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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05692-01

Sustitución pensional a hijos y cónyuge de miembro de la policía nacional

Fecha
15 de julio de 2021
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05692-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 22 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora MARÍA DEYANIRA AVILES CAPERA contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante, las cuales se liquidarán por el a quo. TERCERO. RECONOCER personería a la abogada Andrea Patricia Ramírez Pineda, portadora de la tarjeta profesional 186.802 del C.S. de la J., para actuar como apoderada de la parte demandada, conforme al memorial obrante a folio 212. CUARTO. En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen y efectúense las anotaciones en el programa “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-05692-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

15 de julio de 2021

SUSTITUCIÓN PENSIONAL A HIJOS Y CÓNYUGE DE MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL / BENEFICIARIOS EXCLUYENTES DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL DE MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL / RÉGIMEN ESPECIAL DE PRESTACIONES POR MUERTE PARA LOS BENEFICIARIOS DE MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL / MUERTE POR ACTOS MERITORIOS DEL SERVICIO – Requisitos / MUERTE EN SERVICIO

Tendrán derecho a la sustitución pensional, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez que fallezca, advirtiéndose tres grupos de beneficiarios excluyentes entre sí, toda vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: (i) cónyuge o compañera permanente e hijos con derecho; (ii) padres con derecho; y (iii) hermanos con derecho. El artículo 47 de la norma en mención señala quienes son los beneficiarios y de acuerdo a ellos establece los requisitos para acceder al reconocimiento prestacional, en los siguientes términos. (…) Ahora bien, para que la causa de la muerte sea calificada como “actos meritorios del servicio” de un agente de la Policía Nacional se requiere: i) que el integrante de la fuerza pública se halle en servicio activo, esto es, en ejercicio pleno de las funciones propias del empleo para el cual ha sido designado; ii) en cumplimiento de actos meritorios del servicio, es decir, cuando el uniformado cumple la misión encomendada con grave e inminente riesgo para su vida o integridad personal; iii) en combate o, iv) como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento o restablecimiento del orden público. Entendiendo por actos meritorios del servicio, aquellos en los que el uniformado se enfrente a grave e inminente peligro en defensa de la vida, honra y bienes de las personas. Así las cosas, se tiene que, el hecho de que el señor Usaquén se encontrara en servicio, realizando un patrullaje de rutina en la carretera destapada de la vereda el Uval, en donde unos sujetos dispararon a la patrulla motorizada en la que éste se encontraba, causándole la muerte, per se, no le otorga el derecho a que su fallecimiento sea considerado como “acto meritorio del servicio”, en cuanto, para que tal calificación proceda, debía estar ejecutando actos meritorios de servicio, en combate o por acción del enemigo, y no sólo en actividades de rutina o en actos del servicio o por causas inherentes al mismo, como eran las descritas, sin que ellas puedan constituirse, en actos meritorios del servicio, tal y como lo dispuso el parágrafo del artículo 122 del Decreto 1213 de 1990. (…) Para la Sala es claro que la entidad calificó la muerte del agente Usaquén Calderón, como ocurrida en actos del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la norma aludida, en consideración a las circunstancias en que ocurrieron los hechos, al tratarse justamente de actos simplemente delictivos, los cuales están comprendidos dentro del rol normal del servicio policial, sin que pueda calificarse como especiales del mismo

FUENTE FRMAL: ARTÍCULO 279 DE LA LEY 100 DE 1993 / CONSTITUCIÓN - ARTÍCULO 150, ORDINAL 19.º, LITERAL E) / CONSTITUCIÓN - ARTÍCULO 218 / DECRETO 1213 DE 1990 - ARTICULO 123 / DECRETO 4433 DE 2004

APLICACIÓN DE LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE LA MUERTE DEL CAUSANTE EN LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE / PRINCIPIO DE NO RETROACTIVIDAD / PRINCIPIO DE INESCINDIBILIDAD / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD

La ley que gobierna la situación prestacional de los beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una posterior, toda vez que es en este momento en que se causa el derecho a la sustitución pensional.Así las cosas, atendiendo a los principios de no retroactividad de las leyes y de inescindibilidad del régimen pensional, no es posible tomar, para el caso de la demandante, de los dos regímenes que regulan la pensión de sobrevivientes el más conveniente, ya que el causante falleció antes de entrar en vigencia el Decreto 4433 de 2004. Lo expuesto permite concluir la improcedencia de aplicar, por favorabilidad, en el presente caso, el Decreto 4433 de 2004 que entró en vigencia el 31 de diciembre de ese año, frente a situaciones que se consolidaron con anterioridad, pues ha de tenerse en cuenta la disposición normativa que se encontraba vigente en el momento de ocurrencia de los hechos que dieron origen a la consolidación del derecho pensional. NOTA DE RELATORÍA : Sobre la norma aplicable para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, ver: C de E, Sentencia de octubre 7 de 2010, consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero, rad76001-23-31-000-2007-00062-01(0761-09);

FUENTE FORMAL: DECRETO 4433 DE 2004

RECLAMACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA / PRESUPUESTO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO / RECURSO DE APELACIÓN – Improcedente para adicionar y reformar la demanda

El legislador contempló la denominada actuación administrativa como un presupuesto procesal de carácter obligatorio para quien pretenda demandar un acto administrativo de contenido particular y concreto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En consecuencia, el ciudadano debe, antes de instaurar el referido medio de control, solicitar el reconocimiento del derecho ante la Administración si esta no se ha pronunciado oficiosamente y, de haberlo hecho, debatir la validez del acto ante la misma; lo cual se materializa a través de la interposición de recursos que la ley reviste de obligatoriedad. Con ello, lo que se pretende es que ésta revise los argumentos fácticos y jurídicos que conllevaron a expedir la decisión, y si es del caso, la revoque, modifique o aclare.(…) Prima facie, la Sala debe precisar que ni los alegatos de conclusión ni la apelación de la sentencia es la oportunidad procesal para adicionar y reformar la demanda, de tal suerte que la solicitud de reliquidación de la pensión de sobrevivientes en los términos del régimen general de pensiones no fue objeto de reclamación ante la entidad demandada, en el escrito del 28 de enero de 2013, ni hace parte de las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 163 / LEY 1437 DE 2011 - NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 162 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 161

