Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2021-00098-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2021-00098-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 81001-23-39-000-2021-00098-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Cinco (05) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 81001-23-39-000-2021-00098-01 (1404-2025)
Demandante: Ana Edilma Martínez Mateus
Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sustitución pensional
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del Primero (1°) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca1, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda2.
1.1.1. Pretensiones.
La señora Ana Edilma Martínez Mateus, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
con el propósito de:
(i) Solicitar la nulidad de la Resolución Número 1028 del Veintidós (22) de
Abril de Dos Mil Cinco (2005), así como de la Comunicación Oficial Radicado
1
Sala conformada por las Magistradas Gladys Teresa Herrera Monsalve, Lida Yannette Manrique Alonso y Yenitza
Mariana López Blanco.
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 4 –
2_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTE(.RAR)– 03DemandayAnexos.
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Número Interno: 1404-2025
Demandante: Ana Edilma Martínez Mateus
Demandado: Nación - Ministerio de Defesa - Ejército Nacional.
20193042153971 del Treinta y Uno (31) de Octubre de Dos Mil Diecinueve
(2019) y de la Comunicación Oficial Radicado Número 20193672193821 del
Siete (07) de Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), mediante las cuales,
se negó el reconocimiento del ascenso póstumo del Soldado Profesional
César Darío Martínez y, el reconocimiento y pago de la compensación por
muerte, junto con el pago doble de cesantías, solicitados con ocasión de su
fallecimiento en combate.
ii) A título de restablecimiento del derecho solicitó, ordenar al Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, el reconocimiento del ascenso póstumo
del Soldado Profesional Cesar Darío Martínez, al grado de Cabo Tercero, con
fecha fiscal Veinticuatro (24) de Enero de Dos Mil Cuatro (2004), así como, el
reconocimiento y pago, de las diferencias dejadas de percibir por concepto de
mesadas pensionales, primas y mesadas adicionales causadas desde la
referida fecha y hacia el futuro, debidamente indexadas.
1.1.2 Hechos
Se indicó en la demanda que, el señor César Darío Martínez, quien se
desempeñaba como Soldado Profesional del Ejército Nacional, falleció el
Veinticuatro (24) de Enero de Dos Mil Cuatro (2004), en el municipio de Fortul
(Arauca), como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo tipo
carro bomba, atribuida a integrantes del ELN. Según el Informativo
Administrativo por Muerte No. 001 de 2004, su deceso fue calificado como:
«muerte en combate o como consecuencia de la acción del enemigo».
Señala que, con fundamento en dicho informativo, la Secretaría General del
Ministerio de Defensa Nacional, expidió la Resolución No. 1028 del Veintidós
(22) de Abril de Dos Mil Cinco (2005), mediante la cual, reconoció a favor de
la señora Ana Edilma Martínez Mateus, en calidad de madre del causante, una
pensión de sobrevivientes, equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, sin adelantar previamente, trámite alguno de ascenso póstumo.
A juicio de la demandante, al momento del fallecimiento del soldado, se
encontraban vigentes normas que habilitaban el ascenso póstumo y el
reconocimiento de prestaciones económicas, derivadas de dicho ascenso,
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Número Interno: 1404-2025
Demandante: Ana Edilma Martínez Mateus
Demandado: Nación - Ministerio de Defesa - Ejército Nacional.
particularmente el Decreto 2728 de 1968, el Decreto 1790 de 2000 y,
posteriormente, el Decreto 4433 de 2004, disposiciones que —según
sostiene— no fueron aplicadas por la administración.
Expone que, el Veintiséis (26) de Septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), la
señora Martínez Mateus, elevó petición ante el Ministerio de Defensa Nacional,
solicitando: (i) el ascenso póstumo del causante al grado de Cabo Tercero; (ii)
el reconocimiento de la compensación por muerte; (iii) el pago doble de
cesantías; y (iv) la reliquidación de la pensión de sobrevivientes, conforme al
grado de suboficial, con el consecuente pago de las diferencias pensionales,
desde el Veinticuatro (24) de Enero de Dos Mil Cuatro (2004).
Dicha solicitud fue negada mediante varias comunicaciones oficiales,
expedidas entre los meses de octubre y noviembre de Dos Mil Diecinueve
(2019), por el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección de Personal del
Ejército Nacional y la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional,
en las cuales, se rechazó el ascenso póstumo y las prestaciones reclamadas.
