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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00136-02

Fecha
13 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00136-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar parcialmente la sentencia de primera instancia del 30 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, que declaró la prescripción, entre otros, de los aportes a seguridad social en pensión de José Alberto Giraldo Castaño. En consecuencia: Segundo. Declarar la nulidad parcial de las resoluciones DESAJMR14-4689 del 10 de septiembre de 2014 y 6792 del 3 de diciembre de 2015, proferidas por la DESAJ Medellín y la DEAJ, en cuanto a la negativa de reliquidación de los aportes a seguridad social en pensiones con base en el 100% del salario básico fijado por el gobierno nacional en los decretos anuales de los años 1993 a 2002 más la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en los que el demandante se desempeñó como magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Medellín. Tercero. A título de restablecimiento del derecho condenar a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reliquidar y pagar las diferencias surgidas entre lo pagado por aportes a seguridad social en pensión en 17 Radicado: 05001-23-33-000-2016-00136-02 (5427-2024) Demandante: José Alberto Giraldo Castaño favor de José Alberto Giraldo Castaño y lo que en realidad correspondía entre el 7 de enero de 1993 hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996 teniendo como base el 100% de la remuneración básica mensual y desde la entrada en vigor de la anterior norma, esto es desde el 28 de diciembre de 1996, hasta el 30 de abril de 2002, con base en la anterior asignación más el 30% correspondiente a la prima especial. Cuarto. Confirmar en lo demás la sentencia apelada del 30 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Quinto. No condenar en costas en esta instancia. Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-00136-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

13 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00136-02 (5427-2024)
Demandante: José Alberto Giraldo Castaño
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1

Temas: Prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 30 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Transitoria, mediante la cual se declaró probada la excepción de
prescripción.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. José Alberto Giraldo Castaño presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones DESAJMR14-4689 del 10 de septiembre

1 En adelante DEAJ.
2 Folio 29. La demanda fue presentada el 26 de enero de 2016.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00136-02 (5427-2024)
Demandante: José Alberto Giraldo Castaño

de 2014 y 6792 del 3 de diciembre de 20154, proferidas por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín5 y la DEAJ en las que se negó el
reconocimiento de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 y la reliquidación de las prestaciones sociales y aportes a pensión a las
que tenía derecho por haberse desempeñado como magistrado de la Sala
Disciplinaria del «Consejo Seccional de la Judicatura de Medellín».

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la reliquidación y pago, «entre los años 1993 y 2002», de los siguientes
emolumentos: a) la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
en cuantía del 30% del salario básico decretado anualmente por el gobierno
nacional; b) la reliquidación de las vacaciones, primas de vacaciones, navidad y
servicios, «las bonificaciones», y las cesantías e intereses a las cesantías; c) el
reajuste del ingreso base de cotización sobre el que se realizaron los aportes al
sistema de seguridad social en pensiones; ii) la actualización del valor de la condena
«con motivo de la disminución del poder adquisitivo»; iii) la condena en costas y
agencias en derecho a la parte demandada; y iv) el cumplimiento de la sentencia en
los términos del artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes6:

3.1. José Alberto Giraldo Castaño se desempeñó como magistrado de la Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Medellín desde el año
«1972» hasta 2002.

3.2.El 5 de septiembre de 2014 solicitó ante la DESAJ el reconocimiento de la prima
especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 de los años 1993 a 2002
en cuantía del 30% del salario básico, la reliquidación de todas las prestaciones
sociales que se calculan con base en ese rubro y de los aportes a pensión y la
actualización del monto resultante.

3.3. La DESAJ profirió la Resolución DESAJMR14-4689 del 10 de septiembre de
2014 en el que negó la anterior solicitud. El 22 de septiembre de 2014 presentó
recurso de apelación que fue concedido por medio de la Resolución DESAJMR14-

4 La pretensión de nulidad de la Resolución 6792 del 3 de diciembre de 2015 se propuso a través de

la reforma a la demanda presentada el 23 de febrero de 2017, vita en los folios 53 al 59, en atención
a la notificación de citado acto administrativo que ocurrió el 31 de marzo de 2016, es decir con
posterioridad a la radicación del medio de control.
5 En lo que sigue DESAJ
6 Folios 2 al 5 reverso del expediente físico.