CONDENA EN COSTAS

En el presente caso, al tenor del numeral ordinal 4.º del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la parte demandante, en la medida que resultó vencida en el proceso y se demostró su causación por cuanto la entidad demandada intervino en esta instancia.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 - NUMERAL 4

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-2342-000-2013-05692-01(2433-17)

Actor: MARIA DEYANIRA AVILÉS CAPERA

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL DE
COLOMBIA

Tema: Reliquidación pensión de sobrevivientes

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA- LEY 1437 DE 2011

ASUNTO

La Sala de la Subsección A del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 22 de marzo de 2017 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “C”, negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA

La señora MARIA DEYANIRA AVILÉS CAPERA, actuando mediante apoderado judicial, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, en procura de obtener el reconocimiento de las siguientes declaraciones y condenas:

Pretensiones

(i). Declarar la nulidad del Oficio S-2012-038847/ARPREGRUPE22 de fecha 11 de febrero de 2013 por medio del cual se negó el pago de la pensión de sobrevivientes en el porcentaje que legalmente corresponde, a la señora María Deyanira Avilés Capera.

(ii). Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicitó se reconozcan las mesadas pensionales dejadas de pagar a la demandante, las cuales ascienden a la suma de $40.000.000.

(iii). Se condene en costas en su oportunidad procesal a la demandada.

Fundamentos fácticos

Los siguientes son los fundamentos de hecho de las pretensiones:

(i). El 2 de diciembre del año 2005 la Policía Nacional mediante Resolución No. 00933 reconoció como beneficiarios del señor Jhon Fredy Usaquén Calderón a María Deyanira Avilés Capera, y a sus menores hijos Jhon Fredy, Melina, Stefany, Luisa Fernanda y Jhon Alejandro Usaquén Avilés, en proporción al 50% de lo que devengaba el agente fallecido en ese momento.

(ii). Adujo que, en el momento que le fue reconocida la pensión en esas condiciones, la demandante dejó manifiesta su inconformidad por la clasificación de la muerte de su esposo, toda vez que se le manifestó que no se le reconocía la pensión completa porque el agente no había muerto en actos del servicio.

(iii). Señaló que la muerte del señor Jhon Fredy Usaquén Calderón ocurrió en la vía Villavicencio en la vereda El Uval, donde fue encontrado abatido con impactos de bala, mientras ejecutaba su jornada laboral, tal y como lo señaló la Unidad Primera de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal.

(iv). La demandante señaló que la muerte de su esposo se encontraba enmarcada dentro de los supuestos establecidos en el parágrafo único del artículo 27 del Decreto 4433 de 2004 (actos especiales del servicio) y no la que le indicaron en la mencionada resolución.

(v). El 28 de enero de 2013, la demandante solicitó la reliquidación de la pensión de sobrevivientes conforme al artículo 27, parágrafo del Decreto 4433 de 2004.

(vi). Mediante Oficio S-2012-038847/ARPREGRUPE22 de fecha 11 de febrero de 2013 la entidad demandada le negó el pago de la pensión de sobrevivientes en el porcentaje que legalmente corresponde, a la señora María Deyanira Avilés Capera.

1.3. Normas violadas y concepto de violación.

Como normas violadas se invocan las siguientes:

De orden constitucional: preámbulo y los artículos 1, 2, 6, 29 y 44.
De orden legal: artículo 27 del Decreto 4433 de 2004.

Al desarrollar el concepto de violación sostuvo que con el acto demandado, la entidad vulneró los derechos a la igualdad, dignidad humana, debido proceso y al trabajo de la demandante. Además, desconoció que la actora es una viuda con 4 hijos y que su esposo era un servidor público que dio la vida en servicio activo.

Así mismo, indicó que se debió aplicar el parágrafo del artículo 27 del Decreto 4433 de 2004.
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda y sostuvo que según el informe administrativo de investigaciones adelantadas por la SIJIN se logró establecer que el agente Jhon Fredy Usaquén Calderón fue hallado muerto en la vereda El Uval por impactos de arma de fuego mientras se encontraba en servicio haciendo una ronda por el cuadrante asignado, pero no se logró determinar cuál fue el móvil o la causa del deceso.

Indicó que el señor Usaquén falleció el día 1 de diciembre de 2004, ostentaba el grado de agente, y para esa fecha se encontraba vigente el Decreto 1213 de 1990.

Agregó que, de conformidad con esta norma, para ser acreedor de una pensión por muerte en actos del servicio, se requiere contar con 12 años de servicio, tiempo que cumplía el causante, razón por la cual, la pensión debe ser reconocida en un 50%. No se otorgó la pensión en un 100%, como lo pretende la demandante, como quiera que el porcentaje aumenta a medida que el uniformado cuenta con más años de servicio en la institución, hasta llegar a los 30 años de servicio o más.

Así mismo, sostuvo que no se evidenció que el causante haya desplegado una acción meritoria del servicio o más allá de las funciones asignadas, razón por la cual, del respectivo informe prestacional adelantado con ocasión al deceso, se logró determinar que la muerte ocurrió en actos del servicio, enmarcándose en el artículo 122 del Decreto 1213 de 1990.

Finalmente, indicó que no es aplicable el artículo 27 del Decreto 4433 de 2004, teniendo en cuenta que el mismo entró en vigencia el 31 de diciembre de 2004, y la muerte del causante ocurrió el 1 de diciembre de 2004, es decir con antelación a la entrada en vigencia de dicha norma, que de aplicarse, vulneraría el principio de irretroactividad de la ley.

3. AUDIENCIA INICIAL

En la audiencia inicial celebrada el 12 de enero de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, realizó el saneamiento del proceso y se fijó el litigio de la siguiente manera:

“En este proceso se debe determinar si el acto acusado, esto es, el Oficio No. S-2012-038847 del 11 de febrero de 2013, suscrito por el Jefe del Grupo de Pensionados (E) de la Policía Nacional, por medio del cual se negó la reliquidación de la pensión de la demandante y los menores, está o no viciado de nulidad por los cargos expuestos en la demanda, o por los que encuentre probados este tribunal. En caso de prosperar la pretensión de nulidad, se deberá establecer si la demandante tiene o no derecho al restablecimiento del derecho solicitado en la demanda, en especial, de la reliquidación de la pensión de la cual es beneficiaria, teniendo en cuenta que dichas pretensiones son consecuenciales a la de nulidad” (texto de su original).