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación.
La parte actora invocó como normas violadas, las siguientes:
Constitución Política: Preámbulo y artículos 1, 2, 4, 13, 29, 53, 89, 90 y 91,
Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo adicional en
materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Ley 923 de 2004, el
Decreto 2728 de 1968, Decreto 1790 de 2000, artículos 33 y 34, Decreto 4433
de 2004, artículos 13 y 19 y la Ley 1437 de 2011, artículos 1, 2, 3 y 5.
La parte demandante sostiene que, los actos administrativos demandados,
desconocen el régimen jurídico aplicable a los eventos de muerte en combate,
de los miembros de la Fuerza Pública, al omitir el reconocimiento del ascenso
póstumo y de las prestaciones económicas que legalmente se derivan de este,
pese a encontrarse acreditada la ocurrencia del deceso, en acción del
enemigo.
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Número Interno: 1404-2025
Demandante: Ana Edilma Martínez Mateus
Demandado: Nación - Ministerio de Defesa - Ejército Nacional.
Afirma que, el Decreto 2728 de 1968, se encontraba vigente y resulta aplicable
a los soldados profesionales, por lo que la administración incurrió en una
aplicación indebida e incompleta de la normativa que regula la materia,
vulnerando los principios de igualdad, favorabilidad, progresividad y no
regresividad, en el ámbito de los derechos sociales.
Así mismo, considera que, al liquidar la pensión de sobrevivientes con base
en el salario mínimo legal mensual vigente, y no en las partidas computables
correspondientes al grado de suboficial, que debía reconocerse por ascenso
póstumo, se produjo una afectación al derecho al debido proceso
administrativo, al derecho a la seguridad social y al principio de legalidad,
generando un perjuicio económico continuado a la beneficiaria.
Finalmente, se aduce que, la negativa administrativa, desconoce la
jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, en la cual, se ha reconocido
la procedencia del ascenso póstumo y la compatibilidad de las prestaciones
derivadas del mismo, con la pensión de sobrevivientes, en los casos de
fallecimiento en combate.
1.3 Contestación de la demanda3.
La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que, los actos
administrativos acusados, se ajustan al ordenamiento jurídico y se encuentran
amparados por la presunción de legalidad.
En primer lugar, sostuvo que, la Resolución No. 1028 del Veintidós (22) de
Abril de Dos Mil Cinco (2005), mediante la cual, se reconoció la pensión de
sobrevivientes a favor de Ana Edilma Martínez Mateus, adquirió firmeza, al no
haberse interpuesto oportunamente los recursos en sede administrativa, ni la
acción judicial dentro del término legal, por lo que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, se encontraría caducada frente a dicho acto.
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 11.
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Número Interno: 1404-2025
Demandante: Ana Edilma Martínez Mateus
Demandado: Nación - Ministerio de Defesa - Ejército Nacional.
Señaló que, respecto de las comunicaciones expedidas entre los meses de
octubre y noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), la entidad demandada
afirmó que, estas se limitaron a reiterar la correcta aplicación de la normativa
vigente al momento del fallecimiento del soldado, sin que en ellas se configure
vulneración alguna de derechos.
En cuanto al ascenso póstumo, la demandada argumentó que, el señor Cesar
Darío Martínez, ostentaba la condición de Soldado Profesional, razón por la
cual, no resultan aplicables las disposiciones que regulan el régimen de
carrera y ascensos de oficiales y suboficiales, en particular las previstas en el
Decreto 1790 de 2000. Sostuvo que, el régimen aplicable era el propio de los
soldados profesionales, inicialmente regulado por los Decretos 1793 y 1794 de
2000, y posteriormente por el Decreto 4433 de 2004, normas que —según
indicó— no consagran el ascenso póstumo para dicho personal.
Afirmó que, la pensión de sobrevivientes fue reconocida conforme a lo
dispuesto en el Decreto 4433 de 2004, bajo las reglas aplicables a los soldados
profesionales fallecidos en combate, por lo que, no era procedente su
reliquidación, con base en las partidas computables previstas para
suboficiales.
Así mismo, negó la procedencia del reconocimiento de la compensación por
muerte, el pago de cuarenta y ocho (48) meses de haberes y el pago doble de
cesantías, al considerar que, dichas prestaciones se encuentran atadas al
ascenso póstumo, o a regímenes normativos no aplicables al caso concreto.
