Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00434-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00434-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-00434-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
5 de mayo de 2022
1
Radicado: 05001-23-33-000-2016-00434-01 (3448-2017)
Demandante: Rubiela Esther Cartagena Úsuga
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00434-01 (3448-2017)
Demandante: RUBIELA ESTHER CARTAGENA ÚSUGA
Demandadas: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
POLICÍA NACIONAL
Temas: Reconocimiento pensión de sobrevivientes a favor
de cónyuge supérstite de un agente de la Policía
Nacional muerto en actos meritorios del servicio.
Régimen aplicable conforme al Decreto 2063 de
1984 vigente al momento del fallecimiento del
causante. Improcedencia de la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-085-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 27 de abril de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, que denegó
las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Rubiela Esther Cartagena Úsuga en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 1 a 2)
1. Declarar la nulidad del Oficio S-2015-248050/ARPRE-GROIN-1.10 del 24
de agosto de 2015, expedido por la Secretaría General de la Policía
Nacional, por medio del cual se negó la pensión de sobrevivientes a favor
de la demandante.
2. A título de restablecimiento del derecho se ordene a la parte pasiva
reconocer, liquidar y pagar a la señora Rubiela Esther Cartagena Úsuga
pensión de sobrevivientes, acorde con lo previsto en la Ley 100 de 1993,
como consecuencia del fallecimiento de su cónyuge Óscar Darío
Restrepo Betancur cuando prestaba sus servicios como agente en la
1«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», o CPACA.
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Demandante: Rubiela Esther Cartagena Úsuga
Policía Nacional, efectiva a partir del 26 de octubre de 1988 (día siguiente
al fallecimiento del causante), pero con efectos fiscales «desde la fecha
de radicación del derecho de petición, por prescripción trienal».
3. Conminar a la entidad demandada a que en «observancia de los
precedentes jurisprudenciales de que trata el artículo 114 de la Ley 1395
de 2010», reconozca y pague la pensión deprecada a quienes
demostraron la calidad de beneficiarios respecto del causante.
4. El reconocimiento de la prestación debe realizarse a la luz del inciso 2.°
del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, sin que en ningún momento el
monto de la pensión pueda ser inferior a un salario mínimo legal mensual
vigente, según lo regula la mencionada disposición en concordancia con
el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010.
5. Ordenar a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional a
liquidar el IBL de la pensión de sobrevivientes con base en el sueldo
básico de un cabo segundo, con la inclusión de las siguientes partidas
computables: i) 15% de la prima de actividad; ii) 5% del subsidio familiar
y; iii) 1/12 de la prima de navidad; a partir del 26 de octubre de 1988 (día
siguiente al fallecimiento del causante).
6. «Subsidiariamente» condenar a la parte pasiva de la presente litis a pagar
a favor de la libelista 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
por concepto de reparación de daño moral ocasionado por la omisión en
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
Supuestos fácticos relevantes de la demanda (Folios 4 a 10)
1. La señora Rubiela Esther Cartagena Úsuga contrajo matrimonio católico
con el señor Óscar Darío Restrepo Betancur. De dicha unión procrearon
un hijo de nombre Javier Darío Restrepo Cartagena.
2. El señor Óscar Darío Restrepo Betancur prestó sus servicios a la Policía
Nacional por espacio de 4 años, 4 meses y 8 días, en el grado de agente,
hasta el 25 de octubre de 1988, fecha en la que fue asesinado por
miembros de la «ONT FARC».
3. En virtud de ello, la Dirección General de la parte pasiva expidió la
Resolución 9763 del 22 de diciembre de 1989, mediante la cual ascendió
en el grado de cabo segundo al causante y ordenó el reconocimiento de
la indemnización por muerte y cesantías definitivas a favor de la
demandante en nombre propio y en representación de su hijo, sin
embargo, negó el derecho a la pensión de sobrevivientes que les asistía.
4. La reiterada jurisprudencia de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo en aplicación del principio de favorabilidad, ha accedido a
la pensión de sobrevivientes a la luz de los postulados de la Ley 100 de
1993, decisiones que superan el límite cuantitativo previsto en la Ley
1395 de 2010.
5. La libelista solicitó la pensión de sobrevivientes ante la entidad
demandada, el 3 de agosto de 2015.
6. La anterior petición fue denegada por parte de la Secretaría General de la
Policía Nacional por medio del Oficio S-2015-248050/ARPRE-GROIN-
1.10 del 24 de agosto de 2015.
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DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo» 2, porque es guía
y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las
pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados
por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia
inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados por los sujetos procesales se convierten en una eficiente guía
para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación
de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de
partida más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la
sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 16 de febrero de 2017.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
«La entidad accionada NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA
NACIONAL en el escrito de contestación de la demanda, formuló la siguiente
excepción de resolución previa:
• Prescripción. En lo que respecta a esta excepción, para el Despacho resulta
claro que, a pesar de que el numeral 6° del artículo 180 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 100
del Código General del Proceso consagra que la misma también podrá
proponerse como previa, en el presente caso dicha excepción no puede decidirse
en esta etapa procesal, pues, se tiene que lo pretendido es el reconocimiento y
pago de una pensión de sobrevivientes lo cual trae como consecuencia que para
que proceda el reconocimiento y pago de las mesadas que se derivan de la
misma se necesita que, de manera previa, se profiera una sentencia que
reconozca tal derecho, siendo ese el momento en que se establece cuáles
mesadas prescribieron y cuáles no, en el evento absolutamente hipotético de que
se acceda a las súplicas de la demanda.
Así las cosas, si la prescripción se refiere al modo de extinguir los derechos por
su no ejercicio durante cierto lapso, debe primero decidirse si la parte accionante
tiene o no derecho a los mismos.
• Ahora bien, frente a las excepciones denominadas por la parte demandada
como “Presunción de Legalidad”, “Cobro de lo no debido” e “Inexistencia de
Vicios de Nulidad”, el Despacho advierte que las mencionadas excepciones no
tienen carácter de previas y su resolución se efectuará en la sentencia que ponga
fin a esta instancia.
Por último, el Despacho no advierte de oficio, la configuración de ninguna
excepción previa ni de resolución previa de las excepciones previstas en el
artículo 180 numeral 6° del CPACA, a saber, cosa juzgada, caducidad,
transacción, conciliación ni falta de legitimación en la causa.». (Mayúsculas,
negrillas y cursivas del texto original). (Folio 141 y CD visible a folio 143A
del expediente).
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
(2015).
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Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«Se interroga a la parte actora si se ratifica en los hechos y pretensiones
invocados en la demanda y a la entidad demandada si se ratifica en la oposición
a las pretensiones y en la respuesta a los hechos expuestos en la contestación
de la demanda, a lo cual indican ambas partes ratificarse en lo manifestado en la
demanda y en la contestación a la misma. Se procede a fijar el objeto del litigio
de la siguiente manera:
HECHOS DE LA DEMANDA CONTESTACIÓN
1. Señala la parte demandante que SON CIERTOS los hechos relativos al
contrajo matrimonio católico con el matrimonio de la demandante y el
Agente de la Policía Nacional Oscar señor CS (F) Oscar (sic) Darío
(sic) Darío Restrepo Betancurt (sic) Restrepo Betancurt (sic) a la petición
con el cual procrearon un hijo de elevada de reconocimiento pensional y
nombre Javier Darío Restrepo al acto expedido por la entidad.