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia de 22 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

(i). Consideró que no resultaba procedente cambiar la calificación que se le dio a la causa de la muerte del causante Jhon Fredy Usaquén Calderón como “muerte en actos del servicio” por la de “muerte por actos especiales del servicio”, si se tiene en cuenta que, de conformidad con las pruebas obrantes dentro del expediente, su fallecimiento acaeció en el ejercicio normal de sus funciones, acorde con lo establecido en el artículo 122 del Decreto 1213 de 1990, norma vigente al momento de la muerte del señor Usaquén.

(ii). Sostuvo que, tal y como da cuenta el informe de la Fiscalía General de la Nación del 24 de agosto de 2005, la muerte ocurrió cuando se encontraba con un compañero realizando “un patrullaje de rutina a los tanques y planta de tratamiento El Dorado” y no se trató de un hecho en que el agente se viera enfrentado a un grave e inminente peligro mientras defendía la vida, honra y bienes de las personas, combate, como consecuencia de la acción del enemigo, conflicto internacional o en restablecimiento del orden público; tampoco en actos meritorios del servicio, requisitos indispensables para que se considere que la muerte ocurre en un acto especial de servicio, de conformidad con la ley y la jurisprudencia.

(iii). Concluyó que no procede la reliquidación de la pensión de la demandante como consecuencia de la modificación de la calificación de la muerte del causante.

Así mismo, adujo que no resulta procedente la aplicación del Decreto 4433 de 2004 pues el fallecimiento del causante ocurrió el día 1 de diciembre de 2004, por lo que no se puede dar aplicación retroactiva a la norma.

(iv). Por otro lado, advirtió que ni en el derecho de petición presentado ante la entidad demandada, ni en el presente medio de control, la demandante solicitó la aplicación del régimen general de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993. Esta es una petición que solo reclamó en los alegatos de conclusión ante esta jurisdicción.

Así las cosas, consideró que la entidad demandada no contó, en sede administrativa ni en sede judicial, con la oportunidad de defenderse frente a esta pretensión, razón por la cual, hacer un pronunciamiento sobre el particular, daría al traste con su derecho de contradicción y defensa, y con el requisito de procedibilidad de haber agotado previamente la vía gubernativa.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN

La señora MARIA DEYANIRA AVILÉS CAPERA, mediante apoderado judicial, presentó recurso de apelación contra la sentencia de 22 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, con base en los siguientes argumentos:

(i). En cuanto a la ley aplicable, sostuvo que la Corte Constitucional ha marcado su posición en cuanto a la aplicación de la ley más favorable para quien se pudiera ver perjudicado, por lo que puede ser invocada por la actora para pretender su derecho, siempre que se cumplan ciertos requisitos, que para el caso sub examine, por tratarse de una obligación reconocida en el año 2004, como de tracto sucesivo, se cumplen a cabalidad respecto del Decreto 4433 de ese año.

(ii). Por otro lado, citó la sentencia T-564 de 2015 para invocar la aplicación del régimen general de pensiones, y sostuvo que, aunque el Tribunal de instancia consideró que no se podía tener en cuenta porque no se solicitó en el agotamiento de la vía gubernativa, dicho criterio no es de recibo porque lo que se pretende es que se cumplan los mandatos constitucionales establecidos en la legislación colombiana en cuanto al derecho a la igualdad, habida cuenta que si el régimen especial es inocuo, podrían llegar a aplicarse las normas generales y propender porque no se vulneren los derechos al núcleo familiar, como ha sucedido con la actora.

6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

6.1. La parte demandante reiteró lo argumentos expuestos en el recurso de apelación.

6.2. La entidad demandada expuso las mismas razones de la contestación de la demanda, e insistió que mediante Resolución No. 00933 del 2 de diciembre de 2005, la entidad demandada reconoció la compensación por muerte y una pensión de sobrevivientes a los beneficiarios que demostraron su calidad sin discusión alguna; por ende, no están en debate las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales falleció el señor Jhon Fredy Usaquén Calderón, por lo que no es procedente la modificación de la calificación de los hechos de “muerte en actos del servicio” por la de “muerte en actos especiales del servicios”.

7. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Ministerio Público no rindió concepto en esta instancia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Asimismo, con base en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

En el presente caso, la demandante es apelante único, razón por la cual la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido por el juicio de reproche esbozado por el apelante.

2. Problema jurídico.

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la demandante, le corresponde a la Sala determinar ¿si la señora María Deyanira Avilés Capera tiene derecho a que la pensión de sobrevivientes sea reliquidada en aplicación del artículo 27 del Decreto 4433 de 2004 que contempla las prestaciones “por muerte en actos especiales del servicio”, no obstante haber sido reconocida dicha prestación conforme lo dispuesto en el artículo 122 del Decreto 1213 de 1990 que contempla las prestaciones por “muerte en actos del servicio”, norma vigente al momento de la muerte del causante AG Jhon Fredy Usaquén Calderón?

En caso negativo, ¿procede la aplicación de los artículos 47 y 48 de la Ley 100 de 1993 que regulan la pensión de sobrevivientes, no sin antes establecer si frente a tal pretensión, operó la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa?
Para resolver la cuestión, la Sala desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) Panorama normativo sobre el régimen de prestaciones por muerte para los beneficiarios de los miembros de la Policía Nacional; (ii) la pensión de sobrevivientes en el régimen general de pensiones, y (iii) análisis del caso concreto.

3. Marco normativo y jurisprudencial.

3.1. El régimen especial de prestaciones por muerte para los beneficiarios de miembros de la Policía Nacional

El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó a los miembros de la Policía Nacional de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social y, por su parte, los artículos 150, ordinal 19.º, literal e) y 218 de la Constitución Política establecieron que la ley debía fijar el régimen salarial y prestacional especial aplicable a aquellos, el cual se encuentra justificado en el riesgo latente que envuelve la función pública que prestan y desarrollan.

De igual modo, debe indicarse que en el Título VI, Capítulo IV del Decreto 1213 de 1990, se precisaron las prestaciones por muerte en actividad y se clasificaron de la siguiente manera:

“ARTICULO 104. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente Estatuto, los Agentes de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por disposición de la Dirección General, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente a su categoría, o por mala conducta comprobada, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por inasistencia al servicio y los que se retiren a solicitud propia después de los veinte (20)años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 100 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda de los quince (15) sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad.