De otro lado, propuso como defensa procesal, la falta de agotamiento de la vía
gubernativa y reiteró la caducidad de la acción, al señalar que, la demandante
no interpuso los recursos administrativos obligatorios contra la Resolución No.
1028 de 2005, ni ejerció oportunamente el medio de control4.
4
Sobre este punto, el Tribunal Administrativo de Arauca, en audiencia inicial celebrada el Diecisiete (17) de Febrero
de Dos Mil Veintidós (2022), dentro del proceso radicado 81001-23-39-000-2021-00098-00, resolvió el saneamiento
del proceso y descartó expresamente la configuración de la falta de agotamiento de la vía gubernativa y de la
caducidad del medio de control, al concluir que el acto administrativo demandado únicamente era susceptible del
recurso de reposición —no obligatorio— y que, además, se trataba de un acto que reconocía una prestación periódica,
asimilable a una pensión, frente a la cual la acción puede ejercerse en cualquier tiempo. En consecuencia, declaró
saneado el proceso hasta dicha etapa, decisión que quedó en firme al no haberse interpuesto recurso alguno.
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Número Interno: 1404-2025
Demandante: Ana Edilma Martínez Mateus
Demandado: Nación - Ministerio de Defesa - Ejército Nacional.
1.4 La sentencia de primera instancia5.
El Tribunal Administrativo de Arauca, mediante sentencia proferida el Primero
(1°) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), negó las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas.
Como sustento de su decisión, el Tribunal indicó que, el régimen aplicable al
caso, que resultaba más favorable para la demandante, eran los preceptos
contenidos en los Decretos 1793 y 1794 de 2000, propios de los soldados
profesionales, los cuales no contemplan el beneficio del ascenso póstumo, la
compensación por muerte, ni el pago doble de cesantías, prerrogativas
previstas en el Decreto 2728 de 1968, normativa que —a juicio del A-quo— no
resulta aplicable a dicha categoría de personal, a la fecha del fallecimiento.
Destacó, además, que dicho decreto no consagra pensión de sobrevivientes,
mientras que, el régimen especial vigente, sí otorga una prestación periódica
más favorable a los beneficiarios.
Así mismo, precisó que, no era procedente aplicar el principio de favorabilidad
para fragmentar regímenes normativos distintos, en atención al principio de
inescindibilidad o conglobamento, reiterado por la jurisprudencia de unificación
del Consejo de Estado.
En igual sentido, descartó la aplicación de la sentencia de unificación del
Cuatro (04) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018)6, por tratarse de
supuestos fácticos distintos, referidos a soldados voluntarios fallecidos antes
del Siete (07) de Agosto de Dos Mil Dos (2002).
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que, la parte demandante
no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados, razón
por la cual, negó en su totalidad las pretensiones de la demanda y declaró que
no había lugar a condena en costas.
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 25.
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SU- CE-SUJ-SII-013-2018 del 4 de octubre de 2018.
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Número Interno: 1404-2025
Demandante: Ana Edilma Martínez Mateus
Demandado: Nación - Ministerio de Defesa - Ejército Nacional.
1.5 El recurso de apelación7
La parte demandante, por intermedio de su apoderado judicial, interpuso y
sustentó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Arauca, el Primero (01) de Noviembre de Dos Mil
Veinticuatro (2024), mediante la cual, se negaron las pretensiones de la
demanda.
El recurrente manifestó su inconformidad con la decisión, al considerar que, el
A-quo incurrió en una interpretación restrictiva y desfavorable del régimen
prestacional aplicable, al negar el reconocimiento del ascenso póstumo, la
compensación por muerte, el pago doble de cesantías y la consecuente
reliquidación de la pensión de sobrevivientes a favor de Ana Edilma Martínez
Mateus, con ocasión del fallecimiento de su hijo, Cesar Darío Martínez,
ocurrido el Veinticuatro (24) de Enero de Dos Mil Cuatro (2004), en muerte en
combate o por acción directa del enemigo, según el informativo administrativo
por muerte No. 001, de la misma fecha.
Sostuvo el apelante que, el Tribunal desconoció las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en las que se produjo el deceso del soldado profesional, pese
a estar plenamente acreditado que ocurrió en combate, lo cual —a su juicio—
imponía la aplicación del Decreto 2728 de 1968, norma que, afirma, no ha sido
derogada y reconoce el ascenso póstumo, el pago de cuarenta y ocho (48)
meses de haberes del nuevo grado y el pago doble de cesantías, beneficios
que considera compatibles con la pensión de sobrevivientes.
