Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00478-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00478-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-00478-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
28 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE (E): LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00478-01 (0716-2019)
Demandante: Olga Yara Cortés
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 29 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que denegó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), la señora Olga Yara Cortés, por conducto de
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las
Resoluciones RPD 034182 del 10 de noviembre de 2014, RDP 001870 del 20 de
enero de 2015 y RDP 005055 del 6 de febrero de 2015, por medio de las cuales la
demandada le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación gracia.
1 Folios 2 al 10
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-0478-01 (0716-2019)
Demandante: Olga Yara Cortés
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a: i) reconocerle y pagarle la pensión gracia
a partir del 1 de diciembre de 2006, fecha en que adquirió su estatus de pensionada;
ii) pagar el valor de las mesadas atrasadas, ordinarias y adicionales, causadas a
partir del día 22 de julio de 2011, por efecto de la prescripción trienal, y hasta la
fecha en la cual sea incluida en nómina de pensionados; iii) ajustar los valores
conforme al IPC y aplicarles la indexación; y iv) pagar las costas y agencias en
derecho.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) La señora Yara Cortés nació el 22 de julio de 1947 y se desempeñó como docente
al servicio de la educación pública durante más de 26 años, así:
ADSCRITA A COLEGIO DESDE HASTA TOTAL TIEMPO
(DD-MM-AAAA) (DD-MM-AAAA)
Secretaría de Colegio Ntra. 01-01- 1968 30-03-1969 1 año + 2 meses
Educación Sra. de las (420 días)
Departamental Mercedes,
de Caquetá Paujil
Secretaría de Colegio Ntra. 01-02-1977 31-01-1985 8 años
Educación Sra. de las (2.880 días)
Departamental Mercedes,
de Caquetá Paujil
Secretaría de Liceo Fe y 13-02-1995 31-12-2002 7 años + 11 meses
Educación Alegría La (2.850 días)
Departamental Cima
de Antioquia
Secretaría de Liceo Fe y 01-01-2003 28-01-2010 7 años + 28 días
Educación Alegría La (2.548 días)
Municipal de cima
Medellín
Secretaría de Institución 29-01-2010 13-01-2011 11 meses + 15 días
Educación Educativa (345 días)
Municipal de San Vicente
Medellín de Paul
Secretaría de Institución 14-01-2011 02-07-2012 1 año + 6 meses + 19
Educación Educativa días
Municipal de Sol de (559 días)
Medellín Oriente
TOTAL 26 años + 242 días
(9.602 días)
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-0478-01 (0716-2019)
Demandante: Olga Yara Cortés
ii) El 22 de julio de 2014, una vez consolidado su estatus pensional, por haber
cumplido la edad de 50 años y más de 20 de servicios, solicitó a CAJANAL EICE en
liquidación el reconocimiento y pago de la pensión gracia, pero la entidad le negó la
prestación por medio de los actos acusados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 4 de
1966, 43 de 1975, 43 de 1976, 33 de 1985, 71 de 1988, 91 de 1989, 60 de 1993,
100 de 1993 y 812 de 1993; y los Decretos 1161 de 1989 y 1042 de 1978. Al
desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso lo
siguiente:
i) La señora Yara Cortés afirmó que esta cumplió con todos los requisitos dispuestos
en la norma para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia, a partir del
año en que adquirió su estatus de pensionada, y que la distinción legislativa de la
prestación de los servicios de los docentes en calidad de nacionalizados y no
nacionales resulta ser un criterio que atenta de forma grave contra el derecho a la
igualdad.
ii) La Ley 114 de 1913 fue creada a manera de dádiva o de una gracia que concedía
el Estado a los maestros que educaban a sus jóvenes. Y aunque la ley inicialmente
se creó exclusivamente para los docentes que laboraban en la educación primaria,
posteriormente sufrió múltiples modificaciones, extendiendo sus alcances
prácticamente a la totalidad de los educadores del país, como debe serlo en aras
de salvaguardar el principio de igualdad.
iii) Resulta discriminatorio y odioso que para algunos educadores como en el caso
de la señora Olga Yara Cortés, quien se vinculó al servicio de la educación pública
desde el año de 1968 y laboró en la Escuela Primaria durante más de 26 años, se
le niegue el derecho a acceder a la pensión y que la simple categorización de
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Demandante: Olga Yara Cortés
nacional o nacionalizado implique negarles a los primeros el derecho y otorgárselo
a los segundos.
