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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00175-01

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00175-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 52001 23 33 000 2019 00175 01 (1475-2022) Demandante: Ciro Alfonso Miranda Quintero y Otro PRIMERO. DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la señora Marina Álvarez Martínez, conforme a lo expuesto en precedencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda, por lo ya expuesto. TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, conforme lo indicado en la parte motiva. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00175-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00175 01 (1475-2022)
Demandante: Ciro Alfonso Miranda Quintero y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
Temas: Soldados profesionales. Asenso póstumo a cabo segundo.
Reliquidación pensión sobreviviente. Excepción de falta de
legitimación en la causa por activa declarada de oficio.
Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por los
demandantes contra la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda1
2. Los señores Ciro Alfonso Miranda Quintero y María Álvarez Martínez, por
intermedio de apoderado judicial, solicitaron declarar la existencia y nulidad del acto
ficto negativo producto del silencio de la entidad demandada respecto a la petición
presentada el 27 de septiembre de 2018 y la nulidad del Oficio OFI18-95285
MDNSGDAGPSAP del 3 de octubre de 2018 proferido por la Coordinación del
Grupo de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional. A título de restablecimiento
del derecho se apliquen los artículos 37 del Decreto 1793 de 2000, 189 del Decreto
1211 de 1990 y 19.1 del Decreto 4433 de 2004 y en consecuencia se reliquide la
pensión de sobreviviente reconocida a los demandantes en cuantía del 50% del
sueldo básico devengado en el grado de cabo segundo – otorgado póstumamente
a partir del año 2010, incluyendo la totalidad de los factores salariales percibidos;
así mismo se reconozca la compensación o indemnización por muerte equivalente
a 4 años de haberes correspondientes al grado conferido póstumamente tomando
para su liquidación las partidas del artículo 158 del Decreto 1211 de 1990 y el doble
pago de las cesantías por el tiempo de servicio del causante, teniendo en cuenta el
grado conferido luego del deceso.

3. En forma subsidiaria solicitó se inapliquen los Decretos 1793 y 1794 de 2000 y
se aplique el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 y en consecuencia se reliquide
la pensión de sobrevivientes en cuantía del 50% del sueldo básico devengado en el
grado de cabo segundo conferido póstumamente incluyendo la totalidad de los
factores devengados; así mismo el reconocimiento y pago de la compensación por
muerte e indemnización equivalente a 4 años de los haberes correspondientes al

1
Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 3 archivo ED_ONEDRIVE_1_2532022(.zip) NroActua 3 – 01Demanda.
PDF y 03 DemandaCorregida.pdf

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00175 01 (1475-2022)
Demandante: Ciro Alfonso Miranda Quintero y Otro

grado y el doble pago de cesantías por el tiempo de servicio, teniendo en cuenta el
grado conferido póstumamente.

3.1. Hechos que fundamentan la demanda
2. El SP Luis Alfonso Miranda Álvarez (q.e.p.d.) prestó sus servicios al Ejército
Nacional desde el 1° de junio de 2007 hasta el 27 de mayo de 2010, fecha esta
última en la que falleció cuando se encontraba desarrollando actividades militares.
Su deceso fue calificado en combate según Resolución 4091 del 16 de diciembre
de 2011, mediante la cual se reconoció a sus beneficiarios pensión de sobreviviente
equivalente al 50% de las partidas correspondientes a sueldo básico y prima de
antigüedad.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
3. Citó como normas vulneradas los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 48, 53 y 58 de la
Constitución Política; 9, 10, 66, 67, 68, 71, 72, 102, 269 de la Ley 1437 de 2011;
Decretos 1793,1794,1795 de 2000; Ley 923 de 2004; Decreto 4433 de 2004 y la
Ley 578 de 2002

4. En síntesis, alegó que el causante debió ser ascendió al grado de cabo segundo
y la pensión de sobrevivientes liquidada con la inclusión de los emolumentos
correspondientes a sueldo básico, las primas de actividad, de antigüedad, de estado
mayor, de vuelo, gastos de representación y la 1/12 de la prima de navidad.
Además, la prima de antigüedad debió liquidarse en un porcentaje del 38.5% y no
del 6.50% conforme lo ordenado en el artículo 19 del Decreto 4433 de 2004.

5. Explicó que el artículo 37 del Decreto 1793 de 2000 remite para el tema de
incapacidades, invalideces e indemnizaciones de los soldados profesionales al
régimen de personal de las fuerzas militares previsto en el artículo 189 del Decreto
1211 de 1990, que contempla el ascenso póstumo, una compensación equivalente
a 4 años de haberes y el pago doble de cesantías a favor de oficiales y suboficiales
muertos en combate, así mismo y para determinar el grado al que se debía
ascender, indicó que era procedente acudir al artículo 8 del Decreto 2728 de 1968.