Cartagena; tras el deceso del Agente
el día 25 de octubre de 1988 ocurrido
en el Corregimiento de Juntas del
Municipio de Uramita – Ant se le
concedió el ascenso póstumo al grado
de cabo segundo de la Policía NO SON HECHOS los relativos a las
Nacional al ser su muerte por acción disposiciones normativas y citas
directa del enemigo, laborando para jurisprudenciales realizadas por la
dicha entidad por el tiempo de 04 demandante.
años, 04 meses y 08 días.
2. Afirma la parte actora que mediante
acto administrativo N° 9763 del 22 de
diciembre de 1989, se reconoció y
ordenó pagar la indemnización por
muerte y cesantías definitivas del
causante en actos propios del servicio
a ella como cónyuge, pero
denegándole el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes.
3. Manifiesta que el día 03 de agosto
de 2015 le solicitó a la entidad
demandada el reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes a los
beneficiarios del extinto Agente de la
Institución, en aplicación de la Ley
100 de 1993 y no la norma especial,
teniendo en cuenta para su liquidación
todas las partidas computables a
partir del 26 de octubre de 1988,
teniendo en cuenta el fenómeno de la
prescripción.
4. Advierte que dicha petición fue
resuelta de manera desfavorable
mediante el Oficio N° S-2015-
248050/ARPRE-GROIN del 24 de
agosto de 2015, argumentándose que
la norma especial aplicable al asunto
es la que se encontraba vigente al
momento del fallecimiento del Agente,
esto es, el Decreto 2063 de 1984,
norma que consagraba el requisito de
haber laborado más de 12 años,
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requisito que no cumplió el extinto
Cabo Segundo Oscar (sic) Darío
Restrepo Betancurt (sic).
[…]
HECHOS INCONTROVERTIDOS O PROBADOS
De acuerdo con lo expuesto en la demanda y en la contestación se tienen por
probados:
Considera la entidad que SON CIERTOS los hechos relativos al matrimonio de la
demandante y el señor CS (F) Oscar (sic) Darío Restrepo Betancurt (sic), a la
petición elevada de reconocimiento pensional y al acto administrativo expedido
por la entidad.
DIFERENCIA
La diferencia radica en si hay lugar o no al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a favor de la accionante en su calidad de cónyuge del causante
Cabo Segundo Póstumo (F) Oscar (sic) Darío Restrepo Betancurt (sic); conforme
a la normatividad vigente para el asunto regulada en la Ley 100 de 1993, y los
criterios jurisprudenciales.
PROBLEMA JURÍDICO
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad del acto administrativo contenido
en el Oficio N° S-2015-248050/ARPRE-GROIN del 24 de agosto de 2015,
proferido por la Secretaría General de la Policía Nacional, por medio de la cual se
le negó a la señora RUBIELA ESTHER CARTAGENA USUGA (SIC) el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión del
fallecimiento de su cónyuge Cabo Segundo Póstumo (F) ) Oscar (sic) Darío
Restrepo Betancurt (sic); y si como consecuencia de ello, hay lugar al
restablecimiento del derecho, por las razones expuestas por la demandante, esto
es, reconocer, pagar e indexar la pensión de sobrevivientes dando aplicación al
régimen general de pensiones dispuesto en la Ley 100 de 1993, o si por el
contrario como lo indica la parte demandada no se acreditaron los requisitos
legales para acceder a esta prestación con base en el aludido régimen general ni
especial aplicable para la época del fallecimiento del miembro de dicha
institución.». (Mayúsculas, subrayas y negrillas según con la transcripción).
(Folios 141 vuelto a 142 vuelto y CD visible a folio 143A del plenario).
Se notificó la decisión en estrados y las partes manifestaron estar de
acuerdo.
SENTENCIA APELADA
(Folios 158 a 170)
El a quo profirió sentencia escrita el 27 de abril de 2017, por medio de la cual
denegó las pretensiones de la demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones:
El tribunal de primera instancia inicialmente analizó el marco normativo que
regula en materia prestacional la carrera de agentes de la Policía Nacional
vigente al momento del deceso del causante, esto es, el Decreto 2063 de
1984, para señalar que, acorde con esta disposición la pensión de
sobrevivientes se reconoce a los beneficiarios de los miembros
pertenecientes a dicha institución que fallecieron en actos meritorios del
servicio, la cual exigía como requisito que aquel hubiese cumplido un tiempo
igual o superior a 12 años de servicio.
Seguidamente citó el artículo 48 de la Ley 100 de 1993 y apartes de la
sentencia C-529 de 1994 que analizó el principio de irretroactividad de la ley,
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con el fin de indicar que para el caso bajo estudio y en atención a la fecha del
fallecimiento del expolicial Óscar Darío Restrepo Betancur (25 de octubre de
1988), no era dable atender lo previsto en el régimen general, habida cuenta
de que no se encontraba vigente a dicha data.
A partir de los medios de prueba documentales aportados a la actuación,
aseveró que la señora Rubiela Esther Cartagena Úsuga no tenía derecho a
la prestación que deprecaba, toda vez que el causante al momento de su
muerte contaba con un tiempo de servicio de 4 años, 4 meses y 8 días, lapso
que resultaba insuficiente para acceder al beneficio solicitado en el sub lite.
Bajo esa óptica, concluyó que no era dable la aplicación retrospectiva de la
Ley 100 de 1993, por cuanto el principio de favorabilidad no solo exigía que
ambos regímenes tuvieran un tratamiento distinto para un mismo supuesto,
sino que se encuentren vigentes al caso concreto, circunstancia que no
ocurrió con la demandante, por cuanto la consolidación del derecho se dio el
día 25 de octubre de 1988, fecha para la cual aún no producía efectos
jurídicos la normativa general.
De otro lado, puntualizó que la causal de nulidad invocada en contra del acto
administrativo demandado, denominado como falta de competencia, no
procedía, dado que la demandante no señaló la norma en la cual
fundamentaba su alegato, y tampoco aportó ni solicitó prueba alguna, como
por ejemplo el manual de funciones del funcionario que expidió la resolución
enjuiciada o cualquier otro elemento probatorio que permitiera demostrar
dicha afirmación.
En todo caso, y en gracia de discusión aludió que aun si se acredita la falta
de competencia, tal situación daría lugar a la nulidad del acto que negó la
pensión de sobrevivientes, pero no a atender de manera favorable las
súplicas de la demanda en cuanto al restablecimiento del derecho, pues
dicha circunstancia no exime a la libelista de cumplir los requisitos legales
exigidos por el régimen prestacional que le es aplicable.
