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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-31-000-2012-00294-01

Fecha
27 de julio de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-31-000-2012-00294-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALL A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veinte (20) de febrero de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Magdalena que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra el señor Néstor Carlos Locarno Blanco. SEGUNDO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Jamith Antonio Valencia Tello, identificado con cédula de ciudadanía n.° 94.492.443 y portador de la tarjeta profesional 128.870 del Consejo Superior de la Judicatura, esto como apoderado general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado mediante escritura pública, visible en el índice 18 de la plataforma SAMAI. TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a ambas partes, según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-31-000-2012-00294-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 47001-23-31-000-2012-00294-01 (3421-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Néstor Carlos Locarno Blanco

Tema: Lesividad. Reconocimiento pensión gracia. No acreditó 20 años
de servicio en el sector docente oficial en calidad territorial o
nacionalizado. No procede devolución de mesadas percibidas
de buena fe. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________
Decreto 01 de 1984

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia proferida el veinte (20) de febrero de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
instauró demanda contra el señor NÉSTOR CARLOS LOCARNO BLANCO, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), ello
bajo la modalidad de lesividad y con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES 1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) 20580 del 19 de marzo de 1993,
por medio de la cual la extinta Cajanal reconoció y ordenó el pago de una pensión
gracia en favor del señor Néstor Carlos Locarno Blanco, sin cumplir los requisitos

1 Folios 1 a 2, C1.

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para ello; y (ii) 22673 de 12 de mayo de 2006, a través de la cual dicha entidad en
cumplimiento a un fallo de tutela reliquidó tal prestación.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la parte demandada, (i)
a reintegrar las sumas que hubiese recibido por concepto de pensión gracia desde
el 5 de mayo de 1992 y hasta el momento en que se haga efectivamente el pago
con la indexación e intereses causados, conforme a lo dispuesto en el artículo 178
del CCA; y (ii) a pagar las costas y agencias en derecho.

HECHOS 2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.

Que el señor Néstor Carlos Locarno Blanco nació el 5 de mayo de 1942 y cumplió
los 50 años de edad en 1992, y en su vida laboral, según certificado de tiempos de
servicios de la rectora y pagadora de la escuela Normal Superior “San Pedro
Alejandrino”, prestó sus servicios como profesor de enseñanza primaria desde el
primero 1° de marzo de 1968 hasta el 30 de octubre de 1992 y como profesor de
enseñanza secundaria hasta el 28 de noviembre de 2002.

Que mediante Resolución 20580 del 19 de marzo de 1993, Cajanal ordenó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia en favor del señor Locarno Blanco,
pese a que no demostró los 20 años que exige la ley en la docencia oficial del orden
departamental, municipal o distrital.

Que a través de la Resolución 32173 del 29 de diciembre de 2004, la referida
entidad negó la reliquidación de la pensión gracia por retiro definitivo del servicio
docente.

Que por medio de la Resolución 22673 del 12 de mayo de 2006, se dio cumplimiento
a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá,
que ordenó reajustar la prestación por nuevos factores salariales, lo que elevó la
cuantía de la pensión del demandado en $132.985,42, efectiva a partir del 5 de
mayo de 1992.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 30 de mayo de 20123, en el que además
se decretó la suspensión provisional de los actos administrativos acusados . Dicha
providencia fue notificada al señor Néstor Carlos Locarno Blanco 4, quien presentó

2 Folio 2, C1.
3 Folios 292 a 296, C1
4 Folio 333, C1.

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memorial de contestación 5 en el que manifestó que cumplió con los requisitos de
edad y tiempo de servicio como docente nacionalizado, toda vez que nació el 5 de
mayo de 1943, y prestó sus servicios como (i) director seccional de la Escuela de
Varones Santander desde el 15 de febrero de 1966 hasta el 3 de abril de 1968, (ii)
como profesor de enseñanza primaria de la Escuela Superior desde el 1.° de marzo
de 1968 hasta el 30 de octubre de 1992 y (iii) como profesor de enseñanza
secundaria hasta el 28 de noviembre de 2002.

Propuso como excepciones que las denominó, i) caducidad de la acción, ii)
prescripción, iii) inexistencia de causales de nulidad, iv) cosa juzgada constitucional,
v) inexistencia de actos ilegales o fraudulentos por parte del demandado para
acceder a la pensión gracia, y vi) inexistencia para Cajanal del derecho a recuperar
las prestaciones periódicas pagadas de buena fe a la parte demandada.