6. Sostuvo que todos los miembros de la fuerza pública tienen derecho al ascenso
póstumo y al pago de las prestaciones pretendidas en la demanda cuando fallecen
en combate, excepto los soldados profesionales, situación que transgrede los
principios de igualdad y favorabilidad previstos en la Ley 923 de 2004.

1.4. Contestación de la demanda2
7. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por
intermedio de apoderada se opuso a las pretensiones incoadas alegando que
carecen de fundamentos fácticos y jurídicos. Señaló que para el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes la entidad aplicó la norma vigente que corresponde al
Decreto 1794 de 2000 en concordancia con el Decreto 4433 de 2004, sin que resulte
aplicable la Ley 100 de 1993, toda vez que los miembros de la fuerza pública se
encuentran excluidos de su contenido.

1.5. Sentencia de primera instancia3
8. En sentencia proferida el 29 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo
de Nariño negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte

2
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05ContentaciónDemanda.pdf
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SentenciaPrimeraInstancia.pdf

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00175 01 (1475-2022)
Demandante: Ciro Alfonso Miranda Quintero y Otro

vencida. Luego de efectuar el recuento normativo, jurisprudencial y probatorio
pertinente concluyó que el señor Luis Alfonso Miranda Quintero falleció el 27 de
mayo de 2010 y su deceso fue calificado en combate, en consecuencia para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes la norma aplicable corresponde al
artículo 19.2 del Decreto 4433 de 2004, esto es en cuantía del 50% de las partidas
computables para asignación de retiro, teniendo en cuenta que prestó sus servicios
a la entidad por espacio de 4 años, 7 meses y 15 días, tal como fue reconocida a
través de la Resolución 4091 del 16 de diciembre de 2011.

9. De conformidad con el artículo 37 del Decreto 1793 de 2000, los soldados
profesionales están sometidos al código penal militar, reglamento del régimen
disciplinario de las fuerzas militares y a las normas relativas a la capacidad
psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de las
fuerzas militares; para el apoderado de los demandantes esta norma habilita la
aplicación del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 y por ende el reconocimiento
de las prestaciones allí previstas para oficiales y suboficiales.

10. No obstante, para el Tribunal la remisión de la norma no incluyó las prestaciones
de índole pensional, habida cuenta que el artículo 39 ibidem dispone que para la
pensión de sobrevivientes de los soldados profesionales se debe aplicar el régimen
de capitalización de la Ley 100 de 1993, pero además en el caso concreto existe
disposición aplicable para definir el reconocimiento del derecho, esto es el Decreto
4433 de 2004.

11. En consecuencia, estimó errada la postura de la parte demandante en el sentido
de que el artículo 37 del Decreto 1793 de 2000 habilita la aplicación del artículo 189
del Decreto 1211 de 1990, máxime cuando esta consagra algunas prestaciones a
favor del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, reconocimiento
del cual se excluyó a los soldados profesionales, circunstancia que basta para
desvirtuar las afirmaciones de la parte actora.

12. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha orientado que era el Decreto 2728
de 1968 el que consagró el ascenso póstumo, norma que fue invocada por los
demandantes para obtener el reconocimiento, sin embargo, su aplicación también
debe ser descartada por cuanto las prestaciones allí contenidas resultan menos
favorables que las previstas en el Decreto 4433 de 2004 que consagra el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

13. En punto a las pretensiones subsidiarias reiteró que el artículo 189 del Decreto
1211 de 1990 no resulta aplicable al presente asunto, porque para el momento en
que se causó el derecho a la pensión de sobrevivientes ya se encontraba vigente el
Decreto 4433 de 2004, norma que la entidad consideró para efectos del
reconocimiento y reliquidación de la prestación, siendo improcedente incluir las
partidas propias del personal de oficiales y suboficiales.

14. Agregó que no existe fundamento para inaplicar el Decreto 1793 de 2000 y en
su lugar atender al artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, pues en virtud del
principio de inescindibilidad de la norma no es correcto que para el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes se tenga en cuenta el Decreto 4433 de 2004 y para
su reliquidación el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990. Finalmente señaló que si
bien en los hechos de la demanda se cuestiona el porcentaje de liquidación de la
prima de antigüedad, dicha pretensión no se esbozó en la demanda y sobre ella no
se agotó la reclamación administrativa.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00175 01 (1475-2022)
Demandante: Ciro Alfonso Miranda Quintero y Otro

1.6. Recurso de apelación4
15. A través de apoderado, la parte actora solicitó revocar la sentencia de primera
instancia, para tal efecto señaló que el trasfondo social e histórico que revisten las
situaciones como las que han vivido los demandantes con la muerte de su hijo,
buscan una integración normativa que por vía de igualdad les permita alcanzar un
poco de los más elevados fines sociales del Estado mediante el principio de
favorabilidad.