Finalmente condenó en costas a la parte activa de la presente litis.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 176 a 191)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada para acceder a las
pretensiones de la demanda. Para ello, luego de efectuar la transcripción de
las consideraciones de la sentencia de primera instancia, señaló que es
procedente conceder la prestación deprecada en virtud de las previsiones de
la Ley 100 de 1993, conforme la posición jurisprudencial que en casos
similares ha adoptado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Al respecto, señaló que el marco normativo general de seguridad social tiene
como objeto garantizar los derechos irrenunciables de las personas con el fin
de obtener una vida digna, a través de mecanismos que protegen diversas
contingencias en virtud del principio de universalidad el cual implica la
cobertura de dicho régimen a todos los habitantes del país.
En este sentido, puntualizó que frente a las eventualidades del fallecimiento
del afiliado, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificada por el artículo 12
de la Ley 797 de 2003, previó la pensión de sobrevivientes para los
beneficiarios de aquel, que hubiesen cotizado 50 semanas dentro de los tres
últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, disposición que ha
sido aplicada en reiterados fallos por parte del Consejo de Estado en los
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cuales se ha preferido el régimen general sobre el especial en aras del
principio de favorabilidad. Para tal fin, citó apartes jurisprudenciales de la
sentencia del 27 de agosto de 2009 emitida por esta Corporación.
De otro lado, indicó que quien ostenta la representación legal de la Policía
Nacional es el director general, motivo por el cual fue ante dicho funcionario
que se elevó la petición de reconocimiento de la prestación, por lo que es
claro que otro empleado de la institución no puede «subrogarse la
competencia para producir actos administrativos de tal magnitud». Aunado a
ello, la entidad demandada no aportó la documentación que diera cuenta de
su «legitimación». Para tal fin, solicitó se decreten las pruebas del encargo o
delegación que «facultó y legitimó al teniente Andrés Mauricio Pérez Ardila,
para la expedición del acto administrativo acusado».
Por último, sostuvo que «yerra también el a quo» al referirse a la condena en
costas al argumentar que como las pretensiones «prosperaron» es
procedente de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del CPACA y
365 y 366 del CGP.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante (índices 38 y 41 SAMAI): reprodujo los argumentos
esgrimidos en el recurso de alzada e insistió en que la Ley 100 de 1993 por
ser una norma estatutaria forma parte del «bloque de constitucionalidad »,
dado que su finalidad es proteger derechos humanos, en especial la
seguridad social (salud, pensión y riegos laborales) y en el artículo 46 ibidem
estipula la pensión de sobreviviente como un amparo a favor de las personas
que dependían económicamente del afiliado al sistema que ha fallecido, sin
haber logrado el reconocimiento y pago de una pensión de vejez. Por ello en
casos como el sub examine, el «operador judicial» debe apartarse de los
preceptos de normas especiales cuando desconocen las garantías mínimas
fundamentales.
De igual forma adujo que, el principio de favorabilidad debe atenderse en
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, por esta razón se
equivocó el tribunal de primera instancia al manifestar que el cotejo debe
efectuase frente a normas vigentes, dejando de lado el ordenamiento
superior y la reiterada jurisprudencia al respecto, donde incluso se han
replanteado algunos pronunciamientos por considerarlos ambiguos y
actualmente han unificado su postura convirtiéndola en vinculante para todos
los jueces y tribunales. Para sustentar su argumento, señaló abundantes
sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que en su
criterio, han aplicado la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de
sobrevivientes en virtud del mencionado principio.
La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa procesal según constancia secretarial visible a folio 232 del plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los planteamientos expuestos en el recurso de apelación. En el presente
caso solo fue presentada por la parte demandante.
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Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
resume en las siguientes preguntas:
1. ¿La señora Rubiela Esther Cartagena Úsuga en su calidad de
cónyuge supérstite del exagente de la Policía Nacional Óscar Darío
Restrepo Betancur ascendido póstumamente a cabo segundo, tiene
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, en
aplicación del régimen general que regula la Ley 100 de 1993?
2. ¿Procedía la condena en costas de primera instancia impuesta a la
demandante?
Primer problema jurídico
¿La señora Rubiela Esther Cartagena Úsuga en su calidad de cónyuge
supérstite del exagente de la Policía Nacional Óscar Darío Restrepo
Betancur ascendido póstumamente a cabo segundo, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, en aplicación del
régimen general que regula la Ley 100 de 1993?
Al respecto la subsección sostendrá la siguiente tesis: la demandante no
tiene derecho a la prestación que solicita, toda vez que no es procedente la
aplicación por favorabilidad y de forma retrospectiva de la Ley 100 de 1993
cuando el fallecimiento del causante ocurrió antes de la entrada en vigencia
de la normativa en comento. Lo anterior se sustenta en los argumentos que
proceden a explicarse.
Del derecho a la seguridad social
El Estado Colombiano ha sido parte en varios instrumentos internacionales
que se han ocupado de la seguridad social como derecho que procura el
bienestar general de una sociedad a través de normas, instituciones y
procedimientos en materia de salud y de medios económicos ante riesgos y
contingencias que se presentan en la vida de las personas.
Para señalar algunos de dichos instrumentos internacionales, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 22, consagró que «Toda
persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta
de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo
de su personalidad» y en el artículo 25 estipuló que toda persona «tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad».
Asimismo, en el artículo 9.° del Pacto Internacional de Derechos Sociales y
Culturales los Estados Partes reconocieron «el derecho de toda persona a la
seguridad social, incluso al seguro social» y en idéntico sentido, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 16, estipuló
que «Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente
de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente
para obtener los medios de subsistencia.».
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Demandante: Rubiela Esther Cartagena Úsuga
En relación con este aspecto, el Preámbulo de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)3 señaló la importancia de las
pensiones de vejez y de invalidez como una de las condiciones laborales que
deben garantizarse a fin de alcanzar la paz. Posteriormente, en 1952, se
suscribió el Convenio 102 de la OIT sobre la seguridad social, la cual
contempló la pensión de vejez, como una garantía mínima para las personas
protegidas4. Luego, se suscribió el Convenio 128 sobre las prestaciones de
vejez, invalidez y muerte (1967), en el que se resalta la importancia de esas
prestaciones sociales5.
Es de anotar que, aunque tales instrumentos internacionales no han sido
ratificados por Colombia, estos hacen parte del denominado soft law o
derecho blando internacional y tienen utilidad interpretativa al armonizarlos
con la Constitución y las normas que han consagrado el carácter esencial de
la seguridad social y del derecho pensional.
En efecto, la Ley 319 de 1996 aprobó el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador», en el cual se reconoció el
derecho a la seguridad a toda persona «que la proteja contra las consecuencias
de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener
los medios para llevar una vida digna y decorosa».
A su vez, el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia consagra la
seguridad social como un derecho irrenunciable y como un servicio público
de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad en los términos en que lo prevea la ley.