(…)

ARTICULO 121.Muerte simplemente en actividad. Durante la vigencia del presente Decreto, a la muerte de un Agente de la Policía Nacional en actividad, sus beneficiarios en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a. A que por el Tesoro Público se les pague una compensación equivalente a dos (2) años de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 100 del presente Estatuto.

b. Al pago de cesantía por el tiempo de servicio del causante.

c. Si el Agente hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio, a que por el Tesoro Público, se les pague una pensión mensual la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con la categoría y tiempo de servicio del causante.

ARTICULO 122. Muerte en actos del servicio. Durante la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de una Agente de la Policía Nacional en servicio activo, ocurrida en actos del servicio o por causas inherentes al mismo, sus beneficiarios en el orden establecido en el presente Decreto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a. A que el Tesoro Público les pague, por una sola vez, una compensación equivalente a tres (3) años de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 100 de este Decreto.

b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

c. Si el Agente hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, según el tiempo de servicio del causante.

ARTICULO 123.Muerte en actos especiales del servicio. Durante la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Agente de la Policía Nacional en servicio activo, en actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento o restablecimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo cualquiera que sea el tiempo de servicio, además sus beneficiarios en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 100 de este Decreto.

b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

c. Si el Agente hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el Tesoro Público le pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado conferido póstumamente.

d. Si el Agente no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en el presente Estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas señaladas en el artículo 100 de este Decreto.

PARAGRAFO. Se entiende por actos meritorios del servicio para todo efecto, aquellos en que el Agente, se enfrente a grave e inminente peligro en defensa de la vida, honra y bienes de las personas”.

Posteriormente, el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004 fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, en el cual dispuso que:

“ARTÍCULO 27. Muerte en actos especiales del servicio. A la muerte de un Oficial, Suboficial, o Agente de la Policía Nacional en servicio activo, o del personal que ingrese al Nivel Ejecutivo a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden y proporción establecida en el artículo 11 del presente decreto tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, reconocida por la Dirección General de la Policía Nacional, la cual será liquidada así:
27.1 El cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro, en el grado conferido póstumamente, cuando el causante tuviere quince (15) años o menos de servicio.
27.2 El cincuenta por ciento (50%) se incrementará en un cuatro por ciento (4%) adicional, por cada año que exceda los quince (15), sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%) por los primeros veinticuatro (24) años.
27.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral anterior se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional, sin que en ningún caso el total pueda exceder el noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables.
PARÁGRAFO. A la muerte de un miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, en actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en el artículo 11 del presente decreto, tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, reconocida por la Dirección General de la Policía Nacional, liquidada de acuerdo con el grado conferido póstumamente y equivalente al ciento por ciento (100%) de las partidas establecidas en el artículo 23 del presente decreto.
ARTÍCULO 28. Muerte en actos del servicio. A la muerte de un Oficial, Suboficial, o Agente en servicio activo, o del personal que ingrese al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, ocurrida en actos del servicio o por causas inherentes al mismo, sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en el artículo 11 del presente decreto, tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, reconocida por la Dirección General de la Policía Nacional, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.
Si el Oficial, Suboficial, Agente o miembro del Nivel Ejecutivo al momento de la muerte, no hubiere cumplido el tiempo mínimo requerido para la asignación de retiro, la pensión será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables”.

3.2. Del reconocimiento de la sustitución pensional conforme al régimen general de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003.

De conformidad con los artículos 46 y 47 de la primera norma en mención, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a la sustitución pensional, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez que fallezca, advirtiéndose tres grupos de beneficiarios excluyentes entre sí, toda vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: (i) cónyuge o compañera permanente e hijos con derecho; (ii) padres con derecho; y (iii) hermanos con derecho.
El artículo 47 de la norma en mención señala quienes son los beneficiarios y de acuerdo a ellos establece los requisitos para acceder al reconocimiento prestacional, en los siguientes términos:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.

Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil […]». (Negrilla de la Sala).

Por otro lado, el artículo 48 estableció el monto de la pensión de sobrevivientes por muerte del afiliado, así:
ARTÍCULO 48. MONTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. El monto mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba.
El monto mensual de la Pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación.
En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, conforme a lo establecido en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "35" 35 de la presente Ley.
No obstante lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar por una pensión de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, vigente con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley equivalente al 65% del ingreso base de liquidación, siempre que se cumplan las mismas condiciones establecidas por dicho instituto.

4. Análisis del caso concreto

Como motivo de apelación la señora María Deyanira Avilés Capera sostuvo que en su caso se debe aplicar la ley más favorable, es decir, el Decreto 4433 de 2004, y en consecuencia reliquidar la pensión de sobrevivientes en un porcentaje superior al que le fue reconocido.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, negó las pretensiones de la demanda por considerar que en el presente caso no era posible la aplicación del Decreto 4433 de 2004, ya que el causante falleció antes de la entrada en vigencia de dicha norma, y acorde con la jurisprudencia de esta Corporación, se debe aplicar la norma vigente al momento de la muerte. Así mismo, consideró que no resultaba procedente la aplicación del régimen general de pensiones, ya que dicha pretensión no fue solicitada en sede administrativa ni judicial, por lo que frente a dicha solicitud se configuró la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa.

Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo probatorio obrante en el proceso, cuya presunción de autenticidad no fue objetada por las partes, el cual le permite tener por acreditados los siguientes hechos:

4.1. Hechos demostrados.

a). Tiempo de servicios del causante: según la hoja de servicios el señor John Fredy Usaquén Calderón prestó sus servicios en la Policía Nacional por un periodo de 12 años y 8 días en los siguientes lapsos: (folio 2-3 cuaderno administrativo).

NOVEDAD
RESOLUCIÓN
INICIÓ
TERMINÓ
Agente alumno
OAP 1-029 26 de enero de 1993
25 de enero de 1993
31 de julio de 1993
Agente
R. 0099 de 12 de enero de 2005
01 de agosto de 1993
01 de diciembre de 2004
Alta de tres meses
DR 1213 12 de enero de 2005
01 de diciembre de 2004
01 de marzo de 2005

b). Calidad de Beneficiarios: fue allegado el Registro Civil de Matrimonio del cual se desprende que la señora María Deyanira Avilés Capera y el señor Jhon Fredy Usaquén Calderón contrajeron matrimonio el 08 de diciembre de 2001.