Adujo que, la sentencia apelada vulneró los principios constitucionales de
favorabilidad, igualdad y progresividad, al estimar como más favorable el
régimen de los Decretos 1793 y 1794 de 2000, sin permitir la aplicación de las
prerrogativas previstas en el Decreto 2728 de 1968, lo que —en su criterio—
implicó aplicar la normativa más desfavorable a la madre de un soldado
fallecido en combate.
Así mismo, cuestionó la negativa del A-quo, a aplicar la jurisprudencia de
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 29.
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Número Interno: 1404-2025
Demandante: Ana Edilma Martínez Mateus
Demandado: Nación - Ministerio de Defesa - Ejército Nacional.
unificación del Consejo de Estado del Cuatro (04) de Octubre de Dos Mil
Dieciocho (2018), al estimar que, pese a referirse a soldados voluntarios, su
ratio decidendi es extensible a los soldados profesionales fallecidos por acción
directa del enemigo, en atención al carácter honorífico del ascenso póstumo y
a la necesidad de equiparar el tratamiento prestacional entre los distintos
estamentos de la Fuerza Pública.
El recurrente sostuvo que, la jurisprudencia ha reconocido históricamente la
compatibilidad entre el ascenso póstumo y la pensión de sobrevivientes, y
negar tales beneficios, configura un trato discriminatorio, contrario a los
artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política.
Finalmente, solicitó la revocatoria de la sentencia apelada y, en su lugar, que
se acceda a las pretensiones de la demanda, reconociendo el ascenso
póstumo del causante, los beneficios económicos derivados de aquel y la
reliquidación de la pensión de sobrevivientes, conforme al grado de suboficial,
desde el Veinticuatro (24) de Enero de Dos Mil Cuatro (2004).
1.6 Trámite de segunda instancia
Por medio de auto del Diez (10) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)8, el
consejero ponente admitió el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el
artículo 247 del CPACA y, al no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo.
El Ministerio Público9 emitió el concepto respectivo, en el que pidió confirmar la
sentencia de primera instancia; lo anterior, al considerar que, no resulta
procedente aplicar el artículo 8.º del 2728 de 1968, ni los 95 de 1989 o 1211 de
1990, por cuanto, dichas disposiciones estaban dirigidas a soldados voluntarios
y dejaron de ser aplicables con la creación del régimen especial de los soldados
profesionales, vigente para la fecha del deceso.
Asimismo, precisó que la sentencia de unificación del Consejo de Estado del
Cuatro (04) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018), no es aplicable al caso
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Samai - índice 4.
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Samai - índice 00013.
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Número Interno: 1404-2025
Demandante: Ana Edilma Martínez Mateus
Demandado: Nación - Ministerio de Defesa - Ejército Nacional.
concreto, dado que, se circunscribe a soldados voluntarios fallecidos antes del
Siete (07) de Agosto de Dos Mil Dos (2002), y parte de un contexto normativo y
fáctico distinto, que no se reproduce en el presente asunto.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA.
Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 32810 del Código General
del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2 Problema jurídico
Corresponde a la Sala, determinar si, la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Arauca, debe ser revocada y, en su lugar, se debe declarar la
nulidad de los actos administrativos demandados, a efectos de establecer si
resulta jurídicamente viable, el reconocimiento del ascenso póstumo del
soldado profesional César Darío Martínez y, como consecuencia de ello, la
reliquidación de la pensión de sobrevivientes y el reconocimiento de las
prestaciones económicas reclamadas, a la luz del marco normativo y
jurisprudencial aplicable.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Marco normativo; 2.2.2. Pruebas recaudadas; y 2.2.3 Caso
concreto.
10
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
10
Número Interno: 1404-2025
Demandante: Ana Edilma Martínez Mateus
Demandado: Nación - Ministerio de Defesa - Ejército Nacional.
2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial.
2.2.1.1 Régimen normativo aplicable a la muerte en combate de miembros
de la Fuerza Pública.
Como lo ha sostenido de manera reiterada la Sala11, los miembros de la Fuerza
Pública, se encuentran sometidos a un régimen prestacional especial,
justificado en la naturaleza del servicio, el riesgo permanente al que se
exponen y la función constitucional que desempeñan, lo cual legitima un
tratamiento diferenciado, frente al régimen general de seguridad social.