Régimen de la pensión de sobrevivientes por muerte de agentes
de la Policía Nacional
A través de la Ley 100 de 1993 el legislador organizó el sistema de seguridad
social integral (régimen general), en lo relacionado con el régimen de
pensiones, cuyo su objetivo fue garantizar a la población el amparo contra
las eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la
citada ley.
3 Preámbulo de la Constitución de la OIT: «Considerando que la paz universal y permanente
sólo puede basarse en la justicia social; Considerando que existen condiciones de trabajo
que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres
humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía
universales; y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo
concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la
jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el
desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las
enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de
los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez,
protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento
del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical,
organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas; Considerando
que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión
constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de
los trabajadores en sus propios países: Las Altas Partes Contratantes, movidas por
sentimientos de justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el
mundo, y a los efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo, convienen en
la siguiente Constitución de la Organización Internacional del Trabajo».
4 Artículo 25 del Convenio 102 de 1952.
5 Los Convenios 102 de 1952 y 128 de 1967 no han sido ratificados por Colombia. Ver
página web de la oit:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:102
595.
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Antes de este régimen existían otros de índole general y especial, que en
virtud de las reglas de transición y de excepción contempladas en la misma
Ley 100 (artículos 36 y 279), continuaron regulando situaciones especiales y
específicas. Una ellas, se concreta en el presente caso, esto es el régimen
especial destinado a cubrir esas contingencias para los miembros activos y
retirados de la Policía Nacional.
Ahora bien, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte,
el legislador previó la denominada pensión de sobrevivientes y la sustitución
pensional, como una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del
apoyo económico que brindaba el afiliado o pensionado, al grupo familiar, y
por ende evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las
condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de
carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad. Al
respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003, manifestó:
«[…] La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la
protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal
suerte que las personas que dependían económicamente del causante
puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean
alterada la situación social y económica con que contaban en vida del
pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación
de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más
dependían del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para
satisfacer sus necesidades. […]». (Resaltado de la Sala)
En este punto es relevante aclarar que si bien la pensión de sobreviviente y
la sustitución pensional tienen la misma finalidad, la sustitución pensional es
aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar de un pensionado que
fallece o del afiliado que cumple con los requisitos legalmente exigibles para
pensionarse y muere; en cambio la pensión de sobreviviente es aquella
prestación que se le otorga al núcleo familiar del afiliado no pensionado, que
fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la pensión6.
De acuerdo con lo anterior, se precisa que lo debatido en el caso sub
examine es el derecho a la pensión de sobrevivientes, debido a que al
momento del fallecimiento del policial Óscar Darío Restrepo Betancur (25 de
octubre de 19887), no se encontraba pensionado ni percibía asignación de
retiro.
Ahora, en el caso de quienes han optado por vincularse a la Policía Nacional,
y en atención a la fecha de causación del derecho que aquí se discute, el
régimen especial de seguridad social aplicable se encuentra contenido en el
Decreto 2063 de 19848, el cual en su artículo 122 es del siguiente tenor:
«ARTÍCULO 122. MUERTE EN ACTOS MERITORIOS DEL SERVICIO. Durante
la vigencia del presente estatuto, el Agente de la Policía nacional que muera
en servicio activo y en actos meritorios del servicio o encontrándose en
acciones de orden público, o por razón de combate o conflicto
internacional, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo
Segundo, cualquiera que fuere el tiempo de servicio. Además sus beneficiarios
6 Sentencia T-564 de 2015.
7 Acorde con la partida de defunción y el certificado de la Notaría Única del Círculo de
Cañasgordas, Antioquia visibles de folios 23 y 26.
8 «Por el cual se reorganiza la carrera de Agentes de la Policía Nacional.»
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en el orden establecido en este estatuto, tendrán derecho a las siguientes
prestaciones:
A que el Tesoro Público les pague por una sola vez una indemnización
equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado de Cabo
Segundo, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 98 de este
estatuto.
Al pago doble de la cesantía, por el tiempo servido por el causante.
Si el Agente hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que por
el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y
cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado
conferido póstumamente.». (Resaltado intencional).
De acuerdo a lo anterior, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes los
beneficiarios del agente muerto en servicio activo y en actos meritorios del
servicio o encontrándose en acciones de orden público, o por razón de
combate o conflicto internacional, que hubiere cumplido 12 años o más de
servicio, la cual se pagará en la misma forma que la asignación de retiro,
atendiéndose al grado al que fue ascendido de forma póstuma.
Lo anterior, se afirma en atención a que la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencia del 25 de abril de 20139, consideró que la ley que
resulta aplicable en el caso de la pensión de sobrevivientes es la que se
encuentre vigente al momento en que se estructura el derecho, esto es, en la
fecha en que se produjo la muerte, la cual se insiste, es el Decreto 2063 de
1984, dada la fecha de causación del derecho que aquí se discute (25 de
octubre de 1988).
La demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes regulada en la Ley 100 de 1993, por cuanto no
se encontraba vigente al momento del fallecimiento del causante
De conformidad con el marco legal y jurisprudencial descrito, la Sala advierte
que en atención al material probatorio recaudado y practicado a lo largo del
proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:
Según la hoja de servicios 1512 del 5 de mayo de 1989 signada por la
Policía Nacional, el señor Óscar Darío Restrepo Betancur, prestó sus
servicios a dicha institución por 4 años, 4 meses y 8 días, con la
inclusión de los 3 meses de alta y diferencia de año laboral (folio 110),
de la siguiente manera:
• Agente alumno: entre el 9 de julio de 1984 y el 31 de enero de
1985;
• Agente: Desde el 1.° de febrero de 1985 hasta el 25 de octubre de
1988.
Acorde con la partida de matrimonio de la Arquidiócesis de Santa Fe
de Antioquia, los señores Rubiela Esther Cartagena Úsuga y Óscar
Darío Restrepo Betancur contrajeron nupcias el 22 de marzo de 1987
(folio 22).
Según el registro civil de nacimiento Javier Darío Restrepo Cartagena
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del
25 de abril de 2013, radicado: Expediente N° 76001-23-31-000-2007-01611-01 (1605-09).
Tesis que ha sido pacífica por esta Subsección en sentencias del 4 de marzo de 2021,
radicado: 18001-23-33-000-2016-00218-01(4437-19); del 15 de julio de 2021, radicado:
25000-2342-000-2013-05692-01(2433-17), entre otras.
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Demandante: Rubiela Esther Cartagena Úsuga
nació el 19 de junio de 1986 y es hijo de los señores Rubiela Esther
Cartagena Úsuga y Óscar Darío Restrepo Betancur (folio 24).
La partida de defunción expedida el 5 de abril de 2010 y la
certificación de la Notaría del Círculo de Cañasgordas, Antioquia
fechada 20 de marzo de 2003, dan cuenta de que el señor Óscar
Darío Restrepo Betancur falleció el 25 de octubre de 1988 (folio 23).