Así mismo, los Registros Civiles de Nacimiento de Melina Estefanny, Luisa Fernanda, Jhon Alejandro y Jhon Fredy Usaquen Avilés, de los cuales se desprende que sus padres son María Deyanira Avilés Capera y Jhon Fredy Usaquén Calderón.

c). Fallecimiento del causante: Se aportó el Registro Civil de Defunción en el cual se indica que el señor Jhon Fredy Usaquén Calderón falleció el 01 de diciembre de 2004.

d). Informe Administrativo (muerte en actos del servicio): A través de Auto No. 108 del 21 de diciembre de 2004, suscrito por el comandante del Departamento de Policía Tequendama, se declaró que la muerte del extinto agente Usaquen Calderón Jhon Fredy, se produjo “en actos del servicio”, por cuanto el policial en el momento de los hechos se encontraba realizando tercer turno de vigilancia en el CAI Usme, siendo ultimado de varios impactos de arma de fuego a la altura de la cabeza y tórax, actividad del servicio policial, como lo estipula el Decreto 1213 de 1990, Capítulo IV, artículo 122.

Así mismo, se allegó el auto del 24 de agosto de 2005, proferido por la fiscal tercera de la Unidad Primera de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, en el cual da aplicación al artículo 326 de la Ley 2700 de 1991, frente a la suspensión de la investigación.

e). Mediante Resolución No. 00933 del 02 de diciembre de 2005, proferida por la Policía Nacional se reconoció una cesantía definitiva, indemnización y pensión por muerte a los beneficiarios del agente fallecido Jhon Fredy Usaquén Calderón. Respecto de la pensión el acto administrativo indicó:

“Que con fundamento en lo anterior los beneficiarios del uniformado fallecido, tienen derecho al reconocimiento y pago de una mesada pensional por muerte, liquidada de conformidad con el artículo 100 del Decreto 1213/90, así 50% del SUELDO BASICO DE UN AG, 12% PRIMA DE ANTIGÜEDAD, 43% SUBSIDIO FAMILIAR, 15% PRIMA DE ACTIVIDAD Y 1/12 PRIMA DE NAVIDAD”.

f) Reclamación de la reliquidación pensional: Mediante petición del 28 de enero de 2013, la demandante solicitó la reliquidación de la pensión de sobrevivientes conforme al artículo 27, parágrafo del Decreto 4433 de 2004, así:

“(…) El día 2 de diciembre del año 2005 la Policía Nacional mediante la Resolución No. 00933 reconoció como beneficiarios del señor JHON FREDY USAQUEN CALDERON a MARIA DEYANIRA AVILES CAPERA y a sus menores hijos JHON FREDY, MELINA STEFANY, LUISA FERNANDA y JHON ALEJANDRO USAQUEN AVILES.

En este mismo sentido mi poderdante señala su inconformidad con la clasificación de la muerte de su esposo JHON FREDY USAQUEN CALDERON, toda vez que la misma se encuentra enmarca (sic) dentro de los supuestos establecidos en el parágrafo único del artículo 27 del Decreto 4433 de 2004 (…).
(…)
Esta aseveración se realiza en base a que el señor JHON FREDY USAQUEN CALDERÓN, lo encontraron en la vía Villavicencio en la vereda el uval abatido con impactos de bala mientras ejecutaba su jornada laboral tal y como lo señala la unidad primera de delitos contra la vida y la integridad personal.
(…)
En consecuencia, la señora MARIA DEYANIRA AVILES CAPERA solicita a esta institución reliquidar la pensión de su difunto esposo la cual se encuentra liquidada sobre el cincuenta por ciento (50%).

g) Acto administrativo demandado: Por medio del Oficio S-2012-038847/ARPRE.GRUPE.22 del 11 de febrero de 2013 expedido por el jefe del Grupo de Pensionados de la Policía Nacional, se negó la reliquidación y pago de la pensión de sobrevivientes en aplicación del parágrafo del artículo 27 del Decreto 4433 de 2004, teniendo en cuenta que la mesada pensional fue liquidada sobre el 50% y no sobre un 100%, ya que el fallecimiento del causante se produjo el 01 de diciembre de 2004, completando un tiempo de servicio de 12 años y 8 días, por lo que se aplicó lo dispuesto en el Decreto 1213 de 1990, norma vigente a la muerte del señor Usaquén Calderón.

4.2. Análisis sustancial

4.2.1. Frente a la calificación de la muerte del causante y la aplicación del Decreto 4433 de 2004.

De acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y del análisis del acervo probatorio, se considera lo siguiente:

El señor Jhon Fredy Usaquén Calderón laboró como agente en la Policía Nacional durante 12 años y 8 días, y falleció el 1 de diciembre de 2004.

Ahora bien, la Sala entrará a determinar si de conformidad con lo dispuesto en el mencionado Decreto 1213 de 1990, la calificación de la muerte del causante se encuadra en muerte “por actos del servicio o “por actos especiales del servicio”, y en consecuencia si procede la reliquidación de la pensión de sobrevivientes.

Al respecto, se allegó el Auto No. 108 del 21 de diciembre de 2004, suscrito por el comandante del Departamento de Policía Tequendama en el cual declara, que la muerte del extinto agente Usaquen Calderón Jhon Fredy se produjo “en actos del servicio”, como lo estipula el Decreto 1213 Capítulo IV, artículo 122. Así mismo, se tiene que el auto en mención señala lo siguiente:

“Dan cuenta las diligencias administrativas por muerte No. 108/2004 que el día miércoles 01-12/2004 siendo aproximadamente las 18:00 horas el señor agente USAQUEN CALDERON JHON (…) adscrito a la quinta estación de Policía- Usme, quien se encontraba realizando tercer turno de vigilancia en el CAI Usme, en compañía del agente SALAZAR GARCÍA MARCO TULIO, con indicativo Usme 7 de recorredores, la central de radio informa que en la carretera destapada del Colegio Uval unos sujetos dispararon a una patrulla motorizada de la Policía encontrando sus tripulantes gravemente heridos, las unidades del Cai Yomasa se trasladaron al lugar de los hechos encontrando gravemente heridos con impactos de arma de fuego a los agentes USAQUEN CALDERON JHON FREDY y MARCO TULIO SALAZAR GARCÍA los cuales fueron trasladados al Hospital de Usme (…) y manifestando que el agente USAQUEN ya no tenía signos vitales el cual presentaba cuatro (4) heridas en el tórax lado derecho y una herida en la región occipital con exposición de masa encefálica causada con arma de fuego el cual produjo su deceso (…).