1.2. Contestación de la demanda2
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda con el argumento de que no le
constan los nombramientos reseñados por la actora, por cuanto no fungió como
empleadora; sin embargo, se remite a la consideración que sobre los tiempos
laborados se realizó a través de los actos demandados, en virtud de los cuales
aquella prestó sus servicios como docente del orden nacional.
Propuso las excepciones de ausencia de vicios en los actos administrativos
demandados, inexistencia de la obligación y prescripción.
1.3. La sentencia apelada3
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 29 de octubre de
2018 denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
i) La UGPP expidió la Resolución RPD 034182 del 10 de noviembre de 2014, que
negó el reconocimiento de la pensión, en la que se dice que la Secretaría de
Educación Departamental de Caquetá documenta que la demandante ostentó una
vinculación nacional. Por otro lado, obra certificación expedida por la Secretaría de
Educación Departamental de Antioquia que hace constar que la interesada prestó
servicios desde el 13 de febrero de 1995 hasta el 2 de noviembre de 2001, como
docente de carácter nacional.
A su turno, la actora alega que le asiste el derecho a recibir la pensión gracia, ya
que prestó sus servicios como docente en instituciones educativas durante más de
20 años, y que si bien es cierto su vinculación fue como docente nacional tiene
2 Folios 141 al 145
3 Folios 178 al 184
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Demandante: Olga Yara Cortés
derecho a la pensión en virtud de principio de igualdad.
ii) Obran en el expediente los certificados laborales expedidos por la Gobernación
del Caquetá, por el municipio de Paujil y el municipio de Medellín que dan fe que la
actora prestó sus servicios como educadora con vinculación nacional. Dichos
tiempos no pueden ser valorados para el reconocimiento de la prestación
económica deprecada y la actora tampoco acredita que los tiempos laborados
hayan sido como docente territorial. En consecuencia, comoquiera que la pensión
gracia es un estímulo que se otorga a los docentes del nivel territorial, no es posible
computar los tiempos de servicio acreditados por la señora Yara Cortes, como
docente nacional, y, por tanto, no puede reconocérsele la pensión gracia.
1.4. El recurso de apelación4
La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia y pidió que se
revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Expuso las
siguientes razones de inconformidad:
i) No pueden tomarse como verdades absolutas los planteamientos del a quo, en la
medida en que, desde el año de 1913, cuando se creó la pensión gracia como una
dádiva o reconocimiento especial para los educadores de escuela primaria, la figura
ha sufrido modificaciones como es el caso de haberse extendido más tarde el
derecho para los educadores de las escuelas normales y finalmente, en la década
de los noventa, fue ampliado jurisprudencialmente a todos los educadores
nacionalizados, independientemente de que hubieren laborado en la enseñanza
primaria o secundaria.
ii) La pensión gracia es una prestación a cargo exclusivamente del Tesoro Nacional
y de carácter excepcional. La normatividad que la regula establece como requisitos
para acceder al derecho que el educador hubiere laborado veinte años al servicio
de la educación pública y haber cumplido cincuenta de edad. La cobertura del
4 Folios 189 al 191
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Demandante: Olga Yara Cortés
derecho se fue ampliando hasta que finalmente, en el año de 1998, la Corte
Constitucional estableció que el derecho cobijaba a todos los educadores estatales
sin importar que hubieren laborado o no en el sector de primaria.
iii) La Ley 43 de 1975 nacionalizó la educación pública y estableció que este servicio
está a cargo de la Nación. El Decreto 081 de 1976, encargó a CAJANAL EICE del pago
de la pensión gracia para los docentes. También es importante tener en cuenta que
los educadores están cobijados por un régimen especial de pensiones establecido
en la Ley 91 de 1989, refrendado en lo pertinente por la Ley 100 de 1993.
