Llámese Factor de Distribución o Factor de Beneficio aquél que, considerando diversas determinantes, establece la mayor o menor capacidad de absorción que le inmueble presente frente al Beneficio General causado por el conjunto de obras.
ARTÍCULO 74. Las determinantes para establecer el coeficiente de individualización del gravamen correspondiente a cada inmueble serán: a) El uso o destino económico; b) La cercanía a las obras, c) El área del inmueble, y d) El estrato socioeconómico.
(…)
CAPÍTULO TERCERO
DEL MÉTODO DE LA DISTRIBUCIÓN SOCIOECONÓMICA
ARTÍCULO 85. Para la aplicación del método de la distribución socioeconómica se tendrán en cuenta los usos del suelo o destino económico, y la vocación de los predios, correlacionados con el avalúo catastral de los mismos mediante la aplicación de un índice.
ARTÍCULO 86. Dentro del rango de uso de suelo o destino económico se considerarán los siguientes: a) Vivienda, b) Institucionales, c) Industriales, d) Comerciales, y e) Uso mixto. Dentro del rango de vocación se considerarán: a) Urbanizables no urbanizados y, b) Edificables no edificados.
Dicho acto definió los posibles métodos disponibles, relacionados anteriormente, sin establecer cuál de ellos debía acogerse, precisamente porque esa competencia se encontraba reservada para el Concejo Distrital de Barranquilla, quien en efecto la ejerció mediante el Acuerdo 10 de 2008.
(…)
CAPÍTULO CUARTO
DEL MÉTODO DE LA SUPERPOSICION DE BENFICIOS DIRECTOS Y REFLEJOS
ARTÍCULO 89. El método de la superposición de beneficios directos y reflejos se podrá aplicar cuando las obras que se programe adelantar sean en número y disposición tal que, la última franja de zona de que trata el literal e), artículo 35, capítulo primero, título II del presente decreto, de cada una de las obras proyectadas se superponga con la última franja de la o las más cercanas, de tal manera que toda el área de la ciudad quede cubierta con por lo menos un beneficio reflejo de las obras.
69. De lo anterior, se advierte que el decreto contempló los diferentes métodos de distribución del gravamen, pero en ningún momento fijó o estableció cuál de ellos debía aplicarse en dicho ente territorial, pues de otra forma no podría entenderse la expresión “podrá” contenida en las normas transcritas.
70. Ello recobra mayor sentido, si se tiene en cuenta que fue justamente en los artículos primero a tercero del Acuerdo 10 de 2008 en los que se determinó el sistema -beneficio general- y el método –distribución socioeconómica-, pero particularmente se estableció el derrame de la contribución de valorización para los predios, de conformidad con el destino económico o su estratificación socioeconómica.
71. Así, en el artículo 1º ibídem de dicho acuerdo se estableció lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: Contribución de Valorización por Beneficio General. En desarrollo del Sistema Contributivo de Valorización por Beneficio General, por tratarse de la construcción de un conjunto de obras públicas ubicadas en diferentes lugares del territorio distrital y que por su localización, tipo de obra y significación urbana generan beneficio a toda la ciudad, ordénese la aplicación de la Contribución por Valorización por Beneficio General, establecido en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, mediante Acuerdo 006 de 2004, y de conformidad a Io dispuesto por los Artículos uno (1) a seis (6) del Decreto 868 de 1956, adoptado como legislación permanente por medio de la ley 141 de 1961, y como sistema vigente para los municipios por el Articulo 244 del Decreto 1333 de 1986, tal como lo dispone el Artículo 20 del Decreto 0323 de 2004 (Negrillas de la Sala).
72. A su vez, en el artículo 3º del mismo estatuto se dispuso:
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad a lo dispuesto por el acuerdo 021 de 2004, Artículos Cuarto y Quinto, el derrame de la Contribución de Valorización que por el presente Acuerdo se ordena será distribuido por el método de la distribución Socioeconómica de que trata el Decreto Acuerdal 0323 de 2004, y el reparto de la Contribución se aplicara de la forma y según el destino económico y/o uso del predio así:
TRANSCRIPCION DEL ESTATUTO VALORIZACION
Vivienda: Máximo el treinta y cinco por ciento (35%) del total del derrame.