Mediante auto de fecha 27 de agosto de 2014 se abrió a pruebas el proceso 6, y
luego, por medio de auto del 28 de octubre de 2015 se corrió traslado para alegar
de conclusión 7.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN 8

El Tribunal Administrativo de Magdalena mediante sentencia del 20 de febrero de
2019 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, encontrando que el
demandado no tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, toda
vez que a esta solo acceden los docentes del orden departamental, municipal o
distrital, supeditados a que su vinculación se hubiere realizado con anterioridad al
31 de diciembre de 1980 y que hayan cumplido con 20 años o más de servicios.

Al respecto señaló que el señor Lorcano Blanco nació el 5 de mayo de 1942 por lo
que contaba con más de 50 años de edad, así como laboró en la Institución
Educativa Normal Superior «San Pedro Alejandrino» 34 años, 7 meses y 2 días.

Que pese a lo anterior, tenía la calidad de docente nacional, en tanto fue vinculado
directamente por el Ministerio de Educación Nacional, según concluyó de la
certificación visible a folio 76 del expediente y del tipo de nombramiento que se
desprende de las Resoluciones 457 de 1968, 1458 de 1969 y 7095 de 1978
emanadas de la citada cartera ministerial.

Que Cajanal desconoció, al momento de expedir la Resolución 20580 del 9 de mayo
de 2006, el estatus de docente del orden nacional, al igual que el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Bogotá que, pese a advertir dicha circunstancia, ordenó

5 Folios 335 a 350, C1.
6 Folio 360
7 Folio 478, C1.
8 Folios 493 a 503, C1.

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reliquidar y pagar la pensión gracia a favor del accionado con el último año de
servicio, fallo de tutela que fue acatado mediante la Resolución 22673 de 2006.

En virtud de ello, declaró la nulidad de los actos administrativos citados en
precedencia y señaló que, como no se acreditó que el demandado hubiese actuado
de mala fe para obtener el reconocimiento y pago de la prestación, no había lugar
a la devolución de los dineros que le fueron entregados por concepto de mesada
pensional.

LOS RECURSOS DE APELACIÓN

La parte demandada en su escrito de apelación 9 solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia, toda vez que, si bien es cierto la pensión gracia fue
creada como una recompensa a favor de los docentes que prestaban sus servicios
a entidades territoriales, con el objeto de minimizar la diferencia salarial que existía
con los docentes nacionales, tal como lo dispuso la Ley 114 de 1913 al señalar que
dicha prestación sería reconocida a los maestros de escuelas primarias que
hubiesen prestado sus servicios por más de 20 años, no es menos cierto que con
las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933 se hizo extensiva a los profesores de escuelas
normales, a los inspectores de instrucción pública y a los educadores de
establecimientos de enseñanza secundaria.

Que por lo tanto, al prestar sus servicios como normalista y docente de primaria y
secundaria, con vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, acreditó el
cumplimiento de todos los requisitos legales para ser beneficiario de la pensión
gracia.

La parte demandante en su escrito de apelación 10 solicita que se revoque
parcialmente el fallo apelado a fin de ordenar la devolución de los valores
cancelados al señor Néstor Carlos Locarno Blanco, en tanto se demostró el
detrimento económico que se le generó al tesoro público y del cual este tenía pleno
conocimiento, pues conocía que su vinculación era nacional y, aun así, solicitó el
reconocimiento de la prestación e hizo incurrir a la entidad en un error.

De igual manera, sostiene que la mala fe del demandado se confirmó con el hecho
de que, teniendo conocimiento de ello, ejerció su derecho de defensa basado en
argumentaciones fácticas que fueron desvirtuadas en su totalidad.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

9 Folios 506 a 510, C1.
10 Folios 511 a 512, C1.

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La parte demandante presentó escrito de alegatos de conclusión 11, mediante el cual
reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación adhesiva.

La parte demandada, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica se abstuvieron de intervenir en el trámite de segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección, es el de determinar si la vinculación
del demandado como docente del orden nacional, es válida para computar el tiempo
de servicio necesario a fin de consolidar el derecho a la pensión gracia, solo por el
hecho de que su nombramiento fue como profesor normalista. En caso negativo y
que por lo tanto deba declararse la nulidad de los actos reprochados, tendrá que
precisarse si resultaría procedente el reintegro a favor de la UGPP de las sumas de
dinero percibidas por el accionado por tal concepto.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.