En efecto, la Oficina Investigadora de la entidad demandada en
informe fechado 8 de noviembre de 1988, en relación con los hechos
acaecidos en los que falleció, entre otros, el expolicial Restrepo
Betancur (folios 114 a 118), advirtió:
«[…] 1) Que la muerte del señor Capitán […] y la de los Agentes […]
RESTREPO BETANCUR OSCAR (SIC) DARIO (SIC), fueron en actos del
servicio con ocasión del mismo y en combate con un grupo subversivo al
parecer del E.P.L. en hechos sucedidos el día 251088 en jurisdicción del
corregimiento de Juntas de Uramita (Cañasgordas). […]». (Mayúsculas
del texto original).
En virtud de lo anterior, la Sección de Prestaciones de la Policía
Nacional profirió Resolución 9763 del 22 de diciembre de 1989, a
través de la cual ascendió de forma póstuma al expolicial al grado de
cabo segundo y reconoció a la señora Rubiela Esther Cartagena
Úsuga en calidad de cónyuge supérstite y en representación de su hijo
menor Javier Darío Restrepo Cartagena, indemnización por muerte y
auxilio de cesantías por la suma de $2.762.027,92 (folio 54).
La señora Rubiela Esther Cartagena Úsuga elevó solicitud ante la
Dirección General de la Policía Nacional el 10 de agosto de 2015,
tendiente al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes según las
disposiciones previstas en la Ley 100 de 1993, con ocasión de la
muerte de su esposo Óscar Darío Restrepo Betancur (folios 126 a
128).
La anterior petición fue resuelta de forma negativa por medio del Oficio
S-2015-248050/ARPRE-CROIN-1.10 del 24 de agosto de 2015,
signado por el jefe del Grupo de Orientación de Información de la
Secretaría General de la parte pasiva en el sub lite (folios 49 a 52),
acorde con los siguientes argumentos:
«[…]
La Policía Nacional posee un régimen prestacional especial de carácter
Constitucional, corolario de lo anterior los reconocimientos prestacionales
realizados al personal de la Policía Nacional en todos sus grados,
incluyendo el de prestación de servicio militar están sujetos a la aplicación
del citado régimen enmarcado dentro de su desarrollo normativo, que para
el caso del reconocimiento de pensión de sobreviviente por el fallecimiento
del CS OSCAR (SIC) DARIO (SIC) RESTREPO BETANCURT (SIC), se
remonta al Decreto 2063 de 1984, norma que se encontraba vigente al
momento del fallecimiento del citado señor, es decir el 25 de octubre de
1988.
Es de anotar que la norma ibidem consagra que el policial debía haber
laborado más de doce (12) años para que sus beneficiarios accedieran a la
pensión de sobrevivientes, requisito que no se cumple en el caso que nos
ocupa, toda vez que el señor CS (F) OSCAR (SIC) DARIO (SIC)
RESTREPO BETANCURT (SIC), prestó sus servicios a la Institución por un
lapso de 04 años, 04 meses y 08 días, por otra parte el Decreto 2063 de
1984, en su artículo 122 consagra: […].
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Demandante: Rubiela Esther Cartagena Úsuga
Corolario de lo anterior se desprende que al momento del fallecimiento del
señor CS OSCAR (SIC) DARIO (SIC) RESTREPO BETANCURT (SIC), no
cumplía con el requisito señalado en el Decreto 2063 de 1984, para que la
Policía Nacional otorgara a sus beneficiarios el derecho de pensión de
sobrevivencia.
De otra parte respecto al reconocimiento prestacional de pensión de
sobrevivencia teniendo en cuenta la Ley 100 de 1993, le indico que según
sentencia de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado
[…] consideró: […].
La Policía Nacional dio aplicación al artículo 114 de la Ley 1395 de 2010
hasta el primero de julio de 2012, y a partir del dos de julio de 2012 el
artículo 309 de la Ley 1437 de 2011 derogó expresamente dicha norma,
por tanto se aplicó mientras estuvo vigente, efectuando los reconocimientos
por vía administrativa en observancia de los precedentes jurisprudenciales
respecto de la pensión de sobreviviente, con base en los postulados de la
Ley 100 de 1993, a los beneficiarios del personal policial fallecido con
posterioridad a su entrada en vigencia y que cumplieran de manera
homologada con el período de cotización de que trata la norma ibidem,
siempre y cuando a la fecha de solicitud no se hubiera presentado causal
de extinción del derecho.
La Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, en su
artículo 309 contemplo (sic) la derogación del artículo 114 de la Ley 1395
de 2010, sin dejar la posibilidad jurídica de continuar aplicando el
precedente jurisprudencial. […]».
Acorde con los medios de pruebas referenciados, en primer lugar, ha de
señalarse que los señores Rubiela Esther Cartagena Úsuga y Óscar Darío
Restrepo Betancur contrajeron matrimonio el 22 de marzo de 1987 (folio 22)
y de dicha unión procrearon a su hijo Javier Darío Restrepo Cartagena quien
nació el 19 de junio de 1986 (folio 24).
En segundo lugar, se demostró dentro del plenario que el señor Óscar Darío
Restrepo Betancur prestó sus servicios a la Policía Nacional por el lapso de 4
años, 4 meses y 8 días, esto es, entre el 9 de julio de 1984 y el 25 de octubre
de 1988. con la inclusión de los 3 meses de alta y diferencia de año laboral
(folio 110).
Ello por cuanto cuando el expolicial encontrándose en ejercicio de sus
funciones, el 25 de octubre de 1988 falleció con ocasión de un ataque
armado al parecer por miembros del EPL, por lo que su deceso fue calificado
como en actos meritorios del servicio (folios 23 y 118).
En virtud de ello, la Sección de Prestaciones de la Policía Nacional por medio
de Resolución 9763 del 22 de diciembre de 1989, ascendió póstumamente al
agente Restrepo Betancur al grado de cabo segundo y reconoció a la señora
Rubiela Esther Cartagena Úsuga en calidad de cónyuge supérstite y en
representación de su hijo menor Javier Darío Restrepo Cartagena,
indemnización por muerte y auxilio de cesantías por la suma de
$2.762.027,92 (folio 54).
Ahora bien, según el análisis normativo realizado en los acápites anteriores,
el artículo 122 del Decreto 2063 de 1984, prevé la pensión de sobrevivientes
a favor de los beneficiarios del agente muerto en servicio activo y en actos
meritorios del servicio o encontrándose en acciones de orden público, o por
razón de combate o conflicto internacional, que hubiese cumplido 12 años o
más de servicio, la cual se pagará en la misma forma que la asignación de
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retiro, atendiéndose al grado al que fue ascendido de forma póstuma.
En esta línea de argumentación, teniendo en cuenta que el exagente Óscar
Darío Restrepo Betancur al momento del deceso, contaba con 4 años, 4
meses y 8 días de servicio, es diáfano concluir que en aplicación del régimen
citado su cónyuge supérstite no tiene derecho al reconocimiento de una
pensión mensual en los mismos términos que una asignación de retiro al
grado al que fu ascendido, sino únicamente al pago de una indemnización
equivalente a cuatro años de los haberes correspondientes al grado de cabo
segundo y al pago doble de las cesantías causadas por el lapso en que
estuvo vinculado, rubros que fueron efectivamente reconocidos a través de la
Resolución 9763 del 22 de diciembre de 1989.