16. Alegó que la pensión de sobreviviente reconocida a los demandantes no se
ajusta a los preceptos legales existentes ni al principio de igualdad previsto en la
Ley 923 de 2004, toda vez que el causante debió ser ascendido al grado de cabo
segundo y la mesada se debió liquidar con la inclusión de las partidas previstas en
el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004. Reiteró que el artículo 37 del Decreto 1793
de 2000, remitió para el caso de incapacidades, invalideces e indemnizaciones de
los soldados profesionales al régimen de personal de las fuerzas militares, de modo
que resulta procedente la aplicación del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 que
contempla el ascenso póstumo, una compensación equivalente a 4 años de haberes
y el pago doble de cesantías; así mismo y para determinar el grado al que se debe
ascender el causante se debe acudir al artículo 8 del Decreto 2728 de 1968.

17. No se pretende una mixtura legal inadmisible, sino que en busca de la igualdad
se permita alcanzar los fines del Estado, puesto que los oficiales y suboficiales si
tienen derecho al ascenso póstumo circunstancia que no ocurre con los soldados
profesionales. Finalmente solicitó revocar la condena en costas, teniendo en cuenta
que las pretensiones están llamadas a prosperar, además los demandantes tienen
unas precarias condiciones económicas y solo cuentan con el mínimo vital para
subsistir.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
18. Por auto calendado el 5 de julio de 2022, se admitió el recurso de apelación5.
En el término concedido no se presentaron intervenciones.

19. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia
20. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso7, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante.

2.2. Del problema jurídico
21. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si los demandantes en
calidad de padres del soldado profesional Luis Alfonso Miranda Álvarez (q.e.p.d.),

4 4
Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 3 archivo ED_ONEDRIVE_1_2532022(.zip) NroActua 3 – 19
RecursoDeApelacionDemandante.pdf
5
Expediente segunda instancia índice 7 de la plataforma Samai
6
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00175 01 (1475-2022)
Demandante: Ciro Alfonso Miranda Quintero y Otro

tienen derecho al ascenso póstumo al grado de suboficial a la luz del artículo 8 del
Decreto 2728 de 1968 y como consecuencia de ello, a la reliquidación de la pensión
de sobrevivientes, así como a 48 meses de haberes y pago doble de cesantías con
fundamento en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1 Régimen de prestaciones por muerte para los beneficiarios de los
soldados profesionales muertos en combate
22. De conformidad con el artículo 88 del Decreto 2728 de 19689, el soldado o
grumete en servicio activo que fallezca a causa de heridas o accidente aéreo en
combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional
o en mantenimiento del orden público, seria ascendido en forma póstuma al
grado de cabo segundo o marinero y sus beneficiarios tendrían derecho al
reconocimiento y pago de 48 meses de los haberes correspondientes a ese grado
y el doble pago de la cesantía. Así mismo y si la causa de muerte se califica en
accidente en misión del servicio sus beneficiarios tendrían derecho al pago de 36
meses de sueldo básico que el todo tiempo corresponde a un cabo segundo o
marinero. Ahora, si el deceso se produce por causas distintas a las anotadas los
beneficiarios tendrían derecho a 24 meses del sueldo básico que en todo tiempo
corresponda a un cabo segundo o marinero.

23. Se concluye entonces, primero, que la norma no contempló el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes, sino que fijó una indemnización económica
para los beneficiarios del soldado o grumete fallecido la cual dependerá de la causa
en la que sea calificado el deceso. Segundo, que el ascenso póstumo no fue fijado
con efectos pensionales, sino con el fin de establecer el monto de liquidación de la
indemnización por causa de muerte.

24. Sobre el particular se pronunció esta Corporación10 para precisar que «los
beneficios contemplados en el Decreto 2728 de 1968 en favor de los soldados
muertos en combate, tales como el ascenso póstumo, el pago doble de las
cesantías definitivas y la indemnización por muerte, tenían como propósito
compensar de alguna forma la precaria protección que se generaba para sus
beneficiarios fruto de la ausencia de consagración de una pensión de
sobrevivientes. Sin embargo, tal situación quedó remediada al expedirse el
mencionado Decreto Ley 4433.»

25. Mas adelante fue expedido el Decreto 1793 de 200011 que en su artículo 3812
estableció que el Gobierno nacional debía expedir el régimen salarial y prestacional
de los soldados profesionales con fundamento en la Ley 4ª de 1992, sin desmejorar
los derechos adquiridos. Además, sobre el régimen de pensiones, señaló:

«Artículo 39. Régimen de pensiones. La pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia de
los soldados profesionales de que trata el presente decreto se regirá por el sistema de