11 Memorial allegado vía correo electrónico, adjunto a SAMAI, visible a índice 13.

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5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»12. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos inicialmente previstos para el efecto.

Aunado a ello, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del
ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como
marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló
en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el
1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

(..)
2. Pensiones:

12 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Por otro lado, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 13 señaló,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 14
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
14 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP.

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ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

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Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades posesionan a los educadores en nombre y representación
del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29
de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022 15 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento» .

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial, tal como sucede con el asunto bajo examen en esta
oportunidad.

Sobre la devolución de mesadas percibidas de buena fe

El artículo 83 de la Constitución Política prevé que «Las actuaciones de los particulares
y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

Por su parte, el artículo 768 del Código Civil, en relación con el principio de buena
fe, prescribe:

«ARTICULO 768. BUENA FE EN LA POSESIÓN. La buena fe es la conciencia
de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de
fraudes y de todo otro vicio.

Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de
haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber
habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato.

Un justo error en materia de hecho, no se opone a la buena fe.
15 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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Radicado: 47001-23-31-000-2012-00294-01 (3421-2019)

Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que
no admite prueba en contrario.»

Sobre el particular, esta corporación 16 ha sostenido lo siguiente:

«[Este] Principio […] no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites
demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia
del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función
administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y
economía, entre otros. En este sentido, no podemos entender al principio de la
buena fe de manera aislada y como un fin en sí (sic) mismo, por cuanto se debe
concebir el ordenamiento jurídico no como una pura acumulación de preceptos
concretos encerrados en sí mismos, o como una simple mescolanza de normas,
sino como un sistema coherente, ordenado, según el principio de no
contradicción»

Por su parte, la Corte Constitucional 17 señaló:

«[…] En los debates al interior de la Asamblea Nacional Constituyente se señaló
que tanto los particulares como las autoridades están sujetos a los mandatos de
honestidad, lealtad y sinceridad, integradores del principio de la buena fe. Para
los primeros, como una barrera que evita el abuso del derecho; y para los
segundos, como un límite a los excesos y a la desviación del poder. Allí también
se explicó que el reconocimiento de la presunción de buena fe pretendía superar
la desconfianza hacia el particular en sus actuaciones ante la administración
pública, con el fin de humanizar las relaciones jurídicas y reducir los requisitos y
procedimientos exigidos por las autoridades.

4.2.- Desde sus inicios la Corte ha examinado el significado y alcance de la
buena fe, que ha dejado de ser considerada únicamente un principio general del
derecho para constituirse en un verdadero postulado constitucional que cumple
un papel integrador del ordenamiento y de las relaciones entre particulares, y
entre estos y el Estado.

La sentencia C-840 de 2001 define la buena fe como la pieza fundamental de
todo el ordenamiento jurídico, que incorpora el valor de la confianza como un
presupuesto de las relaciones sociales que trascienden en la vida jurídica. Al
mismo tiempo, señala, funge como criterio para valorar el comportamiento de los
sujetos de derecho y regla de conducta que debe ser observada tanto en el
ejercicio de sus derechos como en el ámbito de los deberes y obligaciones […]»

De lo anterior se colige que el principio de buena fe es aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de
una persona correcta.

16 Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 1 de septiembre de 2014. Radicación: 25000-23-25-000-

2011-00609-02 (3130-2013). Actor: CAJANAL EICE en Liquidación - Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Luz Mery Melo Melo.
17 Sentencia C-527 de 2013.

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Radicado: 47001-23-31-000-2012-00294-01 (3421-2019)

Bajo el anterior razonamiento, y según lo prescribe el numeral 1, literal c) del artículo
164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
disposición que reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo 136 del CCA, no
habrá lugar a recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe.

Al respecto, esta sección 18, en los casos en que las prestaciones periódicas, tales
como la pensión, han sido recibidas como resultado de un error de la administración,
ha mantenido una posición pacífica, en cuanto a que no procederá la devolución de
las mesadas por haber sido estas percibidas de buena fe. Específicamente se ha
sostenido:

«La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el derecho al
reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada pensional a partir
del 1º de enero de 1996 en un monto equivalente a seiscientos diez mil novecientos
cincuenta y nueve pesos con noventa y un centavos ($610.959,91) cuando por este
concepto le correspondía solamente la suma de quinientos sesenta y cinco mil
novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos ($565.965,64).
Lo anterior teniendo en cuenta que como obtuvo el derecho pensional a partir del
1º de enero de 1996 no le era aplicable el incremento previsto en el artículo 143 de
la Ley 100 de 1993.
No obstante, lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para
pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por
equivocación pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa
medida, los pagos efectuados por la entidad tienen amparo legal porque
fueron recibidos de buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante, la
legalidad del acto que dispuso el reintegro, la Sala considera que la administración
no probó ni en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la
obtención de los reajustes pagados». (Negrita de la Sala)

Luego entonces, dado que el principio de buena fe trae consigo una presunción de
legalidad, que admite prueba en contrario, le corresponde a quien la echa de menos,
probar que el peticionario actuó de mala fe. Sin embargo, repárese que al hablarse
de un error de la administración (reconocer la pensión a quien no reúne los
requisitos), esta no puede con posterioridad alegar a su favor su propia culpa, a fin
de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe 19. Empero en
aquellos casos en que esta situación no se consolide, es decir, que el error no

18 Sentencia de 17 de mayo de 2007. Número interno: 3287-05.

Véanse también: Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2014. Radicación: 25000-
23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013). Actor: CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, hoy Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Luz
Mery Melo Melo.
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de junio de 2007. Número interno: 0950-2006. Actora: Univ.
Distrital Francisco Jose de Caldas. Demandado: Arturo Spin Ramírez.
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2008. Radicado: 68001-23-15-000-2001-03370-
01 (0488-07). Actor: Universidad Industrial de Santander. Demandado: Ismael Pinto Rincón.
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de 2016. Radicado: 130012333000201300149
01 (2677-2015). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuc iones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Manuel Baquero Nova.
19 En este sentido, se pronunció recientemente la Subsección B, de la Sección Segunda en las sentencias del

17 de noviembre de 2016, número interno: 2677-15, y del 29 de junio de 2017, número interno: 4321-2016

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devenga de la administración, se deberá analizar cada caso particular, para
determinar si hay lugar o no a la devolución de los dineros.

Resolución del caso concreto

En primer lugar, es destacable el hecho de que para definir el presente litigio, se
torna innecesario efectuar un análisis integral de los requisitos legales para acceder
a la pensión gracia, toda vez que el centro de discusión frente al reconocimiento de
la prestación a favor del demandado, radica en verificar la pertinencia o no de
computar un tiempo de servicio que el mismo señor Locarno Blanco asegura que a
pesar de ser de carácter nacional, lo fue como profesor de escuela normal, y que
por lo tanto, debe ser computado al haberse previsto lo propio para tales educadores
en virtud de la Ley 116 de 1928.

Pues bien, de acuerdo con los preceptos legales y el criterio jurisprudencial
expuesto en el acápite del marco normativo aplicable, para esta Subsección es claro
que se ha mantenido la tesis de que los docentes nacionales no tienen derecho a
beneficiarse de la pensión gracia regulada inicialmente en la Ley 114 de 1913, y
ampliada en sus beneficiarios a partir de las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933.

En efecto, si bien las tres normas citadas disponen que, además de los maestros
de escuelas primarias oficiales, también se debe reconocer el derecho a profesores
de escuelas normales, inspectores de instrucción pública y maestros que hubiesen
completado el tiempo de servicio señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria, dicho reconocimiento solo se predica de aquel grupo de
docentes, siempre que tengan la connotación de haber sido vinculados en una plaza
nacionalizada o territorial.

Luego, aun si se trata de un docente vinculado por el Ministerio de Educación
Nacional que prestó sus servicios en educación primaria, secundaria o normalista,
este no tendría derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, puesto que,
se reitera, dicha prestación fue concebida por el legislador para reconocerle a los
docentes territoriales o nacionalizados un beneficio económico que equilibrara los
ingresos de estos respecto de los docentes nacionales, lo anterior, ante el déficit
fiscal en que se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago de salarios y
prestaciones de los educadores que laboraban en el magisterio.

Así las cosas, la Sala advierte que al señor Locarno Blanco le fue reconocida la
pensión gracia a través de la Resolución 20580 del 19 de mayo de 1993, en la cual
Cajanal tuvo en cuenta los tiempos laborados como docente entre el 1° de marzo
de 1968 y el 28 de noviembre de 2002, esto es, por un tiempo aproximado de 34
años, lo cual permitiría, en principio, inferir que aquel cumplía los requisitos para ser
beneficiario de la prestación precitada.