De esta forma, la señora Rubiela Esther Cartagena Úsuga no reúne los
requisitos previstos en el régimen especial contenido en el Decreto 2063 de
1984, para ser beneficiaria de la prestación que depreca, toda vez que el
causante no prestó sus servicios en la Policía Nacional por más de 12 años,
tal como lo concluyó el a quo.
En conclusión: conforme al artículo 122 del Decreto 2063 de 1984, la
cónyuge del agente de la Policía Nacional muerto en actos meritorios del
servicio no tiene derecho a percibir una pensión de sobrevivientes toda vez
que no se cumplió con el requisito del tiempo mínimo de servicios, para
acceder a dicho beneficio.
Ahora bien, la demandante solicita aplicar la Ley 100 de 1993, la cual, a su
juicio, permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con
fundamento en el principio de favorabilidad y la retrospectividad de la
mencionada ley toda vez que aquella solo exige que el causante hubiere
cotizado por lo menos 50 semanas durante los 3 años anteriores al momento
de su muerte, lo cual, resulta improcedente como seguidamente se explica.
Régimen general de la pensión de sobrevivientes consagrado en
la Ley 100 de 1993
En los artículos 46, 47, 48 y 49 de la Ley 100 de 1993 se regula lo relativo a
la pensión de sobrevivientes en el régimen de prima media con prestación
definida mientras que los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 78 se encargan de
esta prestación en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Esta
normativa fue modificada por la Ley 797 de 2003, en la que se consagran,
entre otras, los requisitos necesarios para ser acreedor de tal prestación, sus
beneficiarios y los recursos a través de los cuales se financia.
En uno y otro régimen10 los requisitos para acceder a la pensión son los
determinados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que dispone lo siguiente:
«Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por
riesgo común que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y
cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
10Artículo 73. los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes en el régimen de
capitalización individual con solidaridad así como su monto, se regirán por las disposiciones
contenidas en los artículos 46 y 48, de la presente ley.
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Demandante: Rubiela Esther Cartagena Úsuga
inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes
condiciones:
a) <Literal inexequible>
b) <Literal inexequible>
1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido
en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya
tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la
devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a
que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes, en los términos de esta ley.
El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de
la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80%
del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.
Parágrafo 2o. <Parágrafo inexequible> […]».
Se observa pues que la norma distingue entre el pensionado por vejez o
invalidez, caso en el que no se exige más que su deceso, y el afiliado al
sistema, respecto del cual se demanda un mínimo de semanas cotizadas
que asciende a 50 –con la reforma de la Ley 797 de 2003- dentro de los tres
años previos a su muerte. Sumado a lo anterior, el derecho debe afincarse
en un titular que se define en atención al régimen de beneficiarios que prevé
el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley
797 de 2003, cuyo tenor es el siguiente:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de
la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La
pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración
máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para
obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el
causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente,
con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la
pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se
dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
<Aparte subrayado condicionalmente exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre
un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no
existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay
una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra
cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal
vigente;
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c) <Apartes tachados inexequibles> Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón
de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su
muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y
cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno;
y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no
tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para
determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38
de la Ley 100 de 1993;
d) <Aparte tachado inexequible> A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si
dependían económicamente de forma total y absoluta de este;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con
derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían
económicamente de éste.
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el
padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.».
Aplicación de la ley favorable en el tiempo
Cuando al momento de causarse algún derecho se está en presencia de dos
o más disposiciones jurídicas vigentes que proveen una solución al caso, en
virtud del principio de favorabilidad11, se debe escoger, en su integridad, el
texto normativo que le represente mayor provecho al trabajador, afiliado o
beneficiario del Sistema de Seguridad Social, estando proscrita la posibilidad
de aplicar parcialmente uno y otro texto para elegir de cada uno lo que
resulta más beneficioso. Lo anterior en virtud de lo que se conoce como el
principio de inescindibilidad o conglobamento.
Como se advirtió en líneas precedentes, los miembros de la Fuerza Pública y
la Policía Nacional se encuentran exceptuados de la aplicación del régimen
general de la Ley 100 de 1993 en virtud de su artículo 279, que señala:
«[…] Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción
de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los
miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. […]».
En principio, esta disposición excluiría la posibilidad de que las normas del
Sistema General de Seguridad Social contenidas en la Ley 100 de 1993
puedan aplicarse a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional en virtud de la favorabilidad que consagra el artículo 53 de la
Constitución Política.
11 Este principio tiene como sustento el artículo 53 de la constitución política, según el cual
«el congreso expedirá el estatuto del trabajo. la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo
menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al
trabajador menor de edad.». por su parte, la ley 100 de 1993, en su artículo 288 que «[…]
todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público
tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella
contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la
misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta ley.»
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No obstante, la jurisprudencia constitucional ha admitido esta opción en
aquellos eventos en que las normas del régimen especial son
diametralmente distintas a las del general, representando para sus
destinatarios una desmejora injustificada y evidente que se traduce en un
trato discriminatorio y, por consiguiente, violatorio del derecho a la igualdad
(artículo 13 Superior).
Sobre el particular, señaló la Corte Constitucional en sentencia T-393 del 2
de julio de 2013:
Aplicación del régimen general de seguridad social a quienes
pertenecen al régimen especial de las Fuerzas Militares
«[…] 4. Aplicación del régimen general de seguridad social a quienes
pertenecen al régimen especial de las Fuerzas Militares
Ahora bien, como se observó, la implementación de regímenes especiales de
seguridad social ya ha sido objeto de estudio por parte de este tribunal y,
además de señalar que no vulneran el derecho a la igualdad, se indicó que
quienes son beneficiaros de dichos regímenes deben acogerse a ellos en su
totalidad, toda vez que existen otras disposiciones dentro de los mismos que
permiten compensar la diferencia de tratamiento en términos prestacionales.
No obstante, la Corte también ha resaltado que cabe la posibilidad de entrar a
analizar si las normas de una prestación específica en el régimen especial
pueden vulnerar el derecho a la igualdad, lo cual procede cuando la
diferenciación que dispone la ley se puede considerar como arbitraria y es clara
la desmejora que sin justificación aparente se le brinda a los beneficiarios del
régimen especial. Para que este examen sea posible la jurisprudencia
constitucional ha establecido ciertos requisitos:
“Así las cosas, es posible concluir que existe una discriminación (i) si la
prestación es separable y (ii) la ley prevé un beneficio inferior para el régimen
especial, sin que (iii) aparezca otro beneficio superior en ese régimen especial
que compense la desigualdad frente al sistema general de seguridad social.