8
Artículo 8. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por
acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma
póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y
ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía. A la muerte del Soldado o
Grumete en servicio activo, causada por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento
y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.
A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas anteriores a sus beneficiarios
tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un
Cabo Segundo o Marinero.”
9
Por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de Soldados o Grumetes
de las Fuerzas Militares
10
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. sentencia del 17 de octubre de 2019, radicado: 05001-23-31-000-
2011-02135-01(1593-19). M.P. William Hernández Gómez.
11
Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto de Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares
12
Artículo 38. Régimen salarial y prestacional. El gobierno nacional expedirá los regímenes salarial y prestacional del soldado
profesional, con base en lo dispuesto por la ley 4 de 1992, sin desmejorar los derechos adquiridos.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00175 01 (1475-2022)
Demandante: Ciro Alfonso Miranda Quintero y Otro

capitalización previsto en la Ley 100 de 1993. El aporte mensual para conformar la pensión
será del dieciséis por ciento (16%) del salario base de cotización, porcentaje del cual le
corresponderá aportar al afiliado el cuatro por ciento (4%) y a la Nación el doce por ciento
(12%) restante. Adicionalmente, durante el primer trimestre de cada año a partir del año
2002 la Nación aportará el equivalente a un salario mensual base de cotización por cada
afiliado que se encuentre en servicio activo al 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior. Los soldados a que se refiere este decreto, que asciendan a rango de suboficiales,
continuarán sujetándose al régimen de pensiones previsto en el presente artículo.

Parágrafo 1. Para efectos de lo previsto en el presente artículo, se entenderá que el salario
base de cotización, está integrado por la asignación básica mensual adicionada con la prima
de antigüedad.

Parágrafo 2. Cuando haya lugar al reconocimiento de la pensión por invalidez o muerte,
cualquiera que sea el origen, la administradora de fondos de pensiones iniciará los pagos
mensuales de la respectiva pensión, utilizando para el efecto, en primera instancia, la cuenta
de ahorro individual. En caso de que los recursos de dicha cuenta resulten insuficientes, la
Nación pagará mensualmente el faltante con cargo al Presupuesto General de la Nación.
Por consiguiente, no habrá lugar a la cotización por accidentes de trabajo y enfermedad
profesional para pensiones ni a la contratación de un seguro de invalidez o muerte.»

26. De manera que esta nueva norma estableció la pensión de sobrevivientes a
favor de los beneficiarios de los soldados profesionales, pero no contempló la figura
del ascenso póstumo.

27. La Ley 923 de 200413, a su turno estableció los elementos mínimos que debe
considerar el legislador para la fijación del régimen pensional de los miembros de la
fuerza pública, y en cuanto a la pensión a sobrevivientes, señaló:

«Artículo 3. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de
invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas,
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno
Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
(…)
3.6. El derecho para acceder a la pensión de sobrevivientes, así como su monto, será
fijado teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias en que
se origine la muerte del miembro de la Fuerza Pública y el monto de la pensión en ningún
caso podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la
asignación de retiro en el evento de la muerte en combate, en actos meritorios del servicio
o en misión del servicio. En el caso de muerte simplemente en actividad el monto de la
pensión no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) cuando el miembro de la
Fuerza Pública tenga quince (15) o más años de servicio al momento de la muerte, ni al
cuarenta por ciento (40%) cuando el tiempo de servicio sea inferior.

Solo en el caso de muerte simplemente en actividad se podrá exigir como requisito para
acceder al derecho, un tiempo de servicio que no sea superior a un (1) año a partir de la
fecha en que se termine el respectivo curso de formación y sea dado de alta en la
respectiva carrera como miembro de la Fuerza Pública.»

28. En desarrollo de lo expuesto en la norma en cita, el legislador profirió el
Decreto 4433 de 200414 que derogó el artículo 39 del Decreto 1794 de 2000 y en
punto a la pensión de sobrevivientes, indica:

«Artículo 19. Muerte en combate. A la muerte de un Oficial, Suboficial, o Soldado
Profesional de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia
de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o
restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos
en el artículo 11 del presente Decreto, tendrán derecho, a partir de la fecha del
fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual reconocida

13
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo
150,
numeral 19, literal e) de la Constitución Política.
14
Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00175 01 (1475-2022)
Demandante: Ciro Alfonso Miranda Quintero y Otro

por el Ministerio de Defensa Nacional, la cual será liquidada como a continuación se
señala:

19.1. Para Oficiales y Suboficiales:
19.1.1. El cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de
retiro, en el grado conferido póstumamente, cuando el causante tuviere quince (15) o
menos años de servicio.
19.1.2. El cincuenta por ciento (50%) se incrementará en un cuatro por ciento (4%)
adicional, por cada año que exceda los quince (15), sin sobrepasar el ochenta y cinco por
ciento (85%) por los primeros veinticuatro (24) años.
19.1.3. A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral anterior se
incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional, sin que en ningún caso,
el total pueda exceder el noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas.

19.2. Para Soldados Profesionales:
19.2.1. El cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de
retiro, si al momento de la muerte el Soldado tiene menos de veinte (20) años de servicios.
19.2.2. Un monto equivalente al que habrían recibido como asignación de retiro liquidada
conforme a lo establecido por el artículo 16 del presente decreto.»