En tal sentido, la Sala ha sostenido, que: «el régimen prestacional aplicable a los
miembros de la Fuerza Pública constituye un sistema especial y autónomo, cuya finalidad es
reconocer las particularidades del servicio armado y los riesgos excepcionales que comporta,
razón por la cual su interpretación y aplicación debe realizarse conforme a las normas
especiales que lo regulan, sin acudir de manera supletoria al régimen general, salvo expresa
remisión normativa.»12
Asimismo, esta Corporación ha indicado que, en materia de pensión de
sobrevivientes de miembros de la Fuerza Pública, la normatividad aplicable es
aquella vigente al momento del fallecimiento del causante, por ser ese el
instante en que se consolida el derecho prestacional. Al respecto, se ha
señalado13:
«La pensión de sobrevivientes se causa con el fallecimiento del afiliado o del miembro
de la Fuerza Pública, de manera que el régimen jurídico aplicable es el vigente para
esa fecha, sin que resulte jurídicamente admisible aplicar disposiciones posteriores o
derogada(s), so pretexto de una interpretación extensiva o favorable .»
En concordancia con lo anterior, esta Subsección ha precisado que, la muerte
en combate constituye un supuesto cualificado, que activa un régimen de
protección reforzada para los beneficiarios del causante, siempre dentro del
11
Sentencia de Unificación SU- CE-SUJ-SII-013-2018 SUJ-013-S22002.
12
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Cuatro (04) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018), radicación
05001-23-33-000-2013-00741-01 (4648-2015).
13
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Dieciocho (18) de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019), radicación
81001-23-39-000-2015-00279-01 (1557-2017).
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Número Interno: 1404-2025
Demandante: Ana Edilma Martínez Mateus
Demandado: Nación - Ministerio de Defesa - Ejército Nacional.
marco normativo especial vigente14:
«La muerte en combate o como consecuencia de la acción del enemigo es un hecho
jurídicamente relevante que genera consecuencias prestacionales específicas dentro
del régimen especial de la Fuerza Pública, las cuales deben ser reconocidas conforme
a las normas vigentes para la fecha del deceso, sin que sea posible extender
beneficios previstos para otros regímenes o calidades del persona .»
Bajo ese entendido, esta Sala ha advertido que 15, la especialidad del régimen,
impide la aplicación de normas derogadas que regulaban situaciones distintas,
como ocurrió con los soldados voluntarios o regímenes anteriores a la
profesionalización del servicio militar: «No resulta jurídicamente viable aplicar
disposiciones derogada(s) que regulaban el régimen de soldados voluntarios a quienes
ostentan la calidad de soldados profesionales, pues estos últimos se encuentran sometidos a
un marco normativo propio, integral y excluyente, diseñado específicamente para regular su
situación prestacional.»
En consecuencia, ha concluido la Sala que, el análisis del derecho a la pensión
de sobrevivientes, así como de las prestaciones asociadas a la muerte en
combate, debe efectuarse a partir del régimen especial vigente, sin acudir a
figuras como el ascenso póstumo, cuando este no se encuentra previsto en la
normatividad aplicable, pues, como se precisó16: «La inexistencia de previsión
normativa expresa sobre el ascenso póstumo dentro del régimen especial de los soldados
profesionales impide su reconocimiento, aun cuando la muerte se haya producido en combate,
pues el juez no puede crear prestaciones ni extender beneficios no contemplados por el
legislador o el reglamento.»
2.2.2. Hechos probados y valoración del material probatorio.
i. Se encuentra probado que el señor Cesar Darío Martínez nació el Catorce
(14) de Mayo de Mil Novecientos Setenta y Ocho (1978), según consta en el
respectivo registro civil de nacimiento17, documento que acredita igualmente,
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Veintisiete (27) de Febrero de Dos Mil Veinte
(2020), radicación 68001-23-33-000-2016-00345-01 (2341-2018).
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Veintidós (22) de Octubre de Dos Mil Veintiuno
(2021), radicación 81001-23-39-000-2017-00198-01 (3086-2019)
16
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Diez (10) de Marzo de Dos Mil Veintidós (2022), radicación 81001-
23-39-000-2018-00067-01 (4021-2020)
17
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 4 –
2_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTE(.RAR)– 03DemandayAnexos, folio 26.