Sin embargo, en virtud de la especialidad de cada régimen de seguridad
social, en principio éste es aplicable en su totalidad al usuario, por lo cual la
Corte considera que estos requisitos deben cumplirse de manera manifiesta
para que puede (sic) concluirse que existe una violación a la igualdad. Por
consiguiente, (i) la autonomía y separabilidad de la prestación deben ser muy
claras, (ii) la inferioridad del régimen especial debe ser indudable y (iii) la
carencia de compensación debe ser evidente”.
De lo anterior se puede entender que, existe la posibilidad de aplicar el régimen
general a los miembros de estos grupos especiales, cuando se verifique la
ocurrencia de los anteriores supuestos, ya que el objetivo de la Constitución en
cuanto a este tema, es la especial protección del mínimo vital y de las personas
de la tercera edad. Con la creación de los regímenes especiales lo que se busca
es brindar una protección específica debido a las condiciones de la labor que
desempeñan quienes están sujetos a los mismos, la cual no puede ser menos
beneficiosa que las que se aplican al resto de la población, en otras palabras, el
régimen no puede resultar discriminatorio […]».
En el mismo sentido han proferido múltiples pronunciamientos del Consejo
de Estado al permitir que con apoyo en el principio de favorabilidad y el
derecho a la igualdad, se apliquen las normas del régimen general de
seguridad social a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional12.
12Al respecto, pueden leerse las siguientes sentencias proferidas por la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda: del 23 de julio de
2009, radicado: 13001233100020030008001(1925-2007); del 5 de junio de 2014, radicado:
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Ahora bien, en providencia proferida el 25 de abril de 201313, la Sala Plena
de la Sección Segunda de esta Corporación estudió la posibilidad de aplicar
retroactivamente la Ley 100 de 1993 cuando resulta ser más beneficiosa que
el régimen especial aplicable a los miembros de la Policía Nacional en
materia de pensión de sobrevivientes. Al respecto, precisó la ponencia:
«[…] no es viable la aplicación de la ley que se pretende, toda vez que ello iría en
contravía del principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153 de
1887. La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las
situaciones que se produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran
consolidadas y, solo por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo,
para que ello ocurra, el contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no
sucede en el caso de la Ley 100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en su
artículo 151 empezó a regir a partir del 1º de abril de 1994. En las anteriores
condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al derecho pensional
consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que los
derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se consolidaron
en vigencia de la normatividad anterior, la que exigía el requisito de tener 15 o
más años de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era viable su
reconocimiento. Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala
rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29 de 2010 y noviembre 1º
de 2012, en las que, en materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva
o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la
retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación de tal
figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de
beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una
posterior […]».
En ese orden de ideas debe concluirse que, aunque bajo los supuestos
enunciados se admita la aplicación del régimen general de la Ley 100 de
1993 en materia pensional por sobre las disposiciones propias de los
regímenes exceptuados, para tales efectos es requisito sine qua non que
aquella hubiera estado vigente a la fecha en que el derecho se habría
causado, que para el caso de la pensión de sobrevivientes es la fecha de
deceso del causante.
Denótese, que lo que se busca con ello no es más que aplicar
armónicamente el principio de favorabilidad, sin que su ejecución vaya en
desmedro de los efectos que normativamente se le ha reconocido a la ley en
el tiempo, al predicar como regla general su entrada en vigor a futuro,
excluyendo de su ámbito de aplicación los hechos ocurridos con anterioridad
a su vigencia. En otras palabras, para el Consejo de Estado es diáfano que
la norma cuya favorabilidad se predica tiene que estar vigente para cuando
se cause el derecho, pues de lo contrario se le estarían otorgando efectos
retroactivos sin que exista justificación alguna en la esfera jurídica14.
Bajo esa óptica, la posibilidad de exigir la aplicación de la Ley 100 de 1993
en los términos del artículo 288 citado ante el cotejo con lo señalado en
normas anteriores a su vigencia, requiere que el derecho reclamado con
radicado: 25000232500020030678601 (1706-12); del 29 de enero de 2015, radicado:
05001233100020030044801(0103-13); del 12 de octubre de 2016, radicado:
05001233100019970339501 (0620-12) y; del 1.° de diciembre de 2016, radicado:
76001233100020080061301(1895-14); entre otras.
13 Sentencia del 25 de abril de 2013. Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, Sección Segunda, radicado: 76001-23-31-000-2007-01611-01(1605-09).
14 Al respecto, pueden leerse las siguientes sentencias proferidas por la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda: sentencia del 8 de
septiembre de 2016, 17001233300020130061701 (1030-15); sentencia del 27 de agosto de
2015, 05001233100020110110301 (0897-14); sentencia del 3 de marzo de 2015,
05001233300020130032001(0537-14).
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base en la normativa anterior se hubiere consolidado en vigencia de la
normativa general, es decir, que esta última estuviera rigiendo en el caso
concreto.
En el mismo sentido, tal como ha indicado esta Subsección15 no es factible
conceder el derecho reclamado y aplicar retrospectivamente lo dispuesto en
el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, porque por esta vía, conforme la nueva
posición, se desconocería el principio de irretroactividad de la ley derivado de
la Ley 153 de 1887.
Lo anterior permite concluir la improcedencia de aplicar la Ley 100 de 1993 a
situaciones que se consolidaron antes de la entrada en vigencia de esa
norma en virtud del principio de favorabilidad, pues debe tenerse en cuenta
la disposición normativa vigente en el momento de los hechos que dieron
origen al derecho pensional.
En las anteriores condiciones, toda vez que en el presente caso la situación
se consolidó en vigencia del Decreto 2063 de 1984 (la muerte del agente
Restrepo Betancur ocurrió el 25 de octubre de 1988), no es procedente la
aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes deprecada por la señora Rubiela Esther
Cartagena Úsuga, tal como advirtió el a quo.
En este sentido, no desconoce la Subsección que en fallos emitidos antes de
la sentencia del 25 de abril de 2013, se reconocieron pensiones de
sobrevivientes en virtud de la Ley 100 de 1993, a favor de los beneficiarios
de miembros de la Fuerza Pública que fallecieron antes de la vigencia de
dicha disposición. Pese a ello, aquellas sentencias tienen efectos inter partes
y solo es un criterio orientador más no vinculante por no tener el carácter de
sentencia de unificación, lo que sí ocurre con la providencia que se aplica en
el sub lite, máxime cuando con posterioridad la Sección ha reiterado la tesis
contraria de forma pacífica16.
Por último, habrá de señalarse que en el recurso de alzada la parte activa
alega como vicio de nulidad el de «falta de competencia», en el sentido de
que quien debió expedir el acto administrativo es el director general de la
Policía Nacional como su representante legal y no otro funcionario.
Al respecto, se observa la «competencia es la facultad o el poder jurídico que
tiene una autoridad para ejercer determinar función»17, razón por la cual la
doctrina ha entendido que la incompetencia o falta de competencia se
materializa cuando el autor profiere un acto pese que a no tenía el poder
legal para expedirlo18, es decir, cuando la decisión se toma sin estar
facultado legalmente para ello.