29. En conclusión, a la muerte de un soldado profesional en combate o por acción
del enemigo, sus beneficiarios tienen derecho al pago de una pensión mensual
equivalente al 50% de las partidas computables para asignación de retiro, si el
uniformado tiene menos de 20 años de servicio. Además, la figura del ascenso
póstumo solo se estableció para oficiales y suboficiales más no para los soldados
profesionales.

30. Ahora bien, en un asunto de similares contornos al analizado, se pronunció
está Subsección en sentencia del 24 de febrero de 202215, para precisar que en
materia de pensión de sobrevivientes la norma aplicable para efectos del
reconocimiento de la prestación obedece aquella vigente a la fecha en que se
estructuró el derecho, así:

«(…)
La regla general en asuntos pensionales es que la normativa aplicable sea la vigente para
la fecha en que se reúnan los requisitos que permiten acceder a la prestación. En otras
palabras, el momento de consolidación plena del derecho es lo que, en principio,
determina las disposiciones que han de gobernar una determinada situación fáctica. En el
caso de la pensión de sobrevivientes, el estatus pensional se consolida en la fecha de
fallecimiento del causante de la prestación.

No obstante, lo anterior, esa regla general puede verse exceptuada al menos en tres
casos. El primero, en los eventos en que se deroga una ley pero la nueva normativa
dispone expresamente la existencia de un régimen de transición a través del cual se
protegen las expectativas legítimas de quienes ya tenían un camino recorrido en aras de
acceder al derecho en los términos de la legislación anterior.

El segundo de ellos sucede cuando, al momento de causarse el derecho, se está en
presencia de dos o más disposiciones jurídicas vigentes que proveen una solución al
mismo caso. En estos eventos, en virtud del principio de favorabilidad, se debe escoger,
en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho al trabajador,
afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social, estando proscrita la posibilidad de
aplicar parcialmente uno y otro texto para elegir de cada uno lo que resulta más
beneficioso. Lo anterior en virtud de lo que se conoce como el principio de inescindibilidad
o conglobamiento.

Finalmente, aparece el fenómeno de la retrospectividad de la ley, que al igual que el primer
supuesto aplica en el caso de un tránsito normativo, suponiendo la posibilidad de que la
nueva norma gobierne situaciones fácticas y jurídicas que han estado reguladas por la
disposición precedente pero que siguen en curso puesto que no se han consolidado para
el momento en que aquella entra en rigor. La finalidad que pretende satisfacer esta figura
es que las personas puedan beneficiarse con la aplicación de una nueva norma que

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, expediente 13001 23-33-000-2015-00702-
01 (1100-2020), M.P. William Hernández Gómez.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00175 01 (1475-2022)
Demandante: Ciro Alfonso Miranda Quintero y Otro

propende por la garantía de derechos ligados al concepto de dignidad humana y a la
superación de situaciones de desigualdad y marginación.

Específicamente en materia de pensión de sobrevivientes, es necesario traer a colación
lo sostenido en sentencia del 25 de abril de 2013 por la Sección Segunda de esta
Corporación16, en la que consideró que la ley que resulta aplicable en este caso es la que
se encuentre vigente al momento en que se estructura el derecho, esto es, en la fecha en
que se produjo la muerte. Al respecto, señaló:

«[…] La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que en circunstancias especiales,
cuando un régimen pensional especial no satisface las mínimas garantías que sí satisface el
régimen general y cuando éste resulta más favorable que el especial, debe preferirse su
aplicación; no obstante, es necesario tener en cuenta que la ley favorable que se debe aplicar
es la que esté vigente al momento en que se habría causado el derecho. El derecho a la
pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado, es
decir, en el caso analizado las normas que gobiernan la pensión de sobrevivientes que
hubiera podido surgir con ocasión del fallecimiento del señor Jaime Reyes son las que
estaban vigentes el 19 de octubre de 1985, pues fue durante su vigencia cuando se
produjo el deceso y por tanto, cuando se pudo consolidar el presunto derecho reclamado.
La Ley 100 de 1993, que consagra el derecho pensional de sobrevivientes solicitado por la
accionante, entró en vigencia el 1º de abril de 1994, de conformidad con lo previsto en su artículo
151, que es del siguiente tenor literal:
[…]
En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al derecho pensional
consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que los derechos
prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se consolidaron en vigencia de la
normatividad anterior, la que exigía el requisito de tener 15 o más años de servicio activo y,
como no cumplió ese requisito, no era viable su reconocimiento.

Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la posición adoptada en
sentencias de abril 29 de 2010 y noviembre 1º de 2012 , en las que, en materia de sustitución
pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en
ejercicio de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura,
toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente
al momento del fallecimiento del causante y no una posterior.
Lo anterior, permite concluir que no se desvirtuó la legalidad del acto demandado, razón por la
cual se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda,
pero por las consideraciones antes expuestas. […]». (Negrillas de sala).

Por lo expuesto, la Sección precisó que en materia de reconocimiento de pensión de
sobrevivientes se debe aplicar la ley vigente al momento en que se habría causado el
derecho, es decir, la que rige a la fecha del fallecimiento del causante.»