De manera pues que resulta inaceptable que a una persona que se desempeñó
durante más de 26 años al servicio de la educación pública, se le niegue su derecho
a acceder a la pensión gracia con el argumento que no fue nacionalizada, pues lo
cierto es que se vinculó al servicio de la educación pública desde mucho antes del
año de 1981 y laboró durante más de 9 años en las condiciones precarias propias
del departamento del Caquetá y negarle el reconocimiento equivale a vulnerarle su
derecho a la igualdad con otros docentes que habiéndose vinculado posteriormente
a ese año sí accedieron a tal beneficio.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
Las partes reiteraron los argumentos planteados en las diferentes etapas del
proceso.5
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no emitió concepto.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
5 Memoriales adjuntos a Samai, índices 10 y 20.
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Demandante: Olga Yara Cortés
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19286 y 37 de 19337 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 8
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».9
6 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública
tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
7 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter
legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
8 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio
de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
9 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente,
lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones
como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo
necesario para su sostenimiento.
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Demandante: Olga Yara Cortés
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia
no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores
locales o regionales».10
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas de
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,
radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-0478-01 (0716-2019)
Demandante: Olga Yara Cortés
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,11 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un
11 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-0478-01 (0716-2019)
Demandante: Olga Yara Cortés
plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la
pensión gracia».12
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:13
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que
la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».14
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes
territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando
el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los
derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para
obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos
en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-
2019-02219-01 (AC).
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-0478-01 (0716-2019)
Demandante: Olga Yara Cortés
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún
podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de
dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación
de la Ley 91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,15 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:16
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes
territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los
gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo
que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
16 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia
transcrita.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-0478-01 (0716-2019)
Demandante: Olga Yara Cortés
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».17
2.3. Hechos probados
➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
• Conforme al registro civil de nacimiento, la señora Olga Yara Cortés nació el 22 de
julio de 1947. Es decir, que cumplió 50 años el 22 de julio de 1997.18
• De acuerdo con el certificado expedido por la Secretaría de Educación del
Departamento de Caquetá, la señora Olga Yara Cortés prestó sus servicios a dicha
entidad por un lapso de 9 años, 2 meses y 29 días, así:
➢ Entre 1 de enero de 1968 y el 30 de marzo de 1969, nombrada por
Resolución 03 del 1 de enero de 1968
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18 Folio 11
12
Radicado: 05001-23-33-000-2016-0478-01 (0716-2019)
Demandante: Olga Yara Cortés
➢ Entre el 1 de febrero de 1977 y el 31 de enero de 1985, nombrada por
Resolución 04 del 1 de enero de 1997.
La certificación da cuenta de que durante los mencionados periodos se hicieron
aportes a la Caja Nacional de Previsión Social.19
• La Secretaría de Educación Departamental de Antioquia certificó que la actora
ingresó al servicio de la docencia en el colegio Liceo Fe y Alegría, de Medellín, por
medio del Decreto 142 del 1 de febrero de 1995 y que su retiro se causó el 31 de
diciembre de 2002.20 Del nombramiento en el mencionado establecimiento
educativo da cuenta la siguiente comunicación:
• Según el Certificado Laboral expedido por la Secretaría de Educación de Medellín,
la señora Yara Cortés fue incorporada como docente de básica secundaria de dicho
municipio por medio del Decreto 013 del 6 de enero de 2004 y se retiró el 3 de julio
de 2012.21
• El formato único de historia laboral expedido por la Secretaría de Educación de
Medellín da cuenta del ingreso de la demandante el 13 de febrero de 1995, por
medio de Decreto 142 del 1 de febrero de 1995, y de su retiro el 3 de julio de 2012.22
19 Folio 13
20 Folio 22
21 Folio 19
22 Índices 46 y 47 de Samai
13
Radicado: 05001-23-33-000-2016-0478-01 (0716-2019)
Demandante: Olga Yara Cortés
➢ Actuación administrativa
• El 23 de julio de 2014,23 la señora Olga Yara Cortés solicitó el reconocimiento y
pago de la pensión gracia.