12
Número Interno: 1404-2025
Demandante: Ana Edilma Martínez Mateus
Demandado: Nación - Ministerio de Defesa - Ejército Nacional.
que es hijo de la señora Ana Edilma Martínez Mateus, quien actúa en el
presente proceso en calidad de demandante.
ii. Está acreditado que el señor Cesar Darío Martínez, falleció el Veinticuatro
(24) de Enero de Dos Mil Cuatro (2004), cuando se encontraba prestando sus
servicios al Ejército Nacional, en calidad de Soldado Profesional.
De acuerdo con lo consignado en el Informativo Administrativo por Muerte No.
Cero Cero Uno (001) de Dos Mil Cuatro (2004)18, el deceso se produjo como
consecuencia de una explosión, hecho que fue oficialmente calificado como:
“Muerte en combate o como consecuencia de la acción del enemigo”.
iii. Mediante Resolución No. 1028 del Veintidós (22) de Abril de Dos Mil Cinco
(2005)19, la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, reconoció
y ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Ana
Edilma Martínez Mateus, en su condición de madre del causante y beneficiaria
preferencial.
En dicho acto administrativo se dejó constancia, entre otros aspectos, de que:
• El soldado profesional Cesar Darío Martínez, completó un tiempo de
servicio de Cinco (05) años y Ocho (08) meses, incluido el servicio
militar obligatorio y el servicio voluntario, conforme a la Hoja de
Servicios No. Ciento Cuarenta Mil Ochocientos Sesenta y Ocho
(140868) del Quince (15) de Marzo de Dos Mil Cuatro (2004).
• La pensión fue reconocida con fundamento en el Decreto 1794 de 2000,
en concordancia con el Decreto 4433 de 2004, y liquidada en un
porcentaje equivalente al Cincuenta por Ciento (50%) de las partidas
computables.
• Se dispuso su pago a partir del Veinticuatro (24) de Enero de Dos Mil
Cuatro (2004), fecha del fallecimiento del causante.
18
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 4 –
2_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTE(.RAR)– 03DemandayAnexos, folio 27.
19
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 4 –
2_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTE(.RAR)– 03DemandayAnexos, folio 28 a 29.
13
Número Interno: 1404-2025
Demandante: Ana Edilma Martínez Mateus
Demandado: Nación - Ministerio de Defesa - Ejército Nacional.
iv. Resolución No. 38221 del Veintiséis (26) de Julio de Dos Mil Cuatro
(2004)20, mediante la cual, el Ejército Nacional reconoció y ordenó el pago de
determinadas prestaciones sociales, consistentes específicamente, en una
bonificación, por valor de Dos Millones Setecientos Treinta y Tres Mil
Veinticuatro pesos ($2.733.024,00), y cesantía definitiva, por la suma de
Novecientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Veintiún Pesos ($943.221,00),
para un total de Tres Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Doscientos
Cuarenta y Cinco Pesos ($3.676.245,00), con cargo al presupuesto del Ejército
Nacional, con fundamento en el Expediente No. 349943 de Dos Mil Cuatro
(2004), teniendo como beneficiaria a la señora Ana Edilma Martínez Mateus.
v. Oficio No. 20193042153971, de fecha Treinta y Uno (31) de Octubre de Dos
Mil Diecinueve (2019)21, mediante el cual, la Dirección de Personal del Ejército
Nacional, negó la solicitud de la demandante, encaminada al reconocimiento
del ascenso póstumo del soldado Cesar Darío Martínez (Q.E.P.D.).
En dicho oficio se indicó, en lo pertinente, que el causante ingresó como
soldado profesional, el Primero (01) de Noviembre de Dos Mil Tres (2003),
bajo la vigencia del Decreto Ley 1793 de 2000, y que el régimen prestacional
aplicable —Decretos Ley 1794 de 2000 y 4433 de 2004— no contempla el
beneficio del ascenso póstumo para los soldados profesionales.
vi. Oficio No. 20193672193821, fechado el Siete (07) de Noviembre de Dos Mil
Diecinueve (2019)22, a través del cual, la Dirección de Prestaciones Sociales
del Ejército Nacional informó que, conforme a la Resolución No. 38221 del
Veintiséis (26) de Julio de Dos Mil Cuatro (2004), únicamente se reconocieron
y pagaron prestaciones por concepto de bonificación y cesantía definitiva, sin
que procediera el reconocimiento de compensación por muerte, ni el pago
doble de cesantías, por no estar previstos dichos beneficios en el régimen
aplicable a los soldados profesionales.