31. De conformidad con el anterior marco legal y jurisprudencial, procede la Sala
a resolver la alzada.

2.5. Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
32. Sea lo primero señalar que los demandantes pretenden con fundamento en el
Decreto 2728 de 1969 se ascienda a su hijo al grado de cabo segundo y una vez
ocurrida esta situación se reliquiden las prestaciones a ellos reconocidas con
fundamento en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990; como fundamento de esa
solicitud piden aplicar el artículo 138 del Decreto 1793 de 2000, disposición según
la cual los soldados profesionales están sometidos al “Código Penal Militar, al
Reglamento del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares, a las normas
relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones
del personal de las Fuerzas Militares y a las normas que regulan el Sistema de Salud
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.”

33. En ese orden, en el plenario se encuentra acreditado que el SP Luis Alfonso
Miranda Álvarez (q.e.p.d.) prestó sus servicios al Ejército Nacional por espacio de 4

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, radicado:
Expediente N° 76001-23-31-000-2007-01611-01 (1605-09). Tesis que ha sido pacífica por esta Subsección en sentencias del
4 de marzo de 2021, radicado: 18001-23-33-000-2016-00218-01(4437-19); del 15 de julio de 2021, radicado: 25000-2342-
000-2013-05692-01(2433-17), entre otras.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00175 01 (1475-2022)
Demandante: Ciro Alfonso Miranda Quintero y Otro

años, 10 meses y 15 días17y fue retirado del servicio por muerte en combate según
informe administrativo por muerte 01 del 27 de mayo de 2010.18

34. La Secretaría General del Ministerio de Defensa a través de la Resolución 4091
del 16 de diciembre de 201119, reconoció con cargo al Ministerio de Defensa una
pensión mensual de sobrevivientes a partir del 27 de mayo de 2010, en cuantía de
$515.600, correspondiente al salario mensual legal vigente para el año 2010. Así
mismo ordenó pagar el 50% de la pensión a favor del señor Ciro Alfonso Miranda
Quintero en calidad de padre del causante y respecto al derecho de la madre precisó
“(…)Que hasta la fecha MARINA ALVAREZ MARTÍNEZ, madre del fallecido
Soldado Profesional, no se ha hecho presente a reclamar lo que por ley le pueda
corresponder, no ha acreditado la dependencia económica de conformidad con lo
establecido en el numeral 11,4 del artículo 11 de la norma Ibidem, razón por la cual
se dejará a salvo y en poder de este Ministerio el 50% restante de la pensión de
sobrevivientes, hasta tanto se haga la petición por parte de la interesada, sin
perjuicio de dar aplicación a la prescripción que prevé la ley.(…)”.

35. La pensión de sobrevivientes reconocida en esa oportunidad al señor Ciro
Alfonso Miranda Quintero fue liquidada al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1794
de 2000 y en concordancia con el Decreto 4433 de 2004, equivalente al 50% de las
partidas correspondientes a sueldo básico y prima de antigüedad 6.50%.

36. También milita en el plenario Resolución 157412 del 31 de mayo de 201320, por
medio de la cual la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional de
conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 2728 de 1968 reconoció
como beneficiaria de la cesantía definitiva causada con ocasión del deceso del SP
Luis Alfonso Miranda Álvarez a la señora Marina Martínez Álvarez en calidad de
madre del causante.

37. Ahora bien, en vista de que a través del presente medio de control se persigue
la reliquidación de la pensión de sobrevivientes, advierte la Sala la configuración de
la excepción de falta de legitimación en la causa por activa respecto a la señora
Marina Martínez Álvarez, ya que como se mencionó, con la Resolución 4091 de
2011, solo se reconoció la pensión de sobrevivientes al señor Ciro Alfonso Miranda
Quintero, mientras que respecto a la madre del causante y aquí demandante, se
sostuvo que no había presentado reclamación administrativa.

38. La legitimación en la causa constituye uno de los presupuestos necesarios para
que puedan prosperar las pretensiones de la demanda, pues ella se refiere «a la
relación directa entre la identidad del demandante con la persona a quien la ley le
otorga la vocación jurídica para reclamar la titularidad de un derecho»21.

39. Esta Corporación22 ha diferenciado la legitimación en la causa de hecho y
material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de
la demanda, es decir que quien presenta la demanda se encuentra legitimado por
activa, mientras que el sujeto a quien se le reclama el derecho o se le imputa el

17
Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 3 archivo ED_ONEDRIVE_1_2532022(.zip) NroActua 3 – 01Demanda.
PDF folio 27
18
Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 3 archivo ED_ONEDRIVE_1_2532022(.zip) NroActua 3 – 01Demanda.
PDF folio 32
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Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 3 archivo ED_ONEDRIVE_1_2532022(.zip) NroActua 3 – 01Demanda.
PDF folios 24 - 26
20
Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 3 archivo ED_ONEDRIVE_1_2532022(.zip) NroActua 3 – 01Demanda.
PDF folios 35 - 36
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 12 de diciembre de 2021, rad. n°. 20456.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos
mil cuatro (2004); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación número: 76001-23- 31-000-1993-0090-
01(14452).