Industrial: Máximo el veinticinco por ciento (25%) del total del derrame.
Comercial: Máximo el veinticinco por ciento (25%) del total del derrame,
Urbanizables no urbanizados: Máximo el cinco por ciento (5%) del total del derrame.
Edificables no edificados: Máximo el cinco por ciento (5%) del total del derrame.
Institucional: Máximo el quince por ciento (15%) del total del derrame,
Uso mixto: Máximo el diez por ciento (10%) del total del derrame.
El derrame de la Contribución de Valorización que por el presente Acuerdo se ordena para los predios cuyo destino económico o uso sea el de vivienda los rangos de absorción, según su estratificación socioeconómica serán los siguientes:
I.- ESTRATO 1: Máximo el dos por ciento 2% del total del derrame.
2.- ESTRATO 2: Máximo el tres por ciento 3% del total del derrame.
3.- ESTRATO 3: Máximo el diez por ciento 10% del total del derrame.
4. ESTRATO 4: Máximo el diez por ciento 10% del total del derrame.
5.- ESTRATO 5: Máximo el diez por ciento 10% del total del derrame,
6.- ESTRATO 6: Máximo el diez por ciento 10% del total del derrame (Negrillas de la Sala).
73. De acuerdo con las preceptivas en cita, para la Sala resulta diáfano que efectivamente fue el Concejo Distrital de Barranquilla la autoridad encargada de fijar los elementos de la contribución que aquí se debaten –sistema y método-.
74. La Sala no pasa por alto que el Decreto Distrital 323 de 2004 enlistó y enunció unos sistemas –beneficio directo y beneficio general-, así como unos métodos -distribución socioeconómica, factores de beneficio, superposición de beneficios directos y reflejos-, pero lo cierto es que, como se aprecia de las normas transcritas en precedencia, quien fijó específicamente el sistema y método que debía aplicarse puntualmente fue el Concejo Distrital, mediante el Acuerdo 10 de 2008.
75. Por lo anterior, resulta claro que no fue el Decreto 323 de 2004 el acto general que estableció tales elementos y, en consecuencia, no era posible declarar la excepción de ilegalidad sobre el mismo y, de contera, anular los actos administrativos particulares demandados. Ello, en la medida que no se podía considerar que ese decreto era formal o materialmente el único fundamento jurídico para la expedición del acto particular de liquidación oficial, máxime cuando este había sido derogado expresamente el 25 de febrero de 2011 por el Decreto 223 de esa misma anualidad.
76. De hecho, como lo encontró demostrado la misma Sección Cuarta en la sentencia tutelada, “tal como se desprende de la motivación de la liquidación oficial de la contribución de valorización n.º 1712000050, la Secretaría de Hacienda del Distrito de Barranquilla actuó “en uso de las facultades conferidas por los artículos 8, 62, 63, 66, 67, 86 y 88 del Decreto Distrital 223 de 2011” -Se destaca-.
77. Es decir, la base jurídica para la expedición de la liquidación oficial lo constituyó el Decreto 223 de 2011, el cual derogó expresamente el Decreto Distrital 323 de 2004, a partir de su entrada en vigencia (ver párr. 58).
78. En otros términos, el Decreto 323 de 2004 no se encontraba vigente para la fecha de expedición de la liquidación oficial n.º 1712000050 de 2012, por lo que no podía concluirse que ese fue el fundamento jurídico mediante el cual se establecieron los elementos en discusión.
79. En ese orden de ideas, se advierte que en la decisión objeto de tutela se inaplicó el Acuerdo 10 de 2008, mediante el cual el Concejo Distrital ejerció su potestad de imposición y fijó, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 338 Superior, el sistema y método de distribución en el Distrito de Barranquilla.
80. En consecuencia, para la Sala resulta claro que en el caso concreto se dejaron de aplicar normas vigentes, así como otras disposiciones distritales que constituían el fundamento de la liquidación oficial demandada y, en su lugar, se le otorgaron efectos a otras que ya se encontraban derogadas –Decreto 323 de 2004-, sin que existieran razones de hecho o de derecho que permitieran inferir que estas continuaban surtiendo efectos jurídicos, a pesar de su derogatoria expresa.
