Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00069-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00069-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-00069-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
26 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00069-02 (4584-2024)
Demandante: Carlos Enrique Pinzón Muñoz
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y
bonificación por compensación establecida en el Decreto 610 de 1998. Subtema:
diferencias salariales con ocasión del reconocimiento de la prima especial de servicios y
de la bonificación por compensación.
Sentencia complementaria
La Sala resuelve la solicitud de corrección y aclaración presentada por la apoderada de
la parte accionante, respecto de la sentencia dictada por esta Subsección el 2 de octubre
de 2025, mediante la cual se confirmó parcialmente la providencia del 27 de mayo de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1. El 15 de julio de 2014, Carlos Enrique Pinzón Muñoz, en su condición de
magistrado de descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales, la reliquidación y pago de las
prestaciones sociales con la inclusión de la prima especial de servicios y de la
bonificación por compensación, desde el 29 de agosto de 2011, y mientras se cause el
derecho hacia futuro.
2. A través de la Resolución DESAJMR14-4633 del 1 de septiembre de 2014, la
entidad demandada atendió negativamente la referida petición bajo el argumento de que
tales conceptos no constituían factor salarial para ningún efecto. Inconforme con la
anterior decisión, interpuso recurso de apelación, sin que la entidad emitiera respuesta,
dando lugar al acto presunto demandado.
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00069-02 (4584-2024)
Demandante: Carlos Enrique Pinzón Muñoz
Demandado: Nación, Rama Judicial
3. En tal virtud, Carlos Enrique Pinzón Muñoz acudió a la jurisdicción de lo
contencioso–administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el propósito de obtener la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos demandados y, a título de restablecimiento, que se ordene a la entidad
demandada reconocer y pagar las diferencias salariales, reliquidar y cancelar las
prestaciones sociales, incluyendo la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación, desde el 29 de agosto de 2011 y mientras se causen a futuro.
4. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, profirió sentencia el 27
de mayo de 2024, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
declaró no probadas las excepciones propuestas.
5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial interpuso recurso de apelación
en contra de la aludida providencia.
1.2. Sentencia de segunda instancia objeto de la solicitud de corrección y/o
aclaración
6. Esta Subsección, mediante sentencia del 2 de octubre de 2025, confirmó
parcialmente la providencia del 27 de mayo de 2024, en la que se declaró la nulidad de
los actos administrativos acusados, se reconoció y ordenó el pago de la prima especial
de servicios a favor del demandante, se declararon no probadas las excepciones y se
dispuso no imponer condena en costas. En consecuencia, la Sala resolvió lo siguiente:
PRIMERO. Confirmar parcialmente la sentencia proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, el 27 de mayo de 2024, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. Modificar y adicionar el ordinal cuarto de la sentencia apelada, el cual
quedará así:
CUARTO.- A modo de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la NACIÓN –
RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: Reliquidar y pagar
al señor CARLOS ENRIQUE PINZÓN MUÑOZ la suma que resulte como diferencia
por concepto del salario y prestaciones sociales dejadas de percibir en calidad de
magistrado de Tribunal Administrativo, desde el 29 de agosto de 2011 hasta el 11
de septiembre de 2014, teniendo en cuenta el valor fijado por el Gobierno nacional
como salario básico mensual establecido para los servidores públicos de su cargo en
la Rama Judicial, adicionado con un treinta por ciento descontado por concepto de
prima especial. Lo anterior siempre y cuando, sumada la bonificación por
compensación, la prima especial de servicios, cesantías y los demás ingresos
laborales del servidor, no se supere el 80% de los ingresos laborales que por
todo concepto perciben los magistrados de altas cortes, tomando en
consideración lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el
auxilio de cesantías, tal como se motivó en la presente decisión.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00069-02 (4584-2024)
Demandante: Carlos Enrique Pinzón Muñoz
Demandado: Nación, Rama Judicial
La entidad debe hacer la reliquidación y pago de los aportes hechos al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones en favor del demandante, por las
diferencias dejadas de pagar por la prima especial de servicios, desde la fecha de
posesión en el cargo que le otorga el derecho, teniendo en cuenta que el fenómeno
jurídico de la prescripción no afecta el pago de los aportes pensionales.
A los valores reconocidos se deben descontar las sumas pagadas por concepto de la
bonificación de gestión judicial. Sin que en todo caso se superen los topes fijados por
el Gobierno nacional.
Lo reconocido con ocasión del presente proceso, será procedente siempre y cuando
las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones ordenadas no se hayan
cancelado por la entidad previamente. Por lo que corresponde a esta hacer la
verificación correspondiente.
TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia.
[…].