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00175 01 (1475-2022)
Demandante: Ciro Alfonso Miranda Quintero y Otro

daño ostenta la legitimación en la causa por pasiva. Y la segunda, es condición
necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones
y/o a las excepciones, lo cual se define en la sentencia con fundamento en el
material probatorio recaudado en el respectivo proceso23.

40. Así, un sujeto puede estar legitimado en la causa de hecho, por cumplirse los
presupuestos formales para demandar, y, sin embargo, carecer de legitimación en
la causa material. Esta última dependerá de la existencia de un interés subjetivo,
serio y actual sobre el derecho reclamado, en el caso del demandante, o de la
efectiva vinculación del demandado con la obligación discutida. De allí que la
ausencia de legitimación material conduzca a la negativa de las pretensiones. Por
su parte, la legitimación en la causa por pasiva de hecho se relaciona con la
posibilidad de vincular válidamente al demandado al proceso, mientras que la
legitimación en la causa por pasiva material constituye un requisito para la
prosperidad de las pretensiones.

41. En ese orden, al no tener reconocida la prestación cuya reliquidación se
pretende, la señora Marina Martínez Álvarez carece de legitimación en la causa
material por activa para actuar en el presente asunto, y así se declarará de oficio.

42. En esa línea de consideraciones, el análisis de la reliquidación de la pensión de
sobrevivientes en los términos deprecados en la demanda se limitará al señor Ciro
Alfonso Miranda Quintero, quien fue reconocido como beneficiario de la prestación
a través de la Resolución 4091 del 16 de diciembre de 2011.

43. Aclarado lo anterior, estima la Sala que no le asiste razón al citado demandante
en cuanto a que es procedente el ascenso póstumo de su hijo soldado profesional
Luis Alfonso Miranda Álvarez (q.e.p.d.) al grado de cabo segundo de conformidad
con el Decreto 2728 de 1968, y por ende no hay lugar y a la consecuente
reliquidación de la pensión de sobrevivientes, teniendo en cuenta que la norma
vigente a la fecha en que se produjo el deceso del causante – 27 de mayo de 2010
• es el Decreto 4433 de 2004, que contempla el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes pero no el ascenso póstumo, figura que se encuentra prevista en el
Decreto 2728 de 1968, únicamente para efectos de la liquidación de la
indemnización o compensación por causa de muerte.

44. Así mismo y en atención a que el Decreto 4433 de 2004, no contempló el
ascenso póstumo del soldado profesional muerto en combate, el pago doble de las
cesantías definitivas, ni el reconocimiento de una compensación equivalente a 48
meses de haberes correspondiente al grado de cabo segundo, no es procedente
acceder a la reliquidación deprecada en la demanda.

45. En ese orden, esta Subsección comparte la conclusión del Tribunal en cuanto
a que no es posible aplicar de manera parcial las disposiciones en lo que resulte
más favorable de cada una de ellas, para así obtener el ascenso póstumo del
causante al grado de cabo segundo con fundamento en el Decreto 2728 de 1968 y

23 Y la Corte Suprema de Justicia ha considerado que la legitimación en la causa material no constituye un aspecto procesal,
sino sustancial, en tanto está directamente relacionada con la materia debatida en el litigio y no con los elementos que
componen la relación jurídico-procesal, ámbito al que corresponde la legitimación en la causa de hecho14. Así, para esa
Corporación, quien demanda debe tener un interés subjetivo, serio y actual respecto del derecho cuyo cumplimiento reclama;
y quien es demandado debe ser la persona que, conforme a la ley, está llamada a responder por las pretensiones objeto del
litigio. De no ser así, en el caso del demandante, el resultado será una sentencia desestimatoria de las pretensiones, por
carecer aquel de un interés serio y actual sobre la existencia o composición del derecho reclamado (CSJ Sala de Casación
Civil, 14 agosto de 1995, Rad. 4628, reiterado en CSJ Sala de Casación Civil, 26 jul. 2013, Rad. 2004-00263-01, CSJ Sala
de Casación Civil C. 11 noviembre de 2016, Rad. 16279)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00175 01 (1475-2022)
Demandante: Ciro Alfonso Miranda Quintero y Otro

reliquidar la pensión de sobrevivientes con fundamento en el artículo 189 del
Decreto 1211 de 1990, norma aplicable al personal de oficiales y suboficiales de las
fuerzas militares, toda vez que se estaría desconociendo el principio de
inescendibilidad normativa, más aún si se tiene en cuenta que existe disposición
especial que regula la situación prestacional del causante, esto es el Decreto 4433
de 200424.