2

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00136-02 (5427-2024)
Demandante: José Alberto Giraldo Castaño

4840 del 24 de septiembre de ese año.

3.4. El 3 de diciembre de 2015 la DEAJ profirió la Resolución 6792 en la que confirmó
la decisión recurrida.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 13, 25, 53, 58, y 150, ordinal 19, de la
Constitución Política; 5 y 10 de la Ley 153 de 1887; 2, 3, 14 y 15 de la Ley 4ª de
1992; 152 de la Ley 270 de 1996; 115 de la Ley 1395 de 2010; 10, 102, 123, 138,
189, 269, 270 y 271 del CPACA; y 12 del Decreto 717 de 1978.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente7:

5.1. El legislador creó la prima especial de servicios a través del artículo 14 de la Ley
4ª de 1992. El gobierno nacional reglamentó dicho emolumento por medio de los
decretos 51, 53 y 57 de 1993, en los que dispuso que el 30% de la asignación básica
salarial correspondía a la citada prima especial de servicios la cual no tiene carácter
salarial.

5.2. La anterior interpretación resultó ser desfavorable a los derechos de los
servidores judiciales, pues le restó el carácter salarial al 30% del salario básico, lo
cual disminuyó de manera automática el valor de las prestaciones sociales que se
calculan a partir de la base salarial.

5.3. Lo anterior fue establecido por el Consejo de Estado en las sentencias del 2 de
abril de 2009 proferida en el proceso 11001-03-25-000-2007-00098-00 y del 29 de
abril de 2014 dictada dentro del asunto con radicado 11001-03-25-000-2007-00087-
00, en la que se determinó que la prima especial de servicios debía ser reconocida
de manera adicional, por lo que había lugar a la reliquidación del salario básico, de
las prestaciones sociales y de los aportes a pensión que se liquidan con base en
ese rubro.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación8:

6.1. La prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

7 Folios 3 reverso al 7 del expediente físico.
8 Folios 71 al 79 del expediente físico.

3

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Demandante: José Alberto Giraldo Castaño

fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional que en sentencia C-279
de 1996 declaró exequible la expresión «sin carácter salarial», razón por la que el
porcentaje equivalente a dicho emolumento no puede hacer parte de la base de
liquidación de las vacaciones, primas de vacaciones, navidad y servicios y las
cesantías e intereses a las cesantías, pues solo tiene dicho carácter respecto de los
aportes a pensión.

6.2. Las decisiones judiciales proferidas con ocasión de demandas de simple nulidad
no pueden causar efectos en las situaciones particulares de los trabajadores y solo
producen efectos hacia el futuro, por lo que las consideraciones expuestas por el
Consejo de Estado en las sentencias del 2 de abril de 20099 y 29 de abril de 201410
no pueden aplicarse para resolver el presente asunto.

6.3. Los salarios y prestaciones sociales fueron pagados en los términos señalados
en las normas vigentes y aplicables, de modo que acceder a las pretensiones de la
demanda implicaría desconocer el ordenamiento jurídico.

6.4. Finalmente, son procedentes las excepciones de presunción de legalidad de los
actos administrativos, ausencia de causa petendi –inexistencia del derecho
reclamado y cobro de lo no debido-, y prescripción trienal.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, en sentencia proferida el
30 de julio de 202411, encontró configurada la excepción de prescripción extintiva
del derecho, propuesta por la demandada, y se abstuvo de condenar en costas.

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

8.1. En materia laboral el fenómeno de la prescripción debe estudiarse a la luz de lo
previsto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, aclarado por el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, en los que se estableció que el término se contará desde el
momento en el que se hace exigible el derecho.

8.2. En cuanto a la exigibilidad del derecho el Consejo de Estado 12 explicó que
cuando se rompe el vínculo laboral los pagos adeudados por el empleador dejan de
ser periódicos y se tornan en un pago único, razón por la que sobre esos rubros sí
opera el fenómeno prescriptivo.