81. En sentencia SU-573 de 2017, la Corte Constitucional señaló que el defecto sustantivo se presenta, entre otros eventos, cuando el juez funda su decisión en normas impertinentes, derogadas o en los casos en que dejan de aplicar las normas que resultaban adecuadas a la situación fáctica, así:
El defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo, el juez: “(i) Fundamenta su decisión en una norma que (a) no es pertinente; (b) no está vigente en razón de su derogación; (c) es inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Política; y (e) a pesar de estar vigente y [ser] constitucional, resulta inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de revisión”; “(ii) Basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la circunstancia fáctica (…)
82. Bajo esa senda argumental, se encuentra acreditado el defecto sustantivo alegado por la parte actora, pues, el juez ordinario pasó por alto las normas que efectivamente establecieron los elementos del tributo y declaró una excepción de ilegalidad respecto del Decreto 323 de 2004, lo cual no tiene justificación si el mismo se encontraba derogado y sin efectos para el año 2012, fecha en la que se expidió la liquidación acusada.
83. Como argumento adicional, es preciso señalar que en la sentencia del 12 de diciembre de 2014, exp. 2008-00645-01 (19037), la misma Sección Cuarta había concluido que las facultades otorgadas al alcalde para recoger y recopilar las normas vigentes no era inconstitucional, en tanto dicha delegación exclusivamente implicó una labor de compilación y no de regulación, criterio que se acompasa con lo hasta aquí expuesto por la Sala.
84. En efecto, en aquella oportunidad se consideró:
Del artículo 4 del acuerdo acusado se aprecia que el Concejo Distrital de Barranquilla autorizó al alcalde distrital para expedir el estatuto de valorización, y que, para el efecto, se debían «recoger las normas vigentes» y «reglamentar» el sistema de valorización.
(…)
En ese contexto, el artículo 4 del Acuerdo 006 de 2004 no es nulo en la medida de que se circunscribe a delegar en el alcalde la facultad de compilación de normas vigentes.
Ahora bien, según el demandante, el artículo 4 demandado tiene un alcance mucho mayor pues, a su juicio, la facultad implica que el alcalde fije todos los elementos de la contribución de valorización.
La Sala no comparte esa apreciación pues el texto literal del artículo 4 demandado no permite inferir que se haya delegado la facultad de regular todos los elementos de la contribución de valorización y todos aquellos aspectos que atañen a ese tributo, incluido el tema de procedimiento, pues, se reitera, la expedición del estatuto está condicionada a que se recojan las normas vigentes, normas que habría que suponer están previstas en acuerdos del Distrito, pues nada cuestionó sobre el particular el demandante.
(…)
En el caso concreto, se aprecia que el artículo 4 del Acuerdo 006 de 2004 lista una serie de tareas que, al rompe, podría decirse que su regulación compete de manera exclusiva al concejo municipal. Sin embargo, se insiste, el hecho de que la facultad esté circunscrita a «recoger las normas vigentes» y reglamentar otras ya existentes, permite inferir que la delegación implica una labor de mera compilación y, de mera reglamentación, que no de regulación. En ese entendido, el Acuerdo demandado no adolece de ningún vicio.
85. De conformidad con los apartes transcritos, se aprecia que, según el precedente judicial de la misma Sección Cuarta, las facultades otorgadas al alcalde no eran inconstitucionales, pues si bien correspondían a una serie de elementos que, prima facie, podría pensarse que debían ser regulados exclusivamente por la corporación de elección popular, lo cierto es que dicha facultad se otorgó con el único fin de recoger y reglamentar normas que ya existían, es decir, lo autorizó para una labor de compilación y no de regulación, como se ha explicado hasta este punto.
86. En ese horizonte de comprensión, la Sala concluye que la decisión que en esta oportunidad se adopta está en consonancia con el precedente jurisprudencial establecido por la Sección Cuarta, razón de más para predicar la existencia de un defecto sustantivo y amparar los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
87. Como corolario de lo expuesto, en esta oportunidad se encuentra acreditado que: i) la autoridad judicial accionada aplicó única y exclusivamente el Decreto 323 de 2004, el cual se encontraba expresamente derogado para el año 2012, fecha de expedición de la liquidación oficial; y ii) no tuvo en cuenta las normas distritales que constituyeron la fundamentación jurídica restante de la liquidación oficial.