Así las cosas, se puede esclarecer que el policial a la hora de su deceso, se encontraba laborando como se corrobora a través del reato(sic) materia de investigación y las pruebas allegadas al proceso y que su deceso se produjo a consecuencia de las heridas ocasionadas con arma de fuego a la altura de la cabeza y el tórax (…), por lo tanto su muerte se califica de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de conformidad a lo estipulado en el Decreto 1213, capítulo IV, artículo 122, MUERTE EN ACTOS DEL SERVICIO”

Así mismo, fue aportado el auto del 24 de agosto de 2005, proferido por la fiscal tercera de la Unidad Primera de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, en el cual se desprende lo siguiente:

“Escuchado en declaración el intendente ELIBERTO OSTOS GÓMEZ, subcomandante del CAI YOMASA evocó que al escuchar vía radio el reporte se dirigió a la Vereda el Uval y a eso de cien metros de la entrada principal de la Escuela que funciona en el lugar “…encontramos a dos compañeros y la moto, la moto estaba con dirección de la vía al llano hacía el pueblito o sea que venía como bajando hacía acá el pueblito, el agente USAQUEN se encontraba al lado izquierdo, con las manos y el cuerpo encima de la moto que estaba caída del asiento hacía el lado derecho y el agente SALAZAR GARCÍA, al lado derecho de la moto, estaba la cabeza hacía el lado derecho de la vía, a una distancia de ochenta centímetros de la moto, este encogía los pies y los estiraba y levantaba la cabeza, USAQUEN apenas se movía…”- PG. 4- Explicó igualmente que la presencia de USAQUEN CALDERÓN Y SALAZAR GRCÍA en el sitio se debía a un patrullaje de rutina a los tanques y planta de tratamiento El Dorado.

(…)

En síntesis, con lo único que se cuenta es que la pareja de uniformados fueron ultimados por dos sujetos que tomaron rumbo hacia el barrio LA HUERTA que hubo un tercer individuo que se alejó por un camino distinto a los arriba mencionados, pero ninguna de las personas entrevistadas por el funcionario de policía judicial suministra nombres y /o lugar de ubicación de los antisociales y/o datos que permitan tener una idea clara acerca de los móviles y características morfofaciales de los actores del hecho .(Subrayado fuera de texto).

Ahora bien, para que la causa de la muerte sea calificada como “actos meritorios del servicio” de un agente de la Policía Nacional se requiere: i) que el integrante de la fuerza pública se halle en servicio activo, esto es, en ejercicio pleno de las funciones propias del empleo para el cual ha sido designado; ii) en cumplimiento de actos meritorios del servicio, es decir, cuando el uniformado cumple la misión encomendada con grave e inminente riesgo para su vida o integridad personal; iii) en combate o, iv) como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento o restablecimiento del orden público. Entendiendo por actos meritorios del servicio, aquellos en los que el uniformado se enfrente a grave e inminente peligro en defensa de la vida, honra y bienes de las personas.

Así las cosas, se tiene que, el hecho de que el señor Usaquén se encontrara en servicio, realizando un patrullaje de rutina en la carretera destapada de la vereda el Uval, en donde unos sujetos dispararon a la patrulla motorizada en la que éste se encontraba, causándole la muerte, per se, no le otorga el derecho a que su fallecimiento sea considerado como “acto meritorio del servicio”, en cuanto, para que tal calificación proceda, debía estar ejecutando actos meritorios de servicio, en combate o por acción del enemigo, y no sólo en actividades de rutina o en actos del servicio o por causas inherentes al mismo, como eran las descritas, sin que ellas puedan constituirse, en actos meritorios del servicio, tal y como lo dispuso el parágrafo del artículo 122 del Decreto 1213 de 1990.

En tal contexto, para la Sala es claro que la entidad calificó la muerte del agente Usaquén Calderón, como ocurrida en actos del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la norma aludida, en consideración a las circunstancias en que ocurrieron los hechos, al tratarse justamente de actos simplemente delictivos, los cuales están comprendidos dentro del rol normal del servicio policial, sin que pueda calificarse como especiales del mismo.

Por otro lado, para establecer si la situación de la demandante se rige por el Decreto 4433 de 2004, es necesario traer a colación lo sostenido en sentencia del 25 de abril de 2013 por la Sección Segunda de esta Corporación, en la que consideró que la ley que resulta aplicable en el caso de la pensión de sobrevivientes es la que se encuentre vigente al momento en que se estructura el derecho, esto es, en la fecha en que se produjo la muerte. Al respecto, señaló:

«[…]
Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte del señor Reyes se consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, lo que lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se pretende, toda vez que ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153 de 1887.

La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones que se produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y, solo por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra, el contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la Ley 100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir a partir del 1º de abril de 1994.

En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al derecho pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que los derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se consolidaron en vigencia de la normatividad anterior, la que exigía el requisito de tener 15 o más años de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era viable su reconocimiento.

Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29 de 2010 y noviembre 1º de 2012, en las que, en materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una posterior […]»

En efecto, tal como lo ha precisado esta Sección, la posibilidad de exigir la aplicación de determinada norma requiere que el derecho reclamado se hubiere consolidado en vigencia de ésta, es decir, que estuviera rigiendo en el caso concreto.

En el mismo sentido, señaló que no es factible conceder el derecho reclamado y aplicar retrospectivamente lo dispuesto en una norma posterior, porque por esta vía -conforme la nueva posición - se desconocería el principio de irretroactividad de la ley derivado de la Ley 153 de 1887.

En este orden de ideas, se acoge la jurisprudencia proferida por esta Corporación, que estableció la postura de que en materia de reconocimiento de pensión de sobrevivientes, la ley que gobierna la situación prestacional de los beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una posterior, toda vez que es en este momento en que se causa el derecho a la sustitución pensional.

Así las cosas, atendiendo a los principios de no retroactividad de las leyes y de inescindibilidad del régimen pensional, no es posible tomar, para el caso de la demandante, de los dos regímenes que regulan la pensión de sobrevivientes el más conveniente, ya que el causante falleció antes de entrar en vigencia el Decreto 4433 de 2004.