9 Radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07)
10 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07).
11 Documento 5 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
12 Sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18)

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Demandante: José Alberto Giraldo Castaño

8.3. José Alberto Giraldo Castaño se retiró del servicio público el 30 de abril de 2002,
lo que quiere decir que los rubros solicitados dejaron de ser sumas de causación
periódica y se convirtieron en un valor único que debió ser pretendido a más tardar
el 30 de abril de 2005, sin embargo la reclamación administrativa tuvo lugar el 5 de
septiembre de 2014 de modo que operó la prescripción trienal de que trata el
Decreto 3135 de 1968.

8.4. No hay lugar a imposición de condena en costas al no advertirse que se hayan
causado ni que exista una manifiesta ausencia de sustento legal por parte del
demandante.

1.4. El recurso de apelación

9. José Alberto Giraldo Castaño presentó recurso de apelación en el que solicitó que
se revocara la sentencia de primera instancia y que se accediera a las pretensiones
de la demanda. Lo anterior, con base en los siguientes argumentos13:

9.1. El juez de primera instancia no se pronunció sobre la pretensión de ordenar el
pago de los aportes deficitarios a pensión que constituyen un derecho autónomo,
irrenunciable e imprescriptible.

9.2. La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 solo tiene
carácter salarial para efectos de conformar el ingreso base de cotización a partir del
cual se efectúan los aportes al sistema pensional, rubro sobre el que no es correcto
aplicar la prescripción trienal tal como lo indicó la Corte Constitucional en sentencia
SU-567 de 2015.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el ordinal 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar14.

1.6. El Ministerio Público

11. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia15.

13 Documento 7 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
14 Tal como se indicó en el auto admisorio del 11 de abril de 2025.
15 Constancia en el índice 8 de Samai.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00136-02 (5427-2024)
Demandante: José Alberto Giraldo Castaño

2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia16, se circunscriben a
establecer si ¿José Alberto Giraldo Castaño tiene derecho al pago de los aportes
deficitarios a pensión de acuerdo con el 30% de la asignación básica salarial
percibida entre los años 1993 y 2002 que le fue pagada a título de prima especial
de servicios?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

13. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso Nacional y de la fuerza pública.

14. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial17 para los Magistrados de todo orden de los

16 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
17 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-

96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00136-02 (5427-2024)
Demandante: José Alberto Giraldo Castaño

Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

15. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

16. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

17. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes
de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y
los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».

18. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000,
1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de

derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00136-02 (5427-2024)
Demandante: José Alberto Giraldo Castaño

2006, 618 de 200718, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874
del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021,
470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar19».

19. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.

20. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.

21. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201920, fijó, entre otras, las siguientes
reglas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago

18 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la

prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
19 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales

no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00136-02 (5427-2024)
Demandante: José Alberto Giraldo Castaño

de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.

22. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201921.

23. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
201422 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-

2016-00041-02(2204-2018).
22 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

Declaró la nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º
y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto
106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43
de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997;
6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del
Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00136-02 (5427-2024)
Demandante: José Alberto Giraldo Castaño

pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].

24. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que 23 «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
corresponde a un valor adicional al salario básico.

2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión

25. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

26. En la sentencia del 2 de septiembre de 200924, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicio de que trata el artículo 14 de la Ley

44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto
2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto
683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto
3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto
4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936
de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de
2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de
2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
23 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la Sentencia del 31 de octubre de 2012,

Expediente 2001-0642, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00136-02 (5427-2024)
Demandante: José Alberto Giraldo Castaño

4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.

27. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».

28. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.

29. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior25 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.

30. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.

31. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0526 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor medida con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.

25 ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará

bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
26 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01

(0088-2015)

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00136-02 (5427-2024)
Demandante: José Alberto Giraldo Castaño

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

32.1. José Alberto Giraldo Castaño se desempeñó como magistrado de la Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Medellín desde el 1 de
noviembre de 1993 hasta el 30 de abril de 200227 y en ese periodo devengó sueldo
mensual, primas de navidad, vacaciones, de servicios y especial de servicios28.