1.3. La solicitud de corrección y/o aclaración
7. Carlos Enrique Pinzón Muñoz, a través de su apoderada judicial, mediante
memorial presentado el 30 de octubre de 20251, solicitó la corrección y/o aclaración de
la sentencia proferida por esta Subsección el 2 de octubre de 2025.
8. Argumentó que en la sentencia de segunda instancia se estableció de manera
equivocada el extremo final del restablecimiento del derecho, toda vez que «el cálculo
está erróneamente relacionado en las fechas del reconocimiento del derecho laboral,
puntualmente hasta la fecha del reconocimiento del derecho que quedó errada; porque
la relación laboral no terminó el 11 de septiembre de 2014 como quedó en la parte
resolutiva, sino hasta el 29 de agosto de 2016 y siendo coherente con lo decidido en la
sentencia de primera instancia en un relación laboral que estuvo (sic) vigente hasta la
fecha».
9. Señaló que el presente caso se enmarca en los presupuestos normativos previstos
en los artículos 285 y 286 del Código General del Proceso para la aclaración y/o
corrección de la sentencia, pues se trata de errores en las palabras contenidas en la parte
resolutiva de la providencia.
1 Samái, índice 16, expediente digital, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«11_MemorialWeb_Otro-ADICIONACLARACION(.pdf) NroActua 16».
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Demandante: Carlos Enrique Pinzón Muñoz
Demandado: Nación, Rama Judicial
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
10. Como la sentencia del 2 de octubre de 2025 sobre la que recae la petición objeto
de estudio fue proferida por la Sala de conformidad con el artículo 125 del CPACA, esta
también es competente para decidir la solicitud de corrección, aclaración y adición de
dicha providencia.
2.2. Aclaración, corrección y adición de providencias
11. El artículo 285 del CGP2 dispone que la petición de aclaración:
a) Tiene como fin esclarecer conceptos o frases de las providencias que ofrezcan
verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la
sentencia o influyan en ella.
b) Procede de oficio o a petición de parte.
c) Debe efectuarse dentro del término de ejecutoria de la respectiva providencia.
12. Por su parte, el artículo 286 del CGP3 faculta al juez para corregir las providencias
bajo las siguientes reglas:
a) El propósito de esta figura es subsanar errores y omisiones formales, puramente
aritméticos, de cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén
contenidos en la parte resolutiva de la providencia o influyan en ella.
b) Procede de oficio o a petición de parte.
c) Puede solicitarse y/o efectuarse en cualquier tiempo.
13. Finalmente, el artículo 287 del CGP4 autoriza la adición de providencias en los
siguientes términos:
a) Permite al juez pronunciarse sobre los extremos de la materia objeto de estudio o
cualquier otro aspecto que debía ser objeto de pronunciamiento, cuyo análisis y
decisión se omitió.
b) Procede de oficio o a petición de parte.
c) Debe efectuarse dentro del término de ejecutoria de la respectiva providencia.
14. En relación con las anteriores normas, esta corporación ha precisado que en virtud
de los instrumentos que brindan «“no le es dado a las partes o al juez abrir nuevamente
el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que se corrige, aclara o adiciona”5,
2 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
3 Ibidem.
4
Ibidem.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 2013,
M.P. Enrique Gil Botero, Rad. 05001-23-31-000-1995-00389-01 (25.179).
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00069-02 (4584-2024)
Demandante: Carlos Enrique Pinzón Muñoz
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pues se trata de decidir sobre asuntos esenciales de la controversia que no fueron
abordados, no de modificar y/o rectificar las determinaciones adoptadas6, pues para tal
efecto existen otros mecanismos como los recursos o las nulidades procesales, de los
cuales debe hacerse uso en las oportunidades y condiciones legalmente establecidas»7.
2.3. Análisis de los presupuestos procesales
2.3.1. Oportunidad
15. En el presente asunto, para notificar la sentencia del 2 de octubre de 2025 se envió
a los sujetos procesales mensaje de datos el 27 de octubre de 20258.
16. Por consiguiente, la referida providencia, se entendió notificada el 29 de octubre
de 2025. Lo anterior, de conformidad con los artículos 203 y 205 de la Ley 1437 de 2011
y el auto de unificación del 29 de noviembre de 2022 de esta corporación, según los
cuales, la notificación de las sentencias por vía electrónica se tiene por realizada una vez
transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empiezan a
correr al día siguiente9.
17. En ese orden de ideas, el término de ejecutoria de la providencia transcurrió del
30 de octubre de 2025 al 4 de noviembre de 2025 10. La solicitud de corrección y/o
aclaración fue presentada el 30 de octubre de 202511, es decir, oportunamente.