Lo expuesto permite concluir la improcedencia de aplicar, por favorabilidad, en el presente caso, el Decreto 4433 de 2004 que entró en vigencia el 31 de diciembre de ese año, frente a situaciones que se consolidaron con anterioridad, pues ha de tenerse en cuenta la disposición normativa que se encontraba vigente en el momento de ocurrencia de los hechos que dieron origen a la consolidación del derecho pensional.

Por lo anterior, le asiste razón al Tribunal de instancia al acoger el criterio jurisprudencial de esta Corporación, según el cual, en materia de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la ley que gobierna la situación prestacional de los beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una posterior, toda vez que es en este momento en que se causa el derecho a la sustitución pensional.

4.2.2. De la falta de reclamación en la vía administrativa y la procedencia de la aplicación de la Ley 100 de 1993.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo estableció la posibilidad de declarar probadas las excepciones en el momento en el que se encuentren configuradas en los siguientes términos:

«Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus (…)».

Ahora bien, en cuanto a los requisitos de la demanda, en el artículo 163 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispuso lo siguiente:

«Artículo 163. Individualización de las pretensiones. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda».

Como se puede apreciar, para poder demandar un acto administrativo, este debe ser individualizado con toda precisión, lo cual guarda congruencia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011.

Así mismo, se tiene que la demanda ha sido entendida como el instrumento o el mecanismo a través del cual las personas ejercen su derecho de acción, es decir, la posibilidad de acudir ante la jurisdicción en procura de sus intereses, con el fin de obtener una decisión de fondo, de ahí que uno de los presupuestos procesales para proferir una sentencia en una demanda que se instauró en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho -excepto si la demanda proviene de la misma Administración o el acto administrativo se produjo a través de medios ilegales o fraudulentos-, sea la reclamación previa ante la autoridad competente del derecho que se considere quebrantado.

Para tal efecto, se tiene que el artículo 161 del CPACA estableció los requisitos que deben cumplirse con la presentación de la demanda ante el juez administrativo, en especial en lo que atañe al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues preceptuó:

«Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
[…]

2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.

Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral. […]».

Lo anterior indica que el legislador contempló la denominada actuación administrativa como un presupuesto procesal de carácter obligatorio para quien pretenda demandar un acto administrativo de contenido particular y concreto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En consecuencia, el ciudadano debe, antes de instaurar el referido medio de control, solicitar el reconocimiento del derecho ante la Administración si esta no se ha pronunciado oficiosamente y, de haberlo hecho, debatir la validez del acto ante la misma; lo cual se materializa a través de la interposición de recursos que la ley reviste de obligatoriedad. Con ello, lo que se pretende es que ésta revise los argumentos fácticos y jurídicos que conllevaron a expedir la decisión, y si es del caso, la revoque, modifique o aclare.

Ahora, en cuanto al asunto en controversia, se tiene que el a quo fundamentó la negativa de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la aplicabilidad de la Ley 100 de 1993, pues dicha situación no fue sometida a controversia en sede administrativa, es decir, que no hubo por parte de la entidad un pronunciamiento previo al juicio administrativo frente a tal aspecto. Sumado a que en sede judicial tampoco lo solicitó en las pretensiones de la demanda, sino que solo lo vino a poner de presente en los alegatos de conclusión.

Al respecto, se encuentra acreditado que la demandante María Deyanira Avilés Capera es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del señor agente Jhon Fredy Usaquén Calderón y que en los alegatos de conclusión y el recurso de alzada solicita el reajuste de la mesada, conforme a los artículos 47 y 48 de la Ley 100 de 1993, porque, en su criterio puede ser más favorable.

Prima facie, la Sala debe precisar que ni los alegatos de conclusión ni la apelación de la sentencia es la oportunidad procesal para adicionar y reformar la demanda, de tal suerte que la solicitud de reliquidación de la pensión de sobrevivientes en los términos del régimen general de pensiones no fue objeto de reclamación ante la entidad demandada, en el escrito del 28 de enero de 2013, ni hace parte de las pretensiones de la demanda.

En efecto, en la reclamación administrativa solo se pidió la modificación de la clasificación de la muerte del causante, y en consecuencia la reliquidación de la pensión de sobrevivientes conforme al parágrafo del artículo 27 del Decreto 4433 de 2004, por consiguiente, es claro que no se tramitó la actuación administrativa en cuanto a la reliquidación o reajuste de la pensión de sobrevivientes con fundamento en el régimen general de pensiones, ni en las pretensiones de la demanda se invocó la reliquidación de la prestación bajo dicha ley, por lo que en estricto sentido le asiste razón al a quo al señalar que se encuentra probada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa.

Aunado a lo anterior, se tiene que la demandante actualmente tiene 53 años de edad, motivo por el cual, para esta Sala es claro que, en el momento de proferir este fallo, no se encuentra probado que la actora sea una persona de especial protección, puesto que sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social no se vieron afectados por la decisión de la entidad demandada de reconocer la pensión de sobrevivientes, conforme al artículo 122 del Decreto 1213 de 1990 que regula las prestaciones de los agentes de la Policía Nacional por muerte en actos del servicio.

No obstante, se advierte que la demanda fue admitida como parte activa dentro del proceso, a la señora María Deyanira Avilés Capera y en nombre y representación, en su momento, de sus hijos menores, por lo que, en gracia de discusión, se analizará la procedencia de reajustar la pensión de sobrevivientes conforme a la Ley 100 de 1993, en razón a que respecto de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes se encuentran los hijos del causante, quienes ya son mayores de edad, excepto el joven Jhon Fredy Usaquén Avilés quien actualmente cuenta con 15 años de edad, y que por su condición de menor de edad, sí es sujeto de especial protección, y que frente a éste se debe dar prevalencia al derecho sustancial y al acceso de la administración de justicia.

Así las cosas, se tiene que el extinto AG Usaquén Calderón al momento de su fallecimiento cumplía con los requisitos exigidos por la Ley 100 de 1993 en su artículo 46:

Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis semanas al momento de la muerte.
Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.