• El 10 de noviembre de 2014, mediante Resolución RDP 34182, la Subdirectora de
Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP negó el reconocimiento
solicitado, al considerar que los tiempos de servicio acreditados por la docente
fueron prestados con nombramiento del orden nacional.24
23 Información contenida en la Resolución RDP 34182 del 10 de noviembre de 2014.
24 Folios 30 al 34.
14
Radicado: 05001-23-33-000-2016-0478-01 (0716-2019)
Demandante: Olga Yara Cortés
• El 20 de enero de 2015, por Resolución RDP 1870, se resolvió el recurso de
reposición25 y el 6 de febrero del mismo año, por medio de la Resolución RDP 5055,
se resolvió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes el acto inicial.26
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la
decisión del a quo que negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:
El apoderado de la accionante, tanto en el escrito de demanda como en el recurso
de apelación, hizo énfasis en que no es aceptable que a la actora se le niegue el
derecho a acceder a la pensión gracia con el argumento de que no fue
nacionalizada, pues la distinción legislativa de la prestación de los servicios de los
docentes en calidad de nacionalizados y nacionales resulta ser un criterio vulnera
el derecho a la igualdad.
Al respecto, se debe precisar que, tal como se dejó expuesto en el marco normativo
de esta providencia, para esta Subsección es claro que los docentes nacionales no
tienen derecho a beneficiarse de la pensión gracia regulada inicialmente en la Ley
114 de 1913, y ampliada en sus beneficiarios a partir de las Leyes 116 de 1928 y
37 de 1933. En efecto, si bien las mencionadas normas disponen que, además de
los maestros de escuelas primarias oficiales, también se debe reconocer el derecho
a profesores de escuelas normales, inspectores de instrucción pública y maestros
que hubiesen completado el tiempo de servicio señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria, dicho reconocimiento solo se predica
de estos grupos de docentes, siempre y cuando hubieran sido vinculados en una
plaza nacionalizada o territorial.
En ese orden, si el docente fue vinculado por el Ministerio de Educación Nacional,
25 Folios 40 al 42.
26 Folios 44 al 47.
15
Radicado: 05001-23-33-000-2016-0478-01 (0716-2019)
Demandante: Olga Yara Cortés
aunque hubiere prestado sus servicios en educación primaria, secundaria o
normalista, este no tendría derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia,
puesto que, se reitera, dicha prestación fue concebida por el legislador para
reconocerle a los maestros territoriales o nacionalizados un beneficio económico
que equilibrara los ingresos de estos respecto de los profesores nacionales, lo
anterior, ante el déficit fiscal en que se encontraban los entes territoriales para cubrir
el pago de salarios y prestaciones de los educadores que laboraban en el
magisterio.27
La señora Yara Cortés, para acreditar la vinculación anterior al 31 de diciembre de
1980, pretende que se compute el tiempo de servicio prestado en la Secretaría de
Educación del Caquetá, durante 9 años, 2 meses y 29 días. Sin embargo, dicho
periodo no resulta válido para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, pues,
como ella misma lo acepta, y así lo manifestó en la demanda y lo reiteró en el
recurso de apelación, se trata de una vinculación de carácter nacional.