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No obstante, al analizar el tipo de vinculaciones que tuvo el demandado a lo largo
de su historia laboral, se desprende que este únicamente tuvo una vinculación
territorial entre el 16 de febrero de 1966 y el 3 de abril de 1968, pues según da
cuenta el acto de posesión como docente sectorial, 20 su nombramiento provenía
directamente del departamento del Magdalena, el cual fue además anterior al
proceso de nacionalización de la educación.

De igual forma, se encuentra probado en el plenario que el nombramiento del
accionado a partir del 1° de marzo de 1968, sería como docente nacional, pues,
como ha discurrido la Sección, dichos educadores son aquellos que fueron
nombrados directamente por el gobierno nacional a través del Ministerio de
Educación, o por los gobernadores y alcaldes del país en virtud de una autorización
legal mediante la cual dichas autoridades podían administrar las plantas del
personal docente de las instituciones educativas nacionales y nacionalizadas
conforme al artículo 9 de la Ley 29 de 1989.

En ese sentido, aun si no obran los actos administrativos de nombramiento de 1968
y 1978, para la Sala resulta evidente que el señor Locarno Blanco tuvo una relación
legal y reglamentaria directa con el Ministerio de Educación Nacional, tal como se
evidencia de las actas de posesión, en las que se citan las Resoluciones 457 del 23
de febrero de 1968 y 7095 del 4 de marzo de 1978 emanadas del gobierno
nacional.21

Puntualmente, en el acta de posesión del 27 de marzo de 1968 se señaló
expresamente que,

«[…] En la ciudad de Santa Marta, el día 27 de marzo 1.968, se presentó al
Despacho de la Secretaría de Educación, el señor NÉSTOR CARLOS LOCARNO
BLANCO, con el objetivo de tomar posesión del cargo de Profesor Enseñanza
Primaria 1X-12 Escuela Anexa a la Normal de Varones de esta ciudad, nombrado
por Resolución número 457 febrero 23 de 1968 emanado de Ministerio de Educación
Nacional […]» (subrayado fuera de texto).

20 Folio 352, C1.
21 Folios 369 a 370, C1.

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Ahora, en el acta de posesión del 13 de junio de 1978 se indicó que, «[…] En la
ciudad de Santa Marta, a los 13 días del mes de junio de 1978 compareció al Despacho del
Jefe de Personal del Departamento el (la) señor (a) (ita) NÉSTOR CARLOS LOCARNO
BLANCO con el objetivo de tomar posesión del cargo de PROFESOR DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA EN LA NORMAL NACIONAL DE VARONES DE SANTA MARTA, nombrada
por RESOLUCIÓN NO. 7095 del 4 de marzo de 1978 emanado (sic) de MINEDUCACIÓN.
[…]», lo cual se corrobora de la siguiente imagen.

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Este hecho permite inferir a la subsección que, la vinculación del demandado en
1968 no fue como docente territorial, pues fue nombrado directamente por el
Ministerio de Educación Nacional. Por su parte la relación legal de 1978 tampoco
podría ser considerada como nacionalizada pues el nominador en este caso
también fue el Gobierno Nacional a través de la referida cartera; y en tal sentido, el
único tiempo computable para ser beneficiario de la pensión gracia sería el
comprendido entre el 15 de febrero de 1966 y el 3 de abril de 1968, de modo que,
aun si demostró el requisito de edad y el de haber laborado como docente territorial
antes del 31 de diciembre de 1980, lo cierto es que el tiempo de servicios bajo dichas
vinculaciones resultaba insuficiente para consolidar el derecho.

Ahora, el mencionado educador aduce en su recurso de apelación que, si bien la
pensión gracia solo se contemplaba para los profesores de primaria que eran
pagados por los entes territoriales, dicho beneficio se extendió con las Leyes 116
de 1928 y 37 de 1933, entre otros, a los maestros normalistas, razón por la cual, en
su criterio, sí es beneficiario de la prestación.

Sobre el particular, en sentencia del 25 de abril de 2019 la Subsección B 22 reiteró la
tesis según la cual, en el caso de los educadores de escuelas normales solo se
puede reconocer la pensión gracia para quienes lo sean del orden territorial:

«En el caso de los profesores de las escuelas normales a quienes se les hizo
extensiva la pensión gracia con la expedición del artículo 6º de la Ley 116 de 1928,
para la Sala es claro que la disposición en cuestión solo admite una interpretación,
pues ella fue instituida por la Ley 114 de 1913 para compensar económicamente a
los maestros territoriales ante la desigualdad salarial que presentaban frente a sus
pares nacionales; lo que permite concluir sin dubitación alguna, que no hay lugar a
reconocerla para los docentes del nivel nacional, sino para los maestros de las
escuelas normales territoriales.»