18. En todo caso, la corrección de decisiones judiciales puede realizarse en cualquier
tiempo de oficio o a petición de parte, por lo que no se requiere análisis sobre la
oportunidad.
2.3.2. Legitimación
19. Como se expuso líneas anteriores, los artículos 285, 286 y 287 del CGP facultan
a las partes para pedir la aclaración y/o corrección o adición de la sentencia de la
sentencia. Por consiguiente, Carlos Enrique Pinzón Muñoz, al haber actuado como
demandante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se
encuentra legitimado para realizar las referidas solicitudes.
6 Entre otras ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto
del 5 de febrero de 2009, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 25000232500020040533802.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Quinta, auto del 5 de agosto de 2021, Rad.
11001-03-28-000-2020-00018-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
8 Samái, índice 15, expediente digital, actuación «Envió de Notificación», documento «Soporte notificación Sentencia
de fecha 0(.pdf) NroActua 15».
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, auto de unificación jurisprudencial del 29 de
noviembre de 2022, rad. núm. 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177).
10
De 3 días hábiles según el artículo 302 del CGP.
11 Samái, índice 27, expediente digital, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«17_MemorialWeb_Otro-EXPEDIENTE20210064(.pdf) NroActua 27».
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00069-02 (4584-2024)
Demandante: Carlos Enrique Pinzón Muñoz
Demandado: Nación, Rama Judicial
3. Análisis del caso concreto
3.1. Solicitud de aclaración, corrección y adición de providencias
20. La parte demandante solicitó la aclaración y/o corrección de la sentencia proferida
por esta Subsección el 2 de octubre de 2025, en lo relativo a las fechas del
restablecimiento del derecho, específicamente el extremo final del reconocimiento. Indicó
que la fecha definida en la sentencia de segunda instancia es errada, porque la relación
laboral no terminó el 11 de septiembre de 2014, como se señaló en la parte resolutiva,
sino que continuó como magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia hasta el 29
de febrero de 2016 y posteriormente en Bogotá como magistrado auxiliar hasta el 29 de
agosto de 2016, sin solución de continuidad, dentro de una relación laboral que se
encuentra vigente, comoquiera que actualmente ocupa el cargo de magistrado del
Tribunal Administrativo de Antioquia.
21. Para la Sala, aunque la apoderada del accionante solicitó la aclaración y/o
corrección de la sentencia frente a la fecha final del restablecimiento del derecho
ordenado, se entiende que, en realidad, se trata de una petición de adición de la
providencia, toda vez que pidió precisar el límite temporal del reconocimiento hasta que
el señor Carlos Enrique Pinzón Muñoz continúe desempeñando cargos que le otorguen
el derecho. Esta interpretación se fundamenta en el principio de congruencia y en la
necesidad de garantizar la integridad del fallo, evitando vacíos que afecten la ejecución
de la decisión. Por lo tanto, la solicitud se resolverá conforme al artículo 287 del Código
General del Proceso.
22. Una vez precisado lo anterior, se observa que, la sentencia de segunda instancia
estableció como fecha final para el reconocimiento de las sumas adeudadas el 11 de
septiembre de 2014, por ser el límite temporal del ejercicio del cargo acreditado en el
expediente a la fecha de presentación de la demanda.
23. Así las cosas, la sentencia de segunda instancia del 2 de octubre de 2025 no
realizó un pronunciamiento específico sobre la pretensión del reconocimiento de lo
solicitado por el demandante desde la fecha de su nombramiento como magistrado de
descongestión el 29 de agosto de 2011 y mientras se cause el derecho hacia futuro, por
lo que conviene realizarlo en el presente pronunciamiento.
24. En consecuencia, se complementa la sentencia para precisar que el
restablecimiento del derecho comprende el período del 29 de agosto de 2011 al 11 de
septiembre de 2014 y, en adelante, hasta que el actor ocupe cargos que le otorguen el
derecho.
Por lo anteriormente expuesto, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado,
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00069-02 (4584-2024)
Demandante: Carlos Enrique Pinzón Muñoz
Demandado: Nación, Rama Judicial
RESUELVE
PRIMERO: DICTAR sentencia complementaria de segunda instancia, para precisar
que, para todos los efectos legales, el derecho reconocido a favor de Carlos Enrique
Pinzón Muñoz tendrá como extremo final el 11 de septiembre de 2014 y, en adelante,
hasta que ocupe los cargos que le otorguen el derecho.
SEGUNDO: EFECTUAR las anotaciones respectivas en el expediente electrónico
incorporado en el Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al despacho de origen, una vez en firme esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia,
conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta a
través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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