En otras palabras, dicho reproche se configura cuando el acto es proferido
por fuera de las competencias legales y constitucionales atribuidas al
servidor público o la corporación respectiva, esto es, por fuera de las
atribuciones que el ordenamiento jurídico ha otorgado, motivo por el cual en
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencias del 27 de abril de 2017, radicado: 05001-23-33-000-2012-00573-01(3734-13);
del 16 de abril de 2020, radicado: 760012333000201400431 01 (4970-2017) y; del 11 de
junio de 2020, radicado: 250002342000201403408 01 (1939-2017), entre otras.
16 Al respecto ver las sentencias del 21 de enero de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2012-
01614-02 (2765-18), del 3 de diciembre de 2020, radicados: 25000-23-42-000-2016-04653-
01 (5663-18) y 25000-23-42-000-2016-04652-01 (0966-18), entre otras.
17 Rodríguez Libardo, Derecho Administrativo General y Colombiano, Temis, Bogotá, 2013,
pág. 322.
18 Carlos Betancourt Jaramillo. Derecho Procesal Administrativo, Señal Editora, Bogotá,
2014, pág. 291
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el evento en que se estime la configuración de dicha causal, el interesado es
quien tiene la carga de la prueba de demostrar que en efecto el funcionario
que expidió el acto administrativo no tenía la facultad para ello, en virtud de
lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso.
Conforme al aludido contexto, estima la Subsección que la parte demandante
no aportó ni solicitó pruebas tendientes a demostrar su dicho, pues al revisar
el libelo introductor no se advierte que haya peticionado la práctica de medio
probatorio alguno que permitiera advertir la falta de competencia deprecada
(folios 1 a 13), y solo ejerció dicha facultad en el recurso de alzada, esto es,
por fuera del término procesal que tenía para ello, según lo regulado en
numeral 5.° del artículo 162 del CPACA, aunado a lo anterior, tampoco
manifestó la imposibilidad de obtener los documentos que dieran cuenta del
vicio alegado.
Se destaca que la petición de práctica de pruebas de segunda instancia fue
denegada mediante providencia del 15 de agosto de 2018, proferida por el
ponente de la presente decisión (folios 208 a 210), decisión que fue
confirmada por esta Subsección al resolver el recurso de súplica a través de
auto fechado 25 de febrero de 2021 (folios 227 a 229 vuelto).
Bajo esa óptica, se advierte que no se logró enervar la presunción de
legalidad del acto administrativo demandado, en virtud de dicha causal, y de
cualquier modo, no sería viable alegar la falta de diligencia oficiosa del juez
de conocimiento frente a este punto, en la medida en que aquella tiene como
fundamento aclarar dudas generadas en desarrollo de la actuación y no
solventar la carga de la prueba a favor de alguna de las partes19.
En conclusión: la situación jurídica en caso de pensión de sobrevivientes se
consolida al momento del fallecimiento del afiliado, por ende, si la muerte
ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, con base en
el artículo 288 ibidem20 no es posible por favorabilidad aplicarla de forma
retrospectiva a efectos de reconocer la pensión de sobrevivientes a los
beneficiarios del policial fallecido.
Bajo esta línea argumentativa, en razón a que en el presente caso el deceso
del señor Óscar Darío Restrepo Betancur ocurrió el 25 de octubre de 1988,
esto es, en vigencia del Decreto 2063 de 1984, no es procedente el
reconocimiento de la prestación deprecada a favor de la demandante en
virtud del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, toda vez que
se insiste, no se encontraba vigente al momento de la consolidación del
derecho.
Segundo problema jurídico
¿Procedía la condena en costas de primera instancia impuesta a la
demandante?
Frente a este interrogante la Subsección tendrá la tesis de que: sí resultaba
procedente la aludida condena en primera instancia en contra de la libelista,
19 Esta posición halla respaldo en pronunciamiento anterior de la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, específicamente en la sentencia del 10 de julio de
2020, radicado: 08001-23-33-000-2014-01014-01 (2460-19).
20 «ARTÍCULO 288. APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA
PRESENTE LEY Y EN LEYES ANTERIORES. Todo trabajador privado u oficial, funcionario
público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley
le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo
dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad
de disposiciones de esta Ley.»
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tal como se sustenta a continuación, tal como se sustenta a continuación:
De la condena en costas
Al respecto esta Subsección21 sentó posición en vigencia del CPACA, en
aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de condena en costas por lo siguiente:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la
mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea
la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP22, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto,
con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público23.
Así mismo, de la lectura del artículo 365 del Código General del Proceso, se
observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las
costas del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las
21 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante:
María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero
Bardi.
22 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de
manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única
instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas: […]»
23 Regula la norma lo siguiente: «[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].»
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partes resultó vencida en el juicio, sin que para tal efecto se indique que
adicionalmente debe verificarse mala fe o temeridad.
En el caso de marras, el a quo condenó en costas a la demandante, por
considerar que fue vencida en el proceso a la luz de lo preceptuado en los
artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, en virtud a que se denegaron las
pretensiones (folios 169 vuelto a 170).
Al respecto, resulta claro que contrario a lo aludido por la libelista las costas
sí se causaron, dado que en primera instancia se negaron las pretensiones
encaminadas al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con base en
la Ley 100 de 1993, aunado a ello, la entidad demandada debió concurrir a
una defensa a través de apoderado, para contestar la demanda, asistir a las
audiencias del proceso y presentar alegatos, aspectos que, bajo el criterio
objetivo valorativo enunciado, hacen necesaria la condena en costas en su
contra, por cuanto dicho supuesto se enmarca en el previsto por el artículo
365, numeral 1.° del CGP, esto es, incurrió en gastos en la defensa técnica
asignada para este asunto.
En conclusión: sí resultaba procedente la condena en costas en primera
instancia a cargo de la señora Rubiela Esther Cartagena Úsuga, en tanto
resultó vencida en el presente proceso, y la entidad demandada tuvo que
acudir a la defensa técnica durante el curso del proceso, lo cual se ajusta al
criterio objetivo valorativo requerido para su imposición, luego de verificar
que tal circunstancia se encuentra prevista en el artículo 365, numeral 1.° del
CGP.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden se confirmará la sentencia de primera
instancia proferida el 27 de abril de 2017, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, habida cuenta de que no prosperan los
argumentos del recurso de apelación formulado por la parte demandante.
De la condena en costas en segunda instancia
De conformidad con lo señalado en el acápite anterior, bajo ese hilo
argumentativo, en el presente caso no se condenará en costas a la
demandante a pesar de haber resultado vencida, pues si bien no
prosperaron los argumentos del recurso de alzada, la entidad demandada no
presentó alegatos de conclusión en esta instancia, según constancia
secretarial visible a folio 232 del plenario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 27 de abril de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, que denegó
las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Rubiela
Esther Cartagena Úsuga contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
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Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente en Comisión
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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