Para el caso, tal como se indicó en líneas anteriores, esta subsección reitera que la
pensión gracia es un beneficio exclusivo para los docentes territoriales y aquellos
que fueron objeto del proceso de nacionalización de la educación, pero se excluye
a los maestros que fueron vinculados directamente por el Ministerio de Educación.

Por otra parte, una vez confirmado el hecho de que el reconocimiento de la
prestación en litigio a favor del accionado efectivamente era ilegal, se hace
necesario determinar si como lo solicita la UGPP, debe ordenarse el reintegro de
las sumas de dinero abonadas a aquel por concepto de mesadas pensionales.

Sobre el punto debe recordarse que, por regla general, al declarar la nulidad de un
acto de carácter particular y concreto, las cosas deben volver al estado en el que se
encontraban antes de que este naciera a la vida jurídica. No obstante, en aquellas
demandas donde se pretenda la nulidad de un acto que reconoció una pr estación

22 Proceso con radicación 50001233300020120013902 (3548-18). UGPP contra Gladys Myriam Rojas Mayorga.

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periódica, como es el caso de la pensión gracia, y como restablecimiento se solicite
la devolución de las sumas de dinero pagadas y no debidas, dicho precepto no
puede aplicarse de forma absoluta, dado que el numeral 1, literal c) del artículo 164
del CPACA (reproducido del numeral 2 del artículo 136 del CCA, aplicable al
presente caso), previó que «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe […]».

Así, para la Subsección el hecho de que el señor Néstor Carlos Locarno Blanco
hubiese reclamado el reconocimiento de una pensión gracia en su favor, no denota
a partir de esa sola situación un actuar de mala fe dirigido a defraudar a la
administración.

Así, por ejemplo, la mala fe tiene lugar cuando se despliegan otras actividades,
como cuando se acude a la acción de tutela en un lugar diferente al domicilio, y pese
a que por la vía administrativa se le había negado expresamente el reconocimiento
a dicho derecho al interesado.23

De acuerdo con lo expuesto, el actuar del demandado no se apartó del postulado
de la buena fe, es decir, no realizó afirmaciones engañosas, ni se probó que hubiese
aportado documentos falsos encaminados a demostrar que prestó sus servicios
docentes en entidades territoriales, tan es así, que el reconocimiento de la
prestación se confirió aun sabiendo que el tiempo laborado lo fue en calidad de
docente del Ministerio de Educación Nacional.

Tampoco se advierte que hubiera actuado de mala fe al solicitar la reliquidación de
la pensión gracia a él reconocida, por el contrario, se colige que este, al presentar
la petición actuó con la convicción de que le asistía el derecho a ello.

En ese orden de ideas, ante la falta de elementos de juicio que permitan corroborar
las afirmaciones de la entidad accionante, la Sala no accederá a su solicitud
presentada en su recurso de apelación, por lo que finalmente deberá confirmarse
en su totalidad la sentencia apelada.

Condena en costas de segunda instancia

Con base en el artículo 171 del CCA y en atención a que el artículo 55 de la Ley
446 de 1998 indica que solo hay lugar a la condena en costas cuando alguna de las
partes hubiere actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponerlas en el
presente caso, dado que no se observa que la entidad accionante o el demandado
hubiesen procedido de esa forma, máxime por tratarse de una lesividad, en la que
se entiende que la acción fue promovida con el objeto de perseguir un interés
general.

23 Sobre el particular se puede revisar la sentencia de esta Subsección del 23 de mayo de 2019, con radicación

76001233100020090029501 (3106-16). ISS contra Luis Alberto Valencia Rodríguez.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALL A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veinte (20) de febrero de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Magdalena que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) contra el señor Néstor Carlos Locarno Blanco.

SEGUNDO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Jamith Antonio Valencia
Tello, identificado con cédula de ciudadanía n.° 94.492.443 y portador de la tarjeta
profesional 128.870 del Consejo Superior de la Judicatura, esto como apoderado
general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado mediante escritura
pública, visible en el índice 18 de la plataforma SAMAI.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a ambas
partes, según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LOS MAGISTRADOS,

Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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