Prima
Asignación Asignación
Decreto especial de
Anualidad básica básica
Salarial servicios
decretada pagada
pagada
1993 57 $1.812.500 $1.394.231 $418.269
1994 106 $2.193.125 $1.687.019 $506.106
1995 43 $2.587.888 $1.990.683 $597.205
1996 36 $2.976.072 $2.289.286 $686.786
1997 76 $3.214.158 $2.472.429 $741.729
1998 64 $3.989.998 $3.069.229 $920.769
1999 44 $4,388,998 $3.376.152 $1.012.846
2000 2740 $4.794.103 $3.687.771 $1.106.332
2001 1475 $4.913.956 $3.779.966 $1.133.990
2002 2720 $4.915.874 $3.781.442 $1.134.432

32.2. El 5 de septiembre de 201429 solicitó a la DESAJ Medellín i) el pago del 30%
del salario básico que le fue deducido y pagado a título de prima especial de
servicios durante los años 1993 a 2002 cuando se desempeñó como magistrado del
Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Disciplinaria; ii) la reliquidación de todas
las prestaciones sociales causadas durante ese periodo a partir del 100% de la
asignación básica mensual; iii) la reliquidación de los aportes a pensión; y iv) la
indexación sobre los valores resultantes.

32.3. LaDESAJ Medellín emitió la Resolución DESAJMR14-4689 del 10 de
septiembre de 201430, mediante la cual negó lo pretendido por el demandante con
fundamento en que la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014
dictada dentro del asunto con radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 no se
encontraba en firme y, en todo caso, elevaría una consulta al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público para realizar un estudio de proyección de costos.

27 Folio 111 del expediente físico.
28 Certificado de salarios proferido por la Unidad de Recursos Humanos de la DESAJ Medellín.
29 Folios 22 al 25 del expediente físico.
30 Folios 14 al 15 reverso del expediente físico.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00136-02 (5427-2024)
Demandante: José Alberto Giraldo Castaño

32.4. JoséAlberto Giraldo Castaño interpuso recurso de apelación contra esa
decisión el 22 de septiembre de 201431 que fue concedido ante la DEAJ por medio
de la Resolución DESAJMR14-4840 del 24 de septiembre de ese año32.

32.5. La DEAJ resolvió la alzada a través de la Resolución 6792 del 3 de diciembre
de 2015 en el que confirmó lo decidido en el acto administrativo recurrido.

2.4. Análisis sustantivo

38. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, declaró probada la excepción de
prescripción propuesta por la parte demandada en atención a que el periodo sobre
el cual el demandante reclamó la reliquidación de salarios, prestaciones sociales y
aportes a pensión era el comprendido entre los años 1993 y 2002 mientras que la
reclamación administrativa tuvo lugar el 5 de septiembre de 2014, es decir, que
transcurrieron más de los 3 años previstos en el artículo 41 del Decreto 3135 de
1968, de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia del Consejo de Estado del 2 de
septiembre de 201933.

39. José Alberto Giraldo Castaño cuestionó la anterior decisión, por cuanto consideró
que el citado plazo prescriptivo no puede ser aplicado sobre los aportes al sistema
de seguridad social en pensiones en atención a su carácter irrenunciable e
imprescriptible.

40. Pues bien, teniendo en cuenta que la competencia del juez de segunda instancia
está dada por los argumentos propuestos en el recurso de apelación y que en esta
oportunidad no se ha discutido el derecho que le asistió al demandante a percibir la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el análisis del
presente asunto partirá de dicha premisa, de modo que tal como se indicó en el
problema jurídico solo se analizará si sobre los aportes a pensión puede declararse
o no el fenómeno de la prescripción trienal.

41. Luego de contrastar los decretos anuales que fijaron la asignación básica salarial
para los magistrados de consejo seccional y los certificados de salarios expedidos
por la División de Recursos Humanos de la DESAJ Medellín se encontró que el
salario de José Alberto Giraldo Castaño sí fue fraccionado en forma indebida.