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 4 –
2_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTE(.RAR)– 03DemandayAnexos, folio 32 a 35.
21
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 4 –
2_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTE(.RAR)– 03DemandayAnexos, folio 36 y 37.
22
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 4 –
2_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTE(.RAR)– 03DemandayAnexos, folio 31.
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2.5. Caso concreto.
En el sublite, no existe controversia en cuanto a que, el señor César Darío
Martínez, a la fecha de su fallecimiento —Veinticuatro (24) de Enero de Dos Mil
Cuatro (2004)—, ostentaba la calidad de soldado profesional del Ejército
Nacional, circunstancia plenamente acreditada en el expediente y reconocida
por las partes.
Tampoco se discute que, su deceso fue calificado oficialmente como «muerte
en combate o como consecuencia de la acción del enemigo». No obstante lo
anterior, como lo ha sostenido de manera reiterada esta Sección, el
reconocimiento de prestaciones derivadas del fallecimiento de miembros de la
Fuerza Pública, debe efectuarse con estricta sujeción al régimen especial
vigente para la categoría del personal y a la fecha del deceso, sin que resulte
jurídicamente admisible, trasladar beneficios previstos para otros regímenes o
calidades.
En ese sentido, para la fecha del fallecimiento del causante, ocurrida el
Veinticuatro (24) de Enero de Dos Mil Cuatro (2004), el régimen aplicable a los
soldados profesionales, estaba conformado principalmente, por los Decretos
Ley 1793 y 1794 de 2000, así como, por el Decreto 4433 de 2004, normas que
regulan de manera integral y excluyente su situación prestacional.
No obstante, si bien el Decreto 4433 de 2004, entró en vigencia con
posterioridad, esto es, el Treinta y Uno (31) de Diciembre de Dos Mil Cuatro
(2004), resulta aplicable al caso concreto, en virtud de lo dispuesto en su
artículo 22, disposición de carácter especial, que extendió el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de soldados profesionales
incorporados a partir de la vigencia del Decreto-ley 1793 de 2000, sin supeditar
su aplicación a la fecha de expedición del decreto, razón por la cual gobierna
la situación prestacional debatida.
Así lo estableció esta Corporación, en la sentencia de unificación, del Cuatro
(04) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018)23, en la que determinó:
23 Sentencia de unificación por importancia jurídica SU- CE-SUJ-SII-013-2018 SUJ-013-S2.
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«Igualmente, conviene aclarar que el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 22,
incluyó como destinatarios a los beneficiarios de los soldados fallecidos entre el 7
de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, y teniendo en cuenta que dicha
norma fue expedida el 31 de diciembre de 2004, se generaría el interrogante de cuál
es la preceptiva que rige a dicho personal entre el 1 de enero y el 30 de diciembre
de 2004, duda que se disipa al corroborar que el proceso de incorporación de los
soldados voluntarios al régimen de carrera de soldados profesionales instaurado por
el Decreto 1793 de 2000, se adelantó de manera generalizada a través de las
Órdenes Administrativas de Personal 1241 de 20 de enero de 2001 y 1175 de 20
de octubre de 2003, por medio de las cuales el Ministerio de Defensa dispuso la
conversión obligatoria , situación que conllevó a que todos los soldados fueran ya
profesionales, lo cual los ubica en el primer inciso del referido artículo 22.»
Dicho marco normativo, no contempla el ascenso póstumo, como una
prerrogativa reconocible a los soldados profesionales, aun en eventos de
muerte en combate, figura que, en todo caso, se encuentra regulada de manera
expresa y restrictiva en el artículo 19 del Decreto 4433 de 2004, en los
siguientes términos:
«ARTÍCULO 19. Muerte en combate. A la muerte de un Oficial, Suboficial, o
Soldado Profesional de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el
mantenimiento o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden y
proporción establecidos en el artículo 11 del presente Decreto, tendrán derecho, a
partir de la fecha del fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les pague una
pensión mensual reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional, la cual será
liquidada como a continuación se señala:
19.1. Para Oficiales y Suboficiales:
[...]
19.2. Para Soldados Profesionales:
19.2.1. El cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación
de retiro, si al momento de la muerte el Soldado tiene menos de veinte (20) años de
servicios.