46. Finalmente, la parte demandante alega la aplicación de los Decretos 2728 de
1968 ,1793 de 2000 y 1211 de 1990 en virtud del principio de favorabilidad, no
obstante conviene recordar que el Decreto 2728 de 1968, no contempla el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes sino de una indemnización a favor
de los beneficiarios del soldado profesional fallecido en combate y solo con la
expedición del Decreto 4433 de 2004, se permitió el reconocimiento pensional que
a todas luces es más favorable que la indemnización, pues se recuerda la pensión
de sobrevivientes busca proteger al núcleo familiar de la persona que fallece,
teniendo en cuenta que la familia es la base fundamental de la sociedad y goza de
especial protección por parte del Estado.

47. De otra parte, respecto al derecho a la igualdad en regímenes especiales, la
Corte Constitucional25 precisó su alcance así:

«(…) 3.1 El derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución, se
traduce en la identidad de trato que debe darse a aquellas personas que se encuentren
en una misma situación de igualdad y en la divergencia de trato respecto de las que
presenten características diferentes. El legislador debe tratar con identidad a las personas
que se encuentren en una misma situación fáctica y dar un trato divergente a quienes se
encuentren en situaciones diversas.

No obstante, el anterior enunciado puede presentar variables que por sí mismas no hacen
que una norma sea discriminatoria. Así, el legislador puede dar un trato distinto a personas
que, respecto de un cierto factor, se encuentren en un mismo plano de igualdad, pero que
desde otra óptica fáctica o jurídica, sean en realidad desiguales. Así mismo, la igualdad
no excluye la posibilidad de que se procure un tratamiento diferente para sujetos y hechos
que se encuentren cobijados bajo una misma hipótesis, pero siempre y cuando exista una
razón objetiva, suficiente y clara que lo justifique.

De este modo, no existe trato discriminatorio cuando el legislador otorga un tratamiento
diferente a situaciones que, en principio, podrían ser catalogadas como iguales, si tal
igualdad sólo es aparente o si existe una razón objetiva y razonable que justifique el trato
divergente. De la misma manera, nada se opone a que el legislador prodigue un
tratamiento idéntico a situaciones aparentemente distintas, pero que respecto de cierto
factor, se encuentren en un mismo plano de igualdad.
Para que se verifique un trato discriminatorio es necesario que esa diferenciación
plasmada por el legislador sea odiosa y no responda a principios de razonabilidad y
proporcionalidad.»

48. Se concluye entonces que no basta con que se alegue vulneración al derecho
a la igualdad, sino que se debe verificar un trato discriminatorio que no responda a
los principios de racionabilidad y proporcionalidad; además se debe tener en cuenta
que el legislador antes de la expedición de la ley realiza un estudio objetivo para
determinar el régimen salarial y prestacional de cada servidor atendiendo a las
funciones y responsabilidades que realiza al interior de la entidad.

49. En ese orden, no existe una desigualdad respecto de los soldados
profesionales, porque ellos son beneficiarios de una regulación propia, además no

24 En sentido similar ha fallado esta Sección en sentencias de 24 de febrero de 2022, expediente 13001-23-33-000-2015-
00702-01 (1100-2020), 9 de mayo de 2024, expediente 52001-23-33-000-2019-00300-01 (3975-2022), 5 de febrero de 2026,
expediente 81001-23-39-000-2021-00098-01 (1404-2025)
25
Corte Constitucional, C-229 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00175 01 (1475-2022)
Demandante: Ciro Alfonso Miranda Quintero y Otro

existe un mandato que obligue al legislador a contemplar el mismo régimen salarial
y prestacional para soldados profesionales, oficiales y suboficiales, más si se tiene
en cuenta que las cargas y responsabilidades asignadas a cada uno de ellos al
interior de la institución castrense son distintas.

50. En consecuencia, la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de
legalidad que ampara a los actos administrativos demandados, razón por la cual se
confirmará la sentencia de primera instancia en tanto negó las pretensiones
incoadas.

2.6. Conclusión
51. En atención a lo anterior, se impone confirmar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que la norma vigente a la fecha
en que se causó el deceso del SP (F) Luis Alfonso Miranda Álvarez corresponde al
Decreto 4433 de 2004, norma con fundamento en la cual la entidad efectuó el
reconocimiento y liquidación de la pensión de sobrevivientes.

2.7. Condena en costas en segunda instancia
52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

54. En tal virtud, contrario a lo alegado con el recurso, la eventual condena se
impondrá a la parte vencida teniendo en cuenta que los argumentos del recurso de
apelación no prosperan, además si bien se alega una precaria condición económica
de los demandantes, la misma no se encuentra probada, en consecuencia, la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

55. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante pues no
prosperó el recurso de apelación interpuesto. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Nariño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00175 01 (1475-2022)
Demandante: Ciro Alfonso Miranda Quintero y Otro

PRIMERO. DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en
la causa por activa de la señora Marina Álvarez Martínez, conforme a lo expuesto
en precedencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de septiembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda,
por lo ya expuesto.

TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, conforme lo
indicado en la parte motiva.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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