42. Lo anterior resulta evidente porque para el año 1993 el salario básico establecido

31 Folios 26 al 28 reverso del expediente físico.
32 Folio 17 del expediente físico.
33 Sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00136-02 (5427-2024)
Demandante: José Alberto Giraldo Castaño

para los citados magistrados fue de $1.812.500. Sin embargo, durante ese año a José
Alberto Giraldo Castaño se le pagó por concepto de sueldo básico la suma de
$1.394.231, es decir una cifra inferior a la establecida en la norma y, por su parte, a
título de prima especial de servicios se le pagó $418.269. Al sumar los anteriores
valores se advierte que el resultado es igual al fijado en el citado decreto como
asignación básica.

43. En similar situación se encuentran los años siguientes, en los que el salario
pagado al demandante siguió siendo inferior al fijado en los decretos anuales
respectivos, lo que quiere decir que la entidad demandada pagó el 30% de la
asignación básica salarial como si se tratara de la prima especial de servicios lo cual
generó una disminución del monto a partir del cual se calculan, entre otros, los
aportes a seguridad social, circunstancia que contraría el principio de progresividad
laboral y el propósito del legislador de adicionar la prima especial a la asignación
básica salarial.

44. En ese sentido, de acuerdo con la posición del Consejo de Estado sobre el
particular, la prima especial de servicios debió ser reconocida de manera adicional
al salario básico fijado por el gobierno nacional para cada anualidad y no debió
entenderse contenida en la asignación básica como lo sostuvo el demandante.

45. Ahora bien, tal como se indicó en el fallo de primera instancia, para efectos de
las reliquidaciones salariales relacionadas con la prima especial de servicios debe
atenderse el término de prescripción previsto en el Decreto 3135 de 1968. La citada
norma dispone que las acciones tendientes a reclamar derechos de origen
prestacional prescriben en 3 años contados a partir de la fecha de exigibilidad del
derecho.

46. Así, en sentencia del 2 de septiembre de 2019 se señaló que la exigibilidad del
derecho a la prima especial de servicios debía entenderse desde la fecha de entrada
en vigencia de la norma que la creó, esto es la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 57 de
1993. Además, debe tomarse en consideración que la citada prima especial fue
actualizada anualmente por medio de los decretos salariales fijados por el gobierno
nacional.

47. De acuerdo con lo anterior, el punto de partida para el cómputo del término de
prescripción en el presente asunto debe ser el extremo temporal final sobre el cual
recae la solicitud de reliquidación salarial y prestacional. En ese sentido, las
reclamaciones administrativas que dieron origen al presente proceso judicial que
datan del año 2014 se encuentran por fuera del citado plazo de 3 años establecido
en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y en tal sentido los emolumentos
salariales y prestacionales reclamados por José Alberto Giraldo Castaño se

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00136-02 (5427-2024)
Demandante: José Alberto Giraldo Castaño

encuentran prescritos.

48. Esto es así pues, en efecto, el derecho a la prima especial es exigible desde la
entrada en vigor del Decreto 57 de 1993, esto es, el 7 de enero de 1993, momento
a partir del cual era posible ejercer las acciones para su reconocimiento. En
consecuencia, la sentencia del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los
decretos salariales no constituye el punto de partida para el conteo del término
prescriptivo, por cuanto dicha decisión fue de carácter declarativo y no constitutivo
del derecho; y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 41 del Decreto 3135 de
1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 «[l]as acciones que emanan de los derechos
consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años,
contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible»
lo que impone considerar de un lado, la fecha de la norma que creó el emolumento
reclamado, e incluso aquellas que dieron lugar al aparente yerro en la interpretación
de la demandada; y del otro, y con mayor importancia, implica analizar las fechas
en las que se prestó el servicio, de manera que se pueda predicar la existencia de
un derecho.

49. Sin embargo, no puede predicarse la configuración de dicho fenómeno respecto
de los aportes a seguridad social en pensiones, pues como se indicó en el acápite
del marco normativo y jurisprudencial tales emolumentos gozan de
imprescriptibilidad en atención a la condición periódica del derecho pensional y en
armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos laborales.