Según el cuaderno administrativo del causante completó 12 años y 8 días, que suman un total de 618 semanas de cotización al sistema pensional. Así entonces, se cumplió la exigencia prevista en el artículo 46 de la ley 100 de 1993 pues al momento de la muerte se encontraba cotizando al sistema y tenía acumuladas mucho más de veintiséis semanas.
Conforme a lo anterior, y atendiendo el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, que establece que el monto mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación, así:

Semanas
Monto de la Pensión
500 semanas
45%
550 semanas
47%
600 semanas
49%
650 semanas
51%

En consecuencia, es evidente que en el presente caso no es más favorable la Ley 100 de 1993 ya que de aplicarse, la pensión de sobrevivientes sería calculada en un 49% y sobre los factores que hubieran servido de cotización, mientras que la pensión de sobrevivientes que le fue reconocida a la demandante y sus hijos, con aplicación del Decreto 1213 de 1990, fue calculada en un monto del 50% del sueldo básico, el 12% de la prima de antigüedad, 43% subsidio familiar, 15% prima de actividad y 1/12 prima de navidad, por lo tanto, no resulta procedente reajustar la pensión de sobrevivientes conforme al régimen general de pensiones.

5. Conclusión

Conforme a lo anteriormente expuesto, se advierte que: i) la calificación de la muerte del causante Usaquén fue debidamente razonada por la entidad demandada al considerarla “muerte en actos del servicio”, ya que ésta acaeció en el ejercicio normal de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 del Decreto 1213 de 1990; ii) no es procedente la aplicación del parágrafo del artículo 27 del Decreto 4433 de 2004, ya que la muerte del causante ocurrió el 1 de diciembre de 2004, antes de que entrara en vigencia dicho decreto, y como lo ha señalado ésta Corporación en el caso de la pensión de sobrevivientes se debe aplicar la norma que está vigente al momento de la muerte; y iii) en estricto sentido se encuentra probada la excepción de falta de agotamiento del procedimiento administrativo, ya que ni en sede administrativa ni en las pretensiones de la demanda se solicitó el reajuste de la pensión de sobrevivientes conforme a la Ley 100 de 1993.

No obstante, si en gracia de discusión se entrara a analizar la procedencia de dicha reliquidación en razón a la condición de especial protección de uno de los beneficiarios de tal prestación por ser menor de edad, se encuentra que no es favorable la reliquidación bajo el régimen general de pensiones, ya que otorga un monto menor al que le fue reconocido por la Policía Nacional en aplicación al Decreto 1213 de 1990.

Por las consideraciones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 22 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda.

6. Condena en costas

Esta Sección ha precisado que el concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos o expensas del proceso llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.

En el presente caso, al tenor del numeral ordinal 4.º del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la parte demandante, en la medida que resultó vencida en el proceso y se demostró su causación por cuanto la entidad demandada intervino en esta instancia.

7. Reconocimiento de personería

A folio 212 del proceso obra memorial de la entidad demandada en el que confiere poder a la abogada Andrea Patricia Ramírez Pineda con tarjeta profesional 186.802 del C.S. de la J., por lo que se le reconocerá personería conforme al mandato otorgado.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 22 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora MARÍA DEYANIRA AVILES CAPERA contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante, las cuales se liquidarán por el a quo.

TERCERO. RECONOCER personería a la abogada Andrea Patricia Ramírez Pineda, portadora de la tarjeta profesional 186.802 del C.S. de la J., para actuar como apoderada de la parte demandada, conforme al memorial obrante a folio 212.

CUARTO. En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen y efectúense las anotaciones en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Magistrada Ponente: Amparo Oviedo Pinto.
Folios 12-16
Fls. 83-87.
Folios 140-143
Folios 163-178
Folios 189-191.
Fls. 224-226.
Fls. 218-223.
Según informe secretarial a fl. 227
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

El artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, establece: «Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […] 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: […] e. Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.»
El artículo 218 de la Constitución Política, consagra: «La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.»
En este sentido ver las sentencias C-432 de mayo 6 de 2004, T-372 de 2007 y T-894 de 2010, entre otras.
Por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional.
Fl. 9 cuaderno administrativo.
Fls. 12, 14-15, 56 cuaderno administrativo.
Fl. 54 cuaderno administrativo.
Fls. 47-48 cuaderno administrativo.
Fls. 1-3.
Fls. 61-63 cuaderno administrativo.
Fls. 8-9.
Fls. 47-48 cuaderno administrativo.
Fls. 1-3.
tal como lo dispone el artículo 123 del Decreto 1213 de 1990.
“(…) Parágrafo. Se entiende por actos meritorios del servicio para todo efecto, aquellos en que el Agente, se enfrente a grave e inminente peligro en defensa de la vida, honra y bienes de las personas.”
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda- Subsección B- consejero ponente: César Palomino Cortés- sentencia de veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017)- radicación número: 08001-23-31-000-2008-00638-01(2731-14).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 1605-2009,
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A: sentencia de 3 de marzo de 2015, Consejero Ponente Gustavo Gómez Aranguren, número interno 0328-2014; y sentencia del cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018), consejero ponente: William Hernández Gómez, radicación número: 44001-23-33-000-2015-00141-01(2414-17).

Consejo de Estado, Sentencia de octubre 7 de 2010, consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero, radicación No. 76001-23-31-000-2007-00062-01(0761-09); febrero 18 de 2010, consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación No. 08001-23-31-000-2004-00283-01(1514-08); abril 16 de 2009, Consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación No. 76001-23-31-000-2004-00293-01(2300-06).
Consejo de Estado, Sentencia de octubre 7 de 2010, consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero, radicación No. 76001-23-31-000-2007-00062-01(0761-09); febrero 18 de 2010, consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación No. 08001-23-31-000-2004-00283-01(1514-08); abril 16 de 2009, Consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación No. 76001-23-31-000-2004-00293-01(2300-06).
Según el artículo 4 del CPACA, la actuación administrativa puede iniciar: i) por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general; ii) por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular; iii) porquienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal, y; iv) por las autoridades, oficiosamente.
Folios 8-9.
La demandante nació el 05 de marzo de 1968- folio 17 cuaderno administrativo.
Auto admisorio de 12 de mayo de 2016- fls. 54-55.
no obra prueba de que se encuentren estudiando actualmente
Nació el 06 de agosto de 2005.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 2 de junio de 2018, C.P. William Hernández Gómez, número de radicado: 13-001-23-33-000-2013-00100-01 (3515-2015)

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