Ahora bien, aunque los actos de nombramiento en dicha entidad no fueron
allegados al proceso, pese al requerimiento efectuado por esta Sala, por auto del
21 de marzo de 2024,28 la certificación expedida por el citado ente territorial da
cuenta de que se trató de una vinculación nacional, como se aprecia en la imagen:29
27 Véase la sentencia Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A; rad. 47001-23-31-000-2012-00294-01 (3421-2019), del 27 de julio de 2023, C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
28 Folios 237 y 238.
29 Folio 13
16
Radicado: 05001-23-33-000-2016-0478-01 (0716-2019)
Demandante: Olga Yara Cortés
En la certificación se advierte que la señora Yara Cortés fue nombrada docente en
el colegio Nuestra Señora de Las Mercedes, municipio de Paujil Caquetá), por
Resolución 03 del 1 de enero de 1968, y que renunció el 1 de abril de 1969.
Nuevamente fue nombrada en el mismo establecimiento educativo, por medio de la
Resolución 04 del 1 de febrero de 1977, donde permaneció hasta el 31 de enero de
1985, fecha en que renunció.
Se reitera que en el plenario no obran los actos de designación de la demandante
que permitan evidenciar qué autoridad los profirió; sin embargo, la aludida
certificación informa que durante los lapsos allí referidos se hicieron aportes a la
Caja Nacional de Previsión Social, lo cual pone en evidencia que la vinculación, en
17
Radicado: 05001-23-33-000-2016-0478-01 (0716-2019)
Demandante: Olga Yara Cortés
efecto, fue del orden nacional. Además, se insiste, la parte actora no discute que el
vínculo con la Secretaría de Educación del Caquetá tuvo tal naturaleza y,
precisamente, reprocha que dicha circunstancia le impida acceder al
reconocimiento de la pensión gracia por cuanto, en su sentir, tal distinción vulnera
su derecho a la igualdad.
Al respecto, debe recordarse que esta discusión fue zanjada por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia del 27 de agosto de 1997, en la que se precisó que
la pensión gracia, establecida por virtud de la Ley 114 de 1913, comenzó siendo
una prerrogativa gratuita que reconocía la Nación a los maestros de educación
primaria de carácter regional o local y que fue posteriormente ampliada a los
empleados y profesores de las escuelas normales, a los inspectores de instrucción
pública y a los maestros de enseñanza secundaria de ese mismo orden, con la
salvedad de que para gozar de este privilegio el interesado compruebe que no ha
recibido otra pensión o recompensa de carácter nacional, lo cual significa que la
pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional y, por tanto,
los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales.
De igual manera, la Corte Constitucional, en sentencia C-085-02, explicó que los
docentes oficiales en el país pertenecían a dos esferas administrativas diferentes:
unos, vinculados por su nombramiento a las entidades territoriales y, otros,
directamente nombrados por la Nación para la prestación del servicio, por lo que se
trata de dos universos diferentes.
Así las cosas, se concluye que la reclamante no satisfizo el requisito de acreditar un
lapso de labor como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre
de 1980, de manera que resulta inane examinar las demás exigencias para
consolidar el derecho en litigio, pues finalmente este no podría concederse. En
consecuencia.
En suma, deberá confirmarse la sentencia impugnada, por cuanto la accionante no
desconoce que tuvo una vinculación del orden nacional, sino que pretende discutir
el desconocimiento de las garantías constitucionales a partir de los requisitos que
18
Radicado: 05001-23-33-000-2016-0478-01 (0716-2019)
Demandante: Olga Yara Cortés
el legislador contempló para el reconocimiento del derecho a la pensión gracia,
argumento que no resulta válido en esta instancia judicial, por las razones
suficientemente expuestas.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección sostenía que para imponer condena en
costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,30 en la que el juez
debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la medida de su
comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o la temeridad
de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
19
Radicado: 05001-23-33-000-2016-0478-01 (0716-2019)
Demandante: Olga Yara Cortés
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos, fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio y
en el acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las
directrices interpretativas que rigen la situación particular del demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 29 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el proceso que promovió la señora Olga Yara Cortés
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
Segundo. Sin costas en segunda instancia.
En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
20
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