88. En conclusión, para la Sala se encuentra acreditado que la sentencia del 5 de julio de 2018, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, incurrió en defecto sustantivo, por las razones hasta aquí expuestas.
89. Comoquiera que se encontró acreditado que la decisión objeto de tutela incurrió en el mencionado defecto específico de tutela contra providencia judicial, la Sala se relevará de estudiar los cargos restantes planteados en el problema jurídico, pues lo dicho hasta este punto basta para tener por demostrada la afectación a los derechos fundamentales al debido proceso en conexidad con los principios a la seguridad jurídica y autonomía impositiva, invocados por la parte actora.
90. Por consiguiente, se revocará el fallo de tutela impugnado que negó la acción de tutela. En su lugar, se concederá el amparo pretendido por el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, por lo cual se dejará sin efectos la sentencia del 5 de julio de 2018, con el fin que se dicte una providencia de reemplazo teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta decisión.
Conclusión
91. La facultad constitucional para administrar recursos y crear tributos otorgada a los entes territoriales, como es el caso del Distrito de Barranquilla, se encuentra plenamente regulada y solo puede ser ejercida de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 338 superior (ver párr. 36), según el cual solo a las corporaciones de representación popular, en este caso a los concejos, les corresponde fijar los sistemas y métodos para definir los costos y beneficios de las contribuciones, así como la forma de hacer su reparto.
92. En consecuencia, como en este caso no se demostró que haya sido el alcalde, sino el concejo, la autoridad que fijó dichos elementos de la contribución de valorización en el Distrito de Barranquilla, y que la decisión tuvo como fundamento, al margen del Decreto 323 de 2004, otras normas posteriores que legalmente soportaban su expedición, la Sala concluye que la sentencia objeto de tutela incurrió en defecto sustantivo, yerro que originó la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
93. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
REVOCAR la sentencia impugnada, mediante la cual se negó el amparo solicitado por el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, por las razones expuestas. En su lugar, se ordena:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales invocados por el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.
SEGUNDO: DEJAR sin efectos la sentencia del 5 de julio de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho n.º 08001-23-33-000-2013-00381-001 (21895).
TERCERO: ORDENAR a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de este fallo, profiera una nueva sentencia en la que se acojan las consideraciones expuestas en esta providencia.
CUARTO. NOTIFICAR a las partes por el medio que resulte más expedito y eficaz.
QUINTO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
RAMIRO PAZOS GUERRERO
Presidente de la Sala
ALBERTO MONTAÑA PLATA MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
En la medida en que al expediente de tutela no fue aportada la sentencia que se pretende cuestionar, la Sala incorporó de ofició dicha providencia, la cual fue tomada del aplicativo “Consulta de procesos” de la página web de la Corporación: HYPERLINK "http://www.consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php" http://www.consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php
Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
Afirmaciones que se extraen de la sentencia acusada del 5 de julio de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Exp. 2013-000381-01 (21895), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, incorporada al expediente y visible a fl. 271 a 291, c. ppal.
Fl. 271 a 291, c. ppal.
Sentencia ordinaria, visible a fl. 279 anverso a 291, c. ppal.
“Artículo 105. El presente Estatuto rige a partir de la fecha de su expedición, y deroga todas las disposiciones distritales que le sean contrarias, en especial el Decreto Distrital 323 de 2004 y el artículo 182 incuso 2 del Decreto Distrital 180 de 2010” -Se destaca-. (Fl. 73, c. 1).
Afirmación contenida en la sentencia ordinaria, visible a folio 284, c. ppal.
Ibíd.
Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2014, Exp.080012331000200800645-01, C.P. Hugo Bastidas Bárcenas.
Se recuerda que para establecer si una decisión es precedente aplicable frente a un caso concreto, en la sentencia T-436 de 2017 , la Corte Constitucional previó que se deben cumplir tres requisitos, a saber: (i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; (ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y (iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
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