19.2.2. Un monto equivalente al que habrían recibido como asignación de retiro
liquidada conforme a lo establecido por el artículo 16 del presente decreto.
…
ARTÍCULO 22. Pensiones de sobrevivencia de soldados profesionales. Los
beneficiarios de los Soldados Profesionales incorporados a partir de la entrada en
vigencia del Decreto-ley 1793 de 2000, tendrán derecho a que por el Tesoro Público
se les pague una pensión mensual de sobrevivientes reconocida por el Ministerio
de Defensa Nacional en las condiciones y con los requisitos previstos en el presente
decreto.
Igualmente, para los solos efectos previstos en el presente artículo, se entienden
como Soldados Profesionales, los Soldados Voluntarios que hubieren fallecido entre
el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, en las circunstancias
señaladas en el artículo 32 del presente decreto.»
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Así lo ha precisado esta Sala, al indicar que, la inexistencia de una previsión
normativa expresa, impide al juez reconocer prestaciones no consagradas por
el legislador o el reglamento, pues, ello implicaría desconocer el principio de
legalidad, que rige la función administrativa y judicial en materia prestacional.
En consecuencia, el ascenso póstumo —figura prevista para otras categorías
del personal militar en regímenes normativos distintos— no puede extenderse
por vía interpretativa a los soldados profesionales.
En igual sentido, resulta improcedente aplicar al caso concreto, las
disposiciones contenidas en el Decreto 2728 de 1968, por cuanto, dicho
estatuto estaba dirigido a los soldados voluntarios y responde a un contexto
normativo y estructural distinto, anterior a la profesionalización del servicio
militar; tal como lo ha señalado esta Corporación, la creación de un régimen
especial propio para los soldados profesionales, desplazó la aplicación de
normas anteriores que regulaban situaciones jurídicas diferentes.
De otra parte, la Sala comparte la conclusión del Tribunal, en cuanto a que, no
es jurídicamente admisible fragmentar regímenes normativos, para aplicar
selectivamente disposiciones que resulten más favorables al beneficiario, en
desconocimiento del principio de inescindibilidad o conglobamento,
reiteradamente acogido por la jurisprudencia de unificación del Consejo de
Estado.
La favorabilidad, no habilita la creación de un régimen híbrido, ni la combinación
de normas pertenecientes a estatutos distintos; así como tampoco, resulta
aplicable al caso concreto, la sentencia de unificación del Cuatro (04) de
Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018), invocada por la parte actora, en tanto y
en cuanto, dicha providencia se circunscribe a supuestos fácticos y normativos
claramente diferenciados, referidos a soldados voluntarios fallecidos antes del
Siete (07) de Agosto de Dos Mil Dos (2002), circunstancias que no se
reproducen en el presente asunto.
En cuanto a la pensión de sobrevivientes, se encuentra acreditado que, esta
fue reconocida mediante la Resolución No. 1028 del Veintidós (22) de Abril de
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Dos Mil Cinco (2005), con fundamento en el régimen especial aplicable a los
soldados profesionales, y liquidada conforme a las partidas computables
previstas para dicha categoría, sin que se evidencie vulneración alguna al
debido proceso, a la legalidad o al derecho a la seguridad social.
Finalmente, al no ser procedente el ascenso póstumo, tampoco hay lugar al
reconocimiento de la compensación por muerte, al pago de cuarenta y ocho
(48) meses de haberes, ni al pago doble de cesantías, por tratarse de
prestaciones que se encuentran normativamente vinculadas a regímenes
distintos al aplicable al causante.
Siendo así las cosas, la Sala concluye que, los actos administrativos
demandados se ajustan al ordenamiento jurídico, que la parte actora no logró
desvirtuar su presunción de legalidad y que la sentencia de primera instancia
se encuentra debidamente fundada.
2.6 Condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365
del Código General del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]».
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que, en el trámite no se observa
que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no
condenará en costas a la parte vencida.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: Ana Edilma Martínez Mateus
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FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el Primero (1°) de Noviembre
de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo de Arauca, que
negó las pretensiones de la demanda promovida por la señora Ana Edilma
Martínez Mateus, contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, encaminada al reconocimiento del ascenso póstumo del soldado
profesional César Darío Martínez (Q.E.P.D.) y, la consecuente reliquidación de
una pensión de sobrevivientes, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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