50. Así, aunque la reliquidación salarial solicitada por el demandante se encuentra
prescrita, sí hay lugar a ordenar la reliquidación de los aportes al sistema pensional
que deberá efectuarse teniendo en cuenta el 30% del salario que fue fraccionado
más la prima especial de servicios en cuantía de 30% de la asignación básica
mensual, en la medida en que solo constituye factor de salario para la determinación
del ingreso base de cotización de los aportes a pensión.

51. En consecuencia, se revocará parcialmente la sentencia recurrida para ordenar
el reajuste pensional correspondiente y el pago de la diferencia entre lo pagado y la
liquidación correcta del IBC que debió ser del 100% de la asignación básica fijada
por el gobierno nacional durante el tiempo en que José Alberto Giraldo Castaño se
desempeñó como magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Medellín,
más la prima especial de servicios.

52. La citada reliquidación debe realizarse por todo el tiempo en que el salario del
demandante fue fraccionado, con la salvedad de que la inclusión de la prima
especial de servicios en el IBC pensional solo es procedente desde el 28 de

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00136-02 (5427-2024)
Demandante: José Alberto Giraldo Castaño

diciembre de 1996, fecha de entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996 que así lo
dispuso.

53. En consecuencia, los aportes al sistema pensional debieron liquidarse así: (i)
entre el 7 de enero de 1993 y el 27 de diciembre de 1996, sobre el 100% de la
asignación básica mensual, sin fraccionamiento, y (ii) desde el 28 de diciembre de
1996 hasta el 30 de abril de 2002 [fecha del retiro del servicio] sobre dicha
asignación más el 30% correspondiente a la prima especial de servicios.

2.5. Costas

54. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

55. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

56. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.34

57. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

34En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00136-02 (5427-2024)
Demandante: José Alberto Giraldo Castaño

58. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

59. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que aunque los derechos
salariales reclamados por José Alberto Giraldo Castaño se encuentran prescritos,
los aportes a seguridad social en pensión sí deben ser reajustados y pagados de
acuerdo con el 100% de la asignación básica decretada por el gobierno nacional
más el 30% de la prima especial de servicios, la cual solo tiene carácter salarial para
efectos pensionales desde la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996.

60. En consecuencia, se revocará parcialmente la sentencia del 30 de julio de 2024
en el sentido de declarar la nulidad parcial de los actos administrativos demandados
y ordenar el pago de los aportes deficientes a seguridad social en pensión a favor
del demandante y se confirmará en todo lo demás la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar parcialmente la sentencia de primera instancia del 30 de julio de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, que
declaró la prescripción, entre otros, de los aportes a seguridad social en pensión de
José Alberto Giraldo Castaño. En consecuencia:

Segundo. Declarar la nulidad parcial de las resoluciones DESAJMR14-4689 del 10
de septiembre de 2014 y 6792 del 3 de diciembre de 2015, proferidas por la DESAJ
Medellín y la DEAJ, en cuanto a la negativa de reliquidación de los aportes a
seguridad social en pensiones con base en el 100% del salario básico fijado por el
gobierno nacional en los decretos anuales de los años 1993 a 2002 más la prima
especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en los que el demandante
se desempeñó como magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de
la Judicatura de Medellín.

Tercero. A título de restablecimiento del derecho condenar a la nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reliquidar y pagar las
diferencias surgidas entre lo pagado por aportes a seguridad social en pensión en

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00136-02 (5427-2024)
Demandante: José Alberto Giraldo Castaño

favor de José Alberto Giraldo Castaño y lo que en realidad correspondía entre el 7
de enero de 1993 hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996 teniendo como
base el 100% de la remuneración básica mensual y desde la entrada en vigor de la
anterior norma, esto es desde el 28 de diciembre de 1996, hasta el 30 de abril de
2002, con base en la anterior asignación más el 30% correspondiente a la prima
especial.

Cuarto. Confirmar en lo demás la sentencia apelada del 30 de julio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Quinto. No condenar en costas en esta instancia.